Jornada Cultura y Provincia, 28 de octubre, Cádiz

 

El próximo lunes 28 de octubre, se celebrará en Vejer (Cádiz) la Jornada Cultura y Provincia en la que, junto a concejalas y concejales de cultura de toda la provincia y técnicos especialistas culturales de todo el territorio, conversaremos sobre el papel que pueden desempeñar los municipios en la defensa de los derechos culturales y la necesidad, hoy más que nunca, de un nuevo marco de actuación de nuestras políticas culturales locales desde un enfoque de derechos humanos.

Agradezco a la Diputación de Cádiz y a su Fundación Provincial de Cultura la invitación y la oportunidad de seguir tendiendo puentes y lazos comunes para seguir garantizando en nuestro país el derecho a participar en la vida cultural en pie de igualdad para todas y todos.

Reproduzco de su página web la información de la Jornada:

La jornada

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz convoca el Encuentro Cultura y Provincia para todos los municipios de menos de 50.000 habitantes y Entidades Locales Menores. Se trata de un espacio de encuentro y reflexión en el que participarán tanto responsables políticos locales como los gestores y gestoras culturales municipales. El evento tiene dos ámbitos diferenciados, por una parte, conocimiento de algunos de los aspectos más destacables de las políticas públicas locales a día de hoy y, por otra, presentación de las propuestas que la Diputación hace a los municipios para el próximo año 2020.

En lo que se refiere a ponencias y conocimiento contaremos con tres ponentes de gran nivel e interés:

En primer lugar, el profesor Enrique Bustamante, de la Universidad Complutense, que en los últimos años ha venido coordinando el Informe sobre la Cultura en España, que realiza la Fundación Alternativas. En su exposición nos informará en qué han influido los años de crisis sobre las políticas culturales públicas municipales.

En segundo lugar Gema Carrera, antropóloga del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, hablará sobre un proyecto de gran interés para todos los municipios, como es la Guía Digital del Patrimonio Andaluz.

Y como final en este ámbito de conocimiento, contaremos con Estefanía Rodero, para hablar de los derechos culturales y el municipio.

Además, en el núcleo del encuentro, la Fundación Provincial de Cultura, a través de sus responsables político y técnicos, adelantará algunas de las reformas y novedades en el modelo de cooperación entre la Diputación y las poblaciones menores de 50.000 habitantes. Cambios de imagen, de normativa, de oferta, que se encuentran en la línea de realizar una oferta de servicios de más calidad y participación. Todo ello con independencia de que en el transcurso del año próximo se realice una revisión y reformulación más profunda del Plan Estratégico, aprobado por el pleno de la institución provincial y que rige en la actualidad sus estrategias para la cultura en la provincia.

Ponentes

Enrique Bustamante Ramírez

Profesor universitario desde 1980 y Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid desde 1992. Es Vicepresidente de AE-IC (Asociación de Investigadores en Comunicación de España) desde 2008 y fundador y director de la revista de investigación en comunicación “Telos. Cuadernos de Tecnología, Comunicación y Sociedad” (FUNDESCO), desde 1985 a Abril de 1997, además de coordinador general en su nueva etapa (2001-2011).

Fue miembro del Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, nombrado por el Gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero entre abril de 2004 y marzo de 2005, y por ello fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Es miembro del Consejo de Redacción, entre otras, de las siguientes revistas de investigación: Reseaux (Paris-Londres); Media Culture & Society (Londres); Comunicaçao & Politica (Rio de Janeiro); ZER (U. País Vasco); EPTIC (Univ. de Sergipe. Brasil: www.eptic.he.com.br www.eptic.he.com.br); Studies in Communication Sciences (Universidad de Lugano.Suiza:www.scoms.ch, Dialogos(Lima. FELAFACS:www.felafacs.org, www.dialogosfelafacs.net), Pensar la Publicidad (Universidad de Salamanca).

Ha sido periodista en activo durante doce años en numerosos medios de comunicación, entre ellos en la emblemática revista Cuadernos para el Diálogo (1974-1978); fue asimismo directivo electo a la Asociación de la Prensa de Madrid, la Unión de Periodistas y el Club Internacional de Prensa, Titular de la Cátedra Unesco de Comunicación Internacional de las universidades Stendhal de Grenoble y Lyon II (en 1997-98), secretario general y vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1993-1997), director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I de la Universidad Complutense (1989-1993)y presidente de Ibercom, Asociación de Investigadores de Iberoamérica en Comunicación (2003-2007).

 

 

Gema Carrera Díaz

Doctora en Antropología y Jefa de proyecto de Patrimonio Etnológico del Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Pertenece al Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales de Andalucía (GEISA). Es Premio Extraordinario de Doctorado 2016 de la Universidad de Sevilla por la investigación titulada: Propuesta metodológica para la documentación y gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial como estrategia de desarrollo social y territorial.

Es Directora técnico científica del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y ha coordinado varios proyectos de investigación. Es autora de numerosas publicaciones periódicas, capítulos de libros y algunas monografías relacionadas con el patrimonio cultural, patrimonio etnológico y participación social, metodologías de documentación y gestión del patrimonio inmaterial.

Es miembro de la comisión de Etnología de la Consejería de Cultura (2008-2016), miembro del Comité de redacción y seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura (2011-2015). Ha formado parte del grupo de expertos para la realización de un modelo de código ético para la salvaguarda del patrimonio inmaterial (UNESCO). Es presidenta de la Asociación Andaluza de Antropología.

 

Estefanía Rodero Sanz

Socióloga de la cultura, especialista en género, teórica y comparatista literaria y analista del discurso. Recibió en su momento los premios Joven Emprendedora Social UEM-International Youth Foundation y Proyectos con Espíritu (Espíritu 23, Madrid) por la experiencia de empoderamiento comunitario a través de la cultura que supuso Mundo Catarata. A raíz del impacto de la publicación de la Guía práctica de emprendimiento social y cultural para la Universidad de Salamanca de la que fue autora y la conversación incesante con América Latina, actualmente trabaja promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres y el reconocimiento de su aportación a la riqueza de los pueblos, estando siempre al servicio de la realidad gracias a las Relaciones Culturales Internacionales (y a lo aprendido de sus maestras de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universitat de Girona y la Organización de Estados Iberoamericanos).

En el ámbito de la crítica y la creación literaria impulsó el nacimiento de la -fugaz y hermosa- Asociación de críticas literarias feministas Julia Kristeva (Universidad Complutense de Madrid) elaborando, entre otras acciones, A la vez, mujeres poetas del mundo. Entre otros premios, recibió en el 2003 el Gloria Fuertes de poesía, siendo incorporada después a diversas antologías españolas. Comprometida, como afirmaba Gianni Rodari, con la «defensa del uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas sino para que nadie sea esclavo» dio origen a la Biblioteca Autogestionada del módulo de mujeres del Centro penitenciario de Topas (Salamanca), embarcándose más tarde en el proyecto de co-creación del álbum ilustrado y el documental El sueño del último baobab, nacido de la experiencia de los menores migrantes no acompañados en España.

 

 

Programación

09:30
Recepción y acreditaciones

10:00
Inauguración del Encuentro

Irene García Macías

Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz

10:30
Conferencia: En el marco de la gran crisis: las políticas culturales locales en España

Enrique Bustamante Ramírez

Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del Informe sobre el estado de la Cultura en España (Fundación Alternativas)

11:15
Pausa Café

11:45
Conferencia: Guía Digital del Patrimonio Andaluz: La Guía en Red

Gema Carrera Díaz

Antropóloga. Jefa del departamento de Proyectos de Patrimonio Etnológico. Instituto Andaluz del patrimonio Histórico

12:30
Presentación: El proyecto de la Fundación Provincial de Cultura para la provincia de Cádiz: Consolidación y renovación

Antonio González Mellado. Diputado Delegado de Cultura.

Antonio Luis Rodríguez Cabañas. Director de la Fundación Provincial de Cultura.

Equipo técnico de la Fundación Provincial de Cultura.

13:15
Conferencia: El municipio y  los derechos culturales de la ciudadanía

Estefanía Rodero Sanz

Socióloga de la cultura y especialista en política cultural por la Cátedra UNESCO de Políticas culturales y desarrollo (UdG)

14:00
Clausura

14:30
Actuación musical

Lucía Galindo (cantautora)

14:45
Almuerzo

16:30
Visita guiada a la Fundación NMAC Montenmedio de Arte Contemporáneo

 

Nota: la asistencia a esta jornada es exclusivamente para concejales/as y técnicos/as de Cultura de los Ayuntamientos de la provincia y por invitación de la Fundación Provincial de Cultura.

Cuerpos-territorio, omisión de protección y negligencia deliberada

Durante el mes de noviembre el GAIPE, el equipo conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional creado a petición tanto de la familia como de las comunidades y organizaciones de las que formaba parte Berta Cáceres para garantizar una investigación independiente al margen de la realizada por el estado hondureño, presentó su informe de investigación y recomendaciones legales sobre el caso “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”.

Leyéndolo, junto a la centralidad que ha tenido en el asesinato la vulneración por parte del Estado hondureño del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes recogida en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Honduras, ha quedado resonando dentro de mí como en una campana todo el entramado de “no haceres”, omisiones, impunidad y negligencias deliberadas respecto al deber de proteger que sostienen el edificio de la persecución y muerte de defensoras territoriales por toda América Latina.

Si bien todos los relatores internacionales y equipos legales y de investigación independientes en materia de derechos humanos que están tratando de proteger y crear algún tipo de cortafuegos in extremis, al igual que las comunidades, ante la masacre creciente de defensoras de derechos humanos alertan una y otra vez sobre los pasos que están siguiendo los procesos de hostigamiento, a saber:

  • La militarización de las empresas de seguridad privada contratadas por la industria extractiva (energética, agroindustrial, pero también y esto es importante en relación a la exigencia de responsabilidad en el campo de las relaciones culturales internacionales, la empresa turística)
  • La instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social.
  • La implementación de campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje de las comunicaciones.
  • Cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad.

resulta particularmente sangrante, dadas las consecuencias que este no hacer ni ver ni decir están teniendo sobre la vida y la muerte de las comunidades en América Latina, el peso de la omisión y las negligencias deliberadas en el crecimiento de la violencia.

 

 

Es especialmente reseñable dado que, más allá de la autoría material y la autoría intelectual de los crímenes, la paulatina desaparición, aunque sólo fuese creíble ya a un nivel teórico, del deber de protección de los Estados ejerce un efecto dominó devastador sobre la percepción de seguridad y confiabilidad de la sociedad en su conjunto, al margen de los proyectos de despojo territorial empresarial que están detrás de los asesinatos a defensores. Si a la impunidad y arbitrariedad que se repiten en todos los procesos, sumamos un clima social de “no tener bajo qué guarecerse”, ¿cómo no prever, tal y como estamos viendo en Honduras, el riesgo de colapso que afronta toda la arquitectura democrática?

Poniendo el foco sobre la omisión, se nos plantea por ejemplo: todos los consultores de proyectos de desarrollo de infraestructuras y territoriales que describen los riesgos sociales de los mismos, que evalúan los sistemas de seguridad, todos los bancos financiadores de dichos proyectos, todos los organismos que suman sus logotipos y evalúan positivamente las intervenciones territoriales, ¿no tendrían algo que decir? La comunidad internacional, ante la subcontratación de la subcontratación de la seguridad privada de las transnacionales que operan en los países del Sur, que ha derivado en la escalada del sicariato en la región, ¿qué medidas de monitoreo y auditoría social alrededor de las violaciones de derechos humanos está implementando?

¿Cómo rastreamos, ante todo ello, la omisión y la negligencia? ¿Cómo se puede atajar el “no hacer”? En un marco cultural internacional que mitifica la acción por la acción, entrenado en su mirada para los rastros de los hechos, ¿cómo se desarticulan los miles de microprocesos que están sustentando estos niveles de violencia a base de negligencias consentidas y omisión de protección? No estamos hablando exclusivamente de corrupción o de fortalecimiento de estructuras paralelas al Estado. Estamos hablando de toda la complejidad de los entornos que sostienen una persecución de estas características, del nivel local al internacional, sabiendo que “el día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana”  sin que nadie diga nada.

 

 

Frente al alarde de dominación territorial y visión extractiva que está en la base de esta violencia, contrastan las iniciativas comunitarias que están tratando de contrarrestar las acciones de ruptura del tejido social. También durante el mes de noviembre el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo presentó su Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios, “Mapeando el cuerpo-territorio” en el que se lleva al centro la necesidad de establecer otros modelos de relación con los espacios que habitamos.

Afirman:

“Cuando pensamos el cuerpo-territorio, éste nos ayuda a mirar cómo la violencia deja pasos en nuestros cuerpos pero además se conecta con las invasiones más globales a nuestros territorios, y con los intereses económicos de los de arriba”

“Pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos (…) No cabe duda que sobre el cuerpo queda impreso lo que ocurre en los territorios.”

Así, apoyándose en la educación popular y todo su potencial tanto para la reflexión como para la articulación de nuevos imaginarios, desde el Colectivo proponen avanzar con urgencia hacia nuevos modelos de relacionarnos espacialmente más allá del modelo invasión-dominación:

“¿Cuándo un espacio nos recuerda quiénes somos? ¿Cuándo lo habitamos y lo hacemos nuestro? ¿Cuál es la relación entre habitar e imaginar? ¿Cómo un espacio cobra vida?”

Interpelada sin remedio por esta violencia urgente del presente y uniendo en mí el trabajo del GAIPE y de Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo quería acabar así, abruptamente como acabaron con la vida de Berta, dejando abierta la última pregunta ante la necesidad urgente de transformar nuestra vivencia, imaginarios y relación personal y colectiva con la tierra.

 

 

 

 

Patrimonio de la Humanidad contra el extractivismo: la candidatura de la dehesa

A pesar de que el trabajo previo lleva años fraguándose, la semana pasada se comunicó oficialmente la presentación de la candidatura conjunta de la dehesa y el montado portugués para ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, en su vertiente de paisaje cultural, por parte de la UNESCO.

Junto a la alegría, personal e intransferible, que supone la mera existencia de una candidatura para la protección del patrimonio rural desde lo rural, y el progresivo avance tanto de la conceptualización como de la visión de las posibilidades que entraña el reconocimiento y cuidado de nuestros paisajes culturales, surgió pronto en mí el pellizco de la pena. Entre los 17 organismos que impulsan la candidatura, no hay ninguna organización que represente a la dehesa salmantina ni, por supuesto, Castilla y León tiene presencia alguna en la articulación de este proyecto para la salvaguarda de uno de los paisajes más representativos del sur de su comunidad. Junto al obvio diferente color político que gobierna en las dos comunidades, me resultó frustrante el hecho de que la dehesa más amenazada del territorio español, la del Campo Charro, sobre la que pende la próxima apertura de la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa, autorizada y justificada por la Junta de Castilla y León, quede fuera de las actuaciones de revalorización, protección y promoción que vendrán de la mano de la candidatura a la lista de Patrimonio.

Ilusa como soy a estas alturas del partido, me preguntaba si ningún Grupo de Acción Local salmantino, plataforma ciudadana, defensores del ecosistema de la dehesa o expertos políticos tanto en desarrollo rural como en cultura iban a tratar de hacer ver el contraste entre el lanzamiento de la candidatura de protección de la dehesa extremeña y la barra libre al extractivismo que está sufriendo el mismo paisaje cultural a pocos kilómetros de diferencia.

 

 

Si, como afirman Rocío Silva y Víctor Fernández en sus “Claves para el reconocimiento de la dehesa como paisaje cultural de la UNESCO”

“Todos los paisajes poseen argumentos culturales, aunque estos no se hayan estructurado en un relato. La aceptación social de este relato es lo que los convierte en patrimoniales.”

me preguntaba qué espesor emocional y de reconocimiento guardamos ante esta forma sempiterna del medio rural español y cuánto de su olvido estará ligado tanto al olvido mayor que sufren las áreas de nuestro país con menores densidades demográficas como al desprecio de la España democrática, también la de izquierdas, a sus culturas rurales y su diversidad. Me preguntaba cuánto del relato asociado a la dehesa, durante tanto tiempo estereotipado y cañí, no sería puro y urbanísimo desconocimiento así como símbolo de la rendición de la izquierda post-78 para disputar “la Meseta” y su tejido simbólico-identitario.

Me resulta igualmente llamativo que en los estudios sobre las amenazas que se ciernen sobre la dehesa sí se señalen el incremento de la carga ganadera o el abuso de los productos químicos, pero no se haga mención explícita alguna a la presión extractiva y los intereses políticos que están poniendo en riesgo estos paisajes culturales protegidos y que han pasado ya de ser una amenaza latente a una realidad. Junto a ello, me sumo a la advertencia que están realizando diferentes estudiosos del sistema de la dehesa, referentes a no descuidar, frente al enaltecimiento de los valores naturales, la denuncia del actual descuido de la arquitectura vernácula presente en la dehesa española, por no hablar del estado calamitoso en el que se encuentra el patrimonio religioso, especialmente ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, ante la desatención de tirios y troyanos.

 

 

Quizá el Plan Nacional de Paisaje Cultural de 2012, con vigencia de 10 años (que no incluía de modo explícito mención alguna a la protección de la dehesa), debería incluir con urgencia en su identificación de riesgos la presión multinacional extractiva sobre el paisaje cultural español, así como las acciones preventivas de protección que desde el Instituto de Patrimonio podrían impulsarse cuando estas amenazas, como es el caso que sufre la dehesa salmantina, amenazan de modo flagrante el patrimonio de todos.

Para terminar, permitidme un último momento iluso: ¿no sería una alegría mayor que la candidatura de la dehesa extremeña y portuguesa pudiese servir para proteger a la dehesa salmantina de la cruz de mina que lleva encima? ¿Podría ver la UNESCO en la movilización de las comunidades locales para la protección de este riesgo, ahora que tienen un nuevo peso y protagonismo en sus protocolos de valoración, un elemento sustantivo para tomar, un poco más si cabe, la candidatura en cuenta?

 

Derecho a la tierra y cultura

(Todas las imágenes pertenecen a la obra de la artista Agnes Denes, «Wheatfield», que en 1982 plantó 2 hectáreas de trigo en un solar entre el World Trade Center y Wall Street para forzar un debate sobre el sistema mundial de comercio y el hambre)

 

La semana pasada la ONU, en un informe de la UNCCD, alertaba sobre el hecho de que más de mil millones de personas carecerán de alimento si la tierra, la calidad del suelo, continúa deteriorándose, reforzando las condiciones de pobreza y los ciclos de sequía y hambre. Sólo un día más tarde, Survival Internacional, señalando la permisividad y connivencia del gobierno de Temer con el agronegocio y la industria extractiva, constataba una nueva masacre de pueblos indígenas aislados en el Amazonas a manos de mineros de oro ilegales. La presión por desposesión que están viviendo no sólo los pueblos indígenas (la tierra también está detrás de la reciente desaparición de Santiago Maldonado) sino los defensores y defensoras territoriales en todo el globo, cuyo número de asesinatos no deja de aumentar, debería llevar nuestra atención hacia las instancias en las que se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano (y que ya tratamos en un artículo anterior “Llamando a la tierra”), tener un espacio destacado en nuestra agenda de política exterior así como obligarnos a parar, también desde el campo de las políticas culturales para plantearnos qué consecuencias ha tenido desentendernos del hecho de que la tenencia de la tierra es, en muchas ocasiones, una condición sine qua non para garantizar los derechos culturales.

Si bien en los debates sobre el acceso y propiedad de la tierra se suele centrar la atención sobre la correlación que existe con el acceso a la alimentación, la habitabilidad o el desarrollo, no es menos cierto que dicho acceso y propiedad está íntimamente relacionado tanto con la protección de estilos de vida, determinadas identidades culturales, protección del patrimonio y participación en la vida cultural.

Como señalan Minority Rights y la Universidad de East London en su informe conjunto “Moving towards a right to land”, sin un régimen legal internacional que regule de forma igualitaria el acceso y propiedad de la tierra y que corrija la actual estratificación y jerarquización que está marginando, excluyendo y discriminando en el acceso a la tierra a las más pobres y con menor nivel educativo mundial, no se pueden garantizar los derechos culturales en los siguientes niveles:

  • Uso de los bienes y recursos comunes culturales, como lo es la tierra.
  • Acceso a monumentos o sitios sagrados de los pueblos indígenas.
  • Protección de la diversidad cultural y de las identidades culturales, especialmente la de los pueblos indígenas, minorías y formas de vida y conocimientos asociados al trabajo con la tierra (especialmente formas de vida campesinas y pastoreo)
  • Falta de reconocimiento de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
  • Situaciones de desposesión y desplazamiento forzado desde las zonas rurales a las zonas urbanas.
  • Desprotección del patrimonio cultural.

En relación a este último punto, cada vez son más las voces (especialmente desde el campo de las buenas prácticas en gestión del patrimonio, pero no sólo) que están alertando sobre el impacto de proyectos de preservación arqueológica o histórica en las comunidades locales y su utilización espuria con el fin de desplazar poblaciones y restringir el acceso a usos ancestrales de la tierra. En esta dirección, recordamos el sonado ejemplo de la gestión patrimonial del sitio arqueológico de Palenque, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, gestión que fue reclamada por los territorios zapatistas como vía de empoderamiento comunitario denunciando el hecho de que las comunidades indígenas que lo consideraban parte de su propio pasado y lo habían cuidado y preservado tradicionalmente habían quedado totalmente al margen del proceso, no recibían beneficio alguno de la gestión del mismo y eran perseguidas también en los alrededores del sitio si ejercían sus funciones de mercadeo tradicional.

 

Por todo ello y ante el avance alarmante de nuevos procesos de desposesión territorial y los efectos que tiene, entre otros, sobre la protección de la diversidad cultural, me nacen algunas preguntas:

  • ¿Por qué hemos caído tan acrítica y ciegamente en la desvinculación entre cultura y territorios?, ¿el temor al esencialismo o al discurso nacionalista han sido centrales en este proceso?
  • ¿La cosificación de la tierra no es EL discurso cultural a desmontar ante el retorno que estamos viviendo de legitimación de la “terra nullius”?, la construcción de alternativas a un sentido común que normaliza la compra de terreno por parte del mercado de los biocombustibles y convierte el alimento en una commodity para la especulación financiera, ¿no es una prioridad?
  • ¿Qué artistas, creadores, creaciones, experiencias, músicas, palabras, podrían construir, quizá, este nuevo paradigma de regreso a la tierra?

 

 

Derechos culturales y democracia de la tierra

“La circunferencia más externa jamás se servirá del poder

para aplastar al círculo interno en ella contenido,

sino que dará fuerzas a todos sus componentes y, de ello,

derivará las suyas propias.”

(Mahatma Gandhi)

“Vivir en medio de la demás vida que también quiere vivir”

(Albert Schweitzer)

La presentación internacional, con motivo del Día de la Tierra, del documental “Semilla” hizo que me plantease hace unos días el modo en el que, desde la construcción de alternativas sociales y culturales al neoliberalismo global, reproducimos pautas de obsolescencia programada en la articulación de las ideas y minimizamos ante el esquema de “la moda de lo nuevo por lo nuevo” aportaciones muy profundas que necesitan tiempos no acelerados para consolidarse. De igual manera, volvía a plantearme el proceso de construcción de la “autoridad discursiva” y la creación y permanencia de genealogías de autoridad intelectual cuando es la voz de las mujeres la que, partiendo desde sí, despliega propuestas y horizontes de acción.

Quería recuperar, por tanto, por la vigencia de su análisis (releer sus observaciones sobre “el deseo de pertenencia” tras los resultados de las recientes elecciones francesas da cuenta de ello) la propuesta que en 2005 planteó la física india y activista internacional Vandana Shiva en su obra “Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz”. Aunque el ecologismo ha dialogado mucho más con su obra, quería detenerme brevemente en las aportaciones al campo de las políticas culturales contenidas en su Manifiesto.

Hay una obsesión que recorre su planteamiento: lo prescindible, la capacidad del actual sistema económico-político para la creación de “personas excedentarias o prescindibles”, experiencias, culturas, conocimientos “que sobran”. Se entendería la perversión del ejercicio del poder a través de su capacidad de generar exclusión y de delimitar las fronteras de la realidad y por ello de las vidas, palabras y experiencias “que importan”.

Se observa así que la construcción de lo prescindible se está apoyando en una serie de prácticas que constituyen una pauta:

  • la profundización del desarraigo como medida de desmovilización social y vector central del neoliberalismo.
  • la negación de la experiencia y conocimientos de los habitantes que fueron víctimas de la ocupación o desplazamiento.
  • la expropiación y desposeimiento de esos mismos conocimientos.
  • el cercamiento, “privatización patentada” y explotación privada de los conocimientos.

Una de las manifestaciones culturales en las que podemos observar con mayor claridad este proceso de despojo es la de las artesanías tradicionales. El caso, por ejemplo, del bordado otomí mexicano, los tenangos, es de los más evidentes, en el que la precaria situación laboral de las bordadoras permite notables abusos comerciales (como fue el sonado caso de Hermes) y en el que el robo de patrones y usurpación a las comunidades impide la propia supervivencia económica de las creadoras.

 

 

Vandana Shiva llama la atención también sobre otros riesgos que afronta la protección del patrimonio mundial frente a las lógicas y mecanismos del “libre comercio” y que se dejan entrever en la perversión del lenguaje. Así refiriéndose a la destrucción del patrimonio en Irak, afirma:

“De la destrucción del legado histórico y cultural de antiguas civilizaciones no “nacen” sociedades nuevas. Puede que esa destrucción del patrimonio histórico iraquí fuese únicamente necesaria, en realidad, para mantener la ilusión de nacimiento de una nueva sociedad.”

Alertando, ya por el 2005, de los peligros que entrañaba la teoría del “choque de civilizaciones” de Huntington para provocar un auge sin precedentes del fundamentalismo y la expansión de la reacción de identidades exclusivistas (resumida en “para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad los enemigos son esenciales”), Vandana Shiva se reafirmaba (como también otros referentes internacionales) en la defensa de las identidades múltiples y diversas. Así, ante las “culturas de exclusión, desposeimiento y escasez” proponía un eje de acción basado en la resistencia, denuncia y desmantelamiento de la lógica de la disyuntiva excluyente (“o esto o lo otro”) que es la base de legitimación de la exclusión, en la que la multiplicidad, el pluralismo, la interdependencia y lo relacional no tienen cabida. La profundización democrática y la prioridad de la acción política vendrían de la mano, por tanto, de un verbo: incluir.

“Debemos ampliar la democracia para incluir a los excluidos: a las comunidades privadas de derechos, a los niños, a los recluidos, a las personas mayores y a las diversas especies de la tierra”

“En las democracias económicas no hay personas ni especies ni culturas prescindibles”

“En la diversidad, hasta lo más pequeño tiene un sitio y un papel; dejar que lo pequeño florezca constituye la prueba más auténtica de libertad”

Por eso, priorizando la acción de inclusión como el verdadero ejercicio democrático, frente a “una respuesta patriarcal y militarista al imperio que imita la violencia de éste” proponía el reconocimiento de los nuevos liderazgos del siglo XXI para la resistencia ante el neoliberalismo global:

“Debemos insistir en que quienes afronten la crisis deben escuchar y aceptar la iniciativa y el liderazgo de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores y todas las personas que han expuesto y planteado la crisis por la reducción, el cercamiento y la extinción de la diversidad biológica y cultural en el nivel local.”

Así, siguiendo las aportaciones realizadas por dichos colectivos, el reconocimiento de los límites naturales y la localización serían condiciones indispensables para la consolidación de “culturas vivas”. Si, siguiendo su propia metáfora, la democracia económica no puede entenderse sin su arraigo de abajo arriba en los ecosistemas, culturas y economías locales, las culturas vivas reconocen su interdependencia, su conciencia de lugar y pertenencia a la naturaleza en la que se asientan. Frente a una monocultura global y mediática, el enraizamiento abierto a la totalidad se mostraría como el camino para la protección de la diversidad y la construcción de verdadera autonomía.

“Las culturas vivas son espacios en los que vivimos y damos forma a nuestros diversos valores, creencias, prácticas y tradiciones. Las culturas vivas surgen de la tierra: se basan en identidades múltiples y diversas”

“Las culturas vivas nutren la vida: se basan en la dignidad de y el respeto por la vida en su conjunto, las personas de todos los géneros y culturas y las generaciones presentes y futuras”.

Se entiende, por tanto, que no puede existir una democracia económica que no esté basada en los principios de subsidiariedad así como se aborda desde el Sur global la necesidad de incorporar al discurso internacional la visión intergeneracional que está siempre presente en las culturas indígenas.

 

 

Por todo lo anterior quedarían planteadas líneas de acción relacionadas con el fortalecimiento de los niveles locales en las políticas culturales, la interrelación entre cultura y territorio desde la promoción y protección de identidades diversas y dialogantes, la protección laboral de creadores y creadoras comunitarios, la puesta en valor del trabajo artesanal desde posiciones de reactualización permanente, el desmantelamiento de la construcción cultural-política del desarraigo como medida de éxito neoliberal, la autoevaluación sobre nuestra perpetuación de “lo prescindible” en el diseño de programaciones o políticas (¿qué manifestaciones culturales decretamos como prescindibles?, ¿qué colectivos?, ¿qué creaciones?, ¿qué expresiones?, ¿y territorios?), nuestro papel en la invisibilización del origen de las creaciones o aportaciones intelectuales o culturales (“extractivismo intelectual o académico”), así como qué supondría llevar al centro del debate nuestros propios límites corporales y vitales.

He querido recuperar este «Manifiesto para una democracia de la tierra» no sólo porque sigue siendo una propuesta de acción urgente sino por el, para mí, necesario reconocimiento y «reentroncamiento» con una genealogía cultural y política viva que, para el presente, sigue teniendo todo por decir.

Llamando a la tierra: España, culturas campesinas y nuevos debates de DDHH en la ONU

“Si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo.”

Miguel Delibes

“N’attendons pas un seul instant levons la tête/Prenons d’assaut la terre”

Verso de Paul Eluard, enarbolado por Jean-Luc Mélenchon en un mitin la semana pasada

 

Aprovechando que el 17 de abril es el Día Internacional de las luchas campesinas quería traer a la conversación en este espacio el debate fundamental que se está librando actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alrededor de dos nuevas Declaraciones y que, desde mi punto de vista, fuera de los círculos “iniciáticos” no está teniendo el eco social que merecen. Se trata de los proyectos de declaración “sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” y la  elaboración de un instrumento internacional vinculante “sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.

No es sólo el hecho de que sean dos documentos normativos que traten de frenar los abusos de uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene el edificio neoliberal mundial y uno de los principales responsables del cambio climático, la agroindustria transnacional, sino que consolidan el protagonismo que tendrá para nuestro siglo el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos. Si ya se dieron pasos clave al respecto tanto con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como la Declaración de los pueblos indígenas, el reconocimiento como derechos humanos del derecho a la tierra, al agua y las semillas, así como a la soberanía alimentaria de los pueblos están ahora mismo en disputa en los grupos de trabajo de Naciones Unidas.

Si desde las políticas culturales y en concreto desde las relaciones culturales internacionales se está prestando una atención cada vez mayor al, múltiple y polifacético, engarce entre cultura y territorios no se debe exclusivamente al interés en la preservación del patrimonio natural e inmaterial, o al más obvio papel que puede desempeñar la cultura como motor de desarrollo económico, sino también a la centralidad que están tomando los derechos culturales en la propia defensa del derecho a la tierra. Si La Vía Campesina explicita su movilización internacional en estos términos: “Planteamos la defensa de la tierra y el territorio como fuentes de vida inseparables de las prácticas culturales de nuestros pueblos”, es la cultura campesina entendida como un todo indisociable «comunidades culturales/territorio»  lo que se pretende defender y proteger en la nueva norma internacional.

 

Junto a los ya mencionados derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, junto al derecho a la tierra, quiero detenerme en tres aspectos recogidos en el Proyecto de Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que tendrían un eco importante sobre el medio rural español:

  • La inclusión del Artículo 26 “Derechos culturales y conocimientos tradicionales” en el que se recoge el derecho a disfrutar de su propia cultura y aspirar libremente al desarrollo cultural nos daría un nuevo marco normativo internacional para exigir con mayor vehemencia el respeto y protección a los derechos culturales en el medio rural español que, a día de hoy, siguen teniendo un carácter subsidiario y claramente deficiente. Nos permitiría movernos más allá de los marcos de la “preservación” o de los riesgos de la “falsificación cultural turística” para incorporar a la agenda política española los derechos de acceso, participación y creación culturales rurales que a día de hoy cuentan con un sesgo territorial de base.

 

  • De igual manera, el reconocimiento de los derechos a los recursos naturales y su gestión y conservación permitirían ensayar e incorporar en España instrumentos que hasta la fecha se han circunscrito a la realidad de la diversidad cultural iberoamericana, como el derecho a la consulta a las comunidades de forma previa a cualquier tipo de explotación territorial. Sumaría un elemento de protección importante para aquellas resistencias rurales en España que están haciendo frente al avance de la política extractiva en nuestro país.

 

  • En relación al derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, el proyecto de declaración recoge la necesidad de “garantizar la coherencia del mismo con las políticas culturales”. Este enfoque nos permitiría derribar en España “el tabique invisible” que a día de hoy sigue separando las políticas y medidas legislativas de desarrollo rural y los espacios de decisión relativos a las políticas culturales que merman las posibilidades y derechos del medio rural español. En la llamada permanente del documento a la creación de oportunidades no agrícolas destinadas especialmente a los jóvenes de las zonas rurales, se hace evidente el papel que pueden jugar al respecto las políticas educativas y  de patrimonio, tal y como lleva demostrando décadas Peridis y que nos recordaba la semana pasada de nuevo en estas declaraciones.

Junto a todo lo anterior, no podemos olvidar que uno de los ejes centrales que movilizan las dos nuevas declaraciones de la ONU en juego es el reconocimiento al papel que están desempeñando las mujeres a nivel global en la defensa de la soberanía alimentaria y la preservación de la biodiversidad y patrimonio mundiales, tratando de dar una respuesta de urgencia ante el alto precio en vidas y dolor que dicha preservación, con la mirada siempre puesta en la transmisión a las futuras generaciones, se está cobrando. Es fundamental que visibilicemos con mayor rotundidad el hecho de que cuando hablamos de protección del patrimonio y respeto a las culturas campesinas, es principalmente del respeto a los derechos humanos de las mujeres de lo que estamos hablando.

 

Por ello, quería aprovechar la celebración del Día internacional de las luchas campesinas para honrar “la mirada afectiva del mundo” que siguen proponiendo los ecofeminismos rurales y seguir desde las políticas culturales preguntándonos qué escondería en nuestro campo esa invitación abierta al “menos extraer y más cuidar a cambio de”.

 

 

Plan Cultura 2020 o la cultura rural inexistente

(Todas las imágenes corresponden al Museo etnográfico Eloy Rodero, impulsado por Luis Pinto Rodero, en El Campo de Peñaranda, 271 habitantes censados, Salamanca)

Se pasó el tío Eloy toda su vida con las manos ocupadas en la madera. Tallaba despacio, concentrado en preservar la memoria de un mundo que, sabio él, temía que desapareciese. Alguna vez yo, la nieta del Florián, junto a primos, tíos y demás “todos los que caben en el coche son familia extensa” me sumé de niña a aquellas ya raras peregrinaciones al pueblo para ver al hermano mayor de nuestro abuelo. Más interesada a mis pocos años por cualquier bicho, nido, olor de la panadería, lagartija, cosa que se moviese, entendía por los comentarios de mis mayores que aquello que iba atesorando el tío Eloy en su casa era una forma nuestra, por tangible y cercana, de honrar la belleza. Muchos años más tarde, comprendí de nuevo el desconocido aroma del arraigo (que el neoliberalismo con sus políticas sin raíz nos niega) al ver llorar y reír a la vez a una de mis abuelas ya sin memoria al reconocer de pronto en su neblina, ingredientes secretos que ríete tú de la magia, el sabor de uno de los dulces que le habíamos traído del pueblo.

 

Viene ahora todo ello a mi memoria al comprobar, una vez más, que la cultura rural ni se contempla, ni se menciona, ni se ve en el nuevo Plan de Cultura 2020 de la Secretaría de Estado. Más allá de la previsible respuesta de los diferentes niveles de competencias en materia de cultura (que, por cierto, vienen reclamando una nueva distribución y dotación presupuestaria a gritos) seguimos comprobando que ni la creciente visibilidad del problema de la despoblación, ni la presión en aumento en el medio rural español de nuevas formas de extractivismo, ni los debates internacionales sobre los riesgos y límites de determinados modelos de turismo natural y cultural han conseguido, en este país sin modelo para la cultura, hacer oír la voz de alerta del 80% de la superficie de España. No cabe más que preguntarse cómo vamos a cumplir los compromisos firmados a nivel internacional en relación a la protección de paisajes culturales, patrimonio natural, diversidad de las expresiones culturales y protección del patrimonio inmaterial, entre otras, sin llevar la mirada a nuestros pueblos.

 

 

Junto a la ausencia palmaria de un plan estatal para la cultura rural, me pregunto si de verdad vamos a seguir dependiendo de un criterio tan aplaudido las últimas semanas como peligrosamente subjetivo en el día a día como es la heroicidad, tenacidad o buen tino de nuestros alcaldes rurales y si “tampoco toca” abordar en ningún nivel de gobierno cómo afecta a la cultura rural, a la protección del patrimonio y a la garantía de los derechos culturales más allá del lugar en el que se viva, el hecho de que sean las diputaciones como nivel de gestión uno de los espacios que concentran a lo largo y ancho de nuestro país los casos más enquistados y tolerados de corrupción.

 

 

En el protagonismo que en el Plan 2020 se le otorga a la Conferencia Sectorial de Cultura, sorprende (más allá de que lleve sin reunirse desde el 2015) el hecho de que en todos estos años no haya impulsado en su seno ni un solo grupo de trabajo específico sobre Cultura y medio rural así como que en su composición no contemple la presencia de ninguna figura del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, entre cuyas áreas de actividad se encuentra el desarrollo rural, o de representantes de las redes de Grupos de Acción Local, para los que la cultura tanto en su dimensión de construcción de comunidad, económica en su papel de motor territorial, así como en su engarce con la protección, entre otras, de la biodiversidad está siempre presente. No es de extrañar que este mismo patrón que sitúa la cultura rural de nuestro país en “tierra política de nadie” se repita en el Congreso de los Diputados en el que entre la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comisión de Cultura, ¿dónde situamos la protección e impulso de iniciativas para la cultura rural?

 

 

De igual manera cabe preguntarse si entre los genéricos “recursos humanos y tecnológicos” que el Plan pretende destinar al patrimonio (si de verdad se logra, que está por ver, impulsar en este país una Ley de Patrimonio actualizada en sintonía con las últimas Convenciones aprobadas -para no perderse, por cierto, «El patrimonio cultural material en España: fortalezas, conflictos y penurias», de Jesús Prieto de Pedro, en el último Informe de la Cultura de la Fundación Alternativas-), cuántos de ellos se dedicarán al mundo rural y qué criterios de distribución territorial seguirá “el reparto”.

Viene sin querer a mi memoria, tras la lectura del Plan, el país del que procede este país y al que, como hijos desagradecidos, se le sigue dando la espalda sin asumir la urgencia de acción a la que nos impulsa la progresiva desaparición y abandono de pueblos, espacios, saberes, conocimientos, lenguas que nos trajeron hasta el presente. Me pregunto si al continuar con esta permisividad cómoda e impulso de la cultura del desarraigo, sin suelo ni paisaje, no nos estaremos condenando definitivamente a desconocer por completo quiénes somos.

 

(¿Quiénes somos?, tío Eloy, algo parecido a lo que heredado de tus manos, queda.)

 

 

De la tierra viva: mujeres, extractivismo y territorios

Hace unos días, con la  sordina habitual con la que salta, cuando salta, a medios nacionales la realidad que enfrentan nuestras provincias día a día, conocíamos la situación de hostigamiento legal que está viviendo María Cañaveras, una mujer jubilada de 68 años que se verá en el banquillo el 6 de abril por movilizarse contra la minería de tierras raras promovida por Quantum Minería S.L con el apoyo de la corporación local de su pueblo castellano-manchego, Torrenueva.

Leía esta noticia mientras de modo paralelo celebrábamos el logro conseguido por las defensoras de derechos humanos y del territorio en Centroamérica forzando a que la cámara legislativa de El Salvador, después de once años de lucha, haya aprobado por unanimidad la prohibición de la minería metálica en todo el país.

Que la nueva “operación Cóndor” sobre América Latina se cierne sobre las defensoras territoriales frente a los intereses de las industrias extractivas del Norte mundial, no sólo nos lo recuerdan los asesinatos de Berta Cáceres o Isidro Baldenegro, sino que nos lo demuestran cada día los tarahumara mexicanos, las comunidades lenca y garífuna en Honduras, nasa en Colombia, shuar en Ecuador, el pueblo mapuche, el guaraní en Bolivia, las defensoras del Yasuní ecuatoriano, Máxima Acuña en Perú y tantas otras comunidades en red enfrentando la violencia y agresiones por intentos de despojo-acumulación sobre la que se sostiene el edificio neoliberal global.

Como hemos comentado en otras ocasiones, el modelo extractivista está encontrando en el muy despoblado medio rural español un territorio propicio al que desplazarse, dado el menor índice, por realidad demográfica, de conflictividad local, unido al manto de silencio que acompaña su día a día. Si bien las agresiones a las defensoras territoriales no alcanzan la extrema gravedad que afrontan en América Latina, sí se están repitiendo, ante una generalizada pasividad tanto de medios de comunicación como de muchos partidos políticos, casos de hostigamiento legal, campañas de difamación personal y presiones de todo tipo por parte de las empresas mineras en muchos de nuestros pueblos españoles. Hostigamiento del que no podemos obviar el componente de género, dado el liderazgo que están ejerciendo muchas mujeres a nivel internacional en la defensa de los bienes comunes y “la tierra viva”. Desde mi punto de vista, es importante que reparemos también en la postergación reiterada que la relación mujeres-defensa del territorio sigue sufriendo en la agenda de reflexión y movilización feminista española que, para mí, no ha identificado aún la urgencia y centralidad que juega esta dimensión para el Sur de Europa. Comparto la más que inspiradora experiencia del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo que están realizando, entre otras acciones, una labor de reflexión sobre el extractivismo de la que podemos aprender mucho en España. Su publicación La vida en el centro y el crudo bajo tierra es un buen ejemplo de ello.

Debemos ser conscientes de que estos procesos de intimidación de defensoras siguen un mismo patrón, denunciado recientemente en una visita a México entre otros por Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y que reproduzco aquí:

«Los defensores de las comunidades indígenas o rurales me compartieron ejemplos que indican un intento deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias de «divide y vencerás» para lograr la aprobación de proyectos a gran escala. Me preocupa la presión ejercida sobre  los integrantes de la comunidad para que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las empresas o  las autoridades locales como una minoría, que actúa en contra del interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.

Las personas líderes de la comunidad y los defensores de los derechos ambientales y tierras que se oponen a proyectos de gran escala enfrentan violencia de personas que están relacionadas con compañías que participan en esos proyectos. Esta violencia generalmente queda sin castigo ya que cuenta con el apoyo tácito o explícito de las autoridades locales. De acuerdo con los informes recibidos, las y los defensores de derechos humanos serían presionados para que desistan de sus actividades a través del uso de la criminalización de los líderes, granjeros o ambientalistas opositores indígenas (acusados de delitos ordinarios). He recibido varios testimonios de casos en los que los defensores de derechos indígenas y ambientales han sido un blanco de agresiones en relación con su trabajo»

 

Observamos que los métodos utilizados son los mismos en América Latina y España aunque con diferente gradación. Desde mi punto de vista, si seguimos manteniendo esta problemática que está afrontando en solitario nuestro medio rural en un segundo plano, problemática que también se encuadra en algunos casos en la persecución al activismo promulgada por las Leyes Mordaza y el retroceso generalizado de la libertad de expresión en España, estaremos dejando el campo abierto (nunca mejor dicho) a la progresiva “multinacionalización extractiva” de nuestros pueblos frente a modelos más cuidadosos ante las siguientes generaciones.

 

Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (2ª parte y fin)

(Viene de Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 1ª parte)

2.1.- Identidades

En la declaración de expertos de Naciones Unidas con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural “Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo”, se recoge una idea que va repitiéndose como leitmotiv en diferentes declaraciones internacionales (derechos de las minorías, derechos de los pueblos indígenas, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales), el derecho a “reformular la propia identidad”.

En dicha declaración se afirma:

 

El respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural, al ofrecer a las personas y los grupos la posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural; acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como a los beneficios del progreso científico; y participar en la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de su identidad cultural.

 

Esta noción performativa de la identidad, estratégicamente utilizada por los feminismos y por otros movimientos políticos y sociales en defensa de los derechos de las minorías, como el colectivo LGTBI o los movimientos de descolonización (el descubrimiento de la propia identidad colonizada y la necesidad de nombrarse con las propias palabras del que habla Frantz Fanon en Piel negra, máscaras blancas) lo que hace es poner de manifiesto la construcción socio-política de cualquier identidad. Si la artista Barbara Kruger ya afirmaba rotunda Your body is a battleground, las identidades también lo son. Frente a la utilización política y económicamente interesada de nociones de identidad opresivas, sobre la que ya reflexionó Amartya Sen en contestación al reduccionista enfoque del choque de civilizaciones de Huntington, hacer valer la performatividad de las identidades, su carácter cambiante, su tensión dialógica se plantea como un modo útil de hacer frente a algunos de los riesgos identificados de nuevo por Farida Shadeed, a saber:

  • La uniformización identitaria impuesta por las políticas globalizadoras.
  • La fosilización de manifestaciones y la apropiación indebida de patrimonio inmaterial con fines turísticos.

Frente a quienes sitúan las políticas culturales que versan sobre identidades exclusivamente como políticas de cooperación al desarrollo, se hace evidente que la profundización democrática de la que hablábamos en el primer punto de este artículo, necesariamente tiene que pasar por aquí. No sólo en la reflexión común de los conceptos identitarios implícitos (y con posicionamientos políticos subyacentes) presentes en la “moda actual” sobre la creación de marcas-país o marcas-territorio, sino a través de la aplicación de una mirada intra-estatal que reflexione sobre la multiplicidad de sus identidades y su necesaria representación social y política. Esta mirada intra-estatal sensible a las identidades podría mirar hacia el pasado -más allá de gruesos abordajes turísticos- analizando qué identidades han sido invisibilizadas bajo la identidad hegemónica (por ejemplo, en el caso español la herencia cultural morisca y judía entre otras) así como podría operativizarse en el presente a través de la creación de nuevos agentes sociales y políticos que introduzcan en la agenda estatal sus puntos de vista no explicitados (por ejemplo, en la línea de reflexión iniciada en el Espacio Afroconciencia) y exijan, en sintonía con el marco referencial de la “igual dignidad de todas las culturas” recogida en las principales Declaraciones de la UNESCO, una mayor y mejor definición de democracia.

2.2.- Territorios.

El reconocimiento del vínculo entre cultura y territorios asumido en diversas convenciones tanto de la UNESCO como del Consejo de Europa a través del Convenio Europeo del Paisaje y el consiguiente paraguas de protección que ofrece este marco del derecho cultural internacional podrían citarse y hacerse operativos con mayor frecuencia en la actual situación de la ruralidad española y europea. Si bien es la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas la que hace una referencia más nítida a la tierra en sus artículos 25 y 26:

Artículo 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

 

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

no es menos cierto que la Observación general nº 21 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (y anteriormente, aunque con más tibieza la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural) amplía la noción de acceso a la vida cultural que comprendería también “seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad” alertando sobre la necesaria protección de los territorios ante la explotación ilícita o injusta por parte de empresas transnacionales.

Se hace evidente que los riesgos a los que apunta la Declaración de derechos de los pueblos indígenas trascienden el marco planteado en el documento, tienen carácter transnacional y afectan también de lleno al mundo rural europeo. Mientras se avanza en el debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la elaboración del ansiado documento de Transnacionales y Derechos Humanos, ante el que tendremos que articular un nivel de presión sectorial suficiente para lograr que se explicite la necesaria protección de los derechos culturales frente a la mala praxis empresarial, desde el ámbito de las políticas culturales no deberíamos olvidar la vinculación entre cultura y territorio ya recogida en la norma internacional ni renunciar a las vías de justiciabilidad que abre. Como digo, no sólo justiciabilidad para el Sur global, sino para Europa, ante la creciente presión del extractivismo en el medio rural español que está pasando desapercibida por el peso de la despoblación que contribuye a su invisibilización mediática.

Si, de nuevo, en la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, se recoge en su artículo 29:

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

 

actualmente dicha presión extractiva se está replicando en el mundo rural del Sur de Europa, más envejecido y por tanto, con menor nivel de conflictividad social. Este mundo rural, especialmente en la Meseta, se ve también sofocado por el criterio de “belleza natural” recogido en la Convención de protección del patrimonio natural que mantiene ciertas connotaciones de “pintoresquismo centroeuropeo” y que desprotegen, por infravaloración, paisajes culturales como la dehesa. Las recientes movilizaciones en Badajoz contra la refinería Balboa, en Burgos contra el fracking, la plataforma Stop Uranio en Salamanca contra la apertura de la única mina de uranio a cielo abierto en toda Europa así como las movilizaciones rurales en Ávila ante la apertura de una mina de feldespato en plena Red Natura 2000 nos muestran la urgencia a la hora de poder aplicar los criterios de protección territorial recogidos en la declaración de pueblos indígenas en contextos europeos, así como de fortalecer la protección de los paisajes culturales y su reconocimiento.

En conclusión

Tal y como afirman tanto Prieto de Pedro como Alain Touraine se hace necesario tomar conciencia de que estamos en el tiempo de los derechos culturales, de modo que junto al impulso del cambio de paradigma hacia la promoción de los mismos y el respeto a la diversidad en la Unión Europea, tenemos como reto para su protección la incorporación en la cultura occidental de las dimensiones colectivas, de naturaleza y de transmisión del legado a las generaciones futuras, ejes centrales para nuevas acciones de gobierno en toda Europa que quieran afrontar, ante tiempos convulsos, la tarea siempre pendiente de traer más democracia a nuestras democracias.

 

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

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La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.