Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la teoría a la acción (Harinera Zaragoza)

 

El próximo mes de diciembre nos veremos en Harinera Zaragoza para construir conversación alrededor de la aplicación local de la Agenda 2030 y el protagonismo que ha de tener el mundo cultural para el logro de no dejar a nadie atrás. Más información e inscripciones en este enlace.

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del horizonte de acción común que representa la Agenda 2030 debería ser la prioridad de nuestras políticas culturales públicas. Sin embargo, la ausencia de un ODS específico para el mundo de la cultura nos invita a desplegar una mayor creatividad, pensarnos de un modo transversal aportando nuestra experiencia y bagaje en el reto de “no dejar a nadie atrás” así como reivindicar, en una alianza firme local-global junto al resto de actores que ya lo están haciendo, la importancia que tiene la cultura entendida como el cuarto pilar del desarrollo sostenible.

Para ello, a través de esta acción, entendida como una conversación catalizadora junto al tejido cultural de base de Zaragoza, conoceremos con mayor detalle los contenidos e indicadores de la Agenda 2030, nos plantearemos cómo implementar nosotras mismas un plan de acción para enmarcar nuestra actividad en el logro de los ODS y nos pondremos como objetivo estudiar juntas cómo localizar, pasando de la teoría a la acción, el potencial cultural y creativo presente en la Agenda.

Poniendo en valor la aportación a la cohesión social y a la construcción de ciudadanía de la acción cultural desempeñada en nuestros contextos locales, “Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la teoría a la acción” se celebrará en dos sesiones:

Miércoles, 1 de diciembre, 17:00 horas-18:30 horas (Sesión online)

“Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la teoría a la acción”
Sesión expositiva online abierta y dirigida a profesionales del sector cultural, tejido asociativo y cualquier persona interesada de la ciudad de Zaragoza.
En esta conversación inicial nos detendremos sobre el significado de la cultura como cuarta dimensión del desarrollo sostenible, cuál es el papel que desempeña en el marco de la Agenda 2030, por qué no forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo podremos, desde nuestra acción cultural local, contribuir a que la dimensión cultural logre mayor protagonismo y llegue a ser un ODS más en el futuro.

Miércoles, 15 de diciembre, 17:00-20:00 horas (Sesión presencial)

“Localización de los ODS en la acción cultural de Zaragoza”
Presencial con inscripción previa, Gratuito, Plazas limitadas (20 PAX)
Taller práctico dirigido a entidades y profesionales del sector cultural de Zaragoza enfocado a la elaboración y esquematización del propio (¡autogestionado!) plan de acción para la implementación de los ODS en tu entidad. Dinámicas grupales, inteligencia colectiva y viva conversación. Se entregará previamente, entre sesiones, documentación de apoyo y lectura para las personas participantes que quieran profundizar en los contenidos.

Mujeres y derecho a la tierra

“Cultivan una tierra que no les pertenece.”

“Hasta que la dignidad se haga costumbre.”

Siguiendo la estela de las celebraciones del 15 de octubre, Día internacional de las mujeres rurales, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos-UNESCO desde Argentina organizaba esta semana el Segundo Encuentro de Mujeres de la Tierra, una conversación fascinante entre mujeres de América Latina, el Caribe y África enfocada a la recopilación de saberes y experiencias para la implementación de los ODS.

Quiero sembrar por aquí parte de la energía que recibí de todas ellas junto a los retos colectivos que afrontamos en la conquista de nuevos derechos, también en el diálogo España-América Latina.

Partiendo del convencimiento de que la tierra es un bien social y no una commodity, y que por tanto el derecho a la tierra es un derecho humano, es fundamental tener en cuenta que en las agendas internacionales sobre empoderamiento vital, económico de las mujeres no podemos olvidarnos ni por un instante de las demandas tanto históricas como emergentes relacionadas con el acceso a los medios productivos de las mujeres campesinas, rurales, indígenas de todo el planeta. No sólo en relación al hecho de que sean ellas las protagonistas de la reducción de la pobreza en sus comunidades y las responsables de la alimentación del mundo, sino también desde otros prismas de actuación que normalmente olvidamos en España. La agenda cultural y nuestras políticas culturales olvidan el papel que desempeñan las mujeres rurales como grandes defensoras y protectoras de los derechos culturales en nuestro país no sólo vinculadas a la defensa y custodia del territorio, sino también a la transmisión del conocimiento, saberes agroecológicos, innovación permanente en el sector artesano y nunca del todo apreciado y agradecido papel como guardianas del patrimonio rural de todo tipo.

Deolinda Carrizo, actual Directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura en Argentina, subrayó la importancia que el reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos y su incorporación a los textos constitucionales, como fue el caso de Bolivia, marca un camino de actuación futuro, dado que la democratización de los Estados pasa obligatoriamente por la garantía del acceso a la tierra y el reconocimiento de la agricultura familiar e indígena. Sigue siendo un reto internacional de primera magnitud afrontar el peso de la desigualdad global en la garantía del derecho a la tierra por parte de las mujeres, que tendría un impacto en cadena sobre su autonomía, la protección frente a todo tipo de violencias, el final de procesos de dependencia de intermediarios.

Fue muy interesante también conocer de la mano de Lilian Galán, del Frente Amplio uruguayo, el proceso de avances legales vividos en los últimos años para el fomento de la co-titularidad de la tierra (actualmente por cambio de gobierno en proceso de retroceso) con el impulso de la Ley 19.781, que llevó del 11% al 26% el índice de propiedad de la tierra por parte de las mujeres. Como afirmó Lilian Galán: “los intereses oligárquicos y el poder transnacional del agronegocio vulneran el derecho humano de acceso a la tierra de las mujeres”. Es muy interesante comprobar cómo en España, al margen de las grandes “efemérides rurales” y las organizaciones especializadas, la pelea por la titularidad compartida ha desaparecido prácticamente de la agenda pública y del discurso del movimiento feminista, cuando no enfrenta un total desconocimiento también por parte de los equipos técnicos generalistas de las áreas de igualdad.

 

 

Pero he de reconocer que la fuerza de la líder indígena Ángela Chislla desde Perú puso sobre la mesa un itinerario a recorrer en los próximos años. Junto al problema de acceso a la tierra por parte de las mujeres indígenas nos conminó a seguir exigiendo juntas y desde todas partes procesos de reparación efectivos para las mujeres que sufrieron procesos de esterilización forzada en el pasado y que aún no han sido juzgados. No sólo redundó en la exigencia de poner en el centro la garantía de la soberanía alimentaria de los pueblos, sino el acceso de las mujeres a las esferas de decisión tanto políticas como especialmente económicas, fortaleciendo la asociatividad propia, el impulso de bancos agrarios y cooperativas lideradas por mujeres, una nueva educación financiera comunal, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y gestión de las infraestructuras hidráulicas y la necesidad de paralizar modelos de desarrollo vinculados al extractivismo, garantizando por el momento el efectivo cumplimiento de las Leyes de Consulta Previa. Pero fue Ángela Chislla la que compartió con todas de un modo más claro la interrelación e interdependencia de todas las facetas de los derechos humanos, al exigir que se implante en el país una verdadera educación intercultural bilingüe y una política de comunicación que respete los derechos culturales y ponga fin a décadas de silenciamiento mediático sobre la realidad de las necesidades de las mujeres indígenas, así como no olvidar la importancia de la formación política de todas las mujeres.

 

No podemos obviar que la falta de tierra impide a las mujeres acceder a otro tipo de recursos y servicios esenciales (“en los procesos de toma de tierras, de resistencias territoriales, siempre están las mujeres y sin embargo, cuando se han repartido, se las excluye”) y que sigue siendo la tierra uno de los principales factores que condicionan las relaciones de poder. No se puede apartar la mirada del aumento de las medidas represivas y la militarización contra los movimientos de resistencia, que están recayendo sobre las mujeres del Sur. Es una temática central que debería entrelazarse, sin duda y también desde el Norte global, con los marcos más amplios de actuación y resistencia vinculados a Empresas y Derechos Humanos, especialmente en las actuaciones y movilizaciones a favor de leyes estatales de Debida Diligencia. Sería MUY IMPORTANTE que el movimiento feminista en España hiciese suya la reivindicación del impulso de la Ley de Debida Diligencia aún no promulgada en nuestro país, precisamente porque el impacto de su flagrante ausencia recae con toda su ferocidad sobre las mujeres campesinas, rurales, indígenas del Sur. Desde mi punto de vista tendría que ser la reivindicación central del movimiento feminista en España incidiendo sobre nuestra agenda exterior si queremos que sea cierto el compromiso adquirido con una política exterior feminista.

 

 

Como compartió la líder ambiental Katta Alonso desde Chile, no podemos seguir permitiendo la existencia de “zonas de sacrificio” en ninguna parte de este planeta, en las que la acción empresarial tenga vía libre para contaminar, desentenderse de los impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente de su actividad ni olvidar la exigencia de reparación a las víctimas de procesos de contaminación generalizados. Fue tajante en su denuncia de la superficialidad de determinadas visiones de la Responsabilidad Social Corporativa, exigiendo marcos de obligatoriedad frente a los actuales modelos voluntarios que se desentienden de las consecuencias, poniendo en valor el Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Tanto Valentina Escuti de la campaña #ChaoCarbón chilena, como Gabriela Sinchi del medio comunitario Wambra.ec subrayaron la potencialidad que las estrategias de arte y comunicación por la defensa del territorio tienen para entrelazar demandas, llegar a diferentes audiencias y cambiar los marcos culturales que perpetúan el acaparamiento y el despojo. También la lideresa Alejandra Bonilla desde Costa Rica incidió en la necesidad de romper los bloqueos de comunicación sobre la realidad que afrontan las mujeres rurales, rompiendo los moldes de discursos impuestos y reconociendo las propias estrategias de resistencia ya desplegadas. Tajante fue su exposición denunciando el peligro de los discursos de las “tierras vacías” que se vivieron en Centroamérica y que permitieron a nivel legal la usurpación de tierras indígenas. Me quedé pensando, salvando las distancias, en los efectos no contemplados del discurso de la “España Vacía” (ya, lógicamente, “Vaciada”) y los efectos que el mismo pueda tener en relación a la gestión de los fondos europeos de recuperación o las políticas de reto demográfico. Si esta España está vacía, ¿desde dónde se van a gestionar estos fondos y en el diálogo con quién, si en el propio territorio “no hay nadie”? Qué pendiente resbaladiza y peligrosa, ya conocida y qué real…

 

Al fin y al cabo, como subrayaron todas ellas se trata de romper con los marcos que ven la tierra como una mercancía para volver a reconocerla, ¡al menos!, como un bien social. Como recordaban tanto el trabajo “Género, propiedad y empoderamiento. Tierra” de Carmen Diana Deere y Magdalena León y  los informes elaborado los últimos  años por Intermon Oxfam, “Promesas, poder y pobreza” o “Tierra para nosotras”, se puso de manifiesto que “la exclusión de las mujeres rurales del acceso a la tierra no sólo ocasiona la pérdida de su control sobre la producción de alimentos, sino que también se pierden el conocimiento, las prácticas y las técnicas que, durante siglos, han salvaguardado la integridad de la tierra, las semillas y el suelo, así como el valor nutricional de los alimentos“. También conviene no olvidar que “cuando se intensifica la competencia por la tierra, las mujeres rurales suelen ser sometidas a una presión hacia su exclusión por parte de los parientes o miembros de la comunidad masculinos”.

 

Tras la conversación me quedé pensando en los ecos en la agenda española: la titularidad compartida como un derecho aún por conquistar, la incorporación en la agenda feminista de la exigencia de una Ley española de Debida Diligencia, el avance de la soberanía alimentaria en nuestros marcos legislativos.

 

#LaEducaciónContinúa y el derecho a la educación como derecho cultural

 

Bajo el lema #LaEducaciónContinúa la UNESCO ha impulsado una campaña mundial para tratar de poner el foco de atención sobre la situación a la que se enfrentan las niñas de todo el globo tras la pandemia. Más de 11 millones de niñas podrían no volver a la escuela después de esta crisis, lo que supone no sólo un retroceso en el derecho de acceso a la educación sino el inminente riesgo del aumento de los matrimonios infantiles, los embarazos precoces y de alto riesgo, la violencia en sus múltiples facetas y la pobreza, siempre la pobreza.

Para no dejarme acobardar por las dimensiones de este retroceso, teniendo en cuenta los 130 millones de niñas que en nuestro planeta aún no tenían acceso a la educación antes de la pandemia y resonando aún con la facilidad con la que en los últimos días se ha mercadeado con los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la esfera internacional ante la situación afgana, volvía a la reflexión que Kambou Boly Barry compartía en los últimos meses sobre el derecho a la educación como derecho cultural, conjurando el riesgo del desaliento o la apatía.

 

La relatora está haciendo un llamamiento internacional para que el derecho a la educación se considere un derecho cultural en sí mismo y se produzca un cambio de perspectiva, el impulso de un nuevo paradigma educativo, es decir :

 

“el derecho a la educación entendido como el derecho de toda persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su propio proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo, así como para participar en prácticas que le permitan apropiarse de estos recursos y contribuir a ellos.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

La plena efectividad del derecho universal a una educación inclusiva y de calidad no puede existir sin tener en cuenta los elementos que favorecen el respeto de la diversidad y los derechos culturales en la educación, señalando entre ellos:

  • La valoración de los recursos culturales presentes.
  • La descentralización en favor de actores locales y la dotación de cierta autonomía a las escuelas para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje.
  • Los métodos de observación participativa y sistémica.
  • El respeto de las libertades en el ámbito de la educación.

Así, la vida educativa pasaría a considerarse como una relación viva entre los actores y el conjunto de conocimientos que forman los recursos culturales comunes.

Se subraya la importancia que tiene la injusticia epistémica sobre la protección del derecho a una educación inclusiva y de calidad, señalando cómo la pérdida y desvalorización de los conocimientos presentes que atesoran objetos, instituciones o personas perpetúa situaciones de exclusión y desigualdad. Por lo tanto convendría no olvidar:

“la valoración de la diversidad de conocimientos presentes y la valoración de la diversidad de personas se refuerzan mutuamente”.

 

“las vulneraciones de los derechos lingüísticos o de los derechos a la memoria, o una visión sesgada que invisibiliza a ciertas comunidades y sus contribuciones, son graves y tienen efectos nefastos a través de las generaciones, especialmente cuando se enseñan diferentes narrativas a diferentes comunidades.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

Dentro de este cambio de perspectiva, se alerta sobre la tendencia a limitar el derecho a la educación como un derecho cultural en sí mismo a las comunidades lingüísticas, religiosas o étnicas. No obstante, para abordar la diversidad cultural, afirma Koumbou Boly Barry, hay que tener en cuenta todas las diversidades, ya sean históricas, patrimoniales, sociales o relacionadas con el género o con la discapacidad, pero también las resultantes de trayectorias vitales particulares (por ejemplo, la migración, el desplazamiento o el asilo), o de situaciones de pobreza, pobreza extrema, violencia o violencia extrema. Además, las personas tienen múltiples comunidades de pertenencia o referencia e identidades multifacéticas.

 

Entre los elementos más interesantes de la consulta internacional de la que emerge esta reflexión, se encuentra la necesidad de revalorización de la transmisión intergeneracional, alertando sobre la gravedad de sus rupturas no sólo dentro de los círculos familiares, sino también dentro de las propias comunidades o como señalan para alertar de su importancia “para toda la Humanidad”. Ante el éxito rampante de los imaginarios de la eterna juventud, la invisibilización de los procesos transgeneracionales que dan lugar a logros y resultados, la negación del reconocimiento e invisibilización de las fuentes de aprendizaje y formación, ¿cómo contribuir tanto desde el ámbito educativo como desde la definición de las políticas culturales a poner en valor de un modo vivo y no esclerotizado el papel de la transmisión intergeneracional?

 

Y de nuevo, también en la defensa del derecho a la educación como derecho cultural, el poder de la agencia:

“una persona se apropia de un recurso cultural no solo cuando lo descubre y desarrolla su práctica utlizándolo, sino también cuando contribuye a él.”

 

O en resumen: acceder, practicar, contribuir. Mucho más ante los procesos de mercantilización de la educación que, “lejos de permitir el respeto de la diversidad cultural, suelen conducir a una uniformización empobrecedora.”

 

Comparto por aquí (cada cual conjura el riesgo de impotencia a su manera) este diálogo internacional, sintiendo que sería interesante seguir profundizando en este cambio de perspectiva y explorar de qué manera podría contribuir a reforzar el derecho a la educación de las niñas en todo el planeta, una de nuestras emergencias.

DRIS, Co-creating intercultural societies: a focus on racism and discrimination

 

Comparto por aquí la información sobre el proyecto europeo de diálogo intercultural DRIS impulsado por la Fundación Interarts (Barcelona), ECCOM (Roma) e ITZ (Berlín), en el que tendré la suerte de compartir conversación, por si alguien está interesado y quiere inscribirse en la formación, quedan las últimas plazas. Para completar el formulario de solicitud y enviar su CV siga este enlace.

Muchas gracias a Eva García, Comuart, por la invitación y la confianza.

 

Comparto el texto de difusión elaborado por el proyecto:

 

La formación está dirigida a profesionales del sector cultural, de la mediación sociocultural, a representantes de asociaciones de migrantes, así como a artistas e investigadores/as conscientes de los retos que suponen para nuestra sociedad las discriminaciones por cuestiones raciales.

El ciclo de formación está dirigido a un máximo de 30 participantes. Los y las participantes serán seleccionados por una comisión interna a partir del análisis del currículum y del formulario.

PROGRAMA

La formación tendrá una duración de 30 horas, divididas en charlas, visitas de campo y sesiones de planificación participativa.

  • Conferencias/charlas (a partir de mediados de junio 2021):
    • SESIÓN DE PRESENTACIÓN, a cargo de Eva García (comuart) e Interarts.
    • SESIÓN 1, a cargo de Cristina Da Milano, ECCOMIntroducción al desarrollo de audiencias y al diálogo intercultural en el marco de las políticas y programas culturales de la UE.
    • SESIÓN 2, a cargo de Estefanía Rodero, socióloga de la cultura: Los derechos culturales. Pieza clave de la profundización democrática.
    • SESIÓN 3, a cargo de Yásnaya Aguilar, lingüista, escritora y activista mixe: Desde la otra orilla: una mirada sobre el racismo y la discriminación.
    • SESIÓN 4: a cargo de Daniela Ortiz, artista.
    • SESIÓN 5, a cargo de BCN Acció Intercultural: Contra-narrativas. Hacia sociedades libres de prejuicios.
    • SESIÓN 6, a cargo de Eva García: Valoración y evaluación de la primera fase.

 

  • Visitas de campo (Julio 2021) a proyectos artísticos de Barcelona que han abordado, desde prácticas y sensibilidades diferentes, la cuestión de la lucha contra el racismo, la discriminación y los estereotipos.
    • VISITA DE CAMPO 1, proyecto «A bao a qu«, Barcelona (Presencial).
    • VISITA DE CAMPO 2, «Espai Avinyó«, Barcelona (Presencial).
    • VISITA DE CAMPO 3, por confirmar.
  • Planificación participativa (Septiembre 2021): 12 horas (4 sesiones de 3 horas). En esta fase, a cargo de Eva García, se presentarán los principios de la planificación participativa y metodologías de trabajo. Además, los participantes se dividirán en pequeños grupos para participar en sesiones prácticas en las que se les guiará a través de un proceso de planificación participativa, convirtiendo sus ideas en posibles proyectos.

¿CUÁNDO?

El ciclo de formación tendrá lugar parcialmente en línea y, si fuera posible, será presencial entre los meses de junio y septiembre de 2021. Las primeras sesiones tendrán lugar en junio/julio de 2021, mientras que las restantes se celebrarán en septiembre de 2021. Se requerirá la participación en, al menos, el 80% de las sesiones. Próximamente confirmaremos las fechas concretas de las sesiones del programa, que será en horario de tarde (a partir de las 18h), los martes y jueves.

¿CÓMO PARTICIPAR?

El ciclo de formación es gratuito. Todos los costes serán cubiertos por el proyecto excepto los eventuales costes de desplazamiento de los/as participantes.

 

Dignos de duelo

 

 

A la memoria de K.M, menor migrante marroquí que al cumplir los 18 años, 

se suicidó hace unos días en un centro de Bilbao.

Con su madre en mi corazón, y abrazando al educador y al compañero que trataron de reanimarle sin éxito.

 

Para tratar de contrarrestar la atmósfera de confusión y aturdimiento de las últimas semanas, aprovechaba estos días para leer el último libro de Judith Butler “La fuerza de la no violencia. La ética en lo político”. El diálogo que establecía  la lectura con la realidad circundante era tan directo que apunto por aquí algunas de las ideas centrales, que para mí siguen inspirando de un modo muy concreto un modo de acción política para el presente.

  • Semántica pública de la violencia: es interesante el modo en el que se desgrana la batalla política alrededor de la definición de qué consideramos en la esfera pública violencia y no violencia, como se subraya muchas veces en el libro “la violencia siempre se interpreta”. Es necesario cuestionar colectivamente los parámetros desde los que nace la definición, dado que es una prerrogativa del poder imponer su propio marco interpretativo, legitimar la exclusividad de su uso y sofocar el campo de las resistencias a dicho poder a través de la semántica pública.

 

“La violencia es aquello que está perpetuamente sujeto a una oscilación de marcos que pivotan en torno a las cuestiones de la justificación y la legitimidad”

 

“Las estructuras de desigualdad afectan la manera en que se percibe y nombra la violencia y la forma de captar y declarar su carácter injustificable”.

 

  • Individualismo y ética de la no violencia: saliendo de la tiranía implícita del “homo economicus” que recorre como un fantasma el pensamiento occidental de los dos últimos siglos, Butler subraya la importancia de romper el marco individualista a la hora de hablar de la ética en lo político. Es muy interesante cómo, a través de una reflexión sobre los modos en que se justifica la violencia apelando a la “defensa propia”, se nos plantean dos preguntas:
    • ¿a quién consideramos como tal “yo” con derecho a ejercer la defensa propia?
    • ¿hasta dónde llega el “yo” legitimado para defenderse? (¿incluye familia, comunidad, religión, nación, territorio tradicional, prácticas habituales?)

“Sólo aceptando la interdependencia es posible formular obligaciones globales.”

 

 

  • Interdependencia y “yoes” dignos de defensa: a raíz del análisis de las justificaciones de “defensa propia”, especialmente en escenarios bélicos, se realiza una crítica muy profunda sobre esta visión del “yo que se defiende”. Si la violencia se caracteriza por ser un ataque contra los vínculos, si en esencia busca la ruptura de la vinculación viva y persistente y teniendo en cuenta que no hay vida posible sin una red de interdependencia social que la sostenga:

“La violencia contra el otro es violencia contra uno mismo, lo cual se ve claramente cuando comprendemos que la violencia ataca la interdependencia que es, o debería ser, nuestro mundo social.”

 

  • Vidas dignas de duelo:

De nuevo Judith Butler nos señala la construcción social y cultural de qué consideramos vidas dignas de duelo, eje central para entender qué significa hoy tanto la violencia como la no violencia.

    • Qué hace que una vida sea valiosa.
    • Qué determina la desigualdad a la hora de valorar diferentes vidas.

¿Por qué es tan importante la reflexión alrededor de la construcción de los duelos públicos y sus ausencias? Porque nos obligan a actuar sobre las condiciones que hacen que una vida sea posible o imposible, ya que nunca estamos separados de las condiciones que nos sostienen.

 

  • Radical igualdad de lo protegible: no negaré que en mi lectura no haya subrayado de todas las maneras posibles este término que Judith Butler plantea como la vía estratégica para la profundización democrática en la situación actual, ampliándolo al entorno animal, natural, radicalizando la protección de la vida y partiendo de una crítica a la producción diferencial de la vulnerabilidad. Parte de una pregunta luminosa: ¿qué es lo que nos lleva a preservar la vida del otro?, ¿qué es lo que nos mueve a considerar que las vidas de los demás son valiosas? Desde la aspereza anti-naif de Butler (“ninguna posición contra la violencia puede darse el lujo de ser ingenua”), elabora todo un análisis sobre la reciprocidad y la igualdad radical en el hecho de ser dignos de duelo. Es muy interesante, no obstante, el modo en que Butler realiza algunas críticas alrededor del propio uso político del término “vulnerabilidad” que puede inducir procesos de paternalismo, fijar posiciones de opresión negando la capacidad de agencia de los colectivos y sobre todo lo demás oscurecer las condiciones que construyen situaciones de vulnerabilidad social. No son las personas ni los colectivos los vulnerables, son las condiciones las que construyen las situaciones de vulnerabilidad.

 

He querido compartir mi lectura como un gesto sencillo y vincular, pero también como una forma de mostrar respeto y duelo.

 

Equidad y cohesión social desde una perspectiva de derechos culturales (Plan Director Bibliotecas de Barcelona 2021-2030)

 

(Este texto fue creado en el marco deliberativo impulsado por la Red de Bibliotecas de Barcelona de cara a la elaboración de su nuevo Plan Director 2021-2030. Agradezco la invitación, la sabiduría y la confianza de todo el equipo organizador.)

Puedes ver el video de la intervención en el Canal de Youtube de Biblioteques Barcelona

Es para mí un privilegio poder sumarme a esta conversación que dará frutos en direcciones que ni imaginamos. Desde la pregunta marco que encuadra la sesión de hoy, ¿qué papel pueden desempeñar las bibliotecas para reforzar la equidad y la cohesión social?, me surgía inmediatamente una contrapregunta: ¿en qué marcos estamos encuadrando nuestro trabajo, bajo qué prisma y etiquetas estamos definiendo nuestra acción? Sabemos que las palabras son hermosas e importantes y a veces nos ayudan a dirigir nuestra acción en nuevas direcciones. ¿Qué supondría para la Red de Bibliotecas de Barcelona pensarse desde un enfoque de protección y promoción de los derechos culturales? O lo que es lo mismo, ¿qué supondría autodefinirnos y autodefinir nuestro trabajo cultural como una defensa de los derechos humanos? Porque quizá con este sencillo ajuste de enfoque entronquemos con el cambio de paradigma en las políticas culturales que estamos viviendo a nivel internacional.

En estos momentos en los que es urgente desplegar toda nuestra inteligencia en la creación de alternativas que nos permitan reforzar los vínculos y la vivencia de pertenencia desde marcos inclusivos y de respeto a la diversidad, siento también que es importante acompasar las políticas culturales locales como son las políticas bibliotecarias y los planes lectores municipales con los marcos internacionales de acción por un motivo antes que nada estratégico (y de obsesión por encontrar estrategias eficaces estará plagada esta intervención): porque han ido mucho más lejos en el paradigma de una cultura centrada en las personas y en la incorporación del enfoque basado en derechos humanos.

Como sabemos, este enfoque pone a las personas y su dignidad en el centro, busca apoyarse siempre en estándares internacionales de protección de los derechos humanos y especialmente se hace dos preguntas poderosas: en nuestro ámbito de actuación diario, ¿quiénes son los titulares de obligaciones y quiénes son los titulares de derechos? Como instituciones públicas que podemos marcar la diferencia en términos de proximidad en el trato digno, las obligaciones mayoritariamente son nuestras.

El paraguas legal, ¡intencional! a nuestra acción nos lo van a dar, por tanto, las Declaraciones de la Diversidad Cultural y de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO que para eso las ratificamos como Estado, el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se hace hincapié en el derecho a participar en la vida cultural, por supuesto todos los grandes marcos de aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito bibliotecario, el marco local-global de la Agenda 21 de la cultura o también todo el trabajo desarrollado por las relatoras independientes de derechos culturales de Naciones Unidas, aunque especialmente aquellos centrados en los derechos culturales de las mujeres, en la defensa de los espacios culturales públicos frente a la mercantilización y aquellos en los que amplían la definición de quiénes pueden ser calificados como defensores de los derechos culturales. Todo este marco legal nos dota de mayor legitimidad para cambiar el enfoque de nuestro trabajo, que para mí sólo tiene un objetivo. La cultura y los derechos culturales no son accesorios, no son un lujo, no son un tema secundario. Desproteger los derechos culturales de la ciudadanía es una grave vulneración de los derechos humanos y avanzamos hacia horizontes de justiciabilidad. Tendríamos así un posible horizonte de acción para reivindicar el trabajo de la Red de Bibliotecas de Barcelona como esencial para la profundización democrática y los derechos humanos.

 

 

Pero ¿por qué este cambio de mirada AHORA es tan importante? ¿Es sólo moda terminológica? ¿Por qué este cambio de enfoque resulta decisivo? Sabemos que los derechos culturales con una pieza clave e interdependiente de los derechos humanos, que el derecho a participar en la vida cultural es un derecho inalienable y se repite una y otra vez que los derechos culturales son los derechos de “la pertenencia y la dignidad”. Pero seamos claros: aún se trata de derechos minimizados y desconocidos, y tampoco desde los movimientos sociales en España se han comprendido o reivindicado desde la potencialidad transformadora que encierran.

Y sin embargo, la protección de los derechos culturales apunta a un eje estratégico sin el que nuestras democracias no pueden llamarse democracias: garantizar y promover la equidad de expresión, el hecho de que todas las voces (y por tanto todas las experiencias vitales, todos los dolores y todas las memorias) sean reconocidos socialmente como existentes y por tanto accedan a ser escuchados.

La protección de los derechos culturales va muchísimo más allá del derecho a crear, del derecho de acceso a los espacios culturales, del derecho a renunciar a identidades culturales asfixiantes y a prácticas culturales dañinas, abrazando identidades culturales abiertas, diversas y en diálogo, como digo, la protección de los derechos culturales viene a atajar uno de los ingredientes centrales de cualquier opresión como es el silenciamiento y la injusticia epistémica (la invalidación de ser sujetos capaces de crear “conocimiento que cuenta”). Es decir, actuar como promotores de los derechos culturales nos enfrenta a la necesidad de actuar sobre los sutilísimos mecanismos a través de los cuales vamos construyendo qué conocimientos, voces, experiencias, qué comunidades son reconocidos como existentes y cuáles no.

1.- Empoderamiento, memoria y archivo

Por poner un ejemplo donde esta fuerza de silenciamiento y exclusión de comunidades completas como comunidades dignas de conocimiento se ve con nitidez, ¿aguantarían nuestras secciones de historia local, por ejemplo, una lectura exhaustiva desde el respeto a la diversidad cultural?, ¿nuestras secciones locales hacen emerger la diversidad real de la que procedemos, la diversidad que no hay que crear porque ya es?, ¿o de pronto empezarían a emerger ante nuestra mirada nuestros propios vacíos y exclusiones? Entre otras muchísimas funciones las bibliotecas municipales son artefactos que legitiman desde su función documental y de archivo, precisamente los relatos de qué alcanza el estatus de archivable y qué es descartado como no significativo. Las bibliotecas, como espacios que garantizan el acceso público a la información tienen siempre, aunque no quieran, aunque se obvie, un carácter político en el sentido más amplio del término, ya que ayudan a legitimar socialmente tanto qué es información validada como qué es digno de memoria y archivo. No por casualidad Edward Said y Judith Butler han hecho de la función de archivo un campo de batalla a favor de los derechos humanos, poniendo en el centro la necesidad de cuestionar la falsa neutralidad del hecho de “archivar”, de cara a plantear qué papel transformador podría tener llevar nuestra mirada hacia la memoria y los relatos de las resistencias cotidianas, especialmente locales, qué inciden, arañan, rompen discursos monolíticos y todopoderosos del poder (siempre hay grietas en los muros) y qué podemos inventar para que los dispositivos de archivo no sirvan exclusivamente como legitimadores de relatos de poder, ensayándolos como herramientas de empoderamiento comunitario y resistencia, haciendo de la memoria, como dice Lucina Jiménez, un activo contemporáneo.

 

2.- Leer los vacíos

Desde esta invitación a aprender a mirar y a leer nuestros propios vacíos y huecos que legitiman de alguna manera la exclusión, muchas veces incluso desde un punto de vista pasivo, si nos obligásemos a leer qué personas, comunidades y realidades vitales diversas que nos rodean estamos dejando fuera:

  • ¿Qué dirían nuestras infraestructuras, a quiénes no están escuchando? ¿Qué papel desempeña el diseño universal en nuestras instalaciones?
  • ¿Y el personal que trabaja en nuestras bibliotecas?, ¿hay colectivos infrarrepresentados? ¿Podemos hablar de políticas culturales que apuestan por la diversidad y que sin embargo aún no han incorporado, por ejemplo, cláusulas sociales en la contratación?
  • ¿Los servicios que ofrecemos, nuestras fórmulas de colaboración, los requisitos administrativos para acceder a los servicios bibliotecarios, expulsan a alguien? Esto por ejemplo ha sido un eje de reflexión dentro de la IFLA en el trabajo de las Bibliotecas en su relación con personas sin hogar.
  • El diseño de las colecciones, el proceso de adquisición de ejemplares, las actividades de extensión bibliotecaria, ¿qué están dejando en la sombra?

 

 

3.- Colaboraciones bibliotecarias estratégicas para la promoción de los derechos humanos

Me centro un momento en nuestra estrategia de colaboración con otras entidades, tejido asociativo, etc. ¿Nuestras colaboraciones siguen una política clara que busque incidir sobre la promoción y protección de aquellos derechos humanos más directamente vinculados con el trabajo de las bibliotecas? Por ejemplo, frente al retroceso internacional en materia de libertad de expresión artística, en el que España está a la cabeza de los países del Norte global con el mayor número de condenas de prisión vinculadas al hecho artístico, en este escenario globalizado de palabra amenazada, ¿podemos contribuir o liderar quizá, socialmente la protección de este derecho? ¿Podríamos ensanchar desde esta óptica de una cultura con enfoque de derechos humanos, la colaboración con redes internacionales de defensa de la libertad de expresión (PEN internacional, Artistas en Riesgo, Freemuse…),  sumarnos o impulsar quizá, a través de fórmulas de residencia artística, programas internacionales de acogida de escritores susceptibles de protección internacional? Si nos pensásemos como promotores de derechos humanos y enfocásemos nuestra actividad desde esta óptica, ¿qué acciones podríamos priorizar?

4.- La economía de la credibilidad

Porque es conocido, evidente, medible, el peso que juega el trabajo de las bibliotecas públicas frente a los procesos de exclusión e inequidad, la gran dimensión de su impacto social. Pero es urgente que nos planteemos intervenir también sobre lo que se denomina la «economía de la credibilidad» (este término maravilloso de la maestra feminista Dolores Juliano) porque tiene un peso central para reforzar vivencias de exclusión social y circuitos de pobreza, y la protección de los derechos culturales actúa de forma correctora y directa. Como os decía, tenemos que entrenar nuestra sensibilidad en dos direcciones que se apoyan en el trabajo de la filósofa también feminista Miranda Fricker:

1.- La injusticia epistémica, aquella por la cual no todas las voces, no todas las realidades que se viven en el día a día gozan de la misma credibilidad, la misma capacidad de ser escuchadas y tomadas en serio, con el riesgo que esto entraña a nivel social. Y si no que le pregunten a las personas migrantes y todo su calvario burocrático o  las personas solicitantes de asilo cuando tienen que enfrentarse a trámites administrativos sencillos donde ya empieza el baile de sospecha y recelo alrededor de su documentación. Recomiendo siempre para entender el sufrimiento que conlleva en nuestras sociedades esta configuración de la “economía de la credibilidad” el documental del politólogo y sociólogo José Heredia, “El amor y la ira, cartografía del acoso antigitano” donde se describen con total crudeza el caudal de gestos, expresiones, cotidianas, sencillas que van construyendo la sospecha y la exclusión.

2.- Y otra forma aún más grave de injusticia, la injusticia hermenéutica, el hecho de que toda tu experiencia vital, personal ni siquiera se conciba como existente o real, no sea comprendida ni reconocida como real por tu entorno. Uno de los casos más graves que estamos viviendo en España es la realidad terrible de la trampa burocrática a la que se enfrentan los menores tutelados al cumplir la mayoría de edad, que de puro opresiva ni siquiera alcanza realidad de existencia social y que está tratando de incorporarse a la agenda pública a través de la campaña Un callejón sin salida.

 

 

5.- Marcos de reciprocidad y narrativas en primera persona

Podríamos entonces preguntarnos también a quiénes no hemos preguntado, consultado o interpelado nunca desde marcos de reciprocidad desde nuestra Red de Bibliotecas, por qué no lo hemos hecho y también cómo podemos generar mecanismos directos de escucha, generar espacios y actividades propicios para que emerjan las narrativas en primera persona y acogerlas, para que comunitariamente demos espacio a decirse, a compartirse de un modo seguro desde la diversidad (por ejemplo, siguiendo la estela del proyecto ArtLab de la UNESCO, que invita a diversos artistas a plantear su creación para promover el diálogo intercultural y los derechos humanos).

6.- Las bibliotecas, aliadas de la seguridad humana

Porque también una de las dimensiones importantes sobre las que las bibliotecas inciden sobre la cohesión social tiene que ver con su capacidad de generar espacios de encuentro seguros. No por casualidad, tanto en Colombia como en Centroamérica se han articulado redes de bibliotecas por la paz, incidiendo mucho, frente a modelos de control, vigilancia, sospecha y punitivismo que pesan a plomo también sobre muchos de nuestros usuarios, en el paradigma de seguridad humana. Contribuimos a generar entornos seguros promoviendo la escucha de la diversidad, el buen trasiego e incitando a la voz pública, no sólo a través de la cesión clásica de espacios para la participación ciudadana, sino también a través de la puesta en marcha de procesos deliberativos locales, como este mismo que estamos viviendo.

7.- Políticas culturales emocionales

Al cambiar nuestro enfoque de trabajo incorporando un enfoque basado en los derechos humanos, una cultura centrada en las personas, siguen surgiendo preguntas importantes:

¿Qué papel juegan las políticas culturales emocionales en el acceso democrático al libro y la lectura, en el acceso a la información? Porque cuando hablamos de construir democracias culturales y no nos movemos en una escala humana, desaparece por completo el papel que juega la dimensión emocional en el acceso a la cultura. Si nos obligamos a pensarnos en términos emocionales, de emociones políticas, poniendo a las personas y su dignidad en el centro:

  • ¿Qué entornos de mirada propiciamos? Por activa y por pasiva toda nuestra actividad, programación, colaboración, construye invitaciones de mirada, nos obliga a dirigir la vista hacia determinadas realidades, lecturas, subraya y enfatiza lo que es relevante. Desde nuestro papel como grandes mediadores culturales, ¿qué estamos invitando a mirar y cómo miramos? Cuenta la gran antropóloga de la lectura, Michèle Petit, en su libro magnífico El arte de la lectura en tiempos de crisis en el que recoge múltiples experiencias del uso de la lectura y la escritura en el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social, que aquellas experiencias que tuvieron mayor éxito, generando un mayor sentido de comunidad tenían en común dos cosas: el recibimiento afectivo y la invitación a ser mirados con dignidad, desde la dignidad. ¿La mirada afectiva que construyen nuestras bibliotecas se dirige a toda la ciudadanía por igual, podemos ayudar a resaltar y llevar a la mirada pública la dignidad de determinados colectivos?
  • ¿Todas las personas usuarias enfrentan la misma carga emocional a la hora de acercarse a nuestros espacios? Hago spoiler: no. Entonces, ¿cómo nos adelantamos desde un punto de vista preventivo al peso que tienen las grandes emociones políticas vinculadas a la exclusión: la vergüenza, el miedo al rechazo, las experiencias de abandono institucional o a la sospecha? Como invitación a hacerlo operativo y concreto.
  • ¿Qué es lo que nos hace sentir que formamos parte? Porque es en la vivencia de pertenecer sobre la que se construyen todas las estrategias de prevención del extremismo, especialmente con juventud. Necesitamos pensar colectivamente cómo sabemos y sentimos que formamos parte. Parece sencillo pero no lo es tanto. ¿Cómo sé que formo parte activa de mi biblioteca? ¿Es sólo el carnet, es sólo el volumen de préstamo, qué es?

 

 

8.- Derechos lingüísticos

En este sentir que formamos parte juegan un papel central también los derechos lingüísticos, teniendo en cuenta el peso cada vez mayor de las diásporas en nuestro entorno social, el pensamiento y realidad de las «descendencias culturales», teniendo en cuenta que la diversidad de lenguas a nuestro alrededor cada vez es mayor, que hay mucha gente deseando que sus hijos e hijas no pierdan del todo el contacto con sus lenguas maternas y sobre todo lo demás, siendo conscientes de que la falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos no sólo refuerza la exclusión sino que puede suponer en muchos casos un riesgo vital, como se ha vivenciado durante la pandemia.

9.- Las bibliotecas, espacios públicos para la protección de los derechos humanos

Respecto a sabernos y reconocernos como un espacio público clave para la protección de los derechos humanos:

  • Las bibliotecas se perfilan como uno de los pocos espacios públicos que resisten, a veces con uñas y dientes, al enfoque productivista. Ante la desaparición casi total de los espacios comunitarios que construían en el pasado ejes clave de nuestro sentido de pertenencia: el espacio común de trabajo, cada vez más aislado y encerrado en sí mismo; los espacios vinculados a lo religioso en sus múltiples formas con su ciclo festivo… ¿con qué espacios contamos hoy para hacer cosas en común, para construir algo junto a otros que no esté vinculado al consumo? Que crezcan y se multipliquen los espacios de participación cultural supone también ganar espacios para construir otra escala de valores sociales y otros modos de resignificar el éxito social.
  • Como espacio público totalmente volcado en la profundización democrática, las bibliotecas en este presente convulso y post-pandémico van a desempeñar un papel fundamental contra la infantilización social. Necesitamos con urgencia articular nuevas estrategias de alfabetización mediática y estética, un aluvión de propuestas formativas alrededor de la lectura de imágenes que nos ayuden a sortear los riesgos de manipulación informativa. El papel clásico que han desempeñado las bibliotecas para la alfabetización digital, mediática e informacional se percibe hoy como un auténtico cortafuegos frente a la polarización. No obstante nos va a tocar enfrentar, ante la digitalización de la vida en común, la creciente dependencia pública de las grandes corporaciones digitales que se sitúan fuera del control social y que pueden cortocircuitar de alguna manera la función democratizadora de nuestras bibliotecas.
  • Y de nuevo, como en todas las graves crisis económicas y laborales, las bibliotecas como el auténtico salvavidas de la exclusión digital e informacional vinculadas al ámbito laboral. La emergencia de país que supone dar por hecho que las familias cuentan con los recursos para poder acceder a información, trámites, etc. digitalizados cuando la realidad lo desmiente día a día, no sólo por sesgos de edad, sino por los indicadores de pobreza. Sabiendo que la buena información es un recurso limitado, que las buenas estrategias de búsqueda de información relevante y validada pueden delimitar la frontera entre la inclusión y la exclusión social, la función mediadora de las bibliotecas es de vital importancia.

10.- El papel de las bibliotecas en el ecosistema general del libro: la centralidad de la bibliodiversidad

Por último, si realmente queremos incorporar un enfoque de derechos culturales en el trabajo diario de la Red también sería interesante plantearnos qué papel queremos darnos dentro del ecosistema general del libro desde nuestra apuesta por la bibliodiversidad, siendo conscientes de que el modelo neoliberal y altamente concentrado de la economía del libro supone un freno de hecho a esta bibliodiversidad. No sólo se trata de incorporar voces minorizadas a nuestras colecciones, podríamos ir mucho más allá: en nuestra política de adquisiciones, qué porcentaje tienen las editoriales independientes, qué modelo de partenariados podríamos quizá imaginar entre bibliotecas del Norte y editoriales del Sur o cómo podemos reforzar desde nuestras políticas de compra el papel de las librerías independientes y de proximidad, cómo podemos jugarnos a nosotros mismos como agente corrector de esta mirada neoliberal hacia el libro a favor de la igualdad de oportunidades en su acceso.

 

 

Por todo lo que hemos comentado, podríamos quedarnos con estas tres preguntas:

¿Qué supondría para la Red de bibliotecas de Barcelona pensarse de un modo integral desde una óptica de derechos culturales, como un sector profesional estratégico para la defensa de los derechos humanos en nuestra ciudad?

¿Qué supondría obligarnos a pensar en términos de nuestros propios vacíos y huecos?

¿Y qué supondría repensarnos desde los climas emocionales que suscitamos para construir la pertenencia?

¡Muchas gracias, ha sido un placer participar en esta conversación!

(Madrid-Barcelona vía zoom 17 de marzo de 2021)

Derechos culturales y paz diversa

(Dedico este texto a mi México del año 2020, por tanto tanto amor.)

 

(Todas las imágenes que iluminan esta entrada son obras del colectivo oaxaqueño de gráfica urbana Lapiztola, @lapiztola_oax y la fotografía es obra de Abhay Bharadwaj)

Si bien cada vez somos más conscientes de la indivisibilidad de cada una de las facetas que conforman los derechos humanos, no es menos cierto que el conocimiento de los derechos culturales, especialmente a nivel popular, es sustancialmente menor y que en las próximas décadas abordaremos, no obstante, el reto de su desarrollo pleno.

Pero, ¿qué papel pueden desempeñar los derechos culturales en la construcción de paz y más concretamente de una paz diversa? Si es evidente que sobre las bases de la injusticia social no pueden construirse paces positivas, ¿qué función cumple la protección y promoción de los derechos culturales como elemento estratégico para la paz?

Aunque el derecho a participar en la vida cultural recogido en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suele considerarse como el horizonte de acción a alcanzar, es importante no minimizar ni parcializar lo que este derecho supone a un nivel profundo. No hacemos referencia exclusivamente al fundamental acceso a la creación artística ni a su central protección, ni hablamos tampoco únicamente del acceso en igualdad de condiciones al legado del conocimiento y experiencia que nos ha precedido. Lo que está en juego cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural es la construcción del “nosotros” social, la construcción de las respuestas legítimas a la pregunta ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestra identidad?, así como la no menos problemática construcción de las preguntas consideradas “legítimas” (qué puede cuestionarse y transformarse y qué no puede hacerlo) que le dan forma a ese “nosotros”.

 

(La fotografía de esta obra de Lapiztola fue realizada por Jose Alberto Canseco, conste)

 

Vemos, por tanto, que junto a otras dimensiones de la exclusión que se refuerzan entre sí, el hecho de no garantizar de modo universal en nuestras sociedades el derecho a participar en la vida cultural supone:

  • Legitimar relatos de exclusión social y construcción de identidades sociales excluyentes, posibles generadoras de violencia.
  • Menoscabar los derechos colectivos de acceso a la memoria y al patrimonio, sesgados por la ausencia y exclusión de voces significativas y perspectivas plurales.
  • Ejercer formas de violencia cultural “por defecto” imponiendo “nosotros sociales” falsamente homogéneos basados en el privilegio de quienes han tenido acceso a los medios y herramientas de construcción de sentido (lenguajes, medios de comunicación, formas legitimadas de expertisse…)

Pero como afirma la filósofa Miranda Fricker existe una dimensión de la injusticia en nuestras sociedades que suele pasar desapercibida y que es un requisito previo para acceder al “derecho a la voz”, al derecho a la participación plena en la construcción de sentido del que habla el derecho a participar en la vida cultural: el hecho de ser personas reconocidas como sujeto de conocimiento.

La verdadera potencialidad transformadora de los derechos culturales residiría aquí: ¿quiénes son inexistentes en nuestro “nosotros”?, ¿a quiénes no se pregunta nunca?, ¿qué experiencias del mundo son consideradas inválidas o impropias?, ¿a quién no se escucha por norma y está excluido de “nuestra identidad”?

El ámbito de la construcción de paz, especialmente en escenarios de post-conflicto y articulación de procesos memoriales, ha sido tradicionalmente un espacio privilegiado para la reflexión común sobre esta forma de injusticia, la injusticia epistémica. Qué testimonios de violencia eran legitimados y cuáles quedaban en sombra, qué colectivos accedían a medidas de reparación económica o simbólica y quienes seguían soportando las consecuencias de la impunidad, qué o quiénes accedían a la monumentalidad memorial o al reconocimiento de duelo de país y quiénes no.

 

 

La obra “Injusticia epistémica” (Herder editorial, 2017, Barcelona) de Miranda Fricker aporta nueva luz sobre la centralidad que juegan las políticas culturales desde una perspectiva de derechos humanos  y construcción de paz para construir sociedades que entiendan la paz diversa, la paz como una polifonía, comprendiendo que sin respeto a la diversidad perpetuamos formas muy arraigadas de violencia.

Así, Miranda Fricker ha puesto el foco sobre dos formas centrales de injusticia, dentro de la esfera de los derechos culturales:

  • La injusticia testimonial que “se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad para aportar conocimiento”.

 

  • La injusticia hermenéutica que “se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad como sujeto de compresión social”, en el acceso al derecho a ser comprendidos.

 

(Esta obra fue realizada por el Colectivo Lapiztola junto al Colectivo 3B de Los Ángeles en denuncia de la separación de los niños y niñas migrantes de sus familias en la frontera con EEUU)

 

Lo que nos está mostrando Miranda Fricker es el hecho de que la protección o desprotección de los derechos culturales en nuestras sociedades contribuyen a configurar lo que ha denominado “economía de la credibilidad”, el sistema por el cual se construye lo relevante, lo existente, lo que se tiene en cuenta. Como afirma “toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento, y por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana.” Es decir, la protección de los derechos culturales es una medida preventiva ante las formas de violencia centradas en la invisibilización y el silenciamiento.

Por tanto, no convendría minimizar la realidad de la marginación hermenéutica en nuestras sociedades como una de las raíces de la violencia, el acceso desigual a las prácticas a través de las cuales generamos significados sociales (como viene señalando desde hace años el filósofo Fernando Broncano, recientemente recogido también en su obra «Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical» y a quien la que escribe debe el conocimiento de la obra de Miranda Fricker, conste). Como sostiene Fricker, “socavar la fiabilidad epistémica es un nutriente importante de la ideología del odio” y se realiza de modo cotidiano a través de fórmulas de apropiación, luz de gas e invisibilización de la autoría de ideas (en nuestras sociedades ¿quiénes se llevan los méritos?), así como del refuerzo de marcos que construyen la pérdida de confianza en la propia opinión y experiencia de las cosas, así como en la pérdida de confianza en las propias capacidades interpretativas e intelectuales.

Se trataría por tanto de construir socialmente entornos que hiciesen posible la valentía intelectual:

  • La capacidad de examinar creencias sostenidas popularmente y generar alternativas, nuevas posibilidades.
  • El refuerzo de la perseverancia ante la oposición grupal.
  • La determinación para hacerse oír frente a la manipulación del silencio.

 

Derechos culturales y paz diversa

 

De modo que es necesario reforzar y llevar al centro de la agenda pública la importancia de la protección de los derechos culturales para la construcción de sociedades de paz diversa en base a tres ejes:

  • Su carácter preventivo: por su refuerzo de la inclusión social y la articulación de identidades sociales plurales y diversas.
  • Su carácter constructor: especialmente en escenarios de post-conflicto y procesos memoriales, desactivando raíces futuras de revancha o “culminación de tareas no resueltas” al incorporar en nuestro reconocimiento de país todos los duelos, todas las vidas que importan.
  • Su carácter profundizador: creando democracias con cimientos más firmes que encuentran en el respeto a todas las dimensiones de la diversidad la respuesta a las derivas extremistas y autoritarias.

Consideremos entonces, a la luz de las aportaciones de la filósofa Miranda Fricker, la protección de los derechos culturales como un camino de futuro para explorar en las próximas décadas la potencialidad de la paz diversa.

 

 

Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas

(Todas las imágenes hacen referencia a intervenciones de la artista chilena Lotty Rosenfeld, fallecida esta semana. Tengan quienes con su valor nos hacen valientes descanso en paz.)

 

Hace unas semanas se hacía público el informe elaborado por Alfons Martinell y Beatriz Barreiro para la Fundación Alternativas, “Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas”. Si bien la reflexión ya se había iniciado también en su artículo conjunto “Potencialidades de los compromisos internacionales para unas políticas adecuadas: España y los derechos culturales” (sobre el que dialogamos y reflexionamos aquí bajo el título El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos) se apuntan en este nuevo trabajo algunos temas muy relevantes para el necesario cambio de paradigma de la política cultural en España, mucho más tras el azote de la crisis del COVID.

Partiendo del diagnóstico común del actual ecosistema cultural español sobre el agotamiento de los modelos actuales de políticas culturales públicas, tradicionalmente ancladas en el paradigma nacido tras la Segunda Guerra Mundial,  que demandan una transformación profunda que permita, al menos, la sintonía con los marcos internacionales de política cultural y el enriquecedor engarce de estos con la práctica local, surge también la aspiración común para situar los contenidos de las políticas culturales en una agenda más integral de país, región o ciudad.

Transversalidad, amplitud de perspectivas, nuevos marcos, se repiten a lo largo del informe señalando lo que esta crisis, quizá, ha dejado aún más al descubierto: la realidad del ecosistema cultural español no coincide con los contenidos clásicos de las políticas culturales públicas que dejan en la sombra espacios y prácticas “bastardas, mixtas, híbridas, mestizas” fuera de todo canon.

Dejando atrás la definición por sectores culturales se naturaliza la noción de sistema cultural (o ecosistema cultural) entendido como “el conjunto de circunstancias que inciden directa o indirectamente en la vida cultural de una sociedad”, ampliando así nuestro marco de actuación mucho más allá del marco de la democratización cultural heredado del siglo XX.

 

La pregunta central que se nos plantea es:

¿cómo vamos a incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas culturales en España?, ¿cuál será el conjunto de principios o conceptos estratégicos para que este cambio de paradigma tenga lugar?

 

Junto a un repaso pormenorizado de los textos legales que en la esfera internacional han ido avanzando en el reconocimiento de la importancia de los derechos culturales como elemento inalienable de los derechos humanos, así como un análisis del debate superado entre universalismo y relativismo cultural que supuso un lastre para el desarrollo de los derechos culturales especialmente en la última década del siglo XX, se plasman algunos conceptos interesantes para avanzar en el cambio de modelo:

  • Servicios culturales mínimos.

“Aquellas prestaciones que el Estado y la Administración Pública garantiza a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades culturales y nutrir la oferta en la vida cultural de la ciudadanía”

Por ejemplo:

¿Qué entenderíamos por servicios culturales mínimos en cada territorio?, ¿cuál sería su contenido?, ¿cómo garantizaríamos su cumplimiento y financiación?, ¿cómo protegeríamos la autonomía creadora?, ¿tendría que realizarse una adaptación competencial en materia cultural hacia el ámbito municipal para afianzar estos servicios?, ¿cómo podríamos asegurar su independencia respecto a las grandes plataformas mediáticas?, ¿cómo podrían identificarse estos servicios culturales mínimos de forma participativa?, ¿qué condiciones laborales tendrían que garantizarse para su cumplimiento?

 

 

  • Derecho a participar en la vida cultural:

Conscientes de la potencialidad que alberga para las políticas culturales el Protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 2015, ratificado por España, se profundiza en las líneas de desarrollo que nacen a raíz de la pregunta ¿en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Si desde las políticas culturales en España hablásemos en términos de vida cultural en lugar de “cultura”, entendiendo ésta como “representación de la expresión de un grupo social, comunidad o sociedad que transcurre entre la tradición y la memoria colectiva con la actualidad y contemporaneidad de un momento determinado y en un contexto dado” ¿qué cambiaría en nuestra mirada?, ¿qué importancia y responsabilidad conjunta surgiría respecto al tipo de imaginarios que impulsamos (por ejemplo, el impacto de los imaginarios militarizados que hemos vivido durante la pandemia)?, ¿qué nuevas interlocuciones habría que tener en cuenta desde los espacios de toma de decisiones?, ¿qué diálogo con otras políticas –urbanísticas, de movilidad…- habría de articularse para fortalecer la vida cultural?

 

  • Derechos culturales para las personas:

¿Por qué los derechos culturales son tan poco conocidos o reclamados? En este cambio de enfoque, esta visión de derechos se hace central para romper con la inercia que considera la política cultural como una política graciable y discrecional que siempre pasa a un segundo plano cuando hay “cosas más urgentes que atender”. Martinell y Barreiro nos recuerdan que desde la perspectiva de derechos humanos las “culturas” no tienen derechos, sino que son las personas las que tienen el derecho a la vida cultural que libremente escojan. También, desde el enfoque de derechos humanos se hace central la mirada garantista hacia los grupos más vulnerables. ¿Qué políticas culturales se articularían en nuestro país si en el foco de atención, desde los objetos hacia las personas, apareciesen de pronto la infancia, las personas mayores, con diversidad funcional, minorías, migrantes, ámbito rural, personas que viven en la pobreza? ¿Qué periferias se harían centro y cómo se resignificarían prácticas y espacios?

 

  • Seguridad cultural:

Como se define en el informe “la seguridad cultural, como principio en las políticas culturales, implica que el Estado de derecho garantiza el ejercicio de la libertad cultural de los individuos o colectivos, pero también incluye la protección de la creación y de las prácticas culturales en el respeto a los derechos fundamentales”. Si como ecosistema cultural exigiésemos la garantía de la seguridad cultural en España, ¿qué medidas frente a la censura, protección de la diversidad de las expresiones culturales, protección ante el abuso de poder y corporativo, protección de la expresión cultural de colectivos y comunidades vulnerabilizados formarían parte de los ejes troncales de la política cultural pública en nuestro país?

 

 

Junto al cambio de mirada ya presente en estos conceptos, el apartado de conclusiones del informe se convierte en una guía muy práctica de actuación con propuestas muy concretas, especialmente su llamada a movimientos sociales y sociedad civil, no sólo para crear un estado de opinión diferente, sino para elaborar las reivindicaciones culturales en base a derechos, por ejemplo con la elaboración y participación en los informes sombra respecto a las obligaciones contraídas por España en materia de protección de derechos culturales, que podrían ser elevados a organismos internacionales para la defensa de los creadores en España o a través de un mecanismo ad hoc en el Defensor del Pueblo; la búsqueda del compromiso de los organismos territoriales en la formación técnica desde este nuevo paradigma que aborda la articulación local-internacional; el avance hacia una nueva distribución de las competencias culturales en los distintos niveles (reflexionamos sobre este punto también aquí); la contextualización de las respuestas, evitando cualquier tentación de centralismo y sobretodo la incorporación de la perspectiva de futuro en el diseño de las nuevas políticas culturales en base a la sostenibilidad, el impacto sobre el cambio climático y el respeto a los derechos de las futuras generaciones.

Permaneciendo en los retos que este cambio de paradigma en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos abre para todas nosotras, me quedo con una pregunta de futuro recogida en el texto para seguir pensando, especialmente tras la resaca colectiva de esta pandemia: ¿qué sería realmente el Interés General y el Bien Común para TODO el sector cultural en España?

Libro de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos»

Ha sido un auténtico privilegio (GRACIAS) participar y formar parte de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos» sobre iniciativas de solidaridad durante la pandemia de la COVID-19 impulsada por CEIPAZ, DEMOSPAZ, Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, WILPF España y Fundación Cultura de Paz.

Junto a los textos recogidos en la web de la campaña (puedes leer Cultura para una pandemia aquí), ahora se publica en formato libro prologado por Federico Mayor Zaragoza, recopilando así tanto el Manifiesto como los más de 40 artículos y 50 carteles que se han elaborado colaborativamente para construir mirada que ponga en valor lo que construye, enlaza y protege la vida, ¡también desde las políticas culturales!

Si quieres disfrutar del libro, puedes descargarlo aquí.

Y si quieres conocer el Manifiesto, aquí está. ¡Que sigáis bien!

 

Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy.

 

“No le dio nunca la espalda al lenguaje, ni a la política, ni a la esperanza”

Judith Butler definiendo a Julio Cortázar

 

Me refugiaba estos días, teléfono apagado, zooms lejos, en la lectura del último libro de Judith Butler, Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy. Como quien se descalza para escuchar, agradeceré por siempre que la lectura de estas cinco conferencias, con aroma y presencia tan latinoamericano, me hayan acompañado en esta semana de confinamiento.

Recogiendo, por el formato comunicativo que da pie al libro, pensado para exposición pública, algunos de los temas recurrentes presentes en su obra en los últimos años, quiero detenerme en los puntos que me han resultado inspiradores e instigadores de mayor reflexión conjunta, por si crea entre quienes nos asomemos por aquí, conversación.

En la primera de las conferencias del libro, centrada en la definición del Discurso valiente y la resistencia, se entra a analizar cómo se construye, más allá de la valentía del discurso disidente individual, asambleas políticas capaces de parresía. Como plantea explícitamente “¿es posible replantearse la valentía y el discurso fuera del marco del individualismo?” Analizando si, colectivamente, le damos valor a la valentía y cómo se articula esta voz disruptiva que se atreve a decir el Emperador va desnudo, se plantea también el peso que juega el miedo y su superación en la propia definición de esta palabra valiente (“sólo quienes están bajo el poder de otros pueden embarcarse en la parresía”). Definiendo el poder de esta palabra dentro de los marcos de lo que se pone en juego en una vida concreta ante el mero hecho de denunciar un abuso de poder, se nos plantea si podríamos pasar de “nuestra noción del coraje como virtud moral (propia del individuo) a una función y un efecto acumulativo del acto solidario”. Así, las asambleas radicales democráticas y valientes tendrían algunos elementos en común: se caracterizarían por la horizontalidad y en ellas existirían procedimientos informales que buscasen alcanzar ideales de igualdad, inclusividad y antiautoritarismo, conscientes de que es la necesidad de los otros, la simple realidad de la interdependencia, la que nos permite reconocer una de las condiciones básicas para la existencia de la democracia. Me guardo para la sonrisa personal la ironía de su definición “cuando los colectivos se organizan en asambleas, no siempre las personas se aman unas a otras”.

 

 

Aparece en este punto un concepto que invita a ser explorado con mayor profundidad, lo que Judith Butler define como “formas institucionalizadas de abandono”. En nuestras sociedades, ¿qué formas identificamos bajo esta noción? Las imágenes de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, las fotos de los menús entregados a los niños y niñas de familias con rentas mínimas durante la pandemia me asaltaron, sin duda, bajo este epígrafe. ¿Cómo se deconstruye la arquitectura del abandono institucional?

 

En las siguientes conferencias recogidas en el libro, se vuelve a ahondar en el derecho a la igual llorabilidad de las vidas como condición sine qua non para la profundización de nuestras democracias, así como en la urgencia de hacer explícito el debate sobre qué vidas se consideran llorables en nuestro mundo público:

 

“Las poblaciones se dividen a menudo, demasiado a menudo, entre aquellos cuyas vidas son dignas de protegerse a cualquier precio y aquellos cuyas vidas se consideran prescindibles. Dependiendo del género, de la raza y de la posición económica que ostentemos en la sociedad, podemos sentir si somos más o menos llorables a ojos de los demás.”

 

No solo en el marco de vida/muerte, me hacía pensar también en la distribución desigual de la posibilidad del riesgo de contagio que hemos visto estos días, sobre qué poblaciones se ha minimizado la importancia del mismo (repartidores precarios, temporeros, personal de limpieza y usos múltiples en hospitales…) para ampliar esta llorabilidad más allá del caso último de la muerte: ¿qué dolores no nos duelen?, ¿qué peso sobre los cuerpos ajenos, tan delicados como los propios, nos dan exactamente igual? Como no conviene olvidar “es en lo corporal donde tiene lugar el sufrimiento político”.

Vuelve a la palestra, por tanto, la reflexión sobre la potencialidad de los duelos públicos como actos políticos, desde la reivindicación del derecho a llorar, aunque también con el matiz de la “reivindicación del derecho a llorar públicamente”.

Desde su afirmación de que salvaguardar la vida es una obligación afirmativa, y por tanto debe ir acompañada de una política afirmativa que la sustente, la conquista del derecho a la igualdad en la llorabilidad de todas nuestras vidas es la línea de acción más urgente de nuestro tiempo.

“Aceptar la violencia del mundo como si fuera lo natural equivale a admitir la derrota y abandonar la tarea de reconocer a todas y cada una de las criaturas vivas como seres dotados de potencial y dotados también de un futuro impredecible que debe ser salvaguardado”

 

 

 

También recogen otras conferencias la importancia de la práctica social de la esperanza, la urgencia, una vez más, de recuperar la imaginación política, tan “menospreciada y ridiculizada por quienes alaban la realpolitik”. Entre otras cosas, para ser capaces de articular el ruido, las demandas de quienes quedan fuera de la democracia y cuya expresión es desarbolada, en palabras de Butler, “el ruido de la democracia de afuera” sabiendo que “democracia es el nombre de un conflicto de final abierto que no equivale a su forma parlamentaria”:

 

“…la que reclama una apertura de las instituciones para quienes no han sido reconocidos todavía como capaces de expresarse, como poseedores de voluntad política, como merecedores de representación.”

 

En esta práctica social de la esperanza, en la necesidad social de futuros, jugarán un papel trascendental las humanidades: “¿cómo pueden imaginar el futuro las humanidades?, ¿dedican esfuerzos a imaginar el futuro las humanidades, es así como debería ser?” Se remarca la importancia de construir nuevos imaginarios, especialmente transmutando la memoria de las violencias de Estado que asolaron el siglo XX pero no sólo, que cortocircuiten la normalización de las violencias cotidianas (en medios de comunicación, esfera pública…) tal y como el feminismo pacifista junto a otros movimientos sociales, ha puesto sobre la mesa acerca de la militarización de la respuesta al COVID-19. Bajo el nombre “fascismo securitario”, Judith Butler apunta hacia las nuevas modalidades de autoritarismo que están proliferando en nuestros días y que se apoyan, precisamente, en el clima de normalización de la violencia y que, por tanto, están demandándonos la creación urgente de alternativas.

 

Todavía resonando con el verso de Cecilia Meireles en el que se apoya Butler para cerrar una de sus conferencias “Siento el mundo llorar como en una lengua extranjera”, ojalá conversemos pronto presencialmente alrededor de este libro, creo que nos ayudaría. Sin miedo. Nos abrazaremos.