Libertad de expresión y libertad de creencias: Declaración de Beirut

 

“Aquel que salva la vida de una persona es como si salvara la vida de todos.”

El Corán 5:32

 

Hace unos años el Relator especial sobre la libertad de religión o de creencias del Alto Comisionado ACNUDH, ante la creciente recuperación de la legislación contra la blasfemia y la apostasía a nivel internacional y el nuevo auge de leyes de orden público que tergiversaban las problemáticas del odio, se vio en la obligación de emitir un informe específico (A/HRC/40/58) en el que, con datos en la mano, constataba que

 

“Los datos disponibles en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas demuestran la relación inextricable que existe entre el grado de protección de la libertad de expresión y la medida en que se respeta y disfruta de la libertad de religión o de creencias.”

 

El reciente ataque al escritor Salman Rushdie, uno de los ejemplos centrales que utilizó el Relator para su argumentación en este informe, lo trajo de nuevo a mi memoria.

 

El modo en el que socialmente, en especial en los medios de comunicación, se presentan estos dos derechos como mutuamente excluyentes, cronificando los marcos de violencia y los argumentarios fanáticos de “legítima defensa frente a la agresión” fue el escenario que se trató de desarticular con el trabajo desde el ACNUDH:

 

“La libertad de expresión es necesaria para el disfrute pleno y efectivo de las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias. La relación entre estos derechos es de refuerzo mutuo, no de tensión o jerarquía.”

 

El hecho de que las leyes contra la blasfemia hayan seguido creciendo en los últimos años a pesar de la constatación de que “sofocan la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencias, así como un diálogo y un debate saludables sobre cuestiones religiosas” así como sabiendo que las leyes contra la apostasía se utilizan a nivel global, precisamente para sofocar la libertad religiosa o de creencias “para imponer efectivamente el monopolio de ciertas creencias religiosas y para legislar el comportamiento social restringiendo las libertades civiles”, ponen de manifiesto la necesidad de seguir explorando y profundizando los acuerdos logrados en la Declaración de Beirut y el Programa Fe para los Derechos.

 

 

Poniendo de manifiesto, entre otras emergencias, que “el discurso es uno de los ámbitos más estratégicos entre las responsabilidades que nos comprometemos a asumir” la Declaración internacional de Beirut de 2017 lograda tanto por las comunidades de fe internacionales como por los organismos y agentes de la sociedad civil defensores de los derechos humanos se comprometieron explícitamente a la defensa de la libertad de cátedra y la libertad de expresión, explorando también la capacidad que pueden tener las creencias religiosas como objeto de nuevos desafíos para el pensamiento libre y creativo.

Partiendo del “compromiso común por defender la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos” lo más sustancial de la Declaración de Beirut reside en el compromiso de las comunidades de fe a nivel internacional EN LA PROTECCIÓN DE TODO EL ESPECTRO DE DERECHOS HUMANOS INALIENABLES.

Queda descartado así el falso e interesado enfrentamiento entre la protección de la libertad de expresión y la libertad de creencias.

Como se refleja en su artículo 5:

“Creemos que la libertad de religión o de creencias no existe sin la libertad de pensamiento y de conciencia que precede a todas las libertades, ya que ellas están vinculadas a la esencia humana y sus derechos de elección, y a la libertad de religión o de creencias.”

También en su artículo 14:

“Apoyamos plenamente los valores universalmente reconocidos tal como se articulan en los instrumentos internacionales de derechos humanos como normas comunes de nuestra humanidad compartida.”

 

Teniendo en cuenta el riesgo del uso interesado del falso enfrentamiento y dicotomización excluyente entre estos dos derechos en el actual escenario tanto nacional como internacional, para seguir construyendo atmósferas de odio que permitan “en río revuelto, ganancia de pescadores”, más aún ante el shock que ha provocado el brutal ataque tanto a Salman Rushdie como a Henry Reese, traigo a esta humilde plaza de pueblo de lenta conversación, fuente y árboles granados, el espíritu de la Declaración de Beirut, para que nunca demos pasos atrás frente a los logros conquistados.

 

Derechos culturales y paz diversa

(Este artículo se publicó en la Revista Ciudades de Paz, nº2, del Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz en abril de 2021.

Dedico, por tanto, este texto a mi México del año 2020, por su generosidad y amor.)

 

(Todas las imágenes que iluminan esta entrada son obras del colectivo oaxaqueño de gráfica urbana Lapiztola, @lapiztola_oax y la fotografía es obra de Abhay Bharadwaj)

Si bien cada vez somos más conscientes de la indivisibilidad de cada una de las facetas que conforman los derechos humanos, no es menos cierto que el conocimiento de los derechos culturales, especialmente a nivel popular, es sustancialmente menor y que en las próximas décadas abordaremos, no obstante, el reto de su desarrollo pleno.

Pero, ¿qué papel pueden desempeñar los derechos culturales en la construcción de paz y más concretamente de una paz diversa? Si es evidente que sobre las bases de la injusticia social no pueden construirse paces positivas, ¿qué función cumple la protección y promoción de los derechos culturales como elemento estratégico para la paz?

Aunque el derecho a participar en la vida cultural recogido en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suele considerarse como el horizonte de acción a alcanzar, es importante no minimizar ni parcializar lo que este derecho supone a un nivel profundo. No hacemos referencia exclusivamente al fundamental acceso a la creación artística ni a su central protección, ni hablamos tampoco únicamente del acceso en igualdad de condiciones al legado del conocimiento y experiencia que nos ha precedido. Lo que está en juego cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural es la construcción del “nosotros” social, la construcción de las respuestas legítimas a la pregunta ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestra identidad?, así como la no menos problemática construcción de las preguntas consideradas “legítimas” (qué puede cuestionarse y transformarse y qué no puede hacerlo) que le dan forma a ese “nosotros”.

 

(La fotografía de esta obra de Lapiztola fue realizada por Jose Alberto Canseco, conste)

 

Vemos, por tanto, que junto a otras dimensiones de la exclusión que se refuerzan entre sí, el hecho de no garantizar de modo universal en nuestras sociedades el derecho a participar en la vida cultural supone:

  • Legitimar relatos de exclusión social y construcción de identidades sociales excluyentes, posibles generadoras de violencia.
  • Menoscabar los derechos colectivos de acceso a la memoria y al patrimonio, sesgados por la ausencia y exclusión de voces significativas y perspectivas plurales.
  • Ejercer formas de violencia cultural “por defecto” imponiendo “nosotros sociales” falsamente homogéneos basados en el privilegio de quienes han tenido acceso a los medios y herramientas de construcción de sentido (lenguajes, medios de comunicación, formas legitimadas de expertisse…)

Pero como afirma la filósofa Miranda Fricker existe una dimensión de la injusticia en nuestras sociedades que suele pasar desapercibida y que es un requisito previo para acceder al “derecho a la voz”, al derecho a la participación plena en la construcción de sentido del que habla el derecho a participar en la vida cultural: el hecho de ser personas reconocidas como sujeto de conocimiento.

La verdadera potencialidad transformadora de los derechos culturales residiría aquí: ¿quiénes son inexistentes en nuestro “nosotros”?, ¿a quiénes no se pregunta nunca?, ¿qué experiencias del mundo son consideradas inválidas o impropias?, ¿a quién no se escucha por norma y está excluido de “nuestra identidad”?

El ámbito de la construcción de paz, especialmente en escenarios de post-conflicto y articulación de procesos memoriales, ha sido tradicionalmente un espacio privilegiado para la reflexión común sobre esta forma de injusticia, la injusticia epistémica. Qué testimonios de violencia eran legitimados y cuáles quedaban en sombra, qué colectivos accedían a medidas de reparación económica o simbólica y quienes seguían soportando las consecuencias de la impunidad, qué o quiénes accedían a la monumentalidad memorial o al reconocimiento de duelo de país y quiénes no.

 

 

La obra “Injusticia epistémica” (Herder editorial, 2017, Barcelona) de Miranda Fricker aporta nueva luz sobre la centralidad que juegan las políticas culturales desde una perspectiva de derechos humanos  y construcción de paz para construir sociedades que entiendan la paz diversa, la paz como una polifonía, comprendiendo que sin respeto a la diversidad perpetuamos formas muy arraigadas de violencia.

Así, Miranda Fricker ha puesto el foco sobre dos formas centrales de injusticia, dentro de la esfera de los derechos culturales:

  • La injusticia testimonial que “se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad para aportar conocimiento”.

 

  • La injusticia hermenéutica que “se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales”, es decir “aquella en la que se causa un mal a alguien en su capacidad como sujeto de compresión social”, en el acceso al derecho a ser comprendidos.

 

(Esta obra fue realizada por el Colectivo Lapiztola junto al Colectivo 3B de Los Ángeles en denuncia de la separación de los niños y niñas migrantes de sus familias en la frontera con EEUU)

 

Lo que nos está mostrando Miranda Fricker es el hecho de que la protección o desprotección de los derechos culturales en nuestras sociedades contribuyen a configurar lo que ha denominado “economía de la credibilidad”, el sistema por el cual se construye lo relevante, lo existente, lo que se tiene en cuenta. Como afirma “toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento, y por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana.” Es decir, la protección de los derechos culturales es una medida preventiva ante las formas de violencia centradas en la invisibilización y el silenciamiento.

Por tanto, no convendría minimizar la realidad de la marginación hermenéutica en nuestras sociedades como una de las raíces de la violencia, el acceso desigual a las prácticas a través de las cuales generamos significados sociales (como viene señalando desde hace años el filósofo Fernando Broncano, recientemente recogido también en su obra «Conocimiento expropiado. Epistemología política en una democracia radical» y a quien la que escribe debe el conocimiento de la obra de Miranda Fricker, conste). Como sostiene Fricker, “socavar la fiabilidad epistémica es un nutriente importante de la ideología del odio” y se realiza de modo cotidiano a través de fórmulas de apropiación, luz de gas e invisibilización de la autoría de ideas (en nuestras sociedades ¿quiénes se llevan los méritos?), así como del refuerzo de marcos que construyen la pérdida de confianza en la propia opinión y experiencia de las cosas, así como en la pérdida de confianza en las propias capacidades interpretativas e intelectuales.

Se trataría por tanto de construir socialmente entornos que hiciesen posible la valentía intelectual:

  • La capacidad de examinar creencias sostenidas popularmente y generar alternativas, nuevas posibilidades.
  • El refuerzo de la perseverancia ante la oposición grupal.
  • La determinación para hacerse oír frente a la manipulación del silencio.

 

Derechos culturales y paz diversa

 

De modo que es necesario reforzar y llevar al centro de la agenda pública la importancia de la protección de los derechos culturales para la construcción de sociedades de paz diversa en base a tres ejes:

  • Su carácter preventivo: por su refuerzo de la inclusión social y la articulación de identidades sociales plurales y diversas.
  • Su carácter constructor: especialmente en escenarios de post-conflicto y procesos memoriales, desactivando raíces futuras de revancha o “culminación de tareas no resueltas” al incorporar en nuestro reconocimiento de país todos los duelos, todas las vidas que importan.
  • Su carácter profundizador: creando democracias con cimientos más firmes que encuentran en el respeto a todas las dimensiones de la diversidad la respuesta a las derivas extremistas y autoritarias.

Consideremos entonces, a la luz de las aportaciones de la filósofa Miranda Fricker, la protección de los derechos culturales como un camino de futuro para explorar en las próximas décadas la potencialidad de la paz diversa.

 

 

Tejer el porvenir (La Marea)

 

Para (y por) mis maestras y compañeras de WILPF España

Publicado en La Marea, 7 de abril de 2020

Cuenta Juan Gutiérrez, experto internacional en construcción de paz, que al proceso por el cual unas vidas vierten cuidado sobre otras podríamos llamarle tejer hebras de paz viva. Desde la responsabilidad que nos exige el momento presente, convendría que nos fuéramos preparando para el nuevo ciclo de movilización social y política que vendrá tras la pandemia y en el que estará en juego, por encima de cualquier otra cosa, la delimitación de lo que entendemos por vidas que merecen ser protegidas. La tensión por concentrar los daños de un sistema que se derrumba sobre los cuerpos vulnerables que permitamos definir como otros.

Ante el alarde de privilegios que nos ha dejado esta pandemia, el reparto desigual de los trabajos, los daños sobre los colectivos más golpeados se ha evidenciado como nunca: cuidadoras migrantes, familias monomarentales, trabajadoras precarizadas, o personas afectadas por la política de vivienda neoliberal sufren antes, sufren más; se recuperan con mayor dificultad. Es necesaria una reflexión para impulsar e incidir colectivamente políticas públicas que se diseñen para corregir la distribución desigual de la vulnerabilidad y los perversos mecanismos que apoyándose en criterios de raza, situación administrativa, nacionalidad, edad o capacidades están contribuyendo a la naturalización de la violencia económica extrema en nuestro país.

Preguntémonos, ahora que tenemos tiempo, por qué un día después de la declaración del estado de alarma a un gran número de empresas españolas les pareció de pronto una gran idea contratar, para ‘enviar a primera línea del frente’, a colectivos en riesgo de severa exclusión social.

Quizá tengamos que preguntarnos también cómo construiremos un nuevo sentido democrático que, frente al modelo de protección de derechos de la pequeña propiedad que construyó la burbuja que nos explotó en 2008, frente al blindaje individualista ante el dolor o el miedo que hemos visto reflejado en las escenas de acaparamiento en el consumo de estos días, se base en la protección de la vulnerabilidad de los demás. Pensemos cómo sería entender nuestras democracias como espacios para ampliar el derecho a ser y a mostrarnos vulnerables.

Ante la irresponsabilidad también del discurso y la escenografía militarizada, en tiempos de creciente permisividad global de modelos de masculinidad autoritaria y temeraria, que han tenido estos días su alarde ridículo en el negacionismo de Bolsonaro y Ortega, cómo nos protegeremos como sociedad frente a la doble tentación: la de añorar al ‘hombre fuerte que toma las decisiones por el resto’ que hemos visto especialmente en la idealización de la respuesta del régimen chino a la catástrofe, así como a la más contagiosa creación de chivos expiatorios, a la que ya hemos asistido en España, por parte de algunos responsables políticos, a través del peligroso señalamiento a la ciudadanía gitana.

Sabiendo que una vez que se abran las puertas de nuestras casas será el tejido de una nueva realidad el que nos pida acción y respuesta, vayamos eligiendo ahora, con tiempo y calma, con qué hebras que nos cuidan desplegaremos el nuevo telar que reemplazará al actual, que ya está roto sin remedio.

Estefanía Rodero, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Women’s International League for Peace and Freedom)