Divulgar los derechos culturales

Todas las imágenes de esta entrada hacen referencia al Bosque de Oma de Agustín Ibarrola

Hace unas semanas el Observatorio Vasco de la Cultura compartía una nueva publicación centrada en los Derechos Culturales.

Titulada lacónica y certeramente “Derechos culturales” desgrana en unas 30 páginas desde la definición de los derechos culturales y su interrelación con el resto de derechos humanos, el proceso progresivo de su incorporación en la legislación internacional, con una especial sensibilidad hacia la aportación de América Latina en este campo, así como anexos muy útiles con propuestas claras para la implementación de políticas culturales desde un enfoque de derechos.

Como me ha parecido una publicación muy útil que contribuye a la divulgación de los derechos culturales y a la universalización, especialmente entre los equipos técnicos, de conceptos y marcos normativos, comparto por aquí algunas líneas interesantes de debate sugeridas en el texto:

  • A través del análisis del recorrido histórico que ha permitido la enunciación de los derechos culturales es interesante la reflexión sobre la reticencia de la Unión Europea respecto, por ejemplo, al espacio cultural iberoamericano, a reconocer explícitamente en sus marcos normativos o textos institucionales los derechos culturales. Si bien alineándose con el marco UNESCO que reconoce como derechos culturales el derecho a la educación, el derecho a la identidad cultural, los derechos conexos al derecho a la información, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la creatividad, el derecho a beneficiarse del progreso científico, el derecho a la protección de los intereses materiales y morales de los autores, el derecho a la cooperación cultural o el derecho a la protección del patrimonio cultural, es interesante poner el foco de atención precisamente sobre las consecuencias que esta reticencia europea ha tenido sobre la construcción de la propia Unión. No en vano, en las últimas semanas, siguiendo la estela de las movilizaciones #ActForCulture, Europa Nostra lanzaba de nuevo un llamamiento recogido en el Manifiesto de Paris exigiendo el reconocimiento del carácter estratégico que las políticas culturales con especial mención de las políticas de patrimonio pueden tener para la defensa y protección de la democracia en Europa, así como para implementar cortafuegos frente a la amenaza del neofascismo europeo. ¿Pueden las políticas culturales diseñadas desde un enfoque de derechos ser una medida estratégica para la protección de la diversidad en el actual contexto? Pueden. Evidentemente.

 

  • A partir de la reflexión sobre el impacto de la Declaración de Friburgo y la conceptualización de los derechos humanos en términos de “generación” (primera generación: derechos civiles y políticos; segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales; tercera generación: derechos de las minorías, las personas migrantes y los pueblos indígenas) hay una invitación a la “anticipación” de la cuarta generación: ¿cómo haremos concreta la protección de los derechos culturales en el contexto digital y qué forma toman ya en la sociedad tecnológica?

Por ejemplo, y siguiendo algunas líneas planteadas por la abogada Paloma Llaneza en un reciente encuentro sobre Derechos Fundamentales y Sociedad Digital:

    • Cómo podría afectar a la protección de los derechos culturales el cambio en nuestra percepción social de la privacidad.
    • Qué impacto está teniendo socialmente la generalización de la “gamificación”, del desarrollo de la “mente gamificada” y qué efectos puede estar teniendo, como ya ha compartido la experta, por ejemplo, sobre los procesos de adicción al juego.
    • Qué impacto puede tener sobre la protección de la diversidad cultural el uso de algoritmos y cómo podemos desarrollar un nuevo derecho que garantice la función social de los algoritmos.

 

  • Interesante también, cuando ponemos el foco sobre la protección del derecho a participar en la vida cultural, incidiendo sobre la disponibilidad de los bienes y servicios culturales “para que todos puedan disfrutar y beneficiarse de ellos”, ¿cómo se concreta esta disponibilidad? Desde el ámbito de las políticas públicas culturales y en entornos de dependencia digital corporativa, por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar que el acceso a obras, archivos, colecciones…digitales cumplan este requisito de disponibilidad?

 

  • Teniendo en cuenta los cinco ejes sobre los que se articula el derecho a participar en la vida cultural (disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad) tenemos un camino muy concreto por recorrer en términos de accesibilidad física, económica y a la información, en la experimentación con diversas modalidades de consulta previa, en la transversalización del enfoque de género en la política cultural pública así como en la relectura de la política cultural pública en términos de la pluralidad de nuestras humanas vulnerabilidades.

 

  • El análisis tanto de la Ley de derechos culturales de Costa Rica, la ley orgánica de cultura ecuatoriana o la Ley general de cultura y derechos culturales de México (junto con la tradición constitucionalista en materia de derechos culturales) nos dan modelos concretos para el caso español de cara a impulsar en la próxima legislatura o bien la ya muy reivindicada Ley de Cultura o la muy deseada por quien escribe (por poner a las personas en el centro) Ley estatal de derechos culturales.

 

 

  • Quizá la parte más interesante del informe es la recogida bajo la pregunta ¿Cuál es la aportación de una ley de derechos culturales? Me interesa la argumentación recogida respecto a la capacidad de proporcionarnos un marco de ordenación general de las actuaciones en los múltiples niveles de competencias, el modo en el que se subraya la vinculación de la ley con mecanismos de financiación que hagan viable su aplicación efectiva, así como las respuestas que aporta para la resolución de barreras en el acceso a la cultura vinculadas al territorio, el capital cultural o el nivel económico, sin olvidar que uno de los focos estratégicos de toda ley de derechos culturales tiene que residir en la dignificación de las condiciones de trabajo del sector cultural.

 

Dejo por aquí, por tanto, vínculo y reflexión sobre la publicación, por si a alguien más le resulta interesante o útil y seguimos conversando.

 

 

Espacio público y derechos culturales

(Todas las imágenes de esta entrada son fotografías del maestro Ricard Terré)

Como viene siendo costumbre recojo por aquí algunas notas con motivo de la presentación del último informe de la relatora de derechos culturales relativo a la reflexión sobre el espacio público y la protección de los derechos culturales. Aunque hace unos meses ya dialogamos sobre algunas zonas de fricción sobre este tema que estamos viviendo en España (en el artículo Catedrales me explayé), dejo por aquí algunos de los puntos más significativos (para mí, obviamente) recogidos en el informe.

En primer lugar me parece subrayable el modo en el que se ha vuelto a clarificar el propósito del mandato de la relatoría de derechos culturales, reforzando “el enfoque más holístico basado en los derechos humanos para la formulación de políticas culturales”. Así, en este último informe se nos vuelve a invitar a cambiar el enfoque desde el que nos acercamos a la política cultural:

“El propósito del mandato no es proteger la cultura en sí, sino más bien las condiciones que permiten que todas las personas puedan tener acceso y contribuir a la vida cultural, y participar en ella, sin discriminación y en un marco de evolución constante.”

Se hace valer así una vez más la interrelación de los derechos culturales en el seno de los derechos humanos, haciendo valer el papel que su respeto tiene para contribuir a la creación de espacios públicos “vibrantes, significativos y accesibles”.

Ante la ola privatizadora del espacio público de la que ya hemos venido dando cuenta, así como los nuevos cercamientos culturales, especialmente visibles en el ámbito del patrimonio en España, el análisis sobre el respeto de los derechos culturales en el espacio público incorpora por primera vez, basándose en la definición que da la UNESCO, los espacios virtuales.

 

 

Así, dialogando también con el trabajo realizado por el relator del derecho de asociación de Naciones Unidas, que hace hincapié en el espíritu de servicio público que implican dichos espacios y que han de estar definidos precisamente por representar la esfera pública, por el debate y la controversia libremente ejercidos, se pone el foco sobre diversas áreas de fricción entre la protección de la cultura y el espacio público:

–          En primer lugar, y teniendo como horizonte la construcción del espacio público como espacio de justicia social, se hace hincapié en la necesidad de incorporar el diseño universal en toda la planificación de las infraestructuras culturales. No ya como una “especialización” sino como un cambio de paradigma que ha de transversalizarse en todas nuestras políticas.

–          Por supuesto, se da la señal de alarma sobre las consecuencias de la rápida urbanización y el progresivo desmantelamiento de espacios públicos inclusivos. Me resulta interesante el modo en el que se coaliga la corrupción en obras públicas con el impacto sobre la desprotección de los derechos culturales.

–          Fundamental la mirada hacia el mundo rural que recoge el informe, no sólo en su defensa del acceso al agua y la tierra en condiciones de igualdad como elementos sine qua non para la protección de los derechos culturales en la esfera internacional, sino por la férrea defensa de la lucha por preservar los espacios culturales en las zonas rurales. No ya tanto “intervenciones estelares” (puntuales) en el medio rural, sino equipamientos básicos que van siendo progresivamente abandonados ante la inacción política: bibliotecas rurales, teatros comarcales, cines de pueblo y un largo etcétera del que tanto podríamos hablar. Me parece fundamental la defensa que se hace en el informe de las bibliotecas itinerantes o de aldea.

–          Respecto a los espacios virtuales, junto a sus potencialidades, se señala la necesidad de medir su impacto sobre el posible desmantelamiento de los espacios reales de vinculación, especialmente teniendo en cuenta la progresiva degradación de los espacios tradicionales de encuentro, cada vez más mercantilizados (“mercantilización de la sociabilidad urbana”) y de acceso más restringido a nivel económico dado que “desde la perspectiva de los derechos culturales, o la dimensión cultural, los espacios públicos responden a la necesidad de encontrarse con los demás y transmiten importantes significados sociales y culturales”.

 

 

–          Se señala repetidamente la necesidad de reflexionar sobre cómo construir un espacio público acogedor para todas las personas. ¿Qué implicaría en el diseño de nuestras políticas culturales públicas poner en el centro el carácter acogedor del espacio público? ¿Cómo se reflejaría? Desde el uso de la diversidad de lenguas en la vida pública, hasta la adaptación del espacio a la diversidad real de nuestras sociedades (hay infancia, hay juventud, hay hombres y mujeres mayores, personas con diversos modos de movilidad, gente que pasea mascotas…) Se hace hincapié por tanto en el hecho por el cual, si realmente queremos hablar de seguridad en los espacios públicos: “las iniciativas culturales pueden ayudar a diseñar espacios inclusivos y promover los derechos humanos”.

–          Como no podía ser de otra manera, se enfatiza el papel que la presencia de las artes en los espacios públicos puede jugar para la construcción de comunidad y el sentido de pertenencia

–          Se dedica un apartado fundamental al riesgo que entraña la dependencia excesiva del patrocinio privado y la necesidad de garantizar el derecho a los espacios públicos y su sostenibilidad, como ya hablamos ante la creciente privatización de las Catedrales en España. En el binomio “patrimonio y turismo” se nos alerta de dos ejes ya repetidos: la exclusión de personas de determinados entornos patrimoniales por romper la imagen de marca del lugar (conflicto de expulsión de comunidades largamente repetido en espacios declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) así como la creciente teatralización de los espacios públicos. Curioso, en el país que privatizó el topónimo de la estación de metro Sol por “Vodafone Sol”, leer la advertencia que se recoge en este informe:

“No deberían tomarse decisiones sobre lo que se pretende construir, exhibir o cambiar en los espacios públicos ni sobre los motivos para ello, incluidos los cambios de topónimos, sin consultar debidamente a todas las partes interesadas y, en especial, a los grupos minoritarios.”

Se sigue avanzando, por tanto, en la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos a nuestra política cultural pública, reforzando la necesidad de proteger el espacio público frente a las tendencias privatizadoras, no sólo como “el espacio de todas las personas” sino como condición fundamental para la protección de los derechos humanos.

Cultura y turismo selfie

 

El pasado 27 de mayo los trabajadores del Louvre, a través de su baja masiva por agotamiento que provocó el cierre del Museo, lograron captar la atención mundial sobre las consecuencias de la masificación de determinados espacios culturales. Como denunció el sindicato Sud Culture Solidaires en su escrito “Le Louvre Suffoque” tendemos a olvidar que la progresiva degradación de las condiciones de visita a los museos u otros espacios patrimoniales tiene efectos también sobre la degradación de las condiciones laborales. Sin irnos muy lejos, el escritor Julio Llamazares, a través de su denuncia de la creciente privatización de las catedrales españolas, viene poniendo el foco de atención sobre la confusión entre el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute con la simple explotación comercial del mismo y la mercantilización de la experiencia. En ambos casos lo que subyace es la tensión permanente entre determinados modelos de turismo y la defensa de los derechos culturales en el actual sistema económico.

Aunque se suceden las declaraciones de organismos internacionales para poner coto a los daños que un modelo de turismo depredador puede tener sobre la cultura, solemos dejar a un lado del debate algunos de los aspectos que recogió la Carta Internacional sobre Turismo cultural de ICOMOS allá por el año 1999. En dicha Carta se nos animaba a reflexionar también sobre cuáles son los deseos y expectativas de los visitantes de los espacios culturales y sobre cómo definir la autenticidad de la experiencia cultural y protegerla.

Pero ¿quién decide o dicta en una sociedad qué es una experiencia cultural auténtica? El propio Museo del Prado, por ejemplo, ante el mantenimiento, frente al resto de grandes museos internacionales, de la prohibición de realizar fotografías en sus salas, se amparó en la “autenticidad de la experiencia cultural” para comunicar públicamente que dicha decisión quería incidir en su apuesta por “visitas de calidad, evitando en la medida de lo posible distorsiones y molestias que vayan en detrimento de la experiencia directa”.

 

 

 

Solemos olvidar que la experiencia directa del arte y la creación cultural no son hechos naturales, sino que son resultado de procesos de mediación, educación de públicos, sustrato educativo de la comunidad, el bagaje construido grano de arena y generación a generación en procesos de educación colectiva y socialización artística. En entornos económicos, sociales y políticos en los que las políticas culturales no se han caracterizado ni por incorporar un enfoque de derechos culturales, ni por proteger el tejido de cultura comunitaria frente al consumo cultural individualizado, ni por mimar presupuestaria ni laboralmente hablando, con la vista puesta en las generaciones futuras, planes consistentes y a largo plazo de educación artística y creación de públicos desde la infancia, ¿quién dicta lo que significa tener una experiencia cultural genuina y directa?

Un caso extremo de las consecuencias de esta dejación de la mediación, sustituida por la economía de la atención que se materializa en los “me gusta”, fue el caso denunciado hace unos años por Shahak Shapira ante las visitas “turistificadas” al Monumento al Holocausto en Berlín. Haciendo una selección de selfies tomados en el Memorial y publicados en diferentes redes sociales por los visitantes, realizó un fotomontaje cambiando la imagen del monumento por imágenes de archivo reales del Holocausto. La obra resultante “Yolocaust” contribuyó a la reflexión internacional sobre la banalización de la memoria, la cultura de la sobreexposición y la universalización a cualquier precio del deseo de ser mirados. Si hace unos días  se hacía global también la noticia sobre el numeroso grupo de turistas occidentales que aguardan colas de más tres horas en Bali para poder subir a sus redes sociales una foto trucada con un espejo frente al templo de Pura Lempuyang, quizá la pregunta pertinente sea qué es lo que obtenemos realmente de este tipo de experiencias basadas en la simulación, la descontextualización y el alejamiento de hecho de la simple experiencia directa. ¿De quién estamos buscando aprobación y qué ansiedades sofocamos como sociedad a través de la búsqueda de likes con la cultura y el patrimonio como fondo de pantalla?

 

 

Quizá antes de refugiarnos en discursos elitistas que, ante la degradación de la experiencia de determinados modelos de turismo cultural, enarbolen la necesidad de restringir el acceso a los bienes culturales o traten de naturalizar el hecho del disfrute cultural (ya saben, el gen invisible por el que las personas ricas nacen amando la ópera), quizá sería más interesante preguntarnos cómo estamos construyendo como sociedad lo que entendemos tanto por ocio como por vida cultural.

Si el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute forma parte de los derechos humanos quizá tengamos que plantearnos en qué condiciones puede darse efectivamente la protección de este derecho, teniendo en cuenta que en su dimensión más voraz también se va a hacer caja sustituyendo por cultura para el turismo selfie la experiencia estética.

 

 

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

Ley de derechos culturales

 

(Todas las imágenes pertenecen a la iniciativa, impulsada por Julien de Casabianca, Outings Project, que lleva las obras de los museos a asaltar, por amor, la calle)

 

 

“Universalidad, diversidad y libertad son, en efecto,

los valores que forman la columna vertebral de los derechos culturales»

(Ley foral de derechos culturales de Navarra)

 

Desbordadas por un clima de polarización política que tiende a sofocar los ritmos lentos que requiere la construcción de lo mínimamente perdurable, así como habituadas al sesgo por el que damos por hecho que toda innovación cultural en España ha de venir de Madrid o Barcelona, corremos el riesgo de pasar por alto el hito que supone la ley pionera en derechos culturales aprobada hace unas semanas en Navarra.

Sabiendo que propuestas de ley de estas características, sin ser “propuestas electorales estrella que movilicen a las masas” sí son pasos muy importantes para la profundización democrática en nuestro país y contienen en su enunciación tanto el reconocimiento a la diversidad actual que caracteriza a la sociedad española, como una visión de futuro asentada en la apertura, la inclusión y el reconocimiento de la universalidad, podrían ser (deseo) punta de lanza de los programas culturales de signo progresista en las próximas elecciones autonómicas en España, como paso previo a la promulgación de una Ley de derechos culturales a nivel estatal (mientras no consigamos su reconocimiento explícito constitucional tal y como nos enseñó América Latina, yo no me olvido).

 

Me detengo, por tanto, en alguno de los ejes planteados en la Ley foral de derechos culturales de Navarra tanto por su concreción como por las líneas de trabajo futuro que señalan:

 

  • Supone un enorme avance el modo en el que incorpora en la legislación española la noción de identidad cultural ya reflejada en las Declaraciones Universales de la UNESCO sobre diversidad y protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo “la libertad de toda persona de elegir su identidad cultural y de decidir si participa o no y cómo en la vida cultural”  Este modo de referirse a la identidad siempre me recuerda esa reflexión bellísima de Avtar Brah: «el deseo de un hogar como algo distinto del deseo de una patria»

 

  • Es interesante el modo en el que  se han enmarcado las políticas culturales como “aquellas que defienden el valor de la cultura como bien común” y contribuyen a construir una sociedad más igual y democrática. Se establece así la correlación entre la protección y promoción de los derechos culturales con la defensa de la democracia. Sin diversidad no hay “demos”. Se refuerza este sentido de cultura como bien común con el reconocimiento del ecosistema cultural y creativo más allá de lo institucional y la centralidad que otorga al mapeo de iniciativas ciudadanas, así como al hecho de reflejar en el cuerpo de la ley el compromiso: “favorecerá y promoverá el procomún y la cultura libre”.

 

 

  • Relevante es también el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural, movilización que siendo más fuerte en Francia que en España, obtiene también aquí sus primeros frutos, logrando:

“La protección y reconocimiento de la función de las personas trabajadoras en el ámbito cultural y de las emprendedoras de las industrias cultural y creativas”

“Las personas dedicadas a la creación cultural, en cualquiera de sus formas, tienen derecho a ser tratadas fiscalmente de forma razonable, ecuánime y equitativa atendiendo, en su caso, a la irregularidad y naturaleza intermitente de los ingresos que provienen de esa actividad, así como a su carácter complementario de otras actividades profesionales o económicas”

 

  • Interesante, relacionado con la importancia que se le ha dado a las condiciones laborales y económicas de las trabajadoras del sector cultural, es también la apuesta por la creación de “fondos u otros instrumentos financieros que faciliten el crédito a las micro y pequeñas empresas de los sectores culturales”. Es una línea de acción importante (se recogió una acción similar en el Plan de Industrias Culturales y Creativas del Ministerio de Cultura para 2018, en funciones de intermediación de acceso a crédito) por lo que ayuda a visibilizar y dignificar el sector cultural como sector profesional y económico en entornos de empleo o asesoramiento de corte más generalista.

 

 

  • Me ha resultado inspiradora la llamada, en el reconocimiento al derecho a la producción cultural, a poner también el foco de atención sobre el derecho a difundir y distribuir los resultados del ejercicio creativo. Ciertamente apunta a un sesgo por el que nos hemos concentrado militantemente en la reclamación del acceso a la cultura, dejando desprotegido el flanco del “derecho a llegar a los demás”. Aquí está el nudo gordiano del poder, no nos engañemos. ¿A qué “culturas” pedíamos acceder?, ¿qué “culturas” no han tenido derecho a “distribuirse”?

 

  • Se recoge un merecido reconocimiento a las profesiones vinculadas y a la función de la mediación cultural y artística promoviendo el hecho de:

“favorecer el acceso y vincular al público al conocimiento y comprensión de los códigos culturales de las manifestaciones artísticas y culturales”

“favorecer la participación del público en la construcción de significados”

 

  • Pero sin duda, la Ley foral de derechos culturales es un enorme paso adelante para el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano, reconociendo no sólo el derecho al “acceso libre y equitativo al Patrimonio” sino al (nada gratuito) reconocimiento al “derecho a colaborar con su comunidad en la recuperación del Patrimonio”. Recogiendo décadas de lucha contra los procesos de las inmatriculaciones que en Navarra tomaron cariz de auténtico expolio, se recoge de modo explícito en la ley el hecho de que el acceso al patrimonio y el derecho a conocer su significado vincula también “a los bienes declarados de interés cultural cuya propiedad ostente la Iglesia Católica”. Por si acaso…

 

 

  • Interesante, por lo que animará acciones y debates en el resto de comunidades autónomas, es el hecho de reclamar la participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, huyendo de los peligros de la “turistificación” y falseamiento del patrimonio inmaterial de los territorios.

 

Esperanzada por el hecho de que en todo el articulado se haga referencia constante a la “inclusión de personas y grupos vulnerables”, a los derechos culturales de las personas con discapacidad, a la importancia de no olvidar en nuestras políticas culturales los derechos a participar en la vida cultural de las personas migrantes, a la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en todas nuestras acciones culturales (desde el diseño, hasta la estructura de los equipamientos, etc.), la lectura de la Ley foral de derechos culturales de Navarra supone un contraste iluminador respecto a la imagen de país reflejada en los medios de comunicación en las últimas semanas.

Yo debo vivir en el país diverso, libre y orgulloso del legado de sus pueblos que se contempla en esta ley. Espero que entre todas consigamos la Ley Estatal de Derechos Culturales muy pronto. ¡Sea!

 

#ActForCulture: adhesión a la petición de CAE para las elecciones europeas 2019

 

Desde este espacio (y desde la vida entera) nos adherimos a la campaña promovida por Culture Action Europe llamando a la movilización del sector cultural en las decisivas elecciones europeas del mes de mayo, apelando a la responsabilidad profesional colectiva del sector cultural europeo para poner en el centro del debate político la defensa de los derechos culturales y la diversidad cultural y la protección de los derechos humanos en Europa frente a los discursos del odio. Nos hacemos eco de su manifiesto por si alguien más quiere sumarse (los materiales de la campaña pueden descargarse aquí):

 

 

PETICIÓN DE CAE PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2019

 

Apropiación cultural y herencias negadas

“No tiene sentido hablar de derechos culturales fuera de un compromiso

vinculado a la economía política de la dignidad”

El pluralismo sostenible y el futuro de la pertenencia

Arjun Appadurai-Katerina Stenou

 

Surgían en los últimos diez días tres noticias encadenadas que llevaban al centro de la actualidad los debates sobre la apropiación cultural y que nos obligan a desarrollar estrategias de actuación en nuestro país tanto para afrontar las deudas históricas y memoriales relativas a esta cuestión, como a implementar medidas de protección frente a los nuevos modelos de presión extractiva en el campo cultural.

Por un lado volvía a ser actualidad la siempre postergada pero siempre anunciada devolución de bienes culturales africanos a sus países de origen por parte de Francia, piedra en el zapato para Macron que está tratando de, tras las críticas recibidas el pasado año, reconvertir este tema en uno de sus ejes de auto-imagen estratégicos en este Año Europeo del Patrimonio; la cancelación del musical “Slav” dirigido por Robert Lepage basado en cantos de esclavos estadounidenses bajo las protestas de la comunidad negra canadiense por apropiación cultural,  y, volviendo a España, la denuncia por plagio a Dolce & Gabbana por parte de los pueblos gallegos Vilariño de Conso y Viano do Bolo, que han visto cómo sus bordados tradicionales de carnaval han terminado en las pasarelas de alta costura a precios exorbitados sin reconocimiento ni mención alguna al trabajo de generaciones de artesanas gallegas. Aprovechando, una vez más, para alertar del hecho de que las estrategias de presión extractiva que hemos conocido en sus vertientes más feroces en América Latina están siendo introducidas en Europa por nuestro “fuera de foco” medio rural, quería aprovechar la oportunidad para recuperar aquí (es del 2016) uno de los trabajos documentales más inspiradores (al menos para mí) de los últimos años que ha tratado de llevar al centro la necesidad de dirigir nuestra mirada en España a nuestras deudas de apropiación cultural y herencias negadas, por si pudiese servirnos de referencia para seguir avanzando en alguna de las líneas que traza.

 

 

Me refiero al trabajo desarrollado por el director Miguel Ángel Rosales en su documental “Gurumbé, canciones de tu memoria negra” en el que, a través de la puerta de entrada de la musicología traza un proyecto muchísimo más ambicioso en el que nos confronta con la negación histórica de la herencia cultural africana en España. De su trabajo recupero para esta semana de robos culturales:

 

La potencialidad de la pregunta ¿quiénes faltan en nuestro conocimiento como país?

En el diálogo de gran fuerza política que logra tejer entre diferentes disciplinas sociales y humanísticas (musicología, historia, antropología…) se hacen evidentes los huecos, los vacíos, las líneas de poder discursivas que han logrado negar campos completos de herencia cultural en España, en concreto todo el legado de la afrodescendencia en la península Ibérica. En este Decenio Internacional para los Afrodescendientes sería importante abordar, más allá de acciones puntuales o de imagen y si realmente queremos hablar en serio, este enorme “no dicho” español relativo tanto a su protagonismo en las rutas comerciales de la esclavitud como al reencuentro con nuestras propias raíces diversas del pasado para afrontar con mayor amplitud y reconocimiento nuestra diversidad del presente.

 

La urgencia de revisión de los contenidos curriculares escolares

A través de un metraje de hora y media llega a abochornar el silencio (mejor dicho, el vacío, no es lo mismo) con el que aún seguimos educando a nuestras generaciones más jóvenes respecto a nuestro propio pasado colonial y a los debates críticos sobre la construcción histórica de nuestro propio racismo y nuestras ausencias simbólicas y memoriales. Se repite por parte de todos los investigadores la necesidad de que esta dimensión entre de una vez por todas en los contenidos curriculares escolares.

 

 

Actualización de las narrativas esclavistas

En el trabajo audiovisual de Rosales aparece una línea en la que sería interesante profundizar. Al bucear en el propio pasado esclavista de la península Ibérica se hacen muy evidentes los procesos de actualización de viejas narrativas de esclavitud que bajo nuevos ropajes siguen operando en la actualidad. Es una línea educativa preventiva. Cuando te confrontas con crónicas del siglo XVI en las que se detalla la desesperación de las madres africanas en el puerto de Lisboa ante la separación forzosa de sus hijos, el riesgo de tibieza con las mismas prácticas en el presente desaparece por completo. ¿Qué papel está jugando España, por ejemplo, en las estrategias memoriales sobre la esclavitud que está desarrollando la UNESCO? ¿Tenemos algún papel? ¿Le estamos dando alguna importancia a esta dimensión educativa y lo que podría aportar a nuestro presente, teniendo en cuenta la gravísima vulneración de derechos humanos de la Frontera Sur?

 

Cooperación cultural, esclavitud y banca española:

Junto a la necesaria confrontación pendiente con el pasado esclavista que está en el origen de los principales bancos españoles, sería importante poner el foco con mayor intensidad sobre la interrelación entre las actuales políticas comerciales y las políticas de cooperación cultural con África. Con el riesgo de neocolonialismo siempre sobrevolando la escena, sería interesante replantearnos una vez más qué criterios de partenariado económico validamos en nuestra cooperación cultural con África y si no sería un paso previo impostergable asumir y reparar el peso que la trata de esclavos tuvo para la banca española.

Me quedaría por tanto con tres tareas pendientes:

  • ¿cómo estamos afrontando los temas vinculados a la apropiación cultural en nuestro país?, ¿cómo nos relacionamos con nuestra apropiación cultural del pasado y afrontamos los retos del extractivismo cultural del presente?
  • ¿cuáles serían nuestros “vacíos de país” y cómo remediarlos?
  • ¿qué criterios desde un enfoque de derechos humanos siguen los partenariados económicos de la cooperación cultural española, especialmente con África y qué canales de comercialización cultural asegurarían una interrelación en igualdad con el continente?

 

 

Cuidar el legado: ante el 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural

                          (Alcázar de Sevilla)

 

“Desarrollar un discurso auténticamente democrático y participativo en cuanto al patrimonio europeo, incluido el de las minorías religiosas y étnicas (…) pidiendo a los estados miembros que reflexionen sobre la ética y los métodos de presentación del patrimonio cultural y que tengan en cuenta la diversidad de interpretaciones.”

Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo

 

Ante la grave crisis que afronta la construcción y adhesión a la muy maltrecha y siempre en disputa “identidad europea”, expuesta ante su propia sombra tanto en el nuevo auge de los fascismos como en su trato a los refugiados y el grito permanente de su frontera sur y espoleada por las grietas cada vez más visibles en el sentido de pertenencia a un espacio común que declara la ciudadanía europea, la Unión Europea ha nombrado el 2018 como Año del Patrimonio Cultural, tratando de, apoyándose en la memoria y legado común, reconstruir de algún modo el marco de los valores compartidos europeos.

Teniendo en cuenta que entre los objetivos generales del Año Europeo se ha optado por una visión economicista del patrimonio frente al más que urgente paradigma de socialización y protección del patrimonio desde un enfoque de derechos humanos, quería aprovechar esta última entrada del año para plantear algunos temas que podríamos incluir en la agenda y el debate público aprovechando la celebración anual, como herederas y herederos que somos llamados a cuidar y celebrar nuestro común legado:

  • El 2018 puede ser una buena oportunidad para debatir acerca de los procesos de apropiación discursiva del patrimonio para el apuntalamiento de identidades excluyentes. Llevar al centro los propios criterios de selección y su construcción sobre qué merece preservarse y qué no, qué patrimonio sí es representativo de la «identidad europea» (y merece, por ejemplo el Sello de patrimonio europeo, dada su «relevante aportación a la historia de Europa») y cuál no, con qué narrativas se arropan nuestras políticas de patrimonio, qué papel está jugando la ciudadanía en estos procesos, así como llamar la atención sobre aquellos temas que suelen quedar subordinados será una tarea interesante para el 2018. La gravedad, por ejemplo, del uso excluyente del patrimonio que está haciendo la ultraderecha polaca, la utilización discursiva por parte del gobierno de Macron del Año Europeo del Patrimonio Cultural para resucitar el fantasma de la grandeza de la «civilización europea» o, en el más cercano caso español, la argumentación de la candidatura de Numancia a la Lista de Patrimonio de la UNESCO, que frente al obvio marco de su papel de resistencia frente al Imperio, que permitiría su hermanamiento con otros lugares de resistencia clásica como Alexia o Masada, haya optado por un discurso de herencia nacional-católica, nos muestran la importancia de llevar nuestra atención a estos procesos.

 

(Alcázar de Segovia)

 

  • Frente al más diluido encuadre de la “gobernanza participativa” del patrimonio centrado fundamentalmente en el diálogo entre los diferentes niveles institucionales, ¿qué papel ha de jugar la ciudadanía tanto en la puesta en valor y protección del patrimonio como en todos los procesos de construcción memorial y resignificación de espacios? Teniendo en cuenta que una de las líneas de acción previstas para el 2018 se centra en el debate sobre la resignificación de espacios religiosos y militares, será interesante ver cómo logramos democratizar realmente estos procesos.

 

  • El Año Europeo del Patrimonio Cultural nos permitirá también abordar sesgos importantes en las actuales políticas de protección: la presión de la esponsorización que deja desprotegidos campos completos de nuestro patrimonio cultural (patrimonio documental, archivos…); el sesgo rural-urbano en la protección patrimonial; la protección del legado patrimonial de las mujeres en toda Europa.

 

  • Junto al tradicional enfoque del tráfico ilícito de bienes culturales presente entre las acciones estratégicas del Año, centrado especialmente en la política exterior, afrontar el debate sobre el más cotidiano lucro alrededor de la compra-venta de bienes culturales, el peso y estela de las inmatriculaciones para nuestras actuales políticas de protección del patrimonio, así como los desequilibrios norte-sur tanto dentro de la propia Unión Europea relativos a la restitución de bienes culturales salidos de forma ilegal tanto de territorios de estados miembro como en el marco de sus relaciones culturales internacionales haciendo frente a las reclamaciones de responsabilidad y restitución activas acerca de su pasado colonial.

(Alcázar de Sevilla)

  • El marco que nos ofrece el 2018 puede ser una buena ocasión para llevar al centro de nuestra agenda cultural la exigencia de la coherencia inter-políticas. El llamamiento presente en el documento europeo de referencia “Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo” para la búsqueda de sinergias entre las políticas de protección del patrimonio cultural y las políticas medioambientales, podría reactualizarse para poner el foco de atención sobre las consecuencias del cambio climático sobre la salvaguarda del patrimonio, especialmente el gastronómico y los paisajes culturales, así como para abordar la incompatibilidad entre la política comercial y las actuales negociaciones de tratados de libre comercio de la Unión Europea y sus políticas de protección del patrimonio, especialmente en su labor de cuidado de los conocimientos locales, la preservación de la autenticidad patrimonial, la digitalización del patrimonio y el derecho al libre acceso por parte de la ciudadanía al mismo o las medidas de protección de la diversidad lingüística europea.

 

  • El 2018 puede ser también una oportunidad interesante para remarcar la importancia de la educación artística y humanística y la necesidad de crear espacios de relación intergeneracionales que permitan un acercamiento al patrimonio de un modo más emocional y directo, reforzando así el sentido de comunidad y pertenencia del que tanto se está doliendo la realidad europea.

 

Junto a todo lo anterior, la pregunta de fondo de siempre frente a la oficialidad de nuestros legados: ¿qué y quiénes han quedado fuera de lo considerado como herencia a preservar por los Estados?, ¿cómo iluminar los márgenes para dejarle a las siguientes generaciones un legado de más amplitud,mayor  respeto a la diversidad y polifonía?

Aprovechando esta última entrada del 2017, para quienes se asomen a este espacio (¡hola, me hace feliz que estés ahí!), el deseo, de todo corazón, de que en el 2018 seamos felices y logremos ser cada día más humanamente cálidas, cálidos.

 

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

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La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.

Inmatriculaciones o la verdadera Cultura de la Transición

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Todavía me llama la atención el hecho de que el análisis de la denominada “Cultura de la Transición” -el modelo que relata la intrincación entre intereses económicos, grupos mediáticos, procesos creativos y partidos que consolidó el Régimen del 78- haya dejado prácticamente fuera de su foco de atención precisamente el área en la que el continuismo entre la dictadura franquista y la democracia es más sangrante: la propiedad y gestión del patrimonio.

Al margen de los grandes escándalos relacionados con este tema, como fue el caso de la Mezquita de Córdoba, la atención específica de algunos medios o la reciente creación de la Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, la movilización de plataformas ciudadanas y ayuntamientos del medio rural en defensa de su patrimonio aún encuentran serias dificultades para hacerse un hueco de impacto en la agenda mediática nacional y llegar a gran parte de la opinión pública .

Si, como dice Amador Fernández Savater “la Cultura de la Transición se asegura siempre el monopolio de los temas y los enfoques”, la crítica a la propia CT ha dejado fuera de foco, por su mayor incidencia en provincias despobladas y el medio rural español, uno de los campos en los que los privilegios otorgados por el franquismo permanecen a día de hoy intactos.

Tal y como vienen denunciando las diferentes plataformas que integran la  Coordinadora, el procedimiento de inmatriculación de bienes propiedad de los pueblos por parte de la Iglesia Católica viene realizándose desde 1946, cuando la dictadura franquista otorgó poderes a los obispos para inmatricular (inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien que no estaba registrado) con un simple certificado y sin acreditar título de propiedad. Este mecanismo se ha visto perpetuado en tiempos de democracia bajo un sistema de dudosa constitucionalidad.

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Como sabemos, no existe hasta la fecha ninguna relación pública de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y la falta de transparencia al respecto es total, incluyendo aquellos procesos en los cuales estos bienes patrimoniales inmatriculados están siendo utilizados por parte de los obispados para obtener crédito hipotecario. La solicitud de datos al Ministerio de Justicia, tal y como recoge Jesús de Larrainzar en el libro “No Robarás” quedó saldada con la mínima respuesta institucional “no es un área de nuestra competencia”.

La incorporación, junto a ayuntamientos, especialistas y plataformas vecinales, de la iglesia de base en la recién creada Coordinadora estatal, a través de la presencia de Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, nos señala que más allá del fantasma del anticlericalismo y los miedos electoralistas que esta acusación lleva aparejados, la respuesta al problema de las inmatriculaciones en nuestro país es una lucha democrática contra los privilegios. Al fin y al cabo, España es uno de los países que se sumó a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial de 1972 de la UNESCO en la que se sostiene que, frente a intereses económicos particulares que imposibiliten el acceso al patrimonio de los pueblos, “(para poder transmitirlo a las generaciones futuras) los Estados han de instituir servicios de protección de su patrimonio (…) adoptando las medidas jurídicas y administrativas necesarias”.

Lo que está, por tanto, sobre la mesa con este tema es en realidad uno de nuestros mayores déficits democráticos como país, poniendo de relieve que la jerarquía católica y sus privilegios forman parte indisoluble del andamiaje del Régimen del 78, privilegios jerárquicos que, como ya hemos dicho, por interés netamente electoralista, se han mantenido inmutables desde la Transición.

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(Monasterio de San Miguel de Escalada, inmatriculado por el Obispado de León)

En el 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en sentencia de 4 de noviembre de 2014 tuvo que declarar arbitrario el procedimiento por el  que la Ley Hipotecaria española equiparaba el certificado de cualquier obispo católico al de otros funcionarios públicos. Tanto el Partido Popular como el PSOE, meses más tarde,  impidieron la presentación del recurso de inconstitucionalidad que hubiese podido declarar nulas con efecto retroactivo las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta la fecha, condenando a particulares y ayuntamientos a un larguísimo calvario de presentación a título individual de recursos de inconstitucionalidad bien por bien en toda España.

Por todo ello, se hace evidente que desde el campo de las políticas culturales deberíamos retomar, tal y como está demandando incesantemente la sociedad civil, este caballo de batalla precisamente en este periodo post-electoral en el que va a ser necesario un replanteamiento profundo del texto constitucional, teniendo en cuenta , no sólo que el problema de las inmatriculaciones apunta a uno de los ejes de flotación y centro de gravedad claves del Régimen del 78, sino que incide además sobre el necesario fortalecimiento de nuestro Régimen Local y, tal y como hemos señalado otras veces, la necesidad de una mayor clarificación y dotación competencial municipal en materia de cultura.