Equidad y cohesión social desde una perspectiva de derechos culturales (Plan Director Bibliotecas de Barcelona 2021-2030)

 

(Este texto fue creado en el marco deliberativo impulsado por la Red de Bibliotecas de Barcelona de cara a la elaboración de su nuevo Plan Director 2021-2030. Agradezco la invitación, la sabiduría y la confianza de todo el equipo organizador.)

Puedes ver el video de la intervención en el Canal de Youtube de Biblioteques Barcelona

Es para mí un privilegio poder sumarme a esta conversación que dará frutos en direcciones que ni imaginamos. Desde la pregunta marco que encuadra la sesión de hoy, ¿qué papel pueden desempeñar las bibliotecas para reforzar la equidad y la cohesión social?, me surgía inmediatamente una contrapregunta: ¿en qué marcos estamos encuadrando nuestro trabajo, bajo qué prisma y etiquetas estamos definiendo nuestra acción? Sabemos que las palabras son hermosas e importantes y a veces nos ayudan a dirigir nuestra acción en nuevas direcciones. ¿Qué supondría para la Red de Bibliotecas de Barcelona pensarse desde un enfoque de protección y promoción de los derechos culturales? O lo que es lo mismo, ¿qué supondría autodefinirnos y autodefinir nuestro trabajo cultural como una defensa de los derechos humanos? Porque quizá con este sencillo ajuste de enfoque entronquemos con el cambio de paradigma en las políticas culturales que estamos viviendo a nivel internacional.

En estos momentos en los que es urgente desplegar toda nuestra inteligencia en la creación de alternativas que nos permitan reforzar los vínculos y la vivencia de pertenencia desde marcos inclusivos y de respeto a la diversidad, siento también que es importante acompasar las políticas culturales locales como son las políticas bibliotecarias y los planes lectores municipales con los marcos internacionales de acción por un motivo antes que nada estratégico (y de obsesión por encontrar estrategias eficaces estará plagada esta intervención): porque han ido mucho más lejos en el paradigma de una cultura centrada en las personas y en la incorporación del enfoque basado en derechos humanos.

Como sabemos, este enfoque pone a las personas y su dignidad en el centro, busca apoyarse siempre en estándares internacionales de protección de los derechos humanos y especialmente se hace dos preguntas poderosas: en nuestro ámbito de actuación diario, ¿quiénes son los titulares de obligaciones y quiénes son los titulares de derechos? Como instituciones públicas que podemos marcar la diferencia en términos de proximidad en el trato digno, las obligaciones mayoritariamente son nuestras.

El paraguas legal, ¡intencional! a nuestra acción nos lo van a dar, por tanto, las Declaraciones de la Diversidad Cultural y de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO que para eso las ratificamos como Estado, el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que se hace hincapié en el derecho a participar en la vida cultural, por supuesto todos los grandes marcos de aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito bibliotecario, el marco local-global de la Agenda 21 de la cultura o también todo el trabajo desarrollado por las relatoras independientes de derechos culturales de Naciones Unidas, aunque especialmente aquellos centrados en los derechos culturales de las mujeres, en la defensa de los espacios culturales públicos frente a la mercantilización y aquellos en los que amplían la definición de quiénes pueden ser calificados como defensores de los derechos culturales. Todo este marco legal nos dota de mayor legitimidad para cambiar el enfoque de nuestro trabajo, que para mí sólo tiene un objetivo. La cultura y los derechos culturales no son accesorios, no son un lujo, no son un tema secundario. Desproteger los derechos culturales de la ciudadanía es una grave vulneración de los derechos humanos y avanzamos hacia horizontes de justiciabilidad. Tendríamos así un posible horizonte de acción para reivindicar el trabajo de la Red de Bibliotecas de Barcelona como esencial para la profundización democrática y los derechos humanos.

 

 

Pero ¿por qué este cambio de mirada AHORA es tan importante? ¿Es sólo moda terminológica? ¿Por qué este cambio de enfoque resulta decisivo? Sabemos que los derechos culturales con una pieza clave e interdependiente de los derechos humanos, que el derecho a participar en la vida cultural es un derecho inalienable y se repite una y otra vez que los derechos culturales son los derechos de “la pertenencia y la dignidad”. Pero seamos claros: aún se trata de derechos minimizados y desconocidos, y tampoco desde los movimientos sociales en España se han comprendido o reivindicado desde la potencialidad transformadora que encierran.

Y sin embargo, la protección de los derechos culturales apunta a un eje estratégico sin el que nuestras democracias no pueden llamarse democracias: garantizar y promover la equidad de expresión, el hecho de que todas las voces (y por tanto todas las experiencias vitales, todos los dolores y todas las memorias) sean reconocidos socialmente como existentes y por tanto accedan a ser escuchados.

La protección de los derechos culturales va muchísimo más allá del derecho a crear, del derecho de acceso a los espacios culturales, del derecho a renunciar a identidades culturales asfixiantes y a prácticas culturales dañinas, abrazando identidades culturales abiertas, diversas y en diálogo, como digo, la protección de los derechos culturales viene a atajar uno de los ingredientes centrales de cualquier opresión como es el silenciamiento y la injusticia epistémica (la invalidación de ser sujetos capaces de crear “conocimiento que cuenta”). Es decir, actuar como promotores de los derechos culturales nos enfrenta a la necesidad de actuar sobre los sutilísimos mecanismos a través de los cuales vamos construyendo qué conocimientos, voces, experiencias, qué comunidades son reconocidos como existentes y cuáles no.

1.- Empoderamiento, memoria y archivo

Por poner un ejemplo donde esta fuerza de silenciamiento y exclusión de comunidades completas como comunidades dignas de conocimiento se ve con nitidez, ¿aguantarían nuestras secciones de historia local, por ejemplo, una lectura exhaustiva desde el respeto a la diversidad cultural?, ¿nuestras secciones locales hacen emerger la diversidad real de la que procedemos, la diversidad que no hay que crear porque ya es?, ¿o de pronto empezarían a emerger ante nuestra mirada nuestros propios vacíos y exclusiones? Entre otras muchísimas funciones las bibliotecas municipales son artefactos que legitiman desde su función documental y de archivo, precisamente los relatos de qué alcanza el estatus de archivable y qué es descartado como no significativo. Las bibliotecas, como espacios que garantizan el acceso público a la información tienen siempre, aunque no quieran, aunque se obvie, un carácter político en el sentido más amplio del término, ya que ayudan a legitimar socialmente tanto qué es información validada como qué es digno de memoria y archivo. No por casualidad Edward Said y Judith Butler han hecho de la función de archivo un campo de batalla a favor de los derechos humanos, poniendo en el centro la necesidad de cuestionar la falsa neutralidad del hecho de “archivar”, de cara a plantear qué papel transformador podría tener llevar nuestra mirada hacia la memoria y los relatos de las resistencias cotidianas, especialmente locales, qué inciden, arañan, rompen discursos monolíticos y todopoderosos del poder (siempre hay grietas en los muros) y qué podemos inventar para que los dispositivos de archivo no sirvan exclusivamente como legitimadores de relatos de poder, ensayándolos como herramientas de empoderamiento comunitario y resistencia, haciendo de la memoria, como dice Lucina Jiménez, un activo contemporáneo.

 

2.- Leer los vacíos

Desde esta invitación a aprender a mirar y a leer nuestros propios vacíos y huecos que legitiman de alguna manera la exclusión, muchas veces incluso desde un punto de vista pasivo, si nos obligásemos a leer qué personas, comunidades y realidades vitales diversas que nos rodean estamos dejando fuera:

  • ¿Qué dirían nuestras infraestructuras, a quiénes no están escuchando? ¿Qué papel desempeña el diseño universal en nuestras instalaciones?
  • ¿Y el personal que trabaja en nuestras bibliotecas?, ¿hay colectivos infrarrepresentados? ¿Podemos hablar de políticas culturales que apuestan por la diversidad y que sin embargo aún no han incorporado, por ejemplo, cláusulas sociales en la contratación?
  • ¿Los servicios que ofrecemos, nuestras fórmulas de colaboración, los requisitos administrativos para acceder a los servicios bibliotecarios, expulsan a alguien? Esto por ejemplo ha sido un eje de reflexión dentro de la IFLA en el trabajo de las Bibliotecas en su relación con personas sin hogar.
  • El diseño de las colecciones, el proceso de adquisición de ejemplares, las actividades de extensión bibliotecaria, ¿qué están dejando en la sombra?

 

 

3.- Colaboraciones bibliotecarias estratégicas para la promoción de los derechos humanos

Me centro un momento en nuestra estrategia de colaboración con otras entidades, tejido asociativo, etc. ¿Nuestras colaboraciones siguen una política clara que busque incidir sobre la promoción y protección de aquellos derechos humanos más directamente vinculados con el trabajo de las bibliotecas? Por ejemplo, frente al retroceso internacional en materia de libertad de expresión artística, en el que España está a la cabeza de los países del Norte global con el mayor número de condenas de prisión vinculadas al hecho artístico, en este escenario globalizado de palabra amenazada, ¿podemos contribuir o liderar quizá, socialmente la protección de este derecho? ¿Podríamos ensanchar desde esta óptica de una cultura con enfoque de derechos humanos, la colaboración con redes internacionales de defensa de la libertad de expresión (PEN internacional, Artistas en Riesgo, Freemuse…),  sumarnos o impulsar quizá, a través de fórmulas de residencia artística, programas internacionales de acogida de escritores susceptibles de protección internacional? Si nos pensásemos como promotores de derechos humanos y enfocásemos nuestra actividad desde esta óptica, ¿qué acciones podríamos priorizar?

4.- La economía de la credibilidad

Porque es conocido, evidente, medible, el peso que juega el trabajo de las bibliotecas públicas frente a los procesos de exclusión e inequidad, la gran dimensión de su impacto social. Pero es urgente que nos planteemos intervenir también sobre lo que se denomina la «economía de la credibilidad» (este término maravilloso de la maestra feminista Dolores Juliano) porque tiene un peso central para reforzar vivencias de exclusión social y circuitos de pobreza, y la protección de los derechos culturales actúa de forma correctora y directa. Como os decía, tenemos que entrenar nuestra sensibilidad en dos direcciones que se apoyan en el trabajo de la filósofa también feminista Miranda Fricker:

1.- La injusticia epistémica, aquella por la cual no todas las voces, no todas las realidades que se viven en el día a día gozan de la misma credibilidad, la misma capacidad de ser escuchadas y tomadas en serio, con el riesgo que esto entraña a nivel social. Y si no que le pregunten a las personas migrantes y todo su calvario burocrático o  las personas solicitantes de asilo cuando tienen que enfrentarse a trámites administrativos sencillos donde ya empieza el baile de sospecha y recelo alrededor de su documentación. Recomiendo siempre para entender el sufrimiento que conlleva en nuestras sociedades esta configuración de la “economía de la credibilidad” el documental del politólogo y sociólogo José Heredia, “El amor y la ira, cartografía del acoso antigitano” donde se describen con total crudeza el caudal de gestos, expresiones, cotidianas, sencillas que van construyendo la sospecha y la exclusión.

2.- Y otra forma aún más grave de injusticia, la injusticia hermenéutica, el hecho de que toda tu experiencia vital, personal ni siquiera se conciba como existente o real, no sea comprendida ni reconocida como real por tu entorno. Uno de los casos más graves que estamos viviendo en España es la realidad terrible de la trampa burocrática a la que se enfrentan los menores tutelados al cumplir la mayoría de edad, que de puro opresiva ni siquiera alcanza realidad de existencia social y que está tratando de incorporarse a la agenda pública a través de la campaña Un callejón sin salida.

 

 

5.- Marcos de reciprocidad y narrativas en primera persona

Podríamos entonces preguntarnos también a quiénes no hemos preguntado, consultado o interpelado nunca desde marcos de reciprocidad desde nuestra Red de Bibliotecas, por qué no lo hemos hecho y también cómo podemos generar mecanismos directos de escucha, generar espacios y actividades propicios para que emerjan las narrativas en primera persona y acogerlas, para que comunitariamente demos espacio a decirse, a compartirse de un modo seguro desde la diversidad (por ejemplo, siguiendo la estela del proyecto ArtLab de la UNESCO, que invita a diversos artistas a plantear su creación para promover el diálogo intercultural y los derechos humanos).

6.- Las bibliotecas, aliadas de la seguridad humana

Porque también una de las dimensiones importantes sobre las que las bibliotecas inciden sobre la cohesión social tiene que ver con su capacidad de generar espacios de encuentro seguros. No por casualidad, tanto en Colombia como en Centroamérica se han articulado redes de bibliotecas por la paz, incidiendo mucho, frente a modelos de control, vigilancia, sospecha y punitivismo que pesan a plomo también sobre muchos de nuestros usuarios, en el paradigma de seguridad humana. Contribuimos a generar entornos seguros promoviendo la escucha de la diversidad, el buen trasiego e incitando a la voz pública, no sólo a través de la cesión clásica de espacios para la participación ciudadana, sino también a través de la puesta en marcha de procesos deliberativos locales, como este mismo que estamos viviendo.

7.- Políticas culturales emocionales

Al cambiar nuestro enfoque de trabajo incorporando un enfoque basado en los derechos humanos, una cultura centrada en las personas, siguen surgiendo preguntas importantes:

¿Qué papel juegan las políticas culturales emocionales en el acceso democrático al libro y la lectura, en el acceso a la información? Porque cuando hablamos de construir democracias culturales y no nos movemos en una escala humana, desaparece por completo el papel que juega la dimensión emocional en el acceso a la cultura. Si nos obligamos a pensarnos en términos emocionales, de emociones políticas, poniendo a las personas y su dignidad en el centro:

  • ¿Qué entornos de mirada propiciamos? Por activa y por pasiva toda nuestra actividad, programación, colaboración, construye invitaciones de mirada, nos obliga a dirigir la vista hacia determinadas realidades, lecturas, subraya y enfatiza lo que es relevante. Desde nuestro papel como grandes mediadores culturales, ¿qué estamos invitando a mirar y cómo miramos? Cuenta la gran antropóloga de la lectura, Michèle Petit, en su libro magnífico El arte de la lectura en tiempos de crisis en el que recoge múltiples experiencias del uso de la lectura y la escritura en el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social, que aquellas experiencias que tuvieron mayor éxito, generando un mayor sentido de comunidad tenían en común dos cosas: el recibimiento afectivo y la invitación a ser mirados con dignidad, desde la dignidad. ¿La mirada afectiva que construyen nuestras bibliotecas se dirige a toda la ciudadanía por igual, podemos ayudar a resaltar y llevar a la mirada pública la dignidad de determinados colectivos?
  • ¿Todas las personas usuarias enfrentan la misma carga emocional a la hora de acercarse a nuestros espacios? Hago spoiler: no. Entonces, ¿cómo nos adelantamos desde un punto de vista preventivo al peso que tienen las grandes emociones políticas vinculadas a la exclusión: la vergüenza, el miedo al rechazo, las experiencias de abandono institucional o a la sospecha? Como invitación a hacerlo operativo y concreto.
  • ¿Qué es lo que nos hace sentir que formamos parte? Porque es en la vivencia de pertenecer sobre la que se construyen todas las estrategias de prevención del extremismo, especialmente con juventud. Necesitamos pensar colectivamente cómo sabemos y sentimos que formamos parte. Parece sencillo pero no lo es tanto. ¿Cómo sé que formo parte activa de mi biblioteca? ¿Es sólo el carnet, es sólo el volumen de préstamo, qué es?

 

 

8.- Derechos lingüísticos

En este sentir que formamos parte juegan un papel central también los derechos lingüísticos, teniendo en cuenta el peso cada vez mayor de las diásporas en nuestro entorno social, el pensamiento y realidad de las «descendencias culturales», teniendo en cuenta que la diversidad de lenguas a nuestro alrededor cada vez es mayor, que hay mucha gente deseando que sus hijos e hijas no pierdan del todo el contacto con sus lenguas maternas y sobre todo lo demás, siendo conscientes de que la falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos no sólo refuerza la exclusión sino que puede suponer en muchos casos un riesgo vital, como se ha vivenciado durante la pandemia.

9.- Las bibliotecas, espacios públicos para la protección de los derechos humanos

Respecto a sabernos y reconocernos como un espacio público clave para la protección de los derechos humanos:

  • Las bibliotecas se perfilan como uno de los pocos espacios públicos que resisten, a veces con uñas y dientes, al enfoque productivista. Ante la desaparición casi total de los espacios comunitarios que construían en el pasado ejes clave de nuestro sentido de pertenencia: el espacio común de trabajo, cada vez más aislado y encerrado en sí mismo; los espacios vinculados a lo religioso en sus múltiples formas con su ciclo festivo… ¿con qué espacios contamos hoy para hacer cosas en común, para construir algo junto a otros que no esté vinculado al consumo? Que crezcan y se multipliquen los espacios de participación cultural supone también ganar espacios para construir otra escala de valores sociales y otros modos de resignificar el éxito social.
  • Como espacio público totalmente volcado en la profundización democrática, las bibliotecas en este presente convulso y post-pandémico van a desempeñar un papel fundamental contra la infantilización social. Necesitamos con urgencia articular nuevas estrategias de alfabetización mediática y estética, un aluvión de propuestas formativas alrededor de la lectura de imágenes que nos ayuden a sortear los riesgos de manipulación informativa. El papel clásico que han desempeñado las bibliotecas para la alfabetización digital, mediática e informacional se percibe hoy como un auténtico cortafuegos frente a la polarización. No obstante nos va a tocar enfrentar, ante la digitalización de la vida en común, la creciente dependencia pública de las grandes corporaciones digitales que se sitúan fuera del control social y que pueden cortocircuitar de alguna manera la función democratizadora de nuestras bibliotecas.
  • Y de nuevo, como en todas las graves crisis económicas y laborales, las bibliotecas como el auténtico salvavidas de la exclusión digital e informacional vinculadas al ámbito laboral. La emergencia de país que supone dar por hecho que las familias cuentan con los recursos para poder acceder a información, trámites, etc. digitalizados cuando la realidad lo desmiente día a día, no sólo por sesgos de edad, sino por los indicadores de pobreza. Sabiendo que la buena información es un recurso limitado, que las buenas estrategias de búsqueda de información relevante y validada pueden delimitar la frontera entre la inclusión y la exclusión social, la función mediadora de las bibliotecas es de vital importancia.

10.- El papel de las bibliotecas en el ecosistema general del libro: la centralidad de la bibliodiversidad

Por último, si realmente queremos incorporar un enfoque de derechos culturales en el trabajo diario de la Red también sería interesante plantearnos qué papel queremos darnos dentro del ecosistema general del libro desde nuestra apuesta por la bibliodiversidad, siendo conscientes de que el modelo neoliberal y altamente concentrado de la economía del libro supone un freno de hecho a esta bibliodiversidad. No sólo se trata de incorporar voces minorizadas a nuestras colecciones, podríamos ir mucho más allá: en nuestra política de adquisiciones, qué porcentaje tienen las editoriales independientes, qué modelo de partenariados podríamos quizá imaginar entre bibliotecas del Norte y editoriales del Sur o cómo podemos reforzar desde nuestras políticas de compra el papel de las librerías independientes y de proximidad, cómo podemos jugarnos a nosotros mismos como agente corrector de esta mirada neoliberal hacia el libro a favor de la igualdad de oportunidades en su acceso.

 

 

Por todo lo que hemos comentado, podríamos quedarnos con estas tres preguntas:

¿Qué supondría para la Red de bibliotecas de Barcelona pensarse de un modo integral desde una óptica de derechos culturales, como un sector profesional estratégico para la defensa de los derechos humanos en nuestra ciudad?

¿Qué supondría obligarnos a pensar en términos de nuestros propios vacíos y huecos?

¿Y qué supondría repensarnos desde los climas emocionales que suscitamos para construir la pertenencia?

¡Muchas gracias, ha sido un placer participar en esta conversación!

(Madrid-Barcelona vía zoom 17 de marzo de 2021)

Equitat i cohesió social des d´una perspectiva de drets culturals (17 de marzo, Biblioteques de Barcelona)

Es un privilegio poder formar parte del proceso de reflexión que inician las Bibliotecas de Barcelona de cara al impulso de su nuevo Plan Director 2030.

Como explica la organización:

«Las Bibliotecas de Barcelona iniciamos un proceso de reflexión para elaborar el Plan Director para el periodo 2021-2030 desde cuatro aproximaciones que abrazan los diferentes ámbitos de trabajo de las bibliotecas públicas: el impulso de la cultura y la educación, la promoción de la lectura, la cohesión social y la gestión del conocimiento.

En el ciclo que presentamos hemos pedido a una persona especialista en cada ámbito, no necesariamente vinculada directamente con el mundo de las bibliotecas, que nos acompañe en la reflexión y nos proponga interrogantes y la generación de respuestas para enriquecer los objetivos que tienen que guiar las bibliotecas públicas de la ciudad.»

 

Será un placer vernos y escucharnos el día 17 de marzo a las 18:30 horas en el Canal YouTube de Bibliotecas de Barcelona para hablar sobre Equidad y cohesión social desde una perspectiva de derechos culturales:

 

«¿Qué supondría para nuestra Red de Bibliotecas pensar desde un enfoque de protección y promoción de los derechos culturales y pensarnos a nosotras, sus trabajadoras, usuarias, colaboradoras, como defensoras de los derechos humanos? Las bibliotecas, como espacios privilegiados de profundización democrática y espacio público todavía resistente al peso del enfoque productivista, son instituciones clave para la construcción de cohesión social y democracia cultural. Al lado de los principios que rigen la función social de las bibliotecas y la consolidación internacional de la biblioteca multicultural en esta conversación, al lado de la propia definición de los derechos culturales y sus marcos legales, nos plantearemos algunas cuestiones para el debate: ¿qué peso juegan las políticas culturales emocionales en el acceso democrático al libro y la lectura?»

#CulturalDealEU

«Culture is key to peace, mutual understanding and trust, it contributes to democratic, free, and sustainable societies. International relations boost opportunities for inter-connecting cultural communities.»

 

Desde esta habitación propia nos sumamos a la campaña europea #CulturalDealEU que está reivindicando el protagonismo que ha de tener la cultura tanto en las acciones que se implementen para superar la crisis COVID-19 en el seno de la Unión Europea, como en la búsqueda de una nueva identidad común basada en valores que refuerce nuestras democracias ante las amenazas regresivas.

Y nos sumamos especialmente en base al compromiso con:

  • los derechos laborales de los y las trabajadoras de la cultura, en el sentido más amplio y abarcador del término, así como a la responsabilidad de dedicar ¡al menos! un 2% de los Fondos de Recuperación Europeos al sector cultural.
  • el llamamiento al desarrollo de políticas culturales que pongan en el centro el enfoque basado en derechos humanos.
  • la necesidad de poner en diálogo las políticas culturales con las estrategias para afrontar los retos del cambio climático. No hay #GreenNewDeal sin #CulturalDeal.
  • la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de relaciones culturales internacionales europeo basado en los derechos humanos, el diálogo igualitario entre los pueblos, el refuerzo del multilateralismo y la construcción de paz internacional.

Puedes leer el manifiesto completo de la campaña en este enlace.

 

Derechos culturales y paz diversa

(Dedico este texto a mi México del año 2020, por tanto tanto amor.)

 

(Todas las imágenes que iluminan esta entrada son obras del colectivo oaxaqueño de gráfica urbana Lapiztola, @lapiztola_oax y la fotografía es obra de Abhay Bharadwaj)

Si bien cada vez somos más conscientes de la indivisibilidad de cada una de las facetas que conforman los derechos humanos, no es menos cierto que el conocimiento de los derechos culturales, especialmente a nivel popular, es sustancialmente menor y que en las próximas décadas abordaremos, no obstante, el reto de su desarrollo pleno.

Pero, ¿qué papel pueden desempeñar los derechos culturales en la construcción de paz y más concretamente de una paz diversa? Si es evidente que sobre las bases de la injusticia social no pueden construirse paces positivas, ¿qué función cumple la protección y promoción de los derechos culturales como elemento estratégico para la paz?

Aunque el derecho a participar en la vida cultural recogido en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suele considerarse como el horizonte de acción a alcanzar, es importante no minimizar ni parcializar lo que este derecho supone a un nivel profundo. No hacemos referencia exclusivamente al fundamental acceso a la creación artística ni a su central protección, ni hablamos tampoco únicamente del acceso en igualdad de condiciones al legado del conocimiento y experiencia que nos ha precedido. Lo que está en juego cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural es la construcción del “nosotros” social, la construcción de las respuestas legítimas a la pregunta ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestra identidad?, así como la no menos problemática construcción de las preguntas consideradas “legítimas” (qué puede cuestionarse y transformarse y qué no puede hacerlo) que le dan forma a ese “nosotros”.

 

(La fotografía de esta obra de Lapiztola fue realizada por Jose Alberto Canseco, conste)

 

Vemos, por tanto, que junto a otras dimensiones de la exclusión que se refuerzan entre sí, el hecho de no garantizar de modo universal en nuestras sociedades el derecho a participar en la vida cultural supone:

  • Legitimar relatos de exclusión social y construcción de identidades sociales excluyentes, posibles generadoras de violencia.
  • Menoscabar los derechos colectivos de acceso a la memoria y al patrimonio, sesgados por la ausencia y exclusión de voces significativas y perspectivas plurales.
  • Ejercer formas de violencia cultural “por defecto” imponiendo “nosotros sociales” falsamente homogéneos basados en el privilegio de quienes han tenido acceso a los medios y herramientas de construcción de sentido (lenguajes, medios de comunicación, formas legitimadas de expertisse…)

Pero como afirma la filósofa Miranda Fricker existe una dimensión de la injusticia en nuestras sociedades que suele pasar desapercibida y que es un requisito previo para acceder al “derecho a la voz”, al derecho a la participación plena en la construcción de sentido del que habla el derecho a participar en la vida cultural: el hecho de ser personas reconocidas como sujeto de conocimiento.

La verdadera potencialidad transformadora de los derechos culturales residiría aquí: ¿quiénes son inexistentes en nuestro “nosotros”?, ¿a quiénes no se pregunta nunca?, ¿qué experiencias del mundo son consideradas inválidas o impropias?, ¿a quién no se escucha por norma y está excluido de “nuestra identidad”?

El ámbito de la construcción de paz, especialmente en escenarios de post-conflicto y articulación de procesos memoriales, ha sido tradicionalmente un espacio privilegiado para la reflexión común sobre esta forma de injusticia, la injusticia epistémica. Qué testimonios de violencia eran legitimados y cuáles quedaban en sombra, qué colectivos accedían a medidas de reparación económica o simbólica y quienes seguían soportando las consecuencias de la impunidad, qué o quiénes accedían a la monumentalidad memorial o al reconocimiento de duelo de país y quiénes no.

 

 

La obra “Injusticia epistémica” (Herder editorial, 2017, Barcelona) de Miranda Fricker aporta nueva luz sobre la centralidad que juegan las políticas culturales desde una perspectiva de derechos humanos  y construcción de paz para construir sociedades que entiendan la paz diversa, la paz como una polifonía, comprendiendo que sin respeto a la diversidad perpetuamos formas muy arraigadas de violencia.

Así, Miranda Fricker ha puesto el foco sobre dos formas centrales de injusticia, dentro de la esfera de los derechos culturales:

  • La injusticia testimonial que “se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad para aportar conocimiento”.

 

  • La injusticia hermenéutica que “se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad como sujeto de compresión social”, en el acceso al derecho a ser comprendidos.

 

(Esta obra fue realizada por el Colectivo Lapiztola junto al Colectivo 3B de Los Ángeles en denuncia de la separación de los niños y niñas migrantes de sus familias en la frontera con EEUU)

 

Lo que nos está mostrando Miranda Fricker es el hecho de que la protección o desprotección de los derechos culturales en nuestras sociedades contribuyen a configurar lo que ha denominado “economía de la credibilidad”, el sistema por el cual se construye lo relevante, lo existente, lo que se tiene en cuenta. Como afirma “toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento, y por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana.” Es decir, la protección de los derechos culturales es una medida preventiva ante las formas de violencia centradas en la invisibilización y el silenciamiento.

Por tanto, no convendría minimizar la realidad de la marginación hermenéutica en nuestras sociedades como una de las raíces de la violencia, el acceso desigual a las prácticas a través de las cuales generamos significados sociales (como viene señalando desde hace años el filósofo Fernando Broncano, recientemente recogido también en su obra «Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical» y a quien la que escribe debe el conocimiento de la obra de Miranda Fricker, conste). Como sostiene Fricker, “socavar la fiabilidad epistémica es un nutriente importante de la ideología del odio” y se realiza de modo cotidiano a través de fórmulas de apropiación, luz de gas e invisibilización de la autoría de ideas (en nuestras sociedades ¿quiénes se llevan los méritos?), así como del refuerzo de marcos que construyen la pérdida de confianza en la propia opinión y experiencia de las cosas, así como en la pérdida de confianza en las propias capacidades interpretativas e intelectuales.

Se trataría por tanto de construir socialmente entornos que hiciesen posible la valentía intelectual:

  • La capacidad de examinar creencias sostenidas popularmente y generar alternativas, nuevas posibilidades.
  • El refuerzo de la perseverancia ante la oposición grupal.
  • La determinación para hacerse oír frente a la manipulación del silencio.

 

Derechos culturales y paz diversa

 

De modo que es necesario reforzar y llevar al centro de la agenda pública la importancia de la protección de los derechos culturales para la construcción de sociedades de paz diversa en base a tres ejes:

  • Su carácter preventivo: por su refuerzo de la inclusión social y la articulación de identidades sociales plurales y diversas.
  • Su carácter constructor: especialmente en escenarios de post-conflicto y procesos memoriales, desactivando raíces futuras de revancha o “culminación de tareas no resueltas” al incorporar en nuestro reconocimiento de país todos los duelos, todas las vidas que importan.
  • Su carácter profundizador: creando democracias con cimientos más firmes que encuentran en el respeto a todas las dimensiones de la diversidad la respuesta a las derivas extremistas y autoritarias.

Consideremos entonces, a la luz de las aportaciones de la filósofa Miranda Fricker, la protección de los derechos culturales como un camino de futuro para explorar en las próximas décadas la potencialidad de la paz diversa.

 

 

Creación artística, democracia y libertad

 

Al hilo de la reciente presentación de la iniciativa #Artistsxartists de la organización internacional Artists at Risk Connection, que están enlazando a artistas perseguidos de diferentes partes del planeta para, a través de una creación conjunta, poner el foco sobre la persecución que sufre la libertad de creación artística y los derechos humanos de las creadoras y creadores en diferentes partes del globo, así como preparándonos colectivamente para la iniciativa propuesta por la Fundación Gabeiras, que celebrará el próximo mes de noviembre las Jornadas Libertad, arte y cultura. Jornadas sobre censura y libertad de creación, tomaba consciencia de todo lo que la crisis del COVID-19 ha silenciado en los últimos meses.

Entre otras, el deshonroso primer puesto alcanzado por España en número de artistas con penas de prisión recogido en el informe anual que elabora la organización internacional Freemuse para evaluar el estado del respeto a la libertad artística en todo el mundo, que debería haber puesto de nuevo en el centro del debate la normalización de las prácticas de censura a artistas y creadores en España. Partiendo de la reflexión que recoge el informe por la cual el respeto a la libertad artística es siempre un indicador del nivel de salud democrática de un país, conviene detenerse sobre lo que la organización ha bautizado como el auge de una “cultura del silenciamiento artístico” que desde los extremos de la persecución ilegal y las detenciones arbitrarias, pasando por otros modelos de intimidación sustentados en normas religiosas o de moral pública, están impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos como son la libertad creativa y artística. Resulta especialmente alarmante el incremento de ejercicios de censura a través de diferentes redes sociales o los nuevos usos del espacio digital para la persecución de artistas, especialmente combinados con el uso que hacen de los mismos autoridades religiosas o grupos fundamentalistas.

 

 

Partiendo del dato de que de 71 artistas con penas de prisión en 16 países a lo largo del 2019, 14 están en España , es importante comprobar cómo se están repitiendo pautas de silenciamiento artístico en base a idénticas premisas en todo el globo: banalización e instrumentalización de leyes anti-terroristas con fines de silenciamiento artístico; denuncias por incitación al libertinaje o insulto a lo sagrado, así como acusaciones de sedición e incitación a la subversión del poder del Estado. En un análisis de la censura artística global vivida a lo largo del 2018, por ejemplo, no sorprende que el 82% de ella se haya ejercido en base a criterios de “indecencia” seguida de cerca por “herir sentimientos religiosos”.

Hay que señalar que este efecto global de silenciamiento de artistas, se concentra de modo mayoritario sobre la producción artística de las mujeres, el colectivo LGTBI y la creación de las minorías, que enfrentan mayor riesgo de censura, así como daños personales y destrucción de sus obras. Los recientes documentales “Pussy Riot: una plegaria punk”, “Sonita” o “Mali Blues” dan buena cuenta tanto sobre la presión que los nuevos nacionalismos y los fundamentalismos están ejerciendo sobre la libertad de creación y los cuerpos de las mujeres, así como sobre el papel central que puede desempeñar la música, como recordaba hace unos meses la pianista Clara Peya, para celebrar y promover identidades que respondan desde dentro de las propias comunidades a la imposición de visiones dominantes y excluyentes del mundo. No debemos olvidar, por ejemplo, que sólo el año pasado dos actrices fueron asesinadas en Pakistan acusadas de “indecencia”.

 

 

Los actos de censura artística en España, por tanto, no pueden entenderse al margen del  contexto internacional que está asistiendo a un proceso de silenciamiento global de las narrativas de la diferencia, en el que se está denunciando también por primera vez el uso de medidas económicas, directas e indirectas, utilizadas contra artistas o comunidades artísticas.

Es importante alertar también sobre el auge de nuevos modelos de “censura transnacional”, amparados en la influencia de gobiernos más allá de sus fronteras para coartar la libertad de movimiento personal de los artistas o de sus obras e imponer su agenda. La reciente investigación periodística liderada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, “Transnacionales de la Fe”, que ha logrado aglutinar a más de 15 grandes medios de comunicación latinoamericanos, ha puesto de manifiesto, por ejemplo, el papel que ha desempeñado la administración Trump en el patrocinio de think tanks en toda América Latina para promover cambios legislativos basados en interpretaciones literales de la Biblia y que promueven algunas de las vulneraciones más flagrantes, junto al resto de los derechos humanos, del derecho fundamental a la libertad de creación artística.

Ante el riesgo de que, junto a todos los mecanismos de silenciamiento de los que hemos hablado, se una su éxito pasivo por la normalización de climas de autocensura, quizá desde las políticas culturales sería importante reafirmarnos en las siguientes recomendaciones: tener como horizonte de actuación la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, de los que los derechos culturales forman parte; tomar en consideración la naturaleza específica de la creatividad artística, desde el derecho al contradiscurso o a la propia visión del mundo; la recomendación de la universalización del Estatuto del Artista como mecanismo preventivo.

Desde la alerta internacional que nos señala también el peso que los artículos 525 y 578 de nuestro Código Penal han tenido para situar a España dentro de los países del Norte global en puestos de cabeza en relación a la vulneración del derecho a la libertad de creación artística, su modificación sería también un tema a priorizar si realmente queremos reforzar el papel que desempeña la cultura para el fortalecimiento de nuestras democracias.

 

 

Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas

(Todas las imágenes hacen referencia a intervenciones de la artista chilena Lotty Rosenfeld, fallecida esta semana. Tengan quienes con su valor nos hacen valientes descanso en paz.)

 

Hace unas semanas se hacía público el informe elaborado por Alfons Martinell y Beatriz Barreiro para la Fundación Alternativas, “Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas”. Si bien la reflexión ya se había iniciado también en su artículo conjunto “Potencialidades de los compromisos internacionales para unas políticas adecuadas: España y los derechos culturales” (sobre el que dialogamos y reflexionamos aquí bajo el título El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos) se apuntan en este nuevo trabajo algunos temas muy relevantes para el necesario cambio de paradigma de la política cultural en España, mucho más tras el azote de la crisis del COVID.

Partiendo del diagnóstico común del actual ecosistema cultural español sobre el agotamiento de los modelos actuales de políticas culturales públicas, tradicionalmente ancladas en el paradigma nacido tras la Segunda Guerra Mundial,  que demandan una transformación profunda que permita, al menos, la sintonía con los marcos internacionales de política cultural y el enriquecedor engarce de estos con la práctica local, surge también la aspiración común para situar los contenidos de las políticas culturales en una agenda más integral de país, región o ciudad.

Transversalidad, amplitud de perspectivas, nuevos marcos, se repiten a lo largo del informe señalando lo que esta crisis, quizá, ha dejado aún más al descubierto: la realidad del ecosistema cultural español no coincide con los contenidos clásicos de las políticas culturales públicas que dejan en la sombra espacios y prácticas “bastardas, mixtas, híbridas, mestizas” fuera de todo canon.

Dejando atrás la definición por sectores culturales se naturaliza la noción de sistema cultural (o ecosistema cultural) entendido como “el conjunto de circunstancias que inciden directa o indirectamente en la vida cultural de una sociedad”, ampliando así nuestro marco de actuación mucho más allá del marco de la democratización cultural heredado del siglo XX.

 

La pregunta central que se nos plantea es:

¿cómo vamos a incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas culturales en España?, ¿cuál será el conjunto de principios o conceptos estratégicos para que este cambio de paradigma tenga lugar?

 

Junto a un repaso pormenorizado de los textos legales que en la esfera internacional han ido avanzando en el reconocimiento de la importancia de los derechos culturales como elemento inalienable de los derechos humanos, así como un análisis del debate superado entre universalismo y relativismo cultural que supuso un lastre para el desarrollo de los derechos culturales especialmente en la última década del siglo XX, se plasman algunos conceptos interesantes para avanzar en el cambio de modelo:

  • Servicios culturales mínimos.

“Aquellas prestaciones que el Estado y la Administración Pública garantiza a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades culturales y nutrir la oferta en la vida cultural de la ciudadanía”

Por ejemplo:

¿Qué entenderíamos por servicios culturales mínimos en cada territorio?, ¿cuál sería su contenido?, ¿cómo garantizaríamos su cumplimiento y financiación?, ¿cómo protegeríamos la autonomía creadora?, ¿tendría que realizarse una adaptación competencial en materia cultural hacia el ámbito municipal para afianzar estos servicios?, ¿cómo podríamos asegurar su independencia respecto a las grandes plataformas mediáticas?, ¿cómo podrían identificarse estos servicios culturales mínimos de forma participativa?, ¿qué condiciones laborales tendrían que garantizarse para su cumplimiento?

 

 

  • Derecho a participar en la vida cultural:

Conscientes de la potencialidad que alberga para las políticas culturales el Protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 2015, ratificado por España, se profundiza en las líneas de desarrollo que nacen a raíz de la pregunta ¿en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Si desde las políticas culturales en España hablásemos en términos de vida cultural en lugar de “cultura”, entendiendo ésta como “representación de la expresión de un grupo social, comunidad o sociedad que transcurre entre la tradición y la memoria colectiva con la actualidad y contemporaneidad de un momento determinado y en un contexto dado” ¿qué cambiaría en nuestra mirada?, ¿qué importancia y responsabilidad conjunta surgiría respecto al tipo de imaginarios que impulsamos (por ejemplo, el impacto de los imaginarios militarizados que hemos vivido durante la pandemia)?, ¿qué nuevas interlocuciones habría que tener en cuenta desde los espacios de toma de decisiones?, ¿qué diálogo con otras políticas –urbanísticas, de movilidad…- habría de articularse para fortalecer la vida cultural?

 

  • Derechos culturales para las personas:

¿Por qué los derechos culturales son tan poco conocidos o reclamados? En este cambio de enfoque, esta visión de derechos se hace central para romper con la inercia que considera la política cultural como una política graciable y discrecional que siempre pasa a un segundo plano cuando hay “cosas más urgentes que atender”. Martinell y Barreiro nos recuerdan que desde la perspectiva de derechos humanos las “culturas” no tienen derechos, sino que son las personas las que tienen el derecho a la vida cultural que libremente escojan. También, desde el enfoque de derechos humanos se hace central la mirada garantista hacia los grupos más vulnerables. ¿Qué políticas culturales se articularían en nuestro país si en el foco de atención, desde los objetos hacia las personas, apareciesen de pronto la infancia, las personas mayores, con diversidad funcional, minorías, migrantes, ámbito rural, personas que viven en la pobreza? ¿Qué periferias se harían centro y cómo se resignificarían prácticas y espacios?

 

  • Seguridad cultural:

Como se define en el informe “la seguridad cultural, como principio en las políticas culturales, implica que el Estado de derecho garantiza el ejercicio de la libertad cultural de los individuos o colectivos, pero también incluye la protección de la creación y de las prácticas culturales en el respeto a los derechos fundamentales”. Si como ecosistema cultural exigiésemos la garantía de la seguridad cultural en España, ¿qué medidas frente a la censura, protección de la diversidad de las expresiones culturales, protección ante el abuso de poder y corporativo, protección de la expresión cultural de colectivos y comunidades vulnerabilizados formarían parte de los ejes troncales de la política cultural pública en nuestro país?

 

 

Junto al cambio de mirada ya presente en estos conceptos, el apartado de conclusiones del informe se convierte en una guía muy práctica de actuación con propuestas muy concretas, especialmente su llamada a movimientos sociales y sociedad civil, no sólo para crear un estado de opinión diferente, sino para elaborar las reivindicaciones culturales en base a derechos, por ejemplo con la elaboración y participación en los informes sombra respecto a las obligaciones contraídas por España en materia de protección de derechos culturales, que podrían ser elevados a organismos internacionales para la defensa de los creadores en España o a través de un mecanismo ad hoc en el Defensor del Pueblo; la búsqueda del compromiso de los organismos territoriales en la formación técnica desde este nuevo paradigma que aborda la articulación local-internacional; el avance hacia una nueva distribución de las competencias culturales en los distintos niveles (reflexionamos sobre este punto también aquí); la contextualización de las respuestas, evitando cualquier tentación de centralismo y sobretodo la incorporación de la perspectiva de futuro en el diseño de las nuevas políticas culturales en base a la sostenibilidad, el impacto sobre el cambio climático y el respeto a los derechos de las futuras generaciones.

Permaneciendo en los retos que este cambio de paradigma en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos abre para todas nosotras, me quedo con una pregunta de futuro recogida en el texto para seguir pensando, especialmente tras la resaca colectiva de esta pandemia: ¿qué sería realmente el Interés General y el Bien Común para TODO el sector cultural en España?

Libro de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos»

Ha sido un auténtico privilegio (GRACIAS) participar y formar parte de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos» sobre iniciativas de solidaridad durante la pandemia de la COVID-19 impulsada por CEIPAZ, DEMOSPAZ, Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, WILPF España y Fundación Cultura de Paz.

Junto a los textos recogidos en la web de la campaña (puedes leer Cultura para una pandemia aquí), ahora se publica en formato libro prologado por Federico Mayor Zaragoza, recopilando así tanto el Manifiesto como los más de 40 artículos y 50 carteles que se han elaborado colaborativamente para construir mirada que ponga en valor lo que construye, enlaza y protege la vida, ¡también desde las políticas culturales!

Si quieres disfrutar del libro, puedes descargarlo aquí.

Y si quieres conocer el Manifiesto, aquí está. ¡Que sigáis bien!

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro (Conversaciones en Confinamiento, Trànsit Projectes)

 

Ha sido un placer poder participar en el ciclo Conversaciones en Confinamiento organizado por Trànsit Projectes alrededor de las oportunidades abiertas para la cultura en el espacio rural.

Junto a Gemma Carbo, directora del Museu de la Vida Rural – Fundació Carulla y presidenta de la Fundació Interarts; Jorge Fernandez León, director de programas de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y Patrono de la Academia de España en Roma & Angel Mestres, director de Trànsit Projectes (con aportaciones de Colectivo Lento) se ha entrelazado la Conversación en Confinamiento V: La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro. Muchas gracias por la invitación, la incitación, la maestría y la palabra.

Por si quieres asomarte a la conversación y las puertas abiertas de la cultura en el medio rural:

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro, Conversaciones en Confinamiento V, Trànsit Projects

Taller para concejalías de cultura La Gobernanza cultural (El Puerto de Santa María, 18 de marzo)

(LA CELEBRACIÓN DEL TALLER, POR MOTIVOS SANITARIOS, SE TRASLADARÁ AL MES DE MAYO, GRACIAS POR EL INTERÉS ¡NOS VEMOS MUY PRONTO, CUÍDENSE!)

 

Tras la vivencia enriquecedora de la Jornada «Cultura y provincia» celebrada el pasado mes de octubre en Vejer de la Frontera y organizada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, es un placer volver a participar, esta vez en un formato taller dirigido a los concejales y concejalas de cultura de toda la provincia de Cádiz, en este espacio de diálogo enriquecedor. Trataré, con todo el amor, de plantear cómo desde nuestras concejalías podemos incorporar el enfoque basado en derechos humanos en nuestras políticas culturales locales y por qué tiene que ser un orgullo para nuestros pueblos hacer bandera de la defensa y promoción de los derechos culturales en España. Si quieres, nos vemos el 18 de marzo, ¡será un placer volver a encontrarnos, Cádiz!

 

Adjunto íntegro el texto informativo elaborado por la Fundación Provincial de Cultura de Cádiz:

Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales

Cádiz

18 y 25 de marzo de 2020

El Madrugador (El Puerto de Santa María)

 

¿Qué es el Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales?

Se trata de un espacio donde los concejales y concejalas de cultura de los municipios de la provincia de Cádiz encontrarán herramientas, estrategias y conocimiento en torno a las políticas culturales públicas, esencialmente aquellas que se dirigen al entorno municipal y local, a su problemática específica. Se hablará de la relación de la cultura con el desarrollo, con los derechos de la ciudadanía así como se conocerán experiencias de éxito en políticas culturales municipales.

La Fundación Provincial de Cultura ha seleccionado un grupo de especialistas y experiencias de primer orden, así como personal propio, para ofrecer a los responsables políticos municipales una oferta de calidad y poder atender sus necesidades esenciales, sobre todo en este primer año de mandato municipal.

La idea central del taller es que los concejales y concejalas encuentren en el mismo todos los materiales que precisen para desarrollar la labor política para la que fueron elegidos. Además de las ponencias se podrán conocer de primera mano dos buenas prácticas de políticas culturales municipales.

 

¿Cómo funcionará el Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales?

Se realizarán dos sesiones de trabajo matinales los días 18 y 24 de marzo en la que se contará con la presencia de los especialistas. A cada asistente se le entregará además un extenso dossier de documentación.

Las sesiones serán dinámicas y muy enfocadas a la práctica política municipal. Se dará una importancia esencial a promover el diálogo y el intercambio de ideas entre ponentes y alumnos y de estos entre sí.

 

 

Programa

Miércoles 18 de marzo:

09,00 Inauguración y presentación general del taller.

09.15 Sesión 1. Las políticas culturales públicas. Luis Ben, Gestor cultural de la Fundación Provincial de Cultura.

10,15 Sesión 2. La Cultura y los derechos de la ciudadanía. Derechos humanos y derechos culturales. Estefanía Rodero Sanz, Socióloga de la cultura.

11,00 Pausa café.

11,30 Sesión 2 (continuación)

12,15 Sesión 3. Cultura y cooperación. Javier Brun, Gestor cultural del Ayuntamiento de Huesca.

13,45  Fin de la primera jornada.

 

Miércoles 25 de marzo:

09,30. Sesión 4. Agendas políticas culturales. Agendas locales. Luis Ben, Gestor cultural de la Fundación Provincial de Cultura.

10,15 Buena práctica. festival de Teatro Alternativo. (Urones de Castroponce, Valladolid)

11,00 Pausa café

11,30 Sesión 6. Cultura y Desarrollo. Alfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco: «Políticas Culturales y Cooperación» de la Universidad de Girona.

12,45 Experiencia. Luciano Martínez Iglesias, Concejal de Cultura de Amorebieta (Vizcaya)

13,30 Clausura.

 

 

Poner el cuerpo: defensores y defensoras de derechos culturales

(Video del pueblo chileno cantando «El derecho de vivir en paz» de Victor Jara)

 

Siguiendo la recomendación del Secretario General de Naciones Unidas  de poner en valor como instrumento clave para el momento internacional que vivimos la Declaración de los defensores de derechos humanos, buscando poner el foco sobre quienes hacen efectivos dichos derechos y ponen el cuerpo frente a interpretaciones abstractas que niegan la realidad de persecución que dichas defensoras están sufriendo en todo el globo, la relatora de derechos culturales ha hecho público el informe “Defensores de los derechos culturales”.

Partiendo de la interdependencia de los derechos humanos, se busca llamar la atención sobre la presión y en muchos casos menor grado de protección que sufren las defensoras y defensores de los derechos culturales en concordancia con los estándares internacionales, especialmente quienes están defendiendo su derecho a tomar parte en la vida cultural, uno de cuyos elementos clave es el acceso al patrimonio cultural y el derecho a la libertad de expresión artística.

Teniendo en cuenta que las defensoras de derechos culturales muchas veces no están siendo reconocidas como defensoras de derechos humanos, el informe articula una definición de quiénes serían estos defensores de derechos culturales.

Llamando la atención sobre el hecho de que los defensores de derechos culturales “se definen por lo que hacen”, pueden ser instituciones, expertos, activistas, gente ordinaria que está poniendo el cuerpo en la defensa de la diversidad cultural y sus expresiones. Se alerta especialmente sobre el riesgo, en esta definición de defensoras de derechos culturales de caer en visiones elitistas a la hora de definir el trabajo cultural y la contribución específica que se realiza en defensa de estos derechos, incidiendo sobre los sesgos que existen para obtener las “credenciales de experto” (ay, la economía de la credibilidad), especialmente para las mujeres excluidas de oportunidades educativas. Al fin y al cabo, esa mujer mayor, campesina o indígena, hablante de una lengua en peligro de extinción comprometida en la supervivencia del mundo que habita en su lenguaje, es una defensora incuestionable de los derechos humanos así como patrimonio de la humanidad que nos une.

En esta dirección, por tanto, defensores de derechos culturales serían aquellos que promueven el entendimiento, protección y desarrollo de los derechos culturales; protegen a individuos o grupos que los promueven (por ejemplo desde la incidencia política, la educación, la investigación…); quienes trabajan para asegurar los derechos de acceso, participación, contribución y disfrute de la vida cultural o quienes protegen los lugares donde ésta se ejerce, especialmente lugares patrimoniales y el espacio público.

Es importante tener en cuenta también que son defensoras de los derechos culturales aquellas personas que usan el arte y la cultura para defender los derechos humanos, quienes trabajan por el fin de la impunidad y reparación de las violaciones de derechos culturales, pero especialmente quienes fortalecen políticas públicas que impulsan la cultura desde un enfoque de derechos humanos o participan en procesos de cambio cultural en sintonía con éstos.

 

 

Pero quizá, lo más importante del informe, dada la emergencia internacional, es la demanda de articulación de mecanismos de protección similares al resto de los defensores de derechos humanos. Se vuelve a hacer hincapié sobre la necesidad de protección de quienes están defendiendo los derechos culturales de las mujeres frente al extremismo y el fundamentalismo religioso, haciendo ver que la igualdad de género es clave para el logro del resto de los derechos humanos. Se enfatiza por tanto en la urgencia de medidas de protección para las personas y organizaciones que desde posiciones feministas en la esfera internacional están contribuyendo al logro de una vida cultural en igualdad.

Me parece más que interesante que se haya utilizado el ejemplo de las campañas de justicia menstrual en Nepal y los procesos de cambio en prácticas dañinas para clarificar el enfoque. La utilización del arte y la cultura, especialmente el teatro,  para construir nuevos marcos de vivencia y conocimiento social  de la menstruación y el ejemplo de la Global South Coalition for Dignified Menstruation me parecen muy claros, aunque tampoco se dejan de lado las prácticas de plena inclusión que están articulando las mujeres en diferentes tradiciones religiosas, especialmente dentro del budismo theravada o la proliferación de mezquitas lideradas por mujeres.

Se vuelve a señalar, junto al llamamiento a ampliar reflexión e implementación de los derechos culturales de las personas con discapacidad, la necesidad de proteger también a quienes, frente al choque con las historias de colonización, dominación y exclusión y su impunidad, defienden el derecho de todas las culturas a tener derechos. Es un marco clave para los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la tierra.

Por tanto se señalan cuatro ejes en los que los defensores de derechos culturales están sometidos a un mayor riesgo (“la falta de atención magnifica los riesgos”):

  • Protección del patrimonio cultural.
  • Defensoras de los derechos culturales de las mujeres.
  • Defensores de la libertad artística.
  • Prácticas y artistas con compromiso social.

Llamando por tanto al conocimiento colectivo y uso de la Declaración de los defensores de derechos humanos e invitando previamente a la memorialización y honra de quienes murieron defendiendo los derechos culturales que ahora disfrutamos, avanzamos hacia la inclusión de esta mirada especializada hacia la cultura en todos los programas de apoyo a defensores de derechos humanos.