Vida cultural y patrimonial de los municipios de menos de 5.000 habitantes-Sierra de Cádiz, 13 de diciembre

 

(Si quieres, puedes ver la ponencia «El rol de las mujeres en la vida cultural de los municipios rurales» en este enlace)

Como siempre me hace muy feliz ir a Cádiz y conocer un poco mejor la provincia, estoy muy contenta de poder ¡volver a vernos! el próximo 13 de diciembre en el Centro de interpretación de la literatura «Pedro Pérez Clotet» en Villaluenga del Rosario, en la Sierra de Cádiz, en el marco de una nueva Aula Rural organizada por la Red Española de Desarrollo Sostenible.

En esta ocasión tendremos la oportunidad de dialogar y reflexionar sobre la Vida cultural y patrimonial de los municipios de menos de 5.000 habitantes y en mi caso, del papel fundamental que juegan las mujeres en la construcción de un mundo rural vivo y en la defensa de futuros igualitarios y abiertos.

Te dejo por aquí el programa por si tienes interés en participar.

En este enlace puedes inscribirte para participar online y en este otro enlace para participar presencialmente.

 

PROGRAMA

09:45 Acto de Apertura

10:00 Diálogo:

Políticas culturales y mundo rural, ¿oxímoron?

Jorge Fernandez León y Antonio Javier González Rueda.

10:45  Mirada:

Cultura y ruralidades.

Benito Burgos Barrantes. Subdirector General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Ministerio de Cultura y Deporte.

Teresa Muela. Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

11:15 Desayuno serrano

11:45 Contrapunto:

Memoria y creación desde el campo.

María Sánchez. Poeta, ensayista y veterinaria.

12:30 Taller:

Memoria y cultura ganadera.

Olga González Casquet. Directora Ejecutiva de la Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya.

13:45 Almuerzo

De huerta, quesos y vinos: la memoria eno-gastronómica.

Pepe Verdugo. Universidad Popular Paulo Freire de Benalauría (Málaga).

15:30  Proyección:

Documental EL PUEBLO (1983) y ruta guiada por los lugares del rodaje.

Antonio Javier González Rueda (Universidad de Cádiz)

17:00 Café Tertulia:

El rol de la mujer en la vida cultural de los municipios rurales.

Estefanía Rodero Sanz, socióloga de la cultura, especialista en género y políticas de igualdad.

18:00 Experiencias cruzadas: Pueblos culturales.

El proyecto patrimonial de la Fundación Grazalema 2030. Miriam Carrión.

Literatura y atractivo turístico. Casa Museo Poeta Pedro Pérez Clotet. Alfonso Carlos Moscoso González (Alcalde de Villaluenga)

19:00 Presentación de publicación:

Objetivos de desarrollo sostenible y sus metas desde la perspectiva cultura. Una lectura transversal [Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)]

Alfons Martinell Sempere. Codirector de la publicación

19:30  Clausura y conclusiones

 

 

 

Manifiesto IFLA/UNESCO 2022 sobre las Bibliotecas Públicas

 

Desde este espacio de amor incondicional bibliotecario y el reconocimiento ¡a su labor permanente de incidencia! celebramos y viralizamos el nuevo Manifiesto IFLA/UNESCO 2022 sobre las Bibliotecas Públicas, una actualización necesaria y con visión de futuro.

 

Puedes descargarlo desde la página de IFLA.

 

En mi lectura lo más importante se planteó así:

Subrayando la capacidad de las bibliotecas para defender y promover los valores democráticos, alentar el desarrollo de una ciudadanía bien informada y capaz de tomar sus decisiones de forma crítica y autónoma, así como su misión de defender el acceso al conocimiento sin barreras comerciales, tecnológicas o legales, sensibles a la democracia epistémica…

Erigiéndose como una fuerza vital para defender el derecho a la educación, los derechos culturales y la participación en la vida cultural, la inclusión social y el derecho a la información…

Manifestando que las colecciones y servicios bibliotecarios no deben estar sujetos a ninguna forma de censura ideológica, política o religiosa, ni estar sometidas en modo alguno a presiones comerciales…

El Nuevo Manifiesto IFLA/UNESCO 2022 sobre las Bibliotecas Públicas INSTA a los gobiernos nacionales y locales a apoyar y comprometerse activamente en el desarrollo de las bibliotecas públicas.

Aplausos, que tanto en España como en toda América Latina sirva como documento prioritario para la incidencia, ¡SEA!

 

 

#LaEducaciónContinúa y el derecho a la educación como derecho cultural

 

Bajo el lema #LaEducaciónContinúa la UNESCO ha impulsado una campaña mundial para tratar de poner el foco de atención sobre la situación a la que se enfrentan las niñas de todo el globo tras la pandemia. Más de 11 millones de niñas podrían no volver a la escuela después de esta crisis, lo que supone no sólo un retroceso en el derecho de acceso a la educación sino el inminente riesgo del aumento de los matrimonios infantiles, los embarazos precoces y de alto riesgo, la violencia en sus múltiples facetas y la pobreza, siempre la pobreza.

Para no dejarme acobardar por las dimensiones de este retroceso, teniendo en cuenta los 130 millones de niñas que en nuestro planeta aún no tenían acceso a la educación antes de la pandemia y resonando aún con la facilidad con la que en los últimos días se ha mercadeado con los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la esfera internacional ante la situación afgana, volvía a la reflexión que Kambou Boly Barry compartía en los últimos meses sobre el derecho a la educación como derecho cultural, conjurando el riesgo del desaliento o la apatía.

 

La relatora está haciendo un llamamiento internacional para que el derecho a la educación se considere un derecho cultural en sí mismo y se produzca un cambio de perspectiva, el impulso de un nuevo paradigma educativo, es decir :

 

“el derecho a la educación entendido como el derecho de toda persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su propio proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo, así como para participar en prácticas que le permitan apropiarse de estos recursos y contribuir a ellos.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

La plena efectividad del derecho universal a una educación inclusiva y de calidad no puede existir sin tener en cuenta los elementos que favorecen el respeto de la diversidad y los derechos culturales en la educación, señalando entre ellos:

  • La valoración de los recursos culturales presentes.
  • La descentralización en favor de actores locales y la dotación de cierta autonomía a las escuelas para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje.
  • Los métodos de observación participativa y sistémica.
  • El respeto de las libertades en el ámbito de la educación.

Así, la vida educativa pasaría a considerarse como una relación viva entre los actores y el conjunto de conocimientos que forman los recursos culturales comunes.

Se subraya la importancia que tiene la injusticia epistémica sobre la protección del derecho a una educación inclusiva y de calidad, señalando cómo la pérdida y desvalorización de los conocimientos presentes que atesoran objetos, instituciones o personas perpetúa situaciones de exclusión y desigualdad. Por lo tanto convendría no olvidar:

“la valoración de la diversidad de conocimientos presentes y la valoración de la diversidad de personas se refuerzan mutuamente”.

 

“las vulneraciones de los derechos lingüísticos o de los derechos a la memoria, o una visión sesgada que invisibiliza a ciertas comunidades y sus contribuciones, son graves y tienen efectos nefastos a través de las generaciones, especialmente cuando se enseñan diferentes narrativas a diferentes comunidades.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

Dentro de este cambio de perspectiva, se alerta sobre la tendencia a limitar el derecho a la educación como un derecho cultural en sí mismo a las comunidades lingüísticas, religiosas o étnicas. No obstante, para abordar la diversidad cultural, afirma Koumbou Boly Barry, hay que tener en cuenta todas las diversidades, ya sean históricas, patrimoniales, sociales o relacionadas con el género o con la discapacidad, pero también las resultantes de trayectorias vitales particulares (por ejemplo, la migración, el desplazamiento o el asilo), o de situaciones de pobreza, pobreza extrema, violencia o violencia extrema. Además, las personas tienen múltiples comunidades de pertenencia o referencia e identidades multifacéticas.

 

Entre los elementos más interesantes de la consulta internacional de la que emerge esta reflexión, se encuentra la necesidad de revalorización de la transmisión intergeneracional, alertando sobre la gravedad de sus rupturas no sólo dentro de los círculos familiares, sino también dentro de las propias comunidades o como señalan para alertar de su importancia “para toda la Humanidad”. Ante el éxito rampante de los imaginarios de la eterna juventud, la invisibilización de los procesos transgeneracionales que dan lugar a logros y resultados, la negación del reconocimiento e invisibilización de las fuentes de aprendizaje y formación, ¿cómo contribuir tanto desde el ámbito educativo como desde la definición de las políticas culturales a poner en valor de un modo vivo y no esclerotizado el papel de la transmisión intergeneracional?

 

Y de nuevo, también en la defensa del derecho a la educación como derecho cultural, el poder de la agencia:

“una persona se apropia de un recurso cultural no solo cuando lo descubre y desarrolla su práctica utlizándolo, sino también cuando contribuye a él.”

 

O en resumen: acceder, practicar, contribuir. Mucho más ante los procesos de mercantilización de la educación que, “lejos de permitir el respeto de la diversidad cultural, suelen conducir a una uniformización empobrecedora.”

 

Comparto por aquí (cada cual conjura el riesgo de impotencia a su manera) este diálogo internacional, sintiendo que sería interesante seguir profundizando en este cambio de perspectiva y explorar de qué manera podría contribuir a reforzar el derecho a la educación de las niñas en todo el planeta, una de nuestras emergencias.

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro (Conversaciones en Confinamiento, Trànsit Projectes)

 

Ha sido un placer poder participar en el ciclo Conversaciones en Confinamiento organizado por Trànsit Projectes alrededor de las oportunidades abiertas para la cultura en el espacio rural.

Junto a Gemma Carbo, directora del Museu de la Vida Rural – Fundació Carulla y presidenta de la Fundació Interarts; Jorge Fernandez León, director de programas de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y Patrono de la Academia de España en Roma & Angel Mestres, director de Trànsit Projectes (con aportaciones de Colectivo Lento) se ha entrelazado la Conversación en Confinamiento V: La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro. Muchas gracias por la invitación, la incitación, la maestría y la palabra.

Por si quieres asomarte a la conversación y las puertas abiertas de la cultura en el medio rural:

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro, Conversaciones en Confinamiento V, Trànsit Projects

Cultura y turismo selfie (El Correo Vasco, 8 de agosto de 2019)

Catedrales

El pasado 20 de mayo finalizaba el plazo para realizar contribuciones al próximo informe de la relatora de derechos culturales de Naciones Unidas que versará sobre Derechos culturales y espacios públicos. Tratando de poner diques de contención a uno de los mayores riesgos para garantizar el derecho a participar en la vida cultural como es la progresiva privatización de los espacios públicos para la cultura, el llamamiento a la creación colectiva de este informe incidía sobre aspectos importantes:

  • Cómo estamos definiendo el espacio público
  • Qué contenido y alcance podría tener un posible “derecho a los espacios públicos”
  • Cuál es el impacto sobre el disfrute de los derechos culturales de las tendencias relacionadas con la privatización de diferentes tipos de espacios públicos

Me quedaba dándole vueltas a este último punto alrededor de uno de los debates, para mí aún pendientes en toda su complejidad, respecto a la creciente privatización del acceso a las catedrales en España.

Ha sido el escritor Julio Llamazares, al finalizar su obra “Las rosas de piedra” en la que recoge su viaje alrededor de las 75 catedrales españolas, quien ha llevado de un modo más claro a los titulares de prensa en nuestro país la urgencia de tomar medidas ante la imparable privatización de nuestros espacios patrimoniales, bautizando, por ejemplo, a un selecto grupo de catedrales en España en una reciente entrevista en El País con la periodista Rut de las Heras como las “vacas de ordeño”, o poniendo el foco sobre los efectos de la turistificación y las restricciones de acceso, en esta entrevista con la periodista Ana Mendoza para Zenda Libros:

“—A lo largo del libro, criticas con frecuencia a la Iglesia por cobrar las entradas a las catedrales y afirmas que “el viajero está harto de pagar para poder ver lo que al fin y al cabo es suyo también”.

—No me molesta pagar los cuatro o los seis euros que pidan, porque yo puedo hacerlo. Lo que no me gusta es que ni siquiera te permiten presentar un libro sobre catedrales en ellas. Hay un secuestro evidente. El afán recaudatorio puede a veces también molestar. En la Mezquita de Córdoba te cobran once euros por entrar y, si sales al baño o a tomar un bocadillo y vuelves a entrar, te vuelven a cobrar. Hay una voracidad recaudatoria que es un poco ofensiva y que, además, a ellos les ofende que lo digas. Yo lo hago porque tengo conocimiento de causa. Es que he estado en 75 catedrales y sé cómo las manejan.

Lo que realmente me molesta de todo eso es que la voracidad recaudatoria de la Iglesia mata la vida en las catedrales. En el momento en que cierran las puertas y cobran por entrar, acceden sólo los turistas. Es decir, las catedrales se han cerrado a la vida de la ciudad. Los vecinos ya no las consideran suyas porque, cuando te cobran por entrar a un sitio, ya no lo sientes como algo tuyo. Han matado la vida en las catedrales, no sólo religiosa, sino de contemplación, de disfrute. Yo, antes, cada vez que iba a León, visitaba la catedral. Ahora no lo hago, no por no pagar los euros que cueste, sino porque dentro sólo vas a encontrar un cascarón vacío, lleno de gente con audioguías, deambulando como autómatas. La vida que había antes en esos templos, con la gente que iba a rezar, los sacristanes, los que entraban y salían, eso se ha muerto. Y no hay con quién hablar, no hay vida, no hay emoción, no hay nada. Y eso es lo que me molesta. Y por decirlo te llaman anticlerical. Pero lo digo porque me duele, porque amo las catedrales. Evidentemente, yo no dedico dieciséis años de mi vida y 1.200 páginas para criticar a la Iglesia, sino para disfrutar de las catedrales y transmitir esa pasión a la gente.”

 

 

También yo, nacida en ciudad catedralicia, tengo reciente la experiencia de haberme encontrado sin previo aviso ante un acceso restringido a “la Catedral” ante el que fui absuelta del pago por el arbitrario razonamiento de que en mi DNI aparece como lugar de nacimiento el nombre de la ciudad. Más allá de la visión turística, pensé en todos los migrantes, de interior y exterior, residentes por décadas, y en su obligación de pago religioso de tasa para tener acceso al templo.

Esta privatización que se ha extendido de modo silencioso y ubicuo, ante nuestra pasividad generalizada, nos lleva de nuevo a examinar la importancia de avanzar en nuestro país en el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano. Porque, ¿a quién pertenece una catedral? ¿A quien la construyó, a quien la mantiene, a quien la disfruta?

Junto a la superposición histórica, de épocas, que define a toda catedral y a la suma de manos que la hicieron posible, ¿no habría que añadir también todos los relatos, recuerdos, evocaciones, memorias, imaginería? ¿No forman parte también de nuestra estructura afectiva y le otorgan un valor más allá de la arquitectura?

Si leemos esta progresiva privatización desde la óptica de la protección de los derechos culturales, teniendo en cuenta un primer acercamiento emocional-intuitivo al tema, que va exigiendo ya un estudio económico y legal minucioso, surgen algunas dudas importantes:

 

  • ¿Bajo qué criterios se está realizando la implementación de esta privatización en el acceso a las catedrales en España? ¿Quién ha elaborado estos criterios: instancias municipales o instancias eclesiásticas? ¿O han sido estructuras mixtas? ¿Hay una norma común a nivel estatal que unifique criterios? ¿Cómo se está REGULANDO este proceso?

 

  • ¿Competencia concurrencial en el mercado o Patrimonio de la Humanidad? ¿Pliegos de condiciones para la contratación de los servicios de privatización? ¿Cuáles serían los aspectos a puntuar: sólo el precio, proyectos de museo catedralicio adscritos, incorporación de tecnología para amenizar la visita? ¿Qué tecnología es «necesaria» para visitar una catedral? ¿Por qué? ¿Todo lo anterior quién lo está baremando, midiendo? ¿O también se puntuaría la accesibilidad universal, criterios de inclusión social, estructuras adaptadas, valores pedagógicos…? ¿Y el silencio? ¿Puntúa? ¿Cómo se están gestionando dichas concesiones y la medición de sus impactos?

 

  • ¿Son los criterios de exención de pago iguales en todas las catedrales de España o los impone cada empresa concesionaria? ¿Cómo se está fijando «el precio»?

 

 

  • La recaudación del acceso, ¿se reinvierte en labores de restauración y mantenimiento?, ¿o es simplemente lucro? Las catedrales situadas en ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿tienen una regulación extra de este criterio?

 

  • Dado que las labores de restauración patrimonial se financian con fondos públicos contribuyendo a mantener vivo el valor monumental catedralicio y en virtud de criterios de transparencia, ¿dónde puede la ciudadanía de cada localidad tener conocimiento de la recaudación derivada de la privatización del acceso a las catedrales y en su caso del porcentaje que se reinvierta para el mantenimiento del monumento?

 

  • Esta política de privatización de acceso, ¿qué impacto tiene sobre la efectiva protección de los derechos culturales en España?

 

Comparto por aquí este reguero de dudas, esperando un debate común más detallado sobre todo ello. Porque, Señor, los cercamientos nos rodean, Señor, los cercamientos.

 

 

Palabras que cuentan: comunicación y economía de la credibilidad

 

(Artículo escrito para el número de despedida de la Revista Pueblos que puedes leer aquí)

Allá por el año 1980, la publicación de la UNESCO “Un solo mundo, voces múltiples”, más conocida como Informe McBride, que pretendió generar alternativas a las desigualdades comunicativas globales para promover así una cultura de paz, ya alertó sobre el hecho de que los medios de comunicación funcionaban de facto como instrumentos de poder claves para perpetuar la desigualdad económica global,  la estandarización de contenidos y fuentes de información sería imparable si no se articulaban con urgencia medidas de protección que garantizasen el acceso a canales informativos múltiples y que cada vez se hacía más urgente impulsar la elaboración de un código de ética periodística mundial.

Desde este Espíritu McBride (que sería tan interesante impulsar de nuevo dentro de las actuales negociaciones del Tratado vinculante de la ONU sobre Transnacionales y derechos humanos), que en su momento provocó tanto el silenciamiento y ostracismo de Sean McBride como la salida de la UNESCO de los EEUU de Reagan, ofendido por la defensa de la diversidad mediática global, me gustaría concentrarme, por su urgencia para el presente, en la naturaleza del derecho al acceso a la comunicación como un derecho humano.

Si tenemos en cuenta el papel central que juegan los medios de comunicación como creadores y transmisores de cultura, es obvio pensar que, entre otras aristas, no existe protección del derecho a participar en la vida cultural en condiciones de igualdad sin que la comunicación esté al alcance de todos en términos de dignidad humana y no discriminación, así como dentro de marcos legales que protejan el derecho a la identidad cultural, uno de cuyos elementos más evidentes sería la protección de la diversidad lingüística.

 

 

Los medios de comunicación juegan un papel determinante para la creación de climas de respeto o persecución, entre otros, de los derechos culturales y de las minorías, dada su capacidad para construir y legitimar visiones del mundo y redes de significado que definen “lo que realmente existe”, “lo que deviene real” merced a su acceso a la representación y la visibilidad.

El derecho a la comunicación como derecho humano no se centra por tanto tan sólo en el derecho a recibir información, en la protección de la pluralidad de lo recibido, sino en la capacidad generadora de esa misma información. Sin tener acceso a los instrumentos a través de los cuales se construye el sentido, se identifica lo que es relevante y no, lo que participa en el desarrollo y evolución de valores y conductas plausibles y en general a las herramientas por las que se construye “la realidad que se ve” (y por lo tanto que definen también las zonas de silencio y sombra) no se puede hablar en ningún caso de respeto a los derechos humanos.

Desde esta mirada a los medios de comunicación como legitimadores de discursos y conductas y constructores de “la voz pública”, la definición de quién tiene derecho a hablar y quién queda relegado del derecho a la palabra, sería urgente llevar nuestra mirada crítica tanto para el corto como para el medio plazo hacia lo que Dolores Juliano ha denominado los “criterios de credibilidad”. Como afirma Dolores Juliano, “los sectores que tienen mayor poder monopolizan a su favor el supuesto de veracidad (…) Se da así una correlación directa entre poder y credibilidad”, por la que los sectores con mayor acceso al poder y por tanto con mayor control mediático, logran presentar sus intereses como algo objetivo y universal.

 

 

Si queremos atender al llamamiento a la reciprocidad en el intercambio de información que reclamaba el Informe McBride es fundamental que atendamos, por tanto, a la construcción social de la credibilidad y al acceso a la comunicación como un elemento constructor de soberanía llevando nuestra atención y análisis hacia:

  1. La producción mediática de la ausencia y la inexistencia, como ha señalado Boaventura de Sousa en su identificación de cómo se construye “la alternativa no creíble de lo que existe”, siempre en términos de alguno de estos 5 ejes: lo ignorante, lo retrasado, lo inferior, lo local/particular y lo improductivo. El vacío informativo, por ejemplo, de la realidad rural e interior de España podría ilustrar de modo elocuente este punto.
  2. La exotización cultural como forma de simplificación y silenciamiento, dado que, si como afirmaba Fanon “en la posesión del lenguaje hay un modo de ejercitar el poder”, la condena a ser hablados y esencializados impide cualquier discurso contextualizado y en primera persona. Los suplementos de viajes de los grandes grupos mediáticos en España, que desgajan los destinos de cualquier marco contextual ejemplifican este eje.
  3. La dimensión lingüística de la credibilidad, dado que todo lo que queda fuera del “globish” como lo ha bautizado François Jullien, será desacreditado como perversión de lo universal que, obviamente, ha de nombrarse en la lengua de los centros económicos de poder.
  4. El desarrollo de una nueva sensibilidad hacia los privilegios epistémicos atendiendo a los conocimientos denegados como tales, a las razones por las que se deslegitiman esos conocimientos y a quienes los poseen y a la identificación de los intereses económicos que subyacen en la validación del conocimiento. Toda la gama de expertos presentes en medios de comunicación y sus criterios de selección, así como el papel legitimador que juegan para afianzar el paradigma de los rankings del conocimiento mundial nos sirven de ejemplo.
  5. La invisibilización de la posición desde la que se habla y el control de la perspectiva y campo de la percepción como mecanismos legitimadores del poder. La naturalización del lugar de enunciación como si fuese un espacio de neutralidad aséptica, y que contribuye a negar las tensiones y luchas por el acceso a la enunciación y al papel que juega para lograr imponer interpretaciones válidas para todos los miembros de una sociedad.
  6. La homogeneidad presente en los espacios de “respetabilidad de la palabra” y de “construcción de prestigio” (en su vertiente económica, social y cultural) así como la imposición de genealogías intelectuales y de referencialidad que apuntalan la voz válida y que ayudan a construir pertenencias: eres de los nuestros si te referencias en los nuestros.
  7. ¿Qué climas emocionales necesitamos generar para que un determinado discurso sea eficaz y creíble? Resulta muy interesante analizar las estrategias emocionales que suelen seguirse para deslegitimar las voces críticas en los medios de comunicación (estrategias que pueden llegar a ser mortíferas como estamos viendo en la persecución a defensoras de derechos humanos en toda América Latina):
    • Infantilización de quien comunica.
    • Degradación y ridiculización espectacularizante.
    • Utilización de clichés para fines como los que apunta Santiago Alba Rico: “el cliché no degrada al otro solo para dominarlo más fácilmente sino para exonerar al vencedor de toda responsabilidad”
    • Utilización de la vergüenza y la estigmatización como herramienta de silenciamiento público.

Es por todo ello por lo que debemos seguir enmarcando el derecho a la comunicación como derecho humano y eje central para la soberanía real de los pueblos ya que como afirma Achille Mbembe los medios de comunicación tienen capacidad “para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”, y por tanto la falta de acceso a los mismos es una forma de violencia que retroalimenta al resto, definiendo qué vidas importan y qué muertes no.

 

El no de las niñas: infancia, desobediencia y participación en la vida cultural

 

 

La pasada semana me quedaba boquiabierta escuchando una entrevista a Harper Nielsen, la niña de 9 años que con su acto de desobediencia a la hora de cantar el himno en el colegio, ha forzado de nuevo el debate sobre la identidad nacional y los derechos de la población aborigen australiana. Como ella misma explica, no tiene por qué obedecer a los adultos por el mero hecho de serlo si ella misma, al leer despacio la letra del himno nacional, no está de acuerdo con su contenido racista. Me gusta especialmente el momento en el que afirma que para ella es importante que se entienda por qué lo ha hecho. 9 años. El llamamiento de los sectores más ultra de la sociedad australiana para que sea expulsada del colegio, profiriendo todos los insultos imaginables, aunque incidiendo en su desobediencia y lo bien que le vendrían “unos buenos azotes”, nos hablan de lo que no podía ser nombrado: la voz de una niña alumbrando un tabú.

Me hacía recordar dos iniciativas pasadas, en las que, desde dos marcos de acción muy diferentes, se ponía de manifiesto otra vez esta triple intersección: infancias femeninas, obediencia/desobediencia y construcción de nuevos imaginarios.

 

El primero es el proyecto Skate Girls of Kabul de la fotógrafa Jessica Fulford-Dobson (gracias infinitas a la comisaria de arte PL Henderson de @womensart1). En un país como Afganistán, con una de las prevalencias de matrimonio infantil más altas del planeta y en el que es un tabú para las niñas montar en bici, Fulford elaboró una galería de retratos acerca de la iniciativa de Escuelas de Skate como programas de empoderamiento de las niñas y cuya exposición ha girado de punta a punta del planeta. No queréis caldo, tres tazas.

 

 

El segundo, también desde la fotografía, fue la publicación del libro “Strong is the new pretty: a celebration of girls being themselves” de Kate T. Parker que consiguió mantenerse varios meses como best-seller en EEUU portando en sí mismo la ambivalencia: proponiendo frente a la industria de la belleza estadounidense y el auge de los certámenes infantiles y su escenografía estereotipada un modelo de infancia de las niñas (sus propias hijas) abierto a todas las expresiones y matices, pero que acabó siendo cooptado, por su fuerza y eficacia, por el patrocinio de grandes marcas como Disney en las que el fondo se desdibujaba. Coincidió en el tiempo con el impulso por parte de las Girls Scouts of America de la campaña Ban Bossy promoviendo el liderazgo de las niñas, alrededor de la mofa estratégica del término “mandona” (I´m not bossy, I´m the boss), campaña que en aquel momento me hubiera gustado ver en España, desde nuestra propia perspectiva cultural, para trabajar con nuestras niñas este estereotipo que aún incide tanto sobre los niveles de participación política de las mujeres en todo el espacio iberoamericano. Lo más cercano al espíritu de esta campaña que he visto en España es el momento (¡inspirador!) de «las chulitas» del Rap «Este es mi barrio» en Orcasitas, del Proyecto Barrios en Madrid.

 

Repasando estos casos me quedaba dándole vueltas a algunas preguntas:

  • ¿cuáles son los itinerarios de aprendizaje de la desobediencia femenina?, si desobediencia y liderazgo femenino van de la mano, ¿qué imaginarios fomentarían un mayor grado de autonomía en nuestras niñas?, ¿cómo estamos educando su capacidad de decir que no?, ¿qué les permitimos liderar?
  • ¿estamos articulando realmente proyectos de transformación con una mirada intergeneracional?, ¿construimos de alguna manera desde una noción de “servicio a las siguientes generaciones”?
  • ¿cómo estamos entendiendo los proyectos de participación ciudadana infantil y cuál es su distribución en España?, ¿cómo estamos entendiendo el derecho a participar en la vida cultural de nuestras niñas y niños?  (viva Tonucci), ¿estamos considerando su voz como una voz legítima para definir también «el nosotros»?

 

 

Relaciones culturales internacionales y derechos humanos

(Todas las imágenes pertenecen a la acción memorial colectiva mexicana Bordamos Por la Paz)

Escuchando y debatiendo hace unas semanas con compañeros del espacio cultural iberoamericano sobre cuáles habrían de ser en estos tiempos convulsos las prioridades de acción de las relaciones culturales internacionales, se hacía evidente la necesidad de consolidar el enfoque basado en derechos humanos también (y especialmente) en la acción cultural.

Ya en el Primer Encuentro Iberoamericano de Diplomacia Cultural celebrado en 2011 y en el documento emanado del mismo “Elementos para una agenda de la diplomacia cultural en Iberoamérica” se especificaba:

“Al mismo tiempo que se transforma el concepto y las prácticas de la cultura, ésta cobra gran relevancia en asuntos que son fundamentales en el entorno de las relaciones internacionales, como son los fenómenos de la globalización, los flujos migratorios, la afirmación de los derechos culturales como derechos humanos fundamentales, la creciente importancia de las minorías y el incremento de la influencia de las nuevas tecnologías en la vida social y cultural de los ciudadanos.”

 

Frente a un modelo de gestión cultural que se concibe a sí mismo como actividad organizativa sin entrar a cuestionarse los marcos de acción en los que opera, con un cierto grado de automatismo de mercado en un polo o de activismo en el otro, la reflexión profunda sobre el significado de la cultura y su interrelación con el resto de derechos humanos sería en la actualidad la clave. Siguiendo las estrategias del enfoque basado en derechos humanos, nuestra acción cultural partiría en primer lugar de la reflexión sobre alguno de los siguientes ejes:

  • ¿qué grupos de población en nuestro nivel de acción son objeto de una mayor marginación, exclusión o discriminación en el acceso a la cultura y la participación cultural?, ¿qué elementos están identificando ellos mismos como ejes prioritarios para su desarrollo cultural y el respeto a sus derechos culturales?

 

  • ¿cómo está distribuido el poder en nuestra área de acción?, ¿y el poder cultural y simbólico?, ¿cómo podemos promover el empoderamiento e identificar los núcleos clave para que tenga el mayor impacto?, ¿hemos identificado bien a los titulares de derechos y a los titulares de deberes?

 

  • siguiendo la directriz: “las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo (cultural), en lugar de receptores pasivos de productos y servicios” ¿cómo vamos a hacerlo juntos, a garantizar la participación y la sostenibilidad?

 

Partiendo de este marco inicial de acción, el conocimiento de los documentos internacionales en materia de protección de derechos humanos así como el seguimiento actualizado de las líneas de trabajo que están buscando ampliar la base de los mismos (como el trabajo actual en relación al impulso del documento vinculante sobre transnacionales y derechos humanos que ya comentamos por aquí), serían el suelo inicial en el que afianzar la gestión.

La segunda competencia marco clave sobre la que debatimos podría definirse como una competencia de “mirada” precisamente por actuar en el nivel internacional: la visión de que nuestra intervención se da en sistemas complejos, es decir, en sistemas conectados, interdependientes, diversos, adaptativos, dependientes de los procesos y emergentes. Conscientes de que en un sistema de interdependencia nuestra gestión cultural tiene consecuencias para el conjunto, nuestra acción en el marco de las relaciones culturales internacionales debería moverse entre dos polos tras la pregunta ¿qué alimentamos con nuestra gestión cultural, qué reforzamos o hacemos crecer con ella?:

  • ¿Ante qué intervenciones o prácticas conviene inhibirse?

 

  • Con la mirada siempre atenta a los posibles impactos de nuestra acción y la medición de los mismos en materia de refuerzo de los derechos humanos, ¿qué elementos o acciones tendrían un carácter más estratégico para reforzar los derechos culturales en su conjunto?

 

 

Este punto se entiende mejor tomando como referencia el uso de los litigios estratégicos, cuya visión sería central para nuestro campo. Según la definición del Observatorio DESC:

“El litigio estratégico consiste en la judicialización de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos con el objetivo de avanzar en la implementación de soluciones tanto para las personas directamente afectadas como para el resto de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Así, mediante el litigio de un caso representativo se persiguen varios objetivos: modificar criterios judiciales restrictivos en materia de derechos, cambiar leyes, reglamentos o prácticas administrativas que impidan el libre ejercicio de derechos, y en general elevar los estándares de protección de los derechos humanos. “

 

Observábamos la importancia que tendría en la actualidad promover un cambio en la narrativa política desde un discurso que ha fundamentado el valor de la cultura en función de su aportación al crecimiento económico hacia un discurso afianzado en el papel que juegan los derechos culturales en su interrelación reconocida con el resto de derechos humanos. El papel que juegan precisamente los derechos culturales para la construcción de comunidad, sentimiento de autoestima y pertenencia, conexión intergeneracional y vinculación emocional con los territorios, deberían hacernos reflexionar sobre su postergación reiterada en tiempos de hegemonía cultural neoliberal.