Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas

(Todas las imágenes hacen referencia a intervenciones de la artista chilena Lotty Rosenfeld, fallecida esta semana. Tengan quienes con su valor nos hacen valientes descanso en paz.)

 

Hace unas semanas se hacía público el informe elaborado por Alfons Martinell y Beatriz Barreiro para la Fundación Alternativas, “Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas”. Si bien la reflexión ya se había iniciado también en su artículo conjunto “Potencialidades de los compromisos internacionales para unas políticas adecuadas: España y los derechos culturales” (sobre el que dialogamos y reflexionamos aquí bajo el título El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos) se apuntan en este nuevo trabajo algunos temas muy relevantes para el necesario cambio de paradigma de la política cultural en España, mucho más tras el azote de la crisis del COVID.

Partiendo del diagnóstico común del actual ecosistema cultural español sobre el agotamiento de los modelos actuales de políticas culturales públicas, tradicionalmente ancladas en el paradigma nacido tras la Segunda Guerra Mundial,  que demandan una transformación profunda que permita, al menos, la sintonía con los marcos internacionales de política cultural y el enriquecedor engarce de estos con la práctica local, surge también la aspiración común para situar los contenidos de las políticas culturales en una agenda más integral de país, región o ciudad.

Transversalidad, amplitud de perspectivas, nuevos marcos, se repiten a lo largo del informe señalando lo que esta crisis, quizá, ha dejado aún más al descubierto: la realidad del ecosistema cultural español no coincide con los contenidos clásicos de las políticas culturales públicas que dejan en la sombra espacios y prácticas “bastardas, mixtas, híbridas, mestizas” fuera de todo canon.

Dejando atrás la definición por sectores culturales se naturaliza la noción de sistema cultural (o ecosistema cultural) entendido como “el conjunto de circunstancias que inciden directa o indirectamente en la vida cultural de una sociedad”, ampliando así nuestro marco de actuación mucho más allá del marco de la democratización cultural heredado del siglo XX.

 

La pregunta central que se nos plantea es:

¿cómo vamos a incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas culturales en España?, ¿cuál será el conjunto de principios o conceptos estratégicos para que este cambio de paradigma tenga lugar?

 

Junto a un repaso pormenorizado de los textos legales que en la esfera internacional han ido avanzando en el reconocimiento de la importancia de los derechos culturales como elemento inalienable de los derechos humanos, así como un análisis del debate superado entre universalismo y relativismo cultural que supuso un lastre para el desarrollo de los derechos culturales especialmente en la última década del siglo XX, se plasman algunos conceptos interesantes para avanzar en el cambio de modelo:

  • Servicios culturales mínimos.

“Aquellas prestaciones que el Estado y la Administración Pública garantiza a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades culturales y nutrir la oferta en la vida cultural de la ciudadanía”

Por ejemplo:

¿Qué entenderíamos por servicios culturales mínimos en cada territorio?, ¿cuál sería su contenido?, ¿cómo garantizaríamos su cumplimiento y financiación?, ¿cómo protegeríamos la autonomía creadora?, ¿tendría que realizarse una adaptación competencial en materia cultural hacia el ámbito municipal para afianzar estos servicios?, ¿cómo podríamos asegurar su independencia respecto a las grandes plataformas mediáticas?, ¿cómo podrían identificarse estos servicios culturales mínimos de forma participativa?, ¿qué condiciones laborales tendrían que garantizarse para su cumplimiento?

 

 

  • Derecho a participar en la vida cultural:

Conscientes de la potencialidad que alberga para las políticas culturales el Protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 2015, ratificado por España, se profundiza en las líneas de desarrollo que nacen a raíz de la pregunta ¿en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Si desde las políticas culturales en España hablásemos en términos de vida cultural en lugar de “cultura”, entendiendo ésta como “representación de la expresión de un grupo social, comunidad o sociedad que transcurre entre la tradición y la memoria colectiva con la actualidad y contemporaneidad de un momento determinado y en un contexto dado” ¿qué cambiaría en nuestra mirada?, ¿qué importancia y responsabilidad conjunta surgiría respecto al tipo de imaginarios que impulsamos (por ejemplo, el impacto de los imaginarios militarizados que hemos vivido durante la pandemia)?, ¿qué nuevas interlocuciones habría que tener en cuenta desde los espacios de toma de decisiones?, ¿qué diálogo con otras políticas –urbanísticas, de movilidad…- habría de articularse para fortalecer la vida cultural?

 

  • Derechos culturales para las personas:

¿Por qué los derechos culturales son tan poco conocidos o reclamados? En este cambio de enfoque, esta visión de derechos se hace central para romper con la inercia que considera la política cultural como una política graciable y discrecional que siempre pasa a un segundo plano cuando hay “cosas más urgentes que atender”. Martinell y Barreiro nos recuerdan que desde la perspectiva de derechos humanos las “culturas” no tienen derechos, sino que son las personas las que tienen el derecho a la vida cultural que libremente escojan. También, desde el enfoque de derechos humanos se hace central la mirada garantista hacia los grupos más vulnerables. ¿Qué políticas culturales se articularían en nuestro país si en el foco de atención, desde los objetos hacia las personas, apareciesen de pronto la infancia, las personas mayores, con diversidad funcional, minorías, migrantes, ámbito rural, personas que viven en la pobreza? ¿Qué periferias se harían centro y cómo se resignificarían prácticas y espacios?

 

  • Seguridad cultural:

Como se define en el informe “la seguridad cultural, como principio en las políticas culturales, implica que el Estado de derecho garantiza el ejercicio de la libertad cultural de los individuos o colectivos, pero también incluye la protección de la creación y de las prácticas culturales en el respeto a los derechos fundamentales”. Si como ecosistema cultural exigiésemos la garantía de la seguridad cultural en España, ¿qué medidas frente a la censura, protección de la diversidad de las expresiones culturales, protección ante el abuso de poder y corporativo, protección de la expresión cultural de colectivos y comunidades vulnerabilizados formarían parte de los ejes troncales de la política cultural pública en nuestro país?

 

 

Junto al cambio de mirada ya presente en estos conceptos, el apartado de conclusiones del informe se convierte en una guía muy práctica de actuación con propuestas muy concretas, especialmente su llamada a movimientos sociales y sociedad civil, no sólo para crear un estado de opinión diferente, sino para elaborar las reivindicaciones culturales en base a derechos, por ejemplo con la elaboración y participación en los informes sombra respecto a las obligaciones contraídas por España en materia de protección de derechos culturales, que podrían ser elevados a organismos internacionales para la defensa de los creadores en España o a través de un mecanismo ad hoc en el Defensor del Pueblo; la búsqueda del compromiso de los organismos territoriales en la formación técnica desde este nuevo paradigma que aborda la articulación local-internacional; el avance hacia una nueva distribución de las competencias culturales en los distintos niveles (reflexionamos sobre este punto también aquí); la contextualización de las respuestas, evitando cualquier tentación de centralismo y sobretodo la incorporación de la perspectiva de futuro en el diseño de las nuevas políticas culturales en base a la sostenibilidad, el impacto sobre el cambio climático y el respeto a los derechos de las futuras generaciones.

Permaneciendo en los retos que este cambio de paradigma en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos abre para todas nosotras, me quedo con una pregunta de futuro recogida en el texto para seguir pensando, especialmente tras la resaca colectiva de esta pandemia: ¿qué sería realmente el Interés General y el Bien Común para TODO el sector cultural en España?

Libro de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos»

Ha sido un auténtico privilegio (GRACIAS) participar y formar parte de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos» sobre iniciativas de solidaridad durante la pandemia de la COVID-19 impulsada por CEIPAZ, DEMOSPAZ, Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, WILPF España y Fundación Cultura de Paz.

Junto a los textos recogidos en la web de la campaña (puedes leer Cultura para una pandemia aquí), ahora se publica en formato libro prologado por Federico Mayor Zaragoza, recopilando así tanto el Manifiesto como los más de 40 artículos y 50 carteles que se han elaborado colaborativamente para construir mirada que ponga en valor lo que construye, enlaza y protege la vida, ¡también desde las políticas culturales!

Si quieres disfrutar del libro, puedes descargarlo aquí.

Y si quieres conocer el Manifiesto, aquí está. ¡Que sigáis bien!

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro (Conversaciones en Confinamiento, Trànsit Projectes)

 

Ha sido un placer poder participar en el ciclo Conversaciones en Confinamiento organizado por Trànsit Projectes alrededor de las oportunidades abiertas para la cultura en el espacio rural.

Junto a Gemma Carbo, directora del Museu de la Vida Rural – Fundació Carulla y presidenta de la Fundació Interarts; Jorge Fernandez León, director de programas de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y Patrono de la Academia de España en Roma & Angel Mestres, director de Trànsit Projectes (con aportaciones de Colectivo Lento) se ha entrelazado la Conversación en Confinamiento V: La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro. Muchas gracias por la invitación, la incitación, la maestría y la palabra.

Por si quieres asomarte a la conversación y las puertas abiertas de la cultura en el medio rural:

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro, Conversaciones en Confinamiento V, Trànsit Projects

Taller para concejalías de cultura La Gobernanza cultural (El Puerto de Santa María, 18 de marzo)

(LA CELEBRACIÓN DEL TALLER, POR MOTIVOS SANITARIOS, SE TRASLADARÁ AL MES DE MAYO, GRACIAS POR EL INTERÉS ¡NOS VEMOS MUY PRONTO, CUÍDENSE!)

 

Tras la vivencia enriquecedora de la Jornada «Cultura y provincia» celebrada el pasado mes de octubre en Vejer de la Frontera y organizada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, es un placer volver a participar, esta vez en un formato taller dirigido a los concejales y concejalas de cultura de toda la provincia de Cádiz, en este espacio de diálogo enriquecedor. Trataré, con todo el amor, de plantear cómo desde nuestras concejalías podemos incorporar el enfoque basado en derechos humanos en nuestras políticas culturales locales y por qué tiene que ser un orgullo para nuestros pueblos hacer bandera de la defensa y promoción de los derechos culturales en España. Si quieres, nos vemos el 18 de marzo, ¡será un placer volver a encontrarnos, Cádiz!

 

Adjunto íntegro el texto informativo elaborado por la Fundación Provincial de Cultura de Cádiz:

Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales

Cádiz

18 y 25 de marzo de 2020

El Madrugador (El Puerto de Santa María)

 

¿Qué es el Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales?

Se trata de un espacio donde los concejales y concejalas de cultura de los municipios de la provincia de Cádiz encontrarán herramientas, estrategias y conocimiento en torno a las políticas culturales públicas, esencialmente aquellas que se dirigen al entorno municipal y local, a su problemática específica. Se hablará de la relación de la cultura con el desarrollo, con los derechos de la ciudadanía así como se conocerán experiencias de éxito en políticas culturales municipales.

La Fundación Provincial de Cultura ha seleccionado un grupo de especialistas y experiencias de primer orden, así como personal propio, para ofrecer a los responsables políticos municipales una oferta de calidad y poder atender sus necesidades esenciales, sobre todo en este primer año de mandato municipal.

La idea central del taller es que los concejales y concejalas encuentren en el mismo todos los materiales que precisen para desarrollar la labor política para la que fueron elegidos. Además de las ponencias se podrán conocer de primera mano dos buenas prácticas de políticas culturales municipales.

 

¿Cómo funcionará el Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales?

Se realizarán dos sesiones de trabajo matinales los días 18 y 24 de marzo en la que se contará con la presencia de los especialistas. A cada asistente se le entregará además un extenso dossier de documentación.

Las sesiones serán dinámicas y muy enfocadas a la práctica política municipal. Se dará una importancia esencial a promover el diálogo y el intercambio de ideas entre ponentes y alumnos y de estos entre sí.

 

 

Programa

Miércoles 18 de marzo:

09,00 Inauguración y presentación general del taller.

09.15 Sesión 1. Las políticas culturales públicas. Luis Ben, Gestor cultural de la Fundación Provincial de Cultura.

10,15 Sesión 2. La Cultura y los derechos de la ciudadanía. Derechos humanos y derechos culturales. Estefanía Rodero Sanz, Socióloga de la cultura.

11,00 Pausa café.

11,30 Sesión 2 (continuación)

12,15 Sesión 3. Cultura y cooperación. Javier Brun, Gestor cultural del Ayuntamiento de Huesca.

13,45  Fin de la primera jornada.

 

Miércoles 25 de marzo:

09,30. Sesión 4. Agendas políticas culturales. Agendas locales. Luis Ben, Gestor cultural de la Fundación Provincial de Cultura.

10,15 Buena práctica. festival de Teatro Alternativo. (Urones de Castroponce, Valladolid)

11,00 Pausa café

11,30 Sesión 6. Cultura y Desarrollo. Alfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco: «Políticas Culturales y Cooperación» de la Universidad de Girona.

12,45 Experiencia. Luciano Martínez Iglesias, Concejal de Cultura de Amorebieta (Vizcaya)

13,30 Clausura.

 

 

Poner el cuerpo: defensores y defensoras de derechos culturales

(Video del pueblo chileno cantando «El derecho de vivir en paz» de Victor Jara)

 

Siguiendo la recomendación del Secretario General de Naciones Unidas  de poner en valor como instrumento clave para el momento internacional que vivimos la Declaración de los defensores de derechos humanos, buscando poner el foco sobre quienes hacen efectivos dichos derechos y ponen el cuerpo frente a interpretaciones abstractas que niegan la realidad de persecución que dichas defensoras están sufriendo en todo el globo, la relatora de derechos culturales ha hecho público el informe “Defensores de los derechos culturales”.

Partiendo de la interdependencia de los derechos humanos, se busca llamar la atención sobre la presión y en muchos casos menor grado de protección que sufren las defensoras y defensores de los derechos culturales en concordancia con los estándares internacionales, especialmente quienes están defendiendo su derecho a tomar parte en la vida cultural, uno de cuyos elementos clave es el acceso al patrimonio cultural y el derecho a la libertad de expresión artística.

Teniendo en cuenta que las defensoras de derechos culturales muchas veces no están siendo reconocidas como defensoras de derechos humanos, el informe articula una definición de quiénes serían estos defensores de derechos culturales.

Llamando la atención sobre el hecho de que los defensores de derechos culturales “se definen por lo que hacen”, pueden ser instituciones, expertos, activistas, gente ordinaria que está poniendo el cuerpo en la defensa de la diversidad cultural y sus expresiones. Se alerta especialmente sobre el riesgo, en esta definición de defensoras de derechos culturales de caer en visiones elitistas a la hora de definir el trabajo cultural y la contribución específica que se realiza en defensa de estos derechos, incidiendo sobre los sesgos que existen para obtener las “credenciales de experto” (ay, la economía de la credibilidad), especialmente para las mujeres excluidas de oportunidades educativas. Al fin y al cabo, esa mujer mayor, campesina o indígena, hablante de una lengua en peligro de extinción comprometida en la supervivencia del mundo que habita en su lenguaje, es una defensora incuestionable de los derechos humanos así como patrimonio de la humanidad que nos une.

En esta dirección, por tanto, defensores de derechos culturales serían aquellos que promueven el entendimiento, protección y desarrollo de los derechos culturales; protegen a individuos o grupos que los promueven (por ejemplo desde la incidencia política, la educación, la investigación…); quienes trabajan para asegurar los derechos de acceso, participación, contribución y disfrute de la vida cultural o quienes protegen los lugares donde ésta se ejerce, especialmente lugares patrimoniales y el espacio público.

Es importante tener en cuenta también que son defensoras de los derechos culturales aquellas personas que usan el arte y la cultura para defender los derechos humanos, quienes trabajan por el fin de la impunidad y reparación de las violaciones de derechos culturales, pero especialmente quienes fortalecen políticas públicas que impulsan la cultura desde un enfoque de derechos humanos o participan en procesos de cambio cultural en sintonía con éstos.

 

 

Pero quizá, lo más importante del informe, dada la emergencia internacional, es la demanda de articulación de mecanismos de protección similares al resto de los defensores de derechos humanos. Se vuelve a hacer hincapié sobre la necesidad de protección de quienes están defendiendo los derechos culturales de las mujeres frente al extremismo y el fundamentalismo religioso, haciendo ver que la igualdad de género es clave para el logro del resto de los derechos humanos. Se enfatiza por tanto en la urgencia de medidas de protección para las personas y organizaciones que desde posiciones feministas en la esfera internacional están contribuyendo al logro de una vida cultural en igualdad.

Me parece más que interesante que se haya utilizado el ejemplo de las campañas de justicia menstrual en Nepal y los procesos de cambio en prácticas dañinas para clarificar el enfoque. La utilización del arte y la cultura, especialmente el teatro,  para construir nuevos marcos de vivencia y conocimiento social  de la menstruación y el ejemplo de la Global South Coalition for Dignified Menstruation me parecen muy claros, aunque tampoco se dejan de lado las prácticas de plena inclusión que están articulando las mujeres en diferentes tradiciones religiosas, especialmente dentro del budismo theravada o la proliferación de mezquitas lideradas por mujeres.

Se vuelve a señalar, junto al llamamiento a ampliar reflexión e implementación de los derechos culturales de las personas con discapacidad, la necesidad de proteger también a quienes, frente al choque con las historias de colonización, dominación y exclusión y su impunidad, defienden el derecho de todas las culturas a tener derechos. Es un marco clave para los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la tierra.

Por tanto se señalan cuatro ejes en los que los defensores de derechos culturales están sometidos a un mayor riesgo (“la falta de atención magnifica los riesgos”):

  • Protección del patrimonio cultural.
  • Defensoras de los derechos culturales de las mujeres.
  • Defensores de la libertad artística.
  • Prácticas y artistas con compromiso social.

Llamando por tanto al conocimiento colectivo y uso de la Declaración de los defensores de derechos humanos e invitando previamente a la memorialización y honra de quienes murieron defendiendo los derechos culturales que ahora disfrutamos, avanzamos hacia la inclusión de esta mirada especializada hacia la cultura en todos los programas de apoyo a defensores de derechos humanos.

Cultura y condiciones laborales de las artistas

(Bailarinas de la Ópera de Paris en huelga, junto a trabajadores ferroviarios y de metro, frente a la reforma de las pensiones de Macron)

 

“Crear y mantener climas propicios a la libertad de expresión artística

y las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este talento creador.”

 

Aprovechando que el próximo gobierno de coalición en España ha contraído un compromiso con el efectivo cumplimiento del Estatuto del Artista en nuestro país, desde el marco de las políticas culturales comparadas enlazo por aquí la reciente publicación de la UNESCO en 2019, Cultura y condiciones laborales de los artistas, enmarcada en una acción internacional de refuerzo para la aplicación de la Recomendación de 1980 relativa a la Condición del Artista.

Me gustaría resaltar algunas de las líneas contenidas en el estudio que podrían ser interesantes para su aplicación en la realidad española.

  • En primer lugar la toma de conciencia de que casi la mitad de las personas que trabajan en las industrias culturales y creativas son mujeres, por lo que cuando hablamos de precariedad en el sector cultural, estamos hablando también de una de las dimensiones de la feminización de la pobreza en España. Pueden ser interesantes las medidas impulsadas en otros países, en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030, para alcanzar un equilibrio 50/50 en los puestos de responsabilidad en las industrias creativas donde la participación de las mujeres, progresivamente, desaparece.

 

  • No sólo bastan los enfoques economicistas, el enfoque basado en derechos humanos va cobrando cada vez más fuerza en el campo de las políticas culturales, habida cuenta de la correlación entre la degradación democrática de nuestras sociedades y la presión creciente sobre las y los artistas, especialmente en la protección de la libertad artística  y de la diversidad de expresiones culturales. Es también desde un enfoque de derechos humanos que se subraya “el factor que más limita la libertad artística son los ingresos bajos y fluctuantes de los artistas” y que se están dando marcos de colaboración cada vez más consolidados con la Organización Internacional del Trabajo (por ejemplo, a través del estudio conjunto Challenges and opportunities for decent work in the culture and media sector)

 

  • La financiación del sector público es esencial para dar cabida a la diversidad de expresiones culturales. O en palabras de la ex relatora de derechos culturales Farida Shaheed, estamos asistiendo a una nueva modalidad de censura, la censura de mercado, que hay que contrarrestar para proteger la diversidad creativa y la autonomía artística. El acceso equitativo a la creación, la apertura y equilibrio en la circulación de bienes y servicios culturales a nivel mundial o la libre circulación de artistas y profesionales de la cultura en tiempos cada vez más restrictivos con la movilidad humana siguen siendo cuestiones pendientes, señalando la regresión internacional que desde 1980 hasta la fecha se ha dado en materia de movilidad artística, especialmente para las artistas del Sur global.

 

  • Junto a la denuncia recurrente de las situaciones de intermitencia y trabajo no remunerado y la defensa de derechos análogos a los de cualquier otro grupo socioprofesional, me resultan muy interesantes las líneas planteadas para afrontar las dificultades de transición artística y sus programas públicos de apoyo especialmente para aquellas carreras artísticas limitadas en el tiempo (circo, bailarines, etc. mayoritariamente por exigencias físicas), que encuentran una enorme dificultad no sólo financiera, para su reingreso al mercado laboral posterior. El ejemplo de la organización IOTPD me parece importante, más allá del siempre fundamental apoyo a la sindicación artística.

 

 

  • Aunque más trabajado en España desde los movimientos sociales que desde la política cultural pública, que pusieron su foco de atención sobre los efectos de los tratados de libre comercio sobre la creación artística, el área, para mí, más relevante del informe es la que incide precisamente sobre uno de los ejes de aquellas movilizaciones: el impacto para los artistas de un entorno digital copado por el Fenómeno FANG. Es el nombre que la investigadora Julianne Schultz ha dado al control de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google sobre nuestro día a día digital. Como señala es importante no bajar los brazos ante el trasvase de riqueza desde el sector cultural donde se crea el sentido, hacia el sector tecnológico que lo comercializa y distribuye en manos de la minoría del Norte global ya descrita.

 

  • Serán importantes también, para la protección de la disponibilidad y diversidad de contenidos culturales en España, dado el protagonismo cada vez mayor de las plataformas en línea, medidas de apoyo a los contenidos europeos y españoles en los catálogos de dichas plataformas, o líneas ya activas en Europa (Alemania, Francia) de gravamen a los ingresos de las todopoderosas plataformas en línea estadounidenses para apoyar la producción cultural nacional (pagar impuestos también cuenta).

 

  • Y de nuevo, el centro de todas las batallas: los algoritmos de los motores de búsqueda como uno de los problemas clave para las políticas públicas culturales, dado el peso que ejercen sobre la efectiva protección de la diversidad de las expresiones culturales, su tendencia a la polarización y la invisibilización creativa, a pesar de ya estar presente en espacios digitales. La “socialización de los algoritmos” como una medida central para la protección de los derechos culturales, de la que ya hemos hablado alguna vez vuelve a ponerse sobre la mesa.

Alerta Expolio (El Correo Vasco, diciembre 2019)

(Artículo escrito para El Correo Vasco, diciembre 2019)

Hace unos días, el periodista cultural Peio H.Riaño volvía a poner el foco de atención sobre una de las áreas de sombra más importantes que ha de afrontar con urgencia la política cultural española: el expolio silencioso de obras de arte religioso, el patrimonio vinculado a la Iglesia en España que continúa sin inventariar, el nutrido mercado negro de arte sacro que vampiriza nuestro derecho al patrimonio, especialmente en la España Vaciada. Si bien esta vez se trataba de la escultura granadina de Santa Margarita de Cortona de José de Mora puesta a la venta en una subasta en Nueva York, cambian los nombres de los conventos que ponen en venta las obras, cambia el tipo de bienes culturales con los que se mercadea, pero permanecen los trucos, los nadie sabía nada, la inacción, las triquiñuelas.

Junto al saqueo de arte sacro que sufren especialmente las pequeñas iglesias y ermitas de los pueblos, más vinculado a la venta en el mercado negro a particulares, se están normalizando procesos de venta y desarticulación de complejos patrimoniales religiosos de mayor calado. Los bancos y retablos del convento granadino de Las Clarisas que aparecieron por arte de magia en El Rastro de Madrid, el desmontaje de obras y traslado del convento de Mula en Murcia, los chistes maliciosos sobre los tráiler de arte religioso que salían de Burgos a Centroeuropa cada semana son sólo una pequeña muestra de una realidad que viene exigiendo una actuación pública de nuestra política cultural de mayor firmeza.

Este expolio silencioso y por goteo es uno de los síntomas evidentes de lo que las expertas en patrimonio ya han bautizado como la tercera desamortización, la progresiva desaparición y privatización del patrimonio cultural material e inmaterial atesorado en conventos, monasterios, edificios religiosos presentes en todo el país que, ante la ausencia de vocaciones, van cerrando progresiva y silenciosamente sin que hayan sido nunca inventariados, controlados, reconocidos por ninguna autoridad pública. Al fin y al cabo, seguimos esperando desde 1987 que el inventario de bienes culturales de la Iglesia sea definitivamente realidad o al menos que se exija una fecha límite para que dicho inventario sea algo más que un brindis al sol que a nadie interesa.

Como han repetido numerosas veces tanto Jaime Nuño, director del centro de estudios del románico de la Fundación Santa María la Real o el escultor y dibujante experto en arquitectura Miguel Sobrino gracias a la investigación que llevó a cabo para la redacción de su obra “Monasterios” y que compartió en el encuentro de urgencia El patrimonio cultural: problemas, soluciones y expectativas organizado por Peridis el pasado verano,  sobre esta desaparición y venta progresiva del patrimonio religioso español planean arzobispados que no pueden intervenir sobre edificios de diferentes órdenes, gestionadas como marcas propias, fuertes sentimientos de propiedad por parte de las órdenes religiosas que conciben lo atesorado siglo a siglo en templos y conventos de clausura como herencia particular de la orden pero sobre todo lo anterior, la tentación de la presión privatizadora, especialmente la hotelera.

 

Si la venta de conventos y monasterios como lotes de piedra a subasta nos parecía una aberración del pasado que no se volvería a repetir nunca en España hasta que la aparición de los primeros anuncios de conventos en venta en los principales portales inmobiliarios de nuestro país nos sacó de la ensoñación, quizá sería importante plantearnos cómo vamos a articular movimientos de recuperación de todo este legado patrimonial en los que estén presentes tanto la ciudadanía como la Administración Pública.

El riesgo del mercado negro de arte en España va de la mano también de la creciente despoblación del mundo rural español y las provincias más pequeñas y en general de la ausencia de masa crítica que pudiese dar un uso participativo y vivo a estos espacios, tal y como se ha vivido en algunos procesos de recuperación del patrimonio industrial, con los nuevos usos de las fábricas culturales o con iniciativas para los “mientras tanto” como el Espacio ZAWP de Bilbao. No conviene olvidar que están siendo principalmente las asociaciones vecinales las que están dando la voz de alarma en los medios ante la desaparición de los bienes culturales religiosos.

Sería importante también cambiar nuestra percepción social sobre los riesgos que lleva aparejado el mercado negro de arte de cualquier signo, una actividad que se ha beneficiado de cierto halo de misterio y romanticismo, pero que en pleno siglo XXI  es, entre otras, una herramienta básica para el blanqueo de capitales así como una de las fuentes de financiación esenciales del terrorismo internacional, como quedó demostrado con la venta de las “antigüedades de sangre” en el mercado negro europeo, y cuyas piezas arqueológicas de Siria e Irak fueron utilizadas para la financiación del yihadismo.

Al fin y al cabo, como alertó la relatora de derechos culturales Farida Shaheed “considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural”. Pues bien, alerta por expolio en nuestro país, a qué esperamos.

 

Espacio público y derechos culturales

(Todas las imágenes de esta entrada son fotografías del maestro Ricard Terré)

Como viene siendo costumbre recojo por aquí algunas notas con motivo de la presentación del último informe de la relatora de derechos culturales relativo a la reflexión sobre el espacio público y la protección de los derechos culturales. Aunque hace unos meses ya dialogamos sobre algunas zonas de fricción sobre este tema que estamos viviendo en España (en el artículo Catedrales me explayé), dejo por aquí algunos de los puntos más significativos (para mí, obviamente) recogidos en el informe.

En primer lugar me parece subrayable el modo en el que se ha vuelto a clarificar el propósito del mandato de la relatoría de derechos culturales, reforzando “el enfoque más holístico basado en los derechos humanos para la formulación de políticas culturales”. Así, en este último informe se nos vuelve a invitar a cambiar el enfoque desde el que nos acercamos a la política cultural:

“El propósito del mandato no es proteger la cultura en sí, sino más bien las condiciones que permiten que todas las personas puedan tener acceso y contribuir a la vida cultural, y participar en ella, sin discriminación y en un marco de evolución constante.”

Se hace valer así una vez más la interrelación de los derechos culturales en el seno de los derechos humanos, haciendo valer el papel que su respeto tiene para contribuir a la creación de espacios públicos “vibrantes, significativos y accesibles”.

Ante la ola privatizadora del espacio público de la que ya hemos venido dando cuenta, así como los nuevos cercamientos culturales, especialmente visibles en el ámbito del patrimonio en España, el análisis sobre el respeto de los derechos culturales en el espacio público incorpora por primera vez, basándose en la definición que da la UNESCO, los espacios virtuales.

 

 

Así, dialogando también con el trabajo realizado por el relator del derecho de asociación de Naciones Unidas, que hace hincapié en el espíritu de servicio público que implican dichos espacios y que han de estar definidos precisamente por representar la esfera pública, por el debate y la controversia libremente ejercidos, se pone el foco sobre diversas áreas de fricción entre la protección de la cultura y el espacio público:

–          En primer lugar, y teniendo como horizonte la construcción del espacio público como espacio de justicia social, se hace hincapié en la necesidad de incorporar el diseño universal en toda la planificación de las infraestructuras culturales. No ya como una “especialización” sino como un cambio de paradigma que ha de transversalizarse en todas nuestras políticas.

–          Por supuesto, se da la señal de alarma sobre las consecuencias de la rápida urbanización y el progresivo desmantelamiento de espacios públicos inclusivos. Me resulta interesante el modo en el que se coaliga la corrupción en obras públicas con el impacto sobre la desprotección de los derechos culturales.

–          Fundamental la mirada hacia el mundo rural que recoge el informe, no sólo en su defensa del acceso al agua y la tierra en condiciones de igualdad como elementos sine qua non para la protección de los derechos culturales en la esfera internacional, sino por la férrea defensa de la lucha por preservar los espacios culturales en las zonas rurales. No ya tanto “intervenciones estelares” (puntuales) en el medio rural, sino equipamientos básicos que van siendo progresivamente abandonados ante la inacción política: bibliotecas rurales, teatros comarcales, cines de pueblo y un largo etcétera del que tanto podríamos hablar. Me parece fundamental la defensa que se hace en el informe de las bibliotecas itinerantes o de aldea.

–          Respecto a los espacios virtuales, junto a sus potencialidades, se señala la necesidad de medir su impacto sobre el posible desmantelamiento de los espacios reales de vinculación, especialmente teniendo en cuenta la progresiva degradación de los espacios tradicionales de encuentro, cada vez más mercantilizados (“mercantilización de la sociabilidad urbana”) y de acceso más restringido a nivel económico dado que “desde la perspectiva de los derechos culturales, o la dimensión cultural, los espacios públicos responden a la necesidad de encontrarse con los demás y transmiten importantes significados sociales y culturales”.

 

 

–          Se señala repetidamente la necesidad de reflexionar sobre cómo construir un espacio público acogedor para todas las personas. ¿Qué implicaría en el diseño de nuestras políticas culturales públicas poner en el centro el carácter acogedor del espacio público? ¿Cómo se reflejaría? Desde el uso de la diversidad de lenguas en la vida pública, hasta la adaptación del espacio a la diversidad real de nuestras sociedades (hay infancia, hay juventud, hay hombres y mujeres mayores, personas con diversos modos de movilidad, gente que pasea mascotas…) Se hace hincapié por tanto en el hecho por el cual, si realmente queremos hablar de seguridad en los espacios públicos: “las iniciativas culturales pueden ayudar a diseñar espacios inclusivos y promover los derechos humanos”.

–          Como no podía ser de otra manera, se enfatiza el papel que la presencia de las artes en los espacios públicos puede jugar para la construcción de comunidad y el sentido de pertenencia

–          Se dedica un apartado fundamental al riesgo que entraña la dependencia excesiva del patrocinio privado y la necesidad de garantizar el derecho a los espacios públicos y su sostenibilidad, como ya hablamos ante la creciente privatización de las Catedrales en España. En el binomio “patrimonio y turismo” se nos alerta de dos ejes ya repetidos: la exclusión de personas de determinados entornos patrimoniales por romper la imagen de marca del lugar (conflicto de expulsión de comunidades largamente repetido en espacios declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) así como la creciente teatralización de los espacios públicos. Curioso, en el país que privatizó el topónimo de la estación de metro Sol por “Vodafone Sol”, leer la advertencia que se recoge en este informe:

“No deberían tomarse decisiones sobre lo que se pretende construir, exhibir o cambiar en los espacios públicos ni sobre los motivos para ello, incluidos los cambios de topónimos, sin consultar debidamente a todas las partes interesadas y, en especial, a los grupos minoritarios.”

Se sigue avanzando, por tanto, en la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos a nuestra política cultural pública, reforzando la necesidad de proteger el espacio público frente a las tendencias privatizadoras, no sólo como “el espacio de todas las personas” sino como condición fundamental para la protección de los derechos humanos.

Etnografía de la invisibilidad

 

Hace unos días, en la presentación organizada por la Fundación Gabeiras del Informe “Patrimonio inmaterial y desigualdad de género: una perspectiva antropológica y jurídica de los conflictos sociales en torno a las tradiciones festivas en España” del que ha sido responsable la antropóloga Lidia Montesinos, se suscitó una reflexión interesante que me gustaría recoger aquí.

En el Informe, – que ha recogido y analizado aquellos casos de conflicto relacionados con la desigualdad de género en los rituales festivos en España, especialmente aquellos que han tenido efectos jurídicos o cuya dimensión ha terminado articulándose en procesos de incidencia política-, se vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de entender el patrimonio como espacio político, de discusión, confrontración y diálogo. Aportando luz sobre la dimensión de la violencia simbólica e invisible que reside aún en determinadas prácticas del patrimonio inmaterial y las fórmulas reiterativas de las que se sirve la exclusión (el desprecio, la ridiculización y el ostracismo social de determinadas personas o colectivos), se incide no sólo sobre la necesidad de articular un decálogo de buenas prácticas para la comunicación en este tipo de conflictos, sino sobre la urgencia de seguir transformando los imaginarios y conceptualizar el patrimonio como lo que es, algo vivo y en transformación permanente.

El título de esta entrada, no obstante, es un robo descarado de la intervención que el antropólogo Honorio Velasco realizó a raíz del Informe y que trazó un horizonte de preguntas para la acción que no quiero dejar caer en saco roto.

 

 

Ante la pregunta, ¿qué hace exactamente el patrimonio cultural inmaterial en nuestra sociedad actual y qué podemos hacer para ponerlo al servicio de la paz y la convivencia?  se identificó la urgencia de realizar una “etnografía de la invisibilidad” en base a cuatro hitos:

1.- En el marco del derecho a participar en la vida cultural, aunque especialmente en relación a la protección y actualización del patrimonio, ¿quiénes están ausentes del reconocimiento?, ¿quiénes quedan fuera del foco de luz de quienes son reconocidos como “agentes de cultura”? En una frase del propio Honorio Velasco, “¿a quiénes lo que hacen no les luce?”

2.- ¿Del trabajo y el esfuerzo invisible de quiénes nos estamos beneficiando y apropiando?, ¿a quién y a quiénes se está arrinconando entendiendo su dar y su participación como “un servicio desinteresado y a favor del bien común” que no necesita ser agradecido, precisamente por los procesos de naturalización que permiten dicha apropiación? ¿Quiénes están tomando lo que no les pertenece?

3.- Procesos de subordinación estricta y resquicios legales: en la presentación del Informe, por ejemplo, Lidia Montesinos recalcó cómo en muchos de los casos de conflicto analizados se estaba repitiendo una “perversión”: para huir de la obligación del respeto a la igualdad de género en algunas manifestaciones festivas se están repitiendo procesos de privatización de las estructuras organizativas de dichos actos, para sortear las obligaciones legales a las que estaría sometida la organización pública.

4.- Análisis de la deformación y las distorsiones: personas y colectivos que cuando aparecen no tienen control alguno sobre su imagen, no es la suya, su voz y palabra pública se ve distorsionada, su discurso cuarteado, su planteamiento  y reivindicaciones ridiculizados o reducidos. ¿Quiénes, en nuestras políticas culturales actuales, aunque especialmente de patrimonio están siendo excluidos o excluidas a través de este mecanismo?

En la intervención del profesor Honorio Velasco se planteó también una “agenda de reivindicación para la compensación” basada en:

  • La dignificación como paso previo de cualquier proceso compensatorio: reconocimiento de todo lo que ya se ha hecho, lo ya aportado, lo ya trabajado y construido.
  • Hacer emerger, para comprender en su totalidad el hecho festivo (aunque aplicable para cualquier manifestación cultural) lo fundamental de los trabajos ocultos, la centralidad para la ESTRUCTURA del acto festivo de todo aquello que ha sufrido luz de gas.
  • Centralizar en el discurso la mirada sobre la “transmisión a las generaciones venideras”. Si este es el sentido profundo por el que el patrimonio inmaterial es algo vivo y en permanente evolución, ¿quiénes han mantenido viva dicha transmisión?, ¿a quiénes se les debe gratitud por la protección de los legados?
  • Son las personas, no las cosas: en todas las políticas culturales, aunque especialmente en las vinculadas al patrimonio, se corre el riesgo de borrar a los sujetos, objetualizando la cultura. ¿Quién hace?, ¿quién crea?, ¿quién participa?, ¿quiénes?
  • Señalar también el peso de las apropiaciones culturales de los Estados, por ejemplo y de un modo sangrante, ante la apropiación del patrimonio de los “pueblos sin Estado”, los pueblos indígenas.

 

Recojo por aquí estas cuestiones abiertas, añadiendo una última pregunta personal: ¿qué efectos podría tener, como contrapeso a la desigualdad en el derecho a participar en la vida cultural, movernos a nivel político desde un paradigma de derechos culturales centrado en las personas?

Las mentiras que nos unen: repensar la identidad

 

«El conjunto entero de la humanidad

no es un horizonte exageradamente amplio.»

Kwame Anthony Appiah

 

Leía los días pasados el último libro de Kwame Anthony Appiah “Las mentiras que nos unen: repensar la identidad” en el que, a través de una sugerente selección de personajes y relatos históricos, anécdotas personales y teoría social, se ha detenido con enorme ironía a analizar la pervivencia de cinco de los grandes constructos identitarios que marcaron a sangre y fuego el siglo XX: creencias, país, color, clase y cultura.

Frente a la tentación actual de volver a definir dichas identidades como formas de confinamiento esencialista, Appiah hace un alegato de la potencialidad política de la interseccionalidad:

“Las identidades sociales vinculan la escala relativamente pequeña en la que desarrollamos nuestras vidas, junto con la gente cercana a nosotros, con unos movimientos, unas causas y unos intereses de mayor alcance. Las identidades hacen inteligible, vivo y urgente un mundo más extenso. Pueden expandir nuestros horizontes hasta comunidades más amplias que aquellas que habitamos. Y nuestras vidas también deben tener sentido en la mayor de todas las escalas (…) Al medir el alcance de nuestros intereses y nuestra compasión, el conjunto entero de la humanidad no es un horizonte exageradamente amplio.”

Quizá la aportación más interesante del libro, al menos para mí, ha sido el modo en el que ha reinterpretado el habitus y la hexis corporal  de las que hablaba Bourdieu (el peso que las identidades tienen sobre el modo en el que usamos nuestros cuerpos) respecto a cada una de las grandes identidades, aunque sea en su modo de abordar la pervivencia de la clase social donde este análisis sea más interesante.

Centrándose en el hecho de que “las identidades determinan las reacciones que otras personas muestran frente a nosotros y el modo en que pensamos en nuestra propia vida” a la hora de analizar la identidad de clase Appiah se detiene de un modo sugerente sobre las constelaciones emocionales que contribuyen a la definición de una clase social, articuladas fundamentalmente a través de los mecanismos de honor y vergüenza, así como al aprendizaje del autodesprecio como herramienta de opresión. En su muy irónico análisis de las muestras de condescendencia de clase nos invita a indagar en una línea de reflexión y acción interesante, sobre la que las políticas culturales pueden incidir de un modo directo: ¿cómo se construye el derecho al respeto en nuestras sociedades? Si “los sistemas de honor implican la adscripción social del derecho al respeto”, ¿cuánta consciencia y responsabilidad estamos desplegando en la construcción de las muestras de honor desde nuestras políticas públicas, especialmente las culturales?

Interesante también su invitación a la articulación de una conciencia transgeneracional, especialmente patente en su análisis del peso de las creencias

“Debemos reconocer que algún día nosotros también seremos antepasados. No sólo seguimos las tradiciones; las creamos.”

Y en su acercamiento respecto a la construcción del “pueblo” previo a las identidades nacionales:

“Un pueblo es un grupo de seres humanos unidos por un pasado y unos antepasados comunes, reales o imaginados.”

“Una nación es un grupo de personas que no solo consideran que tienen una ascendencia común, sino que además dan importancia a ese hecho (…) pero ¿cómo se elige entre los muchos grupos de ascendencia común a los que uno pertenece?”

En la disputa por los antepasados sobre los que una sociedad determinada elige entroncar, sostenida fundamentalmente por los antepasados a los que decide excluir, Kwame Anthony Appiah sitúa una de las áreas de fricción claves para el presente, abriéndonos a la realidad de que, un mínimo análisis comparado de los relatos nacionales suele devolvernos humorísticamente una imagen en la que

“todos estos relatos dibujan elogiosamente a sus respectivos pueblos como una pandilla bastante genial, un endogrupo al que merecía la pena pertenecer”.

El hecho de avanzar desde nociones de pertenencia a “pandillas bastante geniales” hacia un sentido de pertenencia cada vez más amplio está en el centro del afán de Appiah por mantener la potencialidad política de las identidades como significados permanentemente abiertos y en discusión:

“He defendido que nuestras identidades culturales más amplias tienen el poder de liberarnos solo si reconocemos que debemos construir sus significados juntos y por nosotros mismos”

De modo que siempre quede abierta la posibilidad de reiniciar caminos y horizontes a través de la actualización permanente de la pregunta: ¿quiénes habitan y no en el nosotros?