Tratado Vinculante de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos

 

En el marco del 10º Aniversario de WILPF en España se nos invitó a formular un deseo. Dejo por aquí el mío porque cuando se suman voluntades de horizonte, la fuerza es mayor:

 

«Mi deseo es que en los próximos años el Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas Transnacionales y derechos humanos sea una realidad haciendo posible el final de la impunidad y la reparación a las víctimas de los abusos cometidos por transnacionales en el pasado, especialmente en el Sur global.

Mantengo viva la visión y la esperanza de un cambio de modelo económico y empresarial dirigido al bien común y en el que el marco planteado por la Agenda 2030, «no dejar a nadie atrás» deje de ser un eslogan, dando paso a la transformación profunda del sistema empresarial que el mundo necesita.

Junto a la campaña global de WILPF Move The Money que nos invita a dejar en el pasado la financiación armamentística destinando el dinero a la financiación de todo aquello que contribuye al cuidado de la vida y la construcción de paz, mi deseo es que el sistema de inversión de impacto crezca, se multiplique y transforme todo el sistema de inversión global y que los criterios empresariales ESG dejen de ser optativos pasando a ser un nuevo sentido común de época, una nueva manera de entender la economía, el trabajo, las empresas.

Mi deseo profundo es contribuir desde mi radio de acción a la construcción de una nueva cultura global en la que la vulnerabilidad consustancial a la humanidad que nos une sea un valor a proteger y en la que los territorios en los que habitamos, la tierra con la que nos unen infinitos lazos de interdependencia, dejen de ser extractivizados pasando a ser respetados como respetada será la vida.»

—————-

Para ampliar información sobre el Tratado Vinculante de Transnacionales y Derechos Humanos puedes visitar la página web de la Campaña Mundial.

Para ampliar información sobre la necesidad de la obligatoriedad de los criterios ESG en la esfera económica transnacional puedes visitar el memorial Rana Plaza Never Again.

 

Mercenarios: militarización y privatización de las fronteras

Hace unas semanas se presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe específico sobre el impacto de la militarización y privatización de las fronteras, “Repercusiones de la utilización de servicios militares y de seguridad privados en la gestión de la inmigración y las fronteras sobre la protección de los derechos de todos los migrantes”.

Es un informe que recoge lo que los movimientos sociales vienen denunciando desde hace años tratando de poner el foco sobre el enorme y opaco negocio que son en realidad nuestras fronteras.

Así, se ha analizado el papel que las diversas empresas implicadas en labores de control fronterizo, desde las que prestan servicios técnicos y de investigación, las que aportan tecnologías de seguridad fronteriza y servicios de vigilancia, las implicadas en los procesos de detención de inmigrantes, retornos y expulsiones, así como aquellas beneficiarias de la aplicación de políticas de externalización de control migratorio, están teniendo sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en todo el globo.

 

Como afirma el propio informe:

 

“En ocasiones, las empresas son directamente responsables de las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes, especialmente en situaciones de privación de libertad; mientras que en otros casos son cómplices de violaciones y conculcaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por otros actores.”

“Hoy en día, la gestión de la inmigración y las fronteras se ha convertido en un negocio valorado en varios miles de millones de dólares, y la seguridad fronteriza global se ha identificado como un mercado potencial con perspectivas de crecimiento en los próximos años (…) la gestión y seguridad privatizadas de las fronteras es ahora una fuente lucrativa de contratos.”

 

Se subraya, por tanto, el papel que la falta de transparencia, supervisión y rendición de cuentas de las empresas está jugando sobre la protección del derecho a la vida, especialmente las implicadas en la gestión privatizada de los centros de detención de migrantes. Duele leer todo el informe, como duele ver ejemplos de la frontera sur española campando a sus anchas en el memorial del trabajo mercenario que es realmente el documento.

 

 

¿Qué causas han creado estos efectos?

Entre las más repetidas se encuentran los enfoques estatales de la gobernanza de la migración que han vivido un proceso progresivo de securitización, centrándose más en los marcos de seguridad (vigilancia policial, “defensa y lucha contra la delincuencia”…) que en enfoques basados en la protección de los derechos humanos. La externalización de funciones inherentes al Estado hacia actores privados (el proceso por el que el control fronterizo ya no se efectúa en las fronteras físicas de los países de destino) nos alerta también de la progresiva devaluación y degradación de nuestros sistemas democráticos y de la propia noción de soberanía, cada vez envuelta en redes más opacas ajenas al conocimiento y control público (por ejemplo, como han recogido para el caso de España desde PorCausa, «Industria del control migratorio, ¿quién se lleva el dinero?»).

Las leyes que tipifican como delito la salida, la entrada o la estancia en un país de manera irregular y que han tenido un efecto rebote sobre el auge del tráfico de personas; la ampliación de las detenciones sin alternativas; la restricción del acceso al asilo; las expulsiones colectivas y devoluciones en caliente o la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes aparecen también como elementos clave que han contribuido a reforzar el marco de la militarización. Como se señala en uno de los párrafos de manera categórica:

“Se ha utilizado a los migrantes para justificar la privatización de las funciones de seguridad del Estado”

Capítulo aparte merece el análisis sobre el peso de los lobbies que están creando marcos normativos ad hoc, marcando el tempo y los contenidos de las agendas públicas en materia de investigación, políticas y reglamentación de los Estados, sin contar con su acceso a los medios de comunicación para influir en las narrativas, tal y como estamos viviendo en España ahora con el “fantasma altamente lucrativo” de la ocupación:

“Este proceso también ha contribuido a posicionar a los representantes de la industria como expertos legítimos e indiscutibles en materia de seguridad fronteriza que afirman ofrecer productividad, eficiencia y eficacia.”

Es interesante también que junto al marco de la “securitización de las fronteras” encontramos un llamamiento permanente a la “productividad e innovación”, formando parte de las estrategias de marketing de muchas de las empresas del negocio de la militarización fronteriza (junto a las ya clásicas de creación de puestos de trabajo y prosperidad para las comunidades locales) en base a la aplicación de “soluciones tecnológicas innovadoras a la gestión de las migraciones”. Nos encontramos de nuevo ante un ataque a la soberanía “camuflado”, por las situaciones de dependencia de un conocimiento externo a ellos a la que aboca a los Estados, a través de un sistema que genera una dinámica que se refuerza a sí misma y crea una clientela cautiva.

Un elemento que puede pasarnos desapercibido es el tráfico de datos biométricos de las personas migrantes que va asociado a los procesos de militarización fronteriza, datos que al ser combinados con otra información de carácter personal y privada, están siendo utilizados con fines de lucro y sin control ni garantía de derechos alguna.

Junto a la radiografía del momento actual, el informe recoge también una serie de recomendaciones entre las que destacan las campañas de desinversión, poniendo como ejemplo la efectividad que tuvieron estas medidas gracias a la movilización ciudadana que reaccionó a la separación de madres e hijos en la frontera entre EEUU y México decretadas por Trump. Se invita también a seguir investigando, denunciando y poniendo el foco sobre los efectos diferenciales que la militarización y privatización fronteriza están teniendo sobre los niños y niñas no acompañados, las mujeres y las personas de edad avanzada.

Duele leerlo, conviene leerlo y desde un enfoque de política pública multidisciplinar, actuar.

 

 

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

#Méxicosinplagio

Hace unos días la prensa internacional se hacía eco de la petición de explicaciones públicas realizada por la Secretaría de Cultura de México a la diseñadora Carolina Herrera por la utilización en su última colección de elementos textiles tradicionales de diversos pueblos indígenas, petición de explicaciones que también se viralizó en twitter bajo los hashtag #Méxicosinplagio #SinLasComunidadesNO, buscando la colaboración y la consciencia ciudadana frente a este tipo de robo.

Si bien el plagio textil a estas comunidades, pese al marco de protección de la Declaración de la UNESCO de sus derechos, viene siendo recurrente y es un delito que no para de crecer, desde España aún vivimos estas situaciones como realidades exóticas y ajenas, a pesar de que muchas veces sean empresas textiles españolas las que estén implicadas en estos delitos de apropiación. El hecho de que las artesanas textiles y bordadoras centroamericanas hayan estado los últimos años en pie de guerra, especialmente frente al plagio de la industria textil china todopoderosa en la región, consiguiendo con sus movilizaciones grandes logros legales, ha pasado totalmente desapercibido en España, como si este tipo de situaciones no fuesen una amenaza también para la cultura en nuestro país.

Nada más lejos de la realidad. Contrasta la respuesta del Gobierno mexicano con la pasividad que han mostrado las instituciones españolas frente a situaciones similares de plagio a la que han tenido que hacer frente, entre otros, los pequeños municipios gallegos de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, que han visto cómo el trabajo textil realizado tradicionalmente por las mujeres de sus pueblos para su Carnaval ha sido copiado por la marca Dolce&Gabbana en una de sus últimas colecciones.

Si bien existe un mayor grado de alerta y sensibilización social frente a otro tipo de robos vinculados a la cultura, aún tenemos que desarrollar nuevos grados de conciencia frente a estas fórmulas de apropiación, teniendo en cuenta que se dan en la esfera internacional y que suelen enfrentar a colectivos o territorios especialmente desprotegidos y vulnerables frente a gigantes empresariales transnacionales con una gran fuerza publicitaria y de comunicación.

 

 

Si desde el mundo rural español , por ejemplo, aún estamos esperando respuesta, a pesar de todos los esfuerzos del Museo Arqueológico Nacional, frente a casos sonados de expolio, como el siempre postergado proceso de restitución de los restos arqueológicos de Castiltierra, apropiados por el nazismo con el beneplácito del régimen franquista, encontrándonos día sí y día también con noticias referidas al tráfico ilegal de obras de arte robadas en nuestros pueblos -la más reciente la desarticulación el pasado mes de abril de una banda de tráfico ilegal de restos arqueológicos con una notable implantación en Andalucía que contaba en su haber con más de 3700 piezas patrimoniales-,  no queramos imaginar la dificultad con la que se encuentran los pequeños municipios en el caso de los procesos de robo vinculados al patrimonio inmaterial.

Se suele olvidar que cuando hablamos de estas formas de apropiación y plagio, más vinculadas a conocimientos tradicionales, de lo que estamos hablando también  es, en la mayor parte de los casos, de invisibilización del trabajo de las mujeres, grandes guardianas informales de la riqueza patrimonial en nuestro país. ¿O quienes limpian ermitas, cosen mantos, bordan trajes tradicionales, custodian baúles, cajas de galletas llenas de fotos, adornan balcones, preservan recetas, custodian informalmente la memoria de un país?

En el mercado internacional actual más preocupado por  las artesanías que por las artesanas, por el producto que por las condiciones laborales o económicas de quienes lo hacen posible, se están empezando a alzar voces – que deberían tener un reflejo en la futura Ley de derechos culturales española hacia la que sin duda avanzaremos– alrededor de dos grandes reivindicaciones: en primer lugar la justa remuneración a las creadoras originales de los diseños y el reparto equitativo con las comunidades creadoras de dichas artesanías de los beneficios que obtengan las grandes marcas con la explotación de sus diseños.

 

Si ante otros escenarios de expolio cultural de grandes dimensiones la comunidad internacional ha sido capaz de ponerse manos a la obra, como a través, por ejemplo, del proyecto de las Bibliotecas central y regional de Berlin para la restitución a los propietarios originales de los libros robados al pueblo judío durante el Tercer Reich o como a través de la puesta en valor de la figura de grandes heroínas en la defensa del Patrimonio frente al robo de arte como lo fue Rose Valland, tendremos que empezar a debatir con mayor rigor en España sobre cómo vamos a protegernos frente a estas nuevas fórmulas de explotación económica que amenazan a nuestras culturas, teniendo en cuenta que habrá que impulsar medidas de protección mucho más concretas y eficaces para ese tesoro a cielo abierto y sin guardián que es la España rural que se vacía.

Si como dice el dicho, “cuando bebas agua, recuerda la fuente” quizá ante situaciones como las que afrontan estos pequeños pueblos ante el plagio de las grandes marcas de moda internacionales tengamos que pararnos a pensar: a quiénes se plagia, por qué resulta tan sencillo y barato apropiarse del legado común recibido generación tras generación. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa y descubramos que detrás de cada bordado robado, de cada creación plagiada, lo que se esconde en realidad es el dolor de manos trabajadoras que crean.

 

Cabalgar el dragón: UNESCO, diversidad cultural y tratados de libre comercio

 

La presentación la semana pasada del Nuevo Informe Mundial sobre Cultura de la UNESCO, Re-pensar las políticas culturales, nos ha traído, como en la anterior evaluación del 2015, un nuevo análisis comparado de Véronique Guévremont «The Convention in other international forums: a crucial commitment» sobre el peso que las negociaciones de los tratados de libre comercio están jugando sobre el respeto a la soberanía cultural de los Estados así como sobre el papel que pueden y deben jugar las políticas culturales en los foros de comercio mundial.

Junto al compromiso adquirido por todos los Estados firmantes de la Convención para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales de promover transversalmente los principios de la misma en el resto de foros internacionales de acción, lo que se lleva de nuevo al centro del debate internacional, junto al gran problema de sub-representación de las mujeres en el marco de las políticas culturales y la creciente vulnerabilidad de los artistas ante las amenazas del fundamentalismo y extremismo global, son las persistentes trabas comerciales a los bienes y servicios culturales de los países del Sur, la repercusión que el actual sistema de comercio tiene para la protección de la diversidad cultural y la libertad artística y, de un modo cada vez más explícito, la urgencia de incorporar al marco de protección de los “bienes y servicios” medidas específicas de protección a los profesionales de la cultura, entendiendo que no puede haber protección y promoción cultural al margen de la protección y promoción de los derechos humanos de quienes crean. Sirva como ejemplo de la urgencia de incorporar esta dimensión el hecho de que difícilmente se podrán implementar políticas eficaces de movilidad artística sin tener en cuenta que “los artistas del Sur global sólo pueden viajar a 75 países sin necesidad de visa, mientras que los artistas del Norte global pueden ingresar al doble de países sin un permiso especial”.

En el análisis comparado sobre el tratamiento que está recibiendo la cultura en las negociaciones de los tratados de libre comercio, junto al llamamiento a la sociedad civil para que incorpore en sus estrategias de presión la dimensión cultural amparándose en la Convención del 2005 como marco de protección, se recomienda a modo de mínimos, la introducción en los tratados de cláusulas y compromisos de protección de la diversidad cultural, la incorporación de medidas de ayuda y tratamiento preferencial cultural o la implementación de estatutos específicos de bienes y servicios culturales que queden al margen de las negociaciones. Teniendo en cuenta que el verdadero campo de batalla actual para la cultura dentro de los tratados de libre comercio se está librando alrededor del sector audiovisual, en sus dimensiones de emisión y retransmisión, en concreto sobre la concentración de las plataformas de distribución basadas en internet, así como sobre la liberalización del comercio electrónico y los contenidos culturales digitales, no es de extrañar que se estén dando ya declaraciones internacionales alertando sobre la urgencia de hacer efectiva la protección de la diversidad de las expresiones en el entorno digital en el sistema de comercio internacional y proteger más eficazmente el pluralismo cultural, como manifestó el pasado julio a través de la Déclaration D´Abidjan la Organización Internacional de la Francofonía.

No obstante, el análisis comparado de la UNESCO sigue centrándose en exclusiva en el marco de las industrias culturales y creativas, sin abordar el efecto que otras áreas de negociación (pienso, por ejemplo, en las negociaciones agro-industriales o las relativas a la liberalización de servicios públicos, con el desmantelamiento de la aplicación de cláusulas sociales en la contratación o la articulación de políticas de igualdad) pueda tener sobre la protección de la diversidad de las expresiones culturales, en especial sobre las culturas y el patrimonio rural, la protección de lenguas minorizadas en el entorno digital o la implementación de medidas que hagan frente a los sesgos de género actuales en la protección del patrimonio, por poner sólo un ejemplo. Dejar fuera del análisis del impacto sobre la cultura de los tratados de libre comercio toda la vinculación territorial también impulsada en el seno de la UNESCO a través de la protección del patrimonio natural y los paisajes culturales o en el marco de la ONU a través de la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, nos impide visibilizar una de las grandes áreas de fricción (y violencia) actuales entre políticas culturales y liberalización comercial, así como tomar consciencia de la total interdependencia entre las políticas culturales y el resto de áreas de negociación comercial.

No obstante, desde mi punto de vista y en relación al papel que pueda jugar la UNESCO como paraguas de protección de la diversidad cultural frente a la uniformización de los tratados de libre comercio, cabe subrayar tres puntos de avance presentes en el Nuevo Informe Mundial sobre Cultura:

  • El llamamiento a una mejor articulación entre los sectores culturales nacionales e internacionales para hacer lobby frente al sistema de comercio internacional, buscando tener impacto real sobre las políticas comerciales y de inversión en el extranjero, teniendo en cuenta que con la “excepción cultural” del pasado no basta y advirtiendo sobre la centralidad que para la agenda cultural del presente debería tener la respuesta ante la amenaza de la homogeneidad cultural internacional apoyada en el rodillo comercial digital.
  • Sin profesionales de la cultura no hay cultura, sin medidas de protección laboral, remuneración justa a los artistas y entornos seguros, no hay bienes ni servicios culturales que proteger. Frente a una visión extractiva, rehumanizar la producción cultural desde un enfoque basado en los derechos humanos y que desplace la mirada desde la diversidad objetual a la diversidad cultural “encarnada”, es un camino relevante para avanzar en la superación de los desequilibrios comerciales culturales Norte-Sur.
  • La exigencia de transparencia en la negociación de los tratados de libre comercio junto al reconocimiento del papel que ha de jugar la sociedad civil en la formulación de las políticas culturales, especialmente en el planteamiento de los límites de su faceta comercial, están también presentes en esta nueva evaluación sobre la aplicación efectiva de la Convención.

Quedaría, por tanto, plantearnos qué importancia le estamos otorgando desde las políticas culturales nacionales a la articulación de una respuesta eficaz para la protección de la diversidad de nuestras expresiones culturales frente a la presión homogeneizadora inherente a las negociaciones de los tratados de libre comercio, qué papel podría jugar el espacio cultural iberoamericano como adalid de dicha protección y cómo podría articular una voz global de contrapeso y cómo nos estamos organizando como sector cultural para ser un actor de impacto real en la esfera de negociación comercial.

Cuerpos-territorio, omisión de protección y negligencia deliberada

Durante el mes de noviembre el GAIPE, el equipo conformado por especialistas en derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional creado a petición tanto de la familia como de las comunidades y organizaciones de las que formaba parte Berta Cáceres para garantizar una investigación independiente al margen de la realizada por el estado hondureño, presentó su informe de investigación y recomendaciones legales sobre el caso “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres”.

Leyéndolo, junto a la centralidad que ha tenido en el asesinato la vulneración por parte del Estado hondureño del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes recogida en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Honduras, ha quedado resonando dentro de mí como en una campana todo el entramado de “no haceres”, omisiones, impunidad y negligencias deliberadas respecto al deber de proteger que sostienen el edificio de la persecución y muerte de defensoras territoriales por toda América Latina.

Si bien todos los relatores internacionales y equipos legales y de investigación independientes en materia de derechos humanos que están tratando de proteger y crear algún tipo de cortafuegos in extremis, al igual que las comunidades, ante la masacre creciente de defensoras de derechos humanos alertan una y otra vez sobre los pasos que están siguiendo los procesos de hostigamiento, a saber:

  • La militarización de las empresas de seguridad privada contratadas por la industria extractiva (energética, agroindustrial, pero también y esto es importante en relación a la exigencia de responsabilidad en el campo de las relaciones culturales internacionales, la empresa turística)
  • La instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social.
  • La implementación de campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje de las comunicaciones.
  • Cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad.

resulta particularmente sangrante, dadas las consecuencias que este no hacer ni ver ni decir están teniendo sobre la vida y la muerte de las comunidades en América Latina, el peso de la omisión y las negligencias deliberadas en el crecimiento de la violencia.

 

 

Es especialmente reseñable dado que, más allá de la autoría material y la autoría intelectual de los crímenes, la paulatina desaparición, aunque sólo fuese creíble ya a un nivel teórico, del deber de protección de los Estados ejerce un efecto dominó devastador sobre la percepción de seguridad y confiabilidad de la sociedad en su conjunto, al margen de los proyectos de despojo territorial empresarial que están detrás de los asesinatos a defensores. Si a la impunidad y arbitrariedad que se repiten en todos los procesos, sumamos un clima social de “no tener bajo qué guarecerse”, ¿cómo no prever, tal y como estamos viendo en Honduras, el riesgo de colapso que afronta toda la arquitectura democrática?

Poniendo el foco sobre la omisión, se nos plantea por ejemplo: todos los consultores de proyectos de desarrollo de infraestructuras y territoriales que describen los riesgos sociales de los mismos, que evalúan los sistemas de seguridad, todos los bancos financiadores de dichos proyectos, todos los organismos que suman sus logotipos y evalúan positivamente las intervenciones territoriales, ¿no tendrían algo que decir? La comunidad internacional, ante la subcontratación de la subcontratación de la seguridad privada de las transnacionales que operan en los países del Sur, que ha derivado en la escalada del sicariato en la región, ¿qué medidas de monitoreo y auditoría social alrededor de las violaciones de derechos humanos está implementando?

¿Cómo rastreamos, ante todo ello, la omisión y la negligencia? ¿Cómo se puede atajar el “no hacer”? En un marco cultural internacional que mitifica la acción por la acción, entrenado en su mirada para los rastros de los hechos, ¿cómo se desarticulan los miles de microprocesos que están sustentando estos niveles de violencia a base de negligencias consentidas y omisión de protección? No estamos hablando exclusivamente de corrupción o de fortalecimiento de estructuras paralelas al Estado. Estamos hablando de toda la complejidad de los entornos que sostienen una persecución de estas características, del nivel local al internacional, sabiendo que “el día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana”  sin que nadie diga nada.

 

 

Frente al alarde de dominación territorial y visión extractiva que está en la base de esta violencia, contrastan las iniciativas comunitarias que están tratando de contrarrestar las acciones de ruptura del tejido social. También durante el mes de noviembre el Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo presentó su Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios, “Mapeando el cuerpo-territorio” en el que se lleva al centro la necesidad de establecer otros modelos de relación con los espacios que habitamos.

Afirman:

“Cuando pensamos el cuerpo-territorio, éste nos ayuda a mirar cómo la violencia deja pasos en nuestros cuerpos pero además se conecta con las invasiones más globales a nuestros territorios, y con los intereses económicos de los de arriba”

“Pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos (…) No cabe duda que sobre el cuerpo queda impreso lo que ocurre en los territorios.”

Así, apoyándose en la educación popular y todo su potencial tanto para la reflexión como para la articulación de nuevos imaginarios, desde el Colectivo proponen avanzar con urgencia hacia nuevos modelos de relacionarnos espacialmente más allá del modelo invasión-dominación:

“¿Cuándo un espacio nos recuerda quiénes somos? ¿Cuándo lo habitamos y lo hacemos nuestro? ¿Cuál es la relación entre habitar e imaginar? ¿Cómo un espacio cobra vida?”

Interpelada sin remedio por esta violencia urgente del presente y uniendo en mí el trabajo del GAIPE y de Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo quería acabar así, abruptamente como acabaron con la vida de Berta, dejando abierta la última pregunta ante la necesidad urgente de transformar nuestra vivencia, imaginarios y relación personal y colectiva con la tierra.

 

 

 

 

Patrimonio de la Humanidad contra el extractivismo: la candidatura de la dehesa

A pesar de que el trabajo previo lleva años fraguándose, la semana pasada se comunicó oficialmente la presentación de la candidatura conjunta de la dehesa y el montado portugués para ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, en su vertiente de paisaje cultural, por parte de la UNESCO.

Junto a la alegría, personal e intransferible, que supone la mera existencia de una candidatura para la protección del patrimonio rural desde lo rural, y el progresivo avance tanto de la conceptualización como de la visión de las posibilidades que entraña el reconocimiento y cuidado de nuestros paisajes culturales, surgió pronto en mí el pellizco de la pena. Entre los 17 organismos que impulsan la candidatura, no hay ninguna organización que represente a la dehesa salmantina ni, por supuesto, Castilla y León tiene presencia alguna en la articulación de este proyecto para la salvaguarda de uno de los paisajes más representativos del sur de su comunidad. Junto al obvio diferente color político que gobierna en las dos comunidades, me resultó frustrante el hecho de que la dehesa más amenazada del territorio español, la del Campo Charro, sobre la que pende la próxima apertura de la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa, autorizada y justificada por la Junta de Castilla y León, quede fuera de las actuaciones de revalorización, protección y promoción que vendrán de la mano de la candidatura a la lista de Patrimonio.

Ilusa como soy a estas alturas del partido, me preguntaba si ningún Grupo de Acción Local salmantino, plataforma ciudadana, defensores del ecosistema de la dehesa o expertos políticos tanto en desarrollo rural como en cultura iban a tratar de hacer ver el contraste entre el lanzamiento de la candidatura de protección de la dehesa extremeña y la barra libre al extractivismo que está sufriendo el mismo paisaje cultural a pocos kilómetros de diferencia.

 

 

Si, como afirman Rocío Silva y Víctor Fernández en sus “Claves para el reconocimiento de la dehesa como paisaje cultural de la UNESCO”

“Todos los paisajes poseen argumentos culturales, aunque estos no se hayan estructurado en un relato. La aceptación social de este relato es lo que los convierte en patrimoniales.”

me preguntaba qué espesor emocional y de reconocimiento guardamos ante esta forma sempiterna del medio rural español y cuánto de su olvido estará ligado tanto al olvido mayor que sufren las áreas de nuestro país con menores densidades demográficas como al desprecio de la España democrática, también la de izquierdas, a sus culturas rurales y su diversidad. Me preguntaba cuánto del relato asociado a la dehesa, durante tanto tiempo estereotipado y cañí, no sería puro y urbanísimo desconocimiento así como símbolo de la rendición de la izquierda post-78 para disputar “la Meseta” y su tejido simbólico-identitario.

Me resulta igualmente llamativo que en los estudios sobre las amenazas que se ciernen sobre la dehesa sí se señalen el incremento de la carga ganadera o el abuso de los productos químicos, pero no se haga mención explícita alguna a la presión extractiva y los intereses políticos que están poniendo en riesgo estos paisajes culturales protegidos y que han pasado ya de ser una amenaza latente a una realidad. Junto a ello, me sumo a la advertencia que están realizando diferentes estudiosos del sistema de la dehesa, referentes a no descuidar, frente al enaltecimiento de los valores naturales, la denuncia del actual descuido de la arquitectura vernácula presente en la dehesa española, por no hablar del estado calamitoso en el que se encuentra el patrimonio religioso, especialmente ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, ante la desatención de tirios y troyanos.

 

 

Quizá el Plan Nacional de Paisaje Cultural de 2012, con vigencia de 10 años (que no incluía de modo explícito mención alguna a la protección de la dehesa), debería incluir con urgencia en su identificación de riesgos la presión multinacional extractiva sobre el paisaje cultural español, así como las acciones preventivas de protección que desde el Instituto de Patrimonio podrían impulsarse cuando estas amenazas, como es el caso que sufre la dehesa salmantina, amenazan de modo flagrante el patrimonio de todos.

Para terminar, permitidme un último momento iluso: ¿no sería una alegría mayor que la candidatura de la dehesa extremeña y portuguesa pudiese servir para proteger a la dehesa salmantina de la cruz de mina que lleva encima? ¿Podría ver la UNESCO en la movilización de las comunidades locales para la protección de este riesgo, ahora que tienen un nuevo peso y protagonismo en sus protocolos de valoración, un elemento sustantivo para tomar, un poco más si cabe, la candidatura en cuenta?

 

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

El CETA que no amaba a las mujeres

Aprovechando la invitación de la periodista Esther Ferrero para incorporar este pasado lunes en su programa Coordenadas de Radio 3 una lectura feminista sobre los efectos que puede tener la aprobación del CETA en España (puedes escuchar el programa aquí), me gustaría sembrar en este espacio algunas de las reflexiones planteadas en la conversación, también con el portavoz de la campaña española #NoalTTIP, Tom Kucharz.

Como hemos venido analizando en relación con el TTIP (tanto desde una óptica feminista, como desde un análisis sectorial centrado en el impacto de los tratados de libre comercio sobre la soberanía cultural y el sector económico cultural español), la firma del tratado con Canadá, el CETA, viene a apuntalar el edificio neoliberal global que se sustenta en la peligrosa equivalencia entre los derechos de las transnacionales y los derechos de los pueblos. El veto que ha ejercido el bipartidismo en España a la propuesta de que el CETA fuese examinado por el Tribunal Constitucional y sometido a referéndum, dado el impacto del mismo sobre la pérdida de soberanía de nuestro país, debería hacernos reflexionar sobre qué intereses están realmente en juego. Tanto desde el campo de las políticas de igualdad como desde las políticas culturales en su espectro normativo internacional, la defensa del CETA es incompatible con algunas de las principales Declaraciones de la ONU y la UNESCO que han sido ratificadas por España, especialmente las relativas a la protección de los derechos laborales de las mujeres y la protección de la diversidad cultural.

 

 

Como ya dijimos en artículos previos sobre el TTIP, la lucha contra los tratados de libre comercio como epítome del modelo económico neoliberal debería ser una prioridad en la agenda feminista española, precisamente por la capacidad que tiene la firma de los mismos para desmontar con rapidez y oscuridad por arriba las principales medidas de protección y promoción de la igualdad conquistadas a pulso durante décadas. Teniendo en cuenta la amenaza económica a los Estados omnipresente gracias a la creación de los tribunales privados de arbitraje que velan para que no se aprueben legislaciones que puedan dañar los intereses económicos de las multinacionales ni pueda legislarse fuera del rígido corsé de los tratados, igualando democracias con intereses de mercado, no podemos obviar que para dichas empresas las medidas de igualdad se conceptualizan como costes a rebajar.

De igual manera, como vienen señalando las economistas feministas de nuestro país, la privatización de nuestros servicios públicos, implícita en todos los tratados de libre comercio, pero de un modo especialmente claro en el CETA con la privatización de los servicios de cuidado y protección de la tercera edad, pone en riesgo un alto porcentaje de puestos de trabajo de las mujeres en nuestro país, así como coadyuva, por la pérdida de cobertura estatal de servicios a la infancia y la dependencia, a la sobrecarga de las mujeres en su función de cuidadoras.

Aunque quizá sea el campo de la salud pública en el que el impacto de la firma del CETA tenga un sesgo de género más visible. El impacto que la progresiva privatización de los servicios de salud pública pueda tener sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, se suma al refuerzo comercial y publicitario de la medicalización y mercantilización del cuerpo de las mujeres, sin lugar a dudas un sector de consumo deseado y disputado.

Como ha alertado la Asociación por un acceso justo a los medicamentos, el aumento en la protección de patentes médicas incorporado en el CETA, aumentará el coste en las prescripciones de los medicamentos en España, lo que impactará especialmente en el acceso a la salud de nuestras mujeres mayores en las que se concentran algunos de los índices más alarmantes de feminización de la pobreza en España, sin olvidar que según datos del Barómetro sanitario estatal en 2015, 2,4 millones de españoles afirmaban no poder acceder a algunos de los medicamentos recetados por falta de ingresos.

Sin detenerme, por haberlo abordado en textos anteriores, sobre el impacto de estos tratados de libre comercio sobre el respeto a los derechos culturales en nuestro país (especialmente los vinculados a cultura y territorio y medidas de protección del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural), quería apuntar por último a los efectos que la liberalización del acceso a la compra y la contratación pública recogidos en el CETA tendrán sobre el respeto a la autonomía local y el principio de subsidiariedad en nuestro país. Aquellas políticas locales en las que se haya logrado la incorporación de claúsulas sociales, fomento de la contratación de cooperativas de proximidad o medidas genéricas en apoyo a la economía social, se verán en riesgo ante la aprobación del CETA, siendo contratos de servicios muy feminizados como el cuidado a mayores, la gestión de escuelas infantiles o servicios de ocio, los primeros en tener que competir con grandes grupos de gestión de servicios transnacionales que abaratan costes y con menores garantías de los derechos laborales de las mujeres.

Sumándonos con este breve apunte a la movilización planteada este 3 de junio contra el CETA, no está de más recordar la exigencia de soberanía recogida siempre por el feminismo latinoamericano: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Pues bien: tampoco en España.

Llamando a la tierra: España, culturas campesinas y nuevos debates de DDHH en la ONU

“Si el cielo de Castilla es alto es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo.”

Miguel Delibes

“N’attendons pas un seul instant levons la tête/Prenons d’assaut la terre”

Verso de Paul Eluard, enarbolado por Jean-Luc Mélenchon en un mitin la semana pasada

 

Aprovechando que el 17 de abril es el Día Internacional de las luchas campesinas quería traer a la conversación en este espacio el debate fundamental que se está librando actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas alrededor de dos nuevas Declaraciones y que, desde mi punto de vista, fuera de los círculos “iniciáticos” no está teniendo el eco social que merecen. Se trata de los proyectos de declaración “sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” y la  elaboración de un instrumento internacional vinculante “sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.

No es sólo el hecho de que sean dos documentos normativos que traten de frenar los abusos de uno de los pilares básicos sobre los que se sostiene el edificio neoliberal mundial y uno de los principales responsables del cambio climático, la agroindustria transnacional, sino que consolidan el protagonismo que tendrá para nuestro siglo el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos. Si ya se dieron pasos clave al respecto tanto con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo como la Declaración de los pueblos indígenas, el reconocimiento como derechos humanos del derecho a la tierra, al agua y las semillas, así como a la soberanía alimentaria de los pueblos están ahora mismo en disputa en los grupos de trabajo de Naciones Unidas.

Si desde las políticas culturales y en concreto desde las relaciones culturales internacionales se está prestando una atención cada vez mayor al, múltiple y polifacético, engarce entre cultura y territorios no se debe exclusivamente al interés en la preservación del patrimonio natural e inmaterial, o al más obvio papel que puede desempeñar la cultura como motor de desarrollo económico, sino también a la centralidad que están tomando los derechos culturales en la propia defensa del derecho a la tierra. Si La Vía Campesina explicita su movilización internacional en estos términos: “Planteamos la defensa de la tierra y el territorio como fuentes de vida inseparables de las prácticas culturales de nuestros pueblos”, es la cultura campesina entendida como un todo indisociable «comunidades culturales/territorio»  lo que se pretende defender y proteger en la nueva norma internacional.

 

Junto a los ya mencionados derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, junto al derecho a la tierra, quiero detenerme en tres aspectos recogidos en el Proyecto de Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que tendrían un eco importante sobre el medio rural español:

  • La inclusión del Artículo 26 “Derechos culturales y conocimientos tradicionales” en el que se recoge el derecho a disfrutar de su propia cultura y aspirar libremente al desarrollo cultural nos daría un nuevo marco normativo internacional para exigir con mayor vehemencia el respeto y protección a los derechos culturales en el medio rural español que, a día de hoy, siguen teniendo un carácter subsidiario y claramente deficiente. Nos permitiría movernos más allá de los marcos de la “preservación” o de los riesgos de la “falsificación cultural turística” para incorporar a la agenda política española los derechos de acceso, participación y creación culturales rurales que a día de hoy cuentan con un sesgo territorial de base.

 

  • De igual manera, el reconocimiento de los derechos a los recursos naturales y su gestión y conservación permitirían ensayar e incorporar en España instrumentos que hasta la fecha se han circunscrito a la realidad de la diversidad cultural iberoamericana, como el derecho a la consulta a las comunidades de forma previa a cualquier tipo de explotación territorial. Sumaría un elemento de protección importante para aquellas resistencias rurales en España que están haciendo frente al avance de la política extractiva en nuestro país.

 

  • En relación al derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, el proyecto de declaración recoge la necesidad de “garantizar la coherencia del mismo con las políticas culturales”. Este enfoque nos permitiría derribar en España “el tabique invisible” que a día de hoy sigue separando las políticas y medidas legislativas de desarrollo rural y los espacios de decisión relativos a las políticas culturales que merman las posibilidades y derechos del medio rural español. En la llamada permanente del documento a la creación de oportunidades no agrícolas destinadas especialmente a los jóvenes de las zonas rurales, se hace evidente el papel que pueden jugar al respecto las políticas educativas y  de patrimonio, tal y como lleva demostrando décadas Peridis y que nos recordaba la semana pasada de nuevo en estas declaraciones.

Junto a todo lo anterior, no podemos olvidar que uno de los ejes centrales que movilizan las dos nuevas declaraciones de la ONU en juego es el reconocimiento al papel que están desempeñando las mujeres a nivel global en la defensa de la soberanía alimentaria y la preservación de la biodiversidad y patrimonio mundiales, tratando de dar una respuesta de urgencia ante el alto precio en vidas y dolor que dicha preservación, con la mirada siempre puesta en la transmisión a las futuras generaciones, se está cobrando. Es fundamental que visibilicemos con mayor rotundidad el hecho de que cuando hablamos de protección del patrimonio y respeto a las culturas campesinas, es principalmente del respeto a los derechos humanos de las mujeres de lo que estamos hablando.

 

Por ello, quería aprovechar la celebración del Día internacional de las luchas campesinas para honrar “la mirada afectiva del mundo” que siguen proponiendo los ecofeminismos rurales y seguir desde las políticas culturales preguntándonos qué escondería en nuestro campo esa invitación abierta al “menos extraer y más cuidar a cambio de”.