Catedrales

El pasado 20 de mayo finalizaba el plazo para realizar contribuciones al próximo informe de la relatora de derechos culturales de Naciones Unidas que versará sobre Derechos culturales y espacios públicos. Tratando de poner diques de contención a uno de los mayores riesgos para garantizar el derecho a participar en la vida cultural como es la progresiva privatización de los espacios públicos para la cultura, el llamamiento a la creación colectiva de este informe incidía sobre aspectos importantes:

  • Cómo estamos definiendo el espacio público
  • Qué contenido y alcance podría tener un posible “derecho a los espacios públicos”
  • Cuál es el impacto sobre el disfrute de los derechos culturales de las tendencias relacionadas con la privatización de diferentes tipos de espacios públicos

Me quedaba dándole vueltas a este último punto alrededor de uno de los debates, para mí aún pendientes en toda su complejidad, respecto a la creciente privatización del acceso a las catedrales en España.

Ha sido el escritor Julio Llamazares, al finalizar su obra “Las rosas de piedra” en la que recoge su viaje alrededor de las 75 catedrales españolas, quien ha llevado de un modo más claro a los titulares de prensa en nuestro país la urgencia de tomar medidas ante la imparable privatización de nuestros espacios patrimoniales, bautizando, por ejemplo, a un selecto grupo de catedrales en España en una reciente entrevista en El País con la periodista Rut de las Heras como las “vacas de ordeño”, o poniendo el foco sobre los efectos de la turistificación y las restricciones de acceso, en esta entrevista con la periodista Ana Mendoza para Zenda Libros:

“—A lo largo del libro, criticas con frecuencia a la Iglesia por cobrar las entradas a las catedrales y afirmas que “el viajero está harto de pagar para poder ver lo que al fin y al cabo es suyo también”.

—No me molesta pagar los cuatro o los seis euros que pidan, porque yo puedo hacerlo. Lo que no me gusta es que ni siquiera te permiten presentar un libro sobre catedrales en ellas. Hay un secuestro evidente. El afán recaudatorio puede a veces también molestar. En la Mezquita de Córdoba te cobran once euros por entrar y, si sales al baño o a tomar un bocadillo y vuelves a entrar, te vuelven a cobrar. Hay una voracidad recaudatoria que es un poco ofensiva y que, además, a ellos les ofende que lo digas. Yo lo hago porque tengo conocimiento de causa. Es que he estado en 75 catedrales y sé cómo las manejan.

Lo que realmente me molesta de todo eso es que la voracidad recaudatoria de la Iglesia mata la vida en las catedrales. En el momento en que cierran las puertas y cobran por entrar, acceden sólo los turistas. Es decir, las catedrales se han cerrado a la vida de la ciudad. Los vecinos ya no las consideran suyas porque, cuando te cobran por entrar a un sitio, ya no lo sientes como algo tuyo. Han matado la vida en las catedrales, no sólo religiosa, sino de contemplación, de disfrute. Yo, antes, cada vez que iba a León, visitaba la catedral. Ahora no lo hago, no por no pagar los euros que cueste, sino porque dentro sólo vas a encontrar un cascarón vacío, lleno de gente con audioguías, deambulando como autómatas. La vida que había antes en esos templos, con la gente que iba a rezar, los sacristanes, los que entraban y salían, eso se ha muerto. Y no hay con quién hablar, no hay vida, no hay emoción, no hay nada. Y eso es lo que me molesta. Y por decirlo te llaman anticlerical. Pero lo digo porque me duele, porque amo las catedrales. Evidentemente, yo no dedico dieciséis años de mi vida y 1.200 páginas para criticar a la Iglesia, sino para disfrutar de las catedrales y transmitir esa pasión a la gente.”

 

 

También yo, nacida en ciudad catedralicia, tengo reciente la experiencia de haberme encontrado sin previo aviso ante un acceso restringido a “la Catedral” ante el que fui absuelta del pago por el arbitrario razonamiento de que en mi DNI aparece como lugar de nacimiento el nombre de la ciudad. Más allá de la visión turística, pensé en todos los migrantes, de interior y exterior, residentes por décadas, y en su obligación de pago religioso de tasa para tener acceso al templo.

Esta privatización que se ha extendido de modo silencioso y ubicuo, ante nuestra pasividad generalizada, nos lleva de nuevo a examinar la importancia de avanzar en nuestro país en el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano. Porque, ¿a quién pertenece una catedral? ¿A quien la construyó, a quien la mantiene, a quien la disfruta?

Junto a la superposición histórica, de épocas, que define a toda catedral y a la suma de manos que la hicieron posible, ¿no habría que añadir también todos los relatos, recuerdos, evocaciones, memorias, imaginería? ¿No forman parte también de nuestra estructura afectiva y le otorgan un valor más allá de la arquitectura?

Si leemos esta progresiva privatización desde la óptica de la protección de los derechos culturales, teniendo en cuenta un primer acercamiento emocional-intuitivo al tema, que va exigiendo ya un estudio económico y legal minucioso, surgen algunas dudas importantes:

 

  • ¿Bajo qué criterios se está realizando la implementación de esta privatización en el acceso a las catedrales en España? ¿Quién ha elaborado estos criterios: instancias municipales o instancias eclesiásticas? ¿O han sido estructuras mixtas? ¿Hay una norma común a nivel estatal que unifique criterios? ¿Cómo se está REGULANDO este proceso?

 

  • ¿Competencia concurrencial en el mercado o Patrimonio de la Humanidad? ¿Pliegos de condiciones para la contratación de los servicios de privatización? ¿Cuáles serían los aspectos a puntuar: sólo el precio, proyectos de museo catedralicio adscritos, incorporación de tecnología para amenizar la visita? ¿Qué tecnología es «necesaria» para visitar una catedral? ¿Por qué? ¿Todo lo anterior quién lo está baremando, midiendo? ¿O también se puntuaría la accesibilidad universal, criterios de inclusión social, estructuras adaptadas, valores pedagógicos…? ¿Y el silencio? ¿Puntúa? ¿Cómo se están gestionando dichas concesiones y la medición de sus impactos?

 

  • ¿Son los criterios de exención de pago iguales en todas las catedrales de España o los impone cada empresa concesionaria? ¿Cómo se está fijando «el precio»?

 

 

  • La recaudación del acceso, ¿se reinvierte en labores de restauración y mantenimiento?, ¿o es simplemente lucro? Las catedrales situadas en ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿tienen una regulación extra de este criterio?

 

  • Dado que las labores de restauración patrimonial se financian con fondos públicos contribuyendo a mantener vivo el valor monumental catedralicio y en virtud de criterios de transparencia, ¿dónde puede la ciudadanía de cada localidad tener conocimiento de la recaudación derivada de la privatización del acceso a las catedrales y en su caso del porcentaje que se reinvierta para el mantenimiento del monumento?

 

  • Esta política de privatización de acceso, ¿qué impacto tiene sobre la efectiva protección de los derechos culturales en España?

 

Comparto por aquí este reguero de dudas, esperando un debate común más detallado sobre todo ello. Porque, Señor, los cercamientos nos rodean, Señor, los cercamientos.

 

 

Derechos culturales y disidencia cultural

(Maruja Mallo, mi pintora-país)

 

“Soy todas las personas libres del mundo juntas.”

Emel Mathlouthi

 

“Disidir: separarse de la común doctrina, creencia o conducta.”

Diccionario de la Real Academia Española

 

Contaba Maruja Mallo que, un día, mientras iba en su bicicleta al instituto de Arévalo en el que daba clase, la rueda delantera tropezó con una enorme piedra del camino, desviando su bici a su pesar hasta la mismísima entrada de la iglesia. Contaba Maruja también que, al no poder frenar, siguió pedaleando por el pasillo central hasta el altar mayor justo cuando sonaban las campanillas de la consagración, por lo que las beatas de Castilla al verla pasar, en lugar de asustarse, “creyeron ver en mí a un ángel de Fra Angelico”.

Recordaba insistentemente esta anécdota que siempre me hace sonreír al leer el último informe de la Relatora de Derechos Culturales “Universalidad, diversidad cultural y derechos culturales” en el que ha cobrado un nuevo protagonismo el derecho a la protección de las disidencias.

Junto al llamamiento urgente para no perder de vista que la universalidad de los derechos humanos está vinculada a la intrínseca dignidad humana y no a la homogeneidad, atendiendo al hecho de que “los ataques a la universalidad de los derechos humanos suelen proceder de los más poderosos que desean destruir un instrumento empleado para corregir las diferencias de poder” (en la sabiduría de Twitter alguien lo expresó como «los derechos humanos no son una meritocracia») y que “la universalidad de los derechos humanos es un importante proyecto cultural en sí mismo”, con motivo de la celebración del 70 aniversario de la Declaración, se vuelve a insistir sobre la interdependencia de los derechos culturales respecto a los demás derechos, en cuanto protegen la expresión de “la propia humanidad, la propia visión del mundo y el significado que dan a la existencia humana y al desarrollo” a través de la protección de diferentes valores, creencias, convicciones, lenguas, conocimientos, artes, instituciones, formas de vida. Por lo tanto, recoge una vez más este último informe, “la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana”.

Más allá del marco del debate en el que se integra este nuevo documento internacional me interesan tres nuevas cuestiones que aparecen ahora: la importancia de los horizontes aspiracionales para la protección de los derechos humanos (¿qué desean nuestras sociedades, a qué aspiran?, ¿esas aspiraciones son compatibles con la ampliación de derechos?, si no lo son, ¿en qué se enraízan esas aspiraciones contrarias a la protección de la humanidad común?), la claridad con la que se señala el trabajo sobre los obstáculos actitudinales como una prioridad para el presente (no sólo sobre los estereotipos sino sobre el desmantelamiento de la internalización de la opresión, o tal y como lo decía más bonito Eduardo Galeano “los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo” o Erving Goffman «el estigmatizado se abstendrá voluntariamente de reclamar una aceptación más allá de los límites que los normales consideran cómodos») pero sobre todo lo demás, el llamamiento a la protección de las disidencias:

 

“Todos los países deberían contar con disposiciones y mecanismos para proteger a quienes decidan apartarse de determinados marcos culturales y religiosos, como las personas no religiosas, contra las agresiones físicas, las amenazas y la incitación al odio y la violencia de cualquier persona o grupo, incluidos los miembros de su familia.”

 

“El hecho de que una persona se desvincule de un colectivo porque no comparte su interpretación de la cultura no la priva de su derecho cultural a seguir haciendo referencia a esos recursos culturales y a formular interpretaciones alternativas.”

 

 

Recordando la facilidad con la que nos hemos entregado en décadas pasadas a implementar procesos de asimilación forzada sobre pueblos indígenas, minorías y en todos los procesos coloniales que en el mundo han sido, así como ante el aumento de la polarización social, el auge de las conductas fundamentalistas y extremistas y el rebrote de actitudes de inspiración fascista, se pone el foco de atención sobre el derecho a “modificar la elección de referencias a lo largo de la vida”, “el derecho a no participar en determinadas tradiciones, costumbres y prácticas, en particular las que no respetan la dignidad y los derechos humanos”, “el derecho a desvincularse de una interpretación de valores o creencias y a dejar de pertenecer a un grupo”, es decir, nos llega una invitación urgente a articular procesos educativos y culturales que alienten la autonomía, el pensamiento crítico, la resistencia a la presión grupal, así como a articular medidas de  protección práctica y eficaz de las personas disidentes, en particular, (tomo como ejemplo a la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos), los procesos de señalamiento, difamación y criminalización así como la amplia gama de estrategias de acoso (desde las pasivas basadas en aislamiento y ostracismo hasta el asesinato y la desaparición forzada).

De modo que se nos lanza profesionalmente un guante tanto para reflexionar como para construir estrategias y espacios seguros para “dejar de pertenecer” (aquí un ejemplo interesante y pedagógico a través de las dificultades que encuentran las mujeres para dejar atrás la comunidad jaredí) , para crear sociedades que abracen a quienes “cuestionan las normas e interpretaciones o deciden abandonar un grupo con el que ya no se identifican”, estableciendo como una recomendación internacional el hecho de “reconocer y respetar la disidencia cultural y el sincretismo y los derechos a reinterpretar y recrear culturales”.

Me resulta interesante esta invitación a bucear y reconocer en cada una de nuestras culturas nuestras propias genealogías y ejemplos de autonomía y resistencia a la presión grupal, así como las posibilidades dinámicas y absolutamente prácticas que abre la protección de la disidencia cultural. A lo mejor, quién sabe, logramos impulsar un mundo de Marujas Mallo en bicicleta.