Derechos culturales para un mundo rural vivo-Editorial para la Fundación Interarts

Derechos culturales para un mundo rural vivo

 

 

Como es un privilegio haber tenido la oportunidad de compartir reflexión este mes en forma de editorial para la Fundación Interarts, dejo por aquí el enlace al mismo por si generamos conversación España-América Latina y ponemos en el centro del diálogo el papel que pueden desempeñar las políticas culturales para la protección de los derechos humanos y la construcción de horizontes de futuro para un mundo rural vivo a nivel internacional. ¡Hagamos que llueva!

 

DERECHOS CULTURALES PARA UN MUNDO RURAL VIVO

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro (Conversaciones en Confinamiento, Trànsit Projectes)

 

Ha sido un placer poder participar en el ciclo Conversaciones en Confinamiento organizado por Trànsit Projectes alrededor de las oportunidades abiertas para la cultura en el espacio rural.

Junto a Gemma Carbo, directora del Museu de la Vida Rural – Fundació Carulla y presidenta de la Fundació Interarts; Jorge Fernandez León, director de programas de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y Patrono de la Academia de España en Roma & Angel Mestres, director de Trànsit Projectes (con aportaciones de Colectivo Lento) se ha entrelazado la Conversación en Confinamiento V: La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro. Muchas gracias por la invitación, la incitación, la maestría y la palabra.

Por si quieres asomarte a la conversación y las puertas abiertas de la cultura en el medio rural:

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro, Conversaciones en Confinamiento V, Trànsit Projects

Ley de derechos culturales

 

(Todas las imágenes pertenecen a la iniciativa, impulsada por Julien de Casabianca, Outings Project, que lleva las obras de los museos a asaltar, por amor, la calle)

 

 

“Universalidad, diversidad y libertad son, en efecto,

los valores que forman la columna vertebral de los derechos culturales»

(Ley foral de derechos culturales de Navarra)

 

Desbordadas por un clima de polarización política que tiende a sofocar los ritmos lentos que requiere la construcción de lo mínimamente perdurable, así como habituadas al sesgo por el que damos por hecho que toda innovación cultural en España ha de venir de Madrid o Barcelona, corremos el riesgo de pasar por alto el hito que supone la ley pionera en derechos culturales aprobada hace unas semanas en Navarra.

Sabiendo que propuestas de ley de estas características, sin ser “propuestas electorales estrella que movilicen a las masas” sí son pasos muy importantes para la profundización democrática en nuestro país y contienen en su enunciación tanto el reconocimiento a la diversidad actual que caracteriza a la sociedad española, como una visión de futuro asentada en la apertura, la inclusión y el reconocimiento de la universalidad, podrían ser (deseo) punta de lanza de los programas culturales de signo progresista en las próximas elecciones autonómicas en España, como paso previo a la promulgación de una Ley de derechos culturales a nivel estatal (mientras no consigamos su reconocimiento explícito constitucional tal y como nos enseñó América Latina, yo no me olvido).

 

Me detengo, por tanto, en alguno de los ejes planteados en la Ley foral de derechos culturales de Navarra tanto por su concreción como por las líneas de trabajo futuro que señalan:

 

  • Supone un enorme avance el modo en el que incorpora en la legislación española la noción de identidad cultural ya reflejada en las Declaraciones Universales de la UNESCO sobre diversidad y protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo “la libertad de toda persona de elegir su identidad cultural y de decidir si participa o no y cómo en la vida cultural”  Este modo de referirse a la identidad siempre me recuerda esa reflexión bellísima de Avtar Brah: «el deseo de un hogar como algo distinto del deseo de una patria»

 

  • Es interesante el modo en el que  se han enmarcado las políticas culturales como “aquellas que defienden el valor de la cultura como bien común” y contribuyen a construir una sociedad más igual y democrática. Se establece así la correlación entre la protección y promoción de los derechos culturales con la defensa de la democracia. Sin diversidad no hay “demos”. Se refuerza este sentido de cultura como bien común con el reconocimiento del ecosistema cultural y creativo más allá de lo institucional y la centralidad que otorga al mapeo de iniciativas ciudadanas, así como al hecho de reflejar en el cuerpo de la ley el compromiso: “favorecerá y promoverá el procomún y la cultura libre”.

 

 

  • Relevante es también el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural, movilización que siendo más fuerte en Francia que en España, obtiene también aquí sus primeros frutos, logrando:

“La protección y reconocimiento de la función de las personas trabajadoras en el ámbito cultural y de las emprendedoras de las industrias cultural y creativas”

“Las personas dedicadas a la creación cultural, en cualquiera de sus formas, tienen derecho a ser tratadas fiscalmente de forma razonable, ecuánime y equitativa atendiendo, en su caso, a la irregularidad y naturaleza intermitente de los ingresos que provienen de esa actividad, así como a su carácter complementario de otras actividades profesionales o económicas”

 

  • Interesante, relacionado con la importancia que se le ha dado a las condiciones laborales y económicas de las trabajadoras del sector cultural, es también la apuesta por la creación de “fondos u otros instrumentos financieros que faciliten el crédito a las micro y pequeñas empresas de los sectores culturales”. Es una línea de acción importante (se recogió una acción similar en el Plan de Industrias Culturales y Creativas del Ministerio de Cultura para 2018, en funciones de intermediación de acceso a crédito) por lo que ayuda a visibilizar y dignificar el sector cultural como sector profesional y económico en entornos de empleo o asesoramiento de corte más generalista.

 

 

  • Me ha resultado inspiradora la llamada, en el reconocimiento al derecho a la producción cultural, a poner también el foco de atención sobre el derecho a difundir y distribuir los resultados del ejercicio creativo. Ciertamente apunta a un sesgo por el que nos hemos concentrado militantemente en la reclamación del acceso a la cultura, dejando desprotegido el flanco del “derecho a llegar a los demás”. Aquí está el nudo gordiano del poder, no nos engañemos. ¿A qué “culturas” pedíamos acceder?, ¿qué “culturas” no han tenido derecho a “distribuirse”?

 

  • Se recoge un merecido reconocimiento a las profesiones vinculadas y a la función de la mediación cultural y artística promoviendo el hecho de:

“favorecer el acceso y vincular al público al conocimiento y comprensión de los códigos culturales de las manifestaciones artísticas y culturales”

“favorecer la participación del público en la construcción de significados”

 

  • Pero sin duda, la Ley foral de derechos culturales es un enorme paso adelante para el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano, reconociendo no sólo el derecho al “acceso libre y equitativo al Patrimonio” sino al (nada gratuito) reconocimiento al “derecho a colaborar con su comunidad en la recuperación del Patrimonio”. Recogiendo décadas de lucha contra los procesos de las inmatriculaciones que en Navarra tomaron cariz de auténtico expolio, se recoge de modo explícito en la ley el hecho de que el acceso al patrimonio y el derecho a conocer su significado vincula también “a los bienes declarados de interés cultural cuya propiedad ostente la Iglesia Católica”. Por si acaso…

 

 

  • Interesante, por lo que animará acciones y debates en el resto de comunidades autónomas, es el hecho de reclamar la participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, huyendo de los peligros de la “turistificación” y falseamiento del patrimonio inmaterial de los territorios.

 

Esperanzada por el hecho de que en todo el articulado se haga referencia constante a la “inclusión de personas y grupos vulnerables”, a los derechos culturales de las personas con discapacidad, a la importancia de no olvidar en nuestras políticas culturales los derechos a participar en la vida cultural de las personas migrantes, a la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en todas nuestras acciones culturales (desde el diseño, hasta la estructura de los equipamientos, etc.), la lectura de la Ley foral de derechos culturales de Navarra supone un contraste iluminador respecto a la imagen de país reflejada en los medios de comunicación en las últimas semanas.

Yo debo vivir en el país diverso, libre y orgulloso del legado de sus pueblos que se contempla en esta ley. Espero que entre todas consigamos la Ley Estatal de Derechos Culturales muy pronto. ¡Sea!

 

Inmatriculaciones, mercado negro de arte y patrimonio rural

 

“Porque los bienes del pueblo son del pueblo,

y nunca van a faltar paisanos que los reivindiquen.”

Escándalo Monumental

Reflexionando sobre qué clase de actuaciones podríamos implementar en este 2018, año del patrimonio cultural europeo, que repercutieran especialmente sobre el mundo rural español, tomando “medidas preventivas” ante la previsible concentración del foco mediático sobre la gran monumentalidad urbana, me parecía importante enlazar y unificar las reivindicaciones aún no resueltas respecto a la petición de un Listado público, transparente y accesible respecto a las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas en España junto al estudio del impacto que este “frenesí” inmatriculador ha tenido sobre el expolio de obras de arte sacro de nuestro medio rural y el fortalecimiento del mercado negro de arte.

Siendo conscientes de que la problemática que enfrenta la protección del patrimonio rural no puede disociarse del abandono político general ante el grave problema de despoblación en nuestro país, sería importante no obviar que el mismo viene siempre de la mano de dos fenómenos:

No hay que ir muy lejos para escuchar a alcaldes y alcaldesas de todos los signos y colores quejándose de su indefensión ante el expolio de bienes “a goteo y en silencio” del que se está nutriendo el mercado ilegal de arte.

Como recuerda Juan del Barrio, en una publicación de referencia elaborada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “Escándalo monumental” en la que se apunta claramente el proceso de retroalimentación entre las inmatriculaciones y la venta ilegal de bienes culturales que pasan a formar parte de colecciones particulares, “en la Diócesis de Burgos era conocido por todos que semanalmente y durante dos años se llevaban a Centroeuropa para su venta un tráiler con arte religioso”.

Si bien en el 2015, aunque de un modo muy parcial y tibio, gracias a la presión constante de las organizaciones ciudadanas, se consiguió modificar la Ley Hipotecaria que mantenía intactos los privilegios de la Iglesia heredados de la dictadura a la hora de tramitar las inmatriculaciones, el grave problema de este afán privatizador y su maridaje con el mercado ilegal de arte que sigue sangrando silenciosamente a nuestros pueblos debería abordarse de una vez por todas como una grave vulneración de los derechos culturales en nuestro país, haciendo hincapié una vez más sobre el sesgo de percepción de nuestras políticas culturales cuando se trata de proteger a su ciudadanía rural.

Si realmente queremos avanzar, como se recoge en la Declaración de Friburgo, hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural (art.3), especialmente en el derecho a obtener acceso al patrimonio cultural propio (y no a resignarse, como afirmaban los compañeros navarros “a que todos esos bienes estén hoy solamente bajo el control de una minoría”) tendremos que hacer frente a lo que a día de hoy aún vulnera el carácter común de la herencia patrimonial.

Si como afirmó la experta independiente en derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, en su Informe sobre el derecho de acceso al patrimonio cultural:

“considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación con ese objeto y manifestación, y, en particular, conectar el patrimonio cultural con su fuente de producción. El patrimonio cultural está vinculado a la dignidad e identidad humana. El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es una característica importante de un miembro de una comunidad, un ciudadano y de una forma más amplia un miembro de la sociedad”

deberíamos preguntarnos si el 2018 no podría ser un año adecuado para la elaboración y publicidad de la lista estatal de bienes inmatriculados, especialmente poniendo el foco sobre los del medio rural, el impulso de una investigación en profundidad de la correlación entre dichos bienes inmatriculados y el mercado negro de arte y la exigencia de una política estatal contra la despoblación que actúe de modo urgente frente al expolio del patrimonio natural y cultural que viven en silencio y fuera de foco nuestros pueblos.

 

Cuidar el legado: ante el 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural

                          (Alcázar de Sevilla)

 

“Desarrollar un discurso auténticamente democrático y participativo en cuanto al patrimonio europeo, incluido el de las minorías religiosas y étnicas (…) pidiendo a los estados miembros que reflexionen sobre la ética y los métodos de presentación del patrimonio cultural y que tengan en cuenta la diversidad de interpretaciones.”

Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo

 

Ante la grave crisis que afronta la construcción y adhesión a la muy maltrecha y siempre en disputa “identidad europea”, expuesta ante su propia sombra tanto en el nuevo auge de los fascismos como en su trato a los refugiados y el grito permanente de su frontera sur y espoleada por las grietas cada vez más visibles en el sentido de pertenencia a un espacio común que declara la ciudadanía europea, la Unión Europea ha nombrado el 2018 como Año del Patrimonio Cultural, tratando de, apoyándose en la memoria y legado común, reconstruir de algún modo el marco de los valores compartidos europeos.

Teniendo en cuenta que entre los objetivos generales del Año Europeo se ha optado por una visión economicista del patrimonio frente al más que urgente paradigma de socialización y protección del patrimonio desde un enfoque de derechos humanos, quería aprovechar esta última entrada del año para plantear algunos temas que podríamos incluir en la agenda y el debate público aprovechando la celebración anual, como herederas y herederos que somos llamados a cuidar y celebrar nuestro común legado:

  • El 2018 puede ser una buena oportunidad para debatir acerca de los procesos de apropiación discursiva del patrimonio para el apuntalamiento de identidades excluyentes. Llevar al centro los propios criterios de selección y su construcción sobre qué merece preservarse y qué no, qué patrimonio sí es representativo de la «identidad europea» (y merece, por ejemplo el Sello de patrimonio europeo, dada su «relevante aportación a la historia de Europa») y cuál no, con qué narrativas se arropan nuestras políticas de patrimonio, qué papel está jugando la ciudadanía en estos procesos, así como llamar la atención sobre aquellos temas que suelen quedar subordinados será una tarea interesante para el 2018. La gravedad, por ejemplo, del uso excluyente del patrimonio que está haciendo la ultraderecha polaca, la utilización discursiva por parte del gobierno de Macron del Año Europeo del Patrimonio Cultural para resucitar el fantasma de la grandeza de la «civilización europea» o, en el más cercano caso español, la argumentación de la candidatura de Numancia a la Lista de Patrimonio de la UNESCO, que frente al obvio marco de su papel de resistencia frente al Imperio, que permitiría su hermanamiento con otros lugares de resistencia clásica como Alexia o Masada, haya optado por un discurso de herencia nacional-católica, nos muestran la importancia de llevar nuestra atención a estos procesos.

 

(Alcázar de Segovia)

 

  • Frente al más diluido encuadre de la “gobernanza participativa” del patrimonio centrado fundamentalmente en el diálogo entre los diferentes niveles institucionales, ¿qué papel ha de jugar la ciudadanía tanto en la puesta en valor y protección del patrimonio como en todos los procesos de construcción memorial y resignificación de espacios? Teniendo en cuenta que una de las líneas de acción previstas para el 2018 se centra en el debate sobre la resignificación de espacios religiosos y militares, será interesante ver cómo logramos democratizar realmente estos procesos.

 

  • El Año Europeo del Patrimonio Cultural nos permitirá también abordar sesgos importantes en las actuales políticas de protección: la presión de la esponsorización que deja desprotegidos campos completos de nuestro patrimonio cultural (patrimonio documental, archivos…); el sesgo rural-urbano en la protección patrimonial; la protección del legado patrimonial de las mujeres en toda Europa.

 

  • Junto al tradicional enfoque del tráfico ilícito de bienes culturales presente entre las acciones estratégicas del Año, centrado especialmente en la política exterior, afrontar el debate sobre el más cotidiano lucro alrededor de la compra-venta de bienes culturales, el peso y estela de las inmatriculaciones para nuestras actuales políticas de protección del patrimonio, así como los desequilibrios norte-sur tanto dentro de la propia Unión Europea relativos a la restitución de bienes culturales salidos de forma ilegal tanto de territorios de estados miembro como en el marco de sus relaciones culturales internacionales haciendo frente a las reclamaciones de responsabilidad y restitución activas acerca de su pasado colonial.

(Alcázar de Sevilla)

  • El marco que nos ofrece el 2018 puede ser una buena ocasión para llevar al centro de nuestra agenda cultural la exigencia de la coherencia inter-políticas. El llamamiento presente en el documento europeo de referencia “Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo” para la búsqueda de sinergias entre las políticas de protección del patrimonio cultural y las políticas medioambientales, podría reactualizarse para poner el foco de atención sobre las consecuencias del cambio climático sobre la salvaguarda del patrimonio, especialmente el gastronómico y los paisajes culturales, así como para abordar la incompatibilidad entre la política comercial y las actuales negociaciones de tratados de libre comercio de la Unión Europea y sus políticas de protección del patrimonio, especialmente en su labor de cuidado de los conocimientos locales, la preservación de la autenticidad patrimonial, la digitalización del patrimonio y el derecho al libre acceso por parte de la ciudadanía al mismo o las medidas de protección de la diversidad lingüística europea.

 

  • El 2018 puede ser también una oportunidad interesante para remarcar la importancia de la educación artística y humanística y la necesidad de crear espacios de relación intergeneracionales que permitan un acercamiento al patrimonio de un modo más emocional y directo, reforzando así el sentido de comunidad y pertenencia del que tanto se está doliendo la realidad europea.

 

Junto a todo lo anterior, la pregunta de fondo de siempre frente a la oficialidad de nuestros legados: ¿qué y quiénes han quedado fuera de lo considerado como herencia a preservar por los Estados?, ¿cómo iluminar los márgenes para dejarle a las siguientes generaciones un legado de más amplitud,mayor  respeto a la diversidad y polifonía?

Aprovechando esta última entrada del 2017, para quienes se asomen a este espacio (¡hola, me hace feliz que estés ahí!), el deseo, de todo corazón, de que en el 2018 seamos felices y logremos ser cada día más humanamente cálidas, cálidos.

 

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

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La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.

Inmatriculaciones o la verdadera Cultura de la Transición

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Todavía me llama la atención el hecho de que el análisis de la denominada “Cultura de la Transición” -el modelo que relata la intrincación entre intereses económicos, grupos mediáticos, procesos creativos y partidos que consolidó el Régimen del 78- haya dejado prácticamente fuera de su foco de atención precisamente el área en la que el continuismo entre la dictadura franquista y la democracia es más sangrante: la propiedad y gestión del patrimonio.

Al margen de los grandes escándalos relacionados con este tema, como fue el caso de la Mezquita de Córdoba, la atención específica de algunos medios o la reciente creación de la Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, la movilización de plataformas ciudadanas y ayuntamientos del medio rural en defensa de su patrimonio aún encuentran serias dificultades para hacerse un hueco de impacto en la agenda mediática nacional y llegar a gran parte de la opinión pública .

Si, como dice Amador Fernández Savater “la Cultura de la Transición se asegura siempre el monopolio de los temas y los enfoques”, la crítica a la propia CT ha dejado fuera de foco, por su mayor incidencia en provincias despobladas y el medio rural español, uno de los campos en los que los privilegios otorgados por el franquismo permanecen a día de hoy intactos.

Tal y como vienen denunciando las diferentes plataformas que integran la  Coordinadora, el procedimiento de inmatriculación de bienes propiedad de los pueblos por parte de la Iglesia Católica viene realizándose desde 1946, cuando la dictadura franquista otorgó poderes a los obispos para inmatricular (inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien que no estaba registrado) con un simple certificado y sin acreditar título de propiedad. Este mecanismo se ha visto perpetuado en tiempos de democracia bajo un sistema de dudosa constitucionalidad.

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Como sabemos, no existe hasta la fecha ninguna relación pública de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y la falta de transparencia al respecto es total, incluyendo aquellos procesos en los cuales estos bienes patrimoniales inmatriculados están siendo utilizados por parte de los obispados para obtener crédito hipotecario. La solicitud de datos al Ministerio de Justicia, tal y como recoge Jesús de Larrainzar en el libro “No Robarás” quedó saldada con la mínima respuesta institucional “no es un área de nuestra competencia”.

La incorporación, junto a ayuntamientos, especialistas y plataformas vecinales, de la iglesia de base en la recién creada Coordinadora estatal, a través de la presencia de Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, nos señala que más allá del fantasma del anticlericalismo y los miedos electoralistas que esta acusación lleva aparejados, la respuesta al problema de las inmatriculaciones en nuestro país es una lucha democrática contra los privilegios. Al fin y al cabo, España es uno de los países que se sumó a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial de 1972 de la UNESCO en la que se sostiene que, frente a intereses económicos particulares que imposibiliten el acceso al patrimonio de los pueblos, “(para poder transmitirlo a las generaciones futuras) los Estados han de instituir servicios de protección de su patrimonio (…) adoptando las medidas jurídicas y administrativas necesarias”.

Lo que está, por tanto, sobre la mesa con este tema es en realidad uno de nuestros mayores déficits democráticos como país, poniendo de relieve que la jerarquía católica y sus privilegios forman parte indisoluble del andamiaje del Régimen del 78, privilegios jerárquicos que, como ya hemos dicho, por interés netamente electoralista, se han mantenido inmutables desde la Transición.

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(Monasterio de San Miguel de Escalada, inmatriculado por el Obispado de León)

En el 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en sentencia de 4 de noviembre de 2014 tuvo que declarar arbitrario el procedimiento por el  que la Ley Hipotecaria española equiparaba el certificado de cualquier obispo católico al de otros funcionarios públicos. Tanto el Partido Popular como el PSOE, meses más tarde,  impidieron la presentación del recurso de inconstitucionalidad que hubiese podido declarar nulas con efecto retroactivo las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta la fecha, condenando a particulares y ayuntamientos a un larguísimo calvario de presentación a título individual de recursos de inconstitucionalidad bien por bien en toda España.

Por todo ello, se hace evidente que desde el campo de las políticas culturales deberíamos retomar, tal y como está demandando incesantemente la sociedad civil, este caballo de batalla precisamente en este periodo post-electoral en el que va a ser necesario un replanteamiento profundo del texto constitucional, teniendo en cuenta , no sólo que el problema de las inmatriculaciones apunta a uno de los ejes de flotación y centro de gravedad claves del Régimen del 78, sino que incide además sobre el necesario fortalecimiento de nuestro Régimen Local y, tal y como hemos señalado otras veces, la necesidad de una mayor clarificación y dotación competencial municipal en materia de cultura.