Apartheid de género

 

Siguiendo la movilización internacional para poner fin al Apartheid de Género que sufren las mujeres en Irán y Afganistán y cuyo término lleva siendo utilizado en organismos de derechos humanos internacionales, minoritariamente desde 1999 y con mayor fuerza desde hace apenas un año, quería traer a este espacio pequeño de palabra propia este llamamiento, convencida de que tendrá eco en alguna lectora.

Como el papel de la anterior relatora de derechos culturales de Naciones Unidas, mi muy admirada Karima Bennoune, está siendo decisivo tanto en la investigación como en el avance mundial de la campaña, aprovecho para enlazar aquí su investigación «The International Obligation to Counter Gender Apartheid in Afghanistan» y mostrar el mayor de los respetos al enfoque de su trabajo y su defensa pertinaz de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

También la semana pasada, la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a través de una carta abierta desde la prisión de Evin en Irán en la que se encuentra encerrada, enviaba un nuevo llamamiento internacional a las Naciones Unidas para el reconocimiento del Apartheid de Género como crimen de lesa humanidad.

Sumándome, por tanto, a todas las mujeres que, especialmente desde el 2021, están articulando de manera infatigable esta movilización, sobre la que puedes profundizar y a la que puedes sumarte en el enlace, ojalá logremos que encuentre un mayor eco en la agenda pública.

END GENDER APARTHEID TODAY

 

Libertad de expresión y libertad de creencias: Declaración de Beirut

 

“Aquel que salva la vida de una persona es como si salvara la vida de todos.”

El Corán 5:32

 

Hace unos años el Relator especial sobre la libertad de religión o de creencias del Alto Comisionado ACNUDH, ante la creciente recuperación de la legislación contra la blasfemia y la apostasía a nivel internacional y el nuevo auge de leyes de orden público que tergiversaban las problemáticas del odio, se vio en la obligación de emitir un informe específico (A/HRC/40/58) en el que, con datos en la mano, constataba que

 

“Los datos disponibles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas demuestran la relación inextricable que existe entre el grado de protección de la libertad de expresión y la medida en que se respeta y disfruta de la libertad de religión o de creencias.”

 

El reciente ataque al escritor Salman Rushdie, uno de los ejemplos centrales que utilizó el Relator para su argumentación en este informe, lo trajo de nuevo a mi memoria.

 

El modo en el que socialmente, en especial en los medios de comunicación, se presentan estos dos derechos como mutuamente excluyentes, cronificando los marcos de violencia y los argumentarios fanáticos de “legítima defensa frente a la agresión” fue el escenario que se trató de desarticular con el trabajo desde el ACNUDH:

 

“La libertad de expresión es necesaria para el disfrute pleno y efectivo de las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias. La relación entre estos derechos es de refuerzo mutuo, no de tensión o jerarquía.”

 

El hecho de que las leyes contra la blasfemia hayan seguido creciendo en los últimos años a pesar de la constatación de que “sofocan la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencias, así como un diálogo y un debate saludables sobre cuestiones religiosas” así como sabiendo que las leyes contra la apostasía se utilizan a nivel global, precisamente para sofocar la libertad religiosa o de creencias “para imponer efectivamente el monopolio de ciertas creencias religiosas y para legislar el comportamiento social restringiendo las libertades civiles”, ponen de manifiesto la necesidad de seguir explorando y profundizando los acuerdos logrados en la Declaración de Beirut y el Programa Fe para los Derechos.

 

 

Poniendo de manifiesto, entre otras emergencias, que “el discurso es uno de los ámbitos más estratégicos entre las responsabilidades que nos comprometemos a asumir” la Declaración internacional de Beirut de 2017 lograda tanto por las comunidades de fe internacionales como por los organismos y agentes de la sociedad civil defensores de los derechos humanos se comprometieron explícitamente a la defensa de la libertad de cátedra y la libertad de expresión, explorando también la capacidad que pueden tener las creencias religiosas como objeto de nuevos desafíos para el pensamiento libre y creativo.

Partiendo del “compromiso común por defender la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos” lo más sustancial de la Declaración de Beirut reside en el compromiso de las comunidades de fe a nivel internacional EN LA PROTECCIÓN DE TODO EL ESPECTRO DE DERECHOS HUMANOS INALIENABLES.

Queda descartado así el falso e interesado enfrentamiento entre la protección de la libertad de expresión y la libertad de creencias.

Como se refleja en su artículo 5:

“Creemos que la libertad de religión o de creencias no existe sin la libertad de pensamiento y de conciencia que precede a todas las libertades, ya que ellas están vinculadas a la esencia humana y sus derechos de elección, y a la libertad de religión o de creencias.”

También en su artículo 14:

“Apoyamos plenamente los valores universalmente reconocidos tal como se articulan en los instrumentos internacionales de derechos humanos como normas comunes de nuestra humanidad compartida.”

 

Teniendo en cuenta el riesgo del uso interesado del falso enfrentamiento y dicotomización excluyente entre estos dos derechos en el actual escenario tanto nacional como internacional, para seguir construyendo atmósferas de odio que permitan “en río revuelto, ganancia de pescadores”, más aún ante el shock que ha provocado el brutal ataque tanto a Salman Rushdie como a Henry Reese, traigo a esta humilde plaza de pueblo de lenta conversación, fuente y árboles granados, el espíritu de la Declaración de Beirut, para que nunca demos pasos atrás frente a los logros conquistados.

 

Llamamiento de la Relatora de derechos culturales de Naciones Unidas ante la situación en Afganistán

(Fotografía de Emilio Morenatti)

 

La protección de la vida como total prioridad.

Nos hacemos eco del llamamiento realizado ayer, 17 de agosto de 2021, por la relatora de derechos culturales de Naciones Unidas ante la situación en Afganistán, interpelando a la comunidad internacional, en especial a las redes culturales y educativas internacionales, en nuestro caso del mundo de habla hispana, para establecer redes de apoyo y protección para la población afgana.

 

  • Ante el enorme desastre humanitario y cultural que se aproxima, se hace un llamamiento para la agilidad en la emisión de visados para los colectivos más vulnerables: defensores y defensoras de los derechos humanos, incluyendo especialmente a quienes han trabajado a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como todo el sector cultural y artístico por su extrema vulnerabilidad y la sobreexposición a la violencia que enfrentan.
  • También se alerta sobre la especial necesidad de protección de los y las trabajadoras del sector del patrimonio en serio riesgo de ser asesinados ante la presión de los saqueos y los procesos de destrucción deliberada de bienes culturales, sobradamente acreditada con la pasada destrucción de los Budas de Bamiyan o la destrucción de obras del Museo Nacional, junto a los asesinatos de otros artistas, mayoritariamente del sector musical.
  • Se hace un llamamiento a la apertura del aeropuerto de Kabul a vuelos civiles que garanticen pasaje seguro y prioritario para las personas en riesgo y a la agilidad en los mecanismos de protección internacional.
  • Se convoca a todas las instituciones culturales y educativas internacionales a generar una red de apoyo y acogida al sector cultural afgano, estudiantes, mujeres y miembros de minorías en riesgo para contribuir a proteger sus vidas, recordando a los 171 Estados firmantes del Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los que se encuentra España, su obligación de articular medidas de cooperación internacional para proteger los derechos humanos, de los que los derechos culturales son parte central, indivisible e innegociable.

Para leer más:

 

 

 

 

Informe UNESCO Healing the wounds of slave trade and slavery: sobre el trauma transgeneracional

 

La semana pasada la UNESCO hacía público un informe, desde mi punto de vista, muy valiente. En el marco del proyecto internacional Slave Route y dentro de su llamamiento global contra el racismo, se presentó “Healing the wounds of trans-atlantic slave trade and slavery”.

Y digo que es valiente porque basándose en la investigación psicológica más reciente, especialmente desde la psicología cognitiva y la epigenética ha puesto en el centro de la conversación global desde su área especializada en ciencias sociales, la importancia de abordar el peso de los traumas transgeneracionales y estudiar con mayor profundidad los vínculos entre procesos sistémicos y transmisión intergeneracional de la violencia. Entre los objetivos de la elaboración del informe no sólo se ha puesto el foco sobre la revisión legal internacional, sino que está motivado por la prevención de la deshumanización institucionalizada y el desarrollo de acciones de justicia global restaurativa.

La presentación días más tarde por parte de la organización Caminando Fronteras de la Guía para Familias Víctimas de la Frontera en un acto titulado “Morir sin duelo” no hacía sino reforzar la importancia de llevar esta conversación también al ámbito de habla hispana, dado el mayor peso que está teniendo en esta reflexión sobre el trauma transgeneracional de la esclavitud la Academia norteamericana y los movimientos sociales afrodescendientes y nativos americanos y canadienses, que han avanzado e integrado desde hace décadas la dimensión del dolor colectivo y su resonancia en el presente (si alguien no escuchó a María Campbell en el CCCB hace unos meses, aquí puede saber a qué nos referimos). Como comentó el profesor Paul Lovejoy durante la presentación, no podemos perder de vista que hablamos del más largo y extensivo genocidio en la historia humana, con la muerte documentada de más de seis millones de personas.

 

¿Cómo se construye la deshumanización estructural? Desde la afirmación tajante “la violencia de la esclavitud nunca acaba con la abolición” se trata de hacer emerger las dinámicas de exclusión sistemática de la ciudadanía plena y las vivencias cotidianas de hostilidad en los entornos que siguen resonando como trauma colectivo y transgeneracional, como mostraron también los estudios del Holocausto.

El informe, elaborado por un equipo interdisciplinar internacional afianzado en el enfoque transgeneracional de los traumas colectivos, dividió su estudio en cuatro ejes:

1.- El estudio de los actos deshumanizadores en sí mismos.

2.- Los efectos traumáticos de haber sido deshumanizados.

3.- La construcción de relaciones deshumanizadoras.

4.- El estudio de las condiciones estructurales que han posibilitado la deshumanización.

 

 

Junto a un análisis del impacto de las medidas de justicia restaurativa ensayadas en diversos países, también se hace un recorrido crítico por las políticas públicas de recuerdo y conmemoración internacionales. El apartado dedicado a esta temática, The Desk Review, se detiene en los actos de conmemoración y perdón público, las disculpas públicas institucionales y el papel de las comisiones de la verdad y la reconciliación.

Quizá la aportación de la investigadora Joy de Gruy, desde su dilatadísima experiencia en el trabajo sobre el trauma transgeneracional y su conceptualización del síndrome post-traumático del esclavo, sea el que nos permita abordar desde la esfera micro el impacto de la degradación en la propia percepción del valor de una vida. Así subraya las múltiples dimensiones de la deshumanización y la instrumentalización, que tanto siguen resonando en el presente: material, física, psico-social, económica y espiritual. Sería importante subrayar el impacto intergeneracional que supone también el trauma cultural: el peso de haber sido arrancados de las propias raíces, rituales, prácticas que configuran el sentido del mundo, así como la línea de investigación que apunta al mantenimiento de los traumas a través de instituciones y prácticas culturales. Es muy interesante en esta dirección el trabajo recogido en freedomnarratives.org

Lo que obliga a incorporar en toda acción de reparación, transformación educativa o sanación colectiva, lógicas propias: la necesidad de trascender los binarios, las narrativas propias, en primera persona, que den sentido al trauma y separen la personalidad del hecho traumático, la centralidad de acciones de reconstrucción de la confianza y la co-acción (“para hacer frente a nuevas posibilidades hay que ser conscientes de que tanto los verdugos como los esclavos están insertos en la estructura racista”).

He querido reseñar por aquí la presentación del informe, no sólo por ser un eje de atención ya conocido en este espacio, sino por el menor peso de la esfera iberoamericana en la conversación y la poca atención que estamos prestando desde España a la esfera del trauma cultural y transgeneracional, teniendo presentes una y otra vez sus resonancias, por ejemplo,  en el modo en el que se aborda desde la política pública en nuestro país la migración o los procesos de memoria desde una perspectiva de género. ¿Tenemos algo que aportar en esta conversación internacional sobre el racismo estructural y las consecuencias transgeneracionales del esclavismo? ¿Bailamos un poco con nuestras sombras?

 

Dignos de duelo

 

 

A la memoria de K.M, menor migrante marroquí que al cumplir los 18 años, 

se suicidó hace unos días en un centro de Bilbao.

Con su madre en mi corazón, y abrazando al educador y al compañero que trataron de reanimarle sin éxito.

 

Para tratar de contrarrestar la atmósfera de confusión y aturdimiento de las últimas semanas, aprovechaba estos días para leer el último libro de Judith Butler “La fuerza de la no violencia. La ética en lo político”. El diálogo que establecía  la lectura con la realidad circundante era tan directo que apunto por aquí algunas de las ideas centrales, que para mí siguen inspirando de un modo muy concreto un modo de acción política para el presente.

  • Semántica pública de la violencia: es interesante el modo en el que se desgrana la batalla política alrededor de la definición de qué consideramos en la esfera pública violencia y no violencia, como se subraya muchas veces en el libro “la violencia siempre se interpreta”. Es necesario cuestionar colectivamente los parámetros desde los que nace la definición, dado que es una prerrogativa del poder imponer su propio marco interpretativo, legitimar la exclusividad de su uso y sofocar el campo de las resistencias a dicho poder a través de la semántica pública.

 

“La violencia es aquello que está perpetuamente sujeto a una oscilación de marcos que pivotan en torno a las cuestiones de la justificación y la legitimidad”

 

“Las estructuras de desigualdad afectan la manera en que se percibe y nombra la violencia y la forma de captar y declarar su carácter injustificable”.

 

  • Individualismo y ética de la no violencia: saliendo de la tiranía implícita del “homo economicus” que recorre como un fantasma el pensamiento occidental de los dos últimos siglos, Butler subraya la importancia de romper el marco individualista a la hora de hablar de la ética en lo político. Es muy interesante cómo, a través de una reflexión sobre los modos en que se justifica la violencia apelando a la “defensa propia”, se nos plantean dos preguntas:
    • ¿a quién consideramos como tal “yo” con derecho a ejercer la defensa propia?
    • ¿hasta dónde llega el “yo” legitimado para defenderse? (¿incluye familia, comunidad, religión, nación, territorio tradicional, prácticas habituales?)

“Sólo aceptando la interdependencia es posible formular obligaciones globales.”

 

 

  • Interdependencia y “yoes” dignos de defensa: a raíz del análisis de las justificaciones de “defensa propia”, especialmente en escenarios bélicos, se realiza una crítica muy profunda sobre esta visión del “yo que se defiende”. Si la violencia se caracteriza por ser un ataque contra los vínculos, si en esencia busca la ruptura de la vinculación viva y persistente y teniendo en cuenta que no hay vida posible sin una red de interdependencia social que la sostenga:

“La violencia contra el otro es violencia contra uno mismo, lo cual se ve claramente cuando comprendemos que la violencia ataca la interdependencia que es, o debería ser, nuestro mundo social.”

 

  • Vidas dignas de duelo:

De nuevo Judith Butler nos señala la construcción social y cultural de qué consideramos vidas dignas de duelo, eje central para entender qué significa hoy tanto la violencia como la no violencia.

    • Qué hace que una vida sea valiosa.
    • Qué determina la desigualdad a la hora de valorar diferentes vidas.

¿Por qué es tan importante la reflexión alrededor de la construcción de los duelos públicos y sus ausencias? Porque nos obligan a actuar sobre las condiciones que hacen que una vida sea posible o imposible, ya que nunca estamos separados de las condiciones que nos sostienen.

 

  • Radical igualdad de lo protegible: no negaré que en mi lectura no haya subrayado de todas las maneras posibles este término que Judith Butler plantea como la vía estratégica para la profundización democrática en la situación actual, ampliándolo al entorno animal, natural, radicalizando la protección de la vida y partiendo de una crítica a la producción diferencial de la vulnerabilidad. Parte de una pregunta luminosa: ¿qué es lo que nos lleva a preservar la vida del otro?, ¿qué es lo que nos mueve a considerar que las vidas de los demás son valiosas? Desde la aspereza anti-naif de Butler (“ninguna posición contra la violencia puede darse el lujo de ser ingenua”), elabora todo un análisis sobre la reciprocidad y la igualdad radical en el hecho de ser dignos de duelo. Es muy interesante, no obstante, el modo en que Butler realiza algunas críticas alrededor del propio uso político del término “vulnerabilidad” que puede inducir procesos de paternalismo, fijar posiciones de opresión negando la capacidad de agencia de los colectivos y sobre todo lo demás oscurecer las condiciones que construyen situaciones de vulnerabilidad social. No son las personas ni los colectivos los vulnerables, son las condiciones las que construyen las situaciones de vulnerabilidad.

 

He querido compartir mi lectura como un gesto sencillo y vincular, pero también como una forma de mostrar respeto y duelo.

 

Derechos culturales y paz diversa

(Dedico este texto a mi México del año 2020, por tanto tanto amor.)

 

(Todas las imágenes que iluminan esta entrada son obras del colectivo oaxaqueño de gráfica urbana Lapiztola, @lapiztola_oax y la fotografía es obra de Abhay Bharadwaj)

Si bien cada vez somos más conscientes de la indivisibilidad de cada una de las facetas que conforman los derechos humanos, no es menos cierto que el conocimiento de los derechos culturales, especialmente a nivel popular, es sustancialmente menor y que en las próximas décadas abordaremos, no obstante, el reto de su desarrollo pleno.

Pero, ¿qué papel pueden desempeñar los derechos culturales en la construcción de paz y más concretamente de una paz diversa? Si es evidente que sobre las bases de la injusticia social no pueden construirse paces positivas, ¿qué función cumple la protección y promoción de los derechos culturales como elemento estratégico para la paz?

Aunque el derecho a participar en la vida cultural recogido en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suele considerarse como el horizonte de acción a alcanzar, es importante no minimizar ni parcializar lo que este derecho supone a un nivel profundo. No hacemos referencia exclusivamente al fundamental acceso a la creación artística ni a su central protección, ni hablamos tampoco únicamente del acceso en igualdad de condiciones al legado del conocimiento y experiencia que nos ha precedido. Lo que está en juego cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural es la construcción del “nosotros” social, la construcción de las respuestas legítimas a la pregunta ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestra identidad?, así como la no menos problemática construcción de las preguntas consideradas “legítimas” (qué puede cuestionarse y transformarse y qué no puede hacerlo) que le dan forma a ese “nosotros”.

 

(La fotografía de esta obra de Lapiztola fue realizada por Jose Alberto Canseco, conste)

 

Vemos, por tanto, que junto a otras dimensiones de la exclusión que se refuerzan entre sí, el hecho de no garantizar de modo universal en nuestras sociedades el derecho a participar en la vida cultural supone:

  • Legitimar relatos de exclusión social y construcción de identidades sociales excluyentes, posibles generadoras de violencia.
  • Menoscabar los derechos colectivos de acceso a la memoria y al patrimonio, sesgados por la ausencia y exclusión de voces significativas y perspectivas plurales.
  • Ejercer formas de violencia cultural “por defecto” imponiendo “nosotros sociales” falsamente homogéneos basados en el privilegio de quienes han tenido acceso a los medios y herramientas de construcción de sentido (lenguajes, medios de comunicación, formas legitimadas de expertisse…)

Pero como afirma la filósofa Miranda Fricker existe una dimensión de la injusticia en nuestras sociedades que suele pasar desapercibida y que es un requisito previo para acceder al “derecho a la voz”, al derecho a la participación plena en la construcción de sentido del que habla el derecho a participar en la vida cultural: el hecho de ser personas reconocidas como sujeto de conocimiento.

La verdadera potencialidad transformadora de los derechos culturales residiría aquí: ¿quiénes son inexistentes en nuestro “nosotros”?, ¿a quiénes no se pregunta nunca?, ¿qué experiencias del mundo son consideradas inválidas o impropias?, ¿a quién no se escucha por norma y está excluido de “nuestra identidad”?

El ámbito de la construcción de paz, especialmente en escenarios de post-conflicto y articulación de procesos memoriales, ha sido tradicionalmente un espacio privilegiado para la reflexión común sobre esta forma de injusticia, la injusticia epistémica. Qué testimonios de violencia eran legitimados y cuáles quedaban en sombra, qué colectivos accedían a medidas de reparación económica o simbólica y quienes seguían soportando las consecuencias de la impunidad, qué o quiénes accedían a la monumentalidad memorial o al reconocimiento de duelo de país y quiénes no.

 

 

La obra “Injusticia epistémica” (Herder editorial, 2017, Barcelona) de Miranda Fricker aporta nueva luz sobre la centralidad que juegan las políticas culturales desde una perspectiva de derechos humanos  y construcción de paz para construir sociedades que entiendan la paz diversa, la paz como una polifonía, comprendiendo que sin respeto a la diversidad perpetuamos formas muy arraigadas de violencia.

Así, Miranda Fricker ha puesto el foco sobre dos formas centrales de injusticia, dentro de la esfera de los derechos culturales:

  • La injusticia testimonial que “se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad para aportar conocimiento”.

 

  • La injusticia hermenéutica que “se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad como sujeto de compresión social”, en el acceso al derecho a ser comprendidos.

 

(Esta obra fue realizada por el Colectivo Lapiztola junto al Colectivo 3B de Los Ángeles en denuncia de la separación de los niños y niñas migrantes de sus familias en la frontera con EEUU)

 

Lo que nos está mostrando Miranda Fricker es el hecho de que la protección o desprotección de los derechos culturales en nuestras sociedades contribuyen a configurar lo que ha denominado “economía de la credibilidad”, el sistema por el cual se construye lo relevante, lo existente, lo que se tiene en cuenta. Como afirma “toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento, y por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana.” Es decir, la protección de los derechos culturales es una medida preventiva ante las formas de violencia centradas en la invisibilización y el silenciamiento.

Por tanto, no convendría minimizar la realidad de la marginación hermenéutica en nuestras sociedades como una de las raíces de la violencia, el acceso desigual a las prácticas a través de las cuales generamos significados sociales (como viene señalando desde hace años el filósofo Fernando Broncano, recientemente recogido también en su obra «Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical» y a quien la que escribe debe el conocimiento de la obra de Miranda Fricker, conste). Como sostiene Fricker, “socavar la fiabilidad epistémica es un nutriente importante de la ideología del odio” y se realiza de modo cotidiano a través de fórmulas de apropiación, luz de gas e invisibilización de la autoría de ideas (en nuestras sociedades ¿quiénes se llevan los méritos?), así como del refuerzo de marcos que construyen la pérdida de confianza en la propia opinión y experiencia de las cosas, así como en la pérdida de confianza en las propias capacidades interpretativas e intelectuales.

Se trataría por tanto de construir socialmente entornos que hiciesen posible la valentía intelectual:

  • La capacidad de examinar creencias sostenidas popularmente y generar alternativas, nuevas posibilidades.
  • El refuerzo de la perseverancia ante la oposición grupal.
  • La determinación para hacerse oír frente a la manipulación del silencio.

 

Derechos culturales y paz diversa

 

De modo que es necesario reforzar y llevar al centro de la agenda pública la importancia de la protección de los derechos culturales para la construcción de sociedades de paz diversa en base a tres ejes:

  • Su carácter preventivo: por su refuerzo de la inclusión social y la articulación de identidades sociales plurales y diversas.
  • Su carácter constructor: especialmente en escenarios de post-conflicto y procesos memoriales, desactivando raíces futuras de revancha o “culminación de tareas no resueltas” al incorporar en nuestro reconocimiento de país todos los duelos, todas las vidas que importan.
  • Su carácter profundizador: creando democracias con cimientos más firmes que encuentran en el respeto a todas las dimensiones de la diversidad la respuesta a las derivas extremistas y autoritarias.

Consideremos entonces, a la luz de las aportaciones de la filósofa Miranda Fricker, la protección de los derechos culturales como un camino de futuro para explorar en las próximas décadas la potencialidad de la paz diversa.

 

 

Contramonumentos y litigio estético

(Todas las imágenes hacen referencia a la obra «Fragmentos» de la artista colombiana Doris Salcedo)

 

Hace unos días en una formación para técnicas de cultura impartida por el consultor internacional de la UNESCO, Lázaro Rodríguez (aprovecho para dar las gracias al Centro Cultural de España Casa del Soldado, a la AECID y al Ministerio de Cultura de Panamá por permitir mi participación dentro del espacio de reflexión cultural iberoamericano), al hilo de la conversación también con Moisés Medrano, otra referencia clave en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos, nos adentramos, partiendo del ejemplo colombiano, en las aristas y juegos de luz del “litigio estético”.

Con el ruido de fondo de las batallas culturales en España alrededor de la memoria, he querido traer aquí el trabajo de la investigadora Yolanda Sierra León alrededor de la reparación simbólica y los litigios estéticos.

Partiendo del hecho de la falta de claridad conceptual  alrededor de qué supone exactamente un acto de reparación simbólica (¿se trata de grabar placas, diseñar monumentos o memoriales, petición de disculpas institucional, adecuada sepultura, lugares conmemorativos diversos…? ¿De qué hablamos en la realidad concreta?), Yolanda Sierra defiende que “el arte, la cultura y el patrimonio pueden jugar un papel clave en la Justicia Restaurativa debido a su capacidad para crear vínculos entre desconocidos, entre ciudadanos y el Estado y especialmente entre personas enfrentadas por pasados dolorosos, donde unos son víctimas y otros autores de graves violaciones de derechos humanos”. Sin embargo, la potencialidad del arte y la cultura en estos procesos está centrada especialmente en su capacidad para enfrentarnos con las posiciones más difíciles en un conflicto desde perspectivas diferentes, habilitar espacios nuevos para la escucha del otro desde otros lenguajes, habilitar procesos para asumir responsabilidades y crear futuros diferentes.

 

 

Sin embargo, analizando las formas concretas en las que esta reparación simbólica tiene lugar, desde la realidad colombiana, Yolanda Sierra nos plantea cuestiones muy relevantes:

  • Nuestros actos y gestos de reparación simbólica, ¿observan las particularidades de los derechos humanos concretos que han sido violados?
  • ¿Tienen en cuenta las cosmogonías, puntos de vista, imaginarios propios, especificidades culturales de las víctimas o “para todas un duelo estandarizado”?
  • ¿Qué forma e importancia le estamos dando a nuestros actos de perdón público para el restablecimiento de la dignidad de las víctimas?

Mientras leía su reflexión recordé el trabajo Fragmentos de la artista colombiana Doris Salcedo, definido por ella misma como un “contramonumento”, que unió la fundición de 37 toneladas de armamento entregado por la guerrilla con un trabajo creativo junto a las mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual durante el conflicto. Contramonumento en muchos sentidos, dado que el resultado “no se ensalza”, no juega al soporte del pedestal: se convierte en un suelo de placas metálicas que durará el mismo tiempo que ha durado el conflicto. ¿Qué otros lenguajes para la memoria colectiva pueden ser explorados que permitan la escucha de todas las voces dañadas por las violencias?

 

Así Yolanda Sierra nos muestra el aspecto tridimensional al que han de prestar atención los procesos de reparación simbólica:

  • Entendiendo a las víctimas como individuos concretos (entendiendo la particularidad de cada proceso), entendiendo a las víctimas como sujeto colectivo y entendiendo como víctima también el conglomerado social global que ha sido arañado por la violencia.
  • Actos de satisfacción y desagravio que incidan sobre la esfera emocional, sobre el buen nombre y sobre la continuidad de los proyectos de vida.

Muy interesante la creación de “paradigmas otros” de reparación, fuera de los marcos de castigo clásico y teniendo siempre como meta la no repetición, buscando también ahondar en las raíces de los conflictos armados, sin dejar fuera las zonas grises y “los perdones recíprocos”.

 

 

Así, aporta dos conceptos interesantes para la reparación simbólica:

 

  • El litigio estético: “empleo del patrimonio cultural material o inmaterial, declarado o no por el Estado, como mecanismo social para denunciar, demandar o exigir a la sociedad o al Estado, hechos o necesidades derivadas de la violación masiva de los derechos humanos por parte de actores armados de diferente origen, que alteraron crudamente el orden cotidiano de la vida individual y colectiva”.

 

  • El litigio artístico: “el amplio catálogo de obras o piezas de arte, de autoría de artistas de profesión o de oficio, que buscan poner de manifiesto una situación concreta de vulneración a los derechos humanos, ya sea de una víctima, un grupo de víctimas o incluso vulneraciones propias de un periodo de represión concreto (…) exponer en la palestra pública una situación de impunidad, anormalidad, injusticia, indiferencia social y estatal”.

Así, el litigio estético tendría un origen social “marginal”, entendido como aquel que está alejado de la institucionalidad central y hace memoria de aquellos sufrimientos que el poder oficial querría olvidar. Es la creación elaborada por las propias víctimas a un nivel colectivo. Habitualmente se apoya en tradiciones culturales previas y suele actuar bajo un interés comunitario. Se busca la catarsis del dolor, tiene un fin terapéutico, de resistencia, transformador, pero no supone una reparación legal. Las arpilleras chilenas, las bordadoras por la paz de México, las canciones de Las Pavas colombianas, los landays de las mujeres pastún en Afganistán estarían en esta línea. Hablamos por tanto de la incorporación en los procesos memoriales del patrimonio cultural propio de las víctimas.

El litigio artístico es la forma conmemorativa “oficial”, la que solemos entender como forma de homenaje a las víctimas. Según Yolanda Sierra, sus características serían:

  • Existencia de una obra de arte
  • Incorporación de los derechos humanos a la obra, del derecho a la verdad y la memoria
  • Dignificación de las víctimas
  • Contribución a las garantías de satisfacción y no repetición

Se trataría por tanto de profundizar también en la mediación del arte dentro de programas de justicia restaurativa buscando “el tratamiento colectivo de las ofensas con miras a la reparación del daño, la sanación de las heridas y el restablecimiento del vínculo social, a través de la discusión y la interacción entre la víctima, el victimario y la comunidad”.

 

A raíz de la reflexión de Yolanda Sierra y en una comparativa entre Colombia y España, me quedo con dos preguntas abiertas:

  • ¿Qué merecería contramonumentos en nuestra realidad memorial que den voz a experiencias no contempladas?, ¿cómo podrían crearse estos contramonumentos, desde qué lenguajes?

 

  • ¿Cómo incorporamos las creaciones populares del duelo ya presentes en nuestro país a los procesos institucionales de memoria?, ¿cómo hacer audible en toda su diversidad lo que ni siquiera sabíamos que no estábamos escuchando?

Mercenarios: militarización y privatización de las fronteras

Hace unas semanas se presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe específico sobre el impacto de la militarización y privatización de las fronteras, “Repercusiones de la utilización de servicios militares y de seguridad privados en la gestión de la inmigración y las fronteras sobre la protección de los derechos de todos los migrantes”.

Es un informe que recoge lo que los movimientos sociales vienen denunciando desde hace años tratando de poner el foco sobre el enorme y opaco negocio que son en realidad nuestras fronteras.

Así, se ha analizado el papel que las diversas empresas implicadas en labores de control fronterizo, desde las que prestan servicios técnicos y de investigación, las que aportan tecnologías de seguridad fronteriza y servicios de vigilancia, las implicadas en los procesos de detención de inmigrantes, retornos y expulsiones, así como aquellas beneficiarias de la aplicación de políticas de externalización de control migratorio, están teniendo sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en todo el globo.

 

Como afirma el propio informe:

 

“En ocasiones, las empresas son directamente responsables de las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes, especialmente en situaciones de privación de libertad; mientras que en otros casos son cómplices de violaciones y conculcaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por otros actores.”

“Hoy en día, la gestión de la inmigración y las fronteras se ha convertido en un negocio valorado en varios miles de millones de dólares, y la seguridad fronteriza global se ha identificado como un mercado potencial con perspectivas de crecimiento en los próximos años (…) la gestión y seguridad privatizadas de las fronteras es ahora una fuente lucrativa de contratos.”

 

Se subraya, por tanto, el papel que la falta de transparencia, supervisión y rendición de cuentas de las empresas está jugando sobre la protección del derecho a la vida, especialmente las implicadas en la gestión privatizada de los centros de detención de migrantes. Duele leer todo el informe, como duele ver ejemplos de la frontera sur española campando a sus anchas en el memorial del trabajo mercenario que es realmente el documento.

 

 

¿Qué causas han creado estos efectos?

Entre las más repetidas se encuentran los enfoques estatales de la gobernanza de la migración que han vivido un proceso progresivo de securitización, centrándose más en los marcos de seguridad (vigilancia policial, “defensa y lucha contra la delincuencia”…) que en enfoques basados en la protección de los derechos humanos. La externalización de funciones inherentes al Estado hacia actores privados (el proceso por el que el control fronterizo ya no se efectúa en las fronteras físicas de los países de destino) nos alerta también de la progresiva devaluación y degradación de nuestros sistemas democráticos y de la propia noción de soberanía, cada vez envuelta en redes más opacas ajenas al conocimiento y control público (por ejemplo, como han recogido para el caso de España desde PorCausa, «Industria del control migratorio, ¿quién se lleva el dinero?»).

Las leyes que tipifican como delito la salida, la entrada o la estancia en un país de manera irregular y que han tenido un efecto rebote sobre el auge del tráfico de personas; la ampliación de las detenciones sin alternativas; la restricción del acceso al asilo; las expulsiones colectivas y devoluciones en caliente o la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes aparecen también como elementos clave que han contribuido a reforzar el marco de la militarización. Como se señala en uno de los párrafos de manera categórica:

“Se ha utilizado a los migrantes para justificar la privatización de las funciones de seguridad del Estado”

Capítulo aparte merece el análisis sobre el peso de los lobbies que están creando marcos normativos ad hoc, marcando el tempo y los contenidos de las agendas públicas en materia de investigación, políticas y reglamentación de los Estados, sin contar con su acceso a los medios de comunicación para influir en las narrativas, tal y como estamos viviendo en España ahora con el “fantasma altamente lucrativo” de la ocupación:

“Este proceso también ha contribuido a posicionar a los representantes de la industria como expertos legítimos e indiscutibles en materia de seguridad fronteriza que afirman ofrecer productividad, eficiencia y eficacia.”

Es interesante también que junto al marco de la “securitización de las fronteras” encontramos un llamamiento permanente a la “productividad e innovación”, formando parte de las estrategias de marketing de muchas de las empresas del negocio de la militarización fronteriza (junto a las ya clásicas de creación de puestos de trabajo y prosperidad para las comunidades locales) en base a la aplicación de “soluciones tecnológicas innovadoras a la gestión de las migraciones”. Nos encontramos de nuevo ante un ataque a la soberanía “camuflado”, por las situaciones de dependencia de un conocimiento externo a ellos a la que aboca a los Estados, a través de un sistema que genera una dinámica que se refuerza a sí misma y crea una clientela cautiva.

Un elemento que puede pasarnos desapercibido es el tráfico de datos biométricos de las personas migrantes que va asociado a los procesos de militarización fronteriza, datos que al ser combinados con otra información de carácter personal y privada, están siendo utilizados con fines de lucro y sin control ni garantía de derechos alguna.

Junto a la radiografía del momento actual, el informe recoge también una serie de recomendaciones entre las que destacan las campañas de desinversión, poniendo como ejemplo la efectividad que tuvieron estas medidas gracias a la movilización ciudadana que reaccionó a la separación de madres e hijos en la frontera entre EEUU y México decretadas por Trump. Se invita también a seguir investigando, denunciando y poniendo el foco sobre los efectos diferenciales que la militarización y privatización fronteriza están teniendo sobre los niños y niñas no acompañados, las mujeres y las personas de edad avanzada.

Duele leerlo, conviene leerlo y desde un enfoque de política pública multidisciplinar, actuar.

 

 

Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy.

 

“No le dio nunca la espalda al lenguaje, ni a la política, ni a la esperanza”

Judith Butler definiendo a Julio Cortázar

 

Me refugiaba estos días, teléfono apagado, zooms lejos, en la lectura del último libro de Judith Butler, Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy. Como quien se descalza para escuchar, agradeceré por siempre que la lectura de estas cinco conferencias, con aroma y presencia tan latinoamericano, me hayan acompañado en esta semana de confinamiento.

Recogiendo, por el formato comunicativo que da pie al libro, pensado para exposición pública, algunos de los temas recurrentes presentes en su obra en los últimos años, quiero detenerme en los puntos que me han resultado inspiradores e instigadores de mayor reflexión conjunta, por si crea entre quienes nos asomemos por aquí, conversación.

En la primera de las conferencias del libro, centrada en la definición del Discurso valiente y la resistencia, se entra a analizar cómo se construye, más allá de la valentía del discurso disidente individual, asambleas políticas capaces de parresía. Como plantea explícitamente “¿es posible replantearse la valentía y el discurso fuera del marco del individualismo?” Analizando si, colectivamente, le damos valor a la valentía y cómo se articula esta voz disruptiva que se atreve a decir el Emperador va desnudo, se plantea también el peso que juega el miedo y su superación en la propia definición de esta palabra valiente (“sólo quienes están bajo el poder de otros pueden embarcarse en la parresía”). Definiendo el poder de esta palabra dentro de los marcos de lo que se pone en juego en una vida concreta ante el mero hecho de denunciar un abuso de poder, se nos plantea si podríamos pasar de “nuestra noción del coraje como virtud moral (propia del individuo) a una función y un efecto acumulativo del acto solidario”. Así, las asambleas radicales democráticas y valientes tendrían algunos elementos en común: se caracterizarían por la horizontalidad y en ellas existirían procedimientos informales que buscasen alcanzar ideales de igualdad, inclusividad y antiautoritarismo, conscientes de que es la necesidad de los otros, la simple realidad de la interdependencia, la que nos permite reconocer una de las condiciones básicas para la existencia de la democracia. Me guardo para la sonrisa personal la ironía de su definición “cuando los colectivos se organizan en asambleas, no siempre las personas se aman unas a otras”.

 

 

Aparece en este punto un concepto que invita a ser explorado con mayor profundidad, lo que Judith Butler define como “formas institucionalizadas de abandono”. En nuestras sociedades, ¿qué formas identificamos bajo esta noción? Las imágenes de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, las fotos de los menús entregados a los niños y niñas de familias con rentas mínimas durante la pandemia me asaltaron, sin duda, bajo este epígrafe. ¿Cómo se deconstruye la arquitectura del abandono institucional?

 

En las siguientes conferencias recogidas en el libro, se vuelve a ahondar en el derecho a la igual llorabilidad de las vidas como condición sine qua non para la profundización de nuestras democracias, así como en la urgencia de hacer explícito el debate sobre qué vidas se consideran llorables en nuestro mundo público:

 

“Las poblaciones se dividen a menudo, demasiado a menudo, entre aquellos cuyas vidas son dignas de protegerse a cualquier precio y aquellos cuyas vidas se consideran prescindibles. Dependiendo del género, de la raza y de la posición económica que ostentemos en la sociedad, podemos sentir si somos más o menos llorables a ojos de los demás.”

 

No solo en el marco de vida/muerte, me hacía pensar también en la distribución desigual de la posibilidad del riesgo de contagio que hemos visto estos días, sobre qué poblaciones se ha minimizado la importancia del mismo (repartidores precarios, temporeros, personal de limpieza y usos múltiples en hospitales…) para ampliar esta llorabilidad más allá del caso último de la muerte: ¿qué dolores no nos duelen?, ¿qué peso sobre los cuerpos ajenos, tan delicados como los propios, nos dan exactamente igual? Como no conviene olvidar “es en lo corporal donde tiene lugar el sufrimiento político”.

Vuelve a la palestra, por tanto, la reflexión sobre la potencialidad de los duelos públicos como actos políticos, desde la reivindicación del derecho a llorar, aunque también con el matiz de la “reivindicación del derecho a llorar públicamente”.

Desde su afirmación de que salvaguardar la vida es una obligación afirmativa, y por tanto debe ir acompañada de una política afirmativa que la sustente, la conquista del derecho a la igualdad en la llorabilidad de todas nuestras vidas es la línea de acción más urgente de nuestro tiempo.

“Aceptar la violencia del mundo como si fuera lo natural equivale a admitir la derrota y abandonar la tarea de reconocer a todas y cada una de las criaturas vivas como seres dotados de potencial y dotados también de un futuro impredecible que debe ser salvaguardado”

 

 

 

También recogen otras conferencias la importancia de la práctica social de la esperanza, la urgencia, una vez más, de recuperar la imaginación política, tan “menospreciada y ridiculizada por quienes alaban la realpolitik”. Entre otras cosas, para ser capaces de articular el ruido, las demandas de quienes quedan fuera de la democracia y cuya expresión es desarbolada, en palabras de Butler, “el ruido de la democracia de afuera” sabiendo que “democracia es el nombre de un conflicto de final abierto que no equivale a su forma parlamentaria”:

 

“…la que reclama una apertura de las instituciones para quienes no han sido reconocidos todavía como capaces de expresarse, como poseedores de voluntad política, como merecedores de representación.”

 

En esta práctica social de la esperanza, en la necesidad social de futuros, jugarán un papel trascendental las humanidades: “¿cómo pueden imaginar el futuro las humanidades?, ¿dedican esfuerzos a imaginar el futuro las humanidades, es así como debería ser?” Se remarca la importancia de construir nuevos imaginarios, especialmente transmutando la memoria de las violencias de Estado que asolaron el siglo XX pero no sólo, que cortocircuiten la normalización de las violencias cotidianas (en medios de comunicación, esfera pública…) tal y como el feminismo pacifista junto a otros movimientos sociales, ha puesto sobre la mesa acerca de la militarización de la respuesta al COVID-19. Bajo el nombre “fascismo securitario”, Judith Butler apunta hacia las nuevas modalidades de autoritarismo que están proliferando en nuestros días y que se apoyan, precisamente, en el clima de normalización de la violencia y que, por tanto, están demandándonos la creación urgente de alternativas.

 

Todavía resonando con el verso de Cecilia Meireles en el que se apoya Butler para cerrar una de sus conferencias “Siento el mundo llorar como en una lengua extranjera”, ojalá conversemos pronto presencialmente alrededor de este libro, creo que nos ayudaría. Sin miedo. Nos abrazaremos.

Poner el cuerpo: defensores y defensoras de derechos culturales

(Video del pueblo chileno cantando «El derecho de vivir en paz» de Victor Jara)

 

Siguiendo la recomendación del Secretario General de Naciones Unidas  de poner en valor como instrumento clave para el momento internacional que vivimos la Declaración de los defensores de derechos humanos, buscando poner el foco sobre quienes hacen efectivos dichos derechos y ponen el cuerpo frente a interpretaciones abstractas que niegan la realidad de persecución que dichas defensoras están sufriendo en todo el globo, la relatora de derechos culturales ha hecho público el informe “Defensores de los derechos culturales”.

Partiendo de la interdependencia de los derechos humanos, se busca llamar la atención sobre la presión y en muchos casos menor grado de protección que sufren las defensoras y defensores de los derechos culturales en concordancia con los estándares internacionales, especialmente quienes están defendiendo su derecho a tomar parte en la vida cultural, uno de cuyos elementos clave es el acceso al patrimonio cultural y el derecho a la libertad de expresión artística.

Teniendo en cuenta que las defensoras de derechos culturales muchas veces no están siendo reconocidas como defensoras de derechos humanos, el informe articula una definición de quiénes serían estos defensores de derechos culturales.

Llamando la atención sobre el hecho de que los defensores de derechos culturales “se definen por lo que hacen”, pueden ser instituciones, expertos, activistas, gente ordinaria que está poniendo el cuerpo en la defensa de la diversidad cultural y sus expresiones. Se alerta especialmente sobre el riesgo, en esta definición de defensoras de derechos culturales de caer en visiones elitistas a la hora de definir el trabajo cultural y la contribución específica que se realiza en defensa de estos derechos, incidiendo sobre los sesgos que existen para obtener las “credenciales de experto” (ay, la economía de la credibilidad), especialmente para las mujeres excluidas de oportunidades educativas. Al fin y al cabo, esa mujer mayor, campesina o indígena, hablante de una lengua en peligro de extinción comprometida en la supervivencia del mundo que habita en su lenguaje, es una defensora incuestionable de los derechos humanos así como patrimonio de la humanidad que nos une.

En esta dirección, por tanto, defensores de derechos culturales serían aquellos que promueven el entendimiento, protección y desarrollo de los derechos culturales; protegen a individuos o grupos que los promueven (por ejemplo desde la incidencia política, la educación, la investigación…); quienes trabajan para asegurar los derechos de acceso, participación, contribución y disfrute de la vida cultural o quienes protegen los lugares donde ésta se ejerce, especialmente lugares patrimoniales y el espacio público.

Es importante tener en cuenta también que son defensoras de los derechos culturales aquellas personas que usan el arte y la cultura para defender los derechos humanos, quienes trabajan por el fin de la impunidad y reparación de las violaciones de derechos culturales, pero especialmente quienes fortalecen políticas públicas que impulsan la cultura desde un enfoque de derechos humanos o participan en procesos de cambio cultural en sintonía con éstos.

 

 

Pero quizá, lo más importante del informe, dada la emergencia internacional, es la demanda de articulación de mecanismos de protección similares al resto de los defensores de derechos humanos. Se vuelve a hacer hincapié sobre la necesidad de protección de quienes están defendiendo los derechos culturales de las mujeres frente al extremismo y el fundamentalismo religioso, haciendo ver que la igualdad de género es clave para el logro del resto de los derechos humanos. Se enfatiza por tanto en la urgencia de medidas de protección para las personas y organizaciones que desde posiciones feministas en la esfera internacional están contribuyendo al logro de una vida cultural en igualdad.

Me parece más que interesante que se haya utilizado el ejemplo de las campañas de justicia menstrual en Nepal y los procesos de cambio en prácticas dañinas para clarificar el enfoque. La utilización del arte y la cultura, especialmente el teatro,  para construir nuevos marcos de vivencia y conocimiento social  de la menstruación y el ejemplo de la Global South Coalition for Dignified Menstruation me parecen muy claros, aunque tampoco se dejan de lado las prácticas de plena inclusión que están articulando las mujeres en diferentes tradiciones religiosas, especialmente dentro del budismo theravada o la proliferación de mezquitas lideradas por mujeres.

Se vuelve a señalar, junto al llamamiento a ampliar reflexión e implementación de los derechos culturales de las personas con discapacidad, la necesidad de proteger también a quienes, frente al choque con las historias de colonización, dominación y exclusión y su impunidad, defienden el derecho de todas las culturas a tener derechos. Es un marco clave para los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la tierra.

Por tanto se señalan cuatro ejes en los que los defensores de derechos culturales están sometidos a un mayor riesgo (“la falta de atención magnifica los riesgos”):

  • Protección del patrimonio cultural.
  • Defensoras de los derechos culturales de las mujeres.
  • Defensores de la libertad artística.
  • Prácticas y artistas con compromiso social.

Llamando por tanto al conocimiento colectivo y uso de la Declaración de los defensores de derechos humanos e invitando previamente a la memorialización y honra de quienes murieron defendiendo los derechos culturales que ahora disfrutamos, avanzamos hacia la inclusión de esta mirada especializada hacia la cultura en todos los programas de apoyo a defensores de derechos humanos.