Mujeres y derecho a la tierra

“Cultivan una tierra que no les pertenece.”

“Hasta que la dignidad se haga costumbre.”

Siguiendo la estela de las celebraciones del 15 de octubre, Día internacional de las mujeres rurales, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos-UNESCO desde Argentina organizaba esta semana el Segundo Encuentro de Mujeres de la Tierra, una conversación fascinante entre mujeres de América Latina, el Caribe y África enfocada a la recopilación de saberes y experiencias para la implementación de los ODS.

Quiero sembrar por aquí parte de la energía que recibí de todas ellas junto a los retos colectivos que afrontamos en la conquista de nuevos derechos, también en el diálogo España-América Latina.

Partiendo del convencimiento de que la tierra es un bien social y no una commodity, y que por tanto el derecho a la tierra es un derecho humano, es fundamental tener en cuenta que en las agendas internacionales sobre empoderamiento vital, económico de las mujeres no podemos olvidarnos ni por un instante de las demandas tanto históricas como emergentes relacionadas con el acceso a los medios productivos de las mujeres campesinas, rurales, indígenas de todo el planeta. No sólo en relación al hecho de que sean ellas las protagonistas de la reducción de la pobreza en sus comunidades y las responsables de la alimentación del mundo, sino también desde otros prismas de actuación que normalmente olvidamos en España. La agenda cultural y nuestras políticas culturales olvidan el papel que desempeñan las mujeres rurales como grandes defensoras y protectoras de los derechos culturales en nuestro país no sólo vinculadas a la defensa y custodia del territorio, sino también a la transmisión del conocimiento, saberes agroecológicos, innovación permanente en el sector artesano y nunca del todo apreciado y agradecido papel como guardianas del patrimonio rural de todo tipo.

Deolinda Carrizo, actual Directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura en Argentina, subrayó la importancia que el reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos y su incorporación a los textos constitucionales, como fue el caso de Bolivia, marca un camino de actuación futuro, dado que la democratización de los Estados pasa obligatoriamente por la garantía del acceso a la tierra y el reconocimiento de la agricultura familiar e indígena. Sigue siendo un reto internacional de primera magnitud afrontar el peso de la desigualdad global en la garantía del derecho a la tierra por parte de las mujeres, que tendría un impacto en cadena sobre su autonomía, la protección frente a todo tipo de violencias, el final de procesos de dependencia de intermediarios.

Fue muy interesante también conocer de la mano de Lilian Galán, del Frente Amplio uruguayo, el proceso de avances legales vividos en los últimos años para el fomento de la co-titularidad de la tierra (actualmente por cambio de gobierno en proceso de retroceso) con el impulso de la Ley 19.781, que llevó del 11% al 26% el índice de propiedad de la tierra por parte de las mujeres. Como afirmó Lilian Galán: “los intereses oligárquicos y el poder transnacional del agronegocio vulneran el derecho humano de acceso a la tierra de las mujeres”. Es muy interesante comprobar cómo en España, al margen de las grandes “efemérides rurales” y las organizaciones especializadas, la pelea por la titularidad compartida ha desaparecido prácticamente de la agenda pública y del discurso del movimiento feminista, cuando no enfrenta un total desconocimiento también por parte de los equipos técnicos generalistas de las áreas de igualdad.

 

 

Pero he de reconocer que la fuerza de la líder indígena Ángela Chislla desde Perú puso sobre la mesa un itinerario a recorrer en los próximos años. Junto al problema de acceso a la tierra por parte de las mujeres indígenas nos conminó a seguir exigiendo juntas y desde todas partes procesos de reparación efectivos para las mujeres que sufrieron procesos de esterilización forzada en el pasado y que aún no han sido juzgados. No sólo redundó en la exigencia de poner en el centro la garantía de la soberanía alimentaria de los pueblos, sino el acceso de las mujeres a las esferas de decisión tanto políticas como especialmente económicas, fortaleciendo la asociatividad propia, el impulso de bancos agrarios y cooperativas lideradas por mujeres, una nueva educación financiera comunal, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y gestión de las infraestructuras hidráulicas y la necesidad de paralizar modelos de desarrollo vinculados al extractivismo, garantizando por el momento el efectivo cumplimiento de las Leyes de Consulta Previa. Pero fue Ángela Chislla la que compartió con todas de un modo más claro la interrelación e interdependencia de todas las facetas de los derechos humanos, al exigir que se implante en el país una verdadera educación intercultural bilingüe y una política de comunicación que respete los derechos culturales y ponga fin a décadas de silenciamiento mediático sobre la realidad de las necesidades de las mujeres indígenas, así como no olvidar la importancia de la formación política de todas las mujeres.

 

No podemos obviar que la falta de tierra impide a las mujeres acceder a otro tipo de recursos y servicios esenciales (“en los procesos de toma de tierras, de resistencias territoriales, siempre están las mujeres y sin embargo, cuando se han repartido, se las excluye”) y que sigue siendo la tierra uno de los principales factores que condicionan las relaciones de poder. No se puede apartar la mirada del aumento de las medidas represivas y la militarización contra los movimientos de resistencia, que están recayendo sobre las mujeres del Sur. Es una temática central que debería entrelazarse, sin duda y también desde el Norte global, con los marcos más amplios de actuación y resistencia vinculados a Empresas y Derechos Humanos, especialmente en las actuaciones y movilizaciones a favor de leyes estatales de Debida Diligencia. Sería MUY IMPORTANTE que el movimiento feminista en España hiciese suya la reivindicación del impulso de la Ley de Debida Diligencia aún no promulgada en nuestro país, precisamente porque el impacto de su flagrante ausencia recae con toda su ferocidad sobre las mujeres campesinas, rurales, indígenas del Sur. Desde mi punto de vista tendría que ser la reivindicación central del movimiento feminista en España incidiendo sobre nuestra agenda exterior si queremos que sea cierto el compromiso adquirido con una política exterior feminista.

 

 

Como compartió la líder ambiental Katta Alonso desde Chile, no podemos seguir permitiendo la existencia de “zonas de sacrificio” en ninguna parte de este planeta, en las que la acción empresarial tenga vía libre para contaminar, desentenderse de los impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente de su actividad ni olvidar la exigencia de reparación a las víctimas de procesos de contaminación generalizados. Fue tajante en su denuncia de la superficialidad de determinadas visiones de la Responsabilidad Social Corporativa, exigiendo marcos de obligatoriedad frente a los actuales modelos voluntarios que se desentienden de las consecuencias, poniendo en valor el Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Tanto Valentina Escuti de la campaña #ChaoCarbón chilena, como Gabriela Sinchi del medio comunitario Wambra.ec subrayaron la potencialidad que las estrategias de arte y comunicación por la defensa del territorio tienen para entrelazar demandas, llegar a diferentes audiencias y cambiar los marcos culturales que perpetúan el acaparamiento y el despojo. También la lideresa Alejandra Bonilla desde Costa Rica incidió en la necesidad de romper los bloqueos de comunicación sobre la realidad que afrontan las mujeres rurales, rompiendo los moldes de discursos impuestos y reconociendo las propias estrategias de resistencia ya desplegadas. Tajante fue su exposición denunciando el peligro de los discursos de las “tierras vacías” que se vivieron en Centroamérica y que permitieron a nivel legal la usurpación de tierras indígenas. Me quedé pensando, salvando las distancias, en los efectos no contemplados del discurso de la “España Vacía” (ya, lógicamente, “Vaciada”) y los efectos que el mismo pueda tener en relación a la gestión de los fondos europeos de recuperación o las políticas de reto demográfico. Si esta España está vacía, ¿desde dónde se van a gestionar estos fondos y en el diálogo con quién, si en el propio territorio “no hay nadie”? Qué pendiente resbaladiza y peligrosa, ya conocida y qué real…

 

Al fin y al cabo, como subrayaron todas ellas se trata de romper con los marcos que ven la tierra como una mercancía para volver a reconocerla, ¡al menos!, como un bien social. Como recordaban tanto el trabajo “Género, propiedad y empoderamiento. Tierra” de Carmen Diana Deere y Magdalena León y  los informes elaborado los últimos  años por Intermon Oxfam, “Promesas, poder y pobreza” o “Tierra para nosotras”, se puso de manifiesto que “la exclusión de las mujeres rurales del acceso a la tierra no sólo ocasiona la pérdida de su control sobre la producción de alimentos, sino que también se pierden el conocimiento, las prácticas y las técnicas que, durante siglos, han salvaguardado la integridad de la tierra, las semillas y el suelo, así como el valor nutricional de los alimentos“. También conviene no olvidar que “cuando se intensifica la competencia por la tierra, las mujeres rurales suelen ser sometidas a una presión hacia su exclusión por parte de los parientes o miembros de la comunidad masculinos”.

 

Tras la conversación me quedé pensando en los ecos en la agenda española: la titularidad compartida como un derecho aún por conquistar, la incorporación en la agenda feminista de la exigencia de una Ley española de Debida Diligencia, el avance de la soberanía alimentaria en nuestros marcos legislativos.

 

El siglo de la diversidad (¿Hacia dónde vamos? El Correo Vasco)

 

Este artículo se escribió gracias a la invitación de El Correo Vasco y para su sección ¿Hacia dónde vamos? enfocada en la reflexión común sobre nuevos horizontes de acción y construcción de futuros posibles. Se publicó el domingo 25 de noviembre de 2018.

Ha querido la vida que hoy, día post-elecciones andaluzas, este texto aterrice en este espacio. Vaya dedicado por tanto a quienes levantan los olivos.

 

Hace unos meses escuché afirmar con rotundidad al maestro en políticas culturales recientemente fallecido, Eduard Miralles, que la diversidad sería para el siglo XXI lo que la libertad fue para el siglo XIX. Nos animaba así a sumar a la libertad, la igualdad y la fraternidad, la diversidad que, según él,  faltaba para que las tres anteriores fuesen realmente ciertas. Frente a la ola regresiva mundial en materia de derechos humanos que estamos afrontando y que se sostiene especialmente sobre el odio a las mujeres y las niñas y la presión sobre las minorías de todo signo, propongo, a modo de construcción de un horizonte común, que concentremos nuestra mirada en la agenda de derechos por conquistar que nos corresponde colectivamente alcanzar en este siglo.

Apoyándonos en el calendario de trabajo de la próxima década tanto en el seno de Naciones Unidas como de la UNESCO y dándole la razón al sociólogo Alain Touraine que afirmó hace unos años categórico “la lucha social de hoy es por los derechos culturales”, en la conversación global empezaremos a escuchar con más fuerza algunos de los siguientes temas:

  • El cambio hacia un nuevo paradigma cultural sustentado en la interdependencia y la protección de la vulnerabilidad como ejes de profundización de nuestras democracias que está impulsando el feminismo en todo el globo frente al actual modelo cultural en descomposición del “homo economicus” que subyace bajo el modelo económico global (el héroe irreal sin vínculos hecho a sí mismo que jamás se cansa ni enferma, envejece o muere y, por tanto, ni forma parte de la Naturaleza ni necesita afecto o cuidado)

 

  • Frente a la idolatría tecnológica, cobrará fuerza la necesidad de rehumanizar nuestros sistemas educativos para prevenir el riesgo creciente de incitación al odio, construcción cultural de chivos expiatorios y extremismo global. En esta labor de rehumanización inclusiva se seguirá poniendo en cuestión la actual exclusión en nuestros libros de texto y nuestros cánones sociales de conocimiento tanto del legado cultural de las mujeres como de las minorías así como nuestra ceguera colectiva ante nuestra propia historia de diversidad cultural.

 

  • Asistiremos cada vez con más fuerza a la reivindicación tanto de las mujeres como de todas las minorías de su derecho a participar en la creación de la vida cultural en condiciones de igualdad, no sólo en el campo de las artes y las ciencias, no sólo en consideración a su dimensión como audiencias o públicos, sino a través de su derecho de acceso a la creación artística, la igualdad de condiciones en la distribución y exhibición de sus obras y el reconocimiento económico de su trabajo. Jugará un papel estratégico global, como lleva años mostrándonos la maestra Maider Maraña, la conquista del derecho a identificar y definir qué consideramos como “patrimonio de los pueblos” y las acciones colectivas que desplegaremos para que toda la riqueza de nuestra diversidad cultural (la creación de las mujeres, las culturas campesinas y obreras, las culturas migrantes) se vea reflejada y forme parte de lo que celebramos como Patrimonio de la Humanidad.

 

  • Frente al canto de cisne de los liderazgos de la crueldad, el modelo regresivo actual, emergerán nuevos liderazgos culturales que pondrán en cuestión la sostenibilidad del modelo de masculinidad militarizada y heroica. Desde los campos activistas, por ejemplo, de la diversidad funcional o la diversidad mental se nos obligará a incorporar a la conversación social la necesidad de articular políticas públicas, también políticas públicas culturales, que afronten la necesidad de reconstrucción del lazo social, la realidad del dolor afectivo en nuestras sociedades y la prevención de la soledad como pandemia de este siglo, como hemos visto en la reciente creación del Ministerio de la Soledad en Reino Unido y ante la que tanta labor de prevención y articulación comunitaria puede desplegar la acción cultural.

 

  • El reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos, especialmente los derechos culturales colectivos, los derechos de la naturaleza y los de las generaciones futuras será una de las exigencias impostergables de este siglo. Afrontaremos, por ejemplo, sin duda, diversas iniciativas para impulsar una nueva Declaración de la UNESCO que dé mayor protagonismo a la protección de los derechos lingüísticos y la salvaguarda de las lenguas minorizadas, como ya avanzó todo el trabajo desarrollado por el Protocolo de Donostia.

 

  • Afrontaremos un reto decisivo alrededor del reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano, sobre el que descansa no sólo la protección de nuestras culturas rurales y todo el legado patrimonial de nuestros conocimientos campesinos y de montaña, sino también la necesidad urgente de proteger a las defensoras ambientales que están sufriendo niveles inenarrables de violencia en todo el globo.

 

Por todo ello, la realidad en los próximos años nos exigirá desarrollar una mirada abarcadora que tenga en la inclusión uno de sus pilares fundamentales y se ampare en la humildad para reconocer que sólo la diversidad protegerá nuestras democracias.

 

 

La voz legítima: feminismo y derechos culturales

(Gracias a Pikara Magazine por publicar una versión resumida de este artículo.)

 

(Ilustraciones de Mercedes deBellard con fuente de Silvia Fernández)

(Lo que vas a leer fue contado primero de viva voz y con alegría gracias a la invitación de la Universidad de Aguascalientes a su IV Cátedra en Arte y Cultura celebrada en el Instituto de México en España)

Los procesos de deslegitimación de la palabra pública de las mujeres que hemos vivido en las últimas semanas en España me llevaban a reflexionar sobre la urgencia de consolidar una nueva narrativa de los derechos culturales en nuestro país desde una perspectiva feminista, identificando cinco grandes desafíos a los que nuestras políticas culturales – en interrelación con las políticas económicas, sociales y ambientales- tendrán que dar respuesta tanto en el presente más inmediato como en el inminente medio plazo si realmente quieren promover, como oímos repetir últimamente en tantos discursos para la foto, la dimensión de los derechos culturales dentro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Una política cultural a través de la que pongamos en el centro la promoción de nuestros derechos culturales  debería ser sensible a:

1.- El avance de los discursos del odio y la construcción de nuevos chivos expiatorios en Europa, como estamos viendo, entre otras con la presión creciente a las minorías europeas (en la resurrección de las leyes antigitanos en Eslovaquia, por ejemplo o la creciente islamofobia) que afectan directamente a las mujeres y niñas de las minorías españolas, a nuestras mujeres migrantes y refugiadas. También debería ser una política cultural que diera respuesta al auge de los nuevos procesos y discursos racistas y deshumanizadores así como a la creciente criminalización de nuestras comunicadoras y artistas.

 

2.- El auge de nuevos modelos de extremismo y fundamentalismo religioso y su presión sobre los derechos humanos y la corporalidad de las mujeres, que en tiempos de políticas de austeridad y recortes educativos han cobrado nueva fuerza, legitimidad y posiciones estratégicas de poder en nuestro ámbito educativo.

 

3.- La consolidación del paradigma de libre comercio y la firma regional de tratados comerciales que tienen un impacto devastador tanto sobre las políticas de igualdad, consideradas como costes y por tanto como medidas a desmantelar, así como sobre la protección de la diversidad cultural y sus expresiones (especialmente en el caso europeo la protección de la diversidad lingüística o las medidas de promoción local de las culturas gastronómicas, con un impacto directo sobre el empleo de las mujeres rurales). De igual manera, el auge de dichos tratados contribuye, aún más, al desmantelamiento europeo de la cultura entendida como servicio público  dificultando enormemente la gestión cultural en el nivel local, especialmente a través de las modificaciones en las normas de contratación pública con criterios sociales o de proximidad.

 

 

4.- La realidad acuciante del cambio climático, que están afrontando a cuerpo descubierto y en primera línea las mujeres del Sur global y que junto a los interesantes procesos internacionales de negociación de nuevos marcos de protección del derecho a la tierra y la soberanía alimentaria de los pueblos y la creación de un documento vinculante que impida la vulneración de derechos humanos por parte de las transnacionales nos obligan a dar nuevas respuestas para la protección del patrimonio natural ante la presión del sector agro-industrial y extractivo, su impacto sobre la protección de los paisajes culturales y la protección de las culturales rurales europeas (en proceso de parque-tematización por un lado o desaparición por otro). De igual manera tendremos que hacer frente en Europa a los modelos de relación entre cultura y territorios frente al actual modelo turístico, así como repensar qué papel podría desempeñar la economía social de la cultura como alternativa de empleo para las mujeres, piedra angular de la supervivencia rural en nuestro país, que pudiese ayudar a frenar los procesos de desarticulación territorial que vive España.

 

5.- Tendremos que afrontar también desde las políticas culturales qué papel queremos y podemos jugar como contrapeso de las actuales políticas de seguridad de la Unión Europea y cómo podemos afrontar y desde qué actuaciones, tal y como nos está enseñando Angela Davis, la presión creciente de las multinacionales de seguridad privada en todo el globo, en el caso español de modo lacerante en el Mediterráneo. Cómo vamos a introducir con fuerza la perspectiva de género en nuestras relaciones culturales internacionales, en nuestra cooperación cultural internacional y cómo puede incidir el feminismo en la carrera diplomática. Cómo vamos a redefinir nuestra diplomacia cultural para cambiar su lógica desde el actual “ornato previo a la firma de acuerdos comerciales” hacia una auténtica labor diplomática asentada en un enfoque de derechos humanos.

 

Ante la situación de emergencia glocal que describen estos cinco ejes, que se suman a los grandes procesos no resueltos del desequilibrio comercial cultural Norte-Sur, la protección de la diversidad de fuentes de producción, difusión y distribución comercial cultural y las medidas que garanticen su acceso a las mujeres y que nos permitan afrontar los procesos de homogeneización cultural mundial, junto a la presión aún en pie del canon eurocéntrico, este modelo que se ha pretendido universal y que es Norte, varón, blanco, adulto, burgués, heterosexual y capacitista, me parece una medida de acción urgente situarnos en un marco que comprenda la política cultural como una política de derechos humanos.

 

Reconociendo el papel que juega la protección y promoción de los derechos culturales tanto en la Agenda 21 de la Cultura como en la Carta Cultural Iberoamericana, especialmente en su apuesta por la economía social y solidaria en el campo de la cultura, quiero poner en valor, por las vías de acción práctica y la orientación estratégica que han venido desarrollando las Relatoras de derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed y Karima Bennoune, para las que la protección los derechos culturales de las mujeres ha sido una prioridad.

 

 

De su trabajo, en colaboración y escucha permanente con organizaciones y movimientos feministas internacionales, ha emergido un cambio de paradigma clave para la protección de los derechos culturales de las mujeres en todo el mundo, cambiando la perspectiva desde un discurso que consideraba la cultura (tradiciones, costumbres, prácticas) como un obstáculo que se interponía en el camino hacia el empoderamiento de las mujeres y las niñas, virando el enfoque hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad. Ha sido muy interesante lograr en los últimos años la ruptura de la noción estática de cultura frente a nuevos abordajes (ya muy consolidados en las ciencias sociales y los estudios culturales) que consideran la cultura como un campo de poder en disputa y permanente tensión en el que las desigualdades en el acceso a los recursos económicos, políticos, simbólicos, dejan su huella profunda.

Así la pelea actual por los derechos culturales de las mujeres no se está centrando tanto, siendo fundamental también,  en el acceso, participación en la vida cultural y promoción de la creación de las mujeres, sino de un modo creciente en el papel que juegan en la construcción de la identidad de sus pueblos y la articulación de proyectos y relatos de país, dado que la identidad de un país está íntimamente ligada a la forma en la que garantiza el ejercicio de los derechos culturales a su ciudadanía.

De ahí que las preguntas que desde esta perspectiva están llegando a la agenda pública sean:

  • Qué tradiciones, qué valores, qué prácticas culturales deben mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente.
  • Cómo están participando las mujeres en estos debates públicos y en qué condiciones, qué miembros de la comunidad, del país, están facultados para definir la identidad cultural y el significado de ésta.
  • Por el carácter estratégico que juegan las políticas de patrimonio como apoyo simbólico (y reflejo más evidente de los relatos y estructuras de poder), ¿qué papel están desempeñando las mujeres (y en general todos los colectivos que quedan fuera del “universal reducido”) en los procesos de identificación e interpretación del patrimonio, del legado recibido a través de las generaciones que nos ha permitido ser quienes somos?

 

 

Así, el trabajo a favor de los derechos culturales de las mujeres está desbordando el paradigma de la cultura circunscrita a las bellas artes e incluso el paradigma de la cultura entendida exclusivamente en su papel industrial, para situarse en la reivindicación de la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas y tomar para sí tanto la capacidad para dar nueva vida a los significados como su protagonismo a la hora de decidir en pie de igualdad qué queremos transmitir como país a las generaciones futuras, qué queremos preservar o transmitir y  bajo qué dimensión de valores estamos comprendiendo nosotras el patrimonio y “la herencia”. ¿Cómo se está negociando qué eventos o duelos de país merecen o no merecen procesos memoriales? , ¿cómo estamos creando fechas conmemorativas de país y bajo qué criterios? Por ejemplo, la ausencia total de procesos memoriales o simbólicos de duelo público (monumentalidad, programaciones culturales temáticas y de “Estado”, días memoriales adscritos etc.) que hagan referencia a la violencia sexual sufrida durante la Guerra Civil española o a la desaparición y robo de bebés durante nuestra dictadura y reciente democracia serviría como punta de lanza para comprender esta cuestión. La reciente acción de guerrilla artística por parte de Madridiversa rebautizando el Paseo del Doctor Vallejo Nágera como Paseo de los Bebés Robados muestran en la acción esta temática.

De igual manera frente a la presión que enfrentan muchas mujeres en todo el globo para  perpetuar o convertirse en guardianas de la reproducción de la cultura dominante, desde las políticas culturales que ponen en el centro la promoción de los derechos culturales de las mujeres se está enfocando la acción hacia la recuperación de todo el legado histórico de impugnación de las normas y valores culturales dominantes realizado por ellas.

Quería señalar la importancia, por tanto, de denunciar la exclusión e invisibilización que sufren las mujeres como creadoras de cultura y conocimiento, no sólo en la dimensión de la creación de bienes, artefactos, productos culturales, sino en esta dimensión más antropológica como articuladoras y creadoras de proyectos de significación regionales y proyectos de país.

Si, como ha dicho Alain Touraine, la disputa por la ampliación de los derechos culturales será la batalla clave de nuestro siglo XXI, tendremos que estar especialmente atentas a cómo construyen nuestras sociedades la exclusión de su disfrute. Si la ausencia de protección de los derechos culturales incide directamente sobre el sentido de pertenencia social y dignidad humana, jugando un papel determinante tanto para la feminización de la pobreza como para la creación de colectivos en riesgo de exclusión, tendremos que articular políticas culturales sensibles a:

  • ¿quiénes están siendo excluidas de la negociación de los significados sociales? Pensando en esta cuestión me reía mucho hace unos días cuando, ante una cascada de exabruptos por lo inadecuado e incomprensible que era para algunos la inclusión de la ilustración de una mujer asiática en la cartelería de las madrileñas fiestas de San Isidro de este año, una genia en redes contestó: “Pero compañeros, ¿dónde vais con mantón de Manila, dónde vais con vestido chiné?” Genia.
  • ¿a quiénes se les está negando el acceso a los espacios de palabra pública y toma de decisión?
  • ¿quiénes están siendo “humilladas epistémicamente”, a quienes no se está reconociendo como creadoras de conocimiento o cultura válidos?, ¿quiénes están creando “cultura que no vale”, “cultura que no es verdadera cultura” en nuestra sociedad, quedando desprotegidas ante la presión del extractivismo cognitivo ante el actual paradigma de comercio? Los procesos de apropiación por parte de multinacionales textiles españolas de diseños artesanales mexicanos, concretamente los tenangos, sin contraprestación económica alguna a las artesanas y sus comunidades, visibilizan de modo alarmante esta cuestión.
  • ¿a quién se le está diciendo en nuestros procesos de diseño de políticas culturales: “tú quién eres para hablar”: a nuestro medio rural, a nuestras mujeres mayores, a nuestra diversidad funcional y mental, a nuestras niñas, a quién?

 

 

Me apoyo para esta reivindicación de la protección de los derechos culturales de las mujeres entendidos como los apoyos necesarios para garantizar y proteger la legitimidad de su propia experiencia y voz, tanto en la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui que está impulsándonos “a plantear políticamente las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima en nuestras sociedades” (y que hemos aprendido a fuego con la sentencia del caso de La Manada) como en la aportación de la filósofa feminista Miranda Fricker, que está dirigiendo nuestra mirada hacia el hecho de que no podemos hablar de sociedades que respetan los derechos culturales, y mucho menos los de las mujeres, si no cuestionamos cómo estamos construyendo en nuestras democracias nuestras “economías de la credibilidad”.

 

Así, nuestras políticas culturales tendrán que desarrollar una nueva sensibilidad hacia la injusticia testimonial, en palabras de Fricker:

  • “La identificación de cuándo los prejuicios identitarios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”

que se comprende de un modo inmediato, por ejemplo, al escuchar a las mujeres del documental de José Heredia “El Amor y la Ira: cartografía del acoso antigitano en España”

Y una nueva sensibilidad hacia la injusticia hermenéutica:

  • “Cuando nos faltan los recursos de interpretación colectivos que sitúan a alguien, a colectivos completos, en situación de desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Idea que llegamos a hacer cuerpo escuchando a las mujeres con discapacidad intelectual que tienen que afrontar procesos de esterilización forzosa en España o a quienes pelean por el derecho a la creación cultural de las personas con diversidad funcional.

 

Comprendiendo que es en esta construcción y reconocimiento social de la legitimidad de la voz el proceso a través del cual se comprende mejor la indivisibilidad de los derechos culturales de las mujeres en relación al resto de sus derechos humanos, al intuir de modo inmediato la violencia extrema que reside en la negación de la experiencia e interpretación de la realidad del otro y su condena social al silencio, creo que queda del todo claro que es urgente situarnos en el paradigma de las políticas culturales desde un enfoque feminista y de derechos humanos, entendiendo que no podemos permitirnos el lujo de seguir hablando de democracia, sin que se respete, de hecho, la verdadera democracia cultural.

Derecho a la tierra y cultura

(Todas las imágenes pertenecen a la obra de la artista Agnes Denes, «Wheatfield», que en 1982 plantó 2 hectáreas de trigo en un solar entre el World Trade Center y Wall Street para forzar un debate sobre el sistema mundial de comercio y el hambre)

 

La semana pasada la ONU, en un informe de la UNCCD, alertaba sobre el hecho de que más de mil millones de personas carecerán de alimento si la tierra, la calidad del suelo, continúa deteriorándose, reforzando las condiciones de pobreza y los ciclos de sequía y hambre. Sólo un día más tarde, Survival Internacional, señalando la permisividad y connivencia del gobierno de Temer con el agronegocio y la industria extractiva, constataba una nueva masacre de pueblos indígenas aislados en el Amazonas a manos de mineros de oro ilegales. La presión por desposesión que están viviendo no sólo los pueblos indígenas (la tierra también está detrás de la reciente desaparición de Santiago Maldonado) sino los defensores y defensoras territoriales en todo el globo, cuyo número de asesinatos no deja de aumentar, debería llevar nuestra atención hacia las instancias en las que se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano (y que ya tratamos en un artículo anterior “Llamando a la tierra”), tener un espacio destacado en nuestra agenda de política exterior así como obligarnos a parar, también desde el campo de las políticas culturales para plantearnos qué consecuencias ha tenido desentendernos del hecho de que la tenencia de la tierra es, en muchas ocasiones, una condición sine qua non para garantizar los derechos culturales.

Si bien en los debates sobre el acceso y propiedad de la tierra se suele centrar la atención sobre la correlación que existe con el acceso a la alimentación, la habitabilidad o el desarrollo, no es menos cierto que dicho acceso y propiedad está íntimamente relacionado tanto con la protección de estilos de vida, determinadas identidades culturales, protección del patrimonio y participación en la vida cultural.

Como señalan Minority Rights y la Universidad de East London en su informe conjunto “Moving towards a right to land”, sin un régimen legal internacional que regule de forma igualitaria el acceso y propiedad de la tierra y que corrija la actual estratificación y jerarquización que está marginando, excluyendo y discriminando en el acceso a la tierra a las más pobres y con menor nivel educativo mundial, no se pueden garantizar los derechos culturales en los siguientes niveles:

  • Uso de los bienes y recursos comunes culturales, como lo es la tierra.
  • Acceso a monumentos o sitios sagrados de los pueblos indígenas.
  • Protección de la diversidad cultural y de las identidades culturales, especialmente la de los pueblos indígenas, minorías y formas de vida y conocimientos asociados al trabajo con la tierra (especialmente formas de vida campesinas y pastoreo)
  • Falta de reconocimiento de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
  • Situaciones de desposesión y desplazamiento forzado desde las zonas rurales a las zonas urbanas.
  • Desprotección del patrimonio cultural.

En relación a este último punto, cada vez son más las voces (especialmente desde el campo de las buenas prácticas en gestión del patrimonio, pero no sólo) que están alertando sobre el impacto de proyectos de preservación arqueológica o histórica en las comunidades locales y su utilización espuria con el fin de desplazar poblaciones y restringir el acceso a usos ancestrales de la tierra. En esta dirección, recordamos el sonado ejemplo de la gestión patrimonial del sitio arqueológico de Palenque, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987, gestión que fue reclamada por los territorios zapatistas como vía de empoderamiento comunitario denunciando el hecho de que las comunidades indígenas que lo consideraban parte de su propio pasado y lo habían cuidado y preservado tradicionalmente habían quedado totalmente al margen del proceso, no recibían beneficio alguno de la gestión del mismo y eran perseguidas también en los alrededores del sitio si ejercían sus funciones de mercadeo tradicional.

 

Por todo ello y ante el avance alarmante de nuevos procesos de desposesión territorial y los efectos que tiene, entre otros, sobre la protección de la diversidad cultural, me nacen algunas preguntas:

  • ¿Por qué hemos caído tan acrítica y ciegamente en la desvinculación entre cultura y territorios?, ¿el temor al esencialismo o al discurso nacionalista han sido centrales en este proceso?
  • ¿La cosificación de la tierra no es EL discurso cultural a desmontar ante el retorno que estamos viviendo de legitimación de la “terra nullius”?, la construcción de alternativas a un sentido común que normaliza la compra de terreno por parte del mercado de los biocombustibles y convierte el alimento en una commodity para la especulación financiera, ¿no es una prioridad?
  • ¿Qué artistas, creadores, creaciones, experiencias, músicas, palabras, podrían construir, quizá, este nuevo paradigma de regreso a la tierra?