Mercenarios: militarización y privatización de las fronteras

Hace unas semanas se presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe específico sobre el impacto de la militarización y privatización de las fronteras, “Repercusiones de la utilización de servicios militares y de seguridad privados en la gestión de la inmigración y las fronteras sobre la protección de los derechos de todos los migrantes”.

Es un informe que recoge lo que los movimientos sociales vienen denunciando desde hace años tratando de poner el foco sobre el enorme y opaco negocio que son en realidad nuestras fronteras.

Así, se ha analizado el papel que las diversas empresas implicadas en labores de control fronterizo, desde las que prestan servicios técnicos y de investigación, las que aportan tecnologías de seguridad fronteriza y servicios de vigilancia, las implicadas en los procesos de detención de inmigrantes, retornos y expulsiones, así como aquellas beneficiarias de la aplicación de políticas de externalización de control migratorio, están teniendo sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en todo el globo.

 

Como afirma el propio informe:

 

“En ocasiones, las empresas son directamente responsables de las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes, especialmente en situaciones de privación de libertad; mientras que en otros casos son cómplices de violaciones y conculcaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por otros actores.”

“Hoy en día, la gestión de la inmigración y las fronteras se ha convertido en un negocio valorado en varios miles de millones de dólares, y la seguridad fronteriza global se ha identificado como un mercado potencial con perspectivas de crecimiento en los próximos años (…) la gestión y seguridad privatizadas de las fronteras es ahora una fuente lucrativa de contratos.”

 

Se subraya, por tanto, el papel que la falta de transparencia, supervisión y rendición de cuentas de las empresas está jugando sobre la protección del derecho a la vida, especialmente las implicadas en la gestión privatizada de los centros de detención de migrantes. Duele leer todo el informe, como duele ver ejemplos de la frontera sur española campando a sus anchas en el memorial del trabajo mercenario que es realmente el documento.

 

 

¿Qué causas han creado estos efectos?

Entre las más repetidas se encuentran los enfoques estatales de la gobernanza de la migración que han vivido un proceso progresivo de securitización, centrándose más en los marcos de seguridad (vigilancia policial, “defensa y lucha contra la delincuencia”…) que en enfoques basados en la protección de los derechos humanos. La externalización de funciones inherentes al Estado hacia actores privados (el proceso por el que el control fronterizo ya no se efectúa en las fronteras físicas de los países de destino) nos alerta también de la progresiva devaluación y degradación de nuestros sistemas democráticos y de la propia noción de soberanía, cada vez envuelta en redes más opacas ajenas al conocimiento y control público (por ejemplo, como han recogido para el caso de España desde PorCausa, «Industria del control migratorio, ¿quién se lleva el dinero?»).

Las leyes que tipifican como delito la salida, la entrada o la estancia en un país de manera irregular y que han tenido un efecto rebote sobre el auge del tráfico de personas; la ampliación de las detenciones sin alternativas; la restricción del acceso al asilo; las expulsiones colectivas y devoluciones en caliente o la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes aparecen también como elementos clave que han contribuido a reforzar el marco de la militarización. Como se señala en uno de los párrafos de manera categórica:

“Se ha utilizado a los migrantes para justificar la privatización de las funciones de seguridad del Estado”

Capítulo aparte merece el análisis sobre el peso de los lobbies que están creando marcos normativos ad hoc, marcando el tempo y los contenidos de las agendas públicas en materia de investigación, políticas y reglamentación de los Estados, sin contar con su acceso a los medios de comunicación para influir en las narrativas, tal y como estamos viviendo en España ahora con el “fantasma altamente lucrativo” de la ocupación:

“Este proceso también ha contribuido a posicionar a los representantes de la industria como expertos legítimos e indiscutibles en materia de seguridad fronteriza que afirman ofrecer productividad, eficiencia y eficacia.”

Es interesante también que junto al marco de la “securitización de las fronteras” encontramos un llamamiento permanente a la “productividad e innovación”, formando parte de las estrategias de marketing de muchas de las empresas del negocio de la militarización fronteriza (junto a las ya clásicas de creación de puestos de trabajo y prosperidad para las comunidades locales) en base a la aplicación de “soluciones tecnológicas innovadoras a la gestión de las migraciones”. Nos encontramos de nuevo ante un ataque a la soberanía “camuflado”, por las situaciones de dependencia de un conocimiento externo a ellos a la que aboca a los Estados, a través de un sistema que genera una dinámica que se refuerza a sí misma y crea una clientela cautiva.

Un elemento que puede pasarnos desapercibido es el tráfico de datos biométricos de las personas migrantes que va asociado a los procesos de militarización fronteriza, datos que al ser combinados con otra información de carácter personal y privada, están siendo utilizados con fines de lucro y sin control ni garantía de derechos alguna.

Junto a la radiografía del momento actual, el informe recoge también una serie de recomendaciones entre las que destacan las campañas de desinversión, poniendo como ejemplo la efectividad que tuvieron estas medidas gracias a la movilización ciudadana que reaccionó a la separación de madres e hijos en la frontera entre EEUU y México decretadas por Trump. Se invita también a seguir investigando, denunciando y poniendo el foco sobre los efectos diferenciales que la militarización y privatización fronteriza están teniendo sobre los niños y niñas no acompañados, las mujeres y las personas de edad avanzada.

Duele leerlo, conviene leerlo y desde un enfoque de política pública multidisciplinar, actuar.

 

 

Construyendo vías para la seguridad ciudadana con perspectiva de género y feminista (Universidad Iberoamericana-Ciudad de México)

 

El próximo 18 de agosto se celebrará, dentro de las Jornadas por la Seguridad Ciudadana: otras voces, otras miradas, el conversatorio «Construyendo vías para la seguridad ciudadana con perspectiva de género y feminista» organizado por los Programas de Género e Inclusión (PGI) y Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.

Con la intención de provocar el diálogo, la reflexión y la construcción de alternativas para reducir las violencias desde la perspectiva de género y feminista, mantendremos una conversación necesaria para afrontar los retos de construcción de paz y protección de los derechos humanos que afrontamos en la esfera internacional , aunque especialmente en el espacio de habla hispana.

Agradezco a la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México la invitación a moderar el conversatorio, a WILPF España por su maestría en llevar al terreno los principios del feminismo pacifista y en impulsar la construcción de redes de sororidad en la esfera internacional, así como a los Programas que han creado la ocasión de tejer espacios de aprendizaje y escucha transoceánicos que nos permitan construir, como bien sabemos desde México y España, alternativas a los actuales modelos necropolíticos de seguridad

El conversatorio se llevará a cabo el día martes 18 de agosto, de 11.00 a 13.00 horas, CDMX (18:00-20:00 en horario de Madrid), en la modalidad de webinar.

Cultura y turismo selfie

 

El pasado 27 de mayo los trabajadores del Louvre, a través de su baja masiva por agotamiento que provocó el cierre del Museo, lograron captar la atención mundial sobre las consecuencias de la masificación de determinados espacios culturales. Como denunció el sindicato Sud Culture Solidaires en su escrito “Le Louvre Suffoque” tendemos a olvidar que la progresiva degradación de las condiciones de visita a los museos u otros espacios patrimoniales tiene efectos también sobre la degradación de las condiciones laborales. Sin irnos muy lejos, el escritor Julio Llamazares, a través de su denuncia de la creciente privatización de las catedrales españolas, viene poniendo el foco de atención sobre la confusión entre el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute con la simple explotación comercial del mismo y la mercantilización de la experiencia. En ambos casos lo que subyace es la tensión permanente entre determinados modelos de turismo y la defensa de los derechos culturales en el actual sistema económico.

Aunque se suceden las declaraciones de organismos internacionales para poner coto a los daños que un modelo de turismo depredador puede tener sobre la cultura, solemos dejar a un lado del debate algunos de los aspectos que recogió la Carta Internacional sobre Turismo cultural de ICOMOS allá por el año 1999. En dicha Carta se nos animaba a reflexionar también sobre cuáles son los deseos y expectativas de los visitantes de los espacios culturales y sobre cómo definir la autenticidad de la experiencia cultural y protegerla.

Pero ¿quién decide o dicta en una sociedad qué es una experiencia cultural auténtica? El propio Museo del Prado, por ejemplo, ante el mantenimiento, frente al resto de grandes museos internacionales, de la prohibición de realizar fotografías en sus salas, se amparó en la “autenticidad de la experiencia cultural” para comunicar públicamente que dicha decisión quería incidir en su apuesta por “visitas de calidad, evitando en la medida de lo posible distorsiones y molestias que vayan en detrimento de la experiencia directa”.

 

 

 

Solemos olvidar que la experiencia directa del arte y la creación cultural no son hechos naturales, sino que son resultado de procesos de mediación, educación de públicos, sustrato educativo de la comunidad, el bagaje construido grano de arena y generación a generación en procesos de educación colectiva y socialización artística. En entornos económicos, sociales y políticos en los que las políticas culturales no se han caracterizado ni por incorporar un enfoque de derechos culturales, ni por proteger el tejido de cultura comunitaria frente al consumo cultural individualizado, ni por mimar presupuestaria ni laboralmente hablando, con la vista puesta en las generaciones futuras, planes consistentes y a largo plazo de educación artística y creación de públicos desde la infancia, ¿quién dicta lo que significa tener una experiencia cultural genuina y directa?

Un caso extremo de las consecuencias de esta dejación de la mediación, sustituida por la economía de la atención que se materializa en los “me gusta”, fue el caso denunciado hace unos años por Shahak Shapira ante las visitas “turistificadas” al Monumento al Holocausto en Berlín. Haciendo una selección de selfies tomados en el Memorial y publicados en diferentes redes sociales por los visitantes, realizó un fotomontaje cambiando la imagen del monumento por imágenes de archivo reales del Holocausto. La obra resultante “Yolocaust” contribuyó a la reflexión internacional sobre la banalización de la memoria, la cultura de la sobreexposición y la universalización a cualquier precio del deseo de ser mirados. Si hace unos días  se hacía global también la noticia sobre el numeroso grupo de turistas occidentales que aguardan colas de más tres horas en Bali para poder subir a sus redes sociales una foto trucada con un espejo frente al templo de Pura Lempuyang, quizá la pregunta pertinente sea qué es lo que obtenemos realmente de este tipo de experiencias basadas en la simulación, la descontextualización y el alejamiento de hecho de la simple experiencia directa. ¿De quién estamos buscando aprobación y qué ansiedades sofocamos como sociedad a través de la búsqueda de likes con la cultura y el patrimonio como fondo de pantalla?

 

 

Quizá antes de refugiarnos en discursos elitistas que, ante la degradación de la experiencia de determinados modelos de turismo cultural, enarbolen la necesidad de restringir el acceso a los bienes culturales o traten de naturalizar el hecho del disfrute cultural (ya saben, el gen invisible por el que las personas ricas nacen amando la ópera), quizá sería más interesante preguntarnos cómo estamos construyendo como sociedad lo que entendemos tanto por ocio como por vida cultural.

Si el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute forma parte de los derechos humanos quizá tengamos que plantearnos en qué condiciones puede darse efectivamente la protección de este derecho, teniendo en cuenta que en su dimensión más voraz también se va a hacer caja sustituyendo por cultura para el turismo selfie la experiencia estética.

 

 

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

Políticas culturales y discursos de odio

 

Impactada por las imágenes y palabras de odio que acompañaron la detención de Carola Rackete hace unas horas me siento a escribir desde la urgencia y el convencimiento de la importancia de la implementación de políticas culturales públicas que, enraizadas en un enfoque basado en los derechos humanos, tengan como prioridad la desarticulación del odio. Aunque ya son muchas las voces que apuntan en esta dirección (aquí ya hemos hablado del tema, por ejemplo, en El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos o en Existir en plural: espacios de la imaginación contra el odio) quería detenerme en dos lecturas, por si nos acompañan a la hora de trenzar otros futuros posibles, que inciden en la capacidad de las políticas culturales para cortocircuitar climas emocionales y vivencias colectivas de impotencia, caldo de cultivo predilecto para las campañas de odio.

 

Aunque ya hace algunos años, Sara Ahmed en “La política cultural de las emociones” hizo hincapié en nuestra labor colectiva para examinar el funcionamiento de las economías afectivas que se esconden detrás tanto del discurso público como de la acción cultural. No dejó de insistir sobre el hecho de que las emociones no pueden ser consideradas estados psicológicos aislados, sino poderosas prácticas culturales y sociales que determinan la construcción del mundo. Aunque su análisis del dolor subalterno fue en su momento mi parte predilecta de su estudio (“mientras mayor acceso tengan los sujetos a los recursos públicos, mayor acceso podrán tener a la capacidad de movilizar narrativas de lesiones dentro del ámbito público”), su reflexión sobre lo que el odio le hace a los cuerpos me asaltó ante las imágenes que llegaban desde Italia. Se planteaba Sara Ahmed en su análisis de la política cultural del odio:

 

“Exploro el papel del odio en la conformación de los cuerpos y los mundos, a través de la manera en que el odio genera su objeto como una defensa contra la lesión (…) Dichas narrativas funcionan al generar un sujeto a quien unos otros imaginados ponen en peligro y cuya proximidad amenaza no solo con quitarle algo (empleos, seguridad, riqueza), sino con ocupar el lugar del sujeto. La presencia de este otro se imagina como una amenaza al objeto de amor.”

 

Así, Ahmed nos llevaba a una reflexión práctica sobre dos ejes: la construcción de la desemejanza y las prácticas cotidianas de la lejanía corporal y social. Desde el dolor de las imágenes de Lampedusa ilustrando el crimen ardiente en que se ha convertido el Mediterráneo: ¿qué estamos haciendo colectivamente para apuntalar la percepción de la “desemejanza” que está permitiendo nuestra inhibición moral colectiva ante el genocidio silencioso que se está viviendo en el mar?

 

 

También me parecía urgente, saltando cercamientos entre disciplinas, acercar nuestras políticas culturales, desde todos los niveles, al trabajo analítico de Martín Alonso sobre los discursos del odio (enlazo aquí por pedagógico y extremadamente útil su artículo “Los discursos de odio”, pg.29, recogido en el Cuaderno nº4 del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo) que nos obliga a abordarlos desde cuatro dimensiones: la gramática, la psicología, la sociología y la economía política en la que surgen.

En el análisis de los discursos del odio en Europa, Martín Alonso viene identificando algunos lugares comunes:

  • La topología diacrítica: enlazando con el análisis de Sara Ahmed sobre la construcción de la desemejanza, se refiere a la construcción de identidades por “demarcación”. No vemos la continuidad natural de lo humano, construimos fronteras mentales que crean la noción de discontinuidad.
  • Sinécdoque reduccionista: el uso del plural estratégico y la construcción de un nosotros excluyente.
  • “Somos diferentes”: la construcción de identidades alrededor de pertenencias exclusivistas.
  • Perfilado previo del enemigo: el enemigo es una construcción cultural que requiere de un proceso de deshumanización previa construido a base de operaciones atribucionales de señalamiento y estigmatización.
  • Ideología de supremacía.
  • Existencia de depurados, excluidos o eliminados tanto en su retórica como en su práctica organizativa.

 

 

Pero hay un elemento fundamental, en el que las políticas culturales pueden ser claves para la acción política de urgencia que nos reclama el presente y es la siguiente:

 

“la calidad epistémica de los contenidos de los discursos de odio es irrelevante, importa su eficacia, su poder de arrastre (…) El recorrido del discurso de odio depende de hasta dónde engrane o no los dispositivos emocionales (…) El discurso crea su entorno de afectividad y la emoción es capaz de segregar su propia mitología.”

 

Por tanto, ¿qué entornos de afectividad y dispositivos emocionales están permitiendo el avance de los discursos del odio en Europa?, ¿qué acción pública deberíamos implementar para cortocircuitarlos?

Considero que esta es una línea de trabajo prioritaria para las políticas culturales, especialmente en el nivel local que nos exige ampliar la mirada más allá de la gestión y de la participación, hacia la responsabilidad compartida para la construcción de imaginarios y climas afectivos en los que el odio no pueda avanzar.

#Méxicosinplagio

Hace unos días la prensa internacional se hacía eco de la petición de explicaciones públicas realizada por la Secretaría de Cultura de México a la diseñadora Carolina Herrera por la utilización en su última colección de elementos textiles tradicionales de diversos pueblos indígenas, petición de explicaciones que también se viralizó en twitter bajo los hashtag #Méxicosinplagio #SinLasComunidadesNO, buscando la colaboración y la consciencia ciudadana frente a este tipo de robo.

Si bien el plagio textil a estas comunidades, pese al marco de protección de la Declaración de la UNESCO de sus derechos, viene siendo recurrente y es un delito que no para de crecer, desde España aún vivimos estas situaciones como realidades exóticas y ajenas, a pesar de que muchas veces sean empresas textiles españolas las que estén implicadas en estos delitos de apropiación. El hecho de que las artesanas textiles y bordadoras centroamericanas hayan estado los últimos años en pie de guerra, especialmente frente al plagio de la industria textil china todopoderosa en la región, consiguiendo con sus movilizaciones grandes logros legales, ha pasado totalmente desapercibido en España, como si este tipo de situaciones no fuesen una amenaza también para la cultura en nuestro país.

Nada más lejos de la realidad. Contrasta la respuesta del Gobierno mexicano con la pasividad que han mostrado las instituciones españolas frente a situaciones similares de plagio a la que han tenido que hacer frente, entre otros, los pequeños municipios gallegos de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, que han visto cómo el trabajo textil realizado tradicionalmente por las mujeres de sus pueblos para su Carnaval ha sido copiado por la marca Dolce&Gabbana en una de sus últimas colecciones.

Si bien existe un mayor grado de alerta y sensibilización social frente a otro tipo de robos vinculados a la cultura, aún tenemos que desarrollar nuevos grados de conciencia frente a estas fórmulas de apropiación, teniendo en cuenta que se dan en la esfera internacional y que suelen enfrentar a colectivos o territorios especialmente desprotegidos y vulnerables frente a gigantes empresariales transnacionales con una gran fuerza publicitaria y de comunicación.

 

 

Si desde el mundo rural español , por ejemplo, aún estamos esperando respuesta, a pesar de todos los esfuerzos del Museo Arqueológico Nacional, frente a casos sonados de expolio, como el siempre postergado proceso de restitución de los restos arqueológicos de Castiltierra, apropiados por el nazismo con el beneplácito del régimen franquista, encontrándonos día sí y día también con noticias referidas al tráfico ilegal de obras de arte robadas en nuestros pueblos -la más reciente la desarticulación el pasado mes de abril de una banda de tráfico ilegal de restos arqueológicos con una notable implantación en Andalucía que contaba en su haber con más de 3700 piezas patrimoniales-,  no queramos imaginar la dificultad con la que se encuentran los pequeños municipios en el caso de los procesos de robo vinculados al patrimonio inmaterial.

Se suele olvidar que cuando hablamos de estas formas de apropiación y plagio, más vinculadas a conocimientos tradicionales, de lo que estamos hablando también  es, en la mayor parte de los casos, de invisibilización del trabajo de las mujeres, grandes guardianas informales de la riqueza patrimonial en nuestro país. ¿O quienes limpian ermitas, cosen mantos, bordan trajes tradicionales, custodian baúles, cajas de galletas llenas de fotos, adornan balcones, preservan recetas, custodian informalmente la memoria de un país?

En el mercado internacional actual más preocupado por  las artesanías que por las artesanas, por el producto que por las condiciones laborales o económicas de quienes lo hacen posible, se están empezando a alzar voces – que deberían tener un reflejo en la futura Ley de derechos culturales española hacia la que sin duda avanzaremos– alrededor de dos grandes reivindicaciones: en primer lugar la justa remuneración a las creadoras originales de los diseños y el reparto equitativo con las comunidades creadoras de dichas artesanías de los beneficios que obtengan las grandes marcas con la explotación de sus diseños.

 

Si ante otros escenarios de expolio cultural de grandes dimensiones la comunidad internacional ha sido capaz de ponerse manos a la obra, como a través, por ejemplo, del proyecto de las Bibliotecas central y regional de Berlin para la restitución a los propietarios originales de los libros robados al pueblo judío durante el Tercer Reich o como a través de la puesta en valor de la figura de grandes heroínas en la defensa del Patrimonio frente al robo de arte como lo fue Rose Valland, tendremos que empezar a debatir con mayor rigor en España sobre cómo vamos a protegernos frente a estas nuevas fórmulas de explotación económica que amenazan a nuestras culturas, teniendo en cuenta que habrá que impulsar medidas de protección mucho más concretas y eficaces para ese tesoro a cielo abierto y sin guardián que es la España rural que se vacía.

Si como dice el dicho, “cuando bebas agua, recuerda la fuente” quizá ante situaciones como las que afrontan estos pequeños pueblos ante el plagio de las grandes marcas de moda internacionales tengamos que pararnos a pensar: a quiénes se plagia, por qué resulta tan sencillo y barato apropiarse del legado común recibido generación tras generación. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa y descubramos que detrás de cada bordado robado, de cada creación plagiada, lo que se esconde en realidad es el dolor de manos trabajadoras que crean.

 

Construir el horizonte: derechos culturales, acción global y democracia

(Todas las imágenes son obras de Magda Sayeg)

Esta reflexión se compartió en la Jornada Repensar las políticas culturales locales que se celebró en Valladolid el 9 de mayo de 2019.

Si no te apetece leer, puedes ver o escuchar la intervención en este enlace. ¡Que sume! (que falta nos hace, compañeros, que falta nos hace…)

 

Más allá de las identidades: articulación local-global del sector cultural para la profundización democrática

La política cultural local está viviendo un momento clave. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma, que tiene su reflejo en una nueva narrativa que entiende la política cultural desde un enfoque de derechos humanos.

La política cultural local está reivindicando para sí misma el protagonismo que tiene como constructora de democracia de proximidad y como promotora de una de las facetas indivisibles de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Desde lo local en los últimos años nos estamos dando cuenta de lo estratégico que resulta para la profundización democrática sintonizarnos con los debates y el marco normativo cultural internacional, que ha recogido de un modo más rápido y sensible las aportaciones recientes de las ciencias sociales, por ejemplo, la libre elección de la identidad cultural, la importancia de la protección de la disidencia cultural y su impacto sobre la innovación social, la noción de diáspora y los criterios culturales de descendencia o la dimensión culturales de los espacios naturales y los territorios. Nos ayuda también a resituar la importancia de los derechos culturales para la salud democrática de un país, obligándonos a llevar el foco a la vinculación de los derechos culturales con la economía de la credibilidad, es decir, con el modo en que una sociedad configura la palabra que cuenta, lo visible, lo audible, el relato legítimo y que puede, por tanto, reforzar procesos más amplios de desigualdad.

Esta armonización local-global en España se traduce en una ampliación de los campos de intervención de la política cultural local y en una actualización del debate sobre qué entendemos por democracia cultural.

Así, en un repaso muy rápido, hemos encontrado inspiración desde lo local en el nuevo constitucionalismo iberoamericano que hizo de los derechos culturales un eje central de transformación social; en el impulso que ha supuesto la Agenda 21 de la Cultura y la red global que demanda un mayor protagonismo de las ciudades como interlocutoras internacionales; en la actualidad, en las propuestas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel que ha de jugar la cultura para su cumplimiento, sin olvidar tanto las Declaraciones sobre Diversidad de la UNESCO como el trabajo de los diez últimos años de las relatoras de derechos culturales de la ONU, especialmente para la protección de los derechos culturales de las mujeres y la protección del derecho a la disidencia. Menciono aparte, por lo difícil que me resulta entender lo mucho que desaprovechamos la mención explícita a la economía social de la cultura, la Carta cultural iberoamericana, y que nos da un paraguas de actuación para la política cultural local más abierto aún a procesos comunitarios. Bajo este marco, la política cultural local se redimensiona, sabiendo que es en el nivel local donde estas propuestas se hacen reales, medibles, tangibles.

 

 

Políticas culturales locales y nueva agenda de derechos

Se entiende, por tanto, que desde este reconocimiento de la política cultural local desde un enfoque de derechos humanos podemos política y sectorialmente ser punta de lanza para la apertura de una nueva agenda de derechos, saliendo del riesgo de posiciones defensivas o reactivas, generando desde lo local contrapesos a la ola regresiva mundial en materia de derechos humanos que estamos viviendo.

Tendremos que hacer un nuevo énfasis sobre el acceso igualitario a la producción artística, pero haciendo mucho más hincapié en el acceso a los canales de distribución y exhibición desde criterios más democráticos y plurales, así como tomarnos más en serio la articulación de políticas de comunicación locales y nuestro modo de plasmar en lo local el derecho a la información.

Sabiendo que avanzamos hacia el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos, desde lo local tendremos que preguntarnos cómo vamos a proteger los derechos culturales colectivos, los derechos de la naturaleza o los de las generaciones futuras. Cómo impacta sobre nuestro patrimonio inmaterial local (gastronomía, artesanía) la generalización de los tratados de libre comercio, cómo vamos a prepararnos para la protección de la creación colectiva, la autoría colectiva (mucho más trabajada en los contextos relacionados con los pueblos indígenas) ante procesos de extractivismo multinacional en el sector cultural ante los que el mundo rural español está especialmente desprotegido, como nos muestran los casos tanto del pleito de los municipios de Vilariño de Conso y Viana do Bolo contra Dolce & Gabanna por plagio o el reto que supone el reconocimiento de la dehesa castellana y extremeña como paisaje cultural de la UNESCO frente al extractivismo minero que amenaza, por ejemplo, el Campo Charro.

Desde lo local también tendremos que concretar mucho más la protección de los derechos lingüísticos y el reflejo de su diversidad, no sólo de las lenguas oficiales, sino de las que están en riesgo de extinción, como el astur-leonés o los derechos lingüísticos de la ciudadanía migrante, especialmente en las segundas y terceras generaciones ante el riesgo de perder en muchos casos las lenguas maternas de sus padres.

 

Ministerio de las Culturas, Ley de Derechos Culturales, 1% presupuestario: la democracia cultural en la conversación internacional como inspiración para lo local

Por eso, en esta armonización local-global que estamos desgranando, más allá del reparto competencial, podemos encontrar horizontes de resonancia e ir condensando otras propuestas de política pública, por ejemplo:

1.- Desde la innovación institucional pública en el ámbito cultural:

¿Cómo podríamos reflejar en lo local el espíritu, por ejemplo, de la creación del Ministerio de las Culturas chileno? ¿Podría ser una apuesta para agrietar la herencia centralista de las políticas culturales españolas?, ¿qué juego podría darnos este tipo de innovación en la institucionalidad cultural para hacer emerger y socializar nuestra propia historia de diversidad cultural, cuestionando relatos mayores en los que se inserta? (el peso en Castilla y León, por ejemplo, del relato cultural imperial)

2.- Desde la vertiente económica y la dotación presupuestaria:

Qué correlato podría tener en lo local, por ejemplo, las movilizaciones internacionales del sector cultural alrededor de la reivindicación del 1% del PIB para la cultura recomendado por la UNESCO, que ha sido una propuesta que ha hecho suya el activismo cultural de base (por ejemplo en Bolivia a través del Colectivo Telartes o en la campaña #ActForCulture ante las elecciones europeas) y a la que en España no hemos hecho demasiado caso.

3.- Desde el avance legislativo:

Cómo impulsar, acompañar desde lo local la creación de nuevas leyes de derechos culturales, que en España ha tenido su primer hito en Navarra, recogiendo experiencias previas de Cartas municipales de derechos culturales como la de Barcelona o leyes de acceso a la cultura como la del País Vasco. Supone un hecho muy importante en España, no sólo por el reflejo que pueda tener en otros espacios autonómicos o en el avance hacia una ley estatal en la próxima legislatura, sino por el marco de acción para la política cultural de proximidad que promueve:

  • Desde la definición de política cultural pública como aquella (y yo añadiría “y sólo aquella”) que defiende el valor de la cultura como bien común.
  • Por el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural y la necesidad de articular desde todos los niveles competenciales medidas de protección para trabajadoras y emprendedoras de las industrias cultural y creativa.
  • La exigencia de medidas fiscales específicas para el trabajo cultural y la creación de fondos e instrumentos de crédito, apostando por la economía social de la cultura.
  • El protagonismo que da a la función de los mediadores culturales y artísticos.
  • Y dos líneas que pueden ser claves para las políticas culturales locales especialmente de la España vaciada:
    • La participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, ante el riesgo de parquetematización y presión turística.
    • La incorporación ya en una ley en España que reconoce el derecho al patrimonio como un derecho humano, frente al riesgo de expolio y las redes internacionales de mercado negro de arte.

 

Políticas culturales locales frente a los discursos del odio

Quería terminar como empecé, desde este cambio de visión para unas políticas culturales en clave de derechos humanos, teniendo en cuenta también el llamamiento a la acción del sector cultural que se ha lanzado en toda Europa frente al auge de los discursos del odio, apuntando a algunas cuestiones que se pueden abordar desde la política cultural local:

La cultura puede mejor que ningún otro campo, cortocircuitar la creación de “la Otredad”, del “Otro amenazador” creando espacios de acercamiento a lo que conocemos menos, vinculados a climas afectivos diferentes al miedo o la sospecha, como pueden ser la alegría, lo festivo, el placer de descubrir.

Desde la política cultural local tendremos que detenernos con mayor profundidad a analizar qué imaginarios y horizontes aspiracionales reforzamos con nuestra programación desde lo público, siempre teniendo en cuenta que no somos los únicos que estamos actuando en la creación de dichos imaginarios:

  • ¿Qué fechas conmemorativas reforzamos?
  • ¿Qué “traumas y glorias locales” designamos como significativos y cuáles no?
  • ¿Cuáles son nuestras culturas de honor y reconocimiento locales y especialmente qué régimen de mirada imponen: qué se invisibiliza y excluye del “nosotros” local?
  • Importante también en este punto el análisis de nuestros lutos públicos y la definición de lo que consideramos llorable.

Todos estos temas son fundamentales por el papel que juega en el auge de los discursos del odio el enfrentamiento sobre la herencia, la autoctonía y la ancestralidad. Por tanto, nuestra política cultural local, ¿qué imaginarios y horizontes aspiracionales refuerza por activa o por pasiva?

Hago hincapié en ello porque cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural, parece que nos centráramos exclusivamente en el acceso al consumo cultural y dejásemos a un lado lo más importante: el derecho a participar en la construcción de sentido.

También el refuerzo, frente al auge del odio, de dos acciones en la política cultural local:

  • El impulso de acciones de diplomacia cultural local.
  • La transversalidad de lo cultural en toda la política local. Pongo siempre de ejemplo en este punto, el reflejo que tuvo en la Carta de derechos y compromisos culturales de Barcelona el derecho a respetar la diversidad de las tradiciones funerarias. Pues bien, eso también es política cultural.

Por último, dado que los discursos del odio tienden a expresiones simplificadoras o limitadoras de la identidad cultural y que todos los estudios sobre el auge del extremismo señalan a los climas de impotencia como su principal caldo de cultivo, medidas de política cultural local que refuercen el sentido de agencia, transformaciones que se vean, palpables y que hayan nacido en la comunidad, que tengan como fin el refuerzo de esa vivencia personal.

Por todo ello, creo que la armonización local-global tiene un sentido estratégico para la profundización democrática en España y confiere al ámbito local un protagonismo clave en la defensa desde la cultura de los derechos humanos.

 

Futuros

 

En las últimas semanas se han hecho públicos dos documentos interesantes que, desde la esfera de las políticas culturales se sitúan en la emergencia: la necesidad de construir futuros, de abrir ventanas a posibilidades que conjuren los fatalismos.

En ambos casos se parte de un análisis del presente sin paliativos.

En el caso del documento “Mentes dinámicas: cultura, saber y cambio” de IFACCA y situándose sobre qué tipo de políticas culturales van a ser necesarias en este Antropoceno, la radiografía es clara: conjuramos los peligros de las democracias descendentes, el conocimiento compartimentado, la naturalización de la mentalidad extractivista y por encima de todo lo demás, la construcción de modelos relacionales globalizados transaccionales, donde nadie es en sí mismo un fin. Ante esta realidad se nos invita a explorar, a través de nuevas formas de desarrollo social y cultural, fórmulas que den prioridad a la interdependencia. ¿Cómo hacemos de este valor un contrapeso al sálvese quien pueda? ¿Qué actos de imaginación colectiva necesitaremos desplegar para despertar el sentido de agencia?

Para IFACCA, que no pierde el foco ante el auge de los discursos del odio y la amenaza de los extremismos, es clave que desde las políticas culturales, en diálogo internacional, se estructuren y exploren modos de encontrarse con las diferencias que sobrepasen la utilización política de “lo amenazante” que caracteriza la polarización actual. Es sobre las percepciones y mentalidades sobre las que la política cultural ha de seguir incidiendo desde criterios de paz.

Si, como decía Raymond Williams, la cultura es algo ordinario, será en el terreno de lo ordinario donde necesitaremos construir, frente al modelo transaccional  (ser cosas para que otros logren otras cosas) capacidad para generar relaciones, diálogos, participación significativas.

  • ¿Qué es una escucha significativa?, ¿y una participación significativa?
  • ¿Significativo es sinónimo de visible?, ¿en qué espacios y tiempos la participación significa?
  • ¿Es democrática la construcción de lo que entendemos por significativo?, ¿y de lo insignificante?

De igual manera en el reporte elaborado con motivo de los 10 años de la creación de la Relatoría especial en derechos culturales de Naciones Unidas se nos interpela a conquistar nuevas visiones de futuro frente a la creciente normalización del odio y la tantas veces obviada privatización en aumento del espacio público, sin olvidar la utilización excluyente de los procesos de memorialización histórica.

Especialmente interesante, por la poca atención que le estamos prestando en nuestros análisis, es su llamada de alerta frente a la utilización política de la vergüenza y la movilización de estrategias que construyen estos marcos de “exclusión vergonzante” reforzando desde la vertiente cultural procesos más amplios de discriminación y odio. Si la vergüenza sólo se da ante la mirada excluyente introyectada del otro, ¿en qué “otros” debemos convertirnos nosotros mismos para no hacer caja de resonancia a la utilización de la vergüenza con fines de exclusión social?

Se marcan así ejes clave de futuro para nuestro trabajo en defensa de los derechos culturales que tendrán en la protección de la libertad de expresión artística y creativa y la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo los retos más inmediatos.

Se hace un llamamiento también (¡de emergencia!) a la conversión de materiales, reflexiones, debates sobre políticas culturales…a un nivel popular, a formatos que lleguen a audiencias globales y que se dirijan especialmente a la juventud.

No se deja de hacer hincapié en la necesidad de garantizar la financiación para la protección de los derechos culturales (1% del PIB) si realmente queremos hablar de acciones preventivas.

Uniéndose a la llamada de IFACCA para convertir en un valor clave del siglo XXI la interdependencia, desde la relatoría se recomienda seguir abogando país por país por la justiciabilidad de los DESC y por hacer de la mirada interseccional nuestra mirada de comprensión del mundo.

 

Cultura europea en pie

 

(Todas las imágenes son propiedad de Die Vielen)

 

El pasado 9 de noviembre, efeméride de la noche de los cristales rotos, creadores de todo signo, trabajadoras de instituciones culturales y representantes de todos los ámbitos de la política cultural alemana se manifestaron frente a la puerta de Brandenburgo bajo una bandera insólita. El sector cultural alemán, respondiendo a la invitación de la organización Die Vielen que ha impulsado también la Declaración de Berlín más conocida como el Manifiesto de Los Muchos,  decidió que las mantas térmicas doradas con las que las organizaciones de rescate en el Mediterráneo tratan de llevar algo de calor a los refugiados que llegan a Europa fuesen el nuevo símbolo común bajo el que aglutinar al sector cultural movilizado frente al auge en el país de los discursos del odio y los partidos de extrema derecha.

También la organización europea Culture Action Europe ha lanzado la voz de alarma, llamando a la movilización de todos los artistas, creadoras y sectores de la industria cultural y creativa europeos a través de su campaña #ActForCulture, alertando del grave retroceso en materia de derechos humanos y garantías democráticas que está en juego en las próximas elecciones europeas, buscando la creación de un cortafuegos creativo frente a la propaganda. Compartiendo la reflexión de la filósofa Caroline Emcke, “la imaginación paraliza el odio” llevan meses conjurando los peligros de la abstención y animando a ir a votar en unas elecciones decisivas para el futuro de la Unión Europea. No en vano, el Memorial de Auschwitz se vio forzado hace unos meses a emitir un comunicado condenando el incremento de ataques al recinto por parte de la extrema derecha polaca y la pasividad europea ante el repunte social del antisemitismo, al que se suma en la actualidad el discurso islamófobo que recorre de punta a punta el continente y que en España, en un clima de indiferencia y permisividad generalizado, se concretó en el ataque por parte del grupo neonazi Hogar Social a la madrileña mezquita de la M-30.

 

 

Reconociendo como valores europeos incuestionables la libertad de expresión artística y cultural, la diversidad lingüística y la protección de los derechos culturales, cada vez más organizaciones, como el European Music Council o la Beethoven Orchestra -que ha incluido en los programas de mano de todos sus conciertos la Declaración de Berlín-  están poniendo el foco de atención y llamando a los partidos políticos europeos a posicionarse frente a cuestiones como:

  • ¿qué políticas culturales pretenden implementar para poner fin a los discursos del odio en Europa?
  • ¿qué medidas contemplan para la protección laboral de los trabajadores culturales europeos, cada vez más precarizados y afrontando situaciones de mayor intermitencia?
  • ¿qué partidos se comprometen a garantizar el 1% de los presupuestos de la Unión Europea para la cultura?
  • ¿se está afrontando de alguna manera el cambio cultural insoslayable que ha de acompañar a todas las medidas que se desplieguen frente al cambio climático?

También tanto expertos como organizaciones de defensa del patrimonio europeo están haciendo una llamada al rigor y la responsabilidad colectivas frente a la utilización del patrimonio por parte de las organizaciones neofascistas para el apuntalamiento de identidades excluyentes. Entendiendo que no hay Unión Europea posible sin protección de la diversidad cultural y de sus minorías y que frente al auge de las opciones euroescépticas la defensa de los derechos culturales es una garantía para la protección de las democracias, proyectos de investigación humanística como “El Corán europeo” que dirige la historiadora española Mercedes García Arenal, marcan una línea de acción a potenciar para combatir desde el ámbito científico el peligro de los esencialismos en Europa.

Las recientes declaraciones del gobierno de Bolsonaro respecto a la urgencia de eliminar de los programas formativos y de los libros de texto en todo el país cualquier referencia tanto al movimiento LGTBI como a las propuestas de educación crítica del pedagogo brasileño Paulo Freire, aduciendo el peligro que suponen sus propuestas de cuestionamiento de la autoridad, nos alertan desde el otro lado del Atlántico, de la seriedad de la amenaza a los derechos humanos que está en el centro de la ola regresiva mundial y de la importancia que los partidos reaccionarios otorgan a las medidas de manipulación e ingeniería cultural largamente denunciadas por las relatoras de derechos culturales de Naciones Unidas en todas sus propuestas para la erradicación de los nuevos extremismos y fundamentalismos.

Recuperando el pulso con el que la cultura europea logró frenar en defensa de su propia diversidad a la Organización Mundial del Comercio enarbolando “la excepción cultural” y apelando a la capacidad del arte y la creación para impulsar cambios sociales e incidir sobre nuestra capacidad colectiva para generar otros futuros posibles, se nos convoca ahora, frente al clima de polarización, las propuestas xenófobas y la presión creciente sobre las minorías europeas, especialmente migrantes y refugiados, a estar en primera línea en la protección de los derechos humanos y la democracia en Europa. Estoy convencida de que sabremos hacerlo. Ya lo hicimos muchas veces. Willcommen im Cabaret.

El siglo de la diversidad (¿Hacia dónde vamos? El Correo Vasco)

 

Este artículo se escribió gracias a la invitación de El Correo Vasco y para su sección ¿Hacia dónde vamos? enfocada en la reflexión común sobre nuevos horizontes de acción y construcción de futuros posibles. Se publicó el domingo 25 de noviembre de 2018.

Ha querido la vida que hoy, día post-elecciones andaluzas, este texto aterrice en este espacio. Vaya dedicado por tanto a quienes levantan los olivos.

 

Hace unos meses escuché afirmar con rotundidad al maestro en políticas culturales recientemente fallecido, Eduard Miralles, que la diversidad sería para el siglo XXI lo que la libertad fue para el siglo XIX. Nos animaba así a sumar a la libertad, la igualdad y la fraternidad, la diversidad que, según él,  faltaba para que las tres anteriores fuesen realmente ciertas. Frente a la ola regresiva mundial en materia de derechos humanos que estamos afrontando y que se sostiene especialmente sobre el odio a las mujeres y las niñas y la presión sobre las minorías de todo signo, propongo, a modo de construcción de un horizonte común, que concentremos nuestra mirada en la agenda de derechos por conquistar que nos corresponde colectivamente alcanzar en este siglo.

Apoyándonos en el calendario de trabajo de la próxima década tanto en el seno de Naciones Unidas como de la UNESCO y dándole la razón al sociólogo Alain Touraine que afirmó hace unos años categórico “la lucha social de hoy es por los derechos culturales”, en la conversación global empezaremos a escuchar con más fuerza algunos de los siguientes temas:

  • El cambio hacia un nuevo paradigma cultural sustentado en la interdependencia y la protección de la vulnerabilidad como ejes de profundización de nuestras democracias que está impulsando el feminismo en todo el globo frente al actual modelo cultural en descomposición del “homo economicus” que subyace bajo el modelo económico global (el héroe irreal sin vínculos hecho a sí mismo que jamás se cansa ni enferma, envejece o muere y, por tanto, ni forma parte de la Naturaleza ni necesita afecto o cuidado)

 

  • Frente a la idolatría tecnológica, cobrará fuerza la necesidad de rehumanizar nuestros sistemas educativos para prevenir el riesgo creciente de incitación al odio, construcción cultural de chivos expiatorios y extremismo global. En esta labor de rehumanización inclusiva se seguirá poniendo en cuestión la actual exclusión en nuestros libros de texto y nuestros cánones sociales de conocimiento tanto del legado cultural de las mujeres como de las minorías así como nuestra ceguera colectiva ante nuestra propia historia de diversidad cultural.

 

  • Asistiremos cada vez con más fuerza a la reivindicación tanto de las mujeres como de todas las minorías de su derecho a participar en la creación de la vida cultural en condiciones de igualdad, no sólo en el campo de las artes y las ciencias, no sólo en consideración a su dimensión como audiencias o públicos, sino a través de su derecho de acceso a la creación artística, la igualdad de condiciones en la distribución y exhibición de sus obras y el reconocimiento económico de su trabajo. Jugará un papel estratégico global, como lleva años mostrándonos la maestra Maider Maraña, la conquista del derecho a identificar y definir qué consideramos como “patrimonio de los pueblos” y las acciones colectivas que desplegaremos para que toda la riqueza de nuestra diversidad cultural (la creación de las mujeres, las culturas campesinas y obreras, las culturas migrantes) se vea reflejada y forme parte de lo que celebramos como Patrimonio de la Humanidad.

 

  • Frente al canto de cisne de los liderazgos de la crueldad, el modelo regresivo actual, emergerán nuevos liderazgos culturales que pondrán en cuestión la sostenibilidad del modelo de masculinidad militarizada y heroica. Desde los campos activistas, por ejemplo, de la diversidad funcional o la diversidad mental se nos obligará a incorporar a la conversación social la necesidad de articular políticas públicas, también políticas públicas culturales, que afronten la necesidad de reconstrucción del lazo social, la realidad del dolor afectivo en nuestras sociedades y la prevención de la soledad como pandemia de este siglo, como hemos visto en la reciente creación del Ministerio de la Soledad en Reino Unido y ante la que tanta labor de prevención y articulación comunitaria puede desplegar la acción cultural.

 

  • El reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos, especialmente los derechos culturales colectivos, los derechos de la naturaleza y los de las generaciones futuras será una de las exigencias impostergables de este siglo. Afrontaremos, por ejemplo, sin duda, diversas iniciativas para impulsar una nueva Declaración de la UNESCO que dé mayor protagonismo a la protección de los derechos lingüísticos y la salvaguarda de las lenguas minorizadas, como ya avanzó todo el trabajo desarrollado por el Protocolo de Donostia.

 

  • Afrontaremos un reto decisivo alrededor del reconocimiento del derecho a la tierra como un derecho humano, sobre el que descansa no sólo la protección de nuestras culturas rurales y todo el legado patrimonial de nuestros conocimientos campesinos y de montaña, sino también la necesidad urgente de proteger a las defensoras ambientales que están sufriendo niveles inenarrables de violencia en todo el globo.

 

Por todo ello, la realidad en los próximos años nos exigirá desarrollar una mirada abarcadora que tenga en la inclusión uno de sus pilares fundamentales y se ampare en la humildad para reconocer que sólo la diversidad protegerá nuestras democracias.