Jornada CREA SOCIAL, Por un Tercer Sector emprendedor, Burgos, 29 de noviembre

 

Muchas gracias a la Fundación Nexo Empleo por invitarme a dar la conferencia marco en las Jornadas sobre nuevas formas de emprendimiento social CREA SOCIAL, Por un Tercer Sector emprendedor, que se celebrarán el 29 de noviembre en Burgos (¡alegría!) y en las que hablaré sobre Emprendimiento social y Tercer Sector: un camino de futuro para Castilla y León.

Muy agradecida por la confianza y por la oportunidad de compartir día con referentes muy queridos de la economía social en nuestro país.

Si quieres puedes inscribirte en este enlace y descargar el programa de la Jornada en este otro.

¡Nos vemos para imaginar otros mundos posibles, que están esperando como amapolas entre el trigo!

 

 

Informe A/78/213 Desarrollo y derechos culturales: la gobernanza internacional, Relatora especial de derechos culturales de Naciones Unidas

 

Muy contenta de que la Relatora especial de derechos culturales de Naciones Unidas haya tenido en cuenta nuestra aportación, esta vez desde la vocalía del patronato de la Fundación Interarts, para su nuevo informe A/78/213 sobre Desarrollo y derechos culturales: la gobernanza internacional, que puedes consultar aquí.

Nuestra aportación versa sobre la urgencia de proteger los derechos culturales dentro de la agenda de trabajo internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, especialmente en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, así como sobre la necesidad de avanzar en la legislación sobre debida diligencia empresarial, incorporando también la sensibilidad hacia los impactos culturales.

Puedes consultarla de manera íntegra aquí

Seguimos. Siempre seguimos.

 

 

Responsabilidad empresarial en materia de derechos culturales

 

(Texto escrito como editorial para la Fundació Interarts, mayo de 2023)

Si prefieres leerlo en catalán, en este enlace, ¡gracias!

 

Aprovechando la próxima presidencia española del Consejo de la Unión Europea y la celebración de la próxima Cumbre UE-CELAC durante el mes de julio, sería un buen momento para plantearnos tanto desde las políticas culturales como desde el mundo de la cooperación qué papel queremos desempeñar en el despliegue eficaz de la agenda de trabajo sobre empresas y derechos humanos en este marco multilateral.

Desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, especialmente a través del mandato de sus procedimientos especiales en materia de derechos culturales, derecho al desarrollo y el grupo de trabajo especializado en Empresas y Derechos Humanos, se están articulando desde hace tiempo procesos de diálogo multiactor y con la sociedad civil que tratan de incidir sobre el impulso de legislaciones nacionales más eficaces con regímenes de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos.

Más allá de la difusión y la aplicación efectiva de los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quizá haya llegado el momento de plantearnos desde las políticas culturales, especialmente desde Europa y mayoritariamente las vinculadas al desarrollo, cómo podemos contribuir a la renovación de dichos Principios para incorporar una nueva sensibilidad hacia la dimensión cultural del desarrollo, un mayor protagonismo de la protección de los derechos culturales frente a la acción empresarial, así como una implementación de la perspectiva de género más eficaz al incorporar una mirada interseccional tanto en los procesos de consulta previa como en las acciones de reparación empresarial efectiva.

Si bien las acciones de incidencia a favor del impulso de una Ley de Debida Diligencia en España cuentan ya con un largo recorrido de negociación, una sólida propuesta técnica y han logrado aglutinar a gran parte de la sociedad civil vinculada a la temática bajo el paraguas de la Plataforma por Empresas Responsables, no es menos cierto que el sector de las políticas culturales en general y de la cooperación cultural en particular no ha tenido un papel protagonista ni ha formado parte del llamamiento a la acción ante la ausencia de un marco legislativo en materia de derechos humanos y medioambientales de nuestra acción empresarial como país en el exterior. Tampoco la protección de los derechos culturales está siendo un eje de atención o movilización en el impulso de la Ley, lo que supone un vacío especialmente relevante y potencialmente lesivo en el marco de las relaciones comerciales y de inversión entre la Unión Europea y América Latina. Existe ya casuística y documentación suficiente sobre procesos de vulneración de los derechos culturales de los pueblos indígenas, los derechos lingüísticos de las comunidades en procesos de consulta previa o reparación, así como situaciones de expolio cultural realizadas por empresas transnacionales europeas, como para estar en alerta ante el olvido o minimización de esta dimensión específica de los derechos humanos.

Las últimas aportaciones realizadas tanto por Interarts como Fundación, así como por miembros de su equipo a los Informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, “Derechos culturales y desarrollo sostenible”, “Gobernanza del desarrollo y derechos culturales” así como el reciente informe sobre “Instituciones financieras de desarrollo y derechos humanos”, están tratando de superar el actual vacío existente en la identificación, medición y protección de los impactos de la acción empresarial vinculada al desarrollo sobre los derechos culturales así como promoviendo la creación de nuevas capacidades en el ecosistema de la medición y la inversión de impacto para el desarrollo de una nueva mirada más sensible a la dimensión cultural de los derechos humanos.

Esperemos, por tanto, que el marco propicio de la próxima Cumbre UE-CELAC sea definitivo para la adopción del enfoque basado en derechos humanos en toda la actividad empresarial y de inversión, que la dimensión de los derechos culturales esté presente en el diálogo multilateral y que el compromiso español con la legislación de Debida Diligencia en materia ambiental y de derechos humanos encuentre en este escenario su oportunidad para mostrarse al mundo. Así lo esperamos.

 

Estefanía Rodero, vocal del Patronato de la Fundación Interarts

 

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  1. Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, Naciones Unidas.
  2. Plataforma por Empresas Responsables.
  3. A/77/290 Development and cultural rights: the principles
  4. Call for inputs for the Working Group’s report on development finance institutions and human rights

Input for the Working Group´s Report on development finance institutions and human rights-United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner

 

 

 

 

Muy contenta de que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas haya tenido en cuenta mi aportación para el Informe sobre Instituciones financieras de desarrollo y derechos humanos que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el mes de junio de este año.

He tratado de explorar su impacto sobre los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de pobreza, así como he tratado de alertar sobre el impacto de las instituciones financieras de desarrollo y de inversión sobre la protección de los derechos culturales.

He tratado de incidir sobre la importancia de incorporar de forma OBLIGATORIA el Enfoque basado en derechos humanos en toda la actividad empresarial y de inversión y la mirada especializada sobre la dimensión CULTURAL del desarrollo.

De nuevo, muchas gracias al Alto Comisionado de Derechos Humanos.

Por si lo quieres leer, te lo dejo por aquí: Development finance institutions and human rights

Derechos culturales para un mundo rural vivo-Editorial para la Fundación Interarts

Derechos culturales para un mundo rural vivo

 

 

Como es un privilegio haber tenido la oportunidad de compartir reflexión este mes en forma de editorial para la Fundación Interarts, dejo por aquí el enlace al mismo por si generamos conversación España-América Latina y ponemos en el centro del diálogo el papel que pueden desempeñar las políticas culturales para la protección de los derechos humanos y la construcción de horizontes de futuro para un mundo rural vivo a nivel internacional. ¡Hagamos que llueva!

 

DERECHOS CULTURALES PARA UN MUNDO RURAL VIVO

 

La cultura como un bien público global

 

Para mi tierra de horizontes y brazos siempre abiertos, Castilla y León,

que seguirá siendo acunada, hoy más que nunca,

por la diversidad de los cielos del mundo.

 

Quería dejar en este espacio una breve reseña sobre el último informe de la UNESCO presentado hace unos días “Repensar las políticas para la creatividad-Plantear la cultura como un bien público global” (siento cierta curiosidad por saber cuál es el motivo del cambio de nombre de estos informes, antes “Repensar las políticas culturales”, no me parece una cuestión menor).

En base a los cuatro ejes que permiten el seguimiento de la Convención 2005 para la protección de la diversidad de las expresiones culturales:

  • Apoyar sistemas sostenibles de gobernanza de la cultura.
  • Lograr intercambios equilibrados de bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de los artistas y profesionales de la cultura.
  • Integrar la cultura en los marcos de desarrollo sostenible.
  • Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales.

se constatan a nivel internacional tres tendencias a revertir y sobre las que poner el foco de atención:

  • El importante sesgo de género que sigue existiendo en las políticas culturales a nivel internacional, no sólo en términos de desigualdad en la representatividad organizativa cultural mundial, ni en los puestos directivos de las industrias culturales y creativas, sino principalmente en la precariedad laboral y económica que afrontan las trabajadoras culturales, atomizadas y con menor capacidad de negociación.

 

  • La persistente desigualdad global en el comercio de bienes y servicios culturales, reforzada por la “ceguera ante la diversidad cultural” de la que adolecen los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales y los marcos de actuación de la Organización Mundial del Comercio. Reforzado además por las dificultades en la movilidad global de artistas y creadoras del Sur Global por el peso de los actuales marcos migratorios.

 

  • El descuido del papel de la cultura en su aportación al desarrollo sostenible. Sólo el 13% de las evaluaciones nacionales voluntarias del progreso hacia la Agenda 2030 reconocen la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

 

Teniendo como horizonte la consideración, más allá de marcos estatales, de la cultura como un bien público de interés global y el afán por “garantizar ecosistemas culturales diversos y dinámicos que sean justos para la comunidad artística”, me centro en la reflexión aportada por Yarri Kamara en este último informe sobre la integración de la cultura en los marcos de desarrollo sostenible.

Se pone de manifiesto la necesidad de avanzar en las iniciativas culturales multilaterales: “abordar dificultades multidimensionales, interconectadas y cada vez más universales” requiere ir más allá no sólo del ámbito estatal, sino también del peso todavía de la noción de las identidades culturales como sólidas, unívocas, cerradas en sí mismas. Teniendo en cuenta que los derechos culturales deben estar en el centro de cualquier debate y actividad relacionado con el desarrollo sostenible, se percibe con claridad como agente privilegiado para integrar la dimensión cultural en la agenda para el desarrollo, el ámbito local.

 

“ Los gobiernos locales con suficientes recursos suelen avanzar con algunas de las formas más eficaces e innovadoras de integrar la cultura en la planificación del desarrollo sostenible.”

 

Para garantizar que la política cultural realmente está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es importante tener en cuenta, como señala Yarri Kamara:

 

“Si bien el marco holístico de la Agenda 2030 ofrece múltiples vías para integrar la cultura, el número limitado de metas que mencionan la cultura de forma expresa no incita lo suficiente a los responsables de la elaboración de políticas a reflexionar sobre la importancia de la cultura en general a la hora de alcanzar los ODS, y menos aún sobre la aportación específica de las industrias culturales y creativas.”

 

Por lo que, para seguir avanzando en la integración de la dimensión cultural en los marcos de desarrollo sostenible en España, se marcan como prioridades muy claras, en el medio plazo la acción coordinada internacional para el logro de un ODS propio en la Agenda Post-2030 y en el cortísimo plazo por evidente y urgente ante la involución democrática en curso, el refuerzo de las competencias culturales del nivel local en España, caballo de batalla eterno, que por lógica, habría que abordar ya.

 

 

Muy interesante también es la centralidad que ocupa ya la reflexión sobre la infrautilización de las acciones culturales en la acción climática. Reconociendo que las artes y los medios de comunicación son siempre actores clave para crear el futuro, y apoyándose también en el Informe sobre la cultura y el desarrollo sostenible del Secretario General de las Naciones Unidas, se pone de manifiesto la importancia vital que puede jugar el sector cultural y la creación artística de todo signo como herramienta potente en la lucha contra el cambio climático. Si “la diversidad de expresiones culturales tienen el poder de dar forma a las narrativas de una nueva sociedad”, ¿cómo potenciar, también desde la inversión, el papel de la cultura para impulsar el cambio de paradigma? Sin duda ya se están dando pasos también para la innovación en la financiación de la cultura, quizá más avanzados desde el sector de la inversión de impacto y la banca ética. Reseñable en esta dirección, por lo que supuso para el diálogo y el establecimiento de nuevas alianzas y colaboraciones, fue la publicación “La inversión de impacto en la economía creativa global” impulsado por NESTA el año pasado.

 

Pero si algo del informe ha resonado profundamente en mí ha sido (siempre es importante estar acompañada en las obsesiones) la reivindicación aún tímida de la importancia, de la centralidad que han de tener las políticas culturales en su vínculo con las políticas de seguridad. Como se pone de manifiesto a través de ejemplo del Proyecto Cultura y Humanismo del Ministerio de Cultura de Mali en los esfuerzos por movilizar la cultura como freno al extremismo violento, animando a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio, creando cortafuegos frente al odio y la pureza, a través de la creación artística, ha llegado el tiempo también en España de poner en el centro del debate nuestro protagonismo en las políticas de seguridad humana.

 

Leyendo el informe me preguntaba por qué aún no hemos incorporado en los programas electorales de cultura una propuesta de innovación institucional clave: el impulso de una Dirección General de Cultura y Seguridad dentro del Ministerio del Interior.

Más allá del marco de actuación del tradicional Ministerio de Cultura y Deporte, es fundamental, desde marcos de protección y promoción de la diversidad cultural en nuestro país, ser conscientes de nuestra propia importancia para impulsar nuevos modelos securitarios que pongan en el centro nuevas lógicas en la propia concepción de la seguridad.

¿No sería interesante animar una reflexión sectorial sobre cómo podría impulsarse esa incorporación de la cultura dentro del Ministerio del Interior, qué supondría este diálogo diverso desde otros marcos de experiencia?

Si se impulsase una redefinición de los actuales marcos de seguridad-fortaleza-negocio hacia una seguridad humana, qué lógica de pronto nos parecería la inclusión de las políticas culturales, en toda su diversidad en el Ministerio (el papel de la cultura comunitaria, el protagonismo de la educación intercultural, el papel de la cultura de paz). No desde posiciones periféricas ni en marcos de convenios de Tercer Sector. ¿Qué supondría esta innovación institucional, esta dirección general dentro del Ministerio del Interior?

Me quedo pensando en ello. Mucho. Muchísimo. Al fin y al cabo, las políticas culturales en base a derechos son una herramienta central para los retos del siglo XXI.

 

Debida diligencia empresarial y derechos culturales

 

En la esfera internacional estamos asistiendo a un momento clave para la transformación del ecosistema empresarial global. Si por una parte, en el seno de Naciones Unidas sigue avanzando el trabajo a favor de un Tratado Vinculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos, el avance legal nacional en materia de Debida Diligencia Empresarial cobra cada vez mayor fuerza. Tanto la celebración este año del décimo aniversario de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos como la reciente directiva europea sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente del pasado marzo que impulsará un proceso de armonización legal en el seno de la Unión Europea, con consecuencias internacionales, nos muestran que el cambio global hacia otro modo de hacer empresa es cuestión de tiempo. Asistimos a un proceso paulatino del fin del tiempo de la voluntariedad en el cumplimiento de los criterios ESG por parte de las empresas, a marcos de responsabilidad social corporativa de obligatorio cumplimiento, así como a una seria toma de conciencia internacional sobre la necesidad de procedimientos de reparación y acceso a la justicia por parte de las víctimas de abusos empresariales en materia de derechos humanos, territoriales o medioambientales.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas han sido desarrollados recientemente y aún no han alcanzado un horizonte de normalización ni pleno conocimiento por parte de éstas, me preguntaba qué acciones enfocadas en el medio y largo plazo podríamos desarrollar para su plena implementación. Partiendo de la urgencia de impulsar marcos normativos estatales como está planteando, por ejemplo, la Plataforma por Empresas Responsables desde España, y aprovechando que el 2021 a punto de finalizar ha sido reconocido por la UNESCO como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, quizá sería interesante detenernos también en relación a la acción empresarial sobre los distintos aspectos de los derechos humanos, por definición, universales, indivisibles e interdependientes.

Si entendemos que la Debida Diligencia hace referencia al proceso por el cual las empresas identifican, previenen y mitigan los impactos negativos reales y potenciales sobre los derechos humanos y que, más allá del reporting, existe una obligación de respuesta frente a los riesgos identificados, el compromiso político por parte de las organizaciones empresariales en el trabajo tanto para mitigarlos como para hacer públicos y transparentes los esfuerzos realizados, ¿qué papel está jugando la protección de los derechos culturales en la evaluación empresarial de los impactos sobre los derechos humanos?

Si como recoge el Principio Rector 18 de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos:

“Al evaluar el impacto sobre los derechos humanos, una empresa deberá:

  • Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes.
  • Incluir consultas sustantivas con los titulares de derechos potencialmente afectados y otras partes interesadas.
  • Ser sensible a la dimensión de género y colectivos vulnerables.
  • Repetir la identificación y evaluación de riesgos a intervalos regulares”

¿qué mirada especializada se está aplicando para la protección de esta dimensión particular de los derechos humanos, teniendo en cuenta además el importante impacto desigual por género?

 

 

Aunque revisando la literatura especializada en Debida Diligencia y Derechos Humanos se hace referencia explícita al Protocolo Internacional sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, también es cierto que las referencias sobre cultura y Debida Diligencia remiten exclusivamente a dos aspectos: a la cultura organizacional de las empresas y a la gestión de la diversidad cultural en el ámbito de los recursos humanos. Sin negar la importancia de estas dos cuestiones, esta simple radiografía nos muestra la poca atención que se está prestando a esta dimensión clave de los derechos humanos. A fin de cuentas ha sido la relatora especializada en derechos culturales de Naciones Unidas quien en su último informe “Mixing cultures is an human right” afirmaba:

“Deben aplicarse plenamente los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. La diligencia debida que se requiere en materia de derechos humanos debe incluir una evaluación de las repercusiones en los derechos culturales.”

La toma de conciencia sobre la desatención del mundo empresarial hacia este punto en concreto abriría, no obstante, interesantes caminos de futuro, por ejemplo, estrechando líneas de colaboración sin ir más lejos, con el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, al que se ha incorporado recientemente en representación de América Latina y el Caribe la experta Fernanda Hopenhaym. La elaboración de un informe independiente de situación sobre el impacto de las medidas de debida diligencia en la protección de los derechos culturales en la región sería un paso estratégico para la transformación estructural de la acción empresarial en la materia.

 

Sin dejar a un lado la importante dimensión cultural de todos los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, al agua, a un nivel de vida saludable, cuando hablamos de la protección del derecho a la consulta previa a las comunidades y a la articulación de procesos de participación de las mismas cuando se prevén impactos de la actividad empresarial, nos enfrentamos a lo que John Ruggie denominó como “vacío de gobernabilidad”, las dificultades que acarrea para garantizar la obligatoriedad de estos procesos el hecho de que las empresas no sean reconocidas como sujetos activos por el derecho internacional.

Sin embargo, cuando llevamos nuestra atención a los impactos negativos, por ejemplo, de las industrias extractivas, solemos dejar de lado el papel del extractivismo cultural transnacional, con el ya señalado importante sesgo de género, también recogido en el trabajo del PNUD “Gender dimensions of the guiding principles on business and human rights”. La reciente movilización de las tejedoras mayas en Guatemala a favor de la promulgación de una Ley que protegiese su trabajo frente a la apropiación empresarial, siguiendo la estela de la Ley 20 panameña, o acciones gubernamentales como #MéxicoSinPlagio para denunciar en la esfera internacional el expolio del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, especialmente en la esfera de la industria textil, nos muestran la urgencia de incorporar la dimensión cultural con mayor profundidad en los informes empresariales de diligencia debida. Como recogía el informe “Centrarse en lo humano” elaborado junto a otras organizaciones por el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos sabemos que “uno de cada tres ataques registrados contra las personas defensoras de los derechos humanos estaba relacionado con la falta de participación activa, acceso a la información y consulta, o con el hecho de no garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas”. Teniendo en cuenta que las dimensiones vinculadas a la interrelación entre cultura y territorio, paisaje cultural, patrimonio inmaterial y derecho a la identidad cultural son centrales para la protección de los derechos culturales, tenemos una fotografía de gravedad alrededor de los riesgos vitales que implica su falta de protección. Sigue siendo una tarea pendiente incluir en los procesos de resarcimiento a las víctimas de abuso empresarial la dimensión de las represalias, que inciden no sólo sobre la protección del derecho a la libertad de expresión, sino que se mueven en la esfera del hostigamiento judicial, la intimidación, la estigmatización, las amenazas y la violencia física. En la invitación al trabajo conjunto entre especialistas en derechos culturales y el ámbito de incidencia y desarrollo sobre empresas y derechos humanos sería fundamental también poner el foco sobre el impacto de la gran industria cultural y creativa transnacional en el respeto a la soberanía cultural, en dimensiones tan sensibles como las políticas de comunicación, la gran industria editorial o la protección de los derechos lingüísticos, así como en los marcos planteados por la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO.

 

 

Sabemos que las herramientas de compliance empresarial, a través de las diferentes estrategias de autorregulación corporativa para la disuasión y prevención tanto de la corrupción como de otros impactos negativos, están siendo insuficientes para garantizar la protección de los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor (según un estudio de la Comisión Europea sólo el 37% de las empresas se someten a estos marcos voluntarios) y que muchas veces, en la evaluación de riesgos, no se está poniendo la experiencia o conocimientos de las personas y grupos afectados en el centro de la identificación de las barreras que impiden la efectiva rendición de cuentas. De igual manera, en materia de protección de los derechos culturales no es posible, por la evidente desigualdad estructural entre colectivos afectados y grandes multinacionales culturales, poner sobre las víctimas la carga de la prueba. Necesitamos por tanto seguir avanzando en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales teniendo en cuenta también la dimensión supranacional en la que se mueven gran parte de las empresas.

 

Es por ello fundamental preguntarnos también desde el ecosistema empresarial:

  • ¿qué impacto están teniendo las industrias culturales y creativas transnacionales sobre la protección de los derechos culturales en los espacios en que operan?
  • ¿qué medidas están implementando para prevenir, mitigar o remediar posibles situaciones de apropiación cultural, impactos sobre la dimensión territorial del derecho a participar en la vida cultural o cuestiones relativas a la protección de la soberanía cultural nacional?
  • ¿se está garantizando por parte de las empresas culturales y creativas el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas?
  • ¿están siendo públicos y transparentes los informes anuales con información sobre los impactos sociales, ambientales, sobre los derechos humanos de este sector?

Reconociendo que tanto la idea como la práctica de la evaluación empresarial del impacto sobre los derechos humanos es relativamente reciente, es importante tomar consciencia sobre la necesidad de establecer puentes de trabajo y diálogo futuro que garanticen la protección de los derechos culturales, así como avanzar en la transformación de las culturas organizativas hacia una transversalización e integración de la protección de la diversidad cultural en todas las políticas y prácticas internas de la propia empresa.

Equidad y cohesión social desde una perspectiva de derechos culturales (Plan Director Bibliotecas de Barcelona 2021-2030)

 

(Este texto fue creado en el marco deliberativo impulsado por la Red de Bibliotecas de Barcelona de cara a la elaboración de su nuevo Plan Director 2021-2030. Agradezco la invitación, la sabiduría y la confianza de todo el equipo organizador.)

Puedes ver el video de la intervención en el Canal de Youtube de Biblioteques Barcelona

Es para mí un privilegio poder sumarme a esta conversación que dará frutos en direcciones que ni imaginamos. Desde la pregunta marco que encuadra la sesión de hoy, ¿qué papel pueden desempeñar las bibliotecas para reforzar la equidad y la cohesión social?, me surgía inmediatamente una contrapregunta: ¿en qué marcos estamos encuadrando nuestro trabajo, bajo qué prisma y etiquetas estamos definiendo nuestra acción? Sabemos que las palabras son hermosas e importantes y a veces nos ayudan a dirigir nuestra acción en nuevas direcciones. ¿Qué supondría para la Red de Bibliotecas de Barcelona pensarse desde un enfoque de protección y promoción de los derechos culturales? O lo que es lo mismo, ¿qué supondría autodefinirnos y autodefinir nuestro trabajo cultural como una defensa de los derechos humanos? Porque quizá con este sencillo ajuste de enfoque entronquemos con el cambio de paradigma en las políticas culturales que estamos viviendo a nivel internacional.

En estos momentos en los que es urgente desplegar toda nuestra inteligencia en la creación de alternativas que nos permitan reforzar los vínculos y la vivencia de pertenencia desde marcos inclusivos y de respeto a la diversidad, siento también que es importante acompasar las políticas culturales locales como son las políticas bibliotecarias y los planes lectores municipales con los marcos internacionales de acción por un motivo antes que nada estratégico (y de obsesión por encontrar estrategias eficaces estará plagada esta intervención): porque han ido mucho más lejos en el paradigma de una cultura centrada en las personas y en la incorporación del enfoque basado en derechos humanos.

Como sabemos, este enfoque pone a las personas y su dignidad en el centro, busca apoyarse siempre en estándares internacionales de protección de los derechos humanos y especialmente se hace dos preguntas poderosas: en nuestro ámbito de actuación diario, ¿quiénes son los titulares de obligaciones y quiénes son los titulares de derechos? Como instituciones públicas que podemos marcar la diferencia en términos de proximidad en el trato digno, las obligaciones mayoritariamente son nuestras.

El paraguas legal, ¡intencional! a nuestra acción nos lo van a dar, por tanto, las Declaraciones de la Diversidad Cultural y de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO que para eso las ratificamos como Estado, el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se hace hincapié en el derecho a participar en la vida cultural, por supuesto todos los grandes marcos de aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito bibliotecario, el marco local-global de la Agenda 21 de la cultura o también todo el trabajo desarrollado por las relatoras independientes de derechos culturales de Naciones Unidas, aunque especialmente aquellos centrados en los derechos culturales de las mujeres, en la defensa de los espacios culturales públicos frente a la mercantilización y aquellos en los que amplían la definición de quiénes pueden ser calificados como defensores de los derechos culturales. Todo este marco legal nos dota de mayor legitimidad para cambiar el enfoque de nuestro trabajo, que para mí sólo tiene un objetivo. La cultura y los derechos culturales no son accesorios, no son un lujo, no son un tema secundario. Desproteger los derechos culturales de la ciudadanía es una grave vulneración de los derechos humanos y avanzamos hacia horizontes de justiciabilidad. Tendríamos así un posible horizonte de acción para reivindicar el trabajo de la Red de Bibliotecas de Barcelona como esencial para la profundización democrática y los derechos humanos.

 

 

Pero ¿por qué este cambio de mirada AHORA es tan importante? ¿Es sólo moda terminológica? ¿Por qué este cambio de enfoque resulta decisivo? Sabemos que los derechos culturales con una pieza clave e interdependiente de los derechos humanos, que el derecho a participar en la vida cultural es un derecho inalienable y se repite una y otra vez que los derechos culturales son los derechos de “la pertenencia y la dignidad”. Pero seamos claros: aún se trata de derechos minimizados y desconocidos, y tampoco desde los movimientos sociales en España se han comprendido o reivindicado desde la potencialidad transformadora que encierran.

Y sin embargo, la protección de los derechos culturales apunta a un eje estratégico sin el que nuestras democracias no pueden llamarse democracias: garantizar y promover la equidad de expresión, el hecho de que todas las voces (y por tanto todas las experiencias vitales, todos los dolores y todas las memorias) sean reconocidos socialmente como existentes y por tanto accedan a ser escuchados.

La protección de los derechos culturales va muchísimo más allá del derecho a crear, del derecho de acceso a los espacios culturales, del derecho a renunciar a identidades culturales asfixiantes y a prácticas culturales dañinas, abrazando identidades culturales abiertas, diversas y en diálogo, como digo, la protección de los derechos culturales viene a atajar uno de los ingredientes centrales de cualquier opresión como es el silenciamiento y la injusticia epistémica (la invalidación de ser sujetos capaces de crear “conocimiento que cuenta”). Es decir, actuar como promotores de los derechos culturales nos enfrenta a la necesidad de actuar sobre los sutilísimos mecanismos a través de los cuales vamos construyendo qué conocimientos, voces, experiencias, qué comunidades son reconocidos como existentes y cuáles no.

1.- Empoderamiento, memoria y archivo

Por poner un ejemplo donde esta fuerza de silenciamiento y exclusión de comunidades completas como comunidades dignas de conocimiento se ve con nitidez, ¿aguantarían nuestras secciones de historia local, por ejemplo, una lectura exhaustiva desde el respeto a la diversidad cultural?, ¿nuestras secciones locales hacen emerger la diversidad real de la que procedemos, la diversidad que no hay que crear porque ya es?, ¿o de pronto empezarían a emerger ante nuestra mirada nuestros propios vacíos y exclusiones? Entre otras muchísimas funciones las bibliotecas municipales son artefactos que legitiman desde su función documental y de archivo, precisamente los relatos de qué alcanza el estatus de archivable y qué es descartado como no significativo. Las bibliotecas, como espacios que garantizan el acceso público a la información tienen siempre, aunque no quieran, aunque se obvie, un carácter político en el sentido más amplio del término, ya que ayudan a legitimar socialmente tanto qué es información validada como qué es digno de memoria y archivo. No por casualidad Edward Said y Judith Butler han hecho de la función de archivo un campo de batalla a favor de los derechos humanos, poniendo en el centro la necesidad de cuestionar la falsa neutralidad del hecho de “archivar”, de cara a plantear qué papel transformador podría tener llevar nuestra mirada hacia la memoria y los relatos de las resistencias cotidianas, especialmente locales, qué inciden, arañan, rompen discursos monolíticos y todopoderosos del poder (siempre hay grietas en los muros) y qué podemos inventar para que los dispositivos de archivo no sirvan exclusivamente como legitimadores de relatos de poder, ensayándolos como herramientas de empoderamiento comunitario y resistencia, haciendo de la memoria, como dice Lucina Jiménez, un activo contemporáneo.

 

2.- Leer los vacíos

Desde esta invitación a aprender a mirar y a leer nuestros propios vacíos y huecos que legitiman de alguna manera la exclusión, muchas veces incluso desde un punto de vista pasivo, si nos obligásemos a leer qué personas, comunidades y realidades vitales diversas que nos rodean estamos dejando fuera:

  • ¿Qué dirían nuestras infraestructuras, a quiénes no están escuchando? ¿Qué papel desempeña el diseño universal en nuestras instalaciones?
  • ¿Y el personal que trabaja en nuestras bibliotecas?, ¿hay colectivos infrarrepresentados? ¿Podemos hablar de políticas culturales que apuestan por la diversidad y que sin embargo aún no han incorporado, por ejemplo, cláusulas sociales en la contratación?
  • ¿Los servicios que ofrecemos, nuestras fórmulas de colaboración, los requisitos administrativos para acceder a los servicios bibliotecarios, expulsan a alguien? Esto por ejemplo ha sido un eje de reflexión dentro de la IFLA en el trabajo de las Bibliotecas en su relación con personas sin hogar.
  • El diseño de las colecciones, el proceso de adquisición de ejemplares, las actividades de extensión bibliotecaria, ¿qué están dejando en la sombra?

 

 

3.- Colaboraciones bibliotecarias estratégicas para la promoción de los derechos humanos

Me centro un momento en nuestra estrategia de colaboración con otras entidades, tejido asociativo, etc. ¿Nuestras colaboraciones siguen una política clara que busque incidir sobre la promoción y protección de aquellos derechos humanos más directamente vinculados con el trabajo de las bibliotecas? Por ejemplo, frente al retroceso internacional en materia de libertad de expresión artística, en el que España está a la cabeza de los países del Norte global con el mayor número de condenas de prisión vinculadas al hecho artístico, en este escenario globalizado de palabra amenazada, ¿podemos contribuir o liderar quizá, socialmente la protección de este derecho? ¿Podríamos ensanchar desde esta óptica de una cultura con enfoque de derechos humanos, la colaboración con redes internacionales de defensa de la libertad de expresión (PEN internacional, Artistas en Riesgo, Freemuse…),  sumarnos o impulsar quizá, a través de fórmulas de residencia artística, programas internacionales de acogida de escritores susceptibles de protección internacional? Si nos pensásemos como promotores de derechos humanos y enfocásemos nuestra actividad desde esta óptica, ¿qué acciones podríamos priorizar?

4.- La economía de la credibilidad

Porque es conocido, evidente, medible, el peso que juega el trabajo de las bibliotecas públicas frente a los procesos de exclusión e inequidad, la gran dimensión de su impacto social. Pero es urgente que nos planteemos intervenir también sobre lo que se denomina la «economía de la credibilidad» (este término maravilloso de la maestra feminista Dolores Juliano) porque tiene un peso central para reforzar vivencias de exclusión social y circuitos de pobreza, y la protección de los derechos culturales actúa de forma correctora y directa. Como os decía, tenemos que entrenar nuestra sensibilidad en dos direcciones que se apoyan en el trabajo de la filósofa también feminista Miranda Fricker:

1.- La injusticia epistémica, aquella por la cual no todas las voces, no todas las realidades que se viven en el día a día gozan de la misma credibilidad, la misma capacidad de ser escuchadas y tomadas en serio, con el riesgo que esto entraña a nivel social. Y si no que le pregunten a las personas migrantes y todo su calvario burocrático o  las personas solicitantes de asilo cuando tienen que enfrentarse a trámites administrativos sencillos donde ya empieza el baile de sospecha y recelo alrededor de su documentación. Recomiendo siempre para entender el sufrimiento que conlleva en nuestras sociedades esta configuración de la “economía de la credibilidad” el documental del politólogo y sociólogo José Heredia, “El amor y la ira, cartografía del acoso antigitano” donde se describen con total crudeza el caudal de gestos, expresiones, cotidianas, sencillas que van construyendo la sospecha y la exclusión.

2.- Y otra forma aún más grave de injusticia, la injusticia hermenéutica, el hecho de que toda tu experiencia vital, personal ni siquiera se conciba como existente o real, no sea comprendida ni reconocida como real por tu entorno. Uno de los casos más graves que estamos viviendo en España es la realidad terrible de la trampa burocrática a la que se enfrentan los menores tutelados al cumplir la mayoría de edad, que de puro opresiva ni siquiera alcanza realidad de existencia social y que está tratando de incorporarse a la agenda pública a través de la campaña Un callejón sin salida.

 

 

5.- Marcos de reciprocidad y narrativas en primera persona

Podríamos entonces preguntarnos también a quiénes no hemos preguntado, consultado o interpelado nunca desde marcos de reciprocidad desde nuestra Red de Bibliotecas, por qué no lo hemos hecho y también cómo podemos generar mecanismos directos de escucha, generar espacios y actividades propicios para que emerjan las narrativas en primera persona y acogerlas, para que comunitariamente demos espacio a decirse, a compartirse de un modo seguro desde la diversidad (por ejemplo, siguiendo la estela del proyecto ArtLab de la UNESCO, que invita a diversos artistas a plantear su creación para promover el diálogo intercultural y los derechos humanos).

6.- Las bibliotecas, aliadas de la seguridad humana

Porque también una de las dimensiones importantes sobre las que las bibliotecas inciden sobre la cohesión social tiene que ver con su capacidad de generar espacios de encuentro seguros. No por casualidad, tanto en Colombia como en Centroamérica se han articulado redes de bibliotecas por la paz, incidiendo mucho, frente a modelos de control, vigilancia, sospecha y punitivismo que pesan a plomo también sobre muchos de nuestros usuarios, en el paradigma de seguridad humana. Contribuimos a generar entornos seguros promoviendo la escucha de la diversidad, el buen trasiego e incitando a la voz pública, no sólo a través de la cesión clásica de espacios para la participación ciudadana, sino también a través de la puesta en marcha de procesos deliberativos locales, como este mismo que estamos viviendo.

7.- Políticas culturales emocionales

Al cambiar nuestro enfoque de trabajo incorporando un enfoque basado en los derechos humanos, una cultura centrada en las personas, siguen surgiendo preguntas importantes:

¿Qué papel juegan las políticas culturales emocionales en el acceso democrático al libro y la lectura, en el acceso a la información? Porque cuando hablamos de construir democracias culturales y no nos movemos en una escala humana, desaparece por completo el papel que juega la dimensión emocional en el acceso a la cultura. Si nos obligamos a pensarnos en términos emocionales, de emociones políticas, poniendo a las personas y su dignidad en el centro:

  • ¿Qué entornos de mirada propiciamos? Por activa y por pasiva toda nuestra actividad, programación, colaboración, construye invitaciones de mirada, nos obliga a dirigir la vista hacia determinadas realidades, lecturas, subraya y enfatiza lo que es relevante. Desde nuestro papel como grandes mediadores culturales, ¿qué estamos invitando a mirar y cómo miramos? Cuenta la gran antropóloga de la lectura, Michèle Petit, en su libro magnífico El arte de la lectura en tiempos de crisis en el que recoge múltiples experiencias del uso de la lectura y la escritura en el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social, que aquellas experiencias que tuvieron mayor éxito, generando un mayor sentido de comunidad tenían en común dos cosas: el recibimiento afectivo y la invitación a ser mirados con dignidad, desde la dignidad. ¿La mirada afectiva que construyen nuestras bibliotecas se dirige a toda la ciudadanía por igual, podemos ayudar a resaltar y llevar a la mirada pública la dignidad de determinados colectivos?
  • ¿Todas las personas usuarias enfrentan la misma carga emocional a la hora de acercarse a nuestros espacios? Hago spoiler: no. Entonces, ¿cómo nos adelantamos desde un punto de vista preventivo al peso que tienen las grandes emociones políticas vinculadas a la exclusión: la vergüenza, el miedo al rechazo, las experiencias de abandono institucional o a la sospecha? Como invitación a hacerlo operativo y concreto.
  • ¿Qué es lo que nos hace sentir que formamos parte? Porque es en la vivencia de pertenecer sobre la que se construyen todas las estrategias de prevención del extremismo, especialmente con juventud. Necesitamos pensar colectivamente cómo sabemos y sentimos que formamos parte. Parece sencillo pero no lo es tanto. ¿Cómo sé que formo parte activa de mi biblioteca? ¿Es sólo el carnet, es sólo el volumen de préstamo, qué es?

 

 

8.- Derechos lingüísticos

En este sentir que formamos parte juegan un papel central también los derechos lingüísticos, teniendo en cuenta el peso cada vez mayor de las diásporas en nuestro entorno social, el pensamiento y realidad de las «descendencias culturales», teniendo en cuenta que la diversidad de lenguas a nuestro alrededor cada vez es mayor, que hay mucha gente deseando que sus hijos e hijas no pierdan del todo el contacto con sus lenguas maternas y sobre todo lo demás, siendo conscientes de que la falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos no sólo refuerza la exclusión sino que puede suponer en muchos casos un riesgo vital, como se ha vivenciado durante la pandemia.

9.- Las bibliotecas, espacios públicos para la protección de los derechos humanos

Respecto a sabernos y reconocernos como un espacio público clave para la protección de los derechos humanos:

  • Las bibliotecas se perfilan como uno de los pocos espacios públicos que resisten, a veces con uñas y dientes, al enfoque productivista. Ante la desaparición casi total de los espacios comunitarios que construían en el pasado ejes clave de nuestro sentido de pertenencia: el espacio común de trabajo, cada vez más aislado y encerrado en sí mismo; los espacios vinculados a lo religioso en sus múltiples formas con su ciclo festivo… ¿con qué espacios contamos hoy para hacer cosas en común, para construir algo junto a otros que no esté vinculado al consumo? Que crezcan y se multipliquen los espacios de participación cultural supone también ganar espacios para construir otra escala de valores sociales y otros modos de resignificar el éxito social.
  • Como espacio público totalmente volcado en la profundización democrática, las bibliotecas en este presente convulso y post-pandémico van a desempeñar un papel fundamental contra la infantilización social. Necesitamos con urgencia articular nuevas estrategias de alfabetización mediática y estética, un aluvión de propuestas formativas alrededor de la lectura de imágenes que nos ayuden a sortear los riesgos de manipulación informativa. El papel clásico que han desempeñado las bibliotecas para la alfabetización digital, mediática e informacional se percibe hoy como un auténtico cortafuegos frente a la polarización. No obstante nos va a tocar enfrentar, ante la digitalización de la vida en común, la creciente dependencia pública de las grandes corporaciones digitales que se sitúan fuera del control social y que pueden cortocircuitar de alguna manera la función democratizadora de nuestras bibliotecas.
  • Y de nuevo, como en todas las graves crisis económicas y laborales, las bibliotecas como el auténtico salvavidas de la exclusión digital e informacional vinculadas al ámbito laboral. La emergencia de país que supone dar por hecho que las familias cuentan con los recursos para poder acceder a información, trámites, etc. digitalizados cuando la realidad lo desmiente día a día, no sólo por sesgos de edad, sino por los indicadores de pobreza. Sabiendo que la buena información es un recurso limitado, que las buenas estrategias de búsqueda de información relevante y validada pueden delimitar la frontera entre la inclusión y la exclusión social, la función mediadora de las bibliotecas es de vital importancia.

10.- El papel de las bibliotecas en el ecosistema general del libro: la centralidad de la bibliodiversidad

Por último, si realmente queremos incorporar un enfoque de derechos culturales en el trabajo diario de la Red también sería interesante plantearnos qué papel queremos darnos dentro del ecosistema general del libro desde nuestra apuesta por la bibliodiversidad, siendo conscientes de que el modelo neoliberal y altamente concentrado de la economía del libro supone un freno de hecho a esta bibliodiversidad. No sólo se trata de incorporar voces minorizadas a nuestras colecciones, podríamos ir mucho más allá: en nuestra política de adquisiciones, qué porcentaje tienen las editoriales independientes, qué modelo de partenariados podríamos quizá imaginar entre bibliotecas del Norte y editoriales del Sur o cómo podemos reforzar desde nuestras políticas de compra el papel de las librerías independientes y de proximidad, cómo podemos jugarnos a nosotros mismos como agente corrector de esta mirada neoliberal hacia el libro a favor de la igualdad de oportunidades en su acceso.

 

 

Por todo lo que hemos comentado, podríamos quedarnos con estas tres preguntas:

¿Qué supondría para la Red de bibliotecas de Barcelona pensarse de un modo integral desde una óptica de derechos culturales, como un sector profesional estratégico para la defensa de los derechos humanos en nuestra ciudad?

¿Qué supondría obligarnos a pensar en términos de nuestros propios vacíos y huecos?

¿Y qué supondría repensarnos desde los climas emocionales que suscitamos para construir la pertenencia?

¡Muchas gracias, ha sido un placer participar en esta conversación!

(Madrid-Barcelona vía zoom 17 de marzo de 2021)

#ActForCulture: adhesión a la petición de CAE para las elecciones europeas 2019

 

Desde este espacio (y desde la vida entera) nos adherimos a la campaña promovida por Culture Action Europe llamando a la movilización del sector cultural en las decisivas elecciones europeas del mes de mayo, apelando a la responsabilidad profesional colectiva del sector cultural europeo para poner en el centro del debate político la defensa de los derechos culturales y la diversidad cultural y la protección de los derechos humanos en Europa frente a los discursos del odio. Nos hacemos eco de su manifiesto por si alguien más quiere sumarse (los materiales de la campaña pueden descargarse aquí):

 

 

PETICIÓN DE CAE PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2019