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Derechos culturales para un mundo rural vivo

Estefanía Rodero

Derechos culturales para un mundo rural vivo

 

 

Como es un privilegio haber tenido la oportunidad de compartir reflexión este mes en forma de editorial para la Fundación Interarts, dejo por aquí el enlace al mismo por si generamos conversación España-América Latina y ponemos en el centro del diálogo el papel que pueden desempeñar las políticas culturales para la protección de los derechos humanos y la construcción de horizontes de futuro para un mundo rural vivo a nivel internacional. ¡Hagamos que llueva!

 

DERECHOS CULTURALES PARA UN MUNDO RURAL VIVO

Estefanía Rodero

“La pluja ve de llocs y sap coses.”

Canto jo i la muntanya balla, Irene Solà

Teniendo en cuenta el clima internacional que propicia este 2022, año clave en el que cada una de nosotras está aportando como puede su pequeño grano de arena para lograr un cambio de paradigma en las políticas culturales, que pongan de una vez a las personas en el centro, y que tendrá como punto álgido, entre otras citas importantes, la celebración del Mondiacult en México a finales de septiembre; y celebrando también que el avance legislativo en materia de derechos culturales -sin duda propiciado por el impulso y la reivindicación constantes del municipalismo y las culturas comunitarias y artes inclusivas- va propagándose silenciosa y tenazmente por todo el país, no podemos dejar pasar por alto la oportunidad de ampliar esta conversación y clima efervescente de intercambio hacia nuestro mundo rural, que no puede quedarse atrás ni sentirse fuera.

Junto a las temáticas comunes que sin duda comparten las propuestas para la protección de los derechos culturales en nuestras ciudades, será muy interesante abrir los brazos a las problemáticas específicas que afrontan nuestros territorios. Así, desde los conocimientos locales y en diálogo fecundo con diversas aproximaciones técnicas, será un reto de futuro plantearnos ejes más amplios de actuación:

  • ¿qué cambios tendremos que articular en nuestras políticas de patrimonio, por ejemplo, para que la protección de la memoria biocultural sea transversal y eficaz y el cúmulo de conocimiento vinculado al trabajo de la tierra se considere como lo que es, nuestra herencia?
  • ¿qué supondría socializar y democratizar las políticas vinculadas al paisaje cultural, más allá de las dimensiones habituales relacionadas con el turismo, haciendo emerger la presión que sufre su protección ante el modelo agroindustrial neoliberal?; ¿qué supondría escuchar, quizá, propuestas como la presentada recientemente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para abrir nuestras políticas de paisaje cultural a sus dimensiones interculturales, incluyentes y afectivas?
  • ¿cómo vamos a integrar, sin duda a través de un serio diálogo y una buena articulación rural-urbana, medidas más eficaces para la protección del expolio y mercado negro de arte y patrimonio rural que sobrevuela como un buitre tenaz sobre nuestros pueblos? ¿Cuándo vamos a crear el ¡monumento y homenaje! que merecen especialmente las mujeres mayores rurales como grandes custodias y guardianas de nuestro patrimonio? ¿Vamos a reconocerlas como lo que son, defensoras activas de nuestros derechos culturales? ¿O vamos a seguir excluyéndolas por ceguera como fuente de conocimiento transformador y radical para el presente?
  • ¿podemos permitirnos no crear comisiones técnicas reales y eficaces para el debido seguimiento de la devolución de los bienes inmatriculados en nuestros pueblos? Interpelando a toda la institucionalidad cultural que actúa sobre el territorio rural, ¿de verdad no vamos a apoyar a nuestros gobiernos locales, especialmente los más pequeños, en esta ardua labor administrativa y vamos a dejar pasar por alto lo conseguido por el impulso de la sociedad civil como nos muestra la Coordinadora Recuperando?
  • ¿verdad que podríamos soñar diálogos y encuentros bibliotecarios rurales ¡que tomasen la ciudad! y que apoyándose en el poder del libro liderasen la creación de nuevos imaginarios de respeto y reciprocidad rural-urbana?
  • Por favor, compañeras mías de sector, ¿podría alguien explicarnos por qué aún no existe a estas alturas en la Red Rural Nacional un grupo de trabajo especializado en cultura que tenga como objetivo incorporar con toda la fuerza en la agenda política, ¡al menos! alguno de estos temas? ¿Sería necesario explicar que el momento para impulsarlo, sobran los motivos y la urgencia, es AHORA?

 

Estoy convencida de que el sector de las políticas culturales va a lograr reivindicar su importancia y su protagonismo a la hora de crear nuevos modelos más justos de relación rural-urbana, sabiendo como sabe que la agenda rural es también una poderosa agenda internacional y que para los avances legislativos en materia de derechos culturales puede ser especialmente fecunda en el diálogo entre España y América Latina. Desde la conquista ¡para todas! de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales está protagonizando avances clave también para las políticas culturales como es el proceso en la ONU para el logro de un Tratado Vinculante para empresas transnacionales en materia de derechos humanos del que el sector cultural en España no puede seguir desentendiéndose, sintiéndose al margen y no interpelado quedándose fuera.

 

De modo que ilusionándonos juntas por la justa tarea, como escribe Irene Solà sabiendo que la lluvia viene de sitios y sabe cosas, os invoco danzando como a las gotas de lluvia y ¡hagamos que llueva!

 

1.- Revista Biodiversidad, La memoria biocultural, Victor M.Toledo y Narciso Barrera-Bassols

2.- IUCN Publications, Cultural and spiritual significance of nature

3.- Coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia

4.- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

5.- Stop Corporate Impunity

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

Estefanía Rodero

Inmatriculaciones, mercado negro de arte y patrimonio rural

Estefanía Rodero 3 comentarios

 

“Porque los bienes del pueblo son del pueblo,

y nunca van a faltar paisanos que los reivindiquen.”

Escándalo Monumental

Reflexionando sobre qué clase de actuaciones podríamos implementar en este 2018, año del patrimonio cultural europeo, que repercutieran especialmente sobre el mundo rural español, tomando “medidas preventivas” ante la previsible concentración del foco mediático sobre la gran monumentalidad urbana, me parecía importante enlazar y unificar las reivindicaciones aún no resueltas respecto a la petición de un Listado público, transparente y accesible respecto a las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas en España junto al estudio del impacto que este “frenesí” inmatriculador ha tenido sobre el expolio de obras de arte sacro de nuestro medio rural y el fortalecimiento del mercado negro de arte.

Siendo conscientes de que la problemática que enfrenta la protección del patrimonio rural no puede disociarse del abandono político general ante el grave problema de despoblación en nuestro país, sería importante no obviar que el mismo viene siempre de la mano de dos fenómenos:

No hay que ir muy lejos para escuchar a alcaldes y alcaldesas de todos los signos y colores quejándose de su indefensión ante el expolio de bienes “a goteo y en silencio” del que se está nutriendo el mercado ilegal de arte.

Como recuerda Juan del Barrio, en una publicación de referencia elaborada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “Escándalo monumental” en la que se apunta claramente el proceso de retroalimentación entre las inmatriculaciones y la venta ilegal de bienes culturales que pasan a formar parte de colecciones particulares, “en la Diócesis de Burgos era conocido por todos que semanalmente y durante dos años se llevaban a Centroeuropa para su venta un tráiler con arte religioso”.

Si bien en el 2015, aunque de un modo muy parcial y tibio, gracias a la presión constante de las organizaciones ciudadanas, se consiguió modificar la Ley Hipotecaria que mantenía intactos los privilegios de la Iglesia heredados de la dictadura a la hora de tramitar las inmatriculaciones, el grave problema de este afán privatizador y su maridaje con el mercado ilegal de arte que sigue sangrando silenciosamente a nuestros pueblos debería abordarse de una vez por todas como una grave vulneración de los derechos culturales en nuestro país, haciendo hincapié una vez más sobre el sesgo de percepción de nuestras políticas culturales cuando se trata de proteger a su ciudadanía rural.

Si realmente queremos avanzar, como se recoge en la Declaración de Friburgo, hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural (art.3), especialmente en el derecho a obtener acceso al patrimonio cultural propio (y no a resignarse, como afirmaban los compañeros navarros “a que todos esos bienes estén hoy solamente bajo el control de una minoría”) tendremos que hacer frente a lo que a día de hoy aún vulnera el carácter común de la herencia patrimonial.

Si como afirmó la experta independiente en derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, en su Informe sobre el derecho de acceso al patrimonio cultural:

“considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación con ese objeto y manifestación, y, en particular, conectar el patrimonio cultural con su fuente de producción. El patrimonio cultural está vinculado a la dignidad e identidad humana. El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es una característica importante de un miembro de una comunidad, un ciudadano y de una forma más amplia un miembro de la sociedad”

deberíamos preguntarnos si el 2018 no podría ser un año adecuado para la elaboración y publicidad de la lista estatal de bienes inmatriculados, especialmente poniendo el foco sobre los del medio rural, el impulso de una investigación en profundidad de la correlación entre dichos bienes inmatriculados y el mercado negro de arte y la exigencia de una política estatal contra la despoblación que actúe de modo urgente frente al expolio del patrimonio natural y cultural que viven en silencio y fuera de foco nuestros pueblos.