La cultura como un bien público global

 

Para mi tierra de horizontes y brazos siempre abiertos, Castilla y León,

que seguirá siendo acunada, hoy más que nunca,

por la diversidad de los cielos del mundo.

 

Quería dejar en este espacio una breve reseña sobre el último informe de la UNESCO presentado hace unos días “Repensar las políticas para la creatividad-Plantear la cultura como un bien público global” (siento cierta curiosidad por saber cuál es el motivo del cambio de nombre de estos informes, antes “Repensar las políticas culturales”, no me parece una cuestión menor).

En base a los cuatro ejes que permiten el seguimiento de la Convención 2005 para la protección de la diversidad de las expresiones culturales:

  • Apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura.
  • Lograr intercambios equilibrados de bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura.
  • Integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible.
  • Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales.

se constatan a nivel internacional tres tendencias a revertir y sobre las que poner el foco de atención:

  • El importante sesgo de género que sigue existiendo en las políticas culturales a nivel internacional, no sólo en términos de desigualdad en la representatividad organizativa cultural mundial, ni en los puestos directivos de las industrias culturales y creativas, sino principalmente en la precariedad laboral y económica que afrontan las trabajadoras culturales, atomizadas y con menor capacidad de negociación.

 

  • La persistente desigualdad global en el comercio de bienes y servicios culturales, reforzada por la “ceguera ante la diversidad cultural” de la que adolecen los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales y los marcos de actuación de la Organización Mundial del Comercio. Reforzado además por las dificultades en la movilidad global de artistas y creadoras del Sur Global por el peso de los actuales marcos migratorios.

 

  • El descuido del papel de la cultura en su aportación al desarrollo sostenible. Sólo el 13% de las evaluaciones nacionales voluntarias del progreso hacia la Agenda 2030 reconocen la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

 

Teniendo como horizonte la consideración, más allá de marcos estatales, de la cultura como un bien público de interés global y el afán por “garantizar ecosistemas culturales diversos y dinámicos que sean justos para la comunidad artística”, me centro en la reflexión aportada por Yarri Kamara en este último informe sobre la integración de la cultura en los marcos de desarrollo sostenible.

Se pone de manifiesto la necesidad de avanzar en las iniciativas culturales multilaterales: “abordar dificultades multidimensionales, interconectadas y cada vez más universales” requiere ir más allá no sólo del ámbito estatal, sino también del peso todavía de la noción de las identidades culturales como sólidas, unívocas, cerradas en sí mismas. Teniendo en cuenta que los derechos culturales deben estar en el centro de cualquier debate y actividad relacionado con el desarrollo sostenible, se percibe con claridad como agente privilegiado para integrar la dimensión cultural en la agenda para el desarrollo, el ámbito local.

 

“ Los gobiernos locales con suficientes recursos suelen avanzar con algunas de las formas más eficaces e innovadoras de integrar la cultura en la planificación del desarrollo sostenible.”

 

Para garantizar que la política cultural realmente está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es importante tener en cuenta, como señala Yarri Kamara:

 

“Si bien el marco holístico de la Agenda 2030 ofrece múltiples vías para integrar la cultura, el número limitado de metas que mencionan la cultura de forma expresa no incita lo suficiente a los responsables de la elaboración de políticas a reflexionar sobre la importancia de la cultura en general a la hora de alcanzar los ODS, y menos aún sobre la aportación específica de las industrias culturales y creativas.”

 

Por lo que, para seguir avanzando en la integración de la dimensión cultural en los marcos de desarrollo sostenible en España, se marcan como prioridades muy claras, en el medio plazo la acción coordinada internacional para el logro de un ODS propio en la Agenda Post-2030 y en el cortísimo plazo por evidente y urgente ante la involución democrática en curso, el refuerzo de las competencias culturales del nivel local en España, caballo de batalla eterno, que por lógica, habría que abordar ya.

 

 

Muy interesante también es la centralidad que ocupa ya la reflexión sobre la infrautilización de las acciones culturales en la acción climática. Reconociendo que las artes y los medios de comunicación son siempre actores clave para crear el futuro, y apoyándose también en el Informe sobre la cultura y el desarrollo sostenible del Secretario General de las Naciones Unidas, se pone de manifiesto la importancia vital que puede jugar el sector cultural y la creación artística de todo signo como herramienta potente en la lucha contra el cambio climático. Si “la diversidad de expresiones culturales tienen el poder de dar forma a las narrativas de una nueva sociedad”, ¿cómo potenciar, también desde la inversión, el papel de la cultura para impulsar el cambio de paradigma? Sin duda ya se están dando pasos también para la innovación en la financiación de la cultura, quizá más avanzados desde el sector de la inversión de impacto y la banca ética. Reseñable en esta dirección, por lo que supuso para el diálogo y el establecimiento de nuevas alianzas y colaboraciones, fue la publicación “La inversión de impacto en la economía creativa global” impulsado por NESTA el año pasado.

 

Pero si algo del informe ha resonado profundamente en mí ha sido (siempre es importante estar acompañada en las obsesiones) la reivindicación aún tímida de la importancia, de la centralidad que han de tener las políticas culturales en su vínculo con las políticas de seguridad. Como se pone de manifiesto a través de ejemplo del Proyecto Cultura y Humanismo del Ministerio de Cultura de Mali en los esfuerzos por movilizar la cultura como freno al extremismo violento, animando a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio, creando cortafuegos frente al odio y la pureza, a través de la creación artística, ha llegado el tiempo también en España de poner en el centro del debate nuestro protagonismo en las políticas de seguridad humana.

 

Leyendo el informe me preguntaba por qué aún no hemos incorporado en los programas electorales de cultura una propuesta de innovación institucional clave: el impulso de una Dirección General de Cultura y Seguridad dentro del Ministerio del Interior.

Más allá del marco de actuación del tradicional Ministerio de Cultura y Deporte, es fundamental, desde marcos de protección y promoción de la diversidad cultural en nuestro país, ser conscientes de nuestra propia importancia para impulsar nuevos modelos securitarios que pongan en el centro nuevas lógicas en la propia concepción de la seguridad.

¿No sería interesante animar una reflexión sectorial sobre cómo podría impulsarse esa incorporación de la cultura dentro del Ministerio del Interior, qué supondría este diálogo diverso desde otros marcos de experiencia?

Si se impulsase una redefinición de los actuales marcos de seguridad-fortaleza-negocio hacia una seguridad humana, qué lógica de pronto nos parecería la inclusión de las políticas culturales, en toda su diversidad en el Ministerio (el papel de la cultura comunitaria, el protagonismo de la educación intercultural, el papel de la cultura de paz). No desde posiciones periféricas ni en marcos de convenios de Tercer Sector. ¿Qué supondría esta innovación institucional, esta dirección general dentro del Ministerio del Interior?

Me quedo pensando en ello. Mucho. Muchísimo. Al fin y al cabo, las políticas culturales en base a derechos son una herramienta central para los retos del siglo XXI.

 

Debida diligencia empresarial y derechos culturales

 

En la esfera internacional estamos asistiendo a un momento clave para la transformación del ecosistema empresarial global. Si por una parte, en el seno de Naciones Unidas sigue avanzando el trabajo a favor de un Tratado Vinculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos, el avance legal nacional en materia de Debida Diligencia Empresarial cobra cada vez mayor fuerza. Tanto la celebración este año del décimo aniversario de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos como la reciente directiva europea sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente del pasado marzo que impulsará un proceso de armonización legal en el seno de la Unión Europea, con consecuencias internacionales, nos muestran que el cambio global hacia otro modo de hacer empresa es cuestión de tiempo. Asistimos a un proceso paulatino del fin del tiempo de la voluntariedad en el cumplimiento de los criterios ESG por parte de las empresas, a marcos de responsabilidad social corporativa de obligatorio cumplimiento, así como a una seria toma de conciencia internacional sobre la necesidad de procedimientos de reparación y acceso a la justicia por parte de las víctimas de abusos empresariales en materia de derechos humanos, territoriales o medioambientales.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas han sido desarrollados recientemente y aún no han alcanzado un horizonte de normalización ni pleno conocimiento por parte de éstas, me preguntaba qué acciones enfocadas en el medio y largo plazo podríamos desarrollar para su plena implementación. Partiendo de la urgencia de impulsar marcos normativos estatales como está planteando, por ejemplo, la Plataforma por Empresas Responsables desde España, y aprovechando que el 2021 a punto de finalizar ha sido reconocido por la UNESCO como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, quizá sería interesante detenernos también en relación a la acción empresarial sobre los distintos aspectos de los derechos humanos, por definición, universales, indivisibles e interdependientes.

Si entendemos que la Debida Diligencia hace referencia al proceso por el cual las empresas identifican, previenen y mitigan los impactos negativos reales y potenciales sobre los derechos humanos y que, más allá del reporting, existe una obligación de respuesta frente a los riesgos identificados, el compromiso político por parte de las organizaciones empresariales en el trabajo tanto para mitigarlos como para hacer públicos y transparentes los esfuerzos realizados, ¿qué papel está jugando la protección de los derechos culturales en la evaluación empresarial de los impactos sobre los derechos humanos?

Si como recoge el Principio Rector 18 de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos:

“Al evaluar el impacto sobre los derechos humanos, una empresa deberá:

  • Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes.
  • Incluir consultas sustantivas con los titulares de derechos potencialmente afectados y otras partes interesadas.
  • Ser sensible a la dimensión de género y colectivos vulnerables.
  • Repetir la identificación y evaluación de riesgos a intervalos regulares”

¿qué mirada especializada se está aplicando para la protección de esta dimensión particular de los derechos humanos, teniendo en cuenta además el importante impacto desigual por género?

 

 

Aunque revisando la literatura especializada en Debida Diligencia y Derechos Humanos se hace referencia explícita al Protocolo Internacional sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, también es cierto que las referencias sobre cultura y Debida Diligencia remiten exclusivamente a dos aspectos: a la cultura organizacional de las empresas y a la gestión de la diversidad cultural en el ámbito de los recursos humanos. Sin negar la importancia de estas dos cuestiones, esta simple radiografía nos muestra la poca atención que se está prestando a esta dimensión clave de los derechos humanos. A fin de cuentas ha sido la relatora especializada en derechos culturales de Naciones Unidas quien en su último informe “Mixing cultures is an human right” afirmaba:

“Deben aplicarse plenamente los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. La diligencia debida que se requiere en materia de derechos humanos debe incluir una evaluación de las repercusiones en los derechos culturales.”

La toma de conciencia sobre la desatención del mundo empresarial hacia este punto en concreto abriría, no obstante, interesantes caminos de futuro, por ejemplo, estrechando líneas de colaboración sin ir más lejos, con el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, al que se ha incorporado recientemente en representación de América Latina y el Caribe la experta Fernanda Hopenhaym. La elaboración de un informe independiente de situación sobre el impacto de las medidas de debida diligencia en la protección de los derechos culturales en la región sería un paso estratégico para la transformación estructural de la acción empresarial en la materia.

 

Sin dejar a un lado la importante dimensión cultural de todos los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, al agua, a un nivel de vida saludable, cuando hablamos de la protección del derecho a la consulta previa a las comunidades y a la articulación de procesos de participación de las mismas cuando se prevén impactos de la actividad empresarial, nos enfrentamos a lo que John Ruggie denominó como “vacío de gobernabilidad”, las dificultades que acarrea para garantizar la obligatoriedad de estos procesos el hecho de que las empresas no sean reconocidas como sujetos activos por el derecho internacional.

Sin embargo, cuando llevamos nuestra atención a los impactos negativos, por ejemplo, de las industrias extractivas, solemos dejar de lado el papel del extractivismo cultural transnacional, con el ya señalado importante sesgo de género, también recogido en el trabajo del PNUD “Gender dimensions of the guiding principles on business and human rights”. La reciente movilización de las tejedoras mayas en Guatemala a favor de la promulgación de una Ley que protegiese su trabajo frente a la apropiación empresarial, siguiendo la estela de la Ley 20 panameña, o acciones gubernamentales como #MéxicoSinPlagio para denunciar en la esfera internacional el expolio del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, especialmente en la esfera de la industria textil, nos muestran la urgencia de incorporar la dimensión cultural con mayor profundidad en los informes empresariales de diligencia debida. Como recogía el informe “Centrarse en lo humano” elaborado junto a otras organizaciones por el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos sabemos que “uno de cada tres ataques registrados contra las personas defensoras de los derechos humanos estaba relacionado con la falta de participación activa, acceso a la información y consulta, o con el hecho de no garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas”. Teniendo en cuenta que las dimensiones vinculadas a la interrelación entre cultura y territorio, paisaje cultural, patrimonio inmaterial y derecho a la identidad cultural son centrales para la protección de los derechos culturales, tenemos una fotografía de gravedad alrededor de los riesgos vitales que implica su falta de protección. Sigue siendo una tarea pendiente incluir en los procesos de resarcimiento a las víctimas de abuso empresarial la dimensión de las represalias, que inciden no sólo sobre la protección del derecho a la libertad de expresión, sino que se mueven en la esfera del hostigamiento judicial, la intimidación, la estigmatización, las amenazas y la violencia física. En la invitación al trabajo conjunto entre especialistas en derechos culturales y el ámbito de incidencia y desarrollo sobre empresas y derechos humanos sería fundamental también poner el foco sobre el impacto de la gran industria cultural y creativa transnacional en el respeto a la soberanía cultural, en dimensiones tan sensibles como las políticas de comunicación, la gran industria editorial o la protección de los derechos lingüísticos, así como en los marcos planteados por la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO.

 

 

Sabemos que las herramientas de compliance empresarial, a través de las diferentes estrategias de autorregulación corporativa para la disuasión y prevención tanto de la corrupción como de otros impactos negativos, están siendo insuficientes para garantizar la protección de los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor (según un estudio de la Comisión Europea sólo el 37% de las empresas se someten a estos marcos voluntarios) y que muchas veces, en la evaluación de riesgos, no se está poniendo la experiencia o conocimientos de las personas y grupos afectados en el centro de la identificación de las barreras que impiden la efectiva rendición de cuentas. De igual manera, en materia de protección de los derechos culturales no es posible, por la evidente desigualdad estructural entre colectivos afectados y grandes multinacionales culturales, poner sobre las víctimas la carga de la prueba. Necesitamos por tanto seguir avanzando en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales teniendo en cuenta también la dimensión supranacional en la que se mueven gran parte de las empresas.

 

Es por ello fundamental preguntarnos también desde el ecosistema empresarial:

  • ¿qué impacto están teniendo las industrias culturales y creativas transnacionales sobre la protección de los derechos culturales en los espacios en que operan?
  • ¿qué medidas están implementando para prevenir, mitigar o remediar posibles situaciones de apropiación cultural, impactos sobre la dimensión territorial del derecho a participar en la vida cultural o cuestiones relativas a la protección de la soberanía cultural nacional?
  • ¿se está garantizando por parte de las empresas culturales y creativas el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas?
  • ¿están siendo públicos y transparentes los informes anuales con información sobre los impactos sociales, ambientales, sobre los derechos humanos de este sector?

Reconociendo que tanto la idea como la práctica de la evaluación empresarial del impacto sobre los derechos humanos es relativamente reciente, es importante tomar consciencia sobre la necesidad de establecer puentes de trabajo y diálogo futuro que garanticen la protección de los derechos culturales, así como avanzar en la transformación de las culturas organizativas hacia una transversalización e integración de la protección de la diversidad cultural en todas las políticas y prácticas internas de la propia empresa.

Mujeres y derecho a la tierra

“Cultivan una tierra que no les pertenece.”

“Hasta que la dignidad se haga costumbre.”

Siguiendo la estela de las celebraciones del 15 de octubre, Día internacional de las mujeres rurales, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos-UNESCO desde Argentina organizaba esta semana el Segundo Encuentro de Mujeres de la Tierra, una conversación fascinante entre mujeres de América Latina, el Caribe y África enfocada a la recopilación de saberes y experiencias para la implementación de los ODS.

Quiero sembrar por aquí parte de la energía que recibí de todas ellas junto a los retos colectivos que afrontamos en la conquista de nuevos derechos, también en el diálogo España-América Latina.

Partiendo del convencimiento de que la tierra es un bien social y no una commodity, y que por tanto el derecho a la tierra es un derecho humano, es fundamental tener en cuenta que en las agendas internacionales sobre empoderamiento vital, económico de las mujeres no podemos olvidarnos ni por un instante de las demandas tanto históricas como emergentes relacionadas con el acceso a los medios productivos de las mujeres campesinas, rurales, indígenas de todo el planeta. No sólo en relación al hecho de que sean ellas las protagonistas de la reducción de la pobreza en sus comunidades y las responsables de la alimentación del mundo, sino también desde otros prismas de actuación que normalmente olvidamos en España. La agenda cultural y nuestras políticas culturales olvidan el papel que desempeñan las mujeres rurales como grandes defensoras y protectoras de los derechos culturales en nuestro país no sólo vinculadas a la defensa y custodia del territorio, sino también a la transmisión del conocimiento, saberes agroecológicos, innovación permanente en el sector artesano y nunca del todo apreciado y agradecido papel como guardianas del patrimonio rural de todo tipo.

Deolinda Carrizo, actual Directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura en Argentina, subrayó la importancia que el reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos y su incorporación a los textos constitucionales, como fue el caso de Bolivia, marca un camino de actuación futuro, dado que la democratización de los Estados pasa obligatoriamente por la garantía del acceso a la tierra y el reconocimiento de la agricultura familiar e indígena. Sigue siendo un reto internacional de primera magnitud afrontar el peso de la desigualdad global en la garantía del derecho a la tierra por parte de las mujeres, que tendría un impacto en cadena sobre su autonomía, la protección frente a todo tipo de violencias, el final de procesos de dependencia de intermediarios.

Fue muy interesante también conocer de la mano de Lilian Galán, del Frente Amplio uruguayo, el proceso de avances legales vividos en los últimos años para el fomento de la co-titularidad de la tierra (actualmente por cambio de gobierno en proceso de retroceso) con el impulso de la Ley 19.781, que llevó del 11% al 26% el índice de propiedad de la tierra por parte de las mujeres. Como afirmó Lilian Galán: “los intereses oligárquicos y el poder transnacional del agronegocio vulneran el derecho humano de acceso a la tierra de las mujeres”. Es muy interesante comprobar cómo en España, al margen de las grandes “efemérides rurales” y las organizaciones especializadas, la pelea por la titularidad compartida ha desaparecido prácticamente de la agenda pública y del discurso del movimiento feminista, cuando no enfrenta un total desconocimiento también por parte de los equipos técnicos generalistas de las áreas de igualdad.

 

 

Pero he de reconocer que la fuerza de la líder indígena Ángela Chislla desde Perú puso sobre la mesa un itinerario a recorrer en los próximos años. Junto al problema de acceso a la tierra por parte de las mujeres indígenas nos conminó a seguir exigiendo juntas y desde todas partes procesos de reparación efectivos para las mujeres que sufrieron procesos de esterilización forzada en el pasado y que aún no han sido juzgados. No sólo redundó en la exigencia de poner en el centro la garantía de la soberanía alimentaria de los pueblos, sino el acceso de las mujeres a las esferas de decisión tanto políticas como especialmente económicas, fortaleciendo la asociatividad propia, el impulso de bancos agrarios y cooperativas lideradas por mujeres, una nueva educación financiera comunal, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y gestión de las infraestructuras hidráulicas y la necesidad de paralizar modelos de desarrollo vinculados al extractivismo, garantizando por el momento el efectivo cumplimiento de las Leyes de Consulta Previa. Pero fue Ángela Chislla la que compartió con todas de un modo más claro la interrelación e interdependencia de todas las facetas de los derechos humanos, al exigir que se implante en el país una verdadera educación intercultural bilingüe y una política de comunicación que respete los derechos culturales y ponga fin a décadas de silenciamiento mediático sobre la realidad de las necesidades de las mujeres indígenas, así como no olvidar la importancia de la formación política de todas las mujeres.

 

No podemos obviar que la falta de tierra impide a las mujeres acceder a otro tipo de recursos y servicios esenciales (“en los procesos de toma de tierras, de resistencias territoriales, siempre están las mujeres y sin embargo, cuando se han repartido, se las excluye”) y que sigue siendo la tierra uno de los principales factores que condicionan las relaciones de poder. No se puede apartar la mirada del aumento de las medidas represivas y la militarización contra los movimientos de resistencia, que están recayendo sobre las mujeres del Sur. Es una temática central que debería entrelazarse, sin duda y también desde el Norte global, con los marcos más amplios de actuación y resistencia vinculados a Empresas y Derechos Humanos, especialmente en las actuaciones y movilizaciones a favor de leyes estatales de Debida Diligencia. Sería MUY IMPORTANTE que el movimiento feminista en España hiciese suya la reivindicación del impulso de la Ley de Debida Diligencia aún no promulgada en nuestro país, precisamente porque el impacto de su flagrante ausencia recae con toda su ferocidad sobre las mujeres campesinas, rurales, indígenas del Sur. Desde mi punto de vista tendría que ser la reivindicación central del movimiento feminista en España incidiendo sobre nuestra agenda exterior si queremos que sea cierto el compromiso adquirido con una política exterior feminista.

 

 

Como compartió la líder ambiental Katta Alonso desde Chile, no podemos seguir permitiendo la existencia de “zonas de sacrificio” en ninguna parte de este planeta, en las que la acción empresarial tenga vía libre para contaminar, desentenderse de los impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente de su actividad ni olvidar la exigencia de reparación a las víctimas de procesos de contaminación generalizados. Fue tajante en su denuncia de la superficialidad de determinadas visiones de la Responsabilidad Social Corporativa, exigiendo marcos de obligatoriedad frente a los actuales modelos voluntarios que se desentienden de las consecuencias, poniendo en valor el Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Tanto Valentina Escuti de la campaña #ChaoCarbón chilena, como Gabriela Sinchi del medio comunitario Wambra.ec subrayaron la potencialidad que las estrategias de arte y comunicación por la defensa del territorio tienen para entrelazar demandas, llegar a diferentes audiencias y cambiar los marcos culturales que perpetúan el acaparamiento y el despojo. También la lideresa Alejandra Bonilla desde Costa Rica incidió en la necesidad de romper los bloqueos de comunicación sobre la realidad que afrontan las mujeres rurales, rompiendo los moldes de discursos impuestos y reconociendo las propias estrategias de resistencia ya desplegadas. Tajante fue su exposición denunciando el peligro de los discursos de las “tierras vacías” que se vivieron en Centroamérica y que permitieron a nivel legal la usurpación de tierras indígenas. Me quedé pensando, salvando las distancias, en los efectos no contemplados del discurso de la “España Vacía” (ya, lógicamente, “Vaciada”) y los efectos que el mismo pueda tener en relación a la gestión de los fondos europeos de recuperación o las políticas de reto demográfico. Si esta España está vacía, ¿desde dónde se van a gestionar estos fondos y en el diálogo con quién, si en el propio territorio “no hay nadie”? Qué pendiente resbaladiza y peligrosa, ya conocida y qué real…

 

Al fin y al cabo, como subrayaron todas ellas se trata de romper con los marcos que ven la tierra como una mercancía para volver a reconocerla, ¡al menos!, como un bien social. Como recordaban tanto el trabajo “Género, propiedad y empoderamiento. Tierra” de Carmen Diana Deere y Magdalena León y  los informes elaborado los últimos  años por Intermon Oxfam, “Promesas, poder y pobreza” o “Tierra para nosotras”, se puso de manifiesto que “la exclusión de las mujeres rurales del acceso a la tierra no sólo ocasiona la pérdida de su control sobre la producción de alimentos, sino que también se pierden el conocimiento, las prácticas y las técnicas que, durante siglos, han salvaguardado la integridad de la tierra, las semillas y el suelo, así como el valor nutricional de los alimentos“. También conviene no olvidar que “cuando se intensifica la competencia por la tierra, las mujeres rurales suelen ser sometidas a una presión hacia su exclusión por parte de los parientes o miembros de la comunidad masculinos”.

 

Tras la conversación me quedé pensando en los ecos en la agenda española: la titularidad compartida como un derecho aún por conquistar, la incorporación en la agenda feminista de la exigencia de una Ley española de Debida Diligencia, el avance de la soberanía alimentaria en nuestros marcos legislativos.

 

#LaEducaciónContinúa y el derecho a la educación como derecho cultural

 

Bajo el lema #LaEducaciónContinúa la UNESCO ha impulsado una campaña mundial para tratar de poner el foco de atención sobre la situación a la que se enfrentan las niñas de todo el globo tras la pandemia. Más de 11 millones de niñas podrían no volver a la escuela después de esta crisis, lo que supone no sólo un retroceso en el derecho de acceso a la educación sino el inminente riesgo del aumento de los matrimonios infantiles, los embarazos precoces y de alto riesgo, la violencia en sus múltiples facetas y la pobreza, siempre la pobreza.

Para no dejarme acobardar por las dimensiones de este retroceso, teniendo en cuenta los 130 millones de niñas que en nuestro planeta aún no tenían acceso a la educación antes de la pandemia y resonando aún con la facilidad con la que en los últimos días se ha mercadeado con los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la esfera internacional ante la situación afgana, volvía a la reflexión que Kambou Boly Barry compartía en los últimos meses sobre el derecho a la educación como derecho cultural, conjurando el riesgo del desaliento o la apatía.

 

La relatora está haciendo un llamamiento internacional para que el derecho a la educación se considere un derecho cultural en sí mismo y se produzca un cambio de perspectiva, el impulso de un nuevo paradigma educativo, es decir :

 

“el derecho a la educación entendido como el derecho de toda persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su propio proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo, así como para participar en prácticas que le permitan apropiarse de estos recursos y contribuir a ellos.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

La plena efectividad del derecho universal a una educación inclusiva y de calidad no puede existir sin tener en cuenta los elementos que favorecen el respeto de la diversidad y los derechos culturales en la educación, señalando entre ellos:

  • La valoración de los recursos culturales presentes.
  • La descentralización en favor de actores locales y la dotación de cierta autonomía a las escuelas para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje.
  • Los métodos de observación participativa y sistémica.
  • El respeto de las libertades en el ámbito de la educación.

Así, la vida educativa pasaría a considerarse como una relación viva entre los actores y el conjunto de conocimientos que forman los recursos culturales comunes.

Se subraya la importancia que tiene la injusticia epistémica sobre la protección del derecho a una educación inclusiva y de calidad, señalando cómo la pérdida y desvalorización de los conocimientos presentes que atesoran objetos, instituciones o personas perpetúa situaciones de exclusión y desigualdad. Por lo tanto convendría no olvidar:

“la valoración de la diversidad de conocimientos presentes y la valoración de la diversidad de personas se refuerzan mutuamente”.

 

“las vulneraciones de los derechos lingüísticos o de los derechos a la memoria, o una visión sesgada que invisibiliza a ciertas comunidades y sus contribuciones, son graves y tienen efectos nefastos a través de las generaciones, especialmente cuando se enseñan diferentes narrativas a diferentes comunidades.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

Dentro de este cambio de perspectiva, se alerta sobre la tendencia a limitar el derecho a la educación como un derecho cultural en sí mismo a las comunidades lingüísticas, religiosas o étnicas. No obstante, para abordar la diversidad cultural, afirma Koumbou Boly Barry, hay que tener en cuenta todas las diversidades, ya sean históricas, patrimoniales, sociales o relacionadas con el género o con la discapacidad, pero también las resultantes de trayectorias vitales particulares (por ejemplo, la migración, el desplazamiento o el asilo), o de situaciones de pobreza, pobreza extrema, violencia o violencia extrema. Además, las personas tienen múltiples comunidades de pertenencia o referencia e identidades multifacéticas.

 

Entre los elementos más interesantes de la consulta internacional de la que emerge esta reflexión, se encuentra la necesidad de revalorización de la transmisión intergeneracional, alertando sobre la gravedad de sus rupturas no sólo dentro de los círculos familiares, sino también dentro de las propias comunidades o como señalan para alertar de su importancia “para toda la Humanidad”. Ante el éxito rampante de los imaginarios de la eterna juventud, la invisibilización de los procesos transgeneracionales que dan lugar a logros y resultados, la negación del reconocimiento e invisibilización de las fuentes de aprendizaje y formación, ¿cómo contribuir tanto desde el ámbito educativo como desde la definición de las políticas culturales a poner en valor de un modo vivo y no esclerotizado el papel de la transmisión intergeneracional?

 

Y de nuevo, también en la defensa del derecho a la educación como derecho cultural, el poder de la agencia:

“una persona se apropia de un recurso cultural no solo cuando lo descubre y desarrolla su práctica utlizándolo, sino también cuando contribuye a él.”

 

O en resumen: acceder, practicar, contribuir. Mucho más ante los procesos de mercantilización de la educación que, “lejos de permitir el respeto de la diversidad cultural, suelen conducir a una uniformización empobrecedora.”

 

Comparto por aquí (cada cual conjura el riesgo de impotencia a su manera) este diálogo internacional, sintiendo que sería interesante seguir profundizando en este cambio de perspectiva y explorar de qué manera podría contribuir a reforzar el derecho a la educación de las niñas en todo el planeta, una de nuestras emergencias.

Informe UNESCO Healing the wounds of slave trade and slavery: sobre el trauma transgeneracional

 

La semana pasada la UNESCO hacía público un informe, desde mi punto de vista, muy valiente. En el marco del proyecto internacional Slave Route y dentro de su llamamiento global contra el racismo, se presentó “Healing the wounds of trans-atlantic slave trade and slavery”.

Y digo que es valiente porque basándose en la investigación psicológica más reciente, especialmente desde la psicología cognitiva y la epigenética ha puesto en el centro de la conversación global desde su área especializada en ciencias sociales, la importancia de abordar el peso de los traumas transgeneracionales y estudiar con mayor profundidad los vínculos entre procesos sistémicos y transmisión intergeneracional de la violencia. Entre los objetivos de la elaboración del informe no sólo se ha puesto el foco sobre la revisión legal internacional, sino que está motivado por la prevención de la deshumanización institucionalizada y el desarrollo de acciones de justicia global restaurativa.

La presentación días más tarde por parte de la organización Caminando Fronteras de la Guía para Familias Víctimas de la Frontera en un acto titulado “Morir sin duelo” no hacía sino reforzar la importancia de llevar esta conversación también al ámbito de habla hispana, dado el mayor peso que está teniendo en esta reflexión sobre el trauma transgeneracional de la esclavitud la Academia norteamericana y los movimientos sociales afrodescendientes y nativos americanos y canadienses, que han avanzado e integrado desde hace décadas la dimensión del dolor colectivo y su resonancia en el presente (si alguien no escuchó a María Campbell en el CCCB hace unos meses, aquí puede saber a qué nos referimos). Como comentó el profesor Paul Lovejoy durante la presentación, no podemos perder de vista que hablamos del más largo y extensivo genocidio en la historia humana, con la muerte documentada de más de seis millones de personas.

 

¿Cómo se construye la deshumanización estructural? Desde la afirmación tajante “la violencia de la esclavitud nunca acaba con la abolición” se trata de hacer emerger las dinámicas de exclusión sistemática de la ciudadanía plena y las vivencias cotidianas de hostilidad en los entornos que siguen resonando como trauma colectivo y transgeneracional, como mostraron también los estudios del Holocausto.

El informe, elaborado por un equipo interdisciplinar internacional afianzado en el enfoque transgeneracional de los traumas colectivos, dividió su estudio en cuatro ejes:

1.- El estudio de los actos deshumanizadores en sí mismos.

2.- Los efectos traumáticos de haber sido deshumanizados.

3.- La construcción de relaciones deshumanizadoras.

4.- El estudio de las condiciones estructurales que han posibilitado la deshumanización.

 

 

Junto a un análisis del impacto de las medidas de justicia restaurativa ensayadas en diversos países, también se hace un recorrido crítico por las políticas públicas de recuerdo y conmemoración internacionales. El apartado dedicado a esta temática, The Desk Review, se detiene en los actos de conmemoración y perdón público, las disculpas públicas institucionales y el papel de las comisiones de la verdad y la reconciliación.

Quizá la aportación de la investigadora Joy de Gruy, desde su dilatadísima experiencia en el trabajo sobre el trauma transgeneracional y su conceptualización del síndrome post-traumático del esclavo, sea el que nos permita abordar desde la esfera micro el impacto de la degradación en la propia percepción del valor de una vida. Así subraya las múltiples dimensiones de la deshumanización y la instrumentalización, que tanto siguen resonando en el presente: material, física, psico-social, económica y espiritual. Sería importante subrayar el impacto intergeneracional que supone también el trauma cultural: el peso de haber sido arrancados de las propias raíces, rituales, prácticas que configuran el sentido del mundo, así como la línea de investigación que apunta al mantenimiento de los traumas a través de instituciones y prácticas culturales. Es muy interesante en esta dirección el trabajo recogido en freedomnarratives.org

Lo que obliga a incorporar en toda acción de reparación, transformación educativa o sanación colectiva, lógicas propias: la necesidad de trascender los binarios, las narrativas propias, en primera persona, que den sentido al trauma y separen la personalidad del hecho traumático, la centralidad de acciones de reconstrucción de la confianza y la co-acción (“para hacer frente a nuevas posibilidades hay que ser conscientes de que tanto los verdugos como los esclavos están insertos en la estructura racista”).

He querido reseñar por aquí la presentación del informe, no sólo por ser un eje de atención ya conocido en este espacio, sino por el menor peso de la esfera iberoamericana en la conversación y la poca atención que estamos prestando desde España a la esfera del trauma cultural y transgeneracional, teniendo presentes una y otra vez sus resonancias, por ejemplo,  en el modo en el que se aborda desde la política pública en nuestro país la migración o los procesos de memoria desde una perspectiva de género. ¿Tenemos algo que aportar en esta conversación internacional sobre el racismo estructural y las consecuencias transgeneracionales del esclavismo? ¿Bailamos un poco con nuestras sombras?

 

Derechos culturales y paz diversa

(Dedico este texto a mi México del año 2020, por tanto tanto amor.)

 

(Todas las imágenes que iluminan esta entrada son obras del colectivo oaxaqueño de gráfica urbana Lapiztola, @lapiztola_oax y la fotografía es obra de Abhay Bharadwaj)

Si bien cada vez somos más conscientes de la indivisibilidad de cada una de las facetas que conforman los derechos humanos, no es menos cierto que el conocimiento de los derechos culturales, especialmente a nivel popular, es sustancialmente menor y que en las próximas décadas abordaremos, no obstante, el reto de su desarrollo pleno.

Pero, ¿qué papel pueden desempeñar los derechos culturales en la construcción de paz y más concretamente de una paz diversa? Si es evidente que sobre las bases de la injusticia social no pueden construirse paces positivas, ¿qué función cumple la protección y promoción de los derechos culturales como elemento estratégico para la paz?

Aunque el derecho a participar en la vida cultural recogido en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suele considerarse como el horizonte de acción a alcanzar, es importante no minimizar ni parcializar lo que este derecho supone a un nivel profundo. No hacemos referencia exclusivamente al fundamental acceso a la creación artística ni a su central protección, ni hablamos tampoco únicamente del acceso en igualdad de condiciones al legado del conocimiento y experiencia que nos ha precedido. Lo que está en juego cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural es la construcción del “nosotros” social, la construcción de las respuestas legítimas a la pregunta ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestra identidad?, así como la no menos problemática construcción de las preguntas consideradas “legítimas” (qué puede cuestionarse y transformarse y qué no puede hacerlo) que le dan forma a ese “nosotros”.

 

(La fotografía de esta obra de Lapiztola fue realizada por Jose Alberto Canseco, conste)

 

Vemos, por tanto, que junto a otras dimensiones de la exclusión que se refuerzan entre sí, el hecho de no garantizar de modo universal en nuestras sociedades el derecho a participar en la vida cultural supone:

  • Legitimar relatos de exclusión social y construcción de identidades sociales excluyentes, posibles generadoras de violencia.
  • Menoscabar los derechos colectivos de acceso a la memoria y al patrimonio, sesgados por la ausencia y exclusión de voces significativas y perspectivas plurales.
  • Ejercer formas de violencia cultural “por defecto” imponiendo “nosotros sociales” falsamente homogéneos basados en el privilegio de quienes han tenido acceso a los medios y herramientas de construcción de sentido (lenguajes, medios de comunicación, formas legitimadas de expertisse…)

Pero como afirma la filósofa Miranda Fricker existe una dimensión de la injusticia en nuestras sociedades que suele pasar desapercibida y que es un requisito previo para acceder al “derecho a la voz”, al derecho a la participación plena en la construcción de sentido del que habla el derecho a participar en la vida cultural: el hecho de ser personas reconocidas como sujeto de conocimiento.

La verdadera potencialidad transformadora de los derechos culturales residiría aquí: ¿quiénes son inexistentes en nuestro “nosotros”?, ¿a quiénes no se pregunta nunca?, ¿qué experiencias del mundo son consideradas inválidas o impropias?, ¿a quién no se escucha por norma y está excluido de “nuestra identidad”?

El ámbito de la construcción de paz, especialmente en escenarios de post-conflicto y articulación de procesos memoriales, ha sido tradicionalmente un espacio privilegiado para la reflexión común sobre esta forma de injusticia, la injusticia epistémica. Qué testimonios de violencia eran legitimados y cuáles quedaban en sombra, qué colectivos accedían a medidas de reparación económica o simbólica y quienes seguían soportando las consecuencias de la impunidad, qué o quiénes accedían a la monumentalidad memorial o al reconocimiento de duelo de país y quiénes no.

 

 

La obra “Injusticia epistémica” (Herder editorial, 2017, Barcelona) de Miranda Fricker aporta nueva luz sobre la centralidad que juegan las políticas culturales desde una perspectiva de derechos humanos  y construcción de paz para construir sociedades que entiendan la paz diversa, la paz como una polifonía, comprendiendo que sin respeto a la diversidad perpetuamos formas muy arraigadas de violencia.

Así, Miranda Fricker ha puesto el foco sobre dos formas centrales de injusticia, dentro de la esfera de los derechos culturales:

  • La injusticia testimonial que “se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad para aportar conocimiento”.

 

  • La injusticia hermenéutica que “se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad como sujeto de compresión social”, en el acceso al derecho a ser comprendidos.

 

(Esta obra fue realizada por el Colectivo Lapiztola junto al Colectivo 3B de Los Ángeles en denuncia de la separación de los niños y niñas migrantes de sus familias en la frontera con EEUU)

 

Lo que nos está mostrando Miranda Fricker es el hecho de que la protección o desprotección de los derechos culturales en nuestras sociedades contribuyen a configurar lo que ha denominado “economía de la credibilidad”, el sistema por el cual se construye lo relevante, lo existente, lo que se tiene en cuenta. Como afirma “toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento, y por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana.” Es decir, la protección de los derechos culturales es una medida preventiva ante las formas de violencia centradas en la invisibilización y el silenciamiento.

Por tanto, no convendría minimizar la realidad de la marginación hermenéutica en nuestras sociedades como una de las raíces de la violencia, el acceso desigual a las prácticas a través de las cuales generamos significados sociales (como viene señalando desde hace años el filósofo Fernando Broncano, recientemente recogido también en su obra «Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical» y a quien la que escribe debe el conocimiento de la obra de Miranda Fricker, conste). Como sostiene Fricker, “socavar la fiabilidad epistémica es un nutriente importante de la ideología del odio” y se realiza de modo cotidiano a través de fórmulas de apropiación, luz de gas e invisibilización de la autoría de ideas (en nuestras sociedades ¿quiénes se llevan los méritos?), así como del refuerzo de marcos que construyen la pérdida de confianza en la propia opinión y experiencia de las cosas, así como en la pérdida de confianza en las propias capacidades interpretativas e intelectuales.

Se trataría por tanto de construir socialmente entornos que hiciesen posible la valentía intelectual:

  • La capacidad de examinar creencias sostenidas popularmente y generar alternativas, nuevas posibilidades.
  • El refuerzo de la perseverancia ante la oposición grupal.
  • La determinación para hacerse oír frente a la manipulación del silencio.

 

Derechos culturales y paz diversa

 

De modo que es necesario reforzar y llevar al centro de la agenda pública la importancia de la protección de los derechos culturales para la construcción de sociedades de paz diversa en base a tres ejes:

  • Su carácter preventivo: por su refuerzo de la inclusión social y la articulación de identidades sociales plurales y diversas.
  • Su carácter constructor: especialmente en escenarios de post-conflicto y procesos memoriales, desactivando raíces futuras de revancha o “culminación de tareas no resueltas” al incorporar en nuestro reconocimiento de país todos los duelos, todas las vidas que importan.
  • Su carácter profundizador: creando democracias con cimientos más firmes que encuentran en el respeto a todas las dimensiones de la diversidad la respuesta a las derivas extremistas y autoritarias.

Consideremos entonces, a la luz de las aportaciones de la filósofa Miranda Fricker, la protección de los derechos culturales como un camino de futuro para explorar en las próximas décadas la potencialidad de la paz diversa.

 

 

Libro de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos»

Ha sido un auténtico privilegio (GRACIAS) participar y formar parte de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos» sobre iniciativas de solidaridad durante la pandemia de la COVID-19 impulsada por CEIPAZ, DEMOSPAZ, Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, WILPF España y Fundación Cultura de Paz.

Junto a los textos recogidos en la web de la campaña (puedes leer Cultura para una pandemia aquí), ahora se publica en formato libro prologado por Federico Mayor Zaragoza, recopilando así tanto el Manifiesto como los más de 40 artículos y 50 carteles que se han elaborado colaborativamente para construir mirada que ponga en valor lo que construye, enlaza y protege la vida, ¡también desde las políticas culturales!

Si quieres disfrutar del libro, puedes descargarlo aquí.

Y si quieres conocer el Manifiesto, aquí está. ¡Que sigáis bien!

 

Cultura y condiciones laborales de las artistas

(Bailarinas de la Ópera de Paris en huelga, junto a trabajadores ferroviarios y de metro, frente a la reforma de las pensiones de Macron)

 

“Crear y mantener climas propicios a la libertad de expresión artística

y las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este talento creador.”

 

Aprovechando que el próximo gobierno de coalición en España ha contraído un compromiso con el efectivo cumplimiento del Estatuto del Artista en nuestro país, desde el marco de las políticas culturales comparadas enlazo por aquí la reciente publicación de la UNESCO en 2019, Cultura y condiciones laborales de los artistas, enmarcada en una acción internacional de refuerzo para la aplicación de la Recomendación de 1980 relativa a la Condición del Artista.

Me gustaría resaltar algunas de las líneas contenidas en el estudio que podrían ser interesantes para su aplicación en la realidad española.

  • En primer lugar la toma de conciencia de que casi la mitad de las personas que trabajan en las industrias culturales y creativas son mujeres, por lo que cuando hablamos de precariedad en el sector cultural, estamos hablando también de una de las dimensiones de la feminización de la pobreza en España. Pueden ser interesantes las medidas impulsadas en otros países, en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030, para alcanzar un equilibrio 50/50 en los puestos de responsabilidad en las industrias creativas donde la participación de las mujeres, progresivamente, desaparece.

 

  • No sólo bastan los enfoques economicistas, el enfoque basado en derechos humanos va cobrando cada vez más fuerza en el campo de las políticas culturales, habida cuenta de la correlación entre la degradación democrática de nuestras sociedades y la presión creciente sobre las y los artistas, especialmente en la protección de la libertad artística  y de la diversidad de expresiones culturales. Es también desde un enfoque de derechos humanos que se subraya “el factor que más limita la libertad artística son los ingresos bajos y fluctuantes de los artistas” y que se están dando marcos de colaboración cada vez más consolidados con la Organización Internacional del Trabajo (por ejemplo, a través del estudio conjunto Challenges and opportunities for decent work in the culture and media sector)

 

  • La financiación del sector público es esencial para dar cabida a la diversidad de expresiones culturales. O en palabras de la ex relatora de derechos culturales Farida Shaheed, estamos asistiendo a una nueva modalidad de censura, la censura de mercado, que hay que contrarrestar para proteger la diversidad creativa y la autonomía artística. El acceso equitativo a la creación, la apertura y equilibrio en la circulación de bienes y servicios culturales a nivel mundial o la libre circulación de artistas y profesionales de la cultura en tiempos cada vez más restrictivos con la movilidad humana siguen siendo cuestiones pendientes, señalando la regresión internacional que desde 1980 hasta la fecha se ha dado en materia de movilidad artística, especialmente para las artistas del Sur global.

 

  • Junto a la denuncia recurrente de las situaciones de intermitencia y trabajo no remunerado y la defensa de derechos análogos a los de cualquier otro grupo socioprofesional, me resultan muy interesantes las líneas planteadas para afrontar las dificultades de transición artística y sus programas públicos de apoyo especialmente para aquellas carreras artísticas limitadas en el tiempo (circo, bailarines, etc. mayoritariamente por exigencias físicas), que encuentran una enorme dificultad no sólo financiera, para su reingreso al mercado laboral posterior. El ejemplo de la organización IOTPD me parece importante, más allá del siempre fundamental apoyo a la sindicación artística.

 

 

  • Aunque más trabajado en España desde los movimientos sociales que desde la política cultural pública, que pusieron su foco de atención sobre los efectos de los tratados de libre comercio sobre la creación artística, el área, para mí, más relevante del informe es la que incide precisamente sobre uno de los ejes de aquellas movilizaciones: el impacto para los artistas de un entorno digital copado por el Fenómeno FANG. Es el nombre que la investigadora Julianne Schultz ha dado al control de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google sobre nuestro día a día digital. Como señala es importante no bajar los brazos ante el trasvase de riqueza desde el sector cultural donde se crea el sentido, hacia el sector tecnológico que lo comercializa y distribuye en manos de la minoría del Norte global ya descrita.

 

  • Serán importantes también, para la protección de la disponibilidad y diversidad de contenidos culturales en España, dado el protagonismo cada vez mayor de las plataformas en línea, medidas de apoyo a los contenidos europeos y españoles en los catálogos de dichas plataformas, o líneas ya activas en Europa (Alemania, Francia) de gravamen a los ingresos de las todopoderosas plataformas en línea estadounidenses para apoyar la producción cultural nacional (pagar impuestos también cuenta).

 

  • Y de nuevo, el centro de todas las batallas: los algoritmos de los motores de búsqueda como uno de los problemas clave para las políticas públicas culturales, dado el peso que ejercen sobre la efectiva protección de la diversidad de las expresiones culturales, su tendencia a la polarización y la invisibilización creativa, a pesar de ya estar presente en espacios digitales. La “socialización de los algoritmos” como una medida central para la protección de los derechos culturales, de la que ya hemos hablado alguna vez vuelve a ponerse sobre la mesa.

Divulgar los derechos culturales

Todas las imágenes de esta entrada hacen referencia al Bosque de Oma de Agustín Ibarrola

Hace unas semanas el Observatorio Vasco de la Cultura compartía una nueva publicación centrada en los Derechos Culturales.

Titulada lacónica y certeramente “Derechos culturales” desgrana en unas 30 páginas desde la definición de los derechos culturales y su interrelación con el resto de derechos humanos, el proceso progresivo de su incorporación en la legislación internacional, con una especial sensibilidad hacia la aportación de América Latina en este campo, así como anexos muy útiles con propuestas claras para la implementación de políticas culturales desde un enfoque de derechos.

Como me ha parecido una publicación muy útil que contribuye a la divulgación de los derechos culturales y a la universalización, especialmente entre los equipos técnicos, de conceptos y marcos normativos, comparto por aquí algunas líneas interesantes de debate sugeridas en el texto:

  • A través del análisis del recorrido histórico que ha permitido la enunciación de los derechos culturales es interesante la reflexión sobre la reticencia de la Unión Europea respecto, por ejemplo, al espacio cultural iberoamericano, a reconocer explícitamente en sus marcos normativos o textos institucionales los derechos culturales. Si bien alineándose con el marco UNESCO que reconoce como derechos culturales el derecho a la educación, el derecho a la identidad cultural, los derechos conexos al derecho a la información, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la creatividad, el derecho a beneficiarse del progreso científico, el derecho a la protección de los intereses materiales y morales de los autores, el derecho a la cooperación cultural o el derecho a la protección del patrimonio cultural, es interesante poner el foco de atención precisamente sobre las consecuencias que esta reticencia europea ha tenido sobre la construcción de la propia Unión. No en vano, en las últimas semanas, siguiendo la estela de las movilizaciones #ActForCulture, Europa Nostra lanzaba de nuevo un llamamiento recogido en el Manifiesto de Paris exigiendo el reconocimiento del carácter estratégico que las políticas culturales con especial mención de las políticas de patrimonio pueden tener para la defensa y protección de la democracia en Europa, así como para implementar cortafuegos frente a la amenaza del neofascismo europeo. ¿Pueden las políticas culturales diseñadas desde un enfoque de derechos ser una medida estratégica para la protección de la diversidad en el actual contexto? Pueden. Evidentemente.

 

  • A partir de la reflexión sobre el impacto de la Declaración de Friburgo y la conceptualización de los derechos humanos en términos de “generación” (primera generación: derechos civiles y políticos; segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales; tercera generación: derechos de las minorías, las personas migrantes y los pueblos indígenas) hay una invitación a la “anticipación” de la cuarta generación: ¿cómo haremos concreta la protección de los derechos culturales en el contexto digital y qué forma toman ya en la sociedad tecnológica?

Por ejemplo, y siguiendo algunas líneas planteadas por la abogada Paloma Llaneza en un reciente encuentro sobre Derechos Fundamentales y Sociedad Digital:

    • Cómo podría afectar a la protección de los derechos culturales el cambio en nuestra percepción social de la privacidad.
    • Qué impacto está teniendo socialmente la generalización de la “gamificación”, del desarrollo de la “mente gamificada” y qué efectos puede estar teniendo, como ya ha compartido la experta, por ejemplo, sobre los procesos de adicción al juego.
    • Qué impacto puede tener sobre la protección de la diversidad cultural el uso de algoritmos y cómo podemos desarrollar un nuevo derecho que garantice la función social de los algoritmos.

 

  • Interesante también, cuando ponemos el foco sobre la protección del derecho a participar en la vida cultural, incidiendo sobre la disponibilidad de los bienes y servicios culturales “para que todos puedan disfrutar y beneficiarse de ellos”, ¿cómo se concreta esta disponibilidad? Desde el ámbito de las políticas públicas culturales y en entornos de dependencia digital corporativa, por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar que el acceso a obras, archivos, colecciones…digitales cumplan este requisito de disponibilidad?

 

  • Teniendo en cuenta los cinco ejes sobre los que se articula el derecho a participar en la vida cultural (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad) tenemos un camino muy concreto por recorrer en términos de accesibilidad física, económica y a la información, en la experimentación con diversas modalidades de consulta previa, en la transversalización del enfoque de género en la política cultural pública así como en la relectura de la política cultural pública en términos de la pluralidad de nuestras humanas vulnerabilidades.

 

  • El análisis tanto de la Ley de derechos culturales de Costa Rica, la ley orgánica de cultura ecuatoriana o la Ley general de cultura y derechos culturales de México (junto con la tradición constitucionalista en materia de derechos culturales) nos dan modelos concretos para el caso español de cara a impulsar en la próxima legislatura o bien la ya muy reivindicada Ley de Cultura o la muy deseada por quien escribe (por poner a las personas en el centro) Ley estatal de derechos culturales.

 

 

  • Quizá la parte más interesante del informe es la recogida bajo la pregunta ¿Cuál es la aportación de una ley de derechos culturales? Me interesa la argumentación recogida respecto a la capacidad de proporcionarnos un marco de ordenación general de las actuaciones en los múltiples niveles de competencias, el modo en el que se subraya la vinculación de la ley con mecanismos de financiación que hagan viable su aplicación efectiva, así como las respuestas que aporta para la resolución de barreras en el acceso a la cultura vinculadas al territorio, el capital cultural o el nivel económico, sin olvidar que uno de los focos estratégicos de toda ley de derechos culturales tiene que residir en la dignificación de las condiciones de trabajo del sector cultural.

 

Dejo por aquí, por tanto, vínculo y reflexión sobre la publicación, por si a alguien más le resulta interesante o útil y seguimos conversando.

 

 

El municipio y los derechos culturales de la ciudadanía

(Este artículo se enmarca en la celebración de la Jornada Cultura y Provincia organizada por la Diputación de Cádiz y su Fundación Provincial de Cultura el 28 de octubre de 2019, un encuentro con concejalías y técnicas de cultura de todo el territorio)

Mi intención con esta intervención, para plasmarlo desde el principio, es reivindicar el protagonismo urgente y necesario que ha de tener la política cultural, especialmente en el nivel más próximo a la ciudadanía, que es el nivel local, en el actual contexto socio-político que estamos viviendo en España, sin olvidar ni por un segundo que nuestros niveles locales cada vez tienen mayor protagonismo en redes de articulación internacional.

Y el eje central de esta reivindicación como actores fundamentales de la política cultural  se va a enmarcar en el hecho de que somos garantes de la protección de uno de los elementos inalienables de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Para mí es importante dejar claro el horizonte antes de empezar.

Partiendo de la hipótesis de que no existe municipio que no cuente ya con una política cultural local, aunque sea implícitamente, quiero lanzar también en este espacio una pregunta complicada que empieza con un ¿para qué? Decía Mandela en El largo camino hacia la libertad que la verdadera dimensión de lo político no empezaba nunca desde un ¿por qué? sino desde un ¿para qué? De modo que del binomio «política cultural» vengo a detenerme un poco más en la «política» lanzando la pregunta ¿para qué hacemos política cultural en nuestros municipios?

Después de un tiempo, que ha sido muy necesario, en el que sectorialmente y desde diversas esferas hemos estado muy centrados en cómo hacer política cultural local: todos los debates sobre la necesaria profesionalización de la gestión cultural local, los riesgos del voluntarismo; todo el diálogo sobre las estructuras de gestión, la aparición de las fundaciones de cultura locales, las estructuras mixtas; todo el debate y el paradigma de la participación en el diseño de las políticas culturales locales: los consejos municipales de cultura, la evaluación participativa de los proyectos, la radialización de las estructuras huyendo de la concentración de nuestras programaciones en el centro de nuestros pueblos y ciudades…después, como digo, de todo este esfuerzo intelectual y vital colectivo, siento y quizá sólo sea una percepción personal, que hemos dejado descuidada o al menos hemos dialogado poco a nivel colectivo sobre el para qué hacemos política cultural pública.

Y remarco aquí lo de pública porque mientras tanto el mercado sí ha dado su respuesta: la cultura sirve para hacer negocio; la cultura maridada a un determinado enfoque turístico, para lo que sirve es para desarrollar económicamente nuestros municipios y territorios.

Y sin restarle ninguna importancia al papel económico que puede desempeñar la cultura y que de hecho desempeña, incluso desde este enfoque hemos analizado poco cómo se reparte dicho impacto económico, a quién beneficia y cómo se distribuye, si quizá existen desigualdades de género en el impacto de dicho beneficio económico y si repercute de modo positivo y con qué grados de calidad sobre las políticas locales, territoriales de empleo (siguiendo la estela del modelo de las Escuelas Taller de Santa María la Real o el trabajo realizado en Albarracín, por ejemplo).

 

 

Sin desmerecer, como digo, la potencialidad de esa mirada, el contexto actual nos empuja con urgencia a romper inercias en nuestra reflexión y en nuestro trabajo: no sólo el crecimiento sostenido de la desigualdad en nuestras sociedades, que no para de crecer y que es una máquina de creación de exclusión social; la normalización de un horizonte de vida precarizado, laboralmente, vitalmente, que ha tenido un impacto sobre nuestra percepción cotidiana de la seguridad vital, personal, generando vivencias de profundo desarraigo, de crisis de pertenencia de las que ya estamos viendo monstruos (la búsqueda de chivos expiatorios: islamofobia, presión sobre migrantes y refugiados, repunte del antisemitismo europeo, presión sobre las minorías de todo signo…); la reaparición del odio como atmósfera emocional en un contexto además en el que las migraciones globales han creado una realidad infinitamente más diversa.

Ante este contexto es cierto que los marcos legales culturales internacionales sí han reaccionado antes que el marco español y están marcando la pauta (las Declaraciones de la diversidad de la UNESCO, las relatorías de derechos culturales, etc) introduciendo ya un cambio de discurso y agenda en la política cultural que es necesario que empiece a concretarse ya en nuestros municipios, teniendo en cuenta que España ha ratificado todos estos acuerdos y que por tanto no hay excusa alguna para no actuar.

Teniendo en cuenta todo lo que ya se ha avanzado en esta dirección (especialmente, por ejemplo, la Agenda 21 de la Cultura y todo el trabajo de la UCLG), ¿de qué estaríamos hablando realmente?

De generar políticas culturales locales desde un enfoque de derechos humanos, abriéndonos a una definición y visión de la cultura de corte más antropológico, desplazando un poco el foco de atención desde los objetos culturales y su protección hacia las personas, es decir, hacia la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía a participar en la vida cultural y a exigirnos marcos de promoción y defensa de los derechos culturales (que siguen avanzando hacia su justiciabilidad) en el lugar privilegiado donde se ejercen: tu pueblo y tu ciudad.

Colocándonos en esta nueva posición, abriendo nuestra gestión cultural pública a esta mirada, de pronto se hacen patentes e iluminan otros aspectos que, simplemente, estábamos dando por hecho:

  • que ningún municipio es neutro en su política cultural local, dado que aunque no esté haciendo nada explícitamente, ya hay una política cultural implícita y un posicionamiento que hay que hacer emerger.
  • que todas las políticas locales tienen una dimensión cultural y que es necesario transversalizar nuestra sensibilidad hacia los derechos culturales en toda nuestra acción pública (desde el diseño universal en todos nuestros equipamientos públicos, el respeto a la diversidad cultural y religiosa en nuestros cementerios, los límites a la especulación inmobiliaria y sus efectos sobre bienes de interés cultural, etcétera)

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales?

Se dice que los derechos culturales refuerzan las nociones de dignidad y pertenencia dentro del universo de los derechos humanos.

Según la Declaración de Friburgo los derechos culturales serían:

– el derecho a la identidad y al patrimonio cultural, teniendo en cuenta la dimensión ampliada hacia el patrimonio natural.

– el derecho a que se respete nuestra identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión, el derecho a conocer nuestra propia cultura y respetar las demás.

– el derecho a elegir identificarse o no con una o varias comunidades culturales y de modificar esta elección (ampliando hacia el derecho a la disidencia cultural, a la protección frente a la fijación y cosificación de nuestras culturas)

– el derecho a nos ser obligados a identificarnos o a ser asimilados a una comunidad cultural contra nuestra voluntad.

– el derecho a acceder y a participar en la vida cultural: expresarnos en nuestra lengua materna, ejercer prácticas culturales y que sean valoradas, acceder a la producción y difusión de bienes y servicios.

– el derecho a ser libres para desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios, protegiendo nuestros intereses morales y materiales. Ni qué decir tiene la importancia de este punto en entornos de epistemicidio como lo es la ruralidad española o en entornos de expolio cultural y enorme incidencia del mercado negro de arte, tan profundo en Andalucía vinculado al robo arqueológico.

– junto al derecho a la educación y la formación a lo largo de la vida, el derecho a una educación que contribuya al libre y pleno desarrollo de nuestra identidad cultural, el derecho a ser educados en nuestra lengua materna.

-junto al derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a la libertad de expresión artística, nuestro derecho a la información libre y pluralista, nuestro derecho a acceder a la difusión de información y no sólo a ser receptores pasivos de la misma (fundamental para los procesos de luz de gas que vive, por ejemplo, la España vaciada)

– el derecho a la cooperación cultural, nuestro derecho a ejercer la diplomacia cultural local, a establecer redes de fraternidad así como nuestro derecho a contribuir al desarrollo cultural de nuestras comunidades y a ser tenidos en cuenta respecto a las decisiones que nos conciernen.

Teniendo en cuenta este marco, este paraguas de actuación, vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿para qué hacemos política cultural local? Para contribuir a garantizar la protección de los derechos culturales de nuestras vecinas y vecinos (su felicidad, el bien común, la cohesión social, que nadie se quede atrás).

Por tanto, nos asaltan otro tipo de preguntas que se concentran en un estadio previo al de la pura gestión cultural:

  • nuestra política cultural local, ¿qué clima emocional está propiciando?, ¿está polarizando?, ¿creando, sin querer, algún chivo expiatorio?, ¿generando un clima propicio al encuentro o reforzando el individualismo?, ¿qué atmósfera afectiva genera mi acción cultural local?
  • nuestra política cultural local, ¿qué impacto tiene sobre el espacio público?, ¿lo privatiza, lo amplía, lo parquetematiza o falsifica?
  • nuestra política cultural local, desde la clave de los grupos de poder, ¿a quién está dejando fuera, a quién no ve? Haciendo una etnografía de la invisibilidad como ha bautizado el antropólogo Honorio Velasco, ¿hay colectivos totalmente excluidos de nuestra política cultural local?, ¿manifestaciones culturales, etc? ¿Qué barreras simbólicas, comunicacionales detectamos en nuestra política cultural local, no desde la creación de públicos, sino desde un enfoque de derechos humanos?
  • nuestra política cultural local, ¿cómo está protegiendo el derecho a la creación cultural, el sentido de agencia?, ¿está creando horizontes de pasividad?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del mérito y del reconocimiento está impulsando?, ¿qué merece loa y boato, qué queda excluido de este mérito?, ¿qué decide musealizar y qué no?, callejeros, edificios municipales, premios y museos locales, hijos e hijas predilectos…¿qué está mereciendo mirada?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del duelo promueve?, ¿por quién llora el pueblo?, ¿qué vidas merecen luto y cuáles no? Minutos de silencio, crespones, banderas a media asta…¿por quién doblan las campanas en tu pueblo?
  • nuestra política cultural local ¿está respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la cultura?, ¿qué medidas de protección o fomento está desplegando? ¿paga a tiempo, se nos escapa la gratuidad por amor al arte, remuneramos bien? En nuestras políticas locales de empleo y emprendimiento, ¿valoramos la cultura, promovemos y visualizamos otros modelos empresariales, por ejemplo, vinculados a la economía social de la cultura como promueve la Carta cultural iberoamericana?

De lo que se trata, por tanto, es de proteger colectivamente el derecho a definir, a debatir, a la crear la vida cultural en la que nos desenvolvemos, el sentido y el significado profundo de lo que supone el «nosotros», para lo que es fundamental hacer emerger todos estos sobreentendidos, todos estos elementos que se dan por hecho, que son de «sentido común» y que crean la cultura de un pueblo.

Si María Zambrano decía que para construir paz era necesario compartir el pan y la esperanza, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestro radio concreto de acción en la política cultural municipal para que este compartir fuese cierto y contribuir a garantizar desde la cultura el respeto a los derechos humanos?