Divulgar los derechos culturales

Todas las imágenes de esta entrada hacen referencia al Bosque de Oma de Agustín Ibarrola

Hace unas semanas el Observatorio Vasco de la Cultura compartía una nueva publicación centrada en los Derechos Culturales.

Titulada lacónica y certeramente “Derechos culturales” desgrana en unas 30 páginas desde la definición de los derechos culturales y su interrelación con el resto de derechos humanos, el proceso progresivo de su incorporación en la legislación internacional, con una especial sensibilidad hacia la aportación de América Latina en este campo, así como anexos muy útiles con propuestas claras para la implementación de políticas culturales desde un enfoque de derechos.

Como me ha parecido una publicación muy útil que contribuye a la divulgación de los derechos culturales y a la universalización, especialmente entre los equipos técnicos, de conceptos y marcos normativos, comparto por aquí algunas líneas interesantes de debate sugeridas en el texto:

  • A través del análisis del recorrido histórico que ha permitido la enunciación de los derechos culturales es interesante la reflexión sobre la reticencia de la Unión Europea respecto, por ejemplo, al espacio cultural iberoamericano, a reconocer explícitamente en sus marcos normativos o textos institucionales los derechos culturales. Si bien alineándose con el marco UNESCO que reconoce como derechos culturales el derecho a la educación, el derecho a la identidad cultural, los derechos conexos al derecho a la información, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la creatividad, el derecho a beneficiarse del progreso científico, el derecho a la protección de los intereses materiales y morales de los autores, el derecho a la cooperación cultural o el derecho a la protección del patrimonio cultural, es interesante poner el foco de atención precisamente sobre las consecuencias que esta reticencia europea ha tenido sobre la construcción de la propia Unión. No en vano, en las últimas semanas, siguiendo la estela de las movilizaciones #ActForCulture, Europa Nostra lanzaba de nuevo un llamamiento recogido en el Manifiesto de Paris exigiendo el reconocimiento del carácter estratégico que las políticas culturales con especial mención de las políticas de patrimonio pueden tener para la defensa y protección de la democracia en Europa, así como para implementar cortafuegos frente a la amenaza del neofascismo europeo. ¿Pueden las políticas culturales diseñadas desde un enfoque de derechos ser una medida estratégica para la protección de la diversidad en el actual contexto? Pueden. Evidentemente.

 

  • A partir de la reflexión sobre el impacto de la Declaración de Friburgo y la conceptualización de los derechos humanos en términos de “generación” (primera generación: derechos civiles y políticos; segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales; tercera generación: derechos de las minorías, las personas migrantes y los pueblos indígenas) hay una invitación a la “anticipación” de la cuarta generación: ¿cómo haremos concreta la protección de los derechos culturales en el contexto digital y qué forma toman ya en la sociedad tecnológica?

Por ejemplo, y siguiendo algunas líneas planteadas por la abogada Paloma Llaneza en un reciente encuentro sobre Derechos Fundamentales y Sociedad Digital:

    • Cómo podría afectar a la protección de los derechos culturales el cambio en nuestra percepción social de la privacidad.
    • Qué impacto está teniendo socialmente la generalización de la “gamificación”, del desarrollo de la “mente gamificada” y qué efectos puede estar teniendo, como ya ha compartido la experta, por ejemplo, sobre los procesos de adicción al juego.
    • Qué impacto puede tener sobre la protección de la diversidad cultural el uso de algoritmos y cómo podemos desarrollar un nuevo derecho que garantice la función social de los algoritmos.

 

  • Interesante también, cuando ponemos el foco sobre la protección del derecho a participar en la vida cultural, incidiendo sobre la disponibilidad de los bienes y servicios culturales “para que todos puedan disfrutar y beneficiarse de ellos”, ¿cómo se concreta esta disponibilidad? Desde el ámbito de las políticas públicas culturales y en entornos de dependencia digital corporativa, por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar que el acceso a obras, archivos, colecciones…digitales cumplan este requisito de disponibilidad?

 

  • Teniendo en cuenta los cinco ejes sobre los que se articula el derecho a participar en la vida cultural (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad) tenemos un camino muy concreto por recorrer en términos de accesibilidad física, económica y a la información, en la experimentación con diversas modalidades de consulta previa, en la transversalización del enfoque de género en la política cultural pública así como en la relectura de la política cultural pública en términos de la pluralidad de nuestras humanas vulnerabilidades.

 

  • El análisis tanto de la Ley de derechos culturales de Costa Rica, la ley orgánica de cultura ecuatoriana o la Ley general de cultura y derechos culturales de México (junto con la tradición constitucionalista en materia de derechos culturales) nos dan modelos concretos para el caso español de cara a impulsar en la próxima legislatura o bien la ya muy reivindicada Ley de Cultura o la muy deseada por quien escribe (por poner a las personas en el centro) Ley estatal de derechos culturales.

 

 

  • Quizá la parte más interesante del informe es la recogida bajo la pregunta ¿Cuál es la aportación de una ley de derechos culturales? Me interesa la argumentación recogida respecto a la capacidad de proporcionarnos un marco de ordenación general de las actuaciones en los múltiples niveles de competencias, el modo en el que se subraya la vinculación de la ley con mecanismos de financiación que hagan viable su aplicación efectiva, así como las respuestas que aporta para la resolución de barreras en el acceso a la cultura vinculadas al territorio, el capital cultural o el nivel económico, sin olvidar que uno de los focos estratégicos de toda ley de derechos culturales tiene que residir en la dignificación de las condiciones de trabajo del sector cultural.

 

Dejo por aquí, por tanto, vínculo y reflexión sobre la publicación, por si a alguien más le resulta interesante o útil y seguimos conversando.

 

 

El municipio y los derechos culturales de la ciudadanía

(Este artículo se enmarca en la celebración de la Jornada Cultura y Provincia organizada por la Diputación de Cádiz y su Fundación Provincial de Cultura el 28 de octubre de 2019, un encuentro con concejalías y técnicas de cultura de todo el territorio)

Mi intención con esta intervención, para plasmarlo desde el principio, es reivindicar el protagonismo urgente y necesario que ha de tener la política cultural, especialmente en el nivel más próximo a la ciudadanía, que es el nivel local, en el actual contexto socio-político que estamos viviendo en España, sin olvidar ni por un segundo que nuestros niveles locales cada vez tienen mayor protagonismo en redes de articulación internacional.

Y el eje central de esta reivindicación como actores fundamentales de la política cultural  se va a enmarcar en el hecho de que somos garantes de la protección de uno de los elementos inalienables de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Para mí es importante dejar claro el horizonte antes de empezar.

Partiendo de la hipótesis de que no existe municipio que no cuente ya con una política cultural local, aunque sea implícitamente, quiero lanzar también en este espacio una pregunta complicada que empieza con un ¿para qué? Decía Mandela en El largo camino hacia la libertad que la verdadera dimensión de lo político no empezaba nunca desde un ¿por qué? sino desde un ¿para qué? De modo que del binomio «política cultural» vengo a detenerme un poco más en la «política» lanzando la pregunta ¿para qué hacemos política cultural en nuestros municipios?

Después de un tiempo, que ha sido muy necesario, en el que sectorialmente y desde diversas esferas hemos estado muy centrados en cómo hacer política cultural local: todos los debates sobre la necesaria profesionalización de la gestión cultural local, los riesgos del voluntarismo; todo el diálogo sobre las estructuras de gestión, la aparición de las fundaciones de cultura locales, las estructuras mixtas; todo el debate y el paradigma de la participación en el diseño de las políticas culturales locales: los consejos municipales de cultura, la evaluación participativa de los proyectos, la radialización de las estructuras huyendo de la concentración de nuestras programaciones en el centro de nuestros pueblos y ciudades…después, como digo, de todo este esfuerzo intelectual y vital colectivo, siento y quizá sólo sea una percepción personal, que hemos dejado descuidada o al menos hemos dialogado poco a nivel colectivo sobre el para qué hacemos política cultural pública.

Y remarco aquí lo de pública porque mientras tanto el mercado sí ha dado su respuesta: la cultura sirve para hacer negocio; la cultura maridada a un determinado enfoque turístico, para lo que sirve es para desarrollar económicamente nuestros municipios y territorios.

Y sin restarle ninguna importancia al papel económico que puede desempeñar la cultura y que de hecho desempeña, incluso desde este enfoque hemos analizado poco cómo se reparte dicho impacto económico, a quién beneficia y cómo se distribuye, si quizá existen desigualdades de género en el impacto de dicho beneficio económico y si repercute de modo positivo y con qué grados de calidad sobre las políticas locales, territoriales de empleo (siguiendo la estela del modelo de las Escuelas Taller de Santa María la Real o el trabajo realizado en Albarracín, por ejemplo).

 

 

Sin desmerecer, como digo, la potencialidad de esa mirada, el contexto actual nos empuja con urgencia a romper inercias en nuestra reflexión y en nuestro trabajo: no sólo el crecimiento sostenido de la desigualdad en nuestras sociedades, que no para de crecer y que es una máquina de creación de exclusión social; la normalización de un horizonte de vida precarizado, laboralmente, vitalmente, que ha tenido un impacto sobre nuestra percepción cotidiana de la seguridad vital, personal, generando vivencias de profundo desarraigo, de crisis de pertenencia de las que ya estamos viendo monstruos (la búsqueda de chivos expiatorios: islamofobia, presión sobre migrantes y refugiados, repunte del antisemitismo europeo, presión sobre las minorías de todo signo…); la reaparición del odio como atmósfera emocional en un contexto además en el que las migraciones globales han creado una realidad infinitamente más diversa.

Ante este contexto es cierto que los marcos legales culturales internacionales sí han reaccionado antes que el marco español y están marcando la pauta (las Declaraciones de la diversidad de la UNESCO, las relatorías de derechos culturales, etc) introduciendo ya un cambio de discurso y agenda en la política cultural que es necesario que empiece a concretarse ya en nuestros municipios, teniendo en cuenta que España ha ratificado todos estos acuerdos y que por tanto no hay excusa alguna para no actuar.

Teniendo en cuenta todo lo que ya se ha avanzado en esta dirección (especialmente, por ejemplo, la Agenda 21 de la Cultura y todo el trabajo de la UCLG), ¿de qué estaríamos hablando realmente?

De generar políticas culturales locales desde un enfoque de derechos humanos, abriéndonos a una definición y visión de la cultura de corte más antropológico, desplazando un poco el foco de atención desde los objetos culturales y su protección hacia las personas, es decir, hacia la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía a participar en la vida cultural y a exigirnos marcos de promoción y defensa de los derechos culturales (que siguen avanzando hacia su justiciabilidad) en el lugar privilegiado donde se ejercen: tu pueblo y tu ciudad.

Colocándonos en esta nueva posición, abriendo nuestra gestión cultural pública a esta mirada, de pronto se hacen patentes e iluminan otros aspectos que, simplemente, estábamos dando por hecho:

  • que ningún municipio es neutro en su política cultural local, dado que aunque no esté haciendo nada explícitamente, ya hay una política cultural implícita y un posicionamiento que hay que hacer emerger.
  • que todas las políticas locales tienen una dimensión cultural y que es necesario transversalizar nuestra sensibilidad hacia los derechos culturales en toda nuestra acción pública (desde el diseño universal en todos nuestros equipamientos públicos, el respeto a la diversidad cultural y religiosa en nuestros cementerios, los límites a la especulación inmobiliaria y sus efectos sobre bienes de interés cultural, etcétera)

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales?

Se dice que los derechos culturales refuerzan las nociones de dignidad y pertenencia dentro del universo de los derechos humanos.

Según la Declaración de Friburgo los derechos culturales serían:

– el derecho a la identidad y al patrimonio cultural, teniendo en cuenta la dimensión ampliada hacia el patrimonio natural.

– el derecho a que se respete nuestra identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión, el derecho a conocer nuestra propia cultura y respetar las demás.

– el derecho a elegir identificarse o no con una o varias comunidades culturales y de modificar esta elección (ampliando hacia el derecho a la disidencia cultural, a la protección frente a la fijación y cosificación de nuestras culturas)

– el derecho a nos ser obligados a identificarnos o a ser asimilados a una comunidad cultural contra nuestra voluntad.

– el derecho a acceder y a participar en la vida cultural: expresarnos en nuestra lengua materna, ejercer prácticas culturales y que sean valoradas, acceder a la producción y difusión de bienes y servicios.

– el derecho a ser libres para desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios, protegiendo nuestros intereses morales y materiales. Ni qué decir tiene la importancia de este punto en entornos de epistemicidio como lo es la ruralidad española o en entornos de expolio cultural y enorme incidencia del mercado negro de arte, tan profundo en Andalucía vinculado al robo arqueológico.

– junto al derecho a la educación y la formación a lo largo de la vida, el derecho a una educación que contribuya al libre y pleno desarrollo de nuestra identidad cultural, el derecho a ser educados en nuestra lengua materna.

-junto al derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a la libertad de expresión artística, nuestro derecho a la información libre y pluralista, nuestro derecho a acceder a la difusión de información y no sólo a ser receptores pasivos de la misma (fundamental para los procesos de luz de gas que vive, por ejemplo, la España vaciada)

– el derecho a la cooperación cultural, nuestro derecho a ejercer la diplomacia cultural local, a establecer redes de fraternidad así como nuestro derecho a contribuir al desarrollo cultural de nuestras comunidades y a ser tenidos en cuenta respecto a las decisiones que nos conciernen.

Teniendo en cuenta este marco, este paraguas de actuación, vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿para qué hacemos política cultural local? Para contribuir a garantizar la protección de los derechos culturales de nuestras vecinas y vecinos (su felicidad, el bien común, la cohesión social, que nadie se quede atrás).

Por tanto, nos asaltan otro tipo de preguntas que se concentran en un estadio previo al de la pura gestión cultural:

  • nuestra política cultural local, ¿qué clima emocional está propiciando?, ¿está polarizando?, ¿creando, sin querer, algún chivo expiatorio?, ¿generando un clima propicio al encuentro o reforzando el individualismo?, ¿qué atmósfera afectiva genera mi acción cultural local?
  • nuestra política cultural local, ¿qué impacto tiene sobre el espacio público?, ¿lo privatiza, lo amplía, lo parquetematiza o falsifica?
  • nuestra política cultural local, desde la clave de los grupos de poder, ¿a quién está dejando fuera, a quién no ve? Haciendo una etnografía de la invisibilidad como ha bautizado el antropólogo Honorio Velasco, ¿hay colectivos totalmente excluidos de nuestra política cultural local?, ¿manifestaciones culturales, etc? ¿Qué barreras simbólicas, comunicacionales detectamos en nuestra política cultural local, no desde la creación de públicos, sino desde un enfoque de derechos humanos?
  • nuestra política cultural local, ¿cómo está protegiendo el derecho a la creación cultural, el sentido de agencia?, ¿está creando horizontes de pasividad?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del mérito y del reconocimiento está impulsando?, ¿qué merece loa y boato, qué queda excluido de este mérito?, ¿qué decide musealizar y qué no?, callejeros, edificios municipales, premios y museos locales, hijos e hijas predilectos…¿qué está mereciendo mirada?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del duelo promueve?, ¿por quién llora el pueblo?, ¿qué vidas merecen luto y cuáles no? Minutos de silencio, crespones, banderas a media asta…¿por quién doblan las campanas en tu pueblo?
  • nuestra política cultural local ¿está respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la cultura?, ¿qué medidas de protección o fomento está desplegando? ¿paga a tiempo, se nos escapa la gratuidad por amor al arte, remuneramos bien? En nuestras políticas locales de empleo y emprendimiento, ¿valoramos la cultura, promovemos y visualizamos otros modelos empresariales, por ejemplo, vinculados a la economía social de la cultura como promueve la Carta cultural iberoamericana?

De lo que se trata, por tanto, es de proteger colectivamente el derecho a definir, a debatir, a la crear la vida cultural en la que nos desenvolvemos, el sentido y el significado profundo de lo que supone el «nosotros», para lo que es fundamental hacer emerger todos estos sobreentendidos, todos estos elementos que se dan por hecho, que son de «sentido común» y que crean la cultura de un pueblo.

Si María Zambrano decía que para construir paz era necesario compartir el pan y la esperanza, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestro radio concreto de acción en la política cultural municipal para que este compartir fuese cierto y contribuir a garantizar desde la cultura el respeto a los derechos humanos?

Jornada Cultura y Provincia, 28 de octubre, Cádiz

 

El próximo lunes 28 de octubre, se celebrará en Vejer (Cádiz) la Jornada Cultura y Provincia en la que, junto a concejalas y concejales de cultura de toda la provincia y técnicos especialistas culturales de todo el territorio, conversaremos sobre el papel que pueden desempeñar los municipios en la defensa de los derechos culturales y la necesidad, hoy más que nunca, de un nuevo marco de actuación de nuestras políticas culturales locales desde un enfoque de derechos humanos.

Agradezco a la Diputación de Cádiz y a su Fundación Provincial de Cultura la invitación y la oportunidad de seguir tendiendo puentes y lazos comunes para seguir garantizando en nuestro país el derecho a participar en la vida cultural en pie de igualdad para todas y todos.

Reproduzco de su página web la información de la Jornada:

La jornada

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz convoca el Encuentro Cultura y Provincia para todos los municipios de menos de 50.000 habitantes y Entidades Locales Menores. Se trata de un espacio de encuentro y reflexión en el que participarán tanto responsables políticos locales como los gestores y gestoras culturales municipales. El evento tiene dos ámbitos diferenciados, por una parte, conocimiento de algunos de los aspectos más destacables de las políticas públicas locales a día de hoy y, por otra, presentación de las propuestas que la Diputación hace a los municipios para el próximo año 2020.

En lo que se refiere a ponencias y conocimiento contaremos con tres ponentes de gran nivel e interés:

En primer lugar, el profesor Enrique Bustamante, de la Universidad Complutense, que en los últimos años ha venido coordinando el Informe sobre la Cultura en España, que realiza la Fundación Alternativas. En su exposición nos informará en qué han influido los años de crisis sobre las políticas culturales públicas municipales.

En segundo lugar Gema Carrera, antropóloga del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, hablará sobre un proyecto de gran interés para todos los municipios, como es la Guía Digital del Patrimonio Andaluz.

Y como final en este ámbito de conocimiento, contaremos con Estefanía Rodero, para hablar de los derechos culturales y el municipio.

Además, en el núcleo del encuentro, la Fundación Provincial de Cultura, a través de sus responsables político y técnicos, adelantará algunas de las reformas y novedades en el modelo de cooperación entre la Diputación y las poblaciones menores de 50.000 habitantes. Cambios de imagen, de normativa, de oferta, que se encuentran en la línea de realizar una oferta de servicios de más calidad y participación. Todo ello con independencia de que en el transcurso del año próximo se realice una revisión y reformulación más profunda del Plan Estratégico, aprobado por el pleno de la institución provincial y que rige en la actualidad sus estrategias para la cultura en la provincia.

Ponentes

Enrique Bustamante Ramírez

Profesor universitario desde 1980 y Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid desde 1992. Es Vicepresidente de AE-IC (Asociación de Investigadores en Comunicación de España) desde 2008 y fundador y director de la revista de investigación en comunicación “Telos. Cuadernos de Tecnología, Comunicación y Sociedad” (FUNDESCO), desde 1985 a Abril de 1997, además de coordinador general en su nueva etapa (2001-2011).

Fue miembro del Consejo para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado, nombrado por el Gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero entre abril de 2004 y marzo de 2005, y por ello fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Es miembro del Consejo de Redacción, entre otras, de las siguientes revistas de investigación: Reseaux (Paris-Londres); Media Culture & Society (Londres); Comunicaçao & Politica (Rio de Janeiro); ZER (U. País Vasco); EPTIC (Univ. de Sergipe. Brasil: www.eptic.he.com.br www.eptic.he.com.br); Studies in Communication Sciences (Universidad de Lugano.Suiza:www.scoms.ch, Dialogos(Lima. FELAFACS:www.felafacs.org, www.dialogosfelafacs.net), Pensar la Publicidad (Universidad de Salamanca).

Ha sido periodista en activo durante doce años en numerosos medios de comunicación, entre ellos en la emblemática revista Cuadernos para el Diálogo (1974-1978); fue asimismo directivo electo a la Asociación de la Prensa de Madrid, la Unión de Periodistas y el Club Internacional de Prensa, Titular de la Cátedra Unesco de Comunicación Internacional de las universidades Stendhal de Grenoble y Lyon II (en 1997-98), secretario general y vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1993-1997), director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I de la Universidad Complutense (1989-1993)y presidente de Ibercom, Asociación de Investigadores de Iberoamérica en Comunicación (2003-2007).

 

 

Gema Carrera Díaz

Doctora en Antropología y Jefa de proyecto de Patrimonio Etnológico del Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). Pertenece al Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales de Andalucía (GEISA). Es Premio Extraordinario de Doctorado 2016 de la Universidad de Sevilla por la investigación titulada: Propuesta metodológica para la documentación y gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial como estrategia de desarrollo social y territorial.

Es Directora técnico científica del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y ha coordinado varios proyectos de investigación. Es autora de numerosas publicaciones periódicas, capítulos de libros y algunas monografías relacionadas con el patrimonio cultural, patrimonio etnológico y participación social, metodologías de documentación y gestión del patrimonio inmaterial.

Es miembro de la comisión de Etnología de la Consejería de Cultura (2008-2016), miembro del Comité de redacción y seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura (2011-2015). Ha formado parte del grupo de expertos para la realización de un modelo de código ético para la salvaguarda del patrimonio inmaterial (UNESCO). Es presidenta de la Asociación Andaluza de Antropología.

 

Estefanía Rodero Sanz

Socióloga de la cultura, especialista en género, teórica y comparatista literaria y analista del discurso. Recibió en su momento los premios Joven Emprendedora Social UEM-International Youth Foundation y Proyectos con Espíritu (Espíritu 23, Madrid) por la experiencia de empoderamiento comunitario a través de la cultura que supuso Mundo Catarata. A raíz del impacto de la publicación de la Guía práctica de emprendimiento social y cultural para la Universidad de Salamanca de la que fue autora y la conversación incesante con América Latina, actualmente trabaja promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres y el reconocimiento de su aportación a la riqueza de los pueblos, estando siempre al servicio de la realidad gracias a las Relaciones Culturales Internacionales (y a lo aprendido de sus maestras de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universitat de Girona y la Organización de Estados Iberoamericanos).

En el ámbito de la crítica y la creación literaria impulsó el nacimiento de la -fugaz y hermosa- Asociación de críticas literarias feministas Julia Kristeva (Universidad Complutense de Madrid) elaborando, entre otras acciones, A la vez, mujeres poetas del mundo. Entre otros premios, recibió en el 2003 el Gloria Fuertes de poesía, siendo incorporada después a diversas antologías españolas. Comprometida, como afirmaba Gianni Rodari, con la «defensa del uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas sino para que nadie sea esclavo» dio origen a la Biblioteca Autogestionada del módulo de mujeres del Centro penitenciario de Topas (Salamanca), embarcándose más tarde en el proyecto de co-creación del álbum ilustrado y el documental El sueño del último baobab, nacido de la experiencia de los menores migrantes no acompañados en España.

 

 

Programación

09:30
Recepción y acreditaciones

10:00
Inauguración del Encuentro

Irene García Macías

Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz

10:30
Conferencia: En el marco de la gran crisis: las políticas culturales locales en España

Enrique Bustamante Ramírez

Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del Informe sobre el estado de la Cultura en España (Fundación Alternativas)

11:15
Pausa Café

11:45
Conferencia: Guía Digital del Patrimonio Andaluz: La Guía en Red

Gema Carrera Díaz

Antropóloga. Jefa del departamento de Proyectos de Patrimonio Etnológico. Instituto Andaluz del patrimonio Histórico

12:30
Presentación: El proyecto de la Fundación Provincial de Cultura para la provincia de Cádiz: Consolidación y renovación

Antonio González Mellado. Diputado Delegado de Cultura.

Antonio Luis Rodríguez Cabañas. Director de la Fundación Provincial de Cultura.

Equipo técnico de la Fundación Provincial de Cultura.

13:15
Conferencia: El municipio y  los derechos culturales de la ciudadanía

Estefanía Rodero Sanz

Socióloga de la cultura y especialista en política cultural por la Cátedra UNESCO de Políticas culturales y desarrollo (UdG)

14:00
Clausura

14:30
Actuación musical

Lucía Galindo (cantautora)

14:45
Almuerzo

16:30
Visita guiada a la Fundación NMAC Montenmedio de Arte Contemporáneo

 

Nota: la asistencia a esta jornada es exclusivamente para concejales/as y técnicos/as de Cultura de los Ayuntamientos de la provincia y por invitación de la Fundación Provincial de Cultura.

Espacio público y derechos culturales

(Todas las imágenes de esta entrada son fotografías del maestro Ricard Terré)

Como viene siendo costumbre recojo por aquí algunas notas con motivo de la presentación del último informe de la relatora de derechos culturales relativo a la reflexión sobre el espacio público y la protección de los derechos culturales. Aunque hace unos meses ya dialogamos sobre algunas zonas de fricción sobre este tema que estamos viviendo en España (en el artículo Catedrales me explayé), dejo por aquí algunos de los puntos más significativos (para mí, obviamente) recogidos en el informe.

En primer lugar me parece subrayable el modo en el que se ha vuelto a clarificar el propósito del mandato de la relatoría de derechos culturales, reforzando “el enfoque más holístico basado en los derechos humanos para la formulación de políticas culturales”. Así, en este último informe se nos vuelve a invitar a cambiar el enfoque desde el que nos acercamos a la política cultural:

“El propósito del mandato no es proteger la cultura en sí, sino más bien las condiciones que permiten que todas las personas puedan tener acceso y contribuir a la vida cultural, y participar en ella, sin discriminación y en un marco de evolución constante.”

Se hace valer así una vez más la interrelación de los derechos culturales en el seno de los derechos humanos, haciendo valer el papel que su respeto tiene para contribuir a la creación de espacios públicos “vibrantes, significativos y accesibles”.

Ante la ola privatizadora del espacio público de la que ya hemos venido dando cuenta, así como los nuevos cercamientos culturales, especialmente visibles en el ámbito del patrimonio en España, el análisis sobre el respeto de los derechos culturales en el espacio público incorpora por primera vez, basándose en la definición que da la UNESCO, los espacios virtuales.

 

 

Así, dialogando también con el trabajo realizado por el relator del derecho de asociación de Naciones Unidas, que hace hincapié en el espíritu de servicio público que implican dichos espacios y que han de estar definidos precisamente por representar la esfera pública, por el debate y la controversia libremente ejercidos, se pone el foco sobre diversas áreas de fricción entre la protección de la cultura y el espacio público:

–          En primer lugar, y teniendo como horizonte la construcción del espacio público como espacio de justicia social, se hace hincapié en la necesidad de incorporar el diseño universal en toda la planificación de las infraestructuras culturales. No ya como una “especialización” sino como un cambio de paradigma que ha de transversalizarse en todas nuestras políticas.

–          Por supuesto, se da la señal de alarma sobre las consecuencias de la rápida urbanización y el progresivo desmantelamiento de espacios públicos inclusivos. Me resulta interesante el modo en el que se coaliga la corrupción en obras públicas con el impacto sobre la desprotección de los derechos culturales.

–          Fundamental la mirada hacia el mundo rural que recoge el informe, no sólo en su defensa del acceso al agua y la tierra en condiciones de igualdad como elementos sine qua non para la protección de los derechos culturales en la esfera internacional, sino por la férrea defensa de la lucha por preservar los espacios culturales en las zonas rurales. No ya tanto “intervenciones estelares” (puntuales) en el medio rural, sino equipamientos básicos que van siendo progresivamente abandonados ante la inacción política: bibliotecas rurales, teatros comarcales, cines de pueblo y un largo etcétera del que tanto podríamos hablar. Me parece fundamental la defensa que se hace en el informe de las bibliotecas itinerantes o de aldea.

–          Respecto a los espacios virtuales, junto a sus potencialidades, se señala la necesidad de medir su impacto sobre el posible desmantelamiento de los espacios reales de vinculación, especialmente teniendo en cuenta la progresiva degradación de los espacios tradicionales de encuentro, cada vez más mercantilizados (“mercantilización de la sociabilidad urbana”) y de acceso más restringido a nivel económico dado que “desde la perspectiva de los derechos culturales, o la dimensión cultural, los espacios públicos responden a la necesidad de encontrarse con los demás y transmiten importantes significados sociales y culturales”.

 

 

–          Se señala repetidamente la necesidad de reflexionar sobre cómo construir un espacio público acogedor para todas las personas. ¿Qué implicaría en el diseño de nuestras políticas culturales públicas poner en el centro el carácter acogedor del espacio público? ¿Cómo se reflejaría? Desde el uso de la diversidad de lenguas en la vida pública, hasta la adaptación del espacio a la diversidad real de nuestras sociedades (hay infancia, hay juventud, hay hombres y mujeres mayores, personas con diversos modos de movilidad, gente que pasea mascotas…) Se hace hincapié por tanto en el hecho por el cual, si realmente queremos hablar de seguridad en los espacios públicos: “las iniciativas culturales pueden ayudar a diseñar espacios inclusivos y promover los derechos humanos”.

–          Como no podía ser de otra manera, se enfatiza el papel que la presencia de las artes en los espacios públicos puede jugar para la construcción de comunidad y el sentido de pertenencia

–          Se dedica un apartado fundamental al riesgo que entraña la dependencia excesiva del patrocinio privado y la necesidad de garantizar el derecho a los espacios públicos y su sostenibilidad, como ya hablamos ante la creciente privatización de las Catedrales en España. En el binomio “patrimonio y turismo” se nos alerta de dos ejes ya repetidos: la exclusión de personas de determinados entornos patrimoniales por romper la imagen de marca del lugar (conflicto de expulsión de comunidades largamente repetido en espacios declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) así como la creciente teatralización de los espacios públicos. Curioso, en el país que privatizó el topónimo de la estación de metro Sol por “Vodafone Sol”, leer la advertencia que se recoge en este informe:

“No deberían tomarse decisiones sobre lo que se pretende construir, exhibir o cambiar en los espacios públicos ni sobre los motivos para ello, incluidos los cambios de topónimos, sin consultar debidamente a todas las partes interesadas y, en especial, a los grupos minoritarios.”

Se sigue avanzando, por tanto, en la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos a nuestra política cultural pública, reforzando la necesidad de proteger el espacio público frente a las tendencias privatizadoras, no sólo como “el espacio de todas las personas” sino como condición fundamental para la protección de los derechos humanos.

Etnografía de la invisibilidad

 

Hace unos días, en la presentación organizada por la Fundación Gabeiras del Informe “Patrimonio inmaterial y desigualdad de género: una perspectiva antropológica y jurídica de los conflictos sociales en torno a las tradiciones festivas en España” del que ha sido responsable la antropóloga Lidia Montesinos, se suscitó una reflexión interesante que me gustaría recoger aquí.

En el Informe, – que ha recogido y analizado aquellos casos de conflicto relacionados con la desigualdad de género en los rituales festivos en España, especialmente aquellos que han tenido efectos jurídicos o cuya dimensión ha terminado articulándose en procesos de incidencia política-, se vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de entender el patrimonio como espacio político, de discusión, confrontración y diálogo. Aportando luz sobre la dimensión de la violencia simbólica e invisible que reside aún en determinadas prácticas del patrimonio inmaterial y las fórmulas reiterativas de las que se sirve la exclusión (el desprecio, la ridiculización y el ostracismo social de determinadas personas o colectivos), se incide no sólo sobre la necesidad de articular un decálogo de buenas prácticas para la comunicación en este tipo de conflictos, sino sobre la urgencia de seguir transformando los imaginarios y conceptualizar el patrimonio como lo que es, algo vivo y en transformación permanente.

El título de esta entrada, no obstante, es un robo descarado de la intervención que el antropólogo Honorio Velasco realizó a raíz del Informe y que trazó un horizonte de preguntas para la acción que no quiero dejar caer en saco roto.

 

 

Ante la pregunta, ¿qué hace exactamente el patrimonio cultural inmaterial en nuestra sociedad actual y qué podemos hacer para ponerlo al servicio de la paz y la convivencia?  se identificó la urgencia de realizar una “etnografía de la invisibilidad” en base a cuatro hitos:

1.- En el marco del derecho a participar en la vida cultural, aunque especialmente en relación a la protección y actualización del patrimonio, ¿quiénes están ausentes del reconocimiento?, ¿quiénes quedan fuera del foco de luz de quienes son reconocidos como “agentes de cultura”? En una frase del propio Honorio Velasco, “¿a quiénes lo que hacen no les luce?”

2.- ¿Del trabajo y el esfuerzo invisible de quiénes nos estamos beneficiando y apropiando?, ¿a quién y a quiénes se está arrinconando entendiendo su dar y su participación como “un servicio desinteresado y a favor del bien común” que no necesita ser agradecido, precisamente por los procesos de naturalización que permiten dicha apropiación? ¿Quiénes están tomando lo que no les pertenece?

3.- Procesos de subordinación estricta y resquicios legales: en la presentación del Informe, por ejemplo, Lidia Montesinos recalcó cómo en muchos de los casos de conflicto analizados se estaba repitiendo una “perversión”: para huir de la obligación del respeto a la igualdad de género en algunas manifestaciones festivas se están repitiendo procesos de privatización de las estructuras organizativas de dichos actos, para sortear las obligaciones legales a las que estaría sometida la organización pública.

4.- Análisis de la deformación y las distorsiones: personas y colectivos que cuando aparecen no tienen control alguno sobre su imagen, no es la suya, su voz y palabra pública se ve distorsionada, su discurso cuarteado, su planteamiento  y reivindicaciones ridiculizados o reducidos. ¿Quiénes, en nuestras políticas culturales actuales, aunque especialmente de patrimonio están siendo excluidos o excluidas a través de este mecanismo?

En la intervención del profesor Honorio Velasco se planteó también una “agenda de reivindicación para la compensación” basada en:

  • La dignificación como paso previo de cualquier proceso compensatorio: reconocimiento de todo lo que ya se ha hecho, lo ya aportado, lo ya trabajado y construido.
  • Hacer emerger, para comprender en su totalidad el hecho festivo (aunque aplicable para cualquier manifestación cultural) lo fundamental de los trabajos ocultos, la centralidad para la ESTRUCTURA del acto festivo de todo aquello que ha sufrido luz de gas.
  • Centralizar en el discurso la mirada sobre la “transmisión a las generaciones venideras”. Si este es el sentido profundo por el que el patrimonio inmaterial es algo vivo y en permanente evolución, ¿quiénes han mantenido viva dicha transmisión?, ¿a quiénes se les debe gratitud por la protección de los legados?
  • Son las personas, no las cosas: en todas las políticas culturales, aunque especialmente en las vinculadas al patrimonio, se corre el riesgo de borrar a los sujetos, objetualizando la cultura. ¿Quién hace?, ¿quién crea?, ¿quién participa?, ¿quiénes?
  • Señalar también el peso de las apropiaciones culturales de los Estados, por ejemplo y de un modo sangrante, ante la apropiación del patrimonio de los “pueblos sin Estado”, los pueblos indígenas.

 

Recojo por aquí estas cuestiones abiertas, añadiendo una última pregunta personal: ¿qué efectos podría tener, como contrapeso a la desigualdad en el derecho a participar en la vida cultural, movernos a nivel político desde un paradigma de derechos culturales centrado en las personas?

Cultura y turismo selfie (El Correo Vasco, 8 de agosto de 2019)

Cultura y turismo selfie

 

El pasado 27 de mayo los trabajadores del Louvre, a través de su baja masiva por agotamiento que provocó el cierre del Museo, lograron captar la atención mundial sobre las consecuencias de la masificación de determinados espacios culturales. Como denunció el sindicato Sud Culture Solidaires en su escrito “Le Louvre Suffoque” tendemos a olvidar que la progresiva degradación de las condiciones de visita a los museos u otros espacios patrimoniales tiene efectos también sobre la degradación de las condiciones laborales. Sin irnos muy lejos, el escritor Julio Llamazares, a través de su denuncia de la creciente privatización de las catedrales españolas, viene poniendo el foco de atención sobre la confusión entre el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute con la simple explotación comercial del mismo y la mercantilización de la experiencia. En ambos casos lo que subyace es la tensión permanente entre determinados modelos de turismo y la defensa de los derechos culturales en el actual sistema económico.

Aunque se suceden las declaraciones de organismos internacionales para poner coto a los daños que un modelo de turismo depredador puede tener sobre la cultura, solemos dejar a un lado del debate algunos de los aspectos que recogió la Carta Internacional sobre Turismo cultural de ICOMOS allá por el año 1999. En dicha Carta se nos animaba a reflexionar también sobre cuáles son los deseos y expectativas de los visitantes de los espacios culturales y sobre cómo definir la autenticidad de la experiencia cultural y protegerla.

Pero ¿quién decide o dicta en una sociedad qué es una experiencia cultural auténtica? El propio Museo del Prado, por ejemplo, ante el mantenimiento, frente al resto de grandes museos internacionales, de la prohibición de realizar fotografías en sus salas, se amparó en la “autenticidad de la experiencia cultural” para comunicar públicamente que dicha decisión quería incidir en su apuesta por “visitas de calidad, evitando en la medida de lo posible distorsiones y molestias que vayan en detrimento de la experiencia directa”.

 

 

 

Solemos olvidar que la experiencia directa del arte y la creación cultural no son hechos naturales, sino que son resultado de procesos de mediación, educación de públicos, sustrato educativo de la comunidad, el bagaje construido grano de arena y generación a generación en procesos de educación colectiva y socialización artística. En entornos económicos, sociales y políticos en los que las políticas culturales no se han caracterizado ni por incorporar un enfoque de derechos culturales, ni por proteger el tejido de cultura comunitaria frente al consumo cultural individualizado, ni por mimar presupuestaria ni laboralmente hablando, con la vista puesta en las generaciones futuras, planes consistentes y a largo plazo de educación artística y creación de públicos desde la infancia, ¿quién dicta lo que significa tener una experiencia cultural genuina y directa?

Un caso extremo de las consecuencias de esta dejación de la mediación, sustituida por la economía de la atención que se materializa en los “me gusta”, fue el caso denunciado hace unos años por Shahak Shapira ante las visitas “turistificadas” al Monumento al Holocausto en Berlín. Haciendo una selección de selfies tomados en el Memorial y publicados en diferentes redes sociales por los visitantes, realizó un fotomontaje cambiando la imagen del monumento por imágenes de archivo reales del Holocausto. La obra resultante “Yolocaust” contribuyó a la reflexión internacional sobre la banalización de la memoria, la cultura de la sobreexposición y la universalización a cualquier precio del deseo de ser mirados. Si hace unos días  se hacía global también la noticia sobre el numeroso grupo de turistas occidentales que aguardan colas de más tres horas en Bali para poder subir a sus redes sociales una foto trucada con un espejo frente al templo de Pura Lempuyang, quizá la pregunta pertinente sea qué es lo que obtenemos realmente de este tipo de experiencias basadas en la simulación, la descontextualización y el alejamiento de hecho de la simple experiencia directa. ¿De quién estamos buscando aprobación y qué ansiedades sofocamos como sociedad a través de la búsqueda de likes con la cultura y el patrimonio como fondo de pantalla?

 

 

Quizá antes de refugiarnos en discursos elitistas que, ante la degradación de la experiencia de determinados modelos de turismo cultural, enarbolen la necesidad de restringir el acceso a los bienes culturales o traten de naturalizar el hecho del disfrute cultural (ya saben, el gen invisible por el que las personas ricas nacen amando la ópera), quizá sería más interesante preguntarnos cómo estamos construyendo como sociedad lo que entendemos tanto por ocio como por vida cultural.

Si el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute forma parte de los derechos humanos quizá tengamos que plantearnos en qué condiciones puede darse efectivamente la protección de este derecho, teniendo en cuenta que en su dimensión más voraz también se va a hacer caja sustituyendo por cultura para el turismo selfie la experiencia estética.

 

 

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

Políticas culturales y discursos de odio

 

Impactada por las imágenes y palabras de odio que acompañaron la detención de Carola Rackete hace unas horas me siento a escribir desde la urgencia y el convencimiento de la importancia de la implementación de políticas culturales públicas que, enraizadas en un enfoque basado en los derechos humanos, tengan como prioridad la desarticulación del odio. Aunque ya son muchas las voces que apuntan en esta dirección (aquí ya hemos hablado del tema, por ejemplo, en El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos o en Existir en plural: espacios de la imaginación contra el odio) quería detenerme en dos lecturas, por si nos acompañan a la hora de trenzar otros futuros posibles, que inciden en la capacidad de las políticas culturales para cortocircuitar climas emocionales y vivencias colectivas de impotencia, caldo de cultivo predilecto para las campañas de odio.

 

Aunque ya hace algunos años, Sara Ahmed en “La política cultural de las emociones” hizo hincapié en nuestra labor colectiva para examinar el funcionamiento de las economías afectivas que se esconden detrás tanto del discurso público como de la acción cultural. No dejó de insistir sobre el hecho de que las emociones no pueden ser consideradas estados psicológicos aislados, sino poderosas prácticas culturales y sociales que determinan la construcción del mundo. Aunque su análisis del dolor subalterno fue en su momento mi parte predilecta de su estudio (“mientras mayor acceso tengan los sujetos a los recursos públicos, mayor acceso podrán tener a la capacidad de movilizar narrativas de lesiones dentro del ámbito público”), su reflexión sobre lo que el odio le hace a los cuerpos me asaltó ante las imágenes que llegaban desde Italia. Se planteaba Sara Ahmed en su análisis de la política cultural del odio:

 

“Exploro el papel del odio en la conformación de los cuerpos y los mundos, a través de la manera en que el odio genera su objeto como una defensa contra la lesión (…) Dichas narrativas funcionan al generar un sujeto a quien unos otros imaginados ponen en peligro y cuya proximidad amenaza no solo con quitarle algo (empleos, seguridad, riqueza), sino con ocupar el lugar del sujeto. La presencia de este otro se imagina como una amenaza al objeto de amor.”

 

Así, Ahmed nos llevaba a una reflexión práctica sobre dos ejes: la construcción de la desemejanza y las prácticas cotidianas de la lejanía corporal y social. Desde el dolor de las imágenes de Lampedusa ilustrando el crimen ardiente en que se ha convertido el Mediterráneo: ¿qué estamos haciendo colectivamente para apuntalar la percepción de la “desemejanza” que está permitiendo nuestra inhibición moral colectiva ante el genocidio silencioso que se está viviendo en el mar?

 

 

También me parecía urgente, saltando cercamientos entre disciplinas, acercar nuestras políticas culturales, desde todos los niveles, al trabajo analítico de Martín Alonso sobre los discursos del odio (enlazo aquí por pedagógico y extremadamente útil su artículo “Los discursos de odio”, pg.29, recogido en el Cuaderno nº4 del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo) que nos obliga a abordarlos desde cuatro dimensiones: la gramática, la psicología, la sociología y la economía política en la que surgen.

En el análisis de los discursos del odio en Europa, Martín Alonso viene identificando algunos lugares comunes:

  • La topología diacrítica: enlazando con el análisis de Sara Ahmed sobre la construcción de la desemejanza, se refiere a la construcción de identidades por “demarcación”. No vemos la continuidad natural de lo humano, construimos fronteras mentales que crean la noción de discontinuidad.
  • Sinécdoque reduccionista: el uso del plural estratégico y la construcción de un nosotros excluyente.
  • “Somos diferentes”: la construcción de identidades alrededor de pertenencias exclusivistas.
  • Perfilado previo del enemigo: el enemigo es una construcción cultural que requiere de un proceso de deshumanización previa construido a base de operaciones atribucionales de señalamiento y estigmatización.
  • Ideología de supremacía.
  • Existencia de depurados, excluidos o eliminados tanto en su retórica como en su práctica organizativa.

 

 

Pero hay un elemento fundamental, en el que las políticas culturales pueden ser claves para la acción política de urgencia que nos reclama el presente y es la siguiente:

 

“la calidad epistémica de los contenidos de los discursos de odio es irrelevante, importa su eficacia, su poder de arrastre (…) El recorrido del discurso de odio depende de hasta dónde engrane o no los dispositivos emocionales (…) El discurso crea su entorno de afectividad y la emoción es capaz de segregar su propia mitología.”

 

Por tanto, ¿qué entornos de afectividad y dispositivos emocionales están permitiendo el avance de los discursos del odio en Europa?, ¿qué acción pública deberíamos implementar para cortocircuitarlos?

Considero que esta es una línea de trabajo prioritaria para las políticas culturales, especialmente en el nivel local que nos exige ampliar la mirada más allá de la gestión y de la participación, hacia la responsabilidad compartida para la construcción de imaginarios y climas afectivos en los que el odio no pueda avanzar.

#Méxicosinplagio

 

Hace unos días la prensa internacional se hacía eco de la petición de explicaciones públicas realizada por la Secretaría de Cultura de México a la diseñadora Carolina Herrera por la utilización en su última colección de elementos textiles tradicionales de diversos pueblos indígenas, petición de explicaciones que también se viralizó en twitter bajo los hashtag #Méxicosinplagio #SinLasComunidadesNO, buscando la colaboración y la consciencia ciudadana frente a este tipo de robo.

Si bien el plagio textil a estas comunidades, pese al marco de protección de la Declaración de la UNESCO de sus derechos, viene siendo recurrente y es un delito que no para de crecer, desde España aún vivimos estas situaciones como realidades exóticas y ajenas, a pesar de que muchas veces sean empresas textiles españolas las que estén implicadas en estos delitos de apropiación. El hecho de que las artesanas textiles y bordadoras centroamericanas hayan estado los últimos años en pie de guerra, especialmente frente al plagio de la industria textil china todopoderosa en la región, consiguiendo con sus movilizaciones grandes logros legales, ha pasado totalmente desapercibido en España, como si este tipo de situaciones no fuesen una amenaza también para la cultura en nuestro país.

Nada más lejos de la realidad. Contrasta la respuesta del Gobierno mexicano con la pasividad que han mostrado las instituciones españolas frente a situaciones similares de plagio a la que han tenido que hacer frente, entre otros, los pequeños municipios gallegos de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, que han visto cómo el trabajo textil realizado tradicionalmente por las mujeres de sus pueblos para su Carnaval ha sido copiado por la marca Dolce&Gabbana en una de sus últimas colecciones.

Si bien existe un mayor grado de alerta y sensibilización social frente a otro tipo de robos vinculados a la cultura, aún tenemos que desarrollar nuevos grados de conciencia frente a estas fórmulas de apropiación, teniendo en cuenta que se dan en la esfera internacional y que suelen enfrentar a colectivos o territorios especialmente desprotegidos y vulnerables frente a gigantes empresariales transnacionales con una gran fuerza publicitaria y de comunicación.

 

 

Si desde el mundo rural español , por ejemplo, aún estamos esperando respuesta, a pesar de todos los esfuerzos del Museo Arqueológico Nacional, frente a casos sonados de expolio, como el siempre postergado proceso de restitución de los restos arqueológicos de Castiltierra, apropiados por el nazismo con el beneplácito del régimen franquista, encontrándonos día sí y día también con noticias referidas al tráfico ilegal de obras de arte robadas en nuestros pueblos -la más reciente la desarticulación el pasado mes de abril de una banda de tráfico ilegal de restos arqueológicos con una notable implantación en Andalucía que contaba en su haber con más de 3700 piezas patrimoniales-,  no queramos imaginar la dificultad con la que se encuentran los pequeños municipios en el caso de los procesos de robo vinculados al patrimonio inmaterial.

Se suele olvidar que cuando hablamos de estas formas de apropiación y plagio, más vinculadas a conocimientos tradicionales, de lo que estamos hablando también  es, en la mayor parte de los casos, de invisibilización del trabajo de las mujeres, grandes guardianas informales de la riqueza patrimonial en nuestro país. ¿O quienes limpian ermitas, cosen mantos, bordan trajes tradicionales, custodian baúles, cajas de galletas llenas de fotos, adornan balcones, preservan recetas, custodian informalmente la memoria de un país?

En el mercado internacional actual más preocupado por  las artesanías que por las artesanas, por el producto que por las condiciones laborales o económicas de quienes lo hacen posible, se están empezando a alzar voces – que deberían tener un reflejo en la futura Ley de derechos culturales española hacia la que sin duda avanzaremos– alrededor de dos grandes reivindicaciones: en primer lugar la justa remuneración a las creadoras originales de los diseños y el reparto equitativo con las comunidades creadoras de dichas artesanías de los beneficios que obtengan las grandes marcas con la explotación de sus diseños.

 

Si ante otros escenarios de expolio cultural de grandes dimensiones la comunidad internacional ha sido capaz de ponerse manos a la obra, como a través, por ejemplo, del proyecto de las Bibliotecas central y regional de Berlin para la restitución a los propietarios originales de los libros robados al pueblo judío durante el Tercer Reich o como a través de la puesta en valor de la figura de grandes heroínas en la defensa del Patrimonio frente al robo de arte como lo fue Rose Valland, tendremos que empezar a debatir con mayor rigor en España sobre cómo vamos a protegernos frente a estas nuevas fórmulas de explotación económica que amenazan a nuestras culturas, teniendo en cuenta que habrá que impulsar medidas de protección mucho más concretas y eficaces para ese tesoro a cielo abierto y sin guardián que es la España rural que se vacía.

Si como dice el dicho, “cuando bebas agua, recuerda la fuente” quizá ante situaciones como las que afrontan estos pequeños pueblos ante el plagio de las grandes marcas de moda internacionales tengamos que pararnos a pensar: a quiénes se plagia, por qué resulta tan sencillo y barato apropiarse del legado común recibido generación tras generación. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa y descubramos que detrás de cada bordado robado, de cada creación plagiada, lo que se esconde en realidad es el dolor de manos trabajadoras que crean.