El municipio y los derechos culturales de la ciudadanía

(Este artículo se enmarca en la celebración de la Jornada Cultura y Provincia organizada por la Diputación de Cádiz y su Fundación Provincial de Cultura el 28 de octubre de 2019, un encuentro con concejalías y técnicas de cultura de todo el territorio)

Mi intención con esta intervención, para plasmarlo desde el principio, es reivindicar el protagonismo urgente y necesario que ha de tener la política cultural, especialmente en el nivel más próximo a la ciudadanía, que es el nivel local, en el actual contexto socio-político que estamos viviendo en España, sin olvidar ni por un segundo que nuestros niveles locales cada vez tienen mayor protagonismo en redes de articulación internacional.

Y el eje central de esta reivindicación como actores fundamentales de la política cultural  se va a enmarcar en el hecho de que somos garantes de la protección de uno de los elementos inalienables de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Para mí es importante dejar claro el horizonte antes de empezar.

Partiendo de la hipótesis de que no existe municipio que no cuente ya con una política cultural local, aunque sea implícitamente, quiero lanzar también en este espacio una pregunta complicada que empieza con un ¿para qué? Decía Mandela en El largo camino hacia la libertad que la verdadera dimensión de lo político no empezaba nunca desde un ¿por qué? sino desde un ¿para qué? De modo que del binomio «política cultural» vengo a detenerme un poco más en la «política» lanzando la pregunta ¿para qué hacemos política cultural en nuestros municipios?

Después de un tiempo, que ha sido muy necesario, en el que sectorialmente y desde diversas esferas hemos estado muy centrados en cómo hacer política cultural local: todos los debates sobre la necesaria profesionalización de la gestión cultural local, los riesgos del voluntarismo; todo el diálogo sobre las estructuras de gestión, la aparición de las fundaciones de cultura locales, las estructuras mixtas; todo el debate y el paradigma de la participación en el diseño de las políticas culturales locales: los consejos municipales de cultura, la evaluación participativa de los proyectos, la radialización de las estructuras huyendo de la concentración de nuestras programaciones en el centro de nuestros pueblos y ciudades…después, como digo, de todo este esfuerzo intelectual y vital colectivo, siento y quizá sólo sea una percepción personal, que hemos dejado descuidada o al menos hemos dialogado poco a nivel colectivo sobre el para qué hacemos política cultural pública.

Y remarco aquí lo de pública porque mientras tanto el mercado sí ha dado su respuesta: la cultura sirve para hacer negocio; la cultura maridada a un determinado enfoque turístico, para lo que sirve es para desarrollar económicamente nuestros municipios y territorios.

Y sin restarle ninguna importancia al papel económico que puede desempeñar la cultura y que de hecho desempeña, incluso desde este enfoque hemos analizado poco cómo se reparte dicho impacto económico, a quién beneficia y cómo se distribuye, si quizá existen desigualdades de género en el impacto de dicho beneficio económico y si repercute de modo positivo y con qué grados de calidad sobre las políticas locales, territoriales de empleo (siguiendo la estela del modelo de las Escuelas Taller de Santa María la Real o el trabajo realizado en Albarracín, por ejemplo).

 

 

Sin desmerecer, como digo, la potencialidad de esa mirada, el contexto actual nos empuja con urgencia a romper inercias en nuestra reflexión y en nuestro trabajo: no sólo el crecimiento sostenido de la desigualdad en nuestras sociedades, que no para de crecer y que es una máquina de creación de exclusión social; la normalización de un horizonte de vida precarizado, laboralmente, vitalmente, que ha tenido un impacto sobre nuestra percepción cotidiana de la seguridad vital, personal, generando vivencias de profundo desarraigo, de crisis de pertenencia de las que ya estamos viendo monstruos (la búsqueda de chivos expiatorios: islamofobia, presión sobre migrantes y refugiados, repunte del antisemitismo europeo, presión sobre las minorías de todo signo…); la reaparición del odio como atmósfera emocional en un contexto además en el que las migraciones globales han creado una realidad infinitamente más diversa.

Ante este contexto es cierto que los marcos legales culturales internacionales sí han reaccionado antes que el marco español y están marcando la pauta (las Declaraciones de la diversidad de la UNESCO, las relatorías de derechos culturales, etc) introduciendo ya un cambio de discurso y agenda en la política cultural que es necesario que empiece a concretarse ya en nuestros municipios, teniendo en cuenta que España ha ratificado todos estos acuerdos y que por tanto no hay excusa alguna para no actuar.

Teniendo en cuenta todo lo que ya se ha avanzado en esta dirección (especialmente, por ejemplo, la Agenda 21 de la Cultura y todo el trabajo de la UCLG), ¿de qué estaríamos hablando realmente?

De generar políticas culturales locales desde un enfoque de derechos humanos, abriéndonos a una definición y visión de la cultura de corte más antropológico, desplazando un poco el foco de atención desde los objetos culturales y su protección hacia las personas, es decir, hacia la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía a participar en la vida cultural y a exigirnos marcos de promoción y defensa de los derechos culturales (que siguen avanzando hacia su justiciabilidad) en el lugar privilegiado donde se ejercen: tu pueblo y tu ciudad.

Colocándonos en esta nueva posición, abriendo nuestra gestión cultural pública a esta mirada, de pronto se hacen patentes e iluminan otros aspectos que, simplemente, estábamos dando por hecho:

  • que ningún municipio es neutro en su política cultural local, dado que aunque no esté haciendo nada explícitamente, ya hay una política cultural implícita y un posicionamiento que hay que hacer emerger.
  • que todas las políticas locales tienen una dimensión cultural y que es necesario transversalizar nuestra sensibilidad hacia los derechos culturales en toda nuestra acción pública (desde el diseño universal en todos nuestros equipamientos públicos, el respeto a la diversidad cultural y religiosa en nuestros cementerios, los límites a la especulación inmobiliaria y sus efectos sobre bienes de interés cultural, etcétera)

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales?

Se dice que los derechos culturales refuerzan las nociones de dignidad y pertenencia dentro del universo de los derechos humanos.

Según la Declaración de Friburgo los derechos culturales serían:

– el derecho a la identidad y al patrimonio cultural, teniendo en cuenta la dimensión ampliada hacia el patrimonio natural.

– el derecho a que se respete nuestra identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión, el derecho a conocer nuestra propia cultura y respetar las demás.

– el derecho a elegir identificarse o no con una o varias comunidades culturales y de modificar esta elección (ampliando hacia el derecho a la disidencia cultural, a la protección frente a la fijación y cosificación de nuestras culturas)

– el derecho a nos ser obligados a identificarnos o a ser asimilados a una comunidad cultural contra nuestra voluntad.

– el derecho a acceder y a participar en la vida cultural: expresarnos en nuestra lengua materna, ejercer prácticas culturales y que sean valoradas, acceder a la producción y difusión de bienes y servicios.

– el derecho a ser libres para desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios, protegiendo nuestros intereses morales y materiales. Ni qué decir tiene la importancia de este punto en entornos de epistemicidio como lo es la ruralidad española o en entornos de expolio cultural y enorme incidencia del mercado negro de arte, tan profundo en Andalucía vinculado al robo arqueológico.

– junto al derecho a la educación y la formación a lo largo de la vida, el derecho a una educación que contribuya al libre y pleno desarrollo de nuestra identidad cultural, el derecho a ser educados en nuestra lengua materna.

-junto al derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a la libertad de expresión artística, nuestro derecho a la información libre y pluralista, nuestro derecho a acceder a la difusión de información y no sólo a ser receptores pasivos de la misma (fundamental para los procesos de luz de gas que vive, por ejemplo, la España vaciada)

– el derecho a la cooperación cultural, nuestro derecho a ejercer la diplomacia cultural local, a establecer redes de fraternidad así como nuestro derecho a contribuir al desarrollo cultural de nuestras comunidades y a ser tenidos en cuenta respecto a las decisiones que nos conciernen.

Teniendo en cuenta este marco, este paraguas de actuación, vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿para qué hacemos política cultural local? Para contribuir a garantizar la protección de los derechos culturales de nuestras vecinas y vecinos (su felicidad, el bien común, la cohesión social, que nadie se quede atrás).

Por tanto, nos asaltan otro tipo de preguntas que se concentran en un estadio previo al de la pura gestión cultural:

  • nuestra política cultural local, ¿qué clima emocional está propiciando?, ¿está polarizando?, ¿creando, sin querer, algún chivo expiatorio?, ¿generando un clima propicio al encuentro o reforzando el individualismo?, ¿qué atmósfera afectiva genera mi acción cultural local?
  • nuestra política cultural local, ¿qué impacto tiene sobre el espacio público?, ¿lo privatiza, lo amplía, lo parquetematiza o falsifica?
  • nuestra política cultural local, desde la clave de los grupos de poder, ¿a quién está dejando fuera, a quién no ve? Haciendo una etnografía de la invisibilidad como ha bautizado el antropólogo Honorio Velasco, ¿hay colectivos totalmente excluidos de nuestra política cultural local?, ¿manifestaciones culturales, etc? ¿Qué barreras simbólicas, comunicacionales detectamos en nuestra política cultural local, no desde la creación de públicos, sino desde un enfoque de derechos humanos?
  • nuestra política cultural local, ¿cómo está protegiendo el derecho a la creación cultural, el sentido de agencia?, ¿está creando horizontes de pasividad?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del mérito y del reconocimiento está impulsando?, ¿qué merece loa y boato, qué queda excluido de este mérito?, ¿qué decide musealizar y qué no?, callejeros, edificios municipales, premios y museos locales, hijos e hijas predilectos…¿qué está mereciendo mirada?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del duelo promueve?, ¿por quién llora el pueblo?, ¿qué vidas merecen luto y cuáles no? Minutos de silencio, crespones, banderas a media asta…¿por quién doblan las campanas en tu pueblo?
  • nuestra política cultural local ¿está respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la cultura?, ¿qué medidas de protección o fomento está desplegando? ¿paga a tiempo, se nos escapa la gratuidad por amor al arte, remuneramos bien? En nuestras políticas locales de empleo y emprendimiento, ¿valoramos la cultura, promovemos y visualizamos otros modelos empresariales, por ejemplo, vinculados a la economía social de la cultura como promueve la Carta cultural iberoamericana?

De lo que se trata, por tanto, es de proteger colectivamente el derecho a definir, a debatir, a la crear la vida cultural en la que nos desenvolvemos, el sentido y el significado profundo de lo que supone el «nosotros», para lo que es fundamental hacer emerger todos estos sobreentendidos, todos estos elementos que se dan por hecho, que son de «sentido común» y que crean la cultura de un pueblo.

Si María Zambrano decía que para construir paz era necesario compartir el pan y la esperanza, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestro radio concreto de acción en la política cultural municipal para que este compartir fuese cierto y contribuir a garantizar desde la cultura el respeto a los derechos humanos?

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

Soberanías culturales del Sur y democracia

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Artículo escrito para -y en diálogo con- la Red de participación y articulación del sector cultural boliviano Telartes

Publicado en Grito Cultural nº7 2017

“Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo.”

(Audre Lorde)

 

Cuando nos enfrentamos a la tarea colectiva de impulsar, desde nuestros respectivos países, en este amplio Sur Global en el que también se encuentra España y la Europa mediterránea, políticas culturales transformadoras que nos permitan incidir en la profundización democrática y la universalización del respeto a los derechos humanos, no podemos obviar ni por un instante que históricamente nos estamos enfrentando al triunfo del paradigma neoliberal a nivel internacional y que nuestras acciones se inscriben también y a nuestro pesar en este sistema social omnipresente que atraviesa cual hilos invisibles atando a Gulliver en la playa todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana.

Abordo a quemarropa esta cuestión, dado que es en la invisibilidad de los mecanismos de dominación del capitalismo tardío donde reside la clave de su éxito y en la estetización y maridaje con determinadas prácticas culturales donde encuentra el disfraz de deseo perfecto para hacer olvidar la desigualdad estructural sobre la que se mantiene.

Junto al diálogo y las demandas sectoriales de los diferentes colectivos artísticos y la más que urgente protección laboral de la cultura, lo que está en juego en estos momentos es nuestra propia soberanía cultural, no sólo entendida como el patrimonio creativo colectivo acumulado a través del tiempo y del cual somos herederos, sino como eje fundamental para poder hablar de verdadera democracia.

Me detendré, por tanto, a través de este artículo, situada como estoy en el tiempo en este momento de crisis de identidad europea y en el espacio en la España rural y despoblada de este Sur, en algunos de los escenarios en los que la soberanía cultural se muestra con mayor claridad en juego.

 

Epistemicidio rural

Si bien el concepto de epistemicidio se ha abierto paso con fuerza especialmente a través de la denuncia e investigación del epistemicidio indígena latinoamericano, en España aún no hemos descubierto la potencialidad transformadora que incorporar esta sensibilidad podría tener en el diseño de nuestras políticas culturales.

Frente a la definición habitual centrada en la destrucción de saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo y norteamericano, la más amplia concepción de epistemicidio como “liquidación de formas de apre(he)nder, crear y transmitir conocimientos y saberes comunitarios, especialmente tras el nacimiento y uso del método científico como el único validador por parte de las clases dominantes” nos permitiría por fin nombrar dinámicas ocultas.

Desde este marco de reflexión que pone en el centro la crítica al conocimiento hegemónico y hace visibles las relaciones de poder involucradas (¿qué conocimientos viven en los márgenes?, ¿qué se escucha?, ¿qué y quiénes tienen el derecho a ser mirados?, ¿cómo se construye socialmente la respetabilidad y el reconocimiento cultural?) podríamos avanzar en el reconocimiento de perspectivas epistémicas y herencias culturales subalternas en España.

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En primer lugar, poniendo en el centro del debate el epistemicidio rural y la desaparición acelerada del acervo cultural de nuestros pueblos, ante las prácticas crecientes de “parque-tematización uniforme” de la ruralidad europea. Ello nos permitiría también abordar la presión de los modelos agro-industriales transnacionales que a través de sus lobbies y con la herramienta eficaz de los tratados de libre comercio que veremos después, ponen en riesgo la herencia afectivo-cultural hacia paisajes y territorios. Modelo agro-industrial que está encontrando en la despoblación rural que azota nuestro continente una oportunidad sin precedentes para la apropiación de esta gran “materia prima” que es la tierra, sin tener que soportar presión alguna por parte de la población (envejecida o inexistente) que haga valer la defensa de sus derechos. Este epistemicidio rural podría señalarse entonces como una faceta más de la violencia del neoliberalismo y como condición sine qua non de su tentacular asentamiento territorial. Podríamos abordar así la invisibilización de las culturas rurales frente al modelo urbano y clarificar la centralidad que tiene el desarraigo como forma de dominación en el actual sistema económico. Este hilo en la madeja nos llevaría a redimensionar las relaciones entre cultura y territorios, creando modelos más eficaces a la hora de responder al hegemónico avance del “marketing-marca territorial”.

Identidades frente a identidad

Siguiendo las líneas de trabajo que ya ha abierto América Latina en esta denuncia del epistemicidio y el reconocimiento a la diversidad de sus herencias culturales, desde España quizá, al mirarnos en su espejo, tendríamos que plantearnos por qué concebimos que las Declaraciones Internacionales de la UNESCO no nos interpelan como país. De entrada, tendríamos que afrontar nuestra asunción acrítica de la “identidad española” legada por la dictadura franquista y que dejó fuera (junto a las identidades territoriales) elementos importantes de nuestra herencia. A saber: la tradición judía, la morisca, la indígena esclavizada en territorio español, la afrodescendiente y la cultura romaní. Aún son muy pocos los estudios y las voces críticas en esta dirección y el mecanismo de ridiculización de estas demandas opera con fuerza. La “Ley de concesión de nacionalidad a sefardíes originarios de España” ha pasado sin pena ni gloria y hemos desaprovechado un momento importante para hacer mayor incidencia política sobre el reconocimiento a la diversidad que está siendo, una vez más, mercantilizada y desideologizada. Como muestra de esto último valgan, por ejemplo la creación de la red turística de ciudades “Sefarad” o la folklorización remota (es pasado, no presente) de la diversidad.

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Transmisión generacional y comunidad

El papel que la transmisión generacional ha jugado y juega en muchas de las prácticas artísticas de la cultura popular, especialmente en las que suelen encuadrarse en el campo de la artesanía, debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de ecosistemas crearía un modelo en el que dicha transmisión desapareciese.  No podemos obviar que el epistemicidio tiene rostro de mujer y que en la desaparición de estos conocimientos comunitarios, tradiciones, cosmovisiones y modos de transmisión basados en la oralidad y la experiencia hay una pérdida irrecuperable, a mayores, del conocimiento que nuestras madres y abuelas legaron al mundo.

El triunfo global de un modelo cultural individualizado que parte siempre desde cero sin reconocer lo anterior es, entre otras cosas, un modelo desempoderador y que pone en riesgo nuestro patrimonio. En dichos procesos de transmisión y aprendizaje no sólo se pone la atención sobre el “qué”, sino que entran en juego los “cómo” y el vínculo es en sí vehículo de creación. Este papel de la comunidad como entorno de aprendizaje debería ser tenido en cuenta tanto en el nivel discursivo como práctico de los programas de profesionalización de la gestión cultural. El neoliberalismo va adscrito a un modelo y praxis cultural que tiene como elementos centrales la individualización y la conversión de las relaciones sociales en relaciones de mercado. Sería importante para defender nuestra propia soberanía cultural, plantearnos al menos qué diálogos posibles podrían establecerse desde la cultura con las “economías otras” o cómo establecer mecanismos de protección laboral más eficaces, que defiendan a los trabajadores culturales de un modelo que los atomiza, fragiliza y sobrecarga.

De igual manera deberíamos estar atentos a los procesos de usurpación, explotación y apropiación de creaciones comunitarias por parte de la industria, que no sólo descontextualizan las mismas, sino que niegan su origen  y laminan la profundidad simbólica de las prácticas y objetos artísticos.

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Soberanía cultural y Tratados de Libre Comercio

Sin lugar a dudas, es en el terreno de los Tratados de Libre Comercio internacionales donde, a día de hoy, se está librando la batalla más importante en la defensa de la soberanía cultural. Si con la llegada del NAFTA a principios de los años 90, empezamos a vislumbrar la articulación del poder económico supranacional frente a la soberanía de los pueblos, asistiendo también al nacimiento del altermundismo como respuesta, a día de hoy nos enfrentamos a la sofisticación y oscurantismo extremos en la redacción y negociación de estos Tratados.

La generalización en la aplicación de los mecanismos ISDS, esos tribunales privados de resolución de conflictos entre inversionistas y estados, por los cuales los países no pueden reformar sus legislaciones nacionales fuera del corsé de los tratados, sin correr el riesgo de sufrir graves sanciones económicas, deberían llevarnos a una mayor movilización en la defensa de nuestra soberanía.

Junto a los ISDS, los mecanismos de certificación que llevan incorporados siguen beneficiando los intereses comerciales de los EEUU, garantizando que puedan suspender (ellos sí) el cumplimiento del acuerdo unilateralmente. Es importante recalcar que la dominación que ejerce esta faceta del “libre comercio internacional” no es (sólo) geográfica: asistimos al triunfo de los intereses de una élite económica mundial, que en la financiarización de la economía, ha logrado imponer como sentido común las “democracias sin pueblo” y la política como “gestión técnica”.

La movilización ante los tratados de libre comercio desde el sector cultural ha tomado matices distintos en América Latina y el Sur de Europa. Mientras en la movilización contra el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación económica promovido por Estados Unidos en el que están incluidos México, Perú y Chile junto a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá, ha tenido un carácter central la defensa de la soberanía cultural y los efectos del Tratado sobre la legislación de derechos de autor y patentes, en Europa esta temática sigue teniendo un carácter secundario en las movilizaciones contra el CETA y el TTIP.

Especialmente relevante, visto desde España, ha sido el trabajo de la organización chilena Derechos Digitales socializando la denuncia de que el aumento del plazo de protección de derechos de autor, desde su muerte hasta los 70 años posteriores (¡100 en México!), es lesivo para el dominio público e impide el acceso al conocimiento y la cultura de los pueblos y beneficia el modelo de gran industria cultural frente al agente medio y pequeño. El hecho de hacer bandera de un modo protagónico de las materias de propiedad intelectual e internet mostrando cómo en la firma de estos tratados de libre comercio se dejan sistemáticamente fuera las recomendaciones de foros internacionales de corte más democrático como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o los Foros de Gobernanza de Internet, representa un hecho diferencial frente a Europa.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra la pérdida de medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad lingüística europea o el mantenimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas gastronómicas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense.

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Es en este escenario en el que, desde las políticas culturales, nos estamos desenvolviendo hoy y que exigen de nosotros, también desde la cultura, un mayor compromiso con la democratización económica. La propia conciencia del sector cultural, no sólo como “un porcentaje del PIB” sino como defensor y garante de los derechos culturales de un país, será clave para el fortalecimiento de nuestras soberanías culturales frente a la presión de organismos internacionales no sometidos a garantías democráticas.