Mercenarios: militarización y privatización de las fronteras

Hace unas semanas se presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe específico sobre el impacto de la militarización y privatización de las fronteras, “Repercusiones de la utilización de servicios militares y de seguridad privados en la gestión de la inmigración y las fronteras sobre la protección de los derechos de todos los migrantes”.

Es un informe que recoge lo que los movimientos sociales vienen denunciando desde hace años tratando de poner el foco sobre el enorme y opaco negocio que son en realidad nuestras fronteras.

Así, se ha analizado el papel que las diversas empresas implicadas en labores de control fronterizo, desde las que prestan servicios técnicos y de investigación, las que aportan tecnologías de seguridad fronteriza y servicios de vigilancia, las implicadas en los procesos de detención de inmigrantes, retornos y expulsiones, así como aquellas beneficiarias de la aplicación de políticas de externalización de control migratorio, están teniendo sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en todo el globo.

 

Como afirma el propio informe:

 

“En ocasiones, las empresas son directamente responsables de las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes, especialmente en situaciones de privación de libertad; mientras que en otros casos son cómplices de violaciones y conculcaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por otros actores.”

“Hoy en día, la gestión de la inmigración y las fronteras se ha convertido en un negocio valorado en varios miles de millones de dólares, y la seguridad fronteriza global se ha identificado como un mercado potencial con perspectivas de crecimiento en los próximos años (…) la gestión y seguridad privatizadas de las fronteras es ahora una fuente lucrativa de contratos.”

 

Se subraya, por tanto, el papel que la falta de transparencia, supervisión y rendición de cuentas de las empresas está jugando sobre la protección del derecho a la vida, especialmente las implicadas en la gestión privatizada de los centros de detención de migrantes. Duele leer todo el informe, como duele ver ejemplos de la frontera sur española campando a sus anchas en el memorial del trabajo mercenario que es realmente el documento.

 

 

¿Qué causas han creado estos efectos?

Entre las más repetidas se encuentran los enfoques estatales de la gobernanza de la migración que han vivido un proceso progresivo de securitización, centrándose más en los marcos de seguridad (vigilancia policial, “defensa y lucha contra la delincuencia”…) que en enfoques basados en la protección de los derechos humanos. La externalización de funciones inherentes al Estado hacia actores privados (el proceso por el que el control fronterizo ya no se efectúa en las fronteras físicas de los países de destino) nos alerta también de la progresiva devaluación y degradación de nuestros sistemas democráticos y de la propia noción de soberanía, cada vez envuelta en redes más opacas ajenas al conocimiento y control público (por ejemplo, como han recogido para el caso de España desde PorCausa, «Industria del control migratorio, ¿quién se lleva el dinero?»).

Las leyes que tipifican como delito la salida, la entrada o la estancia en un país de manera irregular y que han tenido un efecto rebote sobre el auge del tráfico de personas; la ampliación de las detenciones sin alternativas; la restricción del acceso al asilo; las expulsiones colectivas y devoluciones en caliente o la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes aparecen también como elementos clave que han contribuido a reforzar el marco de la militarización. Como se señala en uno de los párrafos de manera categórica:

“Se ha utilizado a los migrantes para justificar la privatización de las funciones de seguridad del Estado”

Capítulo aparte merece el análisis sobre el peso de los lobbies que están creando marcos normativos ad hoc, marcando el tempo y los contenidos de las agendas públicas en materia de investigación, políticas y reglamentación de los Estados, sin contar con su acceso a los medios de comunicación para influir en las narrativas, tal y como estamos viviendo en España ahora con el “fantasma altamente lucrativo” de la ocupación:

“Este proceso también ha contribuido a posicionar a los representantes de la industria como expertos legítimos e indiscutibles en materia de seguridad fronteriza que afirman ofrecer productividad, eficiencia y eficacia.”

Es interesante también que junto al marco de la “securitización de las fronteras” encontramos un llamamiento permanente a la “productividad e innovación”, formando parte de las estrategias de marketing de muchas de las empresas del negocio de la militarización fronteriza (junto a las ya clásicas de creación de puestos de trabajo y prosperidad para las comunidades locales) en base a la aplicación de “soluciones tecnológicas innovadoras a la gestión de las migraciones”. Nos encontramos de nuevo ante un ataque a la soberanía “camuflado”, por las situaciones de dependencia de un conocimiento externo a ellos a la que aboca a los Estados, a través de un sistema que genera una dinámica que se refuerza a sí misma y crea una clientela cautiva.

Un elemento que puede pasarnos desapercibido es el tráfico de datos biométricos de las personas migrantes que va asociado a los procesos de militarización fronteriza, datos que al ser combinados con otra información de carácter personal y privada, están siendo utilizados con fines de lucro y sin control ni garantía de derechos alguna.

Junto a la radiografía del momento actual, el informe recoge también una serie de recomendaciones entre las que destacan las campañas de desinversión, poniendo como ejemplo la efectividad que tuvieron estas medidas gracias a la movilización ciudadana que reaccionó a la separación de madres e hijos en la frontera entre EEUU y México decretadas por Trump. Se invita también a seguir investigando, denunciando y poniendo el foco sobre los efectos diferenciales que la militarización y privatización fronteriza están teniendo sobre los niños y niñas no acompañados, las mujeres y las personas de edad avanzada.

Duele leerlo, conviene leerlo y desde un enfoque de política pública multidisciplinar, actuar.