Derechos culturales y posdesarrollo

 

 

«Nosotros hacemos mundos verdaderos. Nosotros somos hechos por palabras verdaderas.»

 

Ahora que todo el sector profesional a nivel internacional está como loco redactando propuestas tras la invitación realizada por la relatora de derechos culturales, “Contribuciones sobre los derechos culturales y el desarrollo sostenible” (hasta el 27 de abril, no nos durmamos) y buscando inspiración para ser lo más eficaces y audaces posibles en esta oportunidad para llevar las políticas culturales al centro de la Agenda 2030, me apoyaba estos días en una lectura pendiente, “Pluriverso. Un diccionario del posdesarrollo”.

Dejo por aquí algunas notas de lectura desde la invitación concreta que tenemos entre manos, celebrando el carácter panorámico y aglutinador del diccionario, recogiendo desde la diversidad epistemológica todas las propuestas alternativas al modelo hegemónico, de mínimos, presente en la actual agenda mundial y que contiene propuestas de futuro trasladables a la conversación actual y oportunidades de mayor profundización democrática.

Desde la intención de construir una comunidad contra-epistémica que presente con la mayor claridad nuevas narrativas que hagan de contrapeso al consenso del control corporativo desde el hecho crudo y desnudo de que “las palabras transmiten cosmovisiones integrales, determinando lo que podemos y lo que no podemos ver”, no me resisto a trasladar aquí, por su relación con los derechos culturales, su definición de pluriverso:

 

“Un pluriverso es un mundo en el que se pueden sembrar diversas esperanzas, se pueden cultivar múltiples oportunidades y se puede lograr una pluralidad de vidas significativas por medio de personas tan diferentes y solidarias como somos.”

 

Estableciendo que, frente a las actuales narrativas globales del “pensamiento-fortaleza” de los neonacionalismos xenófobos en base a la construcción de chivos expiatorios, frente a un mundialismo elitista y tecnocrático, estamos repolitizando el debate sobre la transformación socioecológica más allá del marco eurocéntrico, “lo que está en juego es un profundo proceso de descolonización intelectual, emocional, espiritual y ética”, llevando al centro la diversidad cultural y la DEMOCRACIA DEL CONOCIMIENTO, siendo conscientes de que “las bases indispensables para la vida, INCLUYENDO LA NATURALEZA Y EL CONOCIMIENTO, deben mantenerse dentro del ámbito de los bienes comunes y no ser privatizados” (mayúsculas mías, especialmente las del CONOCIMIENTO).

 

Así, desde una lectura críticamente propositiva, se señala el error de haber dejado fuera de la Agenda 2030 tanto la cultura como sector, como las dimensiones culturales de la ética y la espiritualidad mundial:

 

“Lo que pretendemos es destacar que si no se da una transformación socio-cultural fundamental, la innovación tecnológica y en la gestión no nos ayudará a salir de las crisis.”

“Los imaginarios sociales basados en los derechos humanos y en los derechos de la naturaleza no se alcanzarán mediante intervenciones de arriba hacia abajo.”

 

Así, como todo diccionario, a través de una serie de entradas se van recogiendo alternativas mundiales ya presentes y con solidez territorial que rompen y amplían los marcos del actual pensamiento desarrollista.

 

 

 

Recojo por aquí algunas ideas que se repiten como un eco desde las diferentes perspectivas, por lo que pueden suponer para nuestra reflexión actual sobre el papel que puede desempeñar la protección de los derechos culturales como herramienta eficaz para profundizar el acceso a vidas dignas de ser vividas (nunca renunciaré a esa coletilla que se repite siempre: “los derechos culturales son los derechos de la dignidad”).

 

  • Ocultamiento y subvaloración de otras experiencias y conocimientos locales; epistemologías subordinadas o invisibilizadas: siendo evidente que uno de los ámbitos de injusticia global al que quiere responder el reconocimiento de los derechos culturales es precisamente el uso para la opresión del conocimiento en sus múltiples dinámicas, vía commodities, apropiación, silenciamiento, luz de gas, cercamientos, estigmatización y toda la variedad de prácticas extractivistas que dificultan el desarrollo de marcos de reciprocidad.  Como define Ashish Khotari alrededor de la entrada “democracia ecológica”, cómo construimos y protegemos la:

 

“Pluralidad cultural y del conocimiento, donde la diversidad es un principio clave; el conocimiento, incluidos su generación, uso y transmisión, es de dominio público o un bien común; la innovación se genera democráticamente y no hay torres de marfil de «expertos»; el aprendizaje se lleva a cabo como parte de la vida y viviendo, no solo en instituciones especializadas; y las vías individuales o colectivas en pos del bienestar ético y espiritual y de la felicidad están disponibles para todos.”

 

  • Reconocimiento del patrimonio biocultural: especialmente desde las aportaciones al diccionario de Arturo Escobar y de todo el caudal de conocimiento de la agroecología, se lleva al centro la necesidad de un diálogo más estrecho, de una colaboración más cercana entre el campo de las políticas culturales y el mundo agrario internacional, poniendo en valor la innovación epistemológica que reside en esta cercanía: “la agroecología incorpora temas culturales (…) busca ser no sólo conocimiento aplicado sino también un ejemplo de investigación participativa (… es central) el diálogo intercultural, mediante el cual los investigadores identifican las formas de conocimiento de los agricultores tradicionales”. No sólo se pone de manifiesto la potencialidad de los enfoques transculturales y la coproducción de conocimiento, sino la necesidad en este diálogo política cultural-agroecología de definir marcos para la protección de la memoria biocultural transmitida a través de las generaciones, o lo que es lo mismo, PATRIMONIO.

 

 

  • Reemplazar los pilares del imaginario social: desde el reconocimiento de que “el homo economicus mata la diversidad cultural”, sin cambios en la esfera de los saberes, afectividad y espiritualidad no hay una transformación a la altura del reto del cambio climático. Recordé inmediatamente el impacto que está teniendo la lectura del libro “Una trenza de hierba sagrada” de la etnobotánica Robin Wall Kimmerer o ese ensayo de Sánchez Ferlosio que Jorge Riechmann cita más de una vez: “Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado” que apuntan al centro de flotación: los grandes relatos cosmogónicos y sus efectos.

 

  • Políticas culturales y Derechos de la Naturaleza: el reconocimiento de los derechos culturales y de la naturaleza son los grandes logros que vamos a conseguir en este siglo, esta va a ser nuestra agenda de vida (enfermaremos, envejeceremos, moriremos pero habremos empujado en algún grado y para los que llegan este horizonte). El reconocimiento de la Naturaleza como sujeto legal con derechos intrínsecos -como demuestra en nuestro país, por ejemplo, la movilización a favor de los derechos del Mar Menor– transformará nuestra visión desde el actual “dueños del mundo y herederos de la tierra” al desarrollo de la jurisprudencia de la Tierra.

 

  • Ecología de la cultura y localización abierta: me resultó especialmente interesante la llamada a la ampliación de estos dos conceptos «abiertos a enriquecerse con nuevos significados”. Desde el reconocimiento de que en todas las culturas está presente la idea de dignidad y de una vida en común buena y protectora para todos, qué entendemos por sostenibilidad cultural, cómo se engarza esta sostenibilidad cultural con los lugares y espacios en los que la gente vive y cómo empujamos, siguiendo a Doreen Massey, marcos de “localización abierta” conjurando los riesgos de las “ideas de lugar con una sola identidad esencial basada en una historia limitada de un territorio”. Muy interesante para repensar desde las políticas culturales y todo su trabajo en la esfera memorial este reto: “gran parte del mundo actual se desenvuelve sin memoria, como si los espacios que habitamos fuesen geografías en blanco y por lo tanto, estuviesen a disposición del consumo y el desarrollo” Frente a los riesgos de las lecturas territoriales limitadas y excluyentes, cómo movilizamos la afectividad hacia el territorio hacia marcos de apertura e interculturalidad, cómo nos arraigamos sólidamente de forma abierta e incluyente.

 

Dejo por aquí esta lectura personal de “Pluriverso. Un diccionario del posdesarrollo” por si suma en el diálogo abierto por la relatora y logramos incorporar también en la agenda española la importancia que tienen los derechos culturales para el efectivo cumplimiento del actual marco de la Agenda 2030.

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Inmatriculaciones, mercado negro de arte y patrimonio rural

 

“Porque los bienes del pueblo son del pueblo,

y nunca van a faltar paisanos que los reivindiquen.”

Escándalo Monumental

Reflexionando sobre qué clase de actuaciones podríamos implementar en este 2018, año del patrimonio cultural europeo, que repercutieran especialmente sobre el mundo rural español, tomando “medidas preventivas” ante la previsible concentración del foco mediático sobre la gran monumentalidad urbana, me parecía importante enlazar y unificar las reivindicaciones aún no resueltas respecto a la petición de un Listado público, transparente y accesible respecto a las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas en España junto al estudio del impacto que este “frenesí” inmatriculador ha tenido sobre el expolio de obras de arte sacro de nuestro medio rural y el fortalecimiento del mercado negro de arte.

Siendo conscientes de que la problemática que enfrenta la protección del patrimonio rural no puede disociarse del abandono político general ante el grave problema de despoblación en nuestro país, sería importante no obviar que el mismo viene siempre de la mano de dos fenómenos:

No hay que ir muy lejos para escuchar a alcaldes y alcaldesas de todos los signos y colores quejándose de su indefensión ante el expolio de bienes “a goteo y en silencio” del que se está nutriendo el mercado ilegal de arte.

Como recuerda Juan del Barrio, en una publicación de referencia elaborada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “Escándalo monumental” en la que se apunta claramente el proceso de retroalimentación entre las inmatriculaciones y la venta ilegal de bienes culturales que pasan a formar parte de colecciones particulares, “en la Diócesis de Burgos era conocido por todos que semanalmente y durante dos años se llevaban a Centroeuropa para su venta un tráiler con arte religioso”.

Si bien en el 2015, aunque de un modo muy parcial y tibio, gracias a la presión constante de las organizaciones ciudadanas, se consiguió modificar la Ley Hipotecaria que mantenía intactos los privilegios de la Iglesia heredados de la dictadura a la hora de tramitar las inmatriculaciones, el grave problema de este afán privatizador y su maridaje con el mercado ilegal de arte que sigue sangrando silenciosamente a nuestros pueblos debería abordarse de una vez por todas como una grave vulneración de los derechos culturales en nuestro país, haciendo hincapié una vez más sobre el sesgo de percepción de nuestras políticas culturales cuando se trata de proteger a su ciudadanía rural.

Si realmente queremos avanzar, como se recoge en la Declaración de Friburgo, hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural (art.3), especialmente en el derecho a obtener acceso al patrimonio cultural propio (y no a resignarse, como afirmaban los compañeros navarros “a que todos esos bienes estén hoy solamente bajo el control de una minoría”) tendremos que hacer frente a lo que a día de hoy aún vulnera el carácter común de la herencia patrimonial.

Si como afirmó la experta independiente en derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, en su Informe sobre el derecho de acceso al patrimonio cultural:

“considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación con ese objeto y manifestación, y, en particular, conectar el patrimonio cultural con su fuente de producción. El patrimonio cultural está vinculado a la dignidad e identidad humana. El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es una característica importante de un miembro de una comunidad, un ciudadano y de una forma más amplia un miembro de la sociedad”

deberíamos preguntarnos si el 2018 no podría ser un año adecuado para la elaboración y publicidad de la lista estatal de bienes inmatriculados, especialmente poniendo el foco sobre los del medio rural, el impulso de una investigación en profundidad de la correlación entre dichos bienes inmatriculados y el mercado negro de arte y la exigencia de una política estatal contra la despoblación que actúe de modo urgente frente al expolio del patrimonio natural y cultural que viven en silencio y fuera de foco nuestros pueblos.

 

Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (2ª parte y fin)

(Viene de Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 1ª parte)

2.1.- Identidades

En la declaración de expertos de Naciones Unidas con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural “Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo”, se recoge una idea que va repitiéndose como leitmotiv en diferentes declaraciones internacionales (derechos de las minorías, derechos de los pueblos indígenas, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales), el derecho a “reformular la propia identidad”.

En dicha declaración se afirma:

 

El respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural, al ofrecer a las personas y los grupos la posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural; acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como a los beneficios del progreso científico; y participar en la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de su identidad cultural.

 

Esta noción performativa de la identidad, estratégicamente utilizada por los feminismos y por otros movimientos políticos y sociales en defensa de los derechos de las minorías, como el colectivo LGTBI o los movimientos de descolonización (el descubrimiento de la propia identidad colonizada y la necesidad de nombrarse con las propias palabras del que habla Frantz Fanon en Piel negra, máscaras blancas) lo que hace es poner de manifiesto la construcción socio-política de cualquier identidad. Si la artista Barbara Kruger ya afirmaba rotunda Your body is a battleground, las identidades también lo son. Frente a la utilización política y económicamente interesada de nociones de identidad opresivas, sobre la que ya reflexionó Amartya Sen en contestación al reduccionista enfoque del choque de civilizaciones de Huntington, hacer valer la performatividad de las identidades, su carácter cambiante, su tensión dialógica se plantea como un modo útil de hacer frente a algunos de los riesgos identificados de nuevo por Farida Shadeed, a saber:

  • La uniformización identitaria impuesta por las políticas globalizadoras.
  • La fosilización de manifestaciones y la apropiación indebida de patrimonio inmaterial con fines turísticos.

Frente a quienes sitúan las políticas culturales que versan sobre identidades exclusivamente como políticas de cooperación al desarrollo, se hace evidente que la profundización democrática de la que hablábamos en el primer punto de este artículo, necesariamente tiene que pasar por aquí. No sólo en la reflexión común de los conceptos identitarios implícitos (y con posicionamientos políticos subyacentes) presentes en la “moda actual” sobre la creación de marcas-país o marcas-territorio, sino a través de la aplicación de una mirada intra-estatal que reflexione sobre la multiplicidad de sus identidades y su necesaria representación social y política. Esta mirada intra-estatal sensible a las identidades podría mirar hacia el pasado -más allá de gruesos abordajes turísticos- analizando qué identidades han sido invisibilizadas bajo la identidad hegemónica (por ejemplo, en el caso español la herencia cultural morisca y judía entre otras) así como podría operativizarse en el presente a través de la creación de nuevos agentes sociales y políticos que introduzcan en la agenda estatal sus puntos de vista no explicitados (por ejemplo, en la línea de reflexión iniciada en el Espacio Afroconciencia) y exijan, en sintonía con el marco referencial de la “igual dignidad de todas las culturas” recogida en las principales Declaraciones de la UNESCO, una mayor y mejor definición de democracia.

2.2.- Territorios.

El reconocimiento del vínculo entre cultura y territorios asumido en diversas convenciones tanto de la UNESCO como del Consejo de Europa a través del Convenio Europeo del Paisaje y el consiguiente paraguas de protección que ofrece este marco del derecho cultural internacional podrían citarse y hacerse operativos con mayor frecuencia en la actual situación de la ruralidad española y europea. Si bien es la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas la que hace una referencia más nítida a la tierra en sus artículos 25 y 26:

Artículo 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

 

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

no es menos cierto que la Observación general nº 21 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (y anteriormente, aunque con más tibieza la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural) amplía la noción de acceso a la vida cultural que comprendería también “seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad” alertando sobre la necesaria protección de los territorios ante la explotación ilícita o injusta por parte de empresas transnacionales.

Se hace evidente que los riesgos a los que apunta la Declaración de derechos de los pueblos indígenas trascienden el marco planteado en el documento, tienen carácter transnacional y afectan también de lleno al mundo rural europeo. Mientras se avanza en el debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la elaboración del ansiado documento de Transnacionales y Derechos Humanos, ante el que tendremos que articular un nivel de presión sectorial suficiente para lograr que se explicite la necesaria protección de los derechos culturales frente a la mala praxis empresarial, desde el ámbito de las políticas culturales no deberíamos olvidar la vinculación entre cultura y territorio ya recogida en la norma internacional ni renunciar a las vías de justiciabilidad que abre. Como digo, no sólo justiciabilidad para el Sur global, sino para Europa, ante la creciente presión del extractivismo en el medio rural español que está pasando desapercibida por el peso de la despoblación que contribuye a su invisibilización mediática.

Si, de nuevo, en la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, se recoge en su artículo 29:

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

 

actualmente dicha presión extractiva se está replicando en el mundo rural del Sur de Europa, más envejecido y por tanto, con menor nivel de conflictividad social. Este mundo rural, especialmente en la Meseta, se ve también sofocado por el criterio de “belleza natural” recogido en la Convención de protección del patrimonio natural que mantiene ciertas connotaciones de “pintoresquismo centroeuropeo” y que desprotegen, por infravaloración, paisajes culturales como la dehesa. Las recientes movilizaciones en Badajoz contra la refinería Balboa, en Burgos contra el fracking, la plataforma Stop Uranio en Salamanca contra la apertura de la única mina de uranio a cielo abierto en toda Europa así como las movilizaciones rurales en Ávila ante la apertura de una mina de feldespato en plena Red Natura 2000 nos muestran la urgencia a la hora de poder aplicar los criterios de protección territorial recogidos en la declaración de pueblos indígenas en contextos europeos, así como de fortalecer la protección de los paisajes culturales y su reconocimiento.

En conclusión

Tal y como afirman tanto Prieto de Pedro como Alain Touraine se hace necesario tomar conciencia de que estamos en el tiempo de los derechos culturales, de modo que junto al impulso del cambio de paradigma hacia la promoción de los mismos y el respeto a la diversidad en la Unión Europea, tenemos como reto para su protección la incorporación en la cultura occidental de las dimensiones colectivas, de naturaleza y de transmisión del legado a las generaciones futuras, ejes centrales para nuevas acciones de gobierno en toda Europa que quieran afrontar, ante tiempos convulsos, la tarea siempre pendiente de traer más democracia a nuestras democracias.

 

 

El relato pendiente de la España Vacía

 

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(Todas las imágenes corresponden a la obra de los artistas salmantinos Pablo Sánchez Herrero y David de la Mano)

Descubrimos que algo que necesitaba ser dicho por fin se ha nombrado cuando, al salir a la luz, nos reconocemos en ello y nos lo apropiamos. Que “La España Vacía” de Sergio del Molino ha conseguido llevar la mirada y la reflexión hacia un espacio hasta el momento silenciado lo muestra no sólo el poder metafórico del título que en pocos meses se ha convertido en término de referencia sino también los múltiples artículos y alusiones que han nacido a raíz del ensayo (valga como ejemplo el listado de películas seleccionado por Filmin bajo el mismo epígrafe, “La España Vacía”).

Hay una idea central que Sergio del Molino, a modo de línea de bajo sosteniendo una composición, traslada una y otra vez en su obra: “A la España vacía le falta un relato en el que reconocerse…”; “Esto se debe a que la España vacía casi nunca se ha narrado a sí misma, se ha resignado a ser narrada.”; “Es preferible un pueblo susceptible a un pueblo que no tiene forma de responder al relato que otros hacen de él”; “Nunca ha sido dueña de sus propias palabras. Siempre ha sido contada por otros.”

Quienes en algún momento desde la política cultural trasladamos a los actuales partidos, en mitad de los dos últimos años febriles que está viviendo España, la necesidad, si realmente se pretendía un cambio sustancial frente a la España nacida del Régimen del 78, de desmontar el relato hegemónico sobre esta parte del país, especialmente Castilla y León, herencia aún no contestada desde el franquismo, así como reclamamos una crítica profunda sobre su invisibilidad mediática, sobre “la historia de crueldad y desprecio que influye fuertemente en el país tal y como es hoy, pero que casi nunca se tiene en cuenta” tal y como afirma Sergio del Molino, fuimos apartados como odres viejos.

Ha tenido que venir una parálisis institucional y la lucidez de este ensayo  para que se oiga a nivel estatal por primera vez que no habrá soluciones al encaje territorial en nuestro país sin tener en cuenta que “las provincias despobladas nunca han visto sus intereses representados ni protegidos en el Congreso” y que en este país la actual ley electoral está instrumentalizando a las provincias para mayor gloria y boato de los aparatos de partido asentados en Madrid. De pronto volvió a resonar la voz de Julio Llamazares advirtiendo sobre la asfixia que estaba ejerciendo el centralismo madrileño sobre el desarrollo social y político de Castilla y León.

Pues bien, ahora se nos muestra la importancia clave de la construcción de un relato diferente para esta España Vacía, que reconozca su dignidad y que sea capaz de llevar una mirada crítica hacia cómo se ha alimentado el desprecio y la invisibilidad de este territorio en los últimos treinta años (por ejemplo, analizando qué tipo de discurso hay detrás de la imposición de candidaturas centralistas a las provincias despobladas y cuáles son sus efectos sobre la construcción de identidad local) o también a través del análisis de la reactualización de tópicos en los nuevos medios de comunicación.

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Como ejes clave de trabajo para el desarrollo de una nueva política cultural que sea capaz de contribuir a la construcción del relato pendiente de la España Vacía, a bote pronto, y desde Castilla y León se identifican:

1.- La arquitectura de la cultura institucional en Castilla y León se apoya en dos pilares: la remisión permanente al imaginario del Antiguo Régimen y la privatización progresiva de la gestión cultural pública. El “reino perdido en el que no se ponía el sol” y su ropaje marcan las líneas oficiales de la cultura en nuestra comunidad, con una vinculación innegable en el diseño de la programación con la Iglesia Católica. De igual manera, el impulso por parte de la Junta de Castilla y León del modelo “fundación público-privada” para la gestión cultural de nuestro territorio está frenando e invisibilizando la labor del mediano-pequeño agente cultural y la incorporación de nuevas voces, prácticas, ideas a la construcción de nuestro propio relato territorial. Fundaciones vinculadas a antiguas cajas de ahorros y estructuras híbridas que escapan al control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas se repiten en todas nuestras provincias. Las “puertas giratorias” en Castilla y León no están tan vinculadas al ámbito industrial o bancario como al cultural y comunicativo: patronatos de fundaciones de patrimonio, cargos de libre designación en estructuras culturales creadas ad hoc, “cementerios políticos” vinculados a organismos oficiales culturales… Las principales tramas de corrupción descubiertas en nuestra comunidad han tenido siempre ramales vinculados a la cultura y los medios de comunicación regionales. Se impone, por tanto, con urgencia, cuestionar el MARCO desde el que se está diseñando la política cultural de Castilla y León y que remite, una y otra vez, al refuerzo de un relato impuesto.

2.- Como bien señala una vez más Sergio del Molino, a la España Vacía se le ha negado el derecho a la contemporaneidad. Es evidente que en la denuncia de la gentrificación y la conversión tanto de los centros históricos como del medio rural en “parques temáticos” para determinados modelos turísticos existe un camino a explorar. La investigación y promoción de nuevas formas de habitabilidad y una mirada específica hacia lo urbano de tamaño medio y sus modelos de relación con el espacio rural se hacen urgentes.

3.- También corre prisa llevar la mirada hacia la protección del patrimonio rural, la necesidad de su catalogación exhaustiva, los bloqueos legales que aún perviven en algunos procesos con la Iglesia o la habilitación de procesos de socialización patrimonial. Castilla y León es una de las comunidades con mayor número de bienes culturales incluidos en la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra y aún tiene mucho camino por andar en la protección e impulso de la labor arqueológica. Es necesario debatir sobre el papel del patrocinio en las labores de restauración, que sin duda necesitan más recursos, pero que necesitan un escrupuloso cuidado público para no dejar al margen las necesidades del patrimonio de nuestros pueblos, dirigiendo las políticas no sólo hacia los núcleos urbanos de la comunidad sino también hacia los pequeños núcleos de población.

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4.- Es clave que se reconozca como una prioridad política en nuestro país el reparto de competencias entre los distintos niveles institucionales y el refuerzo necesario del Régimen Local, clarificando de una vez qué competencias corresponden a las diputaciones y los ayuntamientos en materia de cultura, para evitar tanto el riesgo del clientelismo como el de la desprotección (¿a nadie le parece ofensivo que sólo tengan derecho legalmente reconocido a una biblioteca quienes vivan en núcleos de población que superen los 5.000 habitantes?). La amenaza que supone la Ley Montoro para la España Vacía necesita mayor visibilidad y debate en nuestros medios de comunicación.

5.- Frente al centralismo geográfico y un modelo cultural que fija su atención exclusivamente en lo urbano, un nuevo relato podría explorar:

  • El reconocimiento, la puesta en valor y la dignificación del presente de nuestra cultura popular y su diversidad, así como el trabajo a favor de la innovación cultural y social en el medio rural castellano-leonés.
  • La reivindicación política de lo festivo como espacio privilegiado de construcción de comunidad y como despliegue de la diversidad cultural, afrontando el reto de asociar a las industrias culturales y creativas todo lo relacionado con la cultura gastronómica y la artesanía.
  • La creación de un nuevo modelo de turismo cultural más democrático y participativo que evite la “uniformidad territorial” (Castilla como “paquete”) y ponga también en cuestión el relato de la cultura en nuestra comunidad como distinción de élites y artículo de lujo.
  • La integración del patrimonio natural también como eje clave de una nueva política cultural en Castilla y León y el trabajo sobre la significación afectiva del paisaje cultural y su protección (por ejemplo, hacia una resignificación de la dehesa).

Son muchas las ventanas y las conversaciones posibles que ha abierto “La España Vacía”. Como reto apasionante para quienes trabajamos desde la cultura en esta parte del país se encuentra el deseo de que nunca más “se sienta al margen (…) porque sus problemas suenan extrañísimos en el conjunto de la sociedad y nunca aparecen en el orden del día”.

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