patrimonio cultural

Respuestas creativas a las crisis ecosociales (Festival Visions 5.1-2022)

Estefanía Rodero

 

 

«Yo no sería soberana ni de una brizna de hierba mientras pueda ser su hermana.»

Mary Oliver

 

 

Esta entrada corresponde a ¡mi reflexión previa!  para el conversatorio celebrado dentro del Festival Visions 5.1 el 3 de junio de 2022 en el Museu de la Vida Rural de Catalunya organizado por La Conca 5.1 y la Fundació Carulla

Para ver la mesa completa junto a Emilio Santiago, Alicia Valero y Gemma Carbó pincha aquí

Ante la situación de emergencia social, ambiental, económica y cultural desde nuestros ámbitos de especialización y conocimiento, ¿dónde estamos?

Desde mi punto de vista, nos encontramos en un momento clave en el que estamos asistiendo a un cambio de paradigma global en las políticas culturales. El marco heredado del siglo XX ha saltado por los aires, estamos viviendo la ruptura de una visión de la política cultural entendida como suma de departamentos estanco y asistiendo a la reivindicación de la cultura, en este giro antropológico, como protagonista del desarrollo sostenible. En este año estratégico por las grandes citas mundiales tanto del MONDIACULT UNESCO en México en el mes de septiembre como del impulso de la campaña internacional para el logro de un ODS para la cultura, una nueva agenda política mundial, como estamos viendo ya también en los nuevos escenarios electorales latinoamericanos, entra en escena.

Por tanto, nos encontramos también en un momento clave respecto a las dos grandes tareas políticas de este siglo: el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza (¡el derecho salvaje!) y el reconocimiento de los derechos culturales, dado que sin respeto por la diversidad no hay democracia plena. De modo que no sólo hablamos de la cultura como el pilar que falta en el desarrollo sostenible (económico, social, ambiental) sino también del pilar que falta en nuestra concepción democrática: igualdad, libertad, fraternidad y diversidad.

De modo que estamos también yendo más allá del debate sobre las políticas del reconocimiento y las políticas de la redistribución entendiendo que no son ni nunca fueron una dicotomía, sino que van juntas y de la mano a través de la articulación y protección de los derechos culturales y de la Naturaleza. Tenemos en este sentido una enorme deuda de gratitud con el pensamiento del Sur global que ha marcado con claridad el camino, especialmente desde América Latina, India y África. Al fin y al cabo, como subraya el antropólogo indio Ardun Appadurai: “no tiene sentido hablar de derechos culturales fuera de un compromiso vinculado a la economía política de la dignidad.”

Por lo que es fundamental desde las políticas culturales no equivocarnos respecto a lo que está pasando realmente:

  • Se está dando una unión ESTRATÉGICA (sí, habrá que tejerla y articularla mejor, pero ya está siendo) entre la profunda dimensión cultural de la agroecología y el cambio de paradigma dentro de las políticas culturales a nivel internacional que desborda ya por todas partes el marco de las bellas artes y las industrias culturales y creativas, reivindicando la urgencia de creación de nuevos imaginarios, conscientes de la raíz local de lo global que rompen, a través de la localización abierta como dice la geógrafa Doreen Massey, los riesgos de las identidades asfixiantes y excluyentes y que cuestionan a su vez los marcos de las políticas culturales centralistas (en el caso español madrileño-céntricas, urbano-céntricas y academia-céntricas)

 

  • Que en este proceso será fundamental también hablar de las políticas culturales para el medio rural en clave de ciudadanía, para que la reflexión sobre los derechos culturales salga de la ciudad y llegue a las provincias más pequeñas calando también y poniéndose al servicio del mundo rural más despoblado (nuestros amados «micropobles»),  para impulsar un diálogo social abierto también sobre los nuevos significados sociales y deseables del arraigo y el desarraigo.

 

  • Que dentro de las políticas culturales de este siglo tenemos que poner en el centro la cuestión del CONOCIMIENTO y su relación con el PODER para construir marcos de respeto auténticos entre el mundo rural y el urbano sin olvidar ni un momento, como dice Alicia Puleo que “una cultura de la sostenibilidad exige una concepción del conocimiento más democrática, intercultural y abierta a la experiencia de las mujeres.”

 

  • Y que al romper marcos limitantes las políticas culturales en este siglo y especialmente en nuestro país tienen que abrirse a nuevas agendas:
    • La protección ante el extractivismo cultural, haciendo emerger la naturalización con la que hemos vivido hasta ahora este proceso en relación al diálogo rural-urbano, leyendo desde ahí grandes procesos pendientes como el expolio de patrimonio y el mercado negro, las inmatriculaciones o el uso abusivo en las políticas de turismo y patrimonio.
    • La necesidad de explorar en nuestro país la potencialidad del derecho a la consulta previa para la protección de la ciudadanía de nuestro mundo rural y dimensiones claves para las políticas culturales vinculadas al territorio como el paisaje cultural.
    • Cómo vamos a conectar mejor también desde las políticas culturales el diálogo y el debate respecto a grandes marcos de avances de derechos internacionales como el Tratado Vinculante entre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos y los impactos que tanto la actual cooperación cultural tiene sobre la soberanía cultural y los derechos culturales del Sur como el impacto que las grandes multinacionales culturales pero también agroalimentarias tienen sobre los derechos culturales del mundo rural español.
    • Qué papel pueden jugar las políticas culturales, como se ha propuesto, por ejemplo, desde el Centro Cultural de España en México a través del Foro Internacional de Innovación Social Comunitaria, en la ruptura del enfoque neoliberal de la innovación social hacia impulso de modelos más centrados en una lógica de derechos.
    • Pero también qué papel pueden desempeñar las políticas de patrimonio para la inclusión social, como nos ha invitado  a pensar recientemente la nueva publicación de UNESCO Montevideo, «Patrimonio cultural inmaterial e inclusión social»

 

 

A menudo desde el museo defendemos que en la memoria del mundo rural preindustrial se esconden algunas claves interesantes para retomar: formas de gestión comunal, residuo cero, energías limpias, conocimiento de las plantas y animales, aprovechamiento más sensato de los recursos geológicos…¿es interesante volver la vista atrás?, ¿habría que redirigir los centros de poder al territorio y al mundo rural?; ¿se generalizará un retorno a los pueblos?, ¿sería interesante que así fuera?, ¿cómo debería ser?

Creo que tenemos un déficit en pensar el mundo rural en términos de ciudadanía, también de ciudadanía cultural como nos invitan Marilena Chaui y Celio Turino ¿Es interesante volver la vista atrás? ¿Nos estamos haciendo esta pregunta en términos de derechos?

El malestar actual del mundo rural español nos está hablando de la vivencia de la pérdida de derechos de ciudadanía y de la urgencia de afrontar la equidad territorial rural-urbana en nuestro país. De modo que cuando hablamos de retorno a los pueblos, de repoblación la pregunta inmediata tiene que ser ¿están garantizados los servicios públicos en nuestros pueblos?, ¿podemos ejercer nuestros derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones? ¿Está garantizada la primacía del bien común del territorio y de las personas que lo habitan, del bien común de cada pueblo concreto frente a dinámicas centralistas, de partido o electoralistas o de intereses económicos externos a la población, como nos han mostrado una y otra vez las movilizaciones vecinales rurales, por ejemplo, contra la minería extractiva a cielo abierto? No y esto tendría que ser lo primero.

De modo que en esta “vuelta al pasado” afrontamos al menos dos peligros, que desde las políticas culturales se ven muy claros:

  • Una idealización-romantización del mundo rural que lo convierte en un parque temático más fácilmente vendible de cara al turismo y que lo uniformiza y lo falsifica y que entre otras cosas invisibiliza las desigualdades, invisibiliza la exclusión y el abuso de poder (también los ramales de corrupción hacia el mundo rural),y de un modo más concreto, hacia las mujeres rurales. Esta idealización quiere convertir a la ciudadanía rural en figurantes pintorescos de un atrezzo para juegos de poder ajenos al territorio y la torna más fácilmente manipulable, al negarle la profundidad de cualquier matiz y la diversidad de la palabra.
  • La ceguera ante la necesidad de una política de repoblación con perspectiva de género. Las políticas de repoblación, desde mi punto de vista, tienen que llevar una pregunta al centro: cómo creamos un mundo rural que permita el desarrollo pleno y a todos los niveles de las mujeres, que se niegan rotundamente a dar pasos atrás hacia modelos de control social y de limitación de posibilidades. La migración rural-urbana no sólo es económica o laboral, también tiene un componente de búsqueda de apertura y si no se da respuesta a este deseo de diversidad, de crecimiento vital de las mujeres, la despoblación será imparable. La titularidad compartida prácticamente ha desaparecido de las agendas, también de la feminista, no se considera una emergencia desarrollar un Plan de Choque de Patrimonio Rural y Género en España…Necesitamos poner el foco aquí de modo urgente.

 

¿En qué grado puede resultar interesante y con potencial de futuro, al menos para mí, volver la vista hacia atrás? En el reentrenamiento en la mirada intergeneracional, en la mirada de continuidad que es la pura definición del desarrollo sostenible. El diálogo actual con el ¿y tú de quién eres? rural que nos resitúa en un lugar concreto en el tiempo, en el espacio, en la continuidad de la vida y sus afanes, me parece lo más valioso para pensar el futuro en este momento.

 

 

Ejes de posibilidad:

– ¿estamos avanzando en algún ámbito en positivo en algún contexto?, ¿cuál? ¿tenemos buenas prácticas en las que podamos fundamentar ejes de actuación?

– ¿es posible pensar en clave ecofeminista?, ¿es una ingenuidad? ¿Qué nos recomendáis leer, conocer, seguir…?

 

Desde mi punto de vista hay dos grandes bloques de avance en este momento:

El diálogo entre el mundo rural y la ciudadanía migrante, rompiendo de nuevo “pensamientos departamentales»,  llevando la vivencia cotidiana de la diversidad cultural en el mundo rural más allá de marcos productivistas. Desde mi punto de vista, se están dando experiencias rurales muy interesantes en las que se plasma una comprensión profunda de la emigración desde las “narrativas migratorias del amor” como las ha denominado en un reciente informe Por Causa. Se están multiplicando las experiencias en nuestro país que están reivindicando el mundo rural como el gran espacio para el abrazo. Purchena (Almería), Rada de Haro (Cuenca), Amayuelas (Palencia) están trabajando como realidades rurales de acogida que abrazan en comunidad a los niños migrantes que viajan solos frente al trauma, el dolor o el desarraigo. Estos procesos reales del “aquí está, si tú quieres, todo tu pueblo para abrazarte y construir un nuevo lugar posible en el mundo” me parecen un camino lleno de futuro.

También me resulta muy inspirador el avance en la construcción de nuevos imaginarios de la ruralidad en España desde marcos de reciprocidad e interdependencia. El papel de ilustradoras como Cristina Jiménez  o Andrea Birsanu (Silvaatica) me parecen interesantísimos para construir un nuevo mundo visual de referencias, como nos invita también Joanna Macy con su metáfora espacial de El Gran Giro, al igual que toda la apuesta editorial por narrativas que exploran un nuevo modo de estar y ser en la tierra, con colecciones fantásticas en Errata Naturae (Los Libros Salvajes) o Capitán Swing, por ejemplo. Al fin y al cabo necesitamos reimaginar cómo sería una conexión diferente con nuestro territorio si siguiésemos la invitación que nos lanza la poeta Mary Oliver: “Yo no sería soberana ni de una sola brizna de hierba mientras pueda ser su hermana.”

En relación al punto de vista ecofeminista, ¡por supuesto!, un ecofeminismo no urbano-céntrico ni academicista, que respete y se apoye muchísimo en el asociacionismo ¡de todo signo y condición! de las mujeres rurales españolas se autodenominen como se autodenominen y tengan las sensibilidades políticas que tengan. Respetando desde la raíz el ingente papel que este asociacionismo ha desarrollado en el mundo rural español desde siempre e interpelándonos en común para seguir creando futuros juntas, diversas y en romería. No podemos olvidar que toda la apertura del mundo rural, presente y futura, llega y se protege de su mano. Por lo que creo también en un ecofeminismo rural español que no tenga miedo a explorar la “agenda dura y global” porque las dinámicas extractivas y de usurpación más graves entran en nuestro país por nuestros pueblos afectando especialmente a las mujeres, siendo silenciadas por el apagón informativo que vive la España rural. El derecho a la tierra de las mujeres sigue siendo un logro pendiente en nuestro país y hay un camino de diálogo, conexión, intercambio fructífero entre las mujeres rurales españolas y las mujeres rurales, campesinas de América Latina, que tiene mucho que decir. Hay que explorar también el potencial de estos diálogos, ya muy presentes en la faceta ambiental, en relación a la cultura, la creación artística, el patrimonio textil… (hay experiencias interesantísimas en México vinculadas a procesos de empoderamiento femenino a través de esta expresión patrimonial). La Declaratoria de la Década de Acción de las Mujeres Rurales o dinámicas de intercambio como el Encuentro Mujeres por la Tierra (Centro internacional para la promoción de los derechos humanos UNESCO-Argentina) pueden ser oportunidades para esta interconexión.

 

En el Museo nos preocupa la educación. Apostamos por un eje central al que llamamos educación artística y cultural para la sostenibilidad. Ponernos a disposición de estos niños y niñas y jóvenes desde las instituciones de poder como los museos. ¿Para qué podemos ser útiles desde la cultura y las artes?

Desde mi punto de vista hay dos áreas desde las que podemos ser muy útiles: la invisible y la visible.

Con la invisible me refiero a todo ese “trabajo que no se ve” enfocado en remover obstáculos para ampliar los horizontes de deseabilidad posibles de las siguientes generaciones. La unión educación y cultura en este campo es básica y la veo en dos esferas: en la pelea por el reconocimiento oficial de conocimientos, su entrada en el sistema educativo oficial: módulos formativos de especialización en Agroecología, por ejemplo, como los que trata de impulsar, la Red Terrae, alianzas entre instituciones culturales y educativas que reconfiguren por la creación de posibilidades reales, concretas, apetecibles, otras posibilidades de futuro más allá de las que ahora se les presentan. Hasta que la formación agraria, por ejemplo, no se perciba como “actual y deseable” y se muestre como una alternativa más de realización vital, el horizonte se va a seguir achatando. Sería fantástico un diálogo entre educadores, creadores culturales y organizaciones rurales de todo signo para repensar por ejemplo la educación agraria en nuestro país, actualizarla, comunicarla de otra manera.

Y respecto al “trabajo visible”: en las políticas de juventud encontramos habitualmente o bien ofertas formativas y de ocio pensadas en términos de productividad futura, para el mercado de trabajo futuro (formación, idiomas, etc) o propuestas de cooptación política o comercial (incluso se piensa el voluntariado juvenil o la participación política como herramientas para “ir metiendo cabeza”). Creo que las instituciones culturales y artísticas, muy especialmente en y desde el mundo rural, pueden contribuir a la construcción de estos nuevos marcos de localización abierta tal y como refleja claramente este mismo Festival. La propuesta, por ejemplo, de diálogos y colaboraciones artísticas juveniles internacionales en términos de igualdad con el Sur global (que rompan de una vez los marcos neocoloniales, salvadores de nuestro pensamiento) con escenas creativas y culturales en ebullición (por ejemplo, que no se note que soy muy fan, la escuela senegalesa de kora de Ablaye Cissoko ) podría ser un camino muy fructífero.

Y no por clásico menos importante, el impulso permanente del sentido de agencia, proveer desde la institucionalidad cultural las condiciones y posibilidades para generar, producir y liderar su propia actividad enfocada hacia transformaciones reales, herencia de la infancia soñada por Tonucci. La acción enfocada en la incidencia real en el entorno y en el ejercicio real de la ciudadanía más allá de la edad siempre serán, en mi opinión, propuestas transformadoras.

 

Derechos culturales y posdesarrollo

Estefanía Rodero

 

 

«Nosotros hacemos mundos verdaderos. Nosotros somos hechos por palabras verdaderas.»

 

Ahora que todo el sector profesional a nivel internacional está como loco redactando propuestas tras la invitación realizada por la relatora de derechos culturales, “Contribuciones sobre los derechos culturales y el desarrollo sostenible” (hasta el 27 de abril, no nos durmamos) y buscando inspiración para ser lo más eficaces y audaces posibles en esta oportunidad para llevar las políticas culturales al centro de la Agenda 2030, me apoyaba estos días en una lectura pendiente, “Pluriverso. Un diccionario del posdesarrollo”.

Dejo por aquí algunas notas de lectura desde la invitación concreta que tenemos entre manos, celebrando el carácter panorámico y aglutinador del diccionario, recogiendo desde la diversidad epistemológica todas las propuestas alternativas al modelo hegemónico, de mínimos, presente en la actual agenda mundial y que contiene propuestas de futuro trasladables a la conversación actual y oportunidades de mayor profundización democrática.

Desde la intención de construir una comunidad contra-epistémica que presente con la mayor claridad nuevas narrativas que hagan de contrapeso al consenso del control corporativo desde el hecho crudo y desnudo de que “las palabras transmiten cosmovisiones integrales, determinando lo que podemos y lo que no podemos ver”, no me resisto a trasladar aquí, por su relación con los derechos culturales, su definición de pluriverso:

 

“Un pluriverso es un mundo en el que se pueden sembrar diversas esperanzas, se pueden cultivar múltiples oportunidades y se puede lograr una pluralidad de vidas significativas por medio de personas tan diferentes y solidarias como somos.”

 

Estableciendo que, frente a las actuales narrativas globales del “pensamiento-fortaleza” de los neonacionalismos xenófobos en base a la construcción de chivos expiatorios, frente a un mundialismo elitista y tecnocrático, estamos repolitizando el debate sobre la transformación socioecológica más allá del marco eurocéntrico, “lo que está en juego es un profundo proceso de descolonización intelectual, emocional, espiritual y ética”, llevando al centro la diversidad cultural y la DEMOCRACIA DEL CONOCIMIENTO, siendo conscientes de que “las bases indispensables para la vida, INCLUYENDO LA NATURALEZA Y EL CONOCIMIENTO, deben mantenerse dentro del ámbito de los bienes comunes y no ser privatizados” (mayúsculas mías, especialmente las del CONOCIMIENTO).

 

Así, desde una lectura críticamente propositiva, se señala el error de haber dejado fuera de la Agenda 2030 tanto la cultura como sector, como las dimensiones culturales de la ética y la espiritualidad mundial:

 

“Lo que pretendemos es destacar que si no se da una transformación socio-cultural fundamental, la innovación tecnológica y en la gestión no nos ayudará a salir de las crisis.”

“Los imaginarios sociales basados en los derechos humanos y en los derechos de la naturaleza no se alcanzarán mediante intervenciones de arriba hacia abajo.”

 

Así, como todo diccionario, a través de una serie de entradas se van recogiendo alternativas mundiales ya presentes y con solidez territorial que rompen y amplían los marcos del actual pensamiento desarrollista.

 

 

 

Recojo por aquí algunas ideas que se repiten como un eco desde las diferentes perspectivas, por lo que pueden suponer para nuestra reflexión actual sobre el papel que puede desempeñar la protección de los derechos culturales como herramienta eficaz para profundizar el acceso a vidas dignas de ser vividas (nunca renunciaré a esa coletilla que se repite siempre: “los derechos culturales son los derechos de la dignidad”).

 

  • Ocultamiento y subvaloración de otras experiencias y conocimientos locales; epistemologías subordinadas o invisibilizadas: siendo evidente que uno de los ámbitos de injusticia global al que quiere responder el reconocimiento de los derechos culturales es precisamente el uso para la opresión del conocimiento en sus múltiples dinámicas, vía commodities, apropiación, silenciamiento, luz de gas, cercamientos, estigmatización y toda la variedad de prácticas extractivistas que dificultan el desarrollo de marcos de reciprocidad.  Como define Ashish Khotari alrededor de la entrada “democracia ecológica”, cómo construimos y protegemos la:

 

“Pluralidad cultural y del conocimiento, donde la diversidad es un principio clave; el conocimiento, incluidos su generación, uso y transmisión, es de dominio público o un bien común; la innovación se genera democráticamente y no hay torres de marfil de «expertos»; el aprendizaje se lleva a cabo como parte de la vida y viviendo, no solo en instituciones especializadas; y las vías individuales o colectivas en pos del bienestar ético y espiritual y de la felicidad están disponibles para todos.”

 

  • Reconocimiento del patrimonio biocultural: especialmente desde las aportaciones al diccionario de Arturo Escobar y de todo el caudal de conocimiento de la agroecología, se lleva al centro la necesidad de un diálogo más estrecho, de una colaboración más cercana entre el campo de las políticas culturales y el mundo agrario internacional, poniendo en valor la innovación epistemológica que reside en esta cercanía: “la agroecología incorpora temas culturales (…) busca ser no sólo conocimiento aplicado sino también un ejemplo de investigación participativa (… es central) el diálogo intercultural, mediante el cual los investigadores identifican las formas de conocimiento de los agricultores tradicionales”. No sólo se pone de manifiesto la potencialidad de los enfoques transculturales y la coproducción de conocimiento, sino la necesidad en este diálogo política cultural-agroecología de definir marcos para la protección de la memoria biocultural transmitida a través de las generaciones, o lo que es lo mismo, PATRIMONIO.

 

 

  • Reemplazar los pilares del imaginario social: desde el reconocimiento de que “el homo economicus mata la diversidad cultural”, sin cambios en la esfera de los saberes, afectividad y espiritualidad no hay una transformación a la altura del reto del cambio climático. Recordé inmediatamente el impacto que está teniendo la lectura del libro “Una trenza de hierba sagrada” de la etnobotánica Robin Wall Kimmerer o ese ensayo de Sánchez Ferlosio que Jorge Riechmann cita más de una vez: “Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado” que apuntan al centro de flotación: los grandes relatos cosmogónicos y sus efectos.

 

  • Políticas culturales y Derechos de la Naturaleza: el reconocimiento de los derechos culturales y de la naturaleza son los grandes logros que vamos a conseguir en este siglo, esta va a ser nuestra agenda de vida (enfermaremos, envejeceremos, moriremos pero habremos empujado en algún grado y para los que llegan este horizonte). El reconocimiento de la Naturaleza como sujeto legal con derechos intrínsecos -como demuestra en nuestro país, por ejemplo, la movilización a favor de los derechos del Mar Menor– transformará nuestra visión desde el actual “dueños del mundo y herederos de la tierra” al desarrollo de la jurisprudencia de la Tierra.

 

  • Ecología de la cultura y localización abierta: me resultó especialmente interesante la llamada a la ampliación de estos dos conceptos «abiertos a enriquecerse con nuevos significados”. Desde el reconocimiento de que en todas las culturas está presente la idea de dignidad y de una vida en común buena y protectora para todos, qué entendemos por sostenibilidad cultural, cómo se engarza esta sostenibilidad cultural con los lugares y espacios en los que la gente vive y cómo empujamos, siguiendo a Doreen Massey, marcos de “localización abierta” conjurando los riesgos de las “ideas de lugar con una sola identidad esencial basada en una historia limitada de un territorio”. Muy interesante para repensar desde las políticas culturales y todo su trabajo en la esfera memorial este reto: “gran parte del mundo actual se desenvuelve sin memoria, como si los espacios que habitamos fuesen geografías en blanco y por lo tanto, estuviesen a disposición del consumo y el desarrollo” Frente a los riesgos de las lecturas territoriales limitadas y excluyentes, cómo movilizamos la afectividad hacia el territorio hacia marcos de apertura e interculturalidad, cómo nos arraigamos sólidamente de forma abierta e incluyente.

 

Dejo por aquí esta lectura personal de “Pluriverso. Un diccionario del posdesarrollo” por si suma en el diálogo abierto por la relatora y logramos incorporar también en la agenda española la importancia que tienen los derechos culturales para el efectivo cumplimiento del actual marco de la Agenda 2030.

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Alerta Expolio (El Correo Vasco, diciembre 2019)

Estefanía Rodero 1 comentario

(Artículo escrito para El Correo Vasco, diciembre 2019)

Hace unos días, el periodista cultural Peio H.Riaño volvía a poner el foco de atención sobre una de las áreas de sombra más importantes que ha de afrontar con urgencia la política cultural española: el expolio silencioso de obras de arte religioso, el patrimonio vinculado a la Iglesia en España que continúa sin inventariar, el nutrido mercado negro de arte sacro que vampiriza nuestro derecho al patrimonio, especialmente en la España Vaciada. Si bien esta vez se trataba de la escultura granadina de Santa Margarita de Cortona de José de Mora puesta a la venta en una subasta en Nueva York, cambian los nombres de los conventos que ponen en venta las obras, cambia el tipo de bienes culturales con los que se mercadea, pero permanecen los trucos, los nadie sabía nada, la inacción, las triquiñuelas.

Junto al saqueo de arte sacro que sufren especialmente las pequeñas iglesias y ermitas de los pueblos, más vinculado a la venta en el mercado negro a particulares, se están normalizando procesos de venta y desarticulación de complejos patrimoniales religiosos de mayor calado. Los bancos y retablos del convento granadino de Las Clarisas que aparecieron por arte de magia en El Rastro de Madrid, el desmontaje de obras y traslado del convento de Mula en Murcia, los chistes maliciosos sobre los tráiler de arte religioso que salían de Burgos a Centroeuropa cada semana son sólo una pequeña muestra de una realidad que viene exigiendo una actuación pública de nuestra política cultural de mayor firmeza.

Este expolio silencioso y por goteo es uno de los síntomas evidentes de lo que las expertas en patrimonio ya han bautizado como la tercera desamortización, la progresiva desaparición y privatización del patrimonio cultural material e inmaterial atesorado en conventos, monasterios, edificios religiosos presentes en todo el país que, ante la ausencia de vocaciones, van cerrando progresiva y silenciosamente sin que hayan sido nunca inventariados, controlados, reconocidos por ninguna autoridad pública. Al fin y al cabo, seguimos esperando desde 1987 que el inventario de bienes culturales de la Iglesia sea definitivamente realidad o al menos que se exija una fecha límite para que dicho inventario sea algo más que un brindis al sol que a nadie interesa.

Como han repetido numerosas veces tanto Jaime Nuño, director del centro de estudios del románico de la Fundación Santa María la Real o el escultor y dibujante experto en arquitectura Miguel Sobrino gracias a la investigación que llevó a cabo para la redacción de su obra “Monasterios” y que compartió en el encuentro de urgencia El patrimonio cultural: problemas, soluciones y expectativas organizado por Peridis el pasado verano,  sobre esta desaparición y venta progresiva del patrimonio religioso español planean arzobispados que no pueden intervenir sobre edificios de diferentes órdenes, gestionadas como marcas propias, fuertes sentimientos de propiedad por parte de las órdenes religiosas que conciben lo atesorado siglo a siglo en templos y conventos de clausura como herencia particular de la orden pero sobre todo lo anterior, la tentación de la presión privatizadora, especialmente la hotelera.

 

Si la venta de conventos y monasterios como lotes de piedra a subasta nos parecía una aberración del pasado que no se volvería a repetir nunca en España hasta que la aparición de los primeros anuncios de conventos en venta en los principales portales inmobiliarios de nuestro país nos sacó de la ensoñación, quizá sería importante plantearnos cómo vamos a articular movimientos de recuperación de todo este legado patrimonial en los que estén presentes tanto la ciudadanía como la Administración Pública.

El riesgo del mercado negro de arte en España va de la mano también de la creciente despoblación del mundo rural español y las provincias más pequeñas y en general de la ausencia de masa crítica que pudiese dar un uso participativo y vivo a estos espacios, tal y como se ha vivido en algunos procesos de recuperación del patrimonio industrial, con los nuevos usos de las fábricas culturales o con iniciativas para los “mientras tanto” como el Espacio ZAWP de Bilbao. No conviene olvidar que están siendo principalmente las asociaciones vecinales las que están dando la voz de alarma en los medios ante la desaparición de los bienes culturales religiosos.

Sería importante también cambiar nuestra percepción social sobre los riesgos que lleva aparejado el mercado negro de arte de cualquier signo, una actividad que se ha beneficiado de cierto halo de misterio y romanticismo, pero que en pleno siglo XXI  es, entre otras, una herramienta básica para el blanqueo de capitales así como una de las fuentes de financiación esenciales del terrorismo internacional, como quedó demostrado con la venta de las “antigüedades de sangre” en el mercado negro europeo, y cuyas piezas arqueológicas de Siria e Irak fueron utilizadas para la financiación del yihadismo.

Al fin y al cabo, como alertó la relatora de derechos culturales Farida Shaheed “considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural”. Pues bien, alerta por expolio en nuestro país, a qué esperamos.

 

Divulgar los derechos culturales

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Todas las imágenes de esta entrada hacen referencia al Bosque de Oma de Agustín Ibarrola

Hace unas semanas el Observatorio Vasco de la Cultura compartía una nueva publicación centrada en los Derechos Culturales.

Titulada lacónica y certeramente “Derechos culturales” desgrana en unas 30 páginas desde la definición de los derechos culturales y su interrelación con el resto de derechos humanos, el proceso progresivo de su incorporación en la legislación internacional, con una especial sensibilidad hacia la aportación de América Latina en este campo, así como anexos muy útiles con propuestas claras para la implementación de políticas culturales desde un enfoque de derechos.

Como me ha parecido una publicación muy útil que contribuye a la divulgación de los derechos culturales y a la universalización, especialmente entre los equipos técnicos, de conceptos y marcos normativos, comparto por aquí algunas líneas interesantes de debate sugeridas en el texto:

  • A través del análisis del recorrido histórico que ha permitido la enunciación de los derechos culturales es interesante la reflexión sobre la reticencia de la Unión Europea respecto, por ejemplo, al espacio cultural iberoamericano, a reconocer explícitamente en sus marcos normativos o textos institucionales los derechos culturales. Si bien alineándose con el marco UNESCO que reconoce como derechos culturales el derecho a la educación, el derecho a la identidad cultural, los derechos conexos al derecho a la información, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la creatividad, el derecho a beneficiarse del progreso científico, el derecho a la protección de los intereses materiales y morales de los autores, el derecho a la cooperación cultural o el derecho a la protección del patrimonio cultural, es interesante poner el foco de atención precisamente sobre las consecuencias que esta reticencia europea ha tenido sobre la construcción de la propia Unión. No en vano, en las últimas semanas, siguiendo la estela de las movilizaciones #ActForCulture, Europa Nostra lanzaba de nuevo un llamamiento recogido en el Manifiesto de Paris exigiendo el reconocimiento del carácter estratégico que las políticas culturales con especial mención de las políticas de patrimonio pueden tener para la defensa y protección de la democracia en Europa, así como para implementar cortafuegos frente a la amenaza del neofascismo europeo. ¿Pueden las políticas culturales diseñadas desde un enfoque de derechos ser una medida estratégica para la protección de la diversidad en el actual contexto? Pueden. Evidentemente.

 

  • A partir de la reflexión sobre el impacto de la Declaración de Friburgo y la conceptualización de los derechos humanos en términos de “generación” (primera generación: derechos civiles y políticos; segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales; tercera generación: derechos de las minorías, las personas migrantes y los pueblos indígenas) hay una invitación a la “anticipación” de la cuarta generación: ¿cómo haremos concreta la protección de los derechos culturales en el contexto digital y qué forma toman ya en la sociedad tecnológica?

Por ejemplo, y siguiendo algunas líneas planteadas por la abogada Paloma Llaneza en un reciente encuentro sobre Derechos Fundamentales y Sociedad Digital:

    • Cómo podría afectar a la protección de los derechos culturales el cambio en nuestra percepción social de la privacidad.
    • Qué impacto está teniendo socialmente la generalización de la “gamificación”, del desarrollo de la “mente gamificada” y qué efectos puede estar teniendo, como ya ha compartido la experta, por ejemplo, sobre los procesos de adicción al juego.
    • Qué impacto puede tener sobre la protección de la diversidad cultural el uso de algoritmos y cómo podemos desarrollar un nuevo derecho que garantice la función social de los algoritmos.

 

  • Interesante también, cuando ponemos el foco sobre la protección del derecho a participar en la vida cultural, incidiendo sobre la disponibilidad de los bienes y servicios culturales “para que todos puedan disfrutar y beneficiarse de ellos”, ¿cómo se concreta esta disponibilidad? Desde el ámbito de las políticas públicas culturales y en entornos de dependencia digital corporativa, por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar que el acceso a obras, archivos, colecciones…digitales cumplan este requisito de disponibilidad?

 

  • Teniendo en cuenta los cinco ejes sobre los que se articula el derecho a participar en la vida cultural (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad) tenemos un camino muy concreto por recorrer en términos de accesibilidad física, económica y a la información, en la experimentación con diversas modalidades de consulta previa, en la transversalización del enfoque de género en la política cultural pública así como en la relectura de la política cultural pública en términos de la pluralidad de nuestras humanas vulnerabilidades.

 

  • El análisis tanto de la Ley de derechos culturales de Costa Rica, la ley orgánica de cultura ecuatoriana o la Ley general de cultura y derechos culturales de México (junto con la tradición constitucionalista en materia de derechos culturales) nos dan modelos concretos para el caso español de cara a impulsar en la próxima legislatura o bien la ya muy reivindicada Ley de Cultura o la muy deseada por quien escribe (por poner a las personas en el centro) Ley estatal de derechos culturales.

 

 

  • Quizá la parte más interesante del informe es la recogida bajo la pregunta ¿Cuál es la aportación de una ley de derechos culturales? Me interesa la argumentación recogida respecto a la capacidad de proporcionarnos un marco de ordenación general de las actuaciones en los múltiples niveles de competencias, el modo en el que se subraya la vinculación de la ley con mecanismos de financiación que hagan viable su aplicación efectiva, así como las respuestas que aporta para la resolución de barreras en el acceso a la cultura vinculadas al territorio, el capital cultural o el nivel económico, sin olvidar que uno de los focos estratégicos de toda ley de derechos culturales tiene que residir en la dignificación de las condiciones de trabajo del sector cultural.

 

Dejo por aquí, por tanto, vínculo y reflexión sobre la publicación, por si a alguien más le resulta interesante o útil y seguimos conversando.

 

 

Espacio público y derechos culturales

Estefanía Rodero

(Todas las imágenes de esta entrada son fotografías del maestro Ricard Terré)

Como viene siendo costumbre recojo por aquí algunas notas con motivo de la presentación del último informe de la relatora de derechos culturales relativo a la reflexión sobre el espacio público y la protección de los derechos culturales. Aunque hace unos meses ya dialogamos sobre algunas zonas de fricción sobre este tema que estamos viviendo en España (en el artículo Catedrales me explayé), dejo por aquí algunos de los puntos más significativos (para mí, obviamente) recogidos en el informe.

En primer lugar me parece subrayable el modo en el que se ha vuelto a clarificar el propósito del mandato de la relatoría de derechos culturales, reforzando “el enfoque más holístico basado en los derechos humanos para la formulación de políticas culturales”. Así, en este último informe se nos vuelve a invitar a cambiar el enfoque desde el que nos acercamos a la política cultural:

“El propósito del mandato no es proteger la cultura en sí, sino más bien las condiciones que permiten que todas las personas puedan tener acceso y contribuir a la vida cultural, y participar en ella, sin discriminación y en un marco de evolución constante.”

Se hace valer así una vez más la interrelación de los derechos culturales en el seno de los derechos humanos, haciendo valer el papel que su respeto tiene para contribuir a la creación de espacios públicos “vibrantes, significativos y accesibles”.

Ante la ola privatizadora del espacio público de la que ya hemos venido dando cuenta, así como los nuevos cercamientos culturales, especialmente visibles en el ámbito del patrimonio en España, el análisis sobre el respeto de los derechos culturales en el espacio público incorpora por primera vez, basándose en la definición que da la UNESCO, los espacios virtuales.

 

 

Así, dialogando también con el trabajo realizado por el relator del derecho de asociación de Naciones Unidas, que hace hincapié en el espíritu de servicio público que implican dichos espacios y que han de estar definidos precisamente por representar la esfera pública, por el debate y la controversia libremente ejercidos, se pone el foco sobre diversas áreas de fricción entre la protección de la cultura y el espacio público:

–          En primer lugar, y teniendo como horizonte la construcción del espacio público como espacio de justicia social, se hace hincapié en la necesidad de incorporar el diseño universal en toda la planificación de las infraestructuras culturales. No ya como una “especialización” sino como un cambio de paradigma que ha de transversalizarse en todas nuestras políticas.

–          Por supuesto, se da la señal de alarma sobre las consecuencias de la rápida urbanización y el progresivo desmantelamiento de espacios públicos inclusivos. Me resulta interesante el modo en el que se coaliga la corrupción en obras públicas con el impacto sobre la desprotección de los derechos culturales.

–          Fundamental la mirada hacia el mundo rural que recoge el informe, no sólo en su defensa del acceso al agua y la tierra en condiciones de igualdad como elementos sine qua non para la protección de los derechos culturales en la esfera internacional, sino por la férrea defensa de la lucha por preservar los espacios culturales en las zonas rurales. No ya tanto “intervenciones estelares” (puntuales) en el medio rural, sino equipamientos básicos que van siendo progresivamente abandonados ante la inacción política: bibliotecas rurales, teatros comarcales, cines de pueblo y un largo etcétera del que tanto podríamos hablar. Me parece fundamental la defensa que se hace en el informe de las bibliotecas itinerantes o de aldea.

–          Respecto a los espacios virtuales, junto a sus potencialidades, se señala la necesidad de medir su impacto sobre el posible desmantelamiento de los espacios reales de vinculación, especialmente teniendo en cuenta la progresiva degradación de los espacios tradicionales de encuentro, cada vez más mercantilizados (“mercantilización de la sociabilidad urbana”) y de acceso más restringido a nivel económico dado que “desde la perspectiva de los derechos culturales, o la dimensión cultural, los espacios públicos responden a la necesidad de encontrarse con los demás y transmiten importantes significados sociales y culturales”.

 

 

–          Se señala repetidamente la necesidad de reflexionar sobre cómo construir un espacio público acogedor para todas las personas. ¿Qué implicaría en el diseño de nuestras políticas culturales públicas poner en el centro el carácter acogedor del espacio público? ¿Cómo se reflejaría? Desde el uso de la diversidad de lenguas en la vida pública, hasta la adaptación del espacio a la diversidad real de nuestras sociedades (hay infancia, hay juventud, hay hombres y mujeres mayores, personas con diversos modos de movilidad, gente que pasea mascotas…) Se hace hincapié por tanto en el hecho por el cual, si realmente queremos hablar de seguridad en los espacios públicos: “las iniciativas culturales pueden ayudar a diseñar espacios inclusivos y promover los derechos humanos”.

–          Como no podía ser de otra manera, se enfatiza el papel que la presencia de las artes en los espacios públicos puede jugar para la construcción de comunidad y el sentido de pertenencia

–          Se dedica un apartado fundamental al riesgo que entraña la dependencia excesiva del patrocinio privado y la necesidad de garantizar el derecho a los espacios públicos y su sostenibilidad, como ya hablamos ante la creciente privatización de las Catedrales en España. En el binomio “patrimonio y turismo” se nos alerta de dos ejes ya repetidos: la exclusión de personas de determinados entornos patrimoniales por romper la imagen de marca del lugar (conflicto de expulsión de comunidades largamente repetido en espacios declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) así como la creciente teatralización de los espacios públicos. Curioso, en el país que privatizó el topónimo de la estación de metro Sol por “Vodafone Sol”, leer la advertencia que se recoge en este informe:

“No deberían tomarse decisiones sobre lo que se pretende construir, exhibir o cambiar en los espacios públicos ni sobre los motivos para ello, incluidos los cambios de topónimos, sin consultar debidamente a todas las partes interesadas y, en especial, a los grupos minoritarios.”

Se sigue avanzando, por tanto, en la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos a nuestra política cultural pública, reforzando la necesidad de proteger el espacio público frente a las tendencias privatizadoras, no sólo como “el espacio de todas las personas” sino como condición fundamental para la protección de los derechos humanos.

Cultura y turismo selfie

Estefanía Rodero

 

El pasado 27 de mayo los trabajadores del Louvre, a través de su baja masiva por agotamiento que provocó el cierre del Museo, lograron captar la atención mundial sobre las consecuencias de la masificación de determinados espacios culturales. Como denunció el sindicato Sud Culture Solidaires en su escrito “Le Louvre Suffoque” tendemos a olvidar que la progresiva degradación de las condiciones de visita a los museos u otros espacios patrimoniales tiene efectos también sobre la degradación de las condiciones laborales. Sin irnos muy lejos, el escritor Julio Llamazares, a través de su denuncia de la creciente privatización de las catedrales españolas, viene poniendo el foco de atención sobre la confusión entre el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute con la simple explotación comercial del mismo y la mercantilización de la experiencia. En ambos casos lo que subyace es la tensión permanente entre determinados modelos de turismo y la defensa de los derechos culturales en el actual sistema económico.

Aunque se suceden las declaraciones de organismos internacionales para poner coto a los daños que un modelo de turismo depredador puede tener sobre la cultura, solemos dejar a un lado del debate algunos de los aspectos que recogió la Carta Internacional sobre Turismo cultural de ICOMOS allá por el año 1999. En dicha Carta se nos animaba a reflexionar también sobre cuáles son los deseos y expectativas de los visitantes de los espacios culturales y sobre cómo definir la autenticidad de la experiencia cultural y protegerla.

Pero ¿quién decide o dicta en una sociedad qué es una experiencia cultural auténtica? El propio Museo del Prado, por ejemplo, ante el mantenimiento, frente al resto de grandes museos internacionales, de la prohibición de realizar fotografías en sus salas, se amparó en la “autenticidad de la experiencia cultural” para comunicar públicamente que dicha decisión quería incidir en su apuesta por “visitas de calidad, evitando en la medida de lo posible distorsiones y molestias que vayan en detrimento de la experiencia directa”.

 

 

 

Solemos olvidar que la experiencia directa del arte y la creación cultural no son hechos naturales, sino que son resultado de procesos de mediación, educación de públicos, sustrato educativo de la comunidad, el bagaje construido grano de arena y generación a generación en procesos de educación colectiva y socialización artística. En entornos económicos, sociales y políticos en los que las políticas culturales no se han caracterizado ni por incorporar un enfoque de derechos culturales, ni por proteger el tejido de cultura comunitaria frente al consumo cultural individualizado, ni por mimar presupuestaria ni laboralmente hablando, con la vista puesta en las generaciones futuras, planes consistentes y a largo plazo de educación artística y creación de públicos desde la infancia, ¿quién dicta lo que significa tener una experiencia cultural genuina y directa?

Un caso extremo de las consecuencias de esta dejación de la mediación, sustituida por la economía de la atención que se materializa en los “me gusta”, fue el caso denunciado hace unos años por Shahak Shapira ante las visitas “turistificadas” al Monumento al Holocausto en Berlín. Haciendo una selección de selfies tomados en el Memorial y publicados en diferentes redes sociales por los visitantes, realizó un fotomontaje cambiando la imagen del monumento por imágenes de archivo reales del Holocausto. La obra resultante “Yolocaust” contribuyó a la reflexión internacional sobre la banalización de la memoria, la cultura de la sobreexposición y la universalización a cualquier precio del deseo de ser mirados. Si hace unos días  se hacía global también la noticia sobre el numeroso grupo de turistas occidentales que aguardan colas de más tres horas en Bali para poder subir a sus redes sociales una foto trucada con un espejo frente al templo de Pura Lempuyang, quizá la pregunta pertinente sea qué es lo que obtenemos realmente de este tipo de experiencias basadas en la simulación, la descontextualización y el alejamiento de hecho de la simple experiencia directa. ¿De quién estamos buscando aprobación y qué ansiedades sofocamos como sociedad a través de la búsqueda de likes con la cultura y el patrimonio como fondo de pantalla?

 

 

Quizá antes de refugiarnos en discursos elitistas que, ante la degradación de la experiencia de determinados modelos de turismo cultural, enarbolen la necesidad de restringir el acceso a los bienes culturales o traten de naturalizar el hecho del disfrute cultural (ya saben, el gen invisible por el que las personas ricas nacen amando la ópera), quizá sería más interesante preguntarnos cómo estamos construyendo como sociedad lo que entendemos tanto por ocio como por vida cultural.

Si el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute forma parte de los derechos humanos quizá tengamos que plantearnos en qué condiciones puede darse efectivamente la protección de este derecho, teniendo en cuenta que en su dimensión más voraz también se va a hacer caja sustituyendo por cultura para el turismo selfie la experiencia estética.

 

 

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

Estefanía Rodero

Ley de derechos culturales

Estefanía Rodero 2 comentarios

 

(Todas las imágenes pertenecen a la iniciativa, impulsada por Julien de Casabianca, Outings Project, que lleva las obras de los museos a asaltar, por amor, la calle)

 

 

“Universalidad, diversidad y libertad son, en efecto,

los valores que forman la columna vertebral de los derechos culturales»

(Ley foral de derechos culturales de Navarra)

 

Desbordadas por un clima de polarización política que tiende a sofocar los ritmos lentos que requiere la construcción de lo mínimamente perdurable, así como habituadas al sesgo por el que damos por hecho que toda innovación cultural en España ha de venir de Madrid o Barcelona, corremos el riesgo de pasar por alto el hito que supone la ley pionera en derechos culturales aprobada hace unas semanas en Navarra.

Sabiendo que propuestas de ley de estas características, sin ser “propuestas electorales estrella que movilicen a las masas” sí son pasos muy importantes para la profundización democrática en nuestro país y contienen en su enunciación tanto el reconocimiento a la diversidad actual que caracteriza a la sociedad española, como una visión de futuro asentada en la apertura, la inclusión y el reconocimiento de la universalidad, podrían ser (deseo) punta de lanza de los programas culturales de signo progresista en las próximas elecciones autonómicas en España, como paso previo a la promulgación de una Ley de derechos culturales a nivel estatal (mientras no consigamos su reconocimiento explícito constitucional tal y como nos enseñó América Latina, yo no me olvido).

 

Me detengo, por tanto, en alguno de los ejes planteados en la Ley foral de derechos culturales de Navarra tanto por su concreción como por las líneas de trabajo futuro que señalan:

 

  • Supone un enorme avance el modo en el que incorpora en la legislación española la noción de identidad cultural ya reflejada en las Declaraciones Universales de la UNESCO sobre diversidad y protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo “la libertad de toda persona de elegir su identidad cultural y de decidir si participa o no y cómo en la vida cultural”  Este modo de referirse a la identidad siempre me recuerda esa reflexión bellísima de Avtar Brah: «el deseo de un hogar como algo distinto del deseo de una patria»

 

  • Es interesante el modo en el que  se han enmarcado las políticas culturales como “aquellas que defienden el valor de la cultura como bien común” y contribuyen a construir una sociedad más igual y democrática. Se establece así la correlación entre la protección y promoción de los derechos culturales con la defensa de la democracia. Sin diversidad no hay “demos”. Se refuerza este sentido de cultura como bien común con el reconocimiento del ecosistema cultural y creativo más allá de lo institucional y la centralidad que otorga al mapeo de iniciativas ciudadanas, así como al hecho de reflejar en el cuerpo de la ley el compromiso: “favorecerá y promoverá el procomún y la cultura libre”.

 

 

  • Relevante es también el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural, movilización que siendo más fuerte en Francia que en España, obtiene también aquí sus primeros frutos, logrando:

“La protección y reconocimiento de la función de las personas trabajadoras en el ámbito cultural y de las emprendedoras de las industrias cultural y creativas”

“Las personas dedicadas a la creación cultural, en cualquiera de sus formas, tienen derecho a ser tratadas fiscalmente de forma razonable, ecuánime y equitativa atendiendo, en su caso, a la irregularidad y naturaleza intermitente de los ingresos que provienen de esa actividad, así como a su carácter complementario de otras actividades profesionales o económicas”

 

  • Interesante, relacionado con la importancia que se le ha dado a las condiciones laborales y económicas de las trabajadoras del sector cultural, es también la apuesta por la creación de “fondos u otros instrumentos financieros que faciliten el crédito a las micro y pequeñas empresas de los sectores culturales”. Es una línea de acción importante (se recogió una acción similar en el Plan de Industrias Culturales y Creativas del Ministerio de Cultura para 2018, en funciones de intermediación de acceso a crédito) por lo que ayuda a visibilizar y dignificar el sector cultural como sector profesional y económico en entornos de empleo o asesoramiento de corte más generalista.

 

 

  • Me ha resultado inspiradora la llamada, en el reconocimiento al derecho a la producción cultural, a poner también el foco de atención sobre el derecho a difundir y distribuir los resultados del ejercicio creativo. Ciertamente apunta a un sesgo por el que nos hemos concentrado militantemente en la reclamación del acceso a la cultura, dejando desprotegido el flanco del “derecho a llegar a los demás”. Aquí está el nudo gordiano del poder, no nos engañemos. ¿A qué “culturas” pedíamos acceder?, ¿qué “culturas” no han tenido derecho a “distribuirse”?

 

  • Se recoge un merecido reconocimiento a las profesiones vinculadas y a la función de la mediación cultural y artística promoviendo el hecho de:

“favorecer el acceso y vincular al público al conocimiento y comprensión de los códigos culturales de las manifestaciones artísticas y culturales”

“favorecer la participación del público en la construcción de significados”

 

  • Pero sin duda, la Ley foral de derechos culturales es un enorme paso adelante para el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano, reconociendo no sólo el derecho al “acceso libre y equitativo al Patrimonio” sino al (nada gratuito) reconocimiento al “derecho a colaborar con su comunidad en la recuperación del Patrimonio”. Recogiendo décadas de lucha contra los procesos de las inmatriculaciones que en Navarra tomaron cariz de auténtico expolio, se recoge de modo explícito en la ley el hecho de que el acceso al patrimonio y el derecho a conocer su significado vincula también “a los bienes declarados de interés cultural cuya propiedad ostente la Iglesia Católica”. Por si acaso…

 

 

  • Interesante, por lo que animará acciones y debates en el resto de comunidades autónomas, es el hecho de reclamar la participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, huyendo de los peligros de la “turistificación” y falseamiento del patrimonio inmaterial de los territorios.

 

Esperanzada por el hecho de que en todo el articulado se haga referencia constante a la “inclusión de personas y grupos vulnerables”, a los derechos culturales de las personas con discapacidad, a la importancia de no olvidar en nuestras políticas culturales los derechos a participar en la vida cultural de las personas migrantes, a la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en todas nuestras acciones culturales (desde el diseño, hasta la estructura de los equipamientos, etc.), la lectura de la Ley foral de derechos culturales de Navarra supone un contraste iluminador respecto a la imagen de país reflejada en los medios de comunicación en las últimas semanas.

Yo debo vivir en el país diverso, libre y orgulloso del legado de sus pueblos que se contempla en esta ley. Espero que entre todas consigamos la Ley Estatal de Derechos Culturales muy pronto. ¡Sea!

 

#ActForCulture: adhesión a la petición de CAE para las elecciones europeas 2019

Estefanía Rodero 2 comentarios

 

Desde este espacio (y desde la vida entera) nos adherimos a la campaña promovida por Culture Action Europe llamando a la movilización del sector cultural en las decisivas elecciones europeas del mes de mayo, apelando a la responsabilidad profesional colectiva del sector cultural europeo para poner en el centro del debate político la defensa de los derechos culturales y la diversidad cultural y la protección de los derechos humanos en Europa frente a los discursos del odio. Nos hacemos eco de su manifiesto por si alguien más quiere sumarse (los materiales de la campaña pueden descargarse aquí):

 

 

PETICIÓN DE CAE PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2019

 

Apropiación cultural y herencias negadas

Estefanía Rodero

“No tiene sentido hablar de derechos culturales fuera de un compromiso

vinculado a la economía política de la dignidad”

El pluralismo sostenible y el futuro de la pertenencia

Arjun Appadurai-Katerina Stenou

 

Surgían en los últimos diez días tres noticias encadenadas que llevaban al centro de la actualidad los debates sobre la apropiación cultural y que nos obligan a desarrollar estrategias de actuación en nuestro país tanto para afrontar las deudas históricas y memoriales relativas a esta cuestión, como a implementar medidas de protección frente a los nuevos modelos de presión extractiva en el campo cultural.

Por un lado volvía a ser actualidad la siempre postergada pero siempre anunciada devolución de bienes culturales africanos a sus países de origen por parte de Francia, piedra en el zapato para Macron que está tratando de, tras las críticas recibidas el pasado año, reconvertir este tema en uno de sus ejes de auto-imagen estratégicos en este Año Europeo del Patrimonio; la cancelación del musical “Slav” dirigido por Robert Lepage basado en cantos de esclavos estadounidenses bajo las protestas de la comunidad negra canadiense por apropiación cultural,  y, volviendo a España, la denuncia por plagio a Dolce & Gabbana por parte de los pueblos gallegos Vilariño de Conso y Viano do Bolo, que han visto cómo sus bordados tradicionales de carnaval han terminado en las pasarelas de alta costura a precios exorbitados sin reconocimiento ni mención alguna al trabajo de generaciones de artesanas gallegas. Aprovechando, una vez más, para alertar del hecho de que las estrategias de presión extractiva que hemos conocido en sus vertientes más feroces en América Latina están siendo introducidas en Europa por nuestro “fuera de foco” medio rural, quería aprovechar la oportunidad para recuperar aquí (es del 2016) uno de los trabajos documentales más inspiradores (al menos para mí) de los últimos años que ha tratado de llevar al centro la necesidad de dirigir nuestra mirada en España a nuestras deudas de apropiación cultural y herencias negadas, por si pudiese servirnos de referencia para seguir avanzando en alguna de las líneas que traza.

 

 

Me refiero al trabajo desarrollado por el director Miguel Ángel Rosales en su documental “Gurumbé, canciones de tu memoria negra” en el que, a través de la puerta de entrada de la musicología traza un proyecto muchísimo más ambicioso en el que nos confronta con la negación histórica de la herencia cultural africana en España. De su trabajo recupero para esta semana de robos culturales:

 

La potencialidad de la pregunta ¿quiénes faltan en nuestro conocimiento como país?

En el diálogo de gran fuerza política que logra tejer entre diferentes disciplinas sociales y humanísticas (musicología, historia, antropología…) se hacen evidentes los huecos, los vacíos, las líneas de poder discursivas que han logrado negar campos completos de herencia cultural en España, en concreto todo el legado de la afrodescendencia en la península Ibérica. En este Decenio Internacional para los Afrodescendientes sería importante abordar, más allá de acciones puntuales o de imagen y si realmente queremos hablar en serio, este enorme “no dicho” español relativo tanto a su protagonismo en las rutas comerciales de la esclavitud como al reencuentro con nuestras propias raíces diversas del pasado para afrontar con mayor amplitud y reconocimiento nuestra diversidad del presente.

 

La urgencia de revisión de los contenidos curriculares escolares

A través de un metraje de hora y media llega a abochornar el silencio (mejor dicho, el vacío, no es lo mismo) con el que aún seguimos educando a nuestras generaciones más jóvenes respecto a nuestro propio pasado colonial y a los debates críticos sobre la construcción histórica de nuestro propio racismo y nuestras ausencias simbólicas y memoriales. Se repite por parte de todos los investigadores la necesidad de que esta dimensión entre de una vez por todas en los contenidos curriculares escolares.

 

 

Actualización de las narrativas esclavistas

En el trabajo audiovisual de Rosales aparece una línea en la que sería interesante profundizar. Al bucear en el propio pasado esclavista de la península Ibérica se hacen muy evidentes los procesos de actualización de viejas narrativas de esclavitud que bajo nuevos ropajes siguen operando en la actualidad. Es una línea educativa preventiva. Cuando te confrontas con crónicas del siglo XVI en las que se detalla la desesperación de las madres africanas en el puerto de Lisboa ante la separación forzosa de sus hijos, el riesgo de tibieza con las mismas prácticas en el presente desaparece por completo. ¿Qué papel está jugando España, por ejemplo, en las estrategias memoriales sobre la esclavitud que está desarrollando la UNESCO? ¿Tenemos algún papel? ¿Le estamos dando alguna importancia a esta dimensión educativa y lo que podría aportar a nuestro presente, teniendo en cuenta la gravísima vulneración de derechos humanos de la Frontera Sur?

 

Cooperación cultural, esclavitud y banca española:

Junto a la necesaria confrontación pendiente con el pasado esclavista que está en el origen de los principales bancos españoles, sería importante poner el foco con mayor intensidad sobre la interrelación entre las actuales políticas comerciales y las políticas de cooperación cultural con África. Con el riesgo de neocolonialismo siempre sobrevolando la escena, sería interesante replantearnos una vez más qué criterios de partenariado económico validamos en nuestra cooperación cultural con África y si no sería un paso previo impostergable asumir y reparar el peso que la trata de esclavos tuvo para la banca española.

Me quedaría por tanto con tres tareas pendientes:

  • ¿cómo estamos afrontando los temas vinculados a la apropiación cultural en nuestro país?, ¿cómo nos relacionamos con nuestra apropiación cultural del pasado y afrontamos los retos del extractivismo cultural del presente?
  • ¿cuáles serían nuestros “vacíos de país” y cómo remediarlos?
  • ¿qué criterios desde un enfoque de derechos humanos siguen los partenariados económicos de la cooperación cultural española, especialmente con África y qué canales de comercialización cultural asegurarían una interrelación en igualdad con el continente?