Pan y rosas hoy: el empoderamiento económico de las mujeres

(Todas las imágenes hacen referencia a la movilización global por los derechos de las trabajadoras domésticas)

 

Para todas las que me escuchan, pan y rosas, pan y rosas

 

Hace unas semanas, la Secretaría General Iberoamericana presentó un informe de conclusiones importante  “Estrategias legales para el empoderamiento económico de las mujeres” en el que se ponían en el centro los obstáculos legales a los que aún tenemos que enfrentarnos las mujeres de la región para poder acceder en igualdad de condiciones a la gestión de nuestro propio dinero. Como, para mi sorpresa, esta línea de acción básica para el impulso de la riqueza de los pueblos, no encontró las portadas ni la apertura de telediarios que merecía, queriendo sumarme yo también a este impulso y al debate al que invita, recopilé parte del conocimiento vivo que en relación a la economía cotidiana de las mujeres toca día a día mis oídos, mi jornada laboral y «la-embajada-que-siempre-recibe-a-altas-dignatarias-llegadas- de-todos-los-pueblos-del-mundo-a-las-que-llamáis-migrantes» y en la que los faltos de espíritu ven una simple mesa.

 

Teniendo en cuenta la resistencia profunda que subyace ante el hecho de negarnos a ser encasilladas como “consumidoras”, esa suculenta parte del pastel que supone hoy día conquistar a las mujeres como “mercado”, para reivindicarnos hoy e históricamente como productoras de riqueza, invisibilizada tradicionalmente por los instrumentos de medición del PIB, estamos asistiendo, desde distintos focos y matices pero con un horizonte común, a la reivindicación del reconocimiento de las mujeres como lo que son: la abundancia de sus pueblos.

Cuando escucho, desde el centro de mi corazón, hablar a las mujeres de su empoderamiento económico me cuentan:

  • El reconocimiento del derecho a la tierra como derecho humano, prioridad estratégica del feminismo global:

Aunque hemos venido hablando de este tema en ocasiones anteriores (aquí y aquí), tanto en España como en Europa esta emergencia se percibe como “algo que queda lejos”, como si parte de la migración económica femenina y crisis de refugiadas pudiese desvincularse de los efectos que produce la creciente degradación de la calidad del suelo, sus efectos sobre la alimentación y el hambre, el acaparamiento de tierra y persecución a defensoras territoriales o el creciente desmantelamiento del tejido económico local frente a la presión de las transnacionales (Inciso para periodistas en la sala: ¿de verdad no va a haber ningún periodista que ponga en el centro de la cobertura de la Caravana migrante centroamericana un análisis con perspectiva de género que denuncie las consecuencias devastadoras para toda una sociedad que ha tenido la adopción de las Zonas Económicas Especiales y el modelo laboral de la maquila sustentado en la explotación laboral extrema de las mujeres? Si degradas económica y laboralmente a las mujeres, por los índices de repercusión económica local que tiene tradicionalmente el empoderamiento económico de las mujeres -gastamos nuestro dinero CERCA, en producción local, en niveles muy superiores a los hombres, reinvertimos tradicionalmente los beneficios en nuestro entorno-, las comunidades se desintegran, lo que muere es un país). El reconocimiento del derecho a la tierra es una prioridad estratégica feminista global que actualmente está en disputa en el seno de Naciones Unidas y de la que España no puede ni debe desentenderse. Cual mantra de este espacio, lo vuelvo a repetir: la presión extractiva en el Sur global, llega a Europa por nuestro Sur rural europeo.

 

  • La desigualdad económica no salta a la vista: redefinición cultural de los criterios de éxito económico y riqueza

 

Entre las cosas más sorprendentes que me han enseñado las mujeres se encuentra el aplastante éxito que el modelo del “homo economicus que tiene que competir a muerte en un mundo de escasez” ha tenido sobre nuestros imaginarios cotidianos. El reparto doblemente desigual para las mujeres de la riqueza y los recursos está felizmente enmascarado bajo la fantasía de la escasez. Suelo romperme varias veces al día al escuchar a mujeres absolutamente aplastadas por el sobreesfuerzo decir que quizá no se han esforzado lo bastante para alcanzar el éxito económico en un mundo en el que la feminización de la pobreza ha llegado a naturalizarse. Deben ser mis ojos, que cada vez que escucho la palabra “abundancia”, son incapaces de comprender qué realidad materialmente concreta se esconde bajo el índice Dow Jones y, sin embargo, se solazan en campos de trigo y amapolas y en manos que amasan pan. Hay una inmensa tarea cultural pendiente en esta dirección, reconquistar la definición colectiva de riqueza y volver a vincularla con la inmensa paciencia de la tierra (el ecosocialismo nos tira con un zapato por tardar tanto en llegar)

 

 

 

  • Discurso iberoamericano sobre emprendimiento en Europa:

Entre las muchas cosas que el espacio cultural iberoamericano ha conquistado para el resto está su disputa sobre la conceptualización del emprendimiento. El modo en que ha logrado vincularlo con criterios de refuerzo comunitario y visión territorial, el impulso al emprendimiento socio-cultural como modo tanto de protección como de reactualización del patrimonio cultural, su apuesta por los modelos de emprendimiento inclusivo y el impulso estratégico decisivo del emprendimiento de las mujeres vinculado a procesos más amplios de empoderamiento desde la base (otro mantra de esta web: no en balde la Carta Cultural Iberoamericana lleva en su seno la apuesta por la economía social de la cultura) chocan con el abrasador y dicotómico debate en España “emprendimiento panacea/emprendimiento Satanás”, apartándonos del reconocimiento de las posibilidades que la innovación social también desde la empresa puede tener tanto para nuestros territorios como para la reconstrucción de comunidad (¿no teje el pequeño comercio ciudad?).

 

  • Sindicalismo feminista e interseccional:

 

Hay una escena de “La ciudad no es para mí” que a veces me sirve como metáfora íntima de país y me hace sonreír por dentro. Es una frase de Paco Martínez Soria que, dolido ante esa nuera que reniega y se avergüenza de sus orígenes rurales, del hambre y el trabajo del que procede, espeta: “Tanto Luchy, tanto Luchy y se llama Luciana”. Viene continuamente a mi memoria cuando la realidad laboral de las trabajadoras domésticas y las internas toca en cualquier grado mi día a día, el barómetro del CIS de mi mesa. España: tanto Luchy, tanto Luchy y te llamas Luciana.  A la petición permanente para ampliar el conocimiento de los derechos laborales de las mujeres en nuestro país, se une la emergencia de impulsar un nuevo modelo, fuera del formato “liberado”, de sindicalismo feminista e interseccional que logre articular respuestas a las cadenas de explotación en las que participamos las mujeres. Para mí, sin duda, la punta de lanza para el avance de los derechos laborales de las mujeres en todo el globo (junto a las mujeres campesinas) está representada por la lucha de los derechos de las internas, trabajadoras domésticas sobre las que se está encarnando la sombra del ficticio boom económico español y cuya explotación, en muchos de los casos en régimen de auténtica semi-esclavitud, está dándose en la reclusión de nuestros espacios domésticos. Hemos pasado de ser un país que, en su domesticidad, besaba los mendrugos de pan antes de tirarlos a la basura a convertirse en centros de explotación laboral hacia mujeres migrantes, racializadas. La protección y fuerza sindical del sector, aunque ya presente, aún es escasa y son la clase obrera más vulnerable de este país. Asi que, como escucharían mis abuelas castellanas los domingos, habrá que decir: “Que manden obreras a esta mies, que la labor es mucha.”

 

 

  • Incidencia feminista en la política económica: techos de cristal y suelos pegajosos A LA VEZ

Quienes queremos apostar por una mirada y participación social, económica, política entrenada en el reconocimiento de la interdependencia, no podemos caer en la trampa de las falsas dicotomías. Los techos de cristal que impiden a las mujeres el acceso a la toma de decisiones y los suelos pegajosos de la precariedad son un continuo de explotación, el final de ambos, desde una mirada de integración, se dará a la vez. El hecho de que las mujeres seamos sólo el 8% de las inversoras en este país y que en ese 8% se haya refugiado gran parte de la inversión socialmente responsable y de impacto social también es una prioridad: las mujeres estamos fuera de la decisión sobre qué sectores productivos MERECEN crecer e impulsarse y sobre qué criterios tomamos en cuenta como país para definir qué es lo rentable. A lo mejor, si ocupamos este espacio, quién sabe, logremos desarrollar indicadores en productos de inversión que certifiquen que la explotación hacia las mujeres ya no cotiza en Bolsa y repliquemos en todo el tejido empresarial lo que, para el tejido social feminista, nos han enseñado iniciativas de financiación como el Fondo Calala.

 

  • Genealogías económicas de las mujeres

¿Cuál ha sido la relación histórica de las mujeres con el dinero?, ¿incorporamos también las heridas de explotación económica entre mujeres, “las criadas y las señoras”, el dolor punzante de las cholas?, ¿cuál ha sido nuestra aportación diferencial a la riqueza de nuestros países?, ¿qué hicieron nuestras mayores para sobrevivir económicamente, cuáles fueron sus estrategias frente a la pobreza, frente al hambre?, ¿cómo crearon cajas de resistencia?, ¿quiénes se batieron el cobre para que las siguientes pudiésemos tener acceso a nuestro dinero?, ¿quiénes consiguieron estos cambios legales?, ¿qué empresarias amamos nosotras sin que nos las imponga nadie?, ¿qué redes de solidaridad económica entre mujeres se saltaron todas las barreras sociales habidas y por haber para avanzar juntas?, ¿lograremos que sean duelo de país algún día nuestras muertas en accidentes laborales?

 

  • Salud mental y empoderamiento económico de las mujeres:

La pobreza y la precariedad tienen un impacto devastador sobre la salud mental de las mujeres. El tejido emocional de la precariedad está asentado sobre la vergüenza y el sentimiento de soledad de muchas de ellas. En un reciente informe del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid sobre la situación laboral de las mujeres migrantes, todo el mundo quedó sorprendido por un puntaje inesperado: su prioridad demandada no era trabajo, la prioridad era salir de la pandemia contemporánea de soledad. Los climas laborales enrarecidos por la temporalidad y las prácticas depredatorias, la individualización y retorno al espacio doméstico del trabajo de las mujeres y la desigualdad en la capacidad de negociación están teniendo un efecto de lo más real no sólo sobre la salud física, sino sobre la salud mental de las mujeres en nuestro país. El dolor de las demás es nuestro.

 

Recojo pues, por aquí, un hilo más para este reto global, impulsada también por un recuerdo. Cuando una de mis castellanísimas bisabuelas, tratando de salir de la persecución política, la guerra y el hambre se plantó en mitad de un corral y empezó a cobrar por arreglar bicicletas con sus propias manos, estaba empoderando a las mujeres futuras de un país. En reconocimiento a ti y a todo lo callado en aquel gesto, bisabuela, hoy seguimos.

Palabras que cuentan: comunicación y economía de la credibilidad

 

(Artículo escrito para el número de despedida de la Revista Pueblos que puedes leer aquí)

Allá por el año 1980, la publicación de la UNESCO “Un solo mundo, voces múltiples”, más conocida como Informe McBride, que pretendió generar alternativas a las desigualdades comunicativas globales para promover así una cultura de paz, ya alertó sobre el hecho de que los medios de comunicación funcionaban de facto como instrumentos de poder claves para perpetuar la desigualdad económica global,  la estandarización de contenidos y fuentes de información sería imparable si no se articulaban con urgencia medidas de protección que garantizasen el acceso a canales informativos múltiples y que cada vez se hacía más urgente impulsar la elaboración de un código de ética periodística mundial.

Desde este Espíritu McBride (que sería tan interesante impulsar de nuevo dentro de las actuales negociaciones del Tratado vinculante de la ONU sobre Transnacionales y derechos humanos), que en su momento provocó tanto el silenciamiento y ostracismo de Sean McBride como la salida de la UNESCO de los EEUU de Reagan, ofendido por la defensa de la diversidad mediática global, me gustaría concentrarme, por su urgencia para el presente, en la naturaleza del derecho al acceso a la comunicación como un derecho humano.

Si tenemos en cuenta el papel central que juegan los medios de comunicación como creadores y transmisores de cultura, es obvio pensar que, entre otras aristas, no existe protección del derecho a participar en la vida cultural en condiciones de igualdad sin que la comunicación esté al alcance de todos en términos de dignidad humana y no discriminación, así como dentro de marcos legales que protejan el derecho a la identidad cultural, uno de cuyos elementos más evidentes sería la protección de la diversidad lingüística.

 

 

Los medios de comunicación juegan un papel determinante para la creación de climas de respeto o persecución, entre otros, de los derechos culturales y de las minorías, dada su capacidad para construir y legitimar visiones del mundo y redes de significado que definen “lo que realmente existe”, “lo que deviene real” merced a su acceso a la representación y la visibilidad.

El derecho a la comunicación como derecho humano no se centra por tanto tan sólo en el derecho a recibir información, en la protección de la pluralidad de lo recibido, sino en la capacidad generadora de esa misma información. Sin tener acceso a los instrumentos a través de los cuales se construye el sentido, se identifica lo que es relevante y no, lo que participa en el desarrollo y evolución de valores y conductas plausibles y en general a las herramientas por las que se construye “la realidad que se ve” (y por lo tanto que definen también las zonas de silencio y sombra) no se puede hablar en ningún caso de respeto a los derechos humanos.

Desde esta mirada a los medios de comunicación como legitimadores de discursos y conductas y constructores de “la voz pública”, la definición de quién tiene derecho a hablar y quién queda relegado del derecho a la palabra, sería urgente llevar nuestra mirada crítica tanto para el corto como para el medio plazo hacia lo que Dolores Juliano ha denominado los “criterios de credibilidad”. Como afirma Dolores Juliano, “los sectores que tienen mayor poder monopolizan a su favor el supuesto de veracidad (…) Se da así una correlación directa entre poder y credibilidad”, por la que los sectores con mayor acceso al poder y por tanto con mayor control mediático, logran presentar sus intereses como algo objetivo y universal.

 

 

Si queremos atender al llamamiento a la reciprocidad en el intercambio de información que reclamaba el Informe McBride es fundamental que atendamos, por tanto, a la construcción social de la credibilidad y al acceso a la comunicación como un elemento constructor de soberanía llevando nuestra atención y análisis hacia:

  1. La producción mediática de la ausencia y la inexistencia, como ha señalado Boaventura de Sousa en su identificación de cómo se construye “la alternativa no creíble de lo que existe”, siempre en términos de alguno de estos 5 ejes: lo ignorante, lo retrasado, lo inferior, lo local/particular y lo improductivo. El vacío informativo, por ejemplo, de la realidad rural e interior de España podría ilustrar de modo elocuente este punto.
  2. La exotización cultural como forma de simplificación y silenciamiento, dado que, si como afirmaba Fanon “en la posesión del lenguaje hay un modo de ejercitar el poder”, la condena a ser hablados y esencializados impide cualquier discurso contextualizado y en primera persona. Los suplementos de viajes de los grandes grupos mediáticos en España, que desgajan los destinos de cualquier marco contextual ejemplifican este eje.
  3. La dimensión lingüística de la credibilidad, dado que todo lo que queda fuera del “globish” como lo ha bautizado François Jullien, será desacreditado como perversión de lo universal que, obviamente, ha de nombrarse en la lengua de los centros económicos de poder.
  4. El desarrollo de una nueva sensibilidad hacia los privilegios epistémicos atendiendo a los conocimientos denegados como tales, a las razones por las que se deslegitiman esos conocimientos y a quienes los poseen y a la identificación de los intereses económicos que subyacen en la validación del conocimiento. Toda la gama de expertos presentes en medios de comunicación y sus criterios de selección, así como el papel legitimador que juegan para afianzar el paradigma de los rankings del conocimiento mundial nos sirven de ejemplo.
  5. La invisibilización de la posición desde la que se habla y el control de la perspectiva y campo de la percepción como mecanismos legitimadores del poder. La naturalización del lugar de enunciación como si fuese un espacio de neutralidad aséptica, y que contribuye a negar las tensiones y luchas por el acceso a la enunciación y al papel que juega para lograr imponer interpretaciones válidas para todos los miembros de una sociedad.
  6. La homogeneidad presente en los espacios de “respetabilidad de la palabra” y de “construcción de prestigio” (en su vertiente económica, social y cultural) así como la imposición de genealogías intelectuales y de referencialidad que apuntalan la voz válida y que ayudan a construir pertenencias: eres de los nuestros si te referencias en los nuestros.
  7. ¿Qué climas emocionales necesitamos generar para que un determinado discurso sea eficaz y creíble? Resulta muy interesante analizar las estrategias emocionales que suelen seguirse para deslegitimar las voces críticas en los medios de comunicación (estrategias que pueden llegar a ser mortíferas como estamos viendo en la persecución a defensoras de derechos humanos en toda América Latina):
    • Infantilización de quien comunica.
    • Degradación y ridiculización espectacularizante.
    • Utilización de clichés para fines como los que apunta Santiago Alba Rico: “el cliché no degrada al otro solo para dominarlo más fácilmente sino para exonerar al vencedor de toda responsabilidad”
    • Utilización de la vergüenza y la estigmatización como herramienta de silenciamiento público.

Es por todo ello por lo que debemos seguir enmarcando el derecho a la comunicación como derecho humano y eje central para la soberanía real de los pueblos ya que como afirma Achille Mbembe los medios de comunicación tienen capacidad “para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”, y por tanto la falta de acceso a los mismos es una forma de violencia que retroalimenta al resto, definiendo qué vidas importan y qué muertes no.

 

De la injusticia epistémica y el extractivismo cognitivo: un diálogo

 

 “La palabra legítima le pertenece a los de arriba, los de abajo dan insumos.”

Silvia Rivera Cusicanqui

“Es obvio que determinadas ventajas materiales generarán la pretendida ventaja epistemológica.”

Miranda Fricker

“La alternativa al extractivismo es la reciprocidad profunda.”

Lianne Simpson

 

Terminaba de leer estos días (gracias a la recomendación reiterada en el blog del maestro Fernando Broncano, El laberinto de la identidad), el libro de la filósofa Miranda Fricker Injusticia epistémica que ha estado dialogando de modo permanente en mi cabeza con la denuncia que desde la teoría descolonial y los pueblos indígenas de toda América se está articulando respecto al papel central que está jugando el extractivismo cognitivo (la apropiación de artefactos culturales y conocimientos, por ejemplo así) en la consolidación del neocolonialismo neoliberal. Como muchas de las dinámicas de apropiación y expolio territorial vividas en su gradación más violenta en América Latina se están trasladando en una versión suavizada pero con idéntico afán extractivista al cada vez más despoblado medio rural europeo y español, me parece urgente tal y como afirma también Miranda Fricker “desarrollar formas nuevas de analizar la ética del poder en nuestra vida en cuanto sujetos de conocimiento”.

Como vienen denunciando desde hace décadas autoras como Silvia Rivera, Lianne Simpson, Ramón Grosfoguel… , es necesario desarmar los ejes sobre los que se sostiene la mentalidad extractivista, la apropiación de todo objeto cultural, tecnología o idea producida por las culturas indígenas (y añado yo aquí, colectivos minorizados o en posiciones subalternas) que sea útil para quienes ostentan el poder, siendo extraida y asimilada sin tomar en cuenta a los pueblos que han producido dichos conocimientos, invisibilizando a sus creadoras, descontextualizando y despolitizando sus aportaciones.

Partiendo de la base de que el “extraer sin devolver es el principio de destrucción de la vida”, la necesidad de construir reciprocidad, de avanzar hacia el reconocimiento del principio de reciprocidad no sólo en el intercambio entre culturas sino como eje rector para la construcción de alternativas sociales y políticas en el siglo XXI, nace con idéntico carácter de urgencia que la alerta ante la cooptación sistemática de “palabras fetiche” (el “buen vivir”, el “Ubuntu”…) descontextualizadas y previamente desarmadas de su capacidad transformadora. La llamada reiterada de Silvia Rivera a iluminar las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima, la lucha por el control de las palabras que dominan la agenda redunda en la necesidad de hacernos más sensibles como sociedad ante la persistencia de las injusticias epistémicas como una de las facetas clave que perpetúan la opresión.

 

 

En esta línea el trabajo de Miranda Fricker nos dota (al menos así lo he sentido yo: balsámica) de herramientas prácticas de análisis para sensibilizar mirada y escucha ante lo que no se deja decir en las palabras y sí dicen los silencios.

Como explica Fricker:

La injusticia testimonial se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido; la injusticia hermenéutica se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Sería por tanto urgente llevar nuestra atención respecto a la economía de la credibilidad en nuestras sociedades: a quién se cree sistemáticamente, a quiénes no se puede creer, a quiénes “sobrecreemos”, a quién no se escucha de modo reiterado, quiénes son negados como sujetos de conocimiento válido, quiénes tienen que gritar para hacerse oír, quiénes aunque griten no son escuchados, quiénes tienen palabra, quiénes ya ni lo intentan.

“Toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento y, por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana; y el modo particular en que la injusticia testimonial lo produce es llevando a un oyente a lesionar a un hablante en su capacidad como portador de conocimiento, como informante.”

 

El respeto y el trabajo a favor de los derechos culturales vendría a ser una de las herramientas presentes para construir sociedades en las que disminuyésemos paulatinamente la injusticia epistémica, dado que ésta, especialmente en su carácter de injusticia testimonial es uno de los nutrientes clave de la ideología y los discursos del odio, dado que la fiabilidad epistémica se construye colectivamente alrededor del reconocimiento de la competencia y sinceridad de quien habla.

 

“Muchos de los estereotipos de los grupos históricamente desfavorecidos, como las mujeres, los negros o la gente de clase trabajadora, implican de diverso modo una asociación con algún atributo inversamente relacionado con la competencia, la sinceridad o ambos rasgos: exceso de emotividad, falta de lógica, inferior inteligencia, inferioridad evolutiva, incontinencia, falta de educación, falta de determinación moral, ambición desmedida, etc.”

 

“La exclusión es una forma habitual de injusticia testimonial: aquellos grupos sociales que están sometidos a prejuicio identitario y son, por ello, susceptibles de padecer un déficit de credibilidad injusto, también tendrán tendencia, por la misma razón, a que sencillamente no se les pida que compartan sus pensamientos, sus juicios ni sus opiniones. Este tipo de injusticia testimonial tiene lugar en silencio. La actuación netamente estructural del poder identitario puede controlar qué aportaciones acaban siendo públicas y cuáles no en función de quién las presenta.”

(Tenemos un ejemplo en España en relación al derecho a voto de las personas con discapacidad)

 

 

El papel que juega el poder identitario, el carácter distorsionador de los estereotipos compartidos por una sociedad tanto para desautorizar a determinados sujetos como portadores de conocimiento legítimo, así como para acallar directamente la diversidad de expresiones y aportaciones sociales, tendría que alertarnos ante nuestra posible “arrogancia epistémica”. La práctica reflexión de Miranda Fricker (junto al papel que juega esta dimensión en la vulneración de los derechos humanos) respecto al enorme desperdicio de conocimiento valioso sobre el que se asientan nuestras sociedades y organizaciones muestra el papel polifacético que puede tomar la injusticia epistémica, sin obviar en ningún momento la violencia real que se ejerce a través de las estrategias desplegadas para minar la confianza tanto en la propia opinión de los grupos subalternos como sobre sus propias capacidades intelectuales para analizar la realidad (la pérdida de confianza intelectual construida socialmente), a través entre otras de la invisibilización y referencialidad a la autoría (recuerdo aquí una “lucha perdida” hace años desde la Oficina de Igualdad de Género de la Complutense respecto a la importancia de visibilizar con nombre y apellidos a las mujeres en las bibliografías académicas, rompiendo la “comodidad” de las iniciales tras las que se escondía el género, Kristeva, J., ya saben), la negación de acceso a los espacios de poder –políticos, académicos, económicos…- en los que se negocian los significados sociales imperantes.

Por todo lo anterior, me resultan especialmente sugerentes tanto la invitación de Fricker como de los teóricos y activistas descoloniales para construir comunidades resistentes ante la injusticia epistémica, incorporando con urgencia esta sensibilidad también en el espacio español y europeo. Me quedo, por tanto, con las aportaciones de James Montmarquet recogidas por Miranda Fricker respecto a la necesidad de afianzarnos, frente a la humillación epistémica (cállate, tú qué sabes, tú quién eres para hablar) en la valentía intelectual: a) en la voluntad de concebir y examinar alternativas a las creencias sostenidas popularmente; b) en la perseverancia cuando haya que enfrentar la oposición interesada de los demás; c) en la determinación necesaria para llevar a término los proyectos.

 

 

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

El CETA que no amaba a las mujeres

Aprovechando la invitación de la periodista Esther Ferrero para incorporar este pasado lunes en su programa Coordenadas de Radio 3 una lectura feminista sobre los efectos que puede tener la aprobación del CETA en España (puedes escuchar el programa aquí), me gustaría sembrar en este espacio algunas de las reflexiones planteadas en la conversación, también con el portavoz de la campaña española #NoalTTIP, Tom Kucharz.

Como hemos venido analizando en relación con el TTIP (tanto desde una óptica feminista, como desde un análisis sectorial centrado en el impacto de los tratados de libre comercio sobre la soberanía cultural y el sector económico cultural español), la firma del tratado con Canadá, el CETA, viene a apuntalar el edificio neoliberal global que se sustenta en la peligrosa equivalencia entre los derechos de las transnacionales y los derechos de los pueblos. El veto que ha ejercido el bipartidismo en España a la propuesta de que el CETA fuese examinado por el Tribunal Constitucional y sometido a referéndum, dado el impacto del mismo sobre la pérdida de soberanía de nuestro país, debería hacernos reflexionar sobre qué intereses están realmente en juego. Tanto desde el campo de las políticas de igualdad como desde las políticas culturales en su espectro normativo internacional, la defensa del CETA es incompatible con algunas de las principales Declaraciones de la ONU y la UNESCO que han sido ratificadas por España, especialmente las relativas a la protección de los derechos laborales de las mujeres y la protección de la diversidad cultural.

 

 

Como ya dijimos en artículos previos sobre el TTIP, la lucha contra los tratados de libre comercio como epítome del modelo económico neoliberal debería ser una prioridad en la agenda feminista española, precisamente por la capacidad que tiene la firma de los mismos para desmontar con rapidez y oscuridad por arriba las principales medidas de protección y promoción de la igualdad conquistadas a pulso durante décadas. Teniendo en cuenta la amenaza económica a los Estados omnipresente gracias a la creación de los tribunales privados de arbitraje que velan para que no se aprueben legislaciones que puedan dañar los intereses económicos de las multinacionales ni pueda legislarse fuera del rígido corsé de los tratados, igualando democracias con intereses de mercado, no podemos obviar que para dichas empresas las medidas de igualdad se conceptualizan como costes a rebajar.

De igual manera, como vienen señalando las economistas feministas de nuestro país, la privatización de nuestros servicios públicos, implícita en todos los tratados de libre comercio, pero de un modo especialmente claro en el CETA con la privatización de los servicios de cuidado y protección de la tercera edad, pone en riesgo un alto porcentaje de puestos de trabajo de las mujeres en nuestro país, así como coadyuva, por la pérdida de cobertura estatal de servicios a la infancia y la dependencia, a la sobrecarga de las mujeres en su función de cuidadoras.

Aunque quizá sea el campo de la salud pública en el que el impacto de la firma del CETA tenga un sesgo de género más visible. El impacto que la progresiva privatización de los servicios de salud pública pueda tener sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, se suma al refuerzo comercial y publicitario de la medicalización y mercantilización del cuerpo de las mujeres, sin lugar a dudas un sector de consumo deseado y disputado.

Como ha alertado la Asociación por un acceso justo a los medicamentos, el aumento en la protección de patentes médicas incorporado en el CETA, aumentará el coste en las prescripciones de los medicamentos en España, lo que impactará especialmente en el acceso a la salud de nuestras mujeres mayores en las que se concentran algunos de los índices más alarmantes de feminización de la pobreza en España, sin olvidar que según datos del Barómetro sanitario estatal en 2015, 2,4 millones de españoles afirmaban no poder acceder a algunos de los medicamentos recetados por falta de ingresos.

Sin detenerme, por haberlo abordado en textos anteriores, sobre el impacto de estos tratados de libre comercio sobre el respeto a los derechos culturales en nuestro país (especialmente los vinculados a cultura y territorio y medidas de protección del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural), quería apuntar por último a los efectos que la liberalización del acceso a la compra y la contratación pública recogidos en el CETA tendrán sobre el respeto a la autonomía local y el principio de subsidiariedad en nuestro país. Aquellas políticas locales en las que se haya logrado la incorporación de claúsulas sociales, fomento de la contratación de cooperativas de proximidad o medidas genéricas en apoyo a la economía social, se verán en riesgo ante la aprobación del CETA, siendo contratos de servicios muy feminizados como el cuidado a mayores, la gestión de escuelas infantiles o servicios de ocio, los primeros en tener que competir con grandes grupos de gestión de servicios transnacionales que abaratan costes y con menores garantías de los derechos laborales de las mujeres.

Sumándonos con este breve apunte a la movilización planteada este 3 de junio contra el CETA, no está de más recordar la exigencia de soberanía recogida siempre por el feminismo latinoamericano: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Pues bien: tampoco en España.

De la tierra viva: mujeres, extractivismo y territorios

Hace unos días, con la  sordina habitual con la que salta, cuando salta, a medios nacionales la realidad que enfrentan nuestras provincias día a día, conocíamos la situación de hostigamiento legal que está viviendo María Cañaveras, una mujer jubilada de 68 años que se verá en el banquillo el 6 de abril por movilizarse contra la minería de tierras raras promovida por Quantum Minería S.L con el apoyo de la corporación local de su pueblo castellano-manchego, Torrenueva.

Leía esta noticia mientras de modo paralelo celebrábamos el logro conseguido por las defensoras de derechos humanos y del territorio en Centroamérica forzando a que la cámara legislativa de El Salvador, después de once años de lucha, haya aprobado por unanimidad la prohibición de la minería metálica en todo el país.

Que la nueva “operación Cóndor” sobre América Latina se cierne sobre las defensoras territoriales frente a los intereses de las industrias extractivas del Norte mundial, no sólo nos lo recuerdan los asesinatos de Berta Cáceres o Isidro Baldenegro, sino que nos lo demuestran cada día los tarahumara mexicanos, las comunidades lenca y garífuna en Honduras, nasa en Colombia, shuar en Ecuador, el pueblo mapuche, el guaraní en Bolivia, las defensoras del Yasuní ecuatoriano, Máxima Acuña en Perú y tantas otras comunidades en red enfrentando la violencia y agresiones por intentos de despojo-acumulación sobre la que se sostiene el edificio neoliberal global.

Como hemos comentado en otras ocasiones, el modelo extractivista está encontrando en el muy despoblado medio rural español un territorio propicio al que desplazarse, dado el menor índice, por realidad demográfica, de conflictividad local, unido al manto de silencio que acompaña su día a día. Si bien las agresiones a las defensoras territoriales no alcanzan la extrema gravedad que afrontan en América Latina, sí se están repitiendo, ante una generalizada pasividad tanto de medios de comunicación como de muchos partidos políticos, casos de hostigamiento legal, campañas de difamación personal y presiones de todo tipo por parte de las empresas mineras en muchos de nuestros pueblos españoles. Hostigamiento del que no podemos obviar el componente de género, dado el liderazgo que están ejerciendo muchas mujeres a nivel internacional en la defensa de los bienes comunes y “la tierra viva”. Desde mi punto de vista, es importante que reparemos también en la postergación reiterada que la relación mujeres-defensa del territorio sigue sufriendo en la agenda de reflexión y movilización feminista española que, para mí, no ha identificado aún la urgencia y centralidad que juega esta dimensión para el Sur de Europa. Comparto la más que inspiradora experiencia del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo que están realizando, entre otras acciones, una labor de reflexión sobre el extractivismo de la que podemos aprender mucho en España. Su publicación La vida en el centro y el crudo bajo tierra es un buen ejemplo de ello.

Debemos ser conscientes de que estos procesos de intimidación de defensoras siguen un mismo patrón, denunciado recientemente en una visita a México entre otros por Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y que reproduzco aquí:

«Los defensores de las comunidades indígenas o rurales me compartieron ejemplos que indican un intento deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias de «divide y vencerás» para lograr la aprobación de proyectos a gran escala. Me preocupa la presión ejercida sobre  los integrantes de la comunidad para que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las empresas o  las autoridades locales como una minoría, que actúa en contra del interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.

Las personas líderes de la comunidad y los defensores de los derechos ambientales y tierras que se oponen a proyectos de gran escala enfrentan violencia de personas que están relacionadas con compañías que participan en esos proyectos. Esta violencia generalmente queda sin castigo ya que cuenta con el apoyo tácito o explícito de las autoridades locales. De acuerdo con los informes recibidos, las y los defensores de derechos humanos serían presionados para que desistan de sus actividades a través del uso de la criminalización de los líderes, granjeros o ambientalistas opositores indígenas (acusados de delitos ordinarios). He recibido varios testimonios de casos en los que los defensores de derechos indígenas y ambientales han sido un blanco de agresiones en relación con su trabajo»

 

Observamos que los métodos utilizados son los mismos en América Latina y España aunque con diferente gradación. Desde mi punto de vista, si seguimos manteniendo esta problemática que está afrontando en solitario nuestro medio rural en un segundo plano, problemática que también se encuadra en algunos casos en la persecución al activismo promulgada por las Leyes Mordaza y el retroceso generalizado de la libertad de expresión en España, estaremos dejando el campo abierto (nunca mejor dicho) a la progresiva “multinacionalización extractiva” de nuestros pueblos frente a modelos más cuidadosos ante las siguientes generaciones.

 

Las amistades peligrosas: TTIP y cultura europea

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Si bien a medida que las filtraciones sobre las negociaciones secretas entre la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el Tratado de Libre Comercio llegaban a la opinión pública europea y generaban grandes movilizaciones en las principales ciudades denunciando la falta de transparencia del proceso y la presión de los lobbies multinacionales frente a los intereses ciudadanos, no es menos cierto que en dichas movilizaciones el papel del sector cultural europeo, frente a los colectivos ecologistas, feministas o sindicales, ha sido menor. Sin embargo, las negociaciones del TTIP apuntan directamente a algunos elementos clave que han definido las políticas culturales europeas hasta el momento y que merecen un análisis más detallado.

La soberanía cultural en riesgo.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra el de la pérdida de soberanía cultural de los Estados y el riesgo de que medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión puedan ser denunciados frente a los tribunales privados de arbitraje que contempla el TTIP alegando daños a los intereses económicos de las grandes multinacionales. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad cultural europea, especialmente en el ámbito lingüístico y los efectos que un posible desmantelamiento de estas medidas de protección pudieran tener sobre su permanencia y riqueza.

TTIP, Cultura y mundo rural europeo

Otro de los elementos clave de la negociación del TTIP que está generando mayor rechazo y en el que convergen las movilizaciones ecologistas, culturales y de defensa del mundo rural es el relativo a la controversia sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense. Estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas están vinculadas a conocimientos tradicionales vinculados a pueblos autóctonos, también reconocidos por la UNESCO y llevan aparejadas formas de trabajo agrícola y ganadero que permiten el mantenimiento de determinados paisajes culturales que se verían en riesgo frente a los procesos uniformizadores de la agroindustria. El impacto sobre la economía rural europea, la cultura gastronómica y paisajística, así como el efecto que todo ello tendría sobre la ya alarmante despoblación son los argumentos que se están planteando en la movilización.

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La excepción del sector audiovisual

Sin embargo, hay un sector que, no sin enfrentamiento, ha sido excluido de las negociaciones por parte de la Unión Europea  bajo amenazas de bloqueo llevadas a cabo por algunos estados miembro. Se trata del sector audiovisual, campo de batalla ya conocido en la Organización Mundial del Comercio, dado el gran desequilibrio internacional existente respecto a la poderosa industria estadounidense. No en vano, los EEUU alcanzan los 13.000 millones de dólares en exportaciones vinculadas a este sector y su industria del entretenimiento es su segunda mayor fuente de exportaciones, frente a las dificultades que encuentra el cine europeo para hacerse un hueco en el mercado audiovisual estadounidense, que encuentra en su propia catalogación por edades, su diversidad lingüística y el carácter marginal de las salas de cine no comercial en EEUU, barreras difíciles de sortear. No son nuevas las reflexiones profesionales respecto al riesgo de la americanización de la cultura a nivel internacional (ya Canadá, sin ir más lejos, dejó fuera este mismo sector en la aprobación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá) y la consecuente influencia y homogeneización de hábitos, imaginarios y valores que lleva aparejada la distribución masiva de contenidos audiovisuales. El sector cinematográfico europeo teme que las cuotas de exhibición en salas y de emisión televisiva de contenidos europeos estén en riesgo ante la firma del TTIP. También hace un llamamiento a los políticos europeos para que sorteen las presiones de los grandes lobbies tecnológicos (Google, Netflix) que están peleando para que la distribución on-line de estos mismos contenidos audiovisuales no sea considerada cultura y pueda así incorporarse por otras vías a la negociación del TTIP.

El sector tecnológico europeo ante el uso de patentes

El sector tecnológico también ha dado la voz de alarma. Su principal preocupación reside en la armonización legal entre la UE y EEUU en relación a las patentes de software, mucho más restrictiva en el caso europeo, y que llegada su liberalización, según el sector, frenarían el desarrollo del software libre y dejarían la innovación tecnológica y científica exclusivamente en manos de aquellos que pudiesen pagar las tarifas por el uso de dichas patentes. De igual modo temen la desigualdad y desprotección legal ante la que se encontrarían las Pymes y autónomos frente a las multinacionales llegado el caso de posibles litigios por el uso de las mismas.

Pero no sólo son las patentes, señalan. La protección de datos y la propiedad intelectual cuentan con un nivel de protección muy diferente a ambos lados del Atlántico. Mientras en la UE la protección de datos es reconocida como un derecho fundamental, la transferencia y comercio de datos por parte de las empresas en EEUU es muy permisiva y el derecho a su protección está contemplado como un derecho del consumidor. El riesgo de que la armonización legal se dé a la baja es uno de los ejes clave de la movilización ciudadana contra el TTIP tanto en EEUU como en la Unión Europea. También la protección en materia de propiedad intelectual está en entredicho, dado que mientras la legislación europea protege la titularidad de las obras prohibiendo su enajenación, en EEUU está permitida la venta total de derechos.

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El sector editorial y la batalla por el precio fijo

Caso aparte merece la inclusión del sector editorial en las negociaciones, que no ha contado con la misma protección que el audiovisual, bajo el convencimiento de que corre menos riesgo de ser absorbido por la industria editorial estadounidense. Sin embargo, los sindicatos y gremios de editores europeos han mostrado su preocupación por el peligro que pueda llegar a correr en las negociaciones la política del precio fijo de los libros, garantía de la bibliodiversidad, que protege al sector de la concentración editorial y permite la supervivencia de pequeñas librerías y editoriales frente a gigantes comerciales. Defienden también la importancia del papel de las pequeñas librerías en el paisaje urbano frente al auge de la gentrificación de los centros monumentales e históricos europeos, en los que dichos grupos comerciales se ven beneficiados por todo tipo de ventajas fiscales. Frente a las palabras tranquilizadoras que reciben por parte de la Comisión Europea, el sector editorial recuerda la multa que interpuso la misma Comisión a Francia cuando defendió que el libro electrónico debía ser considerado libro y por tanto tributar igual que los libros en papel.

Ante todo ello, la cultura europea está haciendo un llamamiento para unificar sus respuestas, más allá de los intereses sectoriales de cada una de las ramas afectadas, con el fin de ejercer una mayor presión conjunta y reivindicar su protagonismo en la planificación de las políticas culturales europeas, abriendo espacios para el debate y la participación ciudadana, generando lazos y compartiendo estrategias con el resto de colectivos afectados por el TTIP y reivindicando la defensa de la diversidad cultural como eje clave de la identidad europea.

 

 

El TTIP contra las mujeres

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Publicado en Pikara Magazine el 16 de enero de 2015

Publicado en Viento Sur el 11 de marzo de 2015

 

Hace unos meses Lourdes Benería manifestaba que el feminismo en Europa no había cuestionado con la suficiente fuerza lo que nos traía el modelo neoliberal, que no había introducido como algo central este tema en su agenda. No estábamos haciendo el suficiente hincapié en que cada vez es más profundo el conflicto entre capital y vida. Veíamos a nuestras compañeras latinoamericanas movilizarse contra el NAFTA, contra el ALCA, generar nuevos frentes contra el libre comercio, salir a la calle bajo el lema “somos mujeres, no mercancías”, pero aunque desde las redes internacionales se seguían y conocían estos procesos, la “maquilización”, se consideraba más un tema de apoyo a las redes feministas que como un tema PROPIO de nuestra agenda.

Pues bien, ya tenemos en casa el caballo de Troya, se requiere información, acción y respuesta porque, como ya se ha dicho, no se trata de un enfrentamiento entre EEUU y Europa, sino un abuso del poder corporativo y multinacional frente a la soberanía democrática.

ENTRANDO DE LLENO EN EL ASUNTO:

¿Qué nos estamos jugando las mujeres con la aprobación del TTIP?

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Sabemos que el proceso de negociación no está centrado en el tema arancelario, sino en la “cooperación reguladora”, es decir, normativas a la baja. Pues bien, ¿cuál es la “normativa más baja”?

EEUU es la única democracia que no ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, no reconoce (al igual que Irán, Somalia o Sudán del Sur) al CEDAW, ni ha firmado el protocolo del mismo que, con sus fallos y lentitudes, permite las denuncias individuales por discriminación y la investigación internacional. Precisamente han sido los grupos que ahora se están sentando a negociar con la UE los que frenaron el proceso de ratificación, es decir: grupo conservador, el fundamentalismo religioso estadounidense y el sector empresarial, en base a tres argumentos, revestidos de ética, con efectos comerciales:

  • “Obligar a los EEUU a pagar a hombres y mujeres lo mismo por igual trabajo atenta contra las bases del sistema de libre comercio y es un ataque a nuestra soberanía” (Senadora Wendy McElroy)
  • La garantía de los derechos sexuales y reproductivos –públicos y gratuitos- y la libertad sexual son contrarios a los derechos religiosos, que prevalecen. “Son incompatibles con la tradición y la política de los EEUU que defienden la maternidad y ven a la maternidad con el mayor honor y respeto” (Y benefician a la sanidad privada)
  • La coeducación y la corresponsabilidad atentan contra los valores tradicionales de la familia “Son incompatibles con la tradición y la política de los EEUU que defienden la maternidad (Y sustentan los cuidados que permiten que el capitalismo funcione)
  • Entre los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que EEUU no ha firmado se encuentran:
    • Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
    • Apoyo a trabajadores/as con responsabilidades familiares.
    • Trabajadores/as domésticos.
    • Año 2000, Convenio sobre la protección de la maternidad (regulan los permisos, prestaciones, derecho a la lactancia)

El riesgo en el proceso de negociación comercial, que contempla todas las protecciones laborales que buscan la corresponsabilidad como COSTES a eliminar, es que las empresas europeas que los aceptaron obligadas y a regañadientes (como nos recordó el Círculo de Empresarios la semana pasada) por las legislaciones nacionales, aprovechen la coyuntura para presionar a los gobiernos, en aras del beneficio económico y el éxito comercial, para desregular y retroceder en este campo.

Nos preocupa también que, a través de la puesta en marcha de los tribunales ISDS, que equiparan multinacionales y estados soberanos a través de un burdo sistema de arbitraje, puedan sancionar en aras de los daños comerciales, políticas públicas de fomento de la corresponsabilidad que para nosotras son muy importantes, como la ampliación de los servicios públicos de guardería en el periodo de 0 a 3 años o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles, ampliados y pagados.

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De igual manera, en los procesos de privatización de servicios públicos y recortes en el Estado del Bienestar que están en juego, por la feminización del empleo público (precisamente por el mayor cumplimiento de las leyes de protección en lo público que en lo privado) lo que se destruye es empleo de calidad de las mujeres, transformándolo en empleo precario. Mientras nuestro secretario de estado de comercio, Jaime García –Legaz afirma que el TTIP creará 144.000 empleos, el Centro de investigación de política económica de los agentes de banca de Londres estiman en dos millones los empleos en riesgo entre EEUU y la UE. Las multinacionales no generan puestos de trabajo, aumentan sus beneficios, pero la creación de empleo nunca ha sido una prioridad, está siempre vinculada a la PyME.

Igualmente, cuando se recortan servicios públicos, aguantan el “shock social” las mujeres, haciéndose cargo de la sostenibilidad del bienestar y la vida, y minimizando los efectos de los recortes en servicios para la infancia, la salud o la dependencia. Sabemos también que en el caso de rentas altas, estos recortes se solventan traspasando las labores de cuidados a las mujeres del Sur, emigrantes, con el efecto devastador que tiene sobre sus propias sociedades de origen.

Siguiendo en la línea del avance de la precariedad, hay un área también muy feminizada, los servicios a las empresas y las comunicaciones y el sector cultural (la ICC) que también se van a ver afectados -el sector audiovisual, por la fuerte denuncia que ha tenido en Francia en su defensa de la excepción cultural parece que de momento se va a quedar fuera-. Reflexionando sobre los riesgos de la “maquilización de Europa”, pienso que nuestra maquila no va a ser tan industrial, como una maquila de la creatividad y el conocimiento. Contratos a tiempo parcial, trabajos desde casa que ahorran costes, negociación en solitario, jornadas eternas, efectos desocializadores que vuelven a invisibilizar el trabajo de las mujeres y que tienen una correlación sobre la salud y el bienestar (el aumento del consumo de psicofármacos). Como decía Benería sobre el hecho de haber sido poco tajantes, hemos hablado mucho de techos de cristal, que son muy importantes, que beneficiaban privilegios de clase, y no tanto de “suelos pegajosos” del riesgo de institucionalizar la precariedad, convertirla en norma y recortar la autonomía económica (con los efectos que tiene sobre la superación de la violencia de género o el día a día de familias monoparentales).

CONFLUENCIA CON EL ECOLOGISMO

En el proceso de confluencia del feminismo con la denuncia ecologista del TTIP ponemos el foco especialmente sobre la gran industria de la mercantilización y medicalización del cuerpo de las mujeres (no en vano L´Oreal es la segunda gran fortuna europea por detrás de Inditex, dos ejemplos de multinacionales con un patrón de consumo muy generizado y a la vez con una responsabilidad evidente sobre la explotación laboral de las mujeres del Sur). Pues bien, mientras que la UE prohíbe la utilización de 1200 sustancias químicas en este sector, EEUU prohíbe sólo 12, por lo que si en los procesos de negociación se va a la baja, la exposición a sustancias nocivas estará también generizada, a la vez que a través de la desregulación de la protección de datos para fines comerciales, estaremos bombardeadas por la llamada al consumo. La resistencia y la información que despleguemos aquí será clave.

También en el ámbito agrícola y ganadero (dejando a un lado el hecho de dar más espacio a multinacionales que están especulando con productos alimentarios básicos para la creación de agrocombustibles que impactan sobre la propiedad de la tierra de las mujeres y su soberanía alimentaria), en España corremos el riesgo de acelerar el proceso de DESPOBLACIÓN RURAL. Las mujeres están trabajando principalmente en las explotaciones familiares y en productos regulados y protegidos (denominaciones de origen) que están en riesgo frente a la entrada de las multinacionales agrarias y ganaderas estadounidenses. La emigración de las mujeres en el medio rural supone la muerte del mismo: se “solterizan” los pueblos envejecen, no hay niñ@s ni jóvenes, se pierden servicios básicos y se convierte en la pescadilla que muerde la cola, porque no atrae a nuevos pobladores.

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POR TODO ESTO:

Como nos han dicho nuestras compañeras latinoamericanas, la clave ahora está en NO ACEPTAR ESTE MODELO COMO UN HECHO y luchar porque los valores de la economía feminista pasen al centro. Se trata de decir NO a los acuerdos, ya no basta con introducir cláusulas de género o denunciar, por ejemplo, el sesgo androcéntrico de quienes lo están negociando (como dicen María José Capellín y Amaia Pérez Orozco, los BBVAh: Blancos, burgueses, varones, adultos y heterosexuales). Se trata de hacer ver que la macroeconomía no es neutra y que el patriarcado y el neoliberalismo van de la mano y se refuerzan mutuamente. Se trata de entender que la denuncia del feminismo al neoliberalismo y al capitalismo más feroz apunta a la línea de flotación. Se está mercantilizando la vida, los cuerpos y nos toca ya llevar a la opinión pública el hecho de que el centro son las personas, no los mercados y empezar a socavar la lógica de la ACUMULACIÓN. Una vida dedicada al más, más, más lejos, más cantidad, ¿para qué? Nos toca el diálogo de confluencia con todas las economías críticas para generar una respuesta firme y crear alternativas y llevar al centro nuestra ECODEPENDENCIA y nuestra VULNERABILIDAD. La imagen de la competición individualizada y feroz, del sálvese quién pueda, es irreal e insostenible, porque la vida no es así, la vida es en relación. Por eso a pesar de la urgencia, no podemos renunciar a seguir pensando sobre el sentido de nuestro trabajo, ni renunciar a la terquedad de que no todo es monetizable.

Hay que huir también de los discursos que individualizan el “fracaso” y nos aíslan, sin tener en cuenta que estamos sufriendo las consecuencias de la avaricia y la extracción (de los cajeros) hecha política.

Podemos pararlo, ya se ha hecho antes, se han conseguido 500.000 firmas contra el TTIP en 5 días, con movilización en 27 países, ha habido protestas en más de 300 ciudades, están pendientes de sus costes electorales y creo que, con el feminismo también en pie, con la estrategia del vampiro que propone Susan George, pararemos el TTIP exponiéndolo a la luz.