Creación artística, democracia y libertad

 

Al hilo de la reciente presentación de la iniciativa #Artistsxartists de la organización internacional Artists at Risk Connection, que están enlazando a artistas perseguidos de diferentes partes del planeta para, a través de una creación conjunta, poner el foco sobre la persecución que sufre la libertad de creación artística y los derechos humanos de las creadoras y creadores en diferentes partes del globo, así como preparándonos colectivamente para la iniciativa propuesta por la Fundación Gabeiras, que celebrará el próximo mes de noviembre las Jornadas Libertad, arte y cultura. Jornadas sobre censura y libertad de creación, tomaba consciencia de todo lo que la crisis del COVID-19 ha silenciado en los últimos meses.

Entre otras, el deshonroso primer puesto alcanzado por España en número de artistas con penas de prisión recogido en el informe anual que elabora la organización internacional Freemuse para evaluar el estado del respeto a la libertad artística en todo el mundo, que debería haber puesto de nuevo en el centro del debate la normalización de las prácticas de censura a artistas y creadores en España. Partiendo de la reflexión que recoge el informe por la cual el respeto a la libertad artística es siempre un indicador del nivel de salud democrática de un país, conviene detenerse sobre lo que la organización ha bautizado como el auge de una “cultura del silenciamiento artístico” que desde los extremos de la persecución ilegal y las detenciones arbitrarias, pasando por otros modelos de intimidación sustentados en normas religiosas o de moral pública, están impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos como son la libertad creativa y artística. Resulta especialmente alarmante el incremento de ejercicios de censura a través de diferentes redes sociales o los nuevos usos del espacio digital para la persecución de artistas, especialmente combinados con el uso que hacen de los mismos autoridades religiosas o grupos fundamentalistas.

 

 

Partiendo del dato de que de 71 artistas con penas de prisión en 16 países a lo largo del 2019, 14 están en España , es importante comprobar cómo se están repitiendo pautas de silenciamiento artístico en base a idénticas premisas en todo el globo: banalización e instrumentalización de leyes anti-terroristas con fines de silenciamiento artístico; denuncias por incitación al libertinaje o insulto a lo sagrado, así como acusaciones de sedición e incitación a la subversión del poder del Estado. En un análisis de la censura artística global vivida a lo largo del 2018, por ejemplo, no sorprende que el 82% de ella se haya ejercido en base a criterios de “indecencia” seguida de cerca por “herir sentimientos religiosos”.

Hay que señalar que este efecto global de silenciamiento de artistas, se concentra de modo mayoritario sobre la producción artística de las mujeres, el colectivo LGTBI y la creación de las minorías, que enfrentan mayor riesgo de censura, así como daños personales y destrucción de sus obras. Los recientes documentales “Pussy Riot: una plegaria punk”, “Sonita” o “Mali Blues” dan buena cuenta tanto sobre la presión que los nuevos nacionalismos y los fundamentalismos están ejerciendo sobre la libertad de creación y los cuerpos de las mujeres, así como sobre el papel central que puede desempeñar la música, como recordaba hace unos meses la pianista Clara Peya, para celebrar y promover identidades que respondan desde dentro de las propias comunidades a la imposición de visiones dominantes y excluyentes del mundo. No debemos olvidar, por ejemplo, que sólo el año pasado dos actrices fueron asesinadas en Pakistan acusadas de “indecencia”.

 

 

Los actos de censura artística en España, por tanto, no pueden entenderse al margen del  contexto internacional que está asistiendo a un proceso de silenciamiento global de las narrativas de la diferencia, en el que se está denunciando también por primera vez el uso de medidas económicas, directas e indirectas, utilizadas contra artistas o comunidades artísticas.

Es importante alertar también sobre el auge de nuevos modelos de “censura transnacional”, amparados en la influencia de gobiernos más allá de sus fronteras para coartar la libertad de movimiento personal de los artistas o de sus obras e imponer su agenda. La reciente investigación periodística liderada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, “Transnacionales de la Fe”, que ha logrado aglutinar a más de 15 grandes medios de comunicación latinoamericanos, ha puesto de manifiesto, por ejemplo, el papel que ha desempeñado la administración Trump en el patrocinio de think tanks en toda América Latina para promover cambios legislativos basados en interpretaciones literales de la Biblia y que promueven algunas de las vulneraciones más flagrantes, junto al resto de los derechos humanos, del derecho fundamental a la libertad de creación artística.

Ante el riesgo de que, junto a todos los mecanismos de silenciamiento de los que hemos hablado, se una su éxito pasivo por la normalización de climas de autocensura, quizá desde las políticas culturales sería importante reafirmarnos en las siguientes recomendaciones: tener como horizonte de actuación la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, de los que los derechos culturales forman parte; tomar en consideración la naturaleza específica de la creatividad artística, desde el derecho al contradiscurso o a la propia visión del mundo; la recomendación de la universalización del Estatuto del Artista como mecanismo preventivo.

Desde la alerta internacional que nos señala también el peso que los artículos 525 y 578 de nuestro Código Penal han tenido para situar a España dentro de los países del Norte global en puestos de cabeza en relación a la vulneración del derecho a la libertad de creación artística, su modificación sería también un tema a priorizar si realmente queremos reforzar el papel que desempeña la cultura para el fortalecimiento de nuestras democracias.

 

 

Contramonumentos y litigio estético

(Todas las imágenes hacen referencia a la obra «Fragmentos» de la artista colombiana Doris Salcedo)

 

Hace unos días en una formación para técnicas de cultura impartida por el consultor internacional de la UNESCO, Lázaro Rodríguez (aprovecho para dar las gracias al Centro Cultural de España Casa del Soldado, a la AECID y al Ministerio de Cultura de Panamá por permitir mi participación dentro del espacio de reflexión cultural iberoamericano), al hilo de la conversación también con Moisés Medrano, otra referencia clave en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos, nos adentramos, partiendo del ejemplo colombiano, en las aristas y juegos de luz del “litigio estético”.

Con el ruido de fondo de las batallas culturales en España alrededor de la memoria, he querido traer aquí el trabajo de la investigadora Yolanda Sierra León alrededor de la reparación simbólica y los litigios estéticos.

Partiendo del hecho de la falta de claridad conceptual  alrededor de qué supone exactamente un acto de reparación simbólica (¿se trata de grabar placas, diseñar monumentos o memoriales, petición de disculpas institucional, adecuada sepultura, lugares conmemorativos diversos…? ¿De qué hablamos en la realidad concreta?), Yolanda Sierra defiende que “el arte, la cultura y el patrimonio pueden jugar un papel clave en la Justicia Restaurativa debido a su capacidad para crear vínculos entre desconocidos, entre ciudadanos y el Estado y especialmente entre personas enfrentadas por pasados dolorosos, donde unos son víctimas y otros autores de graves violaciones de derechos humanos”. Sin embargo, la potencialidad del arte y la cultura en estos procesos está centrada especialmente en su capacidad para enfrentarnos con las posiciones más difíciles en un conflicto desde perspectivas diferentes, habilitar espacios nuevos para la escucha del otro desde otros lenguajes, habilitar procesos para asumir responsabilidades y crear futuros diferentes.

 

 

Sin embargo, analizando las formas concretas en las que esta reparación simbólica tiene lugar, desde la realidad colombiana, Yolanda Sierra nos plantea cuestiones muy relevantes:

  • Nuestros actos y gestos de reparación simbólica, ¿observan las particularidades de los derechos humanos concretos que han sido violados?
  • ¿Tienen en cuenta las cosmogonías, puntos de vista, imaginarios propios, especificidades culturales de las víctimas o “para todas un duelo estandarizado”?
  • ¿Qué forma e importancia le estamos dando a nuestros actos de perdón público para el restablecimiento de la dignidad de las víctimas?

Mientras leía su reflexión recordé el trabajo Fragmentos de la artista colombiana Doris Salcedo, definido por ella misma como un “contramonumento”, que unió la fundición de 37 toneladas de armamento entregado por la guerrilla con un trabajo creativo junto a las mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual durante el conflicto. Contramonumento en muchos sentidos, dado que el resultado “no se ensalza”, no juega al soporte del pedestal: se convierte en un suelo de placas metálicas que durará el mismo tiempo que ha durado el conflicto. ¿Qué otros lenguajes para la memoria colectiva pueden ser explorados que permitan la escucha de todas las voces dañadas por las violencias?

 

Así Yolanda Sierra nos muestra el aspecto tridimensional al que han de prestar atención los procesos de reparación simbólica:

  • Entendiendo a las víctimas como individuos concretos (entendiendo la particularidad de cada proceso), entendiendo a las víctimas como sujeto colectivo y entendiendo como víctima también el conglomerado social global que ha sido arañado por la violencia.
  • Actos de satisfacción y desagravio que incidan sobre la esfera emocional, sobre el buen nombre y sobre la continuidad de los proyectos de vida.

Muy interesante la creación de “paradigmas otros” de reparación, fuera de los marcos de castigo clásico y teniendo siempre como meta la no repetición, buscando también ahondar en las raíces de los conflictos armados, sin dejar fuera las zonas grises y “los perdones recíprocos”.

 

 

Así, aporta dos conceptos interesantes para la reparación simbólica:

 

  • El litigio estético: “empleo del patrimonio cultural material o inmaterial, declarado o no por el Estado, como mecanismo social para denunciar, demandar o exigir a la sociedad o al Estado, hechos o necesidades derivadas de la violación masiva de los derechos humanos por parte de actores armados de diferente origen, que alteraron crudamente el orden cotidiano de la vida individual y colectiva”.

 

  • El litigio artístico: “el amplio catálogo de obras o piezas de arte, de autoría de artistas de profesión o de oficio, que buscan poner de manifiesto una situación concreta de vulneración a los derechos humanos, ya sea de una víctima, un grupo de víctimas o incluso vulneraciones propias de un periodo de represión concreto (…) exponer en la palestra pública una situación de impunidad, anormalidad, injusticia, indiferencia social y estatal”.

Así, el litigio estético tendría un origen social “marginal”, entendido como aquel que está alejado de la institucionalidad central y hace memoria de aquellos sufrimientos que el poder oficial querría olvidar. Es la creación elaborada por las propias víctimas a un nivel colectivo. Habitualmente se apoya en tradiciones culturales previas y suele actuar bajo un interés comunitario. Se busca la catarsis del dolor, tiene un fin terapéutico, de resistencia, transformador, pero no supone una reparación legal. Las arpilleras chilenas, las bordadoras por la paz de México, las canciones de Las Pavas colombianas, los landays de las mujeres pastún en Afganistán estarían en esta línea. Hablamos por tanto de la incorporación en los procesos memoriales del patrimonio cultural propio de las víctimas.

El litigio artístico es la forma conmemorativa “oficial”, la que solemos entender como forma de homenaje a las víctimas. Según Yolanda Sierra, sus características serían:

  • Existencia de una obra de arte
  • Incorporación de los derechos humanos a la obra, del derecho a la verdad y la memoria
  • Dignificación de las víctimas
  • Contribución a las garantías de satisfacción y no repetición

Se trataría por tanto de profundizar también en la mediación del arte dentro de programas de justicia restaurativa buscando “el tratamiento colectivo de las ofensas con miras a la reparación del daño, la sanación de las heridas y el restablecimiento del vínculo social, a través de la discusión y la interacción entre la víctima, el victimario y la comunidad”.

 

A raíz de la reflexión de Yolanda Sierra y en una comparativa entre Colombia y España, me quedo con dos preguntas abiertas:

  • ¿Qué merecería contramonumentos en nuestra realidad memorial que den voz a experiencias no contempladas?, ¿cómo podrían crearse estos contramonumentos, desde qué lenguajes?

 

  • ¿Cómo incorporamos las creaciones populares del duelo ya presentes en nuestro país a los procesos institucionales de memoria?, ¿cómo hacer audible en toda su diversidad lo que ni siquiera sabíamos que no estábamos escuchando?

Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas

(Todas las imágenes hacen referencia a intervenciones de la artista chilena Lotty Rosenfeld, fallecida esta semana. Tengan quienes con su valor nos hacen valientes descanso en paz.)

 

Hace unas semanas se hacía público el informe elaborado por Alfons Martinell y Beatriz Barreiro para la Fundación Alternativas, “Los derechos culturales: hacia una nueva generación de políticas públicas”. Si bien la reflexión ya se había iniciado también en su artículo conjunto “Potencialidades de los compromisos internacionales para unas políticas adecuadas: España y los derechos culturales” (sobre el que dialogamos y reflexionamos aquí bajo el título El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos) se apuntan en este nuevo trabajo algunos temas muy relevantes para el necesario cambio de paradigma de la política cultural en España, mucho más tras el azote de la crisis del COVID.

Partiendo del diagnóstico común del actual ecosistema cultural español sobre el agotamiento de los modelos actuales de políticas culturales públicas, tradicionalmente ancladas en el paradigma nacido tras la Segunda Guerra Mundial,  que demandan una transformación profunda que permita, al menos, la sintonía con los marcos internacionales de política cultural y el enriquecedor engarce de estos con la práctica local, surge también la aspiración común para situar los contenidos de las políticas culturales en una agenda más integral de país, región o ciudad.

Transversalidad, amplitud de perspectivas, nuevos marcos, se repiten a lo largo del informe señalando lo que esta crisis, quizá, ha dejado aún más al descubierto: la realidad del ecosistema cultural español no coincide con los contenidos clásicos de las políticas culturales públicas que dejan en la sombra espacios y prácticas “bastardas, mixtas, híbridas, mestizas” fuera de todo canon.

Dejando atrás la definición por sectores culturales se naturaliza la noción de sistema cultural (o ecosistema cultural) entendido como “el conjunto de circunstancias que inciden directa o indirectamente en la vida cultural de una sociedad”, ampliando así nuestro marco de actuación mucho más allá del marco de la democratización cultural heredado del siglo XX.

 

La pregunta central que se nos plantea es:

¿cómo vamos a incorporar el enfoque de derechos humanos a las políticas culturales en España?, ¿cuál será el conjunto de principios o conceptos estratégicos para que este cambio de paradigma tenga lugar?

 

Junto a un repaso pormenorizado de los textos legales que en la esfera internacional han ido avanzando en el reconocimiento de la importancia de los derechos culturales como elemento inalienable de los derechos humanos, así como un análisis del debate superado entre universalismo y relativismo cultural que supuso un lastre para el desarrollo de los derechos culturales especialmente en la última década del siglo XX, se plasman algunos conceptos interesantes para avanzar en el cambio de modelo:

  • Servicios culturales mínimos.

“Aquellas prestaciones que el Estado y la Administración Pública garantiza a la ciudadanía para satisfacer sus necesidades culturales y nutrir la oferta en la vida cultural de la ciudadanía”

Por ejemplo:

¿Qué entenderíamos por servicios culturales mínimos en cada territorio?, ¿cuál sería su contenido?, ¿cómo garantizaríamos su cumplimiento y financiación?, ¿cómo protegeríamos la autonomía creadora?, ¿tendría que realizarse una adaptación competencial en materia cultural hacia el ámbito municipal para afianzar estos servicios?, ¿cómo podríamos asegurar su independencia respecto a las grandes plataformas mediáticas?, ¿cómo podrían identificarse estos servicios culturales mínimos de forma participativa?, ¿qué condiciones laborales tendrían que garantizarse para su cumplimiento?

 

 

  • Derecho a participar en la vida cultural:

Conscientes de la potencialidad que alberga para las políticas culturales el Protocolo internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 2015, ratificado por España, se profundiza en las líneas de desarrollo que nacen a raíz de la pregunta ¿en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural? Si desde las políticas culturales en España hablásemos en términos de vida cultural en lugar de “cultura”, entendiendo ésta como “representación de la expresión de un grupo social, comunidad o sociedad que transcurre entre la tradición y la memoria colectiva con la actualidad y contemporaneidad de un momento determinado y en un contexto dado” ¿qué cambiaría en nuestra mirada?, ¿qué importancia y responsabilidad conjunta surgiría respecto al tipo de imaginarios que impulsamos (por ejemplo, el impacto de los imaginarios militarizados que hemos vivido durante la pandemia)?, ¿qué nuevas interlocuciones habría que tener en cuenta desde los espacios de toma de decisiones?, ¿qué diálogo con otras políticas –urbanísticas, de movilidad…- habría de articularse para fortalecer la vida cultural?

 

  • Derechos culturales para las personas:

¿Por qué los derechos culturales son tan poco conocidos o reclamados? En este cambio de enfoque, esta visión de derechos se hace central para romper con la inercia que considera la política cultural como una política graciable y discrecional que siempre pasa a un segundo plano cuando hay “cosas más urgentes que atender”. Martinell y Barreiro nos recuerdan que desde la perspectiva de derechos humanos las “culturas” no tienen derechos, sino que son las personas las que tienen el derecho a la vida cultural que libremente escojan. También, desde el enfoque de derechos humanos se hace central la mirada garantista hacia los grupos más vulnerables. ¿Qué políticas culturales se articularían en nuestro país si en el foco de atención, desde los objetos hacia las personas, apareciesen de pronto la infancia, las personas mayores, con diversidad funcional, minorías, migrantes, ámbito rural, personas que viven en la pobreza? ¿Qué periferias se harían centro y cómo se resignificarían prácticas y espacios?

 

  • Seguridad cultural:

Como se define en el informe “la seguridad cultural, como principio en las políticas culturales, implica que el Estado de derecho garantiza el ejercicio de la libertad cultural de los individuos o colectivos, pero también incluye la protección de la creación y de las prácticas culturales en el respeto a los derechos fundamentales”. Si como ecosistema cultural exigiésemos la garantía de la seguridad cultural en España, ¿qué medidas frente a la censura, protección de la diversidad de las expresiones culturales, protección ante el abuso de poder y corporativo, protección de la expresión cultural de colectivos y comunidades vulnerabilizados formarían parte de los ejes troncales de la política cultural pública en nuestro país?

 

 

Junto al cambio de mirada ya presente en estos conceptos, el apartado de conclusiones del informe se convierte en una guía muy práctica de actuación con propuestas muy concretas, especialmente su llamada a movimientos sociales y sociedad civil, no sólo para crear un estado de opinión diferente, sino para elaborar las reivindicaciones culturales en base a derechos, por ejemplo con la elaboración y participación en los informes sombra respecto a las obligaciones contraídas por España en materia de protección de derechos culturales, que podrían ser elevados a organismos internacionales para la defensa de los creadores en España o a través de un mecanismo ad hoc en el Defensor del Pueblo; la búsqueda del compromiso de los organismos territoriales en la formación técnica desde este nuevo paradigma que aborda la articulación local-internacional; el avance hacia una nueva distribución de las competencias culturales en los distintos niveles (reflexionamos sobre este punto también aquí); la contextualización de las respuestas, evitando cualquier tentación de centralismo y sobretodo la incorporación de la perspectiva de futuro en el diseño de las nuevas políticas culturales en base a la sostenibilidad, el impacto sobre el cambio climático y el respeto a los derechos de las futuras generaciones.

Permaneciendo en los retos que este cambio de paradigma en las políticas culturales desde un enfoque de derechos humanos abre para todas nosotras, me quedo con una pregunta de futuro recogida en el texto para seguir pensando, especialmente tras la resaca colectiva de esta pandemia: ¿qué sería realmente el Interés General y el Bien Común para TODO el sector cultural en España?

Libro de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos»

Ha sido un auténtico privilegio (GRACIAS) participar y formar parte de la Campaña «Que lo esencial deje de ser invisible: Sumamos y Proponemos» sobre iniciativas de solidaridad durante la pandemia de la COVID-19 impulsada por CEIPAZ, DEMOSPAZ, Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, WILPF España y Fundación Cultura de Paz.

Junto a los textos recogidos en la web de la campaña (puedes leer Cultura para una pandemia aquí), ahora se publica en formato libro prologado por Federico Mayor Zaragoza, recopilando así tanto el Manifiesto como los más de 40 artículos y 50 carteles que se han elaborado colaborativamente para construir mirada que ponga en valor lo que construye, enlaza y protege la vida, ¡también desde las políticas culturales!

Si quieres disfrutar del libro, puedes descargarlo aquí.

Y si quieres conocer el Manifiesto, aquí está. ¡Que sigáis bien!

 

Taller para concejalías de cultura La Gobernanza cultural (El Puerto de Santa María, 18 de marzo)

(LA CELEBRACIÓN DEL TALLER, POR MOTIVOS SANITARIOS, SE TRASLADARÁ AL MES DE MAYO, GRACIAS POR EL INTERÉS ¡NOS VEMOS MUY PRONTO, CUÍDENSE!)

 

Tras la vivencia enriquecedora de la Jornada «Cultura y provincia» celebrada el pasado mes de octubre en Vejer de la Frontera y organizada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, es un placer volver a participar, esta vez en un formato taller dirigido a los concejales y concejalas de cultura de toda la provincia de Cádiz, en este espacio de diálogo enriquecedor. Trataré, con todo el amor, de plantear cómo desde nuestras concejalías podemos incorporar el enfoque basado en derechos humanos en nuestras políticas culturales locales y por qué tiene que ser un orgullo para nuestros pueblos hacer bandera de la defensa y promoción de los derechos culturales en España. Si quieres, nos vemos el 18 de marzo, ¡será un placer volver a encontrarnos, Cádiz!

 

Adjunto íntegro el texto informativo elaborado por la Fundación Provincial de Cultura de Cádiz:

Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales

Cádiz

18 y 25 de marzo de 2020

El Madrugador (El Puerto de Santa María)

 

¿Qué es el Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales?

Se trata de un espacio donde los concejales y concejalas de cultura de los municipios de la provincia de Cádiz encontrarán herramientas, estrategias y conocimiento en torno a las políticas culturales públicas, esencialmente aquellas que se dirigen al entorno municipal y local, a su problemática específica. Se hablará de la relación de la cultura con el desarrollo, con los derechos de la ciudadanía así como se conocerán experiencias de éxito en políticas culturales municipales.

La Fundación Provincial de Cultura ha seleccionado un grupo de especialistas y experiencias de primer orden, así como personal propio, para ofrecer a los responsables políticos municipales una oferta de calidad y poder atender sus necesidades esenciales, sobre todo en este primer año de mandato municipal.

La idea central del taller es que los concejales y concejalas encuentren en el mismo todos los materiales que precisen para desarrollar la labor política para la que fueron elegidos. Además de las ponencias se podrán conocer de primera mano dos buenas prácticas de políticas culturales municipales.

 

¿Cómo funcionará el Taller La gobernanza cultural: algunas ideas para la buena práctica de los  gobiernos locales en las políticas culturales?

Se realizarán dos sesiones de trabajo matinales los días 18 y 24 de marzo en la que se contará con la presencia de los especialistas. A cada asistente se le entregará además un extenso dossier de documentación.

Las sesiones serán dinámicas y muy enfocadas a la práctica política municipal. Se dará una importancia esencial a promover el diálogo y el intercambio de ideas entre ponentes y alumnos y de estos entre sí.

 

 

Programa

Miércoles 18 de marzo:

09,00 Inauguración y presentación general del taller.

09.15 Sesión 1. Las políticas culturales públicas. Luis Ben, Gestor cultural de la Fundación Provincial de Cultura.

10,15 Sesión 2. La Cultura y los derechos de la ciudadanía. Derechos humanos y derechos culturales. Estefanía Rodero Sanz, Socióloga de la cultura.

11,00 Pausa café.

11,30 Sesión 2 (continuación)

12,15 Sesión 3. Cultura y cooperación. Javier Brun, Gestor cultural del Ayuntamiento de Huesca.

13,45  Fin de la primera jornada.

 

Miércoles 25 de marzo:

09,30. Sesión 4. Agendas políticas culturales. Agendas locales. Luis Ben, Gestor cultural de la Fundación Provincial de Cultura.

10,15 Buena práctica. festival de Teatro Alternativo. (Urones de Castroponce, Valladolid)

11,00 Pausa café

11,30 Sesión 6. Cultura y Desarrollo. Alfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco: «Políticas Culturales y Cooperación» de la Universidad de Girona.

12,45 Experiencia. Luciano Martínez Iglesias, Concejal de Cultura de Amorebieta (Vizcaya)

13,30 Clausura.

 

 

Poner el cuerpo: defensores y defensoras de derechos culturales

(Video del pueblo chileno cantando «El derecho de vivir en paz» de Victor Jara)

 

Siguiendo la recomendación del Secretario General de Naciones Unidas  de poner en valor como instrumento clave para el momento internacional que vivimos la Declaración de los defensores de derechos humanos, buscando poner el foco sobre quienes hacen efectivos dichos derechos y ponen el cuerpo frente a interpretaciones abstractas que niegan la realidad de persecución que dichas defensoras están sufriendo en todo el globo, la relatora de derechos culturales ha hecho público el informe “Defensores de los derechos culturales”.

Partiendo de la interdependencia de los derechos humanos, se busca llamar la atención sobre la presión y en muchos casos menor grado de protección que sufren las defensoras y defensores de los derechos culturales en concordancia con los estándares internacionales, especialmente quienes están defendiendo su derecho a tomar parte en la vida cultural, uno de cuyos elementos clave es el acceso al patrimonio cultural y el derecho a la libertad de expresión artística.

Teniendo en cuenta que las defensoras de derechos culturales muchas veces no están siendo reconocidas como defensoras de derechos humanos, el informe articula una definición de quiénes serían estos defensores de derechos culturales.

Llamando la atención sobre el hecho de que los defensores de derechos culturales “se definen por lo que hacen”, pueden ser instituciones, expertos, activistas, gente ordinaria que está poniendo el cuerpo en la defensa de la diversidad cultural y sus expresiones. Se alerta especialmente sobre el riesgo, en esta definición de defensoras de derechos culturales de caer en visiones elitistas a la hora de definir el trabajo cultural y la contribución específica que se realiza en defensa de estos derechos, incidiendo sobre los sesgos que existen para obtener las “credenciales de experto” (ay, la economía de la credibilidad), especialmente para las mujeres excluidas de oportunidades educativas. Al fin y al cabo, esa mujer mayor, campesina o indígena, hablante de una lengua en peligro de extinción comprometida en la supervivencia del mundo que habita en su lenguaje, es una defensora incuestionable de los derechos humanos así como patrimonio de la humanidad que nos une.

En esta dirección, por tanto, defensores de derechos culturales serían aquellos que promueven el entendimiento, protección y desarrollo de los derechos culturales; protegen a individuos o grupos que los promueven (por ejemplo desde la incidencia política, la educación, la investigación…); quienes trabajan para asegurar los derechos de acceso, participación, contribución y disfrute de la vida cultural o quienes protegen los lugares donde ésta se ejerce, especialmente lugares patrimoniales y el espacio público.

Es importante tener en cuenta también que son defensoras de los derechos culturales aquellas personas que usan el arte y la cultura para defender los derechos humanos, quienes trabajan por el fin de la impunidad y reparación de las violaciones de derechos culturales, pero especialmente quienes fortalecen políticas públicas que impulsan la cultura desde un enfoque de derechos humanos o participan en procesos de cambio cultural en sintonía con éstos.

 

 

Pero quizá, lo más importante del informe, dada la emergencia internacional, es la demanda de articulación de mecanismos de protección similares al resto de los defensores de derechos humanos. Se vuelve a hacer hincapié sobre la necesidad de protección de quienes están defendiendo los derechos culturales de las mujeres frente al extremismo y el fundamentalismo religioso, haciendo ver que la igualdad de género es clave para el logro del resto de los derechos humanos. Se enfatiza por tanto en la urgencia de medidas de protección para las personas y organizaciones que desde posiciones feministas en la esfera internacional están contribuyendo al logro de una vida cultural en igualdad.

Me parece más que interesante que se haya utilizado el ejemplo de las campañas de justicia menstrual en Nepal y los procesos de cambio en prácticas dañinas para clarificar el enfoque. La utilización del arte y la cultura, especialmente el teatro,  para construir nuevos marcos de vivencia y conocimiento social  de la menstruación y el ejemplo de la Global South Coalition for Dignified Menstruation me parecen muy claros, aunque tampoco se dejan de lado las prácticas de plena inclusión que están articulando las mujeres en diferentes tradiciones religiosas, especialmente dentro del budismo theravada o la proliferación de mezquitas lideradas por mujeres.

Se vuelve a señalar, junto al llamamiento a ampliar reflexión e implementación de los derechos culturales de las personas con discapacidad, la necesidad de proteger también a quienes, frente al choque con las historias de colonización, dominación y exclusión y su impunidad, defienden el derecho de todas las culturas a tener derechos. Es un marco clave para los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la tierra.

Por tanto se señalan cuatro ejes en los que los defensores de derechos culturales están sometidos a un mayor riesgo (“la falta de atención magnifica los riesgos”):

  • Protección del patrimonio cultural.
  • Defensoras de los derechos culturales de las mujeres.
  • Defensores de la libertad artística.
  • Prácticas y artistas con compromiso social.

Llamando por tanto al conocimiento colectivo y uso de la Declaración de los defensores de derechos humanos e invitando previamente a la memorialización y honra de quienes murieron defendiendo los derechos culturales que ahora disfrutamos, avanzamos hacia la inclusión de esta mirada especializada hacia la cultura en todos los programas de apoyo a defensores de derechos humanos.

Cultura y condiciones laborales de las artistas

(Bailarinas de la Ópera de Paris en huelga, junto a trabajadores ferroviarios y de metro, frente a la reforma de las pensiones de Macron)

 

“Crear y mantener climas propicios a la libertad de expresión artística

y las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este talento creador.”

 

Aprovechando que el próximo gobierno de coalición en España ha contraído un compromiso con el efectivo cumplimiento del Estatuto del Artista en nuestro país, desde el marco de las políticas culturales comparadas enlazo por aquí la reciente publicación de la UNESCO en 2019, Cultura y condiciones laborales de los artistas, enmarcada en una acción internacional de refuerzo para la aplicación de la Recomendación de 1980 relativa a la Condición del Artista.

Me gustaría resaltar algunas de las líneas contenidas en el estudio que podrían ser interesantes para su aplicación en la realidad española.

  • En primer lugar la toma de conciencia de que casi la mitad de las personas que trabajan en las industrias culturales y creativas son mujeres, por lo que cuando hablamos de precariedad en el sector cultural, estamos hablando también de una de las dimensiones de la feminización de la pobreza en España. Pueden ser interesantes las medidas impulsadas en otros países, en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030, para alcanzar un equilibrio 50/50 en los puestos de responsabilidad en las industrias creativas donde la participación de las mujeres, progresivamente, desaparece.

 

  • No sólo bastan los enfoques economicistas, el enfoque basado en derechos humanos va cobrando cada vez más fuerza en el campo de las políticas culturales, habida cuenta de la correlación entre la degradación democrática de nuestras sociedades y la presión creciente sobre las y los artistas, especialmente en la protección de la libertad artística  y de la diversidad de expresiones culturales. Es también desde un enfoque de derechos humanos que se subraya “el factor que más limita la libertad artística son los ingresos bajos y fluctuantes de los artistas” y que se están dando marcos de colaboración cada vez más consolidados con la Organización Internacional del Trabajo (por ejemplo, a través del estudio conjunto Challenges and opportunities for decent work in the culture and media sector)

 

  • La financiación del sector público es esencial para dar cabida a la diversidad de expresiones culturales. O en palabras de la ex relatora de derechos culturales Farida Shaheed, estamos asistiendo a una nueva modalidad de censura, la censura de mercado, que hay que contrarrestar para proteger la diversidad creativa y la autonomía artística. El acceso equitativo a la creación, la apertura y equilibrio en la circulación de bienes y servicios culturales a nivel mundial o la libre circulación de artistas y profesionales de la cultura en tiempos cada vez más restrictivos con la movilidad humana siguen siendo cuestiones pendientes, señalando la regresión internacional que desde 1980 hasta la fecha se ha dado en materia de movilidad artística, especialmente para las artistas del Sur global.

 

  • Junto a la denuncia recurrente de las situaciones de intermitencia y trabajo no remunerado y la defensa de derechos análogos a los de cualquier otro grupo socioprofesional, me resultan muy interesantes las líneas planteadas para afrontar las dificultades de transición artística y sus programas públicos de apoyo especialmente para aquellas carreras artísticas limitadas en el tiempo (circo, bailarines, etc. mayoritariamente por exigencias físicas), que encuentran una enorme dificultad no sólo financiera, para su reingreso al mercado laboral posterior. El ejemplo de la organización IOTPD me parece importante, más allá del siempre fundamental apoyo a la sindicación artística.

 

 

  • Aunque más trabajado en España desde los movimientos sociales que desde la política cultural pública, que pusieron su foco de atención sobre los efectos de los tratados de libre comercio sobre la creación artística, el área, para mí, más relevante del informe es la que incide precisamente sobre uno de los ejes de aquellas movilizaciones: el impacto para los artistas de un entorno digital copado por el Fenómeno FANG. Es el nombre que la investigadora Julianne Schultz ha dado al control de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google sobre nuestro día a día digital. Como señala es importante no bajar los brazos ante el trasvase de riqueza desde el sector cultural donde se crea el sentido, hacia el sector tecnológico que lo comercializa y distribuye en manos de la minoría del Norte global ya descrita.

 

  • Serán importantes también, para la protección de la disponibilidad y diversidad de contenidos culturales en España, dado el protagonismo cada vez mayor de las plataformas en línea, medidas de apoyo a los contenidos europeos y españoles en los catálogos de dichas plataformas, o líneas ya activas en Europa (Alemania, Francia) de gravamen a los ingresos de las todopoderosas plataformas en línea estadounidenses para apoyar la producción cultural nacional (pagar impuestos también cuenta).

 

  • Y de nuevo, el centro de todas las batallas: los algoritmos de los motores de búsqueda como uno de los problemas clave para las políticas públicas culturales, dado el peso que ejercen sobre la efectiva protección de la diversidad de las expresiones culturales, su tendencia a la polarización y la invisibilización creativa, a pesar de ya estar presente en espacios digitales. La “socialización de los algoritmos” como una medida central para la protección de los derechos culturales, de la que ya hemos hablado alguna vez vuelve a ponerse sobre la mesa.

Alerta Expolio (El Correo Vasco, diciembre 2019)

(Artículo escrito para El Correo Vasco, diciembre 2019)

Hace unos días, el periodista cultural Peio H.Riaño volvía a poner el foco de atención sobre una de las áreas de sombra más importantes que ha de afrontar con urgencia la política cultural española: el expolio silencioso de obras de arte religioso, el patrimonio vinculado a la Iglesia en España que continúa sin inventariar, el nutrido mercado negro de arte sacro que vampiriza nuestro derecho al patrimonio, especialmente en la España Vaciada. Si bien esta vez se trataba de la escultura granadina de Santa Margarita de Cortona de José de Mora puesta a la venta en una subasta en Nueva York, cambian los nombres de los conventos que ponen en venta las obras, cambia el tipo de bienes culturales con los que se mercadea, pero permanecen los trucos, los nadie sabía nada, la inacción, las triquiñuelas.

Junto al saqueo de arte sacro que sufren especialmente las pequeñas iglesias y ermitas de los pueblos, más vinculado a la venta en el mercado negro a particulares, se están normalizando procesos de venta y desarticulación de complejos patrimoniales religiosos de mayor calado. Los bancos y retablos del convento granadino de Las Clarisas que aparecieron por arte de magia en El Rastro de Madrid, el desmontaje de obras y traslado del convento de Mula en Murcia, los chistes maliciosos sobre los tráiler de arte religioso que salían de Burgos a Centroeuropa cada semana son sólo una pequeña muestra de una realidad que viene exigiendo una actuación pública de nuestra política cultural de mayor firmeza.

Este expolio silencioso y por goteo es uno de los síntomas evidentes de lo que las expertas en patrimonio ya han bautizado como la tercera desamortización, la progresiva desaparición y privatización del patrimonio cultural material e inmaterial atesorado en conventos, monasterios, edificios religiosos presentes en todo el país que, ante la ausencia de vocaciones, van cerrando progresiva y silenciosamente sin que hayan sido nunca inventariados, controlados, reconocidos por ninguna autoridad pública. Al fin y al cabo, seguimos esperando desde 1987 que el inventario de bienes culturales de la Iglesia sea definitivamente realidad o al menos que se exija una fecha límite para que dicho inventario sea algo más que un brindis al sol que a nadie interesa.

Como han repetido numerosas veces tanto Jaime Nuño, director del centro de estudios del románico de la Fundación Santa María la Real o el escultor y dibujante experto en arquitectura Miguel Sobrino gracias a la investigación que llevó a cabo para la redacción de su obra “Monasterios” y que compartió en el encuentro de urgencia El patrimonio cultural: problemas, soluciones y expectativas organizado por Peridis el pasado verano,  sobre esta desaparición y venta progresiva del patrimonio religioso español planean arzobispados que no pueden intervenir sobre edificios de diferentes órdenes, gestionadas como marcas propias, fuertes sentimientos de propiedad por parte de las órdenes religiosas que conciben lo atesorado siglo a siglo en templos y conventos de clausura como herencia particular de la orden pero sobre todo lo anterior, la tentación de la presión privatizadora, especialmente la hotelera.

 

Si la venta de conventos y monasterios como lotes de piedra a subasta nos parecía una aberración del pasado que no se volvería a repetir nunca en España hasta que la aparición de los primeros anuncios de conventos en venta en los principales portales inmobiliarios de nuestro país nos sacó de la ensoñación, quizá sería importante plantearnos cómo vamos a articular movimientos de recuperación de todo este legado patrimonial en los que estén presentes tanto la ciudadanía como la Administración Pública.

El riesgo del mercado negro de arte en España va de la mano también de la creciente despoblación del mundo rural español y las provincias más pequeñas y en general de la ausencia de masa crítica que pudiese dar un uso participativo y vivo a estos espacios, tal y como se ha vivido en algunos procesos de recuperación del patrimonio industrial, con los nuevos usos de las fábricas culturales o con iniciativas para los “mientras tanto” como el Espacio ZAWP de Bilbao. No conviene olvidar que están siendo principalmente las asociaciones vecinales las que están dando la voz de alarma en los medios ante la desaparición de los bienes culturales religiosos.

Sería importante también cambiar nuestra percepción social sobre los riesgos que lleva aparejado el mercado negro de arte de cualquier signo, una actividad que se ha beneficiado de cierto halo de misterio y romanticismo, pero que en pleno siglo XXI  es, entre otras, una herramienta básica para el blanqueo de capitales así como una de las fuentes de financiación esenciales del terrorismo internacional, como quedó demostrado con la venta de las “antigüedades de sangre” en el mercado negro europeo, y cuyas piezas arqueológicas de Siria e Irak fueron utilizadas para la financiación del yihadismo.

Al fin y al cabo, como alertó la relatora de derechos culturales Farida Shaheed “considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural”. Pues bien, alerta por expolio en nuestro país, a qué esperamos.

 

Periférica Internacional, Revista para el análisis de la cultura y el territorio, Núm.20 (2019). Construir el horizonte: derechos culturales, acción global y democracia.

 

Como para mí es una alegría formar parte del número 20 de Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio aportando una reflexión sobre los retos que afrontan las políticas culturales locales en España y la necesidad de la acción «glocal» que nos permita, frente a posturas o bien regresivas o bien defensivas, profundizar en nuestras democracias gracias a la protección específica de los derechos culturales y la diversidad, enlazo por aquí el artículo por si generamos conversación y seguimos despejando futuros inclusivos que -creo- es lo que realmente importa.

 

Divulgar los derechos culturales

Todas las imágenes de esta entrada hacen referencia al Bosque de Oma de Agustín Ibarrola

Hace unas semanas el Observatorio Vasco de la Cultura compartía una nueva publicación centrada en los Derechos Culturales.

Titulada lacónica y certeramente “Derechos culturales” desgrana en unas 30 páginas desde la definición de los derechos culturales y su interrelación con el resto de derechos humanos, el proceso progresivo de su incorporación en la legislación internacional, con una especial sensibilidad hacia la aportación de América Latina en este campo, así como anexos muy útiles con propuestas claras para la implementación de políticas culturales desde un enfoque de derechos.

Como me ha parecido una publicación muy útil que contribuye a la divulgación de los derechos culturales y a la universalización, especialmente entre los equipos técnicos, de conceptos y marcos normativos, comparto por aquí algunas líneas interesantes de debate sugeridas en el texto:

  • A través del análisis del recorrido histórico que ha permitido la enunciación de los derechos culturales es interesante la reflexión sobre la reticencia de la Unión Europea respecto, por ejemplo, al espacio cultural iberoamericano, a reconocer explícitamente en sus marcos normativos o textos institucionales los derechos culturales. Si bien alineándose con el marco UNESCO que reconoce como derechos culturales el derecho a la educación, el derecho a la identidad cultural, los derechos conexos al derecho a la información, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la creatividad, el derecho a beneficiarse del progreso científico, el derecho a la protección de los intereses materiales y morales de los autores, el derecho a la cooperación cultural o el derecho a la protección del patrimonio cultural, es interesante poner el foco de atención precisamente sobre las consecuencias que esta reticencia europea ha tenido sobre la construcción de la propia Unión. No en vano, en las últimas semanas, siguiendo la estela de las movilizaciones #ActForCulture, Europa Nostra lanzaba de nuevo un llamamiento recogido en el Manifiesto de Paris exigiendo el reconocimiento del carácter estratégico que las políticas culturales con especial mención de las políticas de patrimonio pueden tener para la defensa y protección de la democracia en Europa, así como para implementar cortafuegos frente a la amenaza del neofascismo europeo. ¿Pueden las políticas culturales diseñadas desde un enfoque de derechos ser una medida estratégica para la protección de la diversidad en el actual contexto? Pueden. Evidentemente.

 

  • A partir de la reflexión sobre el impacto de la Declaración de Friburgo y la conceptualización de los derechos humanos en términos de “generación” (primera generación: derechos civiles y políticos; segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales; tercera generación: derechos de las minorías, las personas migrantes y los pueblos indígenas) hay una invitación a la “anticipación” de la cuarta generación: ¿cómo haremos concreta la protección de los derechos culturales en el contexto digital y qué forma toman ya en la sociedad tecnológica?

Por ejemplo, y siguiendo algunas líneas planteadas por la abogada Paloma Llaneza en un reciente encuentro sobre Derechos Fundamentales y Sociedad Digital:

    • Cómo podría afectar a la protección de los derechos culturales el cambio en nuestra percepción social de la privacidad.
    • Qué impacto está teniendo socialmente la generalización de la “gamificación”, del desarrollo de la “mente gamificada” y qué efectos puede estar teniendo, como ya ha compartido la experta, por ejemplo, sobre los procesos de adicción al juego.
    • Qué impacto puede tener sobre la protección de la diversidad cultural el uso de algoritmos y cómo podemos desarrollar un nuevo derecho que garantice la función social de los algoritmos.

 

  • Interesante también, cuando ponemos el foco sobre la protección del derecho a participar en la vida cultural, incidiendo sobre la disponibilidad de los bienes y servicios culturales “para que todos puedan disfrutar y beneficiarse de ellos”, ¿cómo se concreta esta disponibilidad? Desde el ámbito de las políticas públicas culturales y en entornos de dependencia digital corporativa, por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar que el acceso a obras, archivos, colecciones…digitales cumplan este requisito de disponibilidad?

 

  • Teniendo en cuenta los cinco ejes sobre los que se articula el derecho a participar en la vida cultural (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad) tenemos un camino muy concreto por recorrer en términos de accesibilidad física, económica y a la información, en la experimentación con diversas modalidades de consulta previa, en la transversalización del enfoque de género en la política cultural pública así como en la relectura de la política cultural pública en términos de la pluralidad de nuestras humanas vulnerabilidades.

 

  • El análisis tanto de la Ley de derechos culturales de Costa Rica, la ley orgánica de cultura ecuatoriana o la Ley general de cultura y derechos culturales de México (junto con la tradición constitucionalista en materia de derechos culturales) nos dan modelos concretos para el caso español de cara a impulsar en la próxima legislatura o bien la ya muy reivindicada Ley de Cultura o la muy deseada por quien escribe (por poner a las personas en el centro) Ley estatal de derechos culturales.

 

 

  • Quizá la parte más interesante del informe es la recogida bajo la pregunta ¿Cuál es la aportación de una ley de derechos culturales? Me interesa la argumentación recogida respecto a la capacidad de proporcionarnos un marco de ordenación general de las actuaciones en los múltiples niveles de competencias, el modo en el que se subraya la vinculación de la ley con mecanismos de financiación que hagan viable su aplicación efectiva, así como las respuestas que aporta para la resolución de barreras en el acceso a la cultura vinculadas al territorio, el capital cultural o el nivel económico, sin olvidar que uno de los focos estratégicos de toda ley de derechos culturales tiene que residir en la dignificación de las condiciones de trabajo del sector cultural.

 

Dejo por aquí, por tanto, vínculo y reflexión sobre la publicación, por si a alguien más le resulta interesante o útil y seguimos conversando.