Mujeres y derecho a la tierra

“Cultivan una tierra que no les pertenece.”

“Hasta que la dignidad se haga costumbre.”

Siguiendo la estela de las celebraciones del 15 de octubre, Día internacional de las mujeres rurales, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos-UNESCO desde Argentina organizaba esta semana el Segundo Encuentro de Mujeres de la Tierra, una conversación fascinante entre mujeres de América Latina, el Caribe y África enfocada a la recopilación de saberes y experiencias para la implementación de los ODS.

Quiero sembrar por aquí parte de la energía que recibí de todas ellas junto a los retos colectivos que afrontamos en la conquista de nuevos derechos, también en el diálogo España-América Latina.

Partiendo del convencimiento de que la tierra es un bien social y no una commodity, y que por tanto el derecho a la tierra es un derecho humano, es fundamental tener en cuenta que en las agendas internacionales sobre empoderamiento vital, económico de las mujeres no podemos olvidarnos ni por un instante de las demandas tanto históricas como emergentes relacionadas con el acceso a los medios productivos de las mujeres campesinas, rurales, indígenas de todo el planeta. No sólo en relación al hecho de que sean ellas las protagonistas de la reducción de la pobreza en sus comunidades y las responsables de la alimentación del mundo, sino también desde otros prismas de actuación que normalmente olvidamos en España. La agenda cultural y nuestras políticas culturales olvidan el papel que desempeñan las mujeres rurales como grandes defensoras y protectoras de los derechos culturales en nuestro país no sólo vinculadas a la defensa y custodia del territorio, sino también a la transmisión del conocimiento, saberes agroecológicos, innovación permanente en el sector artesano y nunca del todo apreciado y agradecido papel como guardianas del patrimonio rural de todo tipo.

Deolinda Carrizo, actual Directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura en Argentina, subrayó la importancia que el reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos y su incorporación a los textos constitucionales, como fue el caso de Bolivia, marca un camino de actuación futuro, dado que la democratización de los Estados pasa obligatoriamente por la garantía del acceso a la tierra y el reconocimiento de la agricultura familiar e indígena. Sigue siendo un reto internacional de primera magnitud afrontar el peso de la desigualdad global en la garantía del derecho a la tierra por parte de las mujeres, que tendría un impacto en cadena sobre su autonomía, la protección frente a todo tipo de violencias, el final de procesos de dependencia de intermediarios.

Fue muy interesante también conocer de la mano de Lilian Galán, del Frente Amplio uruguayo, el proceso de avances legales vividos en los últimos años para el fomento de la co-titularidad de la tierra (actualmente por cambio de gobierno en proceso de retroceso) con el impulso de la Ley 19.781, que llevó del 11% al 26% el índice de propiedad de la tierra por parte de las mujeres. Como afirmó Lilian Galán: “los intereses oligárquicos y el poder transnacional del agronegocio vulneran el derecho humano de acceso a la tierra de las mujeres”. Es muy interesante comprobar cómo en España, al margen de las grandes “efemérides rurales” y las organizaciones especializadas, la pelea por la titularidad compartida ha desaparecido prácticamente de la agenda pública y del discurso del movimiento feminista, cuando no enfrenta un total desconocimiento también por parte de los equipos técnicos generalistas de las áreas de igualdad.

 

 

Pero he de reconocer que la fuerza de la líder indígena Ángela Chislla desde Perú puso sobre la mesa un itinerario a recorrer en los próximos años. Junto al problema de acceso a la tierra por parte de las mujeres indígenas nos conminó a seguir exigiendo juntas y desde todas partes procesos de reparación efectivos para las mujeres que sufrieron procesos de esterilización forzada en el pasado y que aún no han sido juzgados. No sólo redundó en la exigencia de poner en el centro la garantía de la soberanía alimentaria de los pueblos, sino el acceso de las mujeres a las esferas de decisión tanto políticas como especialmente económicas, fortaleciendo la asociatividad propia, el impulso de bancos agrarios y cooperativas lideradas por mujeres, una nueva educación financiera comunal, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y gestión de las infraestructuras hidráulicas y la necesidad de paralizar modelos de desarrollo vinculados al extractivismo, garantizando por el momento el efectivo cumplimiento de las Leyes de Consulta Previa. Pero fue Ángela Chislla la que compartió con todas de un modo más claro la interrelación e interdependencia de todas las facetas de los derechos humanos, al exigir que se implante en el país una verdadera educación intercultural bilingüe y una política de comunicación que respete los derechos culturales y ponga fin a décadas de silenciamiento mediático sobre la realidad de las necesidades de las mujeres indígenas, así como no olvidar la importancia de la formación política de todas las mujeres.

 

No podemos obviar que la falta de tierra impide a las mujeres acceder a otro tipo de recursos y servicios esenciales (“en los procesos de toma de tierras, de resistencias territoriales, siempre están las mujeres y sin embargo, cuando se han repartido, se las excluye”) y que sigue siendo la tierra uno de los principales factores que condicionan las relaciones de poder. No se puede apartar la mirada del aumento de las medidas represivas y la militarización contra los movimientos de resistencia, que están recayendo sobre las mujeres del Sur. Es una temática central que debería entrelazarse, sin duda y también desde el Norte global, con los marcos más amplios de actuación y resistencia vinculados a Empresas y Derechos Humanos, especialmente en las actuaciones y movilizaciones a favor de leyes estatales de Debida Diligencia. Sería MUY IMPORTANTE que el movimiento feminista en España hiciese suya la reivindicación del impulso de la Ley de Debida Diligencia aún no promulgada en nuestro país, precisamente porque el impacto de su flagrante ausencia recae con toda su ferocidad sobre las mujeres campesinas, rurales, indígenas del Sur. Desde mi punto de vista tendría que ser la reivindicación central del movimiento feminista en España incidiendo sobre nuestra agenda exterior si queremos que sea cierto el compromiso adquirido con una política exterior feminista.

 

 

Como compartió la líder ambiental Katta Alonso desde Chile, no podemos seguir permitiendo la existencia de “zonas de sacrificio” en ninguna parte de este planeta, en las que la acción empresarial tenga vía libre para contaminar, desentenderse de los impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente de su actividad ni olvidar la exigencia de reparación a las víctimas de procesos de contaminación generalizados. Fue tajante en su denuncia de la superficialidad de determinadas visiones de la Responsabilidad Social Corporativa, exigiendo marcos de obligatoriedad frente a los actuales modelos voluntarios que se desentienden de las consecuencias, poniendo en valor el Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Tanto Valentina Escuti de la campaña #ChaoCarbón chilena, como Gabriela Sinchi del medio comunitario Wambra.ec subrayaron la potencialidad que las estrategias de arte y comunicación por la defensa del territorio tienen para entrelazar demandas, llegar a diferentes audiencias y cambiar los marcos culturales que perpetúan el acaparamiento y el despojo. También la lideresa Alejandra Bonilla desde Costa Rica incidió en la necesidad de romper los bloqueos de comunicación sobre la realidad que afrontan las mujeres rurales, rompiendo los moldes de discursos impuestos y reconociendo las propias estrategias de resistencia ya desplegadas. Tajante fue su exposición denunciando el peligro de los discursos de las “tierras vacías” que se vivieron en Centroamérica y que permitieron a nivel legal la usurpación de tierras indígenas. Me quedé pensando, salvando las distancias, en los efectos no contemplados del discurso de la “España Vacía” (ya, lógicamente, “Vaciada”) y los efectos que el mismo pueda tener en relación a la gestión de los fondos europeos de recuperación o las políticas de reto demográfico. Si esta España está vacía, ¿desde dónde se van a gestionar estos fondos y en el diálogo con quién, si en el propio territorio “no hay nadie”? Qué pendiente resbaladiza y peligrosa, ya conocida y qué real…

 

Al fin y al cabo, como subrayaron todas ellas se trata de romper con los marcos que ven la tierra como una mercancía para volver a reconocerla, ¡al menos!, como un bien social. Como recordaban tanto el trabajo “Género, propiedad y empoderamiento. Tierra” de Carmen Diana Deere y Magdalena León y  los informes elaborado los últimos  años por Intermon Oxfam, “Promesas, poder y pobreza” o “Tierra para nosotras”, se puso de manifiesto que “la exclusión de las mujeres rurales del acceso a la tierra no sólo ocasiona la pérdida de su control sobre la producción de alimentos, sino que también se pierden el conocimiento, las prácticas y las técnicas que, durante siglos, han salvaguardado la integridad de la tierra, las semillas y el suelo, así como el valor nutricional de los alimentos“. También conviene no olvidar que “cuando se intensifica la competencia por la tierra, las mujeres rurales suelen ser sometidas a una presión hacia su exclusión por parte de los parientes o miembros de la comunidad masculinos”.

 

Tras la conversación me quedé pensando en los ecos en la agenda española: la titularidad compartida como un derecho aún por conquistar, la incorporación en la agenda feminista de la exigencia de una Ley española de Debida Diligencia, el avance de la soberanía alimentaria en nuestros marcos legislativos.

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro (Conversaciones en Confinamiento, Trànsit Projectes)

 

Ha sido un placer poder participar en el ciclo Conversaciones en Confinamiento organizado por Trànsit Projectes alrededor de las oportunidades abiertas para la cultura en el espacio rural.

Junto a Gemma Carbo, directora del Museu de la Vida Rural – Fundació Carulla y presidenta de la Fundació Interarts; Jorge Fernandez León, director de programas de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y Patrono de la Academia de España en Roma & Angel Mestres, director de Trànsit Projectes (con aportaciones de Colectivo Lento) se ha entrelazado la Conversación en Confinamiento V: La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro. Muchas gracias por la invitación, la incitación, la maestría y la palabra.

Por si quieres asomarte a la conversación y las puertas abiertas de la cultura en el medio rural:

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro, Conversaciones en Confinamiento V, Trànsit Projects

Inmatriculaciones, mercado negro de arte y patrimonio rural

 

“Porque los bienes del pueblo son del pueblo,

y nunca van a faltar paisanos que los reivindiquen.”

Escándalo Monumental

Reflexionando sobre qué clase de actuaciones podríamos implementar en este 2018, año del patrimonio cultural europeo, que repercutieran especialmente sobre el mundo rural español, tomando “medidas preventivas” ante la previsible concentración del foco mediático sobre la gran monumentalidad urbana, me parecía importante enlazar y unificar las reivindicaciones aún no resueltas respecto a la petición de un Listado público, transparente y accesible respecto a las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas en España junto al estudio del impacto que este “frenesí” inmatriculador ha tenido sobre el expolio de obras de arte sacro de nuestro medio rural y el fortalecimiento del mercado negro de arte.

Siendo conscientes de que la problemática que enfrenta la protección del patrimonio rural no puede disociarse del abandono político general ante el grave problema de despoblación en nuestro país, sería importante no obviar que el mismo viene siempre de la mano de dos fenómenos:

No hay que ir muy lejos para escuchar a alcaldes y alcaldesas de todos los signos y colores quejándose de su indefensión ante el expolio de bienes “a goteo y en silencio” del que se está nutriendo el mercado ilegal de arte.

Como recuerda Juan del Barrio, en una publicación de referencia elaborada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “Escándalo monumental” en la que se apunta claramente el proceso de retroalimentación entre las inmatriculaciones y la venta ilegal de bienes culturales que pasan a formar parte de colecciones particulares, “en la Diócesis de Burgos era conocido por todos que semanalmente y durante dos años se llevaban a Centroeuropa para su venta un tráiler con arte religioso”.

Si bien en el 2015, aunque de un modo muy parcial y tibio, gracias a la presión constante de las organizaciones ciudadanas, se consiguió modificar la Ley Hipotecaria que mantenía intactos los privilegios de la Iglesia heredados de la dictadura a la hora de tramitar las inmatriculaciones, el grave problema de este afán privatizador y su maridaje con el mercado ilegal de arte que sigue sangrando silenciosamente a nuestros pueblos debería abordarse de una vez por todas como una grave vulneración de los derechos culturales en nuestro país, haciendo hincapié una vez más sobre el sesgo de percepción de nuestras políticas culturales cuando se trata de proteger a su ciudadanía rural.

Si realmente queremos avanzar, como se recoge en la Declaración de Friburgo, hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural (art.3), especialmente en el derecho a obtener acceso al patrimonio cultural propio (y no a resignarse, como afirmaban los compañeros navarros “a que todos esos bienes estén hoy solamente bajo el control de una minoría”) tendremos que hacer frente a lo que a día de hoy aún vulnera el carácter común de la herencia patrimonial.

Si como afirmó la experta independiente en derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, en su Informe sobre el derecho de acceso al patrimonio cultural:

“considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación con ese objeto y manifestación, y, en particular, conectar el patrimonio cultural con su fuente de producción. El patrimonio cultural está vinculado a la dignidad e identidad humana. El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es una característica importante de un miembro de una comunidad, un ciudadano y de una forma más amplia un miembro de la sociedad”

deberíamos preguntarnos si el 2018 no podría ser un año adecuado para la elaboración y publicidad de la lista estatal de bienes inmatriculados, especialmente poniendo el foco sobre los del medio rural, el impulso de una investigación en profundidad de la correlación entre dichos bienes inmatriculados y el mercado negro de arte y la exigencia de una política estatal contra la despoblación que actúe de modo urgente frente al expolio del patrimonio natural y cultural que viven en silencio y fuera de foco nuestros pueblos.

 

Patrimonio de la Humanidad contra el extractivismo: la candidatura de la dehesa

A pesar de que el trabajo previo lleva años fraguándose, la semana pasada se comunicó oficialmente la presentación de la candidatura conjunta de la dehesa y el montado portugués para ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, en su vertiente de paisaje cultural, por parte de la UNESCO.

Junto a la alegría, personal e intransferible, que supone la mera existencia de una candidatura para la protección del patrimonio rural desde lo rural, y el progresivo avance tanto de la conceptualización como de la visión de las posibilidades que entraña el reconocimiento y cuidado de nuestros paisajes culturales, surgió pronto en mí el pellizco de la pena. Entre los 17 organismos que impulsan la candidatura, no hay ninguna organización que represente a la dehesa salmantina ni, por supuesto, Castilla y León tiene presencia alguna en la articulación de este proyecto para la salvaguarda de uno de los paisajes más representativos del sur de su comunidad. Junto al obvio diferente color político que gobierna en las dos comunidades, me resultó frustrante el hecho de que la dehesa más amenazada del territorio español, la del Campo Charro, sobre la que pende la próxima apertura de la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa, autorizada y justificada por la Junta de Castilla y León, quede fuera de las actuaciones de revalorización, protección y promoción que vendrán de la mano de la candidatura a la lista de Patrimonio.

Ilusa como soy a estas alturas del partido, me preguntaba si ningún Grupo de Acción Local salmantino, plataforma ciudadana, defensores del ecosistema de la dehesa o expertos políticos tanto en desarrollo rural como en cultura iban a tratar de hacer ver el contraste entre el lanzamiento de la candidatura de protección de la dehesa extremeña y la barra libre al extractivismo que está sufriendo el mismo paisaje cultural a pocos kilómetros de diferencia.

 

 

Si, como afirman Rocío Silva y Víctor Fernández en sus “Claves para el reconocimiento de la dehesa como paisaje cultural de la UNESCO”

“Todos los paisajes poseen argumentos culturales, aunque estos no se hayan estructurado en un relato. La aceptación social de este relato es lo que los convierte en patrimoniales.”

me preguntaba qué espesor emocional y de reconocimiento guardamos ante esta forma sempiterna del medio rural español y cuánto de su olvido estará ligado tanto al olvido mayor que sufren las áreas de nuestro país con menores densidades demográficas como al desprecio de la España democrática, también la de izquierdas, a sus culturas rurales y su diversidad. Me preguntaba cuánto del relato asociado a la dehesa, durante tanto tiempo estereotipado y cañí, no sería puro y urbanísimo desconocimiento así como símbolo de la rendición de la izquierda post-78 para disputar “la Meseta” y su tejido simbólico-identitario.

Me resulta igualmente llamativo que en los estudios sobre las amenazas que se ciernen sobre la dehesa sí se señalen el incremento de la carga ganadera o el abuso de los productos químicos, pero no se haga mención explícita alguna a la presión extractiva y los intereses políticos que están poniendo en riesgo estos paisajes culturales protegidos y que han pasado ya de ser una amenaza latente a una realidad. Junto a ello, me sumo a la advertencia que están realizando diferentes estudiosos del sistema de la dehesa, referentes a no descuidar, frente al enaltecimiento de los valores naturales, la denuncia del actual descuido de la arquitectura vernácula presente en la dehesa española, por no hablar del estado calamitoso en el que se encuentra el patrimonio religioso, especialmente ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, ante la desatención de tirios y troyanos.

 

 

Quizá el Plan Nacional de Paisaje Cultural de 2012, con vigencia de 10 años (que no incluía de modo explícito mención alguna a la protección de la dehesa), debería incluir con urgencia en su identificación de riesgos la presión multinacional extractiva sobre el paisaje cultural español, así como las acciones preventivas de protección que desde el Instituto de Patrimonio podrían impulsarse cuando estas amenazas, como es el caso que sufre la dehesa salmantina, amenazan de modo flagrante el patrimonio de todos.

Para terminar, permitidme un último momento iluso: ¿no sería una alegría mayor que la candidatura de la dehesa extremeña y portuguesa pudiese servir para proteger a la dehesa salmantina de la cruz de mina que lleva encima? ¿Podría ver la UNESCO en la movilización de las comunidades locales para la protección de este riesgo, ahora que tienen un nuevo peso y protagonismo en sus protocolos de valoración, un elemento sustantivo para tomar, un poco más si cabe, la candidatura en cuenta?

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

17135758172_35d846c589_k1

Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

sasamon

Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

2

La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.

Inmatriculaciones o la verdadera Cultura de la Transición

16336206732_aeecdeb9ec_b

Todavía me llama la atención el hecho de que el análisis de la denominada “Cultura de la Transición” -el modelo que relata la intrincación entre intereses económicos, grupos mediáticos, procesos creativos y partidos que consolidó el Régimen del 78- haya dejado prácticamente fuera de su foco de atención precisamente el área en la que el continuismo entre la dictadura franquista y la democracia es más sangrante: la propiedad y gestión del patrimonio.

Al margen de los grandes escándalos relacionados con este tema, como fue el caso de la Mezquita de Córdoba, la atención específica de algunos medios o la reciente creación de la Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, la movilización de plataformas ciudadanas y ayuntamientos del medio rural en defensa de su patrimonio aún encuentran serias dificultades para hacerse un hueco de impacto en la agenda mediática nacional y llegar a gran parte de la opinión pública .

Si, como dice Amador Fernández Savater “la Cultura de la Transición se asegura siempre el monopolio de los temas y los enfoques”, la crítica a la propia CT ha dejado fuera de foco, por su mayor incidencia en provincias despobladas y el medio rural español, uno de los campos en los que los privilegios otorgados por el franquismo permanecen a día de hoy intactos.

Tal y como vienen denunciando las diferentes plataformas que integran la  Coordinadora, el procedimiento de inmatriculación de bienes propiedad de los pueblos por parte de la Iglesia Católica viene realizándose desde 1946, cuando la dictadura franquista otorgó poderes a los obispos para inmatricular (inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien que no estaba registrado) con un simple certificado y sin acreditar título de propiedad. Este mecanismo se ha visto perpetuado en tiempos de democracia bajo un sistema de dudosa constitucionalidad.

inmatriculaciones

Como sabemos, no existe hasta la fecha ninguna relación pública de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y la falta de transparencia al respecto es total, incluyendo aquellos procesos en los cuales estos bienes patrimoniales inmatriculados están siendo utilizados por parte de los obispados para obtener crédito hipotecario. La solicitud de datos al Ministerio de Justicia, tal y como recoge Jesús de Larrainzar en el libro “No Robarás” quedó saldada con la mínima respuesta institucional “no es un área de nuestra competencia”.

La incorporación, junto a ayuntamientos, especialistas y plataformas vecinales, de la iglesia de base en la recién creada Coordinadora estatal, a través de la presencia de Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, nos señala que más allá del fantasma del anticlericalismo y los miedos electoralistas que esta acusación lleva aparejados, la respuesta al problema de las inmatriculaciones en nuestro país es una lucha democrática contra los privilegios. Al fin y al cabo, España es uno de los países que se sumó a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial de 1972 de la UNESCO en la que se sostiene que, frente a intereses económicos particulares que imposibiliten el acceso al patrimonio de los pueblos, “(para poder transmitirlo a las generaciones futuras) los Estados han de instituir servicios de protección de su patrimonio (…) adoptando las medidas jurídicas y administrativas necesarias”.

Lo que está, por tanto, sobre la mesa con este tema es en realidad uno de nuestros mayores déficits democráticos como país, poniendo de relieve que la jerarquía católica y sus privilegios forman parte indisoluble del andamiaje del Régimen del 78, privilegios jerárquicos que, como ya hemos dicho, por interés netamente electoralista, se han mantenido inmutables desde la Transición.

san-miguel-de-escalada

(Monasterio de San Miguel de Escalada, inmatriculado por el Obispado de León)

En el 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en sentencia de 4 de noviembre de 2014 tuvo que declarar arbitrario el procedimiento por el  que la Ley Hipotecaria española equiparaba el certificado de cualquier obispo católico al de otros funcionarios públicos. Tanto el Partido Popular como el PSOE, meses más tarde,  impidieron la presentación del recurso de inconstitucionalidad que hubiese podido declarar nulas con efecto retroactivo las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta la fecha, condenando a particulares y ayuntamientos a un larguísimo calvario de presentación a título individual de recursos de inconstitucionalidad bien por bien en toda España.

Por todo ello, se hace evidente que desde el campo de las políticas culturales deberíamos retomar, tal y como está demandando incesantemente la sociedad civil, este caballo de batalla precisamente en este periodo post-electoral en el que va a ser necesario un replanteamiento profundo del texto constitucional, teniendo en cuenta , no sólo que el problema de las inmatriculaciones apunta a uno de los ejes de flotación y centro de gravedad claves del Régimen del 78, sino que incide además sobre el necesario fortalecimiento de nuestro Régimen Local y, tal y como hemos señalado otras veces, la necesidad de una mayor clarificación y dotación competencial municipal en materia de cultura.