Mercenarios: militarización y privatización de las fronteras

Hace unas semanas se presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe específico sobre el impacto de la militarización y privatización de las fronteras, “Repercusiones de la utilización de servicios militares y de seguridad privados en la gestión de la inmigración y las fronteras sobre la protección de los derechos de todos los migrantes”.

Es un informe que recoge lo que los movimientos sociales vienen denunciando desde hace años tratando de poner el foco sobre el enorme y opaco negocio que son en realidad nuestras fronteras.

Así, se ha analizado el papel que las diversas empresas implicadas en labores de control fronterizo, desde las que prestan servicios técnicos y de investigación, las que aportan tecnologías de seguridad fronteriza y servicios de vigilancia, las implicadas en los procesos de detención de inmigrantes, retornos y expulsiones, así como aquellas beneficiarias de la aplicación de políticas de externalización de control migratorio, están teniendo sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en todo el globo.

 

Como afirma el propio informe:

 

“En ocasiones, las empresas son directamente responsables de las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes, especialmente en situaciones de privación de libertad; mientras que en otros casos son cómplices de violaciones y conculcaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por otros actores.”

“Hoy en día, la gestión de la inmigración y las fronteras se ha convertido en un negocio valorado en varios miles de millones de dólares, y la seguridad fronteriza global se ha identificado como un mercado potencial con perspectivas de crecimiento en los próximos años (…) la gestión y seguridad privatizadas de las fronteras es ahora una fuente lucrativa de contratos.”

 

Se subraya, por tanto, el papel que la falta de transparencia, supervisión y rendición de cuentas de las empresas está jugando sobre la protección del derecho a la vida, especialmente las implicadas en la gestión privatizada de los centros de detención de migrantes. Duele leer todo el informe, como duele ver ejemplos de la frontera sur española campando a sus anchas en el memorial del trabajo mercenario que es realmente el documento.

 

 

¿Qué causas han creado estos efectos?

Entre las más repetidas se encuentran los enfoques estatales de la gobernanza de la migración que han vivido un proceso progresivo de securitización, centrándose más en los marcos de seguridad (vigilancia policial, “defensa y lucha contra la delincuencia”…) que en enfoques basados en la protección de los derechos humanos. La externalización de funciones inherentes al Estado hacia actores privados (el proceso por el que el control fronterizo ya no se efectúa en las fronteras físicas de los países de destino) nos alerta también de la progresiva devaluación y degradación de nuestros sistemas democráticos y de la propia noción de soberanía, cada vez envuelta en redes más opacas ajenas al conocimiento y control público (por ejemplo, como han recogido para el caso de España desde PorCausa, «Industria del control migratorio, ¿quién se lleva el dinero?»).

Las leyes que tipifican como delito la salida, la entrada o la estancia en un país de manera irregular y que han tenido un efecto rebote sobre el auge del tráfico de personas; la ampliación de las detenciones sin alternativas; la restricción del acceso al asilo; las expulsiones colectivas y devoluciones en caliente o la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes aparecen también como elementos clave que han contribuido a reforzar el marco de la militarización. Como se señala en uno de los párrafos de manera categórica:

“Se ha utilizado a los migrantes para justificar la privatización de las funciones de seguridad del Estado”

Capítulo aparte merece el análisis sobre el peso de los lobbies que están creando marcos normativos ad hoc, marcando el tempo y los contenidos de las agendas públicas en materia de investigación, políticas y reglamentación de los Estados, sin contar con su acceso a los medios de comunicación para influir en las narrativas, tal y como estamos viviendo en España ahora con el “fantasma altamente lucrativo” de la ocupación:

“Este proceso también ha contribuido a posicionar a los representantes de la industria como expertos legítimos e indiscutibles en materia de seguridad fronteriza que afirman ofrecer productividad, eficiencia y eficacia.”

Es interesante también que junto al marco de la “securitización de las fronteras” encontramos un llamamiento permanente a la “productividad e innovación”, formando parte de las estrategias de marketing de muchas de las empresas del negocio de la militarización fronteriza (junto a las ya clásicas de creación de puestos de trabajo y prosperidad para las comunidades locales) en base a la aplicación de “soluciones tecnológicas innovadoras a la gestión de las migraciones”. Nos encontramos de nuevo ante un ataque a la soberanía “camuflado”, por las situaciones de dependencia de un conocimiento externo a ellos a la que aboca a los Estados, a través de un sistema que genera una dinámica que se refuerza a sí misma y crea una clientela cautiva.

Un elemento que puede pasarnos desapercibido es el tráfico de datos biométricos de las personas migrantes que va asociado a los procesos de militarización fronteriza, datos que al ser combinados con otra información de carácter personal y privada, están siendo utilizados con fines de lucro y sin control ni garantía de derechos alguna.

Junto a la radiografía del momento actual, el informe recoge también una serie de recomendaciones entre las que destacan las campañas de desinversión, poniendo como ejemplo la efectividad que tuvieron estas medidas gracias a la movilización ciudadana que reaccionó a la separación de madres e hijos en la frontera entre EEUU y México decretadas por Trump. Se invita también a seguir investigando, denunciando y poniendo el foco sobre los efectos diferenciales que la militarización y privatización fronteriza están teniendo sobre los niños y niñas no acompañados, las mujeres y las personas de edad avanzada.

Duele leerlo, conviene leerlo y desde un enfoque de política pública multidisciplinar, actuar.

 

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro (Conversaciones en Confinamiento, Trànsit Projectes)

 

Ha sido un placer poder participar en el ciclo Conversaciones en Confinamiento organizado por Trànsit Projectes alrededor de las oportunidades abiertas para la cultura en el espacio rural.

Junto a Gemma Carbo, directora del Museu de la Vida Rural – Fundació Carulla y presidenta de la Fundació Interarts; Jorge Fernandez León, director de programas de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y Patrono de la Academia de España en Roma & Angel Mestres, director de Trànsit Projectes (con aportaciones de Colectivo Lento) se ha entrelazado la Conversación en Confinamiento V: La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro. Muchas gracias por la invitación, la incitación, la maestría y la palabra.

Por si quieres asomarte a la conversación y las puertas abiertas de la cultura en el medio rural:

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro, Conversaciones en Confinamiento V, Trànsit Projects

Políticas culturales y discursos de odio

 

Impactada por las imágenes y palabras de odio que acompañaron la detención de Carola Rackete hace unas horas me siento a escribir desde la urgencia y el convencimiento de la importancia de la implementación de políticas culturales públicas que, enraizadas en un enfoque basado en los derechos humanos, tengan como prioridad la desarticulación del odio. Aunque ya son muchas las voces que apuntan en esta dirección (aquí ya hemos hablado del tema, por ejemplo, en El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos o en Existir en plural: espacios de la imaginación contra el odio) quería detenerme en dos lecturas, por si nos acompañan a la hora de trenzar otros futuros posibles, que inciden en la capacidad de las políticas culturales para cortocircuitar climas emocionales y vivencias colectivas de impotencia, caldo de cultivo predilecto para las campañas de odio.

 

Aunque ya hace algunos años, Sara Ahmed en “La política cultural de las emociones” hizo hincapié en nuestra labor colectiva para examinar el funcionamiento de las economías afectivas que se esconden detrás tanto del discurso público como de la acción cultural. No dejó de insistir sobre el hecho de que las emociones no pueden ser consideradas estados psicológicos aislados, sino poderosas prácticas culturales y sociales que determinan la construcción del mundo. Aunque su análisis del dolor subalterno fue en su momento mi parte predilecta de su estudio (“mientras mayor acceso tengan los sujetos a los recursos públicos, mayor acceso podrán tener a la capacidad de movilizar narrativas de lesiones dentro del ámbito público”), su reflexión sobre lo que el odio le hace a los cuerpos me asaltó ante las imágenes que llegaban desde Italia. Se planteaba Sara Ahmed en su análisis de la política cultural del odio:

 

“Exploro el papel del odio en la conformación de los cuerpos y los mundos, a través de la manera en que el odio genera su objeto como una defensa contra la lesión (…) Dichas narrativas funcionan al generar un sujeto a quien unos otros imaginados ponen en peligro y cuya proximidad amenaza no solo con quitarle algo (empleos, seguridad, riqueza), sino con ocupar el lugar del sujeto. La presencia de este otro se imagina como una amenaza al objeto de amor.”

 

Así, Ahmed nos llevaba a una reflexión práctica sobre dos ejes: la construcción de la desemejanza y las prácticas cotidianas de la lejanía corporal y social. Desde el dolor de las imágenes de Lampedusa ilustrando el crimen ardiente en que se ha convertido el Mediterráneo: ¿qué estamos haciendo colectivamente para apuntalar la percepción de la “desemejanza” que está permitiendo nuestra inhibición moral colectiva ante el genocidio silencioso que se está viviendo en el mar?

 

 

También me parecía urgente, saltando cercamientos entre disciplinas, acercar nuestras políticas culturales, desde todos los niveles, al trabajo analítico de Martín Alonso sobre los discursos del odio (enlazo aquí por pedagógico y extremadamente útil su artículo “Los discursos de odio”, pg.29, recogido en el Cuaderno nº4 del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo) que nos obliga a abordarlos desde cuatro dimensiones: la gramática, la psicología, la sociología y la economía política en la que surgen.

En el análisis de los discursos del odio en Europa, Martín Alonso viene identificando algunos lugares comunes:

  • La topología diacrítica: enlazando con el análisis de Sara Ahmed sobre la construcción de la desemejanza, se refiere a la construcción de identidades por “demarcación”. No vemos la continuidad natural de lo humano, construimos fronteras mentales que crean la noción de discontinuidad.
  • Sinécdoque reduccionista: el uso del plural estratégico y la construcción de un nosotros excluyente.
  • “Somos diferentes”: la construcción de identidades alrededor de pertenencias exclusivistas.
  • Perfilado previo del enemigo: el enemigo es una construcción cultural que requiere de un proceso de deshumanización previa construido a base de operaciones atribucionales de señalamiento y estigmatización.
  • Ideología de supremacía.
  • Existencia de depurados, excluidos o eliminados tanto en su retórica como en su práctica organizativa.

 

 

Pero hay un elemento fundamental, en el que las políticas culturales pueden ser claves para la acción política de urgencia que nos reclama el presente y es la siguiente:

 

“la calidad epistémica de los contenidos de los discursos de odio es irrelevante, importa su eficacia, su poder de arrastre (…) El recorrido del discurso de odio depende de hasta dónde engrane o no los dispositivos emocionales (…) El discurso crea su entorno de afectividad y la emoción es capaz de segregar su propia mitología.”

 

Por tanto, ¿qué entornos de afectividad y dispositivos emocionales están permitiendo el avance de los discursos del odio en Europa?, ¿qué acción pública deberíamos implementar para cortocircuitarlos?

Considero que esta es una línea de trabajo prioritaria para las políticas culturales, especialmente en el nivel local que nos exige ampliar la mirada más allá de la gestión y de la participación, hacia la responsabilidad compartida para la construcción de imaginarios y climas afectivos en los que el odio no pueda avanzar.