Derechos culturales para un mundo rural vivo

Derechos culturales para un mundo rural vivo

 

 

Como es un privilegio haber tenido la oportunidad de compartir reflexión este mes en forma de editorial para la Fundación Interarts, dejo por aquí el enlace al mismo por si generamos conversación España-América Latina y ponemos en el centro del diálogo el papel que pueden desempeñar las políticas culturales para la protección de los derechos humanos y la construcción de horizontes de futuro para un mundo rural vivo a nivel internacional. ¡Hagamos que llueva!

 

DERECHOS CULTURALES PARA UN MUNDO RURAL VIVO

Estefanía Rodero

“La pluja ve de llocs y sap coses.”

Canto jo i la muntanya balla, Irene Solà

Teniendo en cuenta el clima internacional que propicia este 2022, año clave en el que cada una de nosotras está aportando como puede su pequeño grano de arena para lograr un cambio de paradigma en las políticas culturales, que pongan de una vez a las personas en el centro, y que tendrá como punto álgido, entre otras citas importantes, la celebración del Mondiacult en México a finales de septiembre; y celebrando también que el avance legislativo en materia de derechos culturales -sin duda propiciado por el impulso y la reivindicación constantes del municipalismo y las culturas comunitarias y artes inclusivas- va propagándose silenciosa y tenazmente por todo el país, no podemos dejar pasar por alto la oportunidad de ampliar esta conversación y clima efervescente de intercambio hacia nuestro mundo rural, que no puede quedarse atrás ni sentirse fuera.

Junto a las temáticas comunes que sin duda comparten las propuestas para la protección de los derechos culturales en nuestras ciudades, será muy interesante abrir los brazos a las problemáticas específicas que afrontan nuestros territorios. Así, desde los conocimientos locales y en diálogo fecundo con diversas aproximaciones técnicas, será un reto de futuro plantearnos ejes más amplios de actuación:

  • ¿qué cambios tendremos que articular en nuestras políticas de patrimonio, por ejemplo, para que la protección de la memoria biocultural sea transversal y eficaz y el cúmulo de conocimiento vinculado al trabajo de la tierra se considere como lo que es, nuestra herencia?
  • ¿qué supondría socializar y democratizar las políticas vinculadas al paisaje cultural, más allá de las dimensiones habituales relacionadas con el turismo, haciendo emerger la presión que sufre su protección ante el modelo agroindustrial neoliberal?; ¿qué supondría escuchar, quizá, propuestas como la presentada recientemente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para abrir nuestras políticas de paisaje cultural a sus dimensiones interculturales, incluyentes y afectivas?
  • ¿cómo vamos a integrar, sin duda a través de un serio diálogo y una buena articulación rural-urbana, medidas más eficaces para la protección del expolio y mercado negro de arte y patrimonio rural que sobrevuela como un buitre tenaz sobre nuestros pueblos? ¿Cuándo vamos a crear el ¡monumento y homenaje! que merecen especialmente las mujeres mayores rurales como grandes custodias y guardianas de nuestro patrimonio? ¿Vamos a reconocerlas como lo que son, defensoras activas de nuestros derechos culturales? ¿O vamos a seguir excluyéndolas por ceguera como fuente de conocimiento transformador y radical para el presente?
  • ¿podemos permitirnos no crear comisiones técnicas reales y eficaces para el debido seguimiento de la devolución de los bienes inmatriculados en nuestros pueblos? Interpelando a toda la institucionalidad cultural que actúa sobre el territorio rural, ¿de verdad no vamos a apoyar a nuestros gobiernos locales, especialmente los más pequeños, en esta ardua labor administrativa y vamos a dejar pasar por alto lo conseguido por el impulso de la sociedad civil como nos muestra la Coordinadora Recuperando?
  • ¿verdad que podríamos soñar diálogos y encuentros bibliotecarios rurales ¡que tomasen la ciudad! y que apoyándose en el poder del libro liderasen la creación de nuevos imaginarios de respeto y reciprocidad rural-urbana?
  • Por favor, compañeras mías de sector, ¿podría alguien explicarnos por qué aún no existe a estas alturas en la Red Rural Nacional un grupo de trabajo especializado en cultura que tenga como objetivo incorporar con toda la fuerza en la agenda política, ¡al menos! alguno de estos temas? ¿Sería necesario explicar que el momento para impulsarlo, sobran los motivos y la urgencia, es AHORA?

 

Estoy convencida de que el sector de las políticas culturales va a lograr reivindicar su importancia y su protagonismo a la hora de crear nuevos modelos más justos de relación rural-urbana, sabiendo como sabe que la agenda rural es también una poderosa agenda internacional y que para los avances legislativos en materia de derechos culturales puede ser especialmente fecunda en el diálogo entre España y América Latina. Desde la conquista ¡para todas! de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales está protagonizando avances clave también para las políticas culturales como es el proceso en la ONU para el logro de un Tratado Vinculante para empresas transnacionales en materia de derechos humanos del que el sector cultural en España no puede seguir desentendiéndose, sintiéndose al margen y no interpelado quedándose fuera.

 

De modo que ilusionándonos juntas por la justa tarea, como escribe Irene Solà sabiendo que la lluvia viene de sitios y sabe cosas, os invoco danzando como a las gotas de lluvia y ¡hagamos que llueva!

 

1.- Revista Biodiversidad, La memoria biocultural, Victor M.Toledo y Narciso Barrera-Bassols

2.- IUCN Publications, Cultural and spiritual significance of nature

3.- Coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia

4.- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

5.- Stop Corporate Impunity

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro (Conversaciones en Confinamiento, Trànsit Projectes)

 

Ha sido un placer poder participar en el ciclo Conversaciones en Confinamiento organizado por Trànsit Projectes alrededor de las oportunidades abiertas para la cultura en el espacio rural.

Junto a Gemma Carbo, directora del Museu de la Vida Rural – Fundació Carulla y presidenta de la Fundació Interarts; Jorge Fernandez León, director de programas de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y Patrono de la Academia de España en Roma & Angel Mestres, director de Trànsit Projectes (con aportaciones de Colectivo Lento) se ha entrelazado la Conversación en Confinamiento V: La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro. Muchas gracias por la invitación, la incitación, la maestría y la palabra.

Por si quieres asomarte a la conversación y las puertas abiertas de la cultura en el medio rural:

 

La cultura en el espacio rural ante su oportunidad de giro, Conversaciones en Confinamiento V, Trànsit Projects

Alerta Expolio (El Correo Vasco, diciembre 2019)

(Artículo escrito para El Correo Vasco, diciembre 2019)

Hace unos días, el periodista cultural Peio H.Riaño volvía a poner el foco de atención sobre una de las áreas de sombra más importantes que ha de afrontar con urgencia la política cultural española: el expolio silencioso de obras de arte religioso, el patrimonio vinculado a la Iglesia en España que continúa sin inventariar, el nutrido mercado negro de arte sacro que vampiriza nuestro derecho al patrimonio, especialmente en la España Vaciada. Si bien esta vez se trataba de la escultura granadina de Santa Margarita de Cortona de José de Mora puesta a la venta en una subasta en Nueva York, cambian los nombres de los conventos que ponen en venta las obras, cambia el tipo de bienes culturales con los que se mercadea, pero permanecen los trucos, los nadie sabía nada, la inacción, las triquiñuelas.

Junto al saqueo de arte sacro que sufren especialmente las pequeñas iglesias y ermitas de los pueblos, más vinculado a la venta en el mercado negro a particulares, se están normalizando procesos de venta y desarticulación de complejos patrimoniales religiosos de mayor calado. Los bancos y retablos del convento granadino de Las Clarisas que aparecieron por arte de magia en El Rastro de Madrid, el desmontaje de obras y traslado del convento de Mula en Murcia, los chistes maliciosos sobre los tráiler de arte religioso que salían de Burgos a Centroeuropa cada semana son sólo una pequeña muestra de una realidad que viene exigiendo una actuación pública de nuestra política cultural de mayor firmeza.

Este expolio silencioso y por goteo es uno de los síntomas evidentes de lo que las expertas en patrimonio ya han bautizado como la tercera desamortización, la progresiva desaparición y privatización del patrimonio cultural material e inmaterial atesorado en conventos, monasterios, edificios religiosos presentes en todo el país que, ante la ausencia de vocaciones, van cerrando progresiva y silenciosamente sin que hayan sido nunca inventariados, controlados, reconocidos por ninguna autoridad pública. Al fin y al cabo, seguimos esperando desde 1987 que el inventario de bienes culturales de la Iglesia sea definitivamente realidad o al menos que se exija una fecha límite para que dicho inventario sea algo más que un brindis al sol que a nadie interesa.

Como han repetido numerosas veces tanto Jaime Nuño, director del centro de estudios del románico de la Fundación Santa María la Real o el escultor y dibujante experto en arquitectura Miguel Sobrino gracias a la investigación que llevó a cabo para la redacción de su obra “Monasterios” y que compartió en el encuentro de urgencia El patrimonio cultural: problemas, soluciones y expectativas organizado por Peridis el pasado verano,  sobre esta desaparición y venta progresiva del patrimonio religioso español planean arzobispados que no pueden intervenir sobre edificios de diferentes órdenes, gestionadas como marcas propias, fuertes sentimientos de propiedad por parte de las órdenes religiosas que conciben lo atesorado siglo a siglo en templos y conventos de clausura como herencia particular de la orden pero sobre todo lo anterior, la tentación de la presión privatizadora, especialmente la hotelera.

 

Si la venta de conventos y monasterios como lotes de piedra a subasta nos parecía una aberración del pasado que no se volvería a repetir nunca en España hasta que la aparición de los primeros anuncios de conventos en venta en los principales portales inmobiliarios de nuestro país nos sacó de la ensoñación, quizá sería importante plantearnos cómo vamos a articular movimientos de recuperación de todo este legado patrimonial en los que estén presentes tanto la ciudadanía como la Administración Pública.

El riesgo del mercado negro de arte en España va de la mano también de la creciente despoblación del mundo rural español y las provincias más pequeñas y en general de la ausencia de masa crítica que pudiese dar un uso participativo y vivo a estos espacios, tal y como se ha vivido en algunos procesos de recuperación del patrimonio industrial, con los nuevos usos de las fábricas culturales o con iniciativas para los “mientras tanto” como el Espacio ZAWP de Bilbao. No conviene olvidar que están siendo principalmente las asociaciones vecinales las que están dando la voz de alarma en los medios ante la desaparición de los bienes culturales religiosos.

Sería importante también cambiar nuestra percepción social sobre los riesgos que lleva aparejado el mercado negro de arte de cualquier signo, una actividad que se ha beneficiado de cierto halo de misterio y romanticismo, pero que en pleno siglo XXI  es, entre otras, una herramienta básica para el blanqueo de capitales así como una de las fuentes de financiación esenciales del terrorismo internacional, como quedó demostrado con la venta de las “antigüedades de sangre” en el mercado negro europeo, y cuyas piezas arqueológicas de Siria e Irak fueron utilizadas para la financiación del yihadismo.

Al fin y al cabo, como alertó la relatora de derechos culturales Farida Shaheed “considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural”. Pues bien, alerta por expolio en nuestro país, a qué esperamos.

 

Tejedoras contra Goliat (El Correo Vasco, 25 de junio de 2019)

#Méxicosinplagio

Hace unos días la prensa internacional se hacía eco de la petición de explicaciones públicas realizada por la Secretaría de Cultura de México a la diseñadora Carolina Herrera por la utilización en su última colección de elementos textiles tradicionales de diversos pueblos indígenas, petición de explicaciones que también se viralizó en twitter bajo los hashtag #Méxicosinplagio #SinLasComunidadesNO, buscando la colaboración y la consciencia ciudadana frente a este tipo de robo.

Si bien el plagio textil a estas comunidades, pese al marco de protección de la Declaración de la UNESCO de sus derechos, viene siendo recurrente y es un delito que no para de crecer, desde España aún vivimos estas situaciones como realidades exóticas y ajenas, a pesar de que muchas veces sean empresas textiles españolas las que estén implicadas en estos delitos de apropiación. El hecho de que las artesanas textiles y bordadoras centroamericanas hayan estado los últimos años en pie de guerra, especialmente frente al plagio de la industria textil china todopoderosa en la región, consiguiendo con sus movilizaciones grandes logros legales, ha pasado totalmente desapercibido en España, como si este tipo de situaciones no fuesen una amenaza también para la cultura en nuestro país.

Nada más lejos de la realidad. Contrasta la respuesta del Gobierno mexicano con la pasividad que han mostrado las instituciones españolas frente a situaciones similares de plagio a la que han tenido que hacer frente, entre otros, los pequeños municipios gallegos de Viana do Bolo y Vilariño de Conso, que han visto cómo el trabajo textil realizado tradicionalmente por las mujeres de sus pueblos para su Carnaval ha sido copiado por la marca Dolce&Gabbana en una de sus últimas colecciones.

Si bien existe un mayor grado de alerta y sensibilización social frente a otro tipo de robos vinculados a la cultura, aún tenemos que desarrollar nuevos grados de conciencia frente a estas fórmulas de apropiación, teniendo en cuenta que se dan en la esfera internacional y que suelen enfrentar a colectivos o territorios especialmente desprotegidos y vulnerables frente a gigantes empresariales transnacionales con una gran fuerza publicitaria y de comunicación.

 

 

Si desde el mundo rural español , por ejemplo, aún estamos esperando respuesta, a pesar de todos los esfuerzos del Museo Arqueológico Nacional, frente a casos sonados de expolio, como el siempre postergado proceso de restitución de los restos arqueológicos de Castiltierra, apropiados por el nazismo con el beneplácito del régimen franquista, encontrándonos día sí y día también con noticias referidas al tráfico ilegal de obras de arte robadas en nuestros pueblos -la más reciente la desarticulación el pasado mes de abril de una banda de tráfico ilegal de restos arqueológicos con una notable implantación en Andalucía que contaba en su haber con más de 3700 piezas patrimoniales-,  no queramos imaginar la dificultad con la que se encuentran los pequeños municipios en el caso de los procesos de robo vinculados al patrimonio inmaterial.

Se suele olvidar que cuando hablamos de estas formas de apropiación y plagio, más vinculadas a conocimientos tradicionales, de lo que estamos hablando también  es, en la mayor parte de los casos, de invisibilización del trabajo de las mujeres, grandes guardianas informales de la riqueza patrimonial en nuestro país. ¿O quienes limpian ermitas, cosen mantos, bordan trajes tradicionales, custodian baúles, cajas de galletas llenas de fotos, adornan balcones, preservan recetas, custodian informalmente la memoria de un país?

En el mercado internacional actual más preocupado por  las artesanías que por las artesanas, por el producto que por las condiciones laborales o económicas de quienes lo hacen posible, se están empezando a alzar voces – que deberían tener un reflejo en la futura Ley de derechos culturales española hacia la que sin duda avanzaremos– alrededor de dos grandes reivindicaciones: en primer lugar la justa remuneración a las creadoras originales de los diseños y el reparto equitativo con las comunidades creadoras de dichas artesanías de los beneficios que obtengan las grandes marcas con la explotación de sus diseños.

 

Si ante otros escenarios de expolio cultural de grandes dimensiones la comunidad internacional ha sido capaz de ponerse manos a la obra, como a través, por ejemplo, del proyecto de las Bibliotecas central y regional de Berlin para la restitución a los propietarios originales de los libros robados al pueblo judío durante el Tercer Reich o como a través de la puesta en valor de la figura de grandes heroínas en la defensa del Patrimonio frente al robo de arte como lo fue Rose Valland, tendremos que empezar a debatir con mayor rigor en España sobre cómo vamos a protegernos frente a estas nuevas fórmulas de explotación económica que amenazan a nuestras culturas, teniendo en cuenta que habrá que impulsar medidas de protección mucho más concretas y eficaces para ese tesoro a cielo abierto y sin guardián que es la España rural que se vacía.

Si como dice el dicho, “cuando bebas agua, recuerda la fuente” quizá ante situaciones como las que afrontan estos pequeños pueblos ante el plagio de las grandes marcas de moda internacionales tengamos que pararnos a pensar: a quiénes se plagia, por qué resulta tan sencillo y barato apropiarse del legado común recibido generación tras generación. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa y descubramos que detrás de cada bordado robado, de cada creación plagiada, lo que se esconde en realidad es el dolor de manos trabajadoras que crean.