Vida cultural y patrimonial de los municipios de menos de 5.000 habitantes-Sierra de Cádiz, 13 de diciembre

 

 

Como siempre me hace muy feliz ir a Cádiz y conocer un poco mejor la provincia, estoy muy contenta de poder ¡volver a vernos! el próximo 13 de diciembre en el Centro de interpretación de la literatura «Pedro Pérez Clotet» en Villaluenga del Rosario, en la Sierra de Cádiz, en el marco de una nueva Aula Rural organizada por la Red Española de Desarrollo Sostenible.

En esta ocasión tendremos la oportunidad de dialogar y reflexionar sobre la Vida cultural y patrimonial de los municipios de menos de 5.000 habitantes y en mi caso, del papel fundamental que juegan las mujeres en la construcción de un mundo rural vivo y en la defensa de futuros igualitarios y abiertos.

Te dejo por aquí el programa por si tienes interés en participar.

En este enlace puedes inscribirte para participar online y en este otro enlace para participar presencialmente.

 

PROGRAMA

09:45 Acto de Apertura

10:00 Diálogo:

Políticas culturales y mundo rural, ¿oxímoron?

Jorge Fernandez León y Antonio Javier González Rueda.

10:45  Mirada:

El rol de la mujer en la vida cultural de los municipios rurales.

Estefanía Rodero Sanz, socióloga de la cultura, especialista en género y políticas de igualdad.

11:15 Desayuno serrano

11:45 Contrapunto:

Memoria y creación desde el campo.

María Sánchez. Poeta, ensayista y veterinaria.

12:30 Taller:

Memoria y cultura ganadera.

Olga González Casquet. Directora Ejecutiva de la Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya.

13:45 Almuerzo

De huerta, quesos y vinos: la memoria eno-gastronómica.

Pepe Verdugo. Universidad Popular Paulo Freire de Benalauría (Málaga).

15:30  Proyección:

Documental EL PUEBLO (1983) y ruta guiada por los lugares del rodaje.

Antonio Javier González Rueda (Universidad de Cádiz)

17:00 Café Tertulia:

Cultura y ruralidades.

Benito Burgos Barrantes. Subdirector General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Ministerio de Cultura y Deporte.

Teresa Muela. Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

18:00 Experiencias cruzadas: Pueblos culturales.

El proyecto patrimonial de la Fundación Grazalema 2030. Miriam Carrión.

Literatura y atractivo turístico. Casa Museo Poeta Pedro Pérez Clotet. Alfonso Carlos Moscoso González (Alcalde de Villaluenga)

19:00 Presentación de publicación:

Objetivos de desarrollo sostenible y sus metas desde la perspectiva cultura. Una lectura transversal [Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)]

Alfons Martinell Sempere. Codirector de la publicación

19:30  Clausura y conclusiones

 

 

 

Derechos culturales y construcción de paz: ensanchando el horizonte (VI Congreso Internacional de Construcción de Paz con perspectiva de género)

 

Con un abrazo a las compañeras de WILPF España y al área de Género de la IBERO

 

(Si quieres, puedes ver ya la grabación del panel en el canal de Youtube de GéneroIBERO )

En el marco ¡del siempre deseado! VI Congreso Internacional de Construcción de Paz con perspectiva de género organizado por el Programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y que celebrará sus ponencias en la semana del 7 al 11 de noviembre (puedes inscribirte en este enlace) y sus talleres presenciales del 14 al 18 de noviembre (puedes inscribirte en este otro enlace), ha sido ¡un placer! ejercer como curadora para el panel DERECHOS CULTURALES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ: ENSANCHANDO EL HORIZONTE, que se celebrará el jueves 10 de noviembre de 9:00-11:00 horas CDMX// 16:00-18:00 Madrid.

 

Puedes consultar todo el programa del Congreso aquí.

 

Muchas gracias por abrir los brazos de este espacio a la reflexión sobre la importancia de los derechos culturales como parte fundamental del sistema de derechos humanos y al diálogo sobre la centralidad que han de tener las políticas culturales para el desarrollo de nuevos marcos de seguridad ¡humana y feminista!

 

Animándote a escuchar y a participar en todas las ponencias y debates del Congreso, por si te interesa ¡oh persona lectora querida! la intersección entre políticas culturales y construcción de paz, una invitación al panel.

 

 

 

¿De qué hablaremos?

  • ¿Qué papel juegan los derechos culturales para construir e imaginar nuevos modelos de seguridad que pongan la vida en el centro?
  • Los marcos legales y políticos a favor del reconocimiento y la protección de los derechos culturales, ¿qué papel desempeñan en la prevención del extremismo y la violencia, en la profundización democrática, en el logro de sociedades más cohesionadas y justas?
  • ¿Incorporan la perspectiva de género nuestras políticas culturales y son conscientes de su potencial para la construcción de paz?

 

DERECHOS CULTURALES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ: ENSANCHANDO EL HORIZONTE

10 de NOVIEMBRE, 9:00-11:00 CDMX//16:00-18:00 MADRID

Inscripciones aquí

Organiza y modera: Estefanía Rodero.

  • El programa piloto Territorios de Paz del Gobierno de México, Rafael Paredes Salas, presidente de Traza Social, A.C

 

  • Proyecto Culture and Human Rights. Un puente Túnez-España para contrarrestar el extremismo violento y la xenofobia a través del derecho a participar en la vida cultural, Beatriz Barreiro, Especialista en Derechos culturales y Diversidad cultural

 

  • Proyecto LEEN. Lecturas en el encierro. Experiencias de lectura en prisiones de Iberoamérica, Laura Fraile Vicente, periodista y educadora social, integrante del Proyecto LEEN, parte del equipo de coordinación del Máster La biblioteca como agente de transformación educativa.

 

  • Presentación del documento de PEN América Latina y el Caribe «Mujeres en poder de la palabra» para la protección de los derechos culturales de las mujeres en el campo literario, editorial y periodístico, Alicia Quiñones, escritora, editora y periodista mexicana. Coordinadora para las Américas de PEN Internacional.

 

Gracias de corazón a las ponentes por su generosidad y el afecto con el que recibieron la propuesta, será un placer escucharos.

¡Nos vemos entonces si quieres el 10 de noviembre, compartiendo la paz o lo que es lo mismo, como decía la Zambrano, el pan y la palabra!

 

Manifiesto IFLA/UNESCO 2022 sobre las Bibliotecas Públicas

 

Desde este espacio de amor incondicional bibliotecario y el reconocimiento ¡a su labor permanente de incidencia! celebramos y viralizamos el nuevo Manifiesto IFLA/UNESCO 2022 sobre las Bibliotecas Públicas, una actualización necesaria y con visión de futuro.

 

Puedes descargarlo desde la página de IFLA.

 

En mi lectura lo más importante se planteó así:

Subrayando la capacidad de las bibliotecas para defender y promover los valores democráticos, alentar el desarrollo de una ciudadanía bien informada y capaz de tomar sus decisiones de forma crítica y autónoma, así como su misión de defender el acceso al conocimiento sin barreras comerciales, tecnológicas o legales, sensibles a la democracia epistémica…

Erigiéndose como una fuerza vital para defender el derecho a la educación, los derechos culturales y la participación en la vida cultural, la inclusión social y el derecho a la información…

Manifestando que las colecciones y servicios bibliotecarios no deben estar sujetos a ninguna forma de censura ideológica, política o religiosa, ni estar sometidas en modo alguno a presiones comerciales…

El Nuevo Manifiesto IFLA/UNESCO 2022 sobre las Bibliotecas Públicas INSTA a los gobiernos nacionales y locales a apoyar y comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas.

Aplausos, que tanto en España como en toda América Latina sirva como documento prioritario para la incidencia, ¡SEA!

 

 

#LaEducaciónContinúa y el derecho a la educación como derecho cultural

 

Bajo el lema #LaEducaciónContinúa la UNESCO ha impulsado una campaña mundial para tratar de poner el foco de atención sobre la situación a la que se enfrentan las niñas de todo el globo tras la pandemia. Más de 11 millones de niñas podrían no volver a la escuela después de esta crisis, lo que supone no sólo un retroceso en el derecho de acceso a la educación sino el inminente riesgo del aumento de los matrimonios infantiles, los embarazos precoces y de alto riesgo, la violencia en sus múltiples facetas y la pobreza, siempre la pobreza.

Para no dejarme acobardar por las dimensiones de este retroceso, teniendo en cuenta los 130 millones de niñas que en nuestro planeta aún no tenían acceso a la educación antes de la pandemia y resonando aún con la facilidad con la que en los últimos días se ha mercadeado con los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la esfera internacional ante la situación afgana, volvía a la reflexión que Kambou Boly Barry compartía en los últimos meses sobre el derecho a la educación como derecho cultural, conjurando el riesgo del desaliento o la apatía.

 

La relatora está haciendo un llamamiento internacional para que el derecho a la educación se considere un derecho cultural en sí mismo y se produzca un cambio de perspectiva, el impulso de un nuevo paradigma educativo, es decir :

 

“el derecho a la educación entendido como el derecho de toda persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su propio proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo, así como para participar en prácticas que le permitan apropiarse de estos recursos y contribuir a ellos.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

La plena efectividad del derecho universal a una educación inclusiva y de calidad no puede existir sin tener en cuenta los elementos que favorecen el respeto de la diversidad y los derechos culturales en la educación, señalando entre ellos:

  • La valoración de los recursos culturales presentes.
  • La descentralización en favor de actores locales y la dotación de cierta autonomía a las escuelas para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje.
  • Los métodos de observación participativa y sistémica.
  • El respeto de las libertades en el ámbito de la educación.

Así, la vida educativa pasaría a considerarse como una relación viva entre los actores y el conjunto de conocimientos que forman los recursos culturales comunes.

Se subraya la importancia que tiene la injusticia epistémica sobre la protección del derecho a una educación inclusiva y de calidad, señalando cómo la pérdida y desvalorización de los conocimientos presentes que atesoran objetos, instituciones o personas perpetúa situaciones de exclusión y desigualdad. Por lo tanto convendría no olvidar:

“la valoración de la diversidad de conocimientos presentes y la valoración de la diversidad de personas se refuerzan mutuamente”.

 

“las vulneraciones de los derechos lingüísticos o de los derechos a la memoria, o una visión sesgada que invisibiliza a ciertas comunidades y sus contribuciones, son graves y tienen efectos nefastos a través de las generaciones, especialmente cuando se enseñan diferentes narrativas a diferentes comunidades.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

Dentro de este cambio de perspectiva, se alerta sobre la tendencia a limitar el derecho a la educación como un derecho cultural en sí mismo a las comunidades lingüísticas, religiosas o étnicas. No obstante, para abordar la diversidad cultural, afirma Koumbou Boly Barry, hay que tener en cuenta todas las diversidades, ya sean históricas, patrimoniales, sociales o relacionadas con el género o con la discapacidad, pero también las resultantes de trayectorias vitales particulares (por ejemplo, la migración, el desplazamiento o el asilo), o de situaciones de pobreza, pobreza extrema, violencia o violencia extrema. Además, las personas tienen múltiples comunidades de pertenencia o referencia e identidades multifacéticas.

 

Entre los elementos más interesantes de la consulta internacional de la que emerge esta reflexión, se encuentra la necesidad de revalorización de la transmisión intergeneracional, alertando sobre la gravedad de sus rupturas no sólo dentro de los círculos familiares, sino también dentro de las propias comunidades o como señalan para alertar de su importancia “para toda la Humanidad”. Ante el éxito rampante de los imaginarios de la eterna juventud, la invisibilización de los procesos transgeneracionales que dan lugar a logros y resultados, la negación del reconocimiento e invisibilización de las fuentes de aprendizaje y formación, ¿cómo contribuir tanto desde el ámbito educativo como desde la definición de las políticas culturales a poner en valor de un modo vivo y no esclerotizado el papel de la transmisión intergeneracional?

 

Y de nuevo, también en la defensa del derecho a la educación como derecho cultural, el poder de la agencia:

“una persona se apropia de un recurso cultural no solo cuando lo descubre y desarrolla su práctica utlizándolo, sino también cuando contribuye a él.”

 

O en resumen: acceder, practicar, contribuir. Mucho más ante los procesos de mercantilización de la educación que, “lejos de permitir el respeto de la diversidad cultural, suelen conducir a una uniformización empobrecedora.”

 

Comparto por aquí (cada cual conjura el riesgo de impotencia a su manera) este diálogo internacional, sintiendo que sería interesante seguir profundizando en este cambio de perspectiva y explorar de qué manera podría contribuir a reforzar el derecho a la educación de las niñas en todo el planeta, una de nuestras emergencias.

Nueva Constitución, derechos culturales, el libro y la lectura

Derechos culturales

 

 

 

“Un país que fortalece sus expresiones culturales en todas sus diversidades

puede generar las instancias de participación de ciudadanos como actores,

creadores y no simples espectadores, más todavía en tiempos de globalización.

En el momento constituyente que vivimos, es hora de que la cultura y el

libro estén presentes con toda la fuerza y relevancia que tienen en el devenir

del país. Por un país diverso, justo, fraterno y creativo, la participación activa

de todas y todos, en los tiempos que vivimos, es absolutamente necesaria

para construir una democracia efectiva”.

Manifiesto del Observatorio del Libro y la Lectura, Chile

 

Como soñar es gratis y seguir construyendo horizontes de posibilidad es más urgente que nunca me preguntaba estos días qué pasaría si la Elaboración del Nuevo Plan de Fomento de la Lectura en España para el periodo 2021-2024 se articulase de un modo abierto, participativo, reflexivo, recogiendo voces y aportaciones diversas por toda España y no nos encontrase con la mirada, los afectos y las ganas tan deslavazadas. Al fin y al cabo estaríamos promoviendo nuestro legítimo derecho a participar en la vida cultural.

Como cuando una puerta en un espacio permanece cerrada, alguna ventana se está abriendo en alguna parte, apoyaba mi sueño-a-lo-Moliner en la efervescencia que alrededor del proceso constituyente está viviendo el mundo del libro y la lectura en Chile y que está aportándonos a nivel internacional interesantes documentos de reflexión sectorial y modelos de articulación muy efectivos que podrían mostrarnos caminos de desarrollo futuro en España (por ejemplo, las iniciativas de incidencia política impulsadas desde la Red Feminista del Libro chilena, tan interesantes).

Pero como me emocionó especialmente la publicación del Manifiesto del Observatorio del Libro y la Lectura de Chile, que buscó la complicidad de diversas candidaturas constituyentes y la publicación de la reflexión “Nueva constitución, derechos culturales, el libro y la lectura” en la que se incorpora, junto a la defensa de la bibliodiversidad, un diálogo muy interesante sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes chilenos (que podría darnos en los próximos años inspiración para impulsar una senda de diversidad cultural a transitar en España -si no nos conformamos con semejante tristura colectiva-), he querido dejar por aquí algunos apuntes.

 

No permitiendo que se pierda en el aire lo conseguido por el gran constitucionalismo cultural y las políticas culturales transformadoras latinoamericanas (Bolivia, Ecuador, el Brasil de Celio Turino y Juca Ferreira…no hace tanto, no hace tanto), desde el sector del libro y la lectura chileno se está articulando una interesantísima acción de incidencia que, desde enfoques de políticas culturales basadas en derechos humanos, están haciendo bandera de la transversalidad de la protección que han de tener los derechos culturales en la Constitución chilena.

 

 

Así desde tres grandes ejes, 1) la especial atención a aspectos tradicionalmente invisibilizados por las políticas culturales del país, especialmente en materia de protección de la diversidad cultural, 2) la descentralización cultural, 3) la dinamización de las identidades culturales en el marco de los derechos humanos, se ha logrado aglutinar a todo el sector para la elaboración de un Manifiesto que pusiese en la agenda pública el papel que juegan las políticas del libro y la lectura en los procesos de profundización democrática.

 

“La ciudadanía con elevada comprensión lectora, con capacidad crítica, abre la posibilidad de una democracia activa.”

 

“Donde cada una/o sea tratado como una persona potencialmente creadora, un y una pensadora, un y una ciudadana activa.”

 

Se pone en el centro del debate también el hecho de tomar medidas, desde una lógica de protección de los derechos culturales, frente a las lógicas neoliberales del mercado internacional del libro que sofocan la diversidad de las expresiones culturales e intervienen también, entre otros ejes, en el derecho a la educación en lengua materna.

 

“Apelamos también, desde ya, a fortalecer las políticas públicas de la cultura, del libro y la lectura. Nuestro desarrollo cultural no puede quedar al arbitrio de las lógicas de mercado, que concentran y marginan.”

 

 

Pero quizá, siempre desde mi lectura, el artículo publicado por el editor Paulo Slachevsky, sea el que muestre con mayor rotundidad el potencial que unas políticas del libro y la lectura basadas en un enfoque de derechos tengan para la profundización democrática. Así, avanzando más allá del derecho al acceso cultural e incluso más allá de la defensa de democratización de la producción cultural, desde el mundo del libro y la lectura chilenos nos están llegando invitaciones a “deshacerse en la Constitución de la cultura patriarcal” o generar alternativas al dominio de la lógica extractivista.

 

Pero la reflexión de María Eugenia Domínguez y Tomás Peters sobre la potencialidad de los tiempos deliberativos fue la que suscitó el deseo de un proceso de verdad participativo alrededor del Nuevo Plan de Fomento de la Lectura en España:

“Ya no estamos para describir los capitales culturales y las lógicas de distinción e inequidad, sino para desplegar una exigencia ciudadana e investigativa por disponer de insumos simbólicos -libros, teatro, danza, visualidades, cine, música- para restituir los mundos de la vida de los ciudadanos.”

 

Queda patente de nuevo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma internacional en todas las políticas culturales en base a derechos, también en las políticas del libro y la lectura (valga como referencia, por ejemplo, uno de los últimos documentos elaborados por IFLA, A Place for Libraries in Upholding Cultural Rights through the protection of cultural heritage). Que las políticas culturales en España se armonicen con la esfera internacional, resistencias e intereses mediante, será sólo cuestión de tiempo. A ver si logramos que el Nuevo Plan de Fomento de la Lectura se contagie un poco de sus primos chilenos.

Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas

(Todas las imágenes hacen referencia a intervenciones de la artista chilena Lotty Rosenfeld, fallecida esta semana. Tengan quienes con su valor nos hacen valientes descanso en paz.)

 

Hace unas semanas se hacía público el informe elaborado por Alfons Martinell y Beatriz Barreiro para la Fundación Alternativas, “Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas”. Si bien la reflexión ya se había iniciado también en su artículo conjunto “Potencialidades de los compromisos internacionales para unas políticas adecuadas: España y los derechos culturales” (sobre el que dialogamos y reflexionamos aquí bajo el título El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos) se apuntan en este nuevo trabajo algunos temas muy relevantes para el necesario cambio de paradigma de la política cultural en España, mucho más tras el azote de la crisis del COVID.

Partiendo del diagnóstico común del actual ecosistema cultural español sobre el agotamiento de los modelos actuales de políticas culturales públicas, tradicionalmente ancladas en el paradigma nacido tras la Segunda Guerra Mundial,  que demandan una transformación profunda que permita, al menos, la sintonía con los marcos internacionales de política cultural y el enriquecedor engarce de estos con la práctica local, surge también la aspiración común para situar los contenidos de las políticas culturales en una agenda más integral de país, región o ciudad.

Transversalidad, amplitud de perspectivas, nuevos marcos, se repiten a lo largo del informe señalando lo que esta crisis, quizá, ha dejado aún más al descubierto: la realidad del ecosistema cultural español no coincide con los contenidos clásicos de las políticas culturales públicas que dejan en la sombra espacios y prácticas “bastardas, mixtas, híbridas, mestizas” fuera de todo canon.

Dejando atrás la definición por sectores culturales se naturaliza la noción de sistema cultural (o ecosistema cultural) entendido como “el conjunto de circunstancias que inciden directa o indirectamente en la vida cultural de una sociedad”, ampliando así nuestro marco de actuación mucho más allá del marco de la democratización cultural heredado del siglo XX.

 

La pregunta central que se nos plantea es:

¿cómo vamos a incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas culturales en España?, ¿cuál será el conjunto de principios o conceptos estratégicos para que este cambio de paradigma tenga lugar?

 

Junto a un repaso pormenorizado de los textos legales que en la esfera internacional han ido avanzando en el reconocimiento de la importancia de los derechos culturales como elemento inalienable de los derechos humanos, así como un análisis del debate superado entre universalismo y relativismo cultural que supuso un lastre para el desarrollo de los derechos culturales especialmente en la última década del siglo XX, se plasman algunos conceptos interesantes para avanzar en el cambio de modelo:

  • Servicios culturales mínimos.

“Aquellas prestaciones que el Estado y la Administración Pública garantiza a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades culturales y nutrir la oferta en la vida cultural de la ciudadanía”

Por ejemplo:

¿Qué entenderíamos por servicios culturales mínimos en cada territorio?, ¿cuál sería su contenido?, ¿cómo garantizaríamos su cumplimiento y financiación?, ¿cómo protegeríamos la autonomía creadora?, ¿tendría que realizarse una adaptación competencial en materia cultural hacia el ámbito municipal para afianzar estos servicios?, ¿cómo podríamos asegurar su independencia respecto a las grandes plataformas mediáticas?, ¿cómo podrían identificarse estos servicios culturales mínimos de forma participativa?, ¿qué condiciones laborales tendrían que garantizarse para su cumplimiento?

 

 

  • Derecho a participar en la vida cultural:

Conscientes de la potencialidad que alberga para las políticas culturales el Protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 2015, ratificado por España, se profundiza en las líneas de desarrollo que nacen a raíz de la pregunta ¿en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Si desde las políticas culturales en España hablásemos en términos de vida cultural en lugar de “cultura”, entendiendo ésta como “representación de la expresión de un grupo social, comunidad o sociedad que transcurre entre la tradición y la memoria colectiva con la actualidad y contemporaneidad de un momento determinado y en un contexto dado” ¿qué cambiaría en nuestra mirada?, ¿qué importancia y responsabilidad conjunta surgiría respecto al tipo de imaginarios que impulsamos (por ejemplo, el impacto de los imaginarios militarizados que hemos vivido durante la pandemia)?, ¿qué nuevas interlocuciones habría que tener en cuenta desde los espacios de toma de decisiones?, ¿qué diálogo con otras políticas –urbanísticas, de movilidad…- habría de articularse para fortalecer la vida cultural?

 

  • Derechos culturales para las personas:

¿Por qué los derechos culturales son tan poco conocidos o reclamados? En este cambio de enfoque, esta visión de derechos se hace central para romper con la inercia que considera la política cultural como una política graciable y discrecional que siempre pasa a un segundo plano cuando hay “cosas más urgentes que atender”. Martinell y Barreiro nos recuerdan que desde la perspectiva de derechos humanos las “culturas” no tienen derechos, sino que son las personas las que tienen el derecho a la vida cultural que libremente escojan. También, desde el enfoque de derechos humanos se hace central la mirada garantista hacia los grupos más vulnerables. ¿Qué políticas culturales se articularían en nuestro país si en el foco de atención, desde los objetos hacia las personas, apareciesen de pronto la infancia, las personas mayores, con diversidad funcional, minorías, migrantes, ámbito rural, personas que viven en la pobreza? ¿Qué periferias se harían centro y cómo se resignificarían prácticas y espacios?

 

  • Seguridad cultural:

Como se define en el informe “la seguridad cultural, como principio en las políticas culturales, implica que el Estado de derecho garantiza el ejercicio de la libertad cultural de los individuos o colectivos, pero también incluye la protección de la creación y de las prácticas culturales en el respeto a los derechos fundamentales”. Si como ecosistema cultural exigiésemos la garantía de la seguridad cultural en España, ¿qué medidas frente a la censura, protección de la diversidad de las expresiones culturales, protección ante el abuso de poder y corporativo, protección de la expresión cultural de colectivos y comunidades vulnerabilizados formarían parte de los ejes troncales de la política cultural pública en nuestro país?

 

 

Junto al cambio de mirada ya presente en estos conceptos, el apartado de conclusiones del informe se convierte en una guía muy práctica de actuación con propuestas muy concretas, especialmente su llamada a movimientos sociales y sociedad civil, no sólo para crear un estado de opinión diferente, sino para elaborar las reivindicaciones culturales en base a derechos, por ejemplo con la elaboración y participación en los informes sombra respecto a las obligaciones contraídas por España en materia de protección de derechos culturales, que podrían ser elevados a organismos internacionales para la defensa de los creadores en España o a través de un mecanismo ad hoc en el Defensor del Pueblo; la búsqueda del compromiso de los organismos territoriales en la formación técnica desde este nuevo paradigma que aborda la articulación local-internacional; el avance hacia una nueva distribución de las competencias culturales en los distintos niveles (reflexionamos sobre este punto también aquí); la contextualización de las respuestas, evitando cualquier tentación de centralismo y sobretodo la incorporación de la perspectiva de futuro en el diseño de las nuevas políticas culturales en base a la sostenibilidad, el impacto sobre el cambio climático y el respeto a los derechos de las futuras generaciones.

Permaneciendo en los retos que este cambio de paradigma en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos abre para todas nosotras, me quedo con una pregunta de futuro recogida en el texto para seguir pensando, especialmente tras la resaca colectiva de esta pandemia: ¿qué sería realmente el Interés General y el Bien Común para TODO el sector cultural en España?

Poner el cuerpo: defensores y defensoras de derechos culturales

(Video del pueblo chileno cantando «El derecho de vivir en paz» de Victor Jara)

 

Siguiendo la recomendación del Secretario General de Naciones Unidas  de poner en valor como instrumento clave para el momento internacional que vivimos la Declaración de los defensores de derechos humanos, buscando poner el foco sobre quienes hacen efectivos dichos derechos y ponen el cuerpo frente a interpretaciones abstractas que niegan la realidad de persecución que dichas defensoras están sufriendo en todo el globo, la relatora de derechos culturales ha hecho público el informe “Defensores de los derechos culturales”.

Partiendo de la interdependencia de los derechos humanos, se busca llamar la atención sobre la presión y en muchos casos menor grado de protección que sufren las defensoras y defensores de los derechos culturales en concordancia con los estándares internacionales, especialmente quienes están defendiendo su derecho a tomar parte en la vida cultural, uno de cuyos elementos clave es el acceso al patrimonio cultural y el derecho a la libertad de expresión artística.

Teniendo en cuenta que las defensoras de derechos culturales muchas veces no están siendo reconocidas como defensoras de derechos humanos, el informe articula una definición de quiénes serían estos defensores de derechos culturales.

Llamando la atención sobre el hecho de que los defensores de derechos culturales “se definen por lo que hacen”, pueden ser instituciones, expertos, activistas, gente ordinaria que está poniendo el cuerpo en la defensa de la diversidad cultural y sus expresiones. Se alerta especialmente sobre el riesgo, en esta definición de defensoras de derechos culturales de caer en visiones elitistas a la hora de definir el trabajo cultural y la contribución específica que se realiza en defensa de estos derechos, incidiendo sobre los sesgos que existen para obtener las “credenciales de experto” (ay, la economía de la credibilidad), especialmente para las mujeres excluidas de oportunidades educativas. Al fin y al cabo, esa mujer mayor, campesina o indígena, hablante de una lengua en peligro de extinción comprometida en la supervivencia del mundo que habita en su lenguaje, es una defensora incuestionable de los derechos humanos así como patrimonio de la humanidad que nos une.

En esta dirección, por tanto, defensores de derechos culturales serían aquellos que promueven el entendimiento, protección y desarrollo de los derechos culturales; protegen a individuos o grupos que los promueven (por ejemplo desde la incidencia política, la educación, la investigación…); quienes trabajan para asegurar los derechos de acceso, participación, contribución y disfrute de la vida cultural o quienes protegen los lugares donde ésta se ejerce, especialmente lugares patrimoniales y el espacio público.

Es importante tener en cuenta también que son defensoras de los derechos culturales aquellas personas que usan el arte y la cultura para defender los derechos humanos, quienes trabajan por el fin de la impunidad y reparación de las violaciones de derechos culturales, pero especialmente quienes fortalecen políticas públicas que impulsan la cultura desde un enfoque de derechos humanos o participan en procesos de cambio cultural en sintonía con éstos.

 

 

Pero quizá, lo más importante del informe, dada la emergencia internacional, es la demanda de articulación de mecanismos de protección similares al resto de los defensores de derechos humanos. Se vuelve a hacer hincapié sobre la necesidad de protección de quienes están defendiendo los derechos culturales de las mujeres frente al extremismo y el fundamentalismo religioso, haciendo ver que la igualdad de género es clave para el logro del resto de los derechos humanos. Se enfatiza por tanto en la urgencia de medidas de protección para las personas y organizaciones que desde posiciones feministas en la esfera internacional están contribuyendo al logro de una vida cultural en igualdad.

Me parece más que interesante que se haya utilizado el ejemplo de las campañas de justicia menstrual en Nepal y los procesos de cambio en prácticas dañinas para clarificar el enfoque. La utilización del arte y la cultura, especialmente el teatro,  para construir nuevos marcos de vivencia y conocimiento social  de la menstruación y el ejemplo de la Global South Coalition for Dignified Menstruation me parecen muy claros, aunque tampoco se dejan de lado las prácticas de plena inclusión que están articulando las mujeres en diferentes tradiciones religiosas, especialmente dentro del budismo theravada o la proliferación de mezquitas lideradas por mujeres.

Se vuelve a señalar, junto al llamamiento a ampliar reflexión e implementación de los derechos culturales de las personas con discapacidad, la necesidad de proteger también a quienes, frente al choque con las historias de colonización, dominación y exclusión y su impunidad, defienden el derecho de todas las culturas a tener derechos. Es un marco clave para los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la tierra.

Por tanto se señalan cuatro ejes en los que los defensores de derechos culturales están sometidos a un mayor riesgo (“la falta de atención magnifica los riesgos”):

  • Protección del patrimonio cultural.
  • Defensoras de los derechos culturales de las mujeres.
  • Defensores de la libertad artística.
  • Prácticas y artistas con compromiso social.

Llamando por tanto al conocimiento colectivo y uso de la Declaración de los defensores de derechos humanos e invitando previamente a la memorialización y honra de quienes murieron defendiendo los derechos culturales que ahora disfrutamos, avanzamos hacia la inclusión de esta mirada especializada hacia la cultura en todos los programas de apoyo a defensores de derechos humanos.

El municipio y los derechos culturales de la ciudadanía

(Este artículo se enmarca en la celebración de la Jornada Cultura y Provincia organizada por la Diputación de Cádiz y su Fundación Provincial de Cultura el 28 de octubre de 2019, un encuentro con concejalías y técnicas de cultura de todo el territorio)

Mi intención con esta intervención, para plasmarlo desde el principio, es reivindicar el protagonismo urgente y necesario que ha de tener la política cultural, especialmente en el nivel más próximo a la ciudadanía, que es el nivel local, en el actual contexto socio-político que estamos viviendo en España, sin olvidar ni por un segundo que nuestros niveles locales cada vez tienen mayor protagonismo en redes de articulación internacional.

Y el eje central de esta reivindicación como actores fundamentales de la política cultural  se va a enmarcar en el hecho de que somos garantes de la protección de uno de los elementos inalienables de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Para mí es importante dejar claro el horizonte antes de empezar.

Partiendo de la hipótesis de que no existe municipio que no cuente ya con una política cultural local, aunque sea implícitamente, quiero lanzar también en este espacio una pregunta complicada que empieza con un ¿para qué? Decía Mandela en El largo camino hacia la libertad que la verdadera dimensión de lo político no empezaba nunca desde un ¿por qué? sino desde un ¿para qué? De modo que del binomio «política cultural» vengo a detenerme un poco más en la «política» lanzando la pregunta ¿para qué hacemos política cultural en nuestros municipios?

Después de un tiempo, que ha sido muy necesario, en el que sectorialmente y desde diversas esferas hemos estado muy centrados en cómo hacer política cultural local: todos los debates sobre la necesaria profesionalización de la gestión cultural local, los riesgos del voluntarismo; todo el diálogo sobre las estructuras de gestión, la aparición de las fundaciones de cultura locales, las estructuras mixtas; todo el debate y el paradigma de la participación en el diseño de las políticas culturales locales: los consejos municipales de cultura, la evaluación participativa de los proyectos, la radialización de las estructuras huyendo de la concentración de nuestras programaciones en el centro de nuestros pueblos y ciudades…después, como digo, de todo este esfuerzo intelectual y vital colectivo, siento y quizá sólo sea una percepción personal, que hemos dejado descuidada o al menos hemos dialogado poco a nivel colectivo sobre el para qué hacemos política cultural pública.

Y remarco aquí lo de pública porque mientras tanto el mercado sí ha dado su respuesta: la cultura sirve para hacer negocio; la cultura maridada a un determinado enfoque turístico, para lo que sirve es para desarrollar económicamente nuestros municipios y territorios.

Y sin restarle ninguna importancia al papel económico que puede desempeñar la cultura y que de hecho desempeña, incluso desde este enfoque hemos analizado poco cómo se reparte dicho impacto económico, a quién beneficia y cómo se distribuye, si quizá existen desigualdades de género en el impacto de dicho beneficio económico y si repercute de modo positivo y con qué grados de calidad sobre las políticas locales, territoriales de empleo (siguiendo la estela del modelo de las Escuelas Taller de Santa María la Real o el trabajo realizado en Albarracín, por ejemplo).

 

 

Sin desmerecer, como digo, la potencialidad de esa mirada, el contexto actual nos empuja con urgencia a romper inercias en nuestra reflexión y en nuestro trabajo: no sólo el crecimiento sostenido de la desigualdad en nuestras sociedades, que no para de crecer y que es una máquina de creación de exclusión social; la normalización de un horizonte de vida precarizado, laboralmente, vitalmente, que ha tenido un impacto sobre nuestra percepción cotidiana de la seguridad vital, personal, generando vivencias de profundo desarraigo, de crisis de pertenencia de las que ya estamos viendo monstruos (la búsqueda de chivos expiatorios: islamofobia, presión sobre migrantes y refugiados, repunte del antisemitismo europeo, presión sobre las minorías de todo signo…); la reaparición del odio como atmósfera emocional en un contexto además en el que las migraciones globales han creado una realidad infinitamente más diversa.

Ante este contexto es cierto que los marcos legales culturales internacionales sí han reaccionado antes que el marco español y están marcando la pauta (las Declaraciones de la diversidad de la UNESCO, las relatorías de derechos culturales, etc) introduciendo ya un cambio de discurso y agenda en la política cultural que es necesario que empiece a concretarse ya en nuestros municipios, teniendo en cuenta que España ha ratificado todos estos acuerdos y que por tanto no hay excusa alguna para no actuar.

Teniendo en cuenta todo lo que ya se ha avanzado en esta dirección (especialmente, por ejemplo, la Agenda 21 de la Cultura y todo el trabajo de la UCLG), ¿de qué estaríamos hablando realmente?

De generar políticas culturales locales desde un enfoque de derechos humanos, abriéndonos a una definición y visión de la cultura de corte más antropológico, desplazando un poco el foco de atención desde los objetos culturales y su protección hacia las personas, es decir, hacia la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía a participar en la vida cultural y a exigirnos marcos de promoción y defensa de los derechos culturales (que siguen avanzando hacia su justiciabilidad) en el lugar privilegiado donde se ejercen: tu pueblo y tu ciudad.

Colocándonos en esta nueva posición, abriendo nuestra gestión cultural pública a esta mirada, de pronto se hacen patentes e iluminan otros aspectos que, simplemente, estábamos dando por hecho:

  • que ningún municipio es neutro en su política cultural local, dado que aunque no esté haciendo nada explícitamente, ya hay una política cultural implícita y un posicionamiento que hay que hacer emerger.
  • que todas las políticas locales tienen una dimensión cultural y que es necesario transversalizar nuestra sensibilidad hacia los derechos culturales en toda nuestra acción pública (desde el diseño universal en todos nuestros equipamientos públicos, el respeto a la diversidad cultural y religiosa en nuestros cementerios, los límites a la especulación inmobiliaria y sus efectos sobre bienes de interés cultural, etcétera)

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales?

Se dice que los derechos culturales refuerzan las nociones de dignidad y pertenencia dentro del universo de los derechos humanos.

Según la Declaración de Friburgo los derechos culturales serían:

– el derecho a la identidad y al patrimonio cultural, teniendo en cuenta la dimensión ampliada hacia el patrimonio natural.

– el derecho a que se respete nuestra identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión, el derecho a conocer nuestra propia cultura y respetar las demás.

– el derecho a elegir identificarse o no con una o varias comunidades culturales y de modificar esta elección (ampliando hacia el derecho a la disidencia cultural, a la protección frente a la fijación y cosificación de nuestras culturas)

– el derecho a nos ser obligados a identificarnos o a ser asimilados a una comunidad cultural contra nuestra voluntad.

– el derecho a acceder y a participar en la vida cultural: expresarnos en nuestra lengua materna, ejercer prácticas culturales y que sean valoradas, acceder a la producción y difusión de bienes y servicios.

– el derecho a ser libres para desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios, protegiendo nuestros intereses morales y materiales. Ni qué decir tiene la importancia de este punto en entornos de epistemicidio como lo es la ruralidad española o en entornos de expolio cultural y enorme incidencia del mercado negro de arte, tan profundo en Andalucía vinculado al robo arqueológico.

– junto al derecho a la educación y la formación a lo largo de la vida, el derecho a una educación que contribuya al libre y pleno desarrollo de nuestra identidad cultural, el derecho a ser educados en nuestra lengua materna.

-junto al derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a la libertad de expresión artística, nuestro derecho a la información libre y pluralista, nuestro derecho a acceder a la difusión de información y no sólo a ser receptores pasivos de la misma (fundamental para los procesos de luz de gas que vive, por ejemplo, la España vaciada)

– el derecho a la cooperación cultural, nuestro derecho a ejercer la diplomacia cultural local, a establecer redes de fraternidad así como nuestro derecho a contribuir al desarrollo cultural de nuestras comunidades y a ser tenidos en cuenta respecto a las decisiones que nos conciernen.

Teniendo en cuenta este marco, este paraguas de actuación, vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿para qué hacemos política cultural local? Para contribuir a garantizar la protección de los derechos culturales de nuestras vecinas y vecinos (su felicidad, el bien común, la cohesión social, que nadie se quede atrás).

Por tanto, nos asaltan otro tipo de preguntas que se concentran en un estadio previo al de la pura gestión cultural:

  • nuestra política cultural local, ¿qué clima emocional está propiciando?, ¿está polarizando?, ¿creando, sin querer, algún chivo expiatorio?, ¿generando un clima propicio al encuentro o reforzando el individualismo?, ¿qué atmósfera afectiva genera mi acción cultural local?
  • nuestra política cultural local, ¿qué impacto tiene sobre el espacio público?, ¿lo privatiza, lo amplía, lo parquetematiza o falsifica?
  • nuestra política cultural local, desde la clave de los grupos de poder, ¿a quién está dejando fuera, a quién no ve? Haciendo una etnografía de la invisibilidad como ha bautizado el antropólogo Honorio Velasco, ¿hay colectivos totalmente excluidos de nuestra política cultural local?, ¿manifestaciones culturales, etc? ¿Qué barreras simbólicas, comunicacionales detectamos en nuestra política cultural local, no desde la creación de públicos, sino desde un enfoque de derechos humanos?
  • nuestra política cultural local, ¿cómo está protegiendo el derecho a la creación cultural, el sentido de agencia?, ¿está creando horizontes de pasividad?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del mérito y del reconocimiento está impulsando?, ¿qué merece loa y boato, qué queda excluido de este mérito?, ¿qué decide musealizar y qué no?, callejeros, edificios municipales, premios y museos locales, hijos e hijas predilectos…¿qué está mereciendo mirada?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del duelo promueve?, ¿por quién llora el pueblo?, ¿qué vidas merecen luto y cuáles no? Minutos de silencio, crespones, banderas a media asta…¿por quién doblan las campanas en tu pueblo?
  • nuestra política cultural local ¿está respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la cultura?, ¿qué medidas de protección o fomento está desplegando? ¿paga a tiempo, se nos escapa la gratuidad por amor al arte, remuneramos bien? En nuestras políticas locales de empleo y emprendimiento, ¿valoramos la cultura, promovemos y visualizamos otros modelos empresariales, por ejemplo, vinculados a la economía social de la cultura como promueve la Carta cultural iberoamericana?

De lo que se trata, por tanto, es de proteger colectivamente el derecho a definir, a debatir, a la crear la vida cultural en la que nos desenvolvemos, el sentido y el significado profundo de lo que supone el «nosotros», para lo que es fundamental hacer emerger todos estos sobreentendidos, todos estos elementos que se dan por hecho, que son de «sentido común» y que crean la cultura de un pueblo.

Si María Zambrano decía que para construir paz era necesario compartir el pan y la esperanza, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestro radio concreto de acción en la política cultural municipal para que este compartir fuese cierto y contribuir a garantizar desde la cultura el respeto a los derechos humanos?

Cultura y turismo selfie (El Correo Vasco, 8 de agosto de 2019)

Catedrales

El pasado 20 de mayo finalizaba el plazo para realizar contribuciones al próximo informe de la relatora de derechos culturales de Naciones Unidas que versará sobre Derechos culturales y espacios públicos. Tratando de poner diques de contención a uno de los mayores riesgos para garantizar el derecho a participar en la vida cultural como es la progresiva privatización de los espacios públicos para la cultura, el llamamiento a la creación colectiva de este informe incidía sobre aspectos importantes:

  • Cómo estamos definiendo el espacio público
  • Qué contenido y alcance podría tener un posible “derecho a los espacios públicos”
  • Cuál es el impacto sobre el disfrute de los derechos culturales de las tendencias relacionadas con la privatización de diferentes tipos de espacios públicos

Me quedaba dándole vueltas a este último punto alrededor de uno de los debates, para mí aún pendientes en toda su complejidad, respecto a la creciente privatización del acceso a las catedrales en España.

Ha sido el escritor Julio Llamazares, al finalizar su obra “Las rosas de piedra” en la que recoge su viaje alrededor de las 75 catedrales españolas, quien ha llevado de un modo más claro a los titulares de prensa en nuestro país la urgencia de tomar medidas ante la imparable privatización de nuestros espacios patrimoniales, bautizando, por ejemplo, a un selecto grupo de catedrales en España en una reciente entrevista en El País con la periodista Rut de las Heras como las “vacas de ordeño”, o poniendo el foco sobre los efectos de la turistificación y las restricciones de acceso, en esta entrevista con la periodista Ana Mendoza para Zenda Libros:

“—A lo largo del libro, criticas con frecuencia a la Iglesia por cobrar las entradas a las catedrales y afirmas que “el viajero está harto de pagar para poder ver lo que al fin y al cabo es suyo también”.

—No me molesta pagar los cuatro o los seis euros que pidan, porque yo puedo hacerlo. Lo que no me gusta es que ni siquiera te permiten presentar un libro sobre catedrales en ellas. Hay un secuestro evidente. El afán recaudatorio puede a veces también molestar. En la Mezquita de Córdoba te cobran once euros por entrar y, si sales al baño o a tomar un bocadillo y vuelves a entrar, te vuelven a cobrar. Hay una voracidad recaudatoria que es un poco ofensiva y que, además, a ellos les ofende que lo digas. Yo lo hago porque tengo conocimiento de causa. Es que he estado en 75 catedrales y sé cómo las manejan.

Lo que realmente me molesta de todo eso es que la voracidad recaudatoria de la Iglesia mata la vida en las catedrales. En el momento en que cierran las puertas y cobran por entrar, acceden sólo los turistas. Es decir, las catedrales se han cerrado a la vida de la ciudad. Los vecinos ya no las consideran suyas porque, cuando te cobran por entrar a un sitio, ya no lo sientes como algo tuyo. Han matado la vida en las catedrales, no sólo religiosa, sino de contemplación, de disfrute. Yo, antes, cada vez que iba a León, visitaba la catedral. Ahora no lo hago, no por no pagar los euros que cueste, sino porque dentro sólo vas a encontrar un cascarón vacío, lleno de gente con audioguías, deambulando como autómatas. La vida que había antes en esos templos, con la gente que iba a rezar, los sacristanes, los que entraban y salían, eso se ha muerto. Y no hay con quién hablar, no hay vida, no hay emoción, no hay nada. Y eso es lo que me molesta. Y por decirlo te llaman anticlerical. Pero lo digo porque me duele, porque amo las catedrales. Evidentemente, yo no dedico dieciséis años de mi vida y 1.200 páginas para criticar a la Iglesia, sino para disfrutar de las catedrales y transmitir esa pasión a la gente.”

 

 

También yo, nacida en ciudad catedralicia, tengo reciente la experiencia de haberme encontrado sin previo aviso ante un acceso restringido a “la Catedral” ante el que fui absuelta del pago por el arbitrario razonamiento de que en mi DNI aparece como lugar de nacimiento el nombre de la ciudad. Más allá de la visión turística, pensé en todos los migrantes, de interior y exterior, residentes por décadas, y en su obligación de pago religioso de tasa para tener acceso al templo.

Esta privatización que se ha extendido de modo silencioso y ubicuo, ante nuestra pasividad generalizada, nos lleva de nuevo a examinar la importancia de avanzar en nuestro país en el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano. Porque, ¿a quién pertenece una catedral? ¿A quien la construyó, a quien la mantiene, a quien la disfruta?

Junto a la superposición histórica, de épocas, que define a toda catedral y a la suma de manos que la hicieron posible, ¿no habría que añadir también todos los relatos, recuerdos, evocaciones, memorias, imaginería? ¿No forman parte también de nuestra estructura afectiva y le otorgan un valor más allá de la arquitectura?

Si leemos esta progresiva privatización desde la óptica de la protección de los derechos culturales, teniendo en cuenta un primer acercamiento emocional-intuitivo al tema, que va exigiendo ya un estudio económico y legal minucioso, surgen algunas dudas importantes:

 

  • ¿Bajo qué criterios se está realizando la implementación de esta privatización en el acceso a las catedrales en España? ¿Quién ha elaborado estos criterios: instancias municipales o instancias eclesiásticas? ¿O han sido estructuras mixtas? ¿Hay una norma común a nivel estatal que unifique criterios? ¿Cómo se está REGULANDO este proceso?

 

  • ¿Competencia concurrencial en el mercado o Patrimonio de la Humanidad? ¿Pliegos de condiciones para la contratación de los servicios de privatización? ¿Cuáles serían los aspectos a puntuar: sólo el precio, proyectos de museo catedralicio adscritos, incorporación de tecnología para amenizar la visita? ¿Qué tecnología es «necesaria» para visitar una catedral? ¿Por qué? ¿Todo lo anterior quién lo está baremando, midiendo? ¿O también se puntuaría la accesibilidad universal, criterios de inclusión social, estructuras adaptadas, valores pedagógicos…? ¿Y el silencio? ¿Puntúa? ¿Cómo se están gestionando dichas concesiones y la medición de sus impactos?

 

  • ¿Son los criterios de exención de pago iguales en todas las catedrales de España o los impone cada empresa concesionaria? ¿Cómo se está fijando «el precio»?

 

 

  • La recaudación del acceso, ¿se reinvierte en labores de restauración y mantenimiento?, ¿o es simplemente lucro? Las catedrales situadas en ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿tienen una regulación extra de este criterio?

 

  • Dado que las labores de restauración patrimonial se financian con fondos públicos contribuyendo a mantener vivo el valor monumental catedralicio y en virtud de criterios de transparencia, ¿dónde puede la ciudadanía de cada localidad tener conocimiento de la recaudación derivada de la privatización del acceso a las catedrales y en su caso del porcentaje que se reinvierta para el mantenimiento del monumento?

 

  • Esta política de privatización de acceso, ¿qué impacto tiene sobre la efectiva protección de los derechos culturales en España?

 

Comparto por aquí este reguero de dudas, esperando un debate común más detallado sobre todo ello. Porque, Señor, los cercamientos nos rodean, Señor, los cercamientos.