MONDIACULT 2022-UNESCO, Entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional

UNESCO

 

Para mis compañeros y compañeras mexicanos, por este año en el que me permitieron compartir sus ganas de empujar el horizonte.

 

Con motivo del inicio hoy de la gran cita internacional de las políticas culturales, MONDIACULT 2022 de la UNESCO, el periodista cultural Íñigo Picabea me invitó a reflexionar en voz alta para Las Mañanas de Radio Nacional sobre los motivos por los que esta cita es tan importante, qué prioridades de trabajo se plantearán para los próximos años desde el sector cultural, qué papel ha de desempeñar la cultura para el logro de los ODS de la Agenda 2030 y qué caminos de futuro pueden abrirse para la protección de los derechos culturales en España.

Si quieres escucharla, este es el podcast.

¡Que sea útil!

Derechos culturales y paz diversa

(Dedico este texto a mi México del año 2020, por tanto tanto amor.)

 

(Todas las imágenes que iluminan esta entrada son obras del colectivo oaxaqueño de gráfica urbana Lapiztola, @lapiztola_oax y la fotografía es obra de Abhay Bharadwaj)

Si bien cada vez somos más conscientes de la indivisibilidad de cada una de las facetas que conforman los derechos humanos, no es menos cierto que el conocimiento de los derechos culturales, especialmente a nivel popular, es sustancialmente menor y que en las próximas décadas abordaremos, no obstante, el reto de su desarrollo pleno.

Pero, ¿qué papel pueden desempeñar los derechos culturales en la construcción de paz y más concretamente de una paz diversa? Si es evidente que sobre las bases de la injusticia social no pueden construirse paces positivas, ¿qué función cumple la protección y promoción de los derechos culturales como elemento estratégico para la paz?

Aunque el derecho a participar en la vida cultural recogido en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suele considerarse como el horizonte de acción a alcanzar, es importante no minimizar ni parcializar lo que este derecho supone a un nivel profundo. No hacemos referencia exclusivamente al fundamental acceso a la creación artística ni a su central protección, ni hablamos tampoco únicamente del acceso en igualdad de condiciones al legado del conocimiento y experiencia que nos ha precedido. Lo que está en juego cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural es la construcción del “nosotros” social, la construcción de las respuestas legítimas a la pregunta ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestra identidad?, así como la no menos problemática construcción de las preguntas consideradas “legítimas” (qué puede cuestionarse y transformarse y qué no puede hacerlo) que le dan forma a ese “nosotros”.

 

(La fotografía de esta obra de Lapiztola fue realizada por Jose Alberto Canseco, conste)

 

Vemos, por tanto, que junto a otras dimensiones de la exclusión que se refuerzan entre sí, el hecho de no garantizar de modo universal en nuestras sociedades el derecho a participar en la vida cultural supone:

  • Legitimar relatos de exclusión social y construcción de identidades sociales excluyentes, posibles generadoras de violencia.
  • Menoscabar los derechos colectivos de acceso a la memoria y al patrimonio, sesgados por la ausencia y exclusión de voces significativas y perspectivas plurales.
  • Ejercer formas de violencia cultural “por defecto” imponiendo “nosotros sociales” falsamente homogéneos basados en el privilegio de quienes han tenido acceso a los medios y herramientas de construcción de sentido (lenguajes, medios de comunicación, formas legitimadas de expertisse…)

Pero como afirma la filósofa Miranda Fricker existe una dimensión de la injusticia en nuestras sociedades que suele pasar desapercibida y que es un requisito previo para acceder al “derecho a la voz”, al derecho a la participación plena en la construcción de sentido del que habla el derecho a participar en la vida cultural: el hecho de ser personas reconocidas como sujeto de conocimiento.

La verdadera potencialidad transformadora de los derechos culturales residiría aquí: ¿quiénes son inexistentes en nuestro “nosotros”?, ¿a quiénes no se pregunta nunca?, ¿qué experiencias del mundo son consideradas inválidas o impropias?, ¿a quién no se escucha por norma y está excluido de “nuestra identidad”?

El ámbito de la construcción de paz, especialmente en escenarios de post-conflicto y articulación de procesos memoriales, ha sido tradicionalmente un espacio privilegiado para la reflexión común sobre esta forma de injusticia, la injusticia epistémica. Qué testimonios de violencia eran legitimados y cuáles quedaban en sombra, qué colectivos accedían a medidas de reparación económica o simbólica y quienes seguían soportando las consecuencias de la impunidad, qué o quiénes accedían a la monumentalidad memorial o al reconocimiento de duelo de país y quiénes no.

 

 

La obra “Injusticia epistémica” (Herder editorial, 2017, Barcelona) de Miranda Fricker aporta nueva luz sobre la centralidad que juegan las políticas culturales desde una perspectiva de derechos humanos  y construcción de paz para construir sociedades que entiendan la paz diversa, la paz como una polifonía, comprendiendo que sin respeto a la diversidad perpetuamos formas muy arraigadas de violencia.

Así, Miranda Fricker ha puesto el foco sobre dos formas centrales de injusticia, dentro de la esfera de los derechos culturales:

  • La injusticia testimonial que “se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad para aportar conocimiento”.

 

  • La injusticia hermenéutica que “se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad como sujeto de compresión social”, en el acceso al derecho a ser comprendidos.

 

(Esta obra fue realizada por el Colectivo Lapiztola junto al Colectivo 3B de Los Ángeles en denuncia de la separación de los niños y niñas migrantes de sus familias en la frontera con EEUU)

 

Lo que nos está mostrando Miranda Fricker es el hecho de que la protección o desprotección de los derechos culturales en nuestras sociedades contribuyen a configurar lo que ha denominado “economía de la credibilidad”, el sistema por el cual se construye lo relevante, lo existente, lo que se tiene en cuenta. Como afirma “toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento, y por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana.” Es decir, la protección de los derechos culturales es una medida preventiva ante las formas de violencia centradas en la invisibilización y el silenciamiento.

Por tanto, no convendría minimizar la realidad de la marginación hermenéutica en nuestras sociedades como una de las raíces de la violencia, el acceso desigual a las prácticas a través de las cuales generamos significados sociales (como viene señalando desde hace años el filósofo Fernando Broncano, recientemente recogido también en su obra «Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical» y a quien la que escribe debe el conocimiento de la obra de Miranda Fricker, conste). Como sostiene Fricker, “socavar la fiabilidad epistémica es un nutriente importante de la ideología del odio” y se realiza de modo cotidiano a través de fórmulas de apropiación, luz de gas e invisibilización de la autoría de ideas (en nuestras sociedades ¿quiénes se llevan los méritos?), así como del refuerzo de marcos que construyen la pérdida de confianza en la propia opinión y experiencia de las cosas, así como en la pérdida de confianza en las propias capacidades interpretativas e intelectuales.

Se trataría por tanto de construir socialmente entornos que hiciesen posible la valentía intelectual:

  • La capacidad de examinar creencias sostenidas popularmente y generar alternativas, nuevas posibilidades.
  • El refuerzo de la perseverancia ante la oposición grupal.
  • La determinación para hacerse oír frente a la manipulación del silencio.

 

Derechos culturales y paz diversa

 

De modo que es necesario reforzar y llevar al centro de la agenda pública la importancia de la protección de los derechos culturales para la construcción de sociedades de paz diversa en base a tres ejes:

  • Su carácter preventivo: por su refuerzo de la inclusión social y la articulación de identidades sociales plurales y diversas.
  • Su carácter constructor: especialmente en escenarios de post-conflicto y procesos memoriales, desactivando raíces futuras de revancha o “culminación de tareas no resueltas” al incorporar en nuestro reconocimiento de país todos los duelos, todas las vidas que importan.
  • Su carácter profundizador: creando democracias con cimientos más firmes que encuentran en el respeto a todas las dimensiones de la diversidad la respuesta a las derivas extremistas y autoritarias.

Consideremos entonces, a la luz de las aportaciones de la filósofa Miranda Fricker, la protección de los derechos culturales como un camino de futuro para explorar en las próximas décadas la potencialidad de la paz diversa.

 

 

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

#Méxicosinplagio

Hace unos días la prensa internacional se hacía eco de la petición de explicaciones públicas realizada por la Secretaría de Cultura de México a la diseñadora Carolina Herrera por la utilización en su última colección de elementos textiles tradicionales de diversos pueblos indígenas, petición de explicaciones que también se viralizó en twitter bajo los hashtag #Méxicosinplagio #SinLasComunidadesNO, buscando la colaboración y la consciencia ciudadana frente a este tipo de robo.

Si bien el plagio textil a estas comunidades, pese al marco de protección de la Declaración de la UNESCO de sus derechos, viene siendo recurrente y es un delito que no para de crecer, desde España aún vivimos estas situaciones como realidades exóticas y ajenas, a pesar de que muchas veces sean empresas textiles españolas las que estén implicadas en estos delitos de apropiación. El hecho de que las artesanas textiles y bordadoras centroamericanas hayan estado los últimos años en pie de guerra, especialmente frente al plagio de la industria textil china todopoderosa en la región, consiguiendo con sus movilizaciones grandes logros legales, ha pasado totalmente desapercibido en España, como si este tipo de situaciones no fuesen una amenaza también para la cultura en nuestro país.

Nada más lejos de la realidad. Contrasta la respuesta del Gobierno mexicano con la pasividad que han mostrado las instituciones españolas frente a situaciones similares de plagio a la que han tenido que hacer frente, entre otros, los pequeños municipios gallegos de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, que han visto cómo el trabajo textil realizado tradicionalmente por las mujeres de sus pueblos para su Carnaval ha sido copiado por la marca Dolce&Gabbana en una de sus últimas colecciones.

Si bien existe un mayor grado de alerta y sensibilización social frente a otro tipo de robos vinculados a la cultura, aún tenemos que desarrollar nuevos grados de conciencia frente a estas fórmulas de apropiación, teniendo en cuenta que se dan en la esfera internacional y que suelen enfrentar a colectivos o territorios especialmente desprotegidos y vulnerables frente a gigantes empresariales transnacionales con una gran fuerza publicitaria y de comunicación.

 

 

Si desde el mundo rural español , por ejemplo, aún estamos esperando respuesta, a pesar de todos los esfuerzos del Museo Arqueológico Nacional, frente a casos sonados de expolio, como el siempre postergado proceso de restitución de los restos arqueológicos de Castiltierra, apropiados por el nazismo con el beneplácito del régimen franquista, encontrándonos día sí y día también con noticias referidas al tráfico ilegal de obras de arte robadas en nuestros pueblos -la más reciente la desarticulación el pasado mes de abril de una banda de tráfico ilegal de restos arqueológicos con una notable implantación en Andalucía que contaba en su haber con más de 3700 piezas patrimoniales-,  no queramos imaginar la dificultad con la que se encuentran los pequeños municipios en el caso de los procesos de robo vinculados al patrimonio inmaterial.

Se suele olvidar que cuando hablamos de estas formas de apropiación y plagio, más vinculadas a conocimientos tradicionales, de lo que estamos hablando también  es, en la mayor parte de los casos, de invisibilización del trabajo de las mujeres, grandes guardianas informales de la riqueza patrimonial en nuestro país. ¿O quienes limpian ermitas, cosen mantos, bordan trajes tradicionales, custodian baúles, cajas de galletas llenas de fotos, adornan balcones, preservan recetas, custodian informalmente la memoria de un país?

En el mercado internacional actual más preocupado por  las artesanías que por las artesanas, por el producto que por las condiciones laborales o económicas de quienes lo hacen posible, se están empezando a alzar voces – que deberían tener un reflejo en la futura Ley de derechos culturales española hacia la que sin duda avanzaremos– alrededor de dos grandes reivindicaciones: en primer lugar la justa remuneración a las creadoras originales de los diseños y el reparto equitativo con las comunidades creadoras de dichas artesanías de los beneficios que obtengan las grandes marcas con la explotación de sus diseños.

 

Si ante otros escenarios de expolio cultural de grandes dimensiones la comunidad internacional ha sido capaz de ponerse manos a la obra, como a través, por ejemplo, del proyecto de las Bibliotecas central y regional de Berlin para la restitución a los propietarios originales de los libros robados al pueblo judío durante el Tercer Reich o como a través de la puesta en valor de la figura de grandes heroínas en la defensa del Patrimonio frente al robo de arte como lo fue Rose Valland, tendremos que empezar a debatir con mayor rigor en España sobre cómo vamos a protegernos frente a estas nuevas fórmulas de explotación económica que amenazan a nuestras culturas, teniendo en cuenta que habrá que impulsar medidas de protección mucho más concretas y eficaces para ese tesoro a cielo abierto y sin guardián que es la España rural que se vacía.

Si como dice el dicho, “cuando bebas agua, recuerda la fuente” quizá ante situaciones como las que afrontan estos pequeños pueblos ante el plagio de las grandes marcas de moda internacionales tengamos que pararnos a pensar: a quiénes se plagia, por qué resulta tan sencillo y barato apropiarse del legado común recibido generación tras generación. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa y descubramos que detrás de cada bordado robado, de cada creación plagiada, lo que se esconde en realidad es el dolor de manos trabajadoras que crean.

 

Derechos culturales e igualdad de género: tejiendo puentes México-España

(Para más información, este enlace)

Desde la gratitud por la invitación, nos hacemos eco de la apertura de las inscripciones a la IV Cátedra en Arte y Cultura Universidad Autónoma de Aguascalientes que versará sobre Derechos culturales y que se celebrará en Madrid los días 8, 9 y 10 de mayo. Un placer siempre tender puentes entre México y España.

Reproducimos la información:

«La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada y el Instituto de México en España, en
coordinación con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y el Centro de las Artes y la Cultura, tiene el honor de invitar al público en general al curso-taller dentro del marco de la IV Cátedra en Arte y Cultura Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La identidad de un país está implícitamente ligada a la forma en que garantiza el ejercicio de los
Derechos Culturales a sus ciudadanos. Los Derechos Culturales son esenciales para la dignidad humana y deben interpretarse según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Estos derechos son la base de una ciudadanía plena y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura, y esa cultura además se proyecta hacia las distintas manifestaciones artísticas.
No podemos hablar del arte y la cultura sin el ejercicio pleno del derecho a la expresión a través
de la participación artística, del disfrute de los bienes culturales y las garantías plenas para su
producción y consumo. Por medio del taller Derechos Culturales en México, se busca presentar
la diversidad cultural y artística del país a través de los distintos instrumentos y plataformas que
promueven el ejercicio de estos derechos dentro de las manifestaciones urbanas, rurales e indígenas del país, entre otras.

 

 

Mesa de encuentro:
Derechos culturales e igualdad de género
Jueves 10 de mayo de 18:30 horas

Instituto de México en España, Carrera de San Jerónimo, 46

Esta mesa busca reflexionar sobre la diversidad de la realidad cultural de nuestras sociedades, sus
mecanismos de conservación, reelaboración y transmisión, y sobre la importancia de escuchar
todas las voces que la conforman para garantizar la libertad de expresión y el desarrollo inclusivo y
respetuoso de toda la población. En este encuentro hablaremos de arte, de cultura, de derecho y, a la
vez, intentaremos visibilizar a uno de los colectivos con menor representación en el sector: las mujeres.

Participan:
Irlanda Godina Machado- Universidad Autónoma de Aguascalientes

Estefanía Rodero Sanz- Socióloga de la cultura y teórica literaria

Lourdes Lucía Aguirre- Co-fundadora de Attac y presidenta de su filial en Madrid.

 

 

Nos faltan 43: neoliberalismo y violencia en México

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No podemos comprender, en su primer aniversario, la desaparición forzosa de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa sin analizar el peso de la política neoliberal en México,
especialmente a partir de los años noventa, que generó el caldo de cultivo para la
“institucionalización del narco” y su presencia de facto en el mundo económico, empresarial,
policial, militar y político.
En un informe del año 2012 del Senado mexicano titulado “Ayuntamientos y crimen
organizado” se concluía que el narco estaba infiltrado en el 71,5% de los municipios del país.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas neoliberales en México?
En los años 80, México y toda América Latina hacía frente a la denominada “crisis de la deuda”
en la llamada “década perdida latinoamericana” que llevó no sólo a debilitar el Estado, sino a
la aplicación rigurosa de los mandatos del FMI con sus recetas de mayor austeridad,
adelgazamiento de los derechos sociales y cesión al mercado de competencias estatales. La
aplicación de este paquete de medidas en un país que a día de hoy aún tiene al 46% de su
población en situación de pobreza y a un 11% sobreviviendo en condiciones de pobreza
extrema, profundizó aún más la desigualdad y desarticuló una incipiente clase media.
En esta situación de progresivo avance neoliberal, como ya sabemos, se firmó en el año 94
(inicio también del movimiento zapatista, los Foros Sociales Mundiales y el nacimiento de
ATTAC internacional) el NAFTA, el Tratado comercial entre México, EEUU y Canadá que no sólo
supuso la renuncia del gobierno mexicano a intervenir en su economía nacional o la entrada de
México en el juego de las finanzas de casino dejando atrás la inversión productiva sino el inicio
de otros efectos perversos de los tratados neoliberales.
No sólo se produjo una pérdida paulatina de soberanía alimentaria. La desregulación de la
protección al maíz mexicano, mayor cultivo del país, permitió la importación del maíz
estadounidense, provocando una brusca caída en los precios y empeorando la calidad de vida
de los productores locales, que se hicieron más vulnerables a las estrategias de presión del
narco para el cultivo forzoso de amapola o que vieron en esta misma posibilidad un recurso
extremo para la supervivencia económica.
Al igual que estamos viendo ahora en el Sur de Europa y en el proceso de negociaciones del
TTIP, México con la firma del tratado se convirtió en un enclave económicamente secundario y
dependiente de las grandes multinacionales a través de la implantación de la maquila. Las
políticas fiscales que rebajaron la carga impositiva a las multinacionales a un 1,7% frente a la
carga del 20-30% del resto de la población favorecieron esta “maquilización”.
Se promulgó también una Ley minera que dejó a los territorios en manos de compañías
extractoras de metales preciosos, especialmente canadienses. No está de más recordar que el
Estado de Guerrero, en el que se vivió la masacre de los 43 estudiantes, es uno de los mayores
productores de oro del país, mientras el 70% de su población está en riesgo de pobreza.
También se avanzó en una reforma energética que liberó el petróleo y la electricidad, hasta el
momento en manos de PEMEX. Se ha denunciado en fechas recientes la existencia de una
estructura paralela controlada por el narco que comercializa este mismo petróleo de modo
ilegal en cantidades similares a las de la comercialización legal.

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Junto al progresivo desmantelamiento de las policías comunitarias, las diversas reformas
educativas buscaron también el control sobre el magisterio, en determinadas zonas altamente
politizado, como es el caso de las Escuelas Normales.
Pero entre los efectos de mayor calado de la adopción de esta agenda neoliberal en México se
encuentra la incorporación de uno de los ejes discursivos centrales de las intervenciones
militares de EEUU, manejado con fines geopolíticos, así como la imposición de los términos
estadounidenses en su llamada “guerra contra las drogas” o, bajo el nuevo término que usa la
administración norteamericana, “narcoterrorismo”. No sólo impulsó la criminalización en
bloque de todas las luchas sociales (campesinas, estudiantiles, sociales) sino que propició la
militarización de la política, especialmente bajo el mandato de Felipe Calderón (2006-2012)
que dejó tras de sí 70.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 1,6 millones de desplazados
forzosos, así como una petición de juicio por crímenes de lesa humanidad impulsada por
diferentes agentes sociales mexicanos.
No hay que olvidar el pingüe beneficio que recayó en las empresas de armamento
estadounidenses con la institucionalización de la “guerra contra el narco”. El 75% de las armas
decomisadas al crimen organizado mexicano son estadounidenses, sin contar con los contratos
de suministro legal tanto al ejército como a la policía mexicanas.
Ante esta situación de desigualdad social extrema, que mantiene el grueso de la economía
mexicana en el sector informal, la creciente pérdida de empleos, recortes, falta de cobertura
estatal, algunos analistas y sociólogos mexicanos empezaron a nombrar la situación desde un
nuevo y doloroso prisma: narcoestado, necropolítica o capitalismo gore fueron algunas de las
categorías nacientes.

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Se comprobó que a medida que el sector informal fue creciendo, apoyado en un nunca extinto
sistema caciquil, se dio un crecimiento exponencial del crimen organizado.
El tráfico de drogas supone el 3,6% del PIB en México, mientras que el coste de la inseguridad
según el ICESI es el 8,9% del PIB. Si observamos los datos mundiales, el mercado internacional
de la droga representa el 1,5% del PIB mundial, con 320 mil millones de dólares en el comercio
de cocaína y heroína a mucha distancia de los 32 mil millones de dólares de la trata de
personas y muy lejos de las cifras de la venta de armas o recursos naturales.
Este 3,6 % mexicano pasa necesariamente por procesos de blanqueo y lavado de capitales a
través de los paraísos fiscales, revirtiendo apenas testimonialmente en negocios pantalla e
invirtiéndose directamente en especulación financiera que refuerza, en una lógica macabra, la
economía global y a la misma élite financiera que promueve la agenda neoliberal y la firma de
los mal llamados tratados de libre comercio a nivel internacional.
Sabemos también que en el proceso de penetración del narco en las instituciones mexicanas,
la corrupción es una constante, documentándose el manejo de unos mil millones de dólares
anuales del crimen organizado exclusivamente para forzar procesos de corrupción policial.
Mientras que México en décadas anteriores se caracterizaba por ser un país de paso para la
droga en su camino hacia el mayor consumidor mundial, EEUU, en la actualidad se ha
reforzado su papel productor, especialmente de heroína y marihuana. El nivel de decomisos de
heroína en la frontera con los EEUU aumentó desde el año 2012 en un 324%. Conviene
recordar también que el Estado de Guerrero donde se vivió el horror de Ayotzinapa concentra
el 98% de la producción nacional de amapola.
En medio de toda esta situación, el narco no sólo se ha aprovechado del desmantelamiento de
la protección social y la precarización colectiva, impulsando incluso procesos de reclutamiento
entre menores de edad, en cifras que oscilan entre los 30.000 y 43.000 menores sino que ha
desarrollado también acciones de suplantación del Estado, a través de creación de pequeñas
infraestructuras y empleo ilegal que repercute también en el sector formal requerido por el
blanqueo de dinero.
Es conveniente, en este primer aniversario de la desaparición forzosa de los 43 de Ayotzinapa,
ampliar la mirada para comprender las causas sociales y económicas que han permitido la
instauración de un sistema nacional marcado por la impunidad y que al grito de ¿por qué nos
asesinan si somos la esperanza de América Latina? que recorrió las calles mexicanas hace un
año, encuentra respuesta en una entrevista realizada a uno de los compañeros de los
normalistas desaparecidos: “¿Pelearías contra el narco como ya lo haces contra el resto de las
instituciones capitalistas?” “No, porque sabemos lo que hacen.”