MONDIACULT 2022-UNESCO, Entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional

UNESCO

 

Para mis compañeros y compañeras mexicanos, por este año en el que me permitieron compartir sus ganas de empujar el horizonte.

 

Con motivo del inicio hoy de la gran cita internacional de las políticas culturales, MONDIACULT 2022 de la UNESCO, el periodista cultural Íñigo Picabea me invitó a reflexionar en voz alta para Las Mañanas de Radio Nacional sobre los motivos por los que esta cita es tan importante, qué prioridades de trabajo se plantearán para los próximos años desde el sector cultural, qué papel ha de desempeñar la cultura para el logro de los ODS de la Agenda 2030 y qué caminos de futuro pueden abrirse para la protección de los derechos culturales en España.

Si quieres escucharla, este es el podcast.

¡Que sea útil!

Derechos culturales para un mundo rural vivo-Editorial para la Fundación Interarts

Derechos culturales para un mundo rural vivo

 

 

Como es un privilegio haber tenido la oportunidad de compartir reflexión este mes en forma de editorial para la Fundación Interarts, dejo por aquí el enlace al mismo por si generamos conversación España-América Latina y ponemos en el centro del diálogo el papel que pueden desempeñar las políticas culturales para la protección de los derechos humanos y la construcción de horizontes de futuro para un mundo rural vivo a nivel internacional. ¡Hagamos que llueva!

 

DERECHOS CULTURALES PARA UN MUNDO RURAL VIVO

 

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

Nos faltan 43: neoliberalismo y violencia en México

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No podemos comprender, en su primer aniversario, la desaparición forzosa de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa sin analizar el peso de la política neoliberal en México,
especialmente a partir de los años noventa, que generó el caldo de cultivo para la
“institucionalización del narco” y su presencia de facto en el mundo económico, empresarial,
policial, militar y político.
En un informe del año 2012 del Senado mexicano titulado “Ayuntamientos y crimen
organizado” se concluía que el narco estaba infiltrado en el 71,5% de los municipios del país.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas neoliberales en México?
En los años 80, México y toda América Latina hacía frente a la denominada “crisis de la deuda”
en la llamada “década perdida latinoamericana” que llevó no sólo a debilitar el Estado, sino a
la aplicación rigurosa de los mandatos del FMI con sus recetas de mayor austeridad,
adelgazamiento de los derechos sociales y cesión al mercado de competencias estatales. La
aplicación de este paquete de medidas en un país que a día de hoy aún tiene al 46% de su
población en situación de pobreza y a un 11% sobreviviendo en condiciones de pobreza
extrema, profundizó aún más la desigualdad y desarticuló una incipiente clase media.
En esta situación de progresivo avance neoliberal, como ya sabemos, se firmó en el año 94
(inicio también del movimiento zapatista, los Foros Sociales Mundiales y el nacimiento de
ATTAC internacional) el NAFTA, el Tratado comercial entre México, EEUU y Canadá que no sólo
supuso la renuncia del gobierno mexicano a intervenir en su economía nacional o la entrada de
México en el juego de las finanzas de casino dejando atrás la inversión productiva sino el inicio
de otros efectos perversos de los tratados neoliberales.
No sólo se produjo una pérdida paulatina de soberanía alimentaria. La desregulación de la
protección al maíz mexicano, mayor cultivo del país, permitió la importación del maíz
estadounidense, provocando una brusca caída en los precios y empeorando la calidad de vida
de los productores locales, que se hicieron más vulnerables a las estrategias de presión del
narco para el cultivo forzoso de amapola o que vieron en esta misma posibilidad un recurso
extremo para la supervivencia económica.
Al igual que estamos viendo ahora en el Sur de Europa y en el proceso de negociaciones del
TTIP, México con la firma del tratado se convirtió en un enclave económicamente secundario y
dependiente de las grandes multinacionales a través de la implantación de la maquila. Las
políticas fiscales que rebajaron la carga impositiva a las multinacionales a un 1,7% frente a la
carga del 20-30% del resto de la población favorecieron esta “maquilización”.
Se promulgó también una Ley minera que dejó a los territorios en manos de compañías
extractoras de metales preciosos, especialmente canadienses. No está de más recordar que el
Estado de Guerrero, en el que se vivió la masacre de los 43 estudiantes, es uno de los mayores
productores de oro del país, mientras el 70% de su población está en riesgo de pobreza.
También se avanzó en una reforma energética que liberó el petróleo y la electricidad, hasta el
momento en manos de PEMEX. Se ha denunciado en fechas recientes la existencia de una
estructura paralela controlada por el narco que comercializa este mismo petróleo de modo
ilegal en cantidades similares a las de la comercialización legal.

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Junto al progresivo desmantelamiento de las policías comunitarias, las diversas reformas
educativas buscaron también el control sobre el magisterio, en determinadas zonas altamente
politizado, como es el caso de las Escuelas Normales.
Pero entre los efectos de mayor calado de la adopción de esta agenda neoliberal en México se
encuentra la incorporación de uno de los ejes discursivos centrales de las intervenciones
militares de EEUU, manejado con fines geopolíticos, así como la imposición de los términos
estadounidenses en su llamada “guerra contra las drogas” o, bajo el nuevo término que usa la
administración norteamericana, “narcoterrorismo”. No sólo impulsó la criminalización en
bloque de todas las luchas sociales (campesinas, estudiantiles, sociales) sino que propició la
militarización de la política, especialmente bajo el mandato de Felipe Calderón (2006-2012)
que dejó tras de sí 70.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 1,6 millones de desplazados
forzosos, así como una petición de juicio por crímenes de lesa humanidad impulsada por
diferentes agentes sociales mexicanos.
No hay que olvidar el pingüe beneficio que recayó en las empresas de armamento
estadounidenses con la institucionalización de la “guerra contra el narco”. El 75% de las armas
decomisadas al crimen organizado mexicano son estadounidenses, sin contar con los contratos
de suministro legal tanto al ejército como a la policía mexicanas.
Ante esta situación de desigualdad social extrema, que mantiene el grueso de la economía
mexicana en el sector informal, la creciente pérdida de empleos, recortes, falta de cobertura
estatal, algunos analistas y sociólogos mexicanos empezaron a nombrar la situación desde un
nuevo y doloroso prisma: narcoestado, necropolítica o capitalismo gore fueron algunas de las
categorías nacientes.

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Se comprobó que a medida que el sector informal fue creciendo, apoyado en un nunca extinto
sistema caciquil, se dio un crecimiento exponencial del crimen organizado.
El tráfico de drogas supone el 3,6% del PIB en México, mientras que el coste de la inseguridad
según el ICESI es el 8,9% del PIB. Si observamos los datos mundiales, el mercado internacional
de la droga representa el 1,5% del PIB mundial, con 320 mil millones de dólares en el comercio
de cocaína y heroína a mucha distancia de los 32 mil millones de dólares de la trata de
personas y muy lejos de las cifras de la venta de armas o recursos naturales.
Este 3,6 % mexicano pasa necesariamente por procesos de blanqueo y lavado de capitales a
través de los paraísos fiscales, revirtiendo apenas testimonialmente en negocios pantalla e
invirtiéndose directamente en especulación financiera que refuerza, en una lógica macabra, la
economía global y a la misma élite financiera que promueve la agenda neoliberal y la firma de
los mal llamados tratados de libre comercio a nivel internacional.
Sabemos también que en el proceso de penetración del narco en las instituciones mexicanas,
la corrupción es una constante, documentándose el manejo de unos mil millones de dólares
anuales del crimen organizado exclusivamente para forzar procesos de corrupción policial.
Mientras que México en décadas anteriores se caracterizaba por ser un país de paso para la
droga en su camino hacia el mayor consumidor mundial, EEUU, en la actualidad se ha
reforzado su papel productor, especialmente de heroína y marihuana. El nivel de decomisos de
heroína en la frontera con los EEUU aumentó desde el año 2012 en un 324%. Conviene
recordar también que el Estado de Guerrero donde se vivió el horror de Ayotzinapa concentra
el 98% de la producción nacional de amapola.
En medio de toda esta situación, el narco no sólo se ha aprovechado del desmantelamiento de
la protección social y la precarización colectiva, impulsando incluso procesos de reclutamiento
entre menores de edad, en cifras que oscilan entre los 30.000 y 43.000 menores sino que ha
desarrollado también acciones de suplantación del Estado, a través de creación de pequeñas
infraestructuras y empleo ilegal que repercute también en el sector formal requerido por el
blanqueo de dinero.
Es conveniente, en este primer aniversario de la desaparición forzosa de los 43 de Ayotzinapa,
ampliar la mirada para comprender las causas sociales y económicas que han permitido la
instauración de un sistema nacional marcado por la impunidad y que al grito de ¿por qué nos
asesinan si somos la esperanza de América Latina? que recorrió las calles mexicanas hace un
año, encuentra respuesta en una entrevista realizada a uno de los compañeros de los
normalistas desaparecidos: “¿Pelearías contra el narco como ya lo haces contra el resto de las
instituciones capitalistas?” “No, porque sabemos lo que hacen.”