Declaración de Pamplona-Iruñea de la edición independiente

 

Conjurando el riesgo de que importantes reflexiones sectoriales queden invisibilizadas o en un modesto segundo plano para el resto del sector de las políticas culturales, me hago eco de la Declaración de Pamplona-Iruñea nacida del encuentro internacional de la edición independiente celebrado el pasado mes de noviembre. El equipo organizador del Encuentro anuncia que está elaborando también durante este primer semestre una Guía de Buenas Prácticas que harán pública en los próximos meses, por lo que aquí les estaremos esperando.

Bajo el título ampliado “Declaración de Pamplona-Iruñea. Por una edición independiente, decolonial, ecológica, feminista, libre, social y solidaria” el manifiesto recoge de forma muy clara los principales retos que afronta la edición independiente tanto en nuestro país como en la esfera internacional.

Partiendo de los tres ejes clave:

  • El reconocimiento del carácter cultural, social y político del libro y la lectura.
  • El compromiso con la democratización del mundo del libro y la lectura.
  • La defensa de la lectura como práctica liberadora y para el fortalecimiento de una ciudadanía crítica

se desgrana la actual configuración neoliberal mundial del mercado del libro proponiendo ejes correctores.

Como recordaba Roger Chartier en las conversaciones recogidas en “Lectura y pandemia” que volvieron a mi memoria tras leer la Declaración de Pamplona, no podemos olvidar que la lectura “se trata también de una práctica cuyo ejercicio depende de sus condiciones de posibilidad, distribuidas de forma muy desigual en cada sociedad” y que actualmente, en términos de lectura afrontamos riesgos no solamente para el conocimiento sino también para la democracia: “el actual tipo de lectura acelerada y crédula se constituye en un poderoso instrumento de comunicación para todas las formas de manipulaciones, de falsificaciones y de reescrituras engañosas del pasado. Son amenazas temibles para el futuro.”

 

Así, para proteger la expresión de la diversidad cultural en el mundo del libro es prioritario dar la voz de alarma ante la creciente concentración del sector editorial y su actual configuración geopolítica. Esta evidente desigualdad estructural en el mundo del libro sigue siendo una manifestación de procesos más profundos de neocolonialismo, o como bien explicaba Ngugi wa Thiong´o en su clásico “Descolonizar la mente”:

 

“El control político y económico no puede ser total ni efectivo sin el dominio de las mentes. Controlar la cultura de un pueblo es dominar sus herramientas de autodefinición en relación con otros.”

 

Se pone de manifiesto también, el riesgo que esta concentración editorial supone para el efectivo control de la palabra y el refuerzo de los diversos procesos de silenciamiento (como desgrana en detalle Susan Hawthorne en su obra Bibliodiversidad), especialmente para las mujeres y las minorías. Así, si queremos fortalecer la libertad de expresión pero fundamentalmente reforzar mecanismos de equidad en el acceso a la expresión es necesario articular medidas positivas a favor de la protección de la bibliodiversidad en nuestras sociedades y denunciar los procesos de lucro editorial basados en la estigmatización y la deshumanización de todo signo.

Quizá lo más luminoso de la Declaración, junto a la mirada y responsabilidad ecológica dentro del mundo del libro, resida en el reconocimiento de la vocación democratizadora de la edición independiente, cómo el engranaje de toda la cadena de valor del mundo editorial desde una mirada que comprendiese el libro como bien común reforzaría los procesos democráticos. Así, la promoción de la bibliodiversidad, el apoyo a la edición en lenguas minorizadas, las relaciones editoriales globales en términos de horizontalidad, reciprocidad y consciencia de la interdependencia, contribuirían a la construcción de marcos posibilitadores para la justicia global.

Un documento importante (para mí junto a la declaración del mundo editorial chileno en el marco del proceso constituyente, dos documentos claramente enfocados a la creación de futuro) que nos permitirá seguir dialogando e impulsando conjuntamente una mejor y mayor defensa, también desde el ámbito editorial,  de los derechos culturales en nuestro país. Seguimos.

Debida diligencia empresarial y derechos culturales

 

En la esfera internacional estamos asistiendo a un momento clave para la transformación del ecosistema empresarial global. Si por una parte, en el seno de Naciones Unidas sigue avanzando el trabajo a favor de un Tratado Vinculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos, el avance legal nacional en materia de Debida Diligencia Empresarial cobra cada vez mayor fuerza. Tanto la celebración este año del décimo aniversario de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos como la reciente directiva europea sobre debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente del pasado marzo que impulsará un proceso de armonización legal en el seno de la Unión Europea, con consecuencias internacionales, nos muestran que el cambio global hacia otro modo de hacer empresa es cuestión de tiempo. Asistimos a un proceso paulatino del fin del tiempo de la voluntariedad en el cumplimiento de los criterios ESG por parte de las empresas, a marcos de responsabilidad social corporativa de obligatorio cumplimiento, así como a una seria toma de conciencia internacional sobre la necesidad de procedimientos de reparación y acceso a la justicia por parte de las víctimas de abusos empresariales en materia de derechos humanos, territoriales o medioambientales.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas han sido desarrollados recientemente y aún no han alcanzado un horizonte de normalización ni pleno conocimiento por parte de éstas, me preguntaba qué acciones enfocadas en el medio y largo plazo podríamos desarrollar para su plena implementación. Partiendo de la urgencia de impulsar marcos normativos estatales como está planteando, por ejemplo, la Plataforma por Empresas Responsables desde España, y aprovechando que el 2021 a punto de finalizar ha sido reconocido por la UNESCO como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, quizá sería interesante detenernos también en relación a la acción empresarial sobre los distintos aspectos de los derechos humanos, por definición, universales, indivisibles e interdependientes.

Si entendemos que la Debida Diligencia hace referencia al proceso por el cual las empresas identifican, previenen y mitigan los impactos negativos reales y potenciales sobre los derechos humanos y que, más allá del reporting, existe una obligación de respuesta frente a los riesgos identificados, el compromiso político por parte de las organizaciones empresariales en el trabajo tanto para mitigarlos como para hacer públicos y transparentes los esfuerzos realizados, ¿qué papel está jugando la protección de los derechos culturales en la evaluación empresarial de los impactos sobre los derechos humanos?

Si como recoge el Principio Rector 18 de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos:

“Al evaluar el impacto sobre los derechos humanos, una empresa deberá:

  • Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes.
  • Incluir consultas sustantivas con los titulares de derechos potencialmente afectados y otras partes interesadas.
  • Ser sensible a la dimensión de género y colectivos vulnerables.
  • Repetir la identificación y evaluación de riesgos a intervalos regulares”

¿qué mirada especializada se está aplicando para la protección de esta dimensión particular de los derechos humanos, teniendo en cuenta además el importante impacto desigual por género?

 

 

Aunque revisando la literatura especializada en Debida Diligencia y Derechos Humanos se hace referencia explícita al Protocolo Internacional sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, también es cierto que las referencias sobre cultura y Debida Diligencia remiten exclusivamente a dos aspectos: a la cultura organizacional de las empresas y a la gestión de la diversidad cultural en el ámbito de los recursos humanos. Sin negar la importancia de estas dos cuestiones, esta simple radiografía nos muestra la poca atención que se está prestando a esta dimensión clave de los derechos humanos. A fin de cuentas ha sido la relatora especializada en derechos culturales de Naciones Unidas quien en su último informe “Mixing cultures is an human right” afirmaba:

“Deben aplicarse plenamente los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. La diligencia debida que se requiere en materia de derechos humanos debe incluir una evaluación de las repercusiones en los derechos culturales.”

La toma de conciencia sobre la desatención del mundo empresarial hacia este punto en concreto abriría, no obstante, interesantes caminos de futuro, por ejemplo, estrechando líneas de colaboración sin ir más lejos, con el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, al que se ha incorporado recientemente en representación de América Latina y el Caribe la experta Fernanda Hopenhaym. La elaboración de un informe independiente de situación sobre el impacto de las medidas de debida diligencia en la protección de los derechos culturales en la región sería un paso estratégico para la transformación estructural de la acción empresarial en la materia.

 

Sin dejar a un lado la importante dimensión cultural de todos los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, al agua, a un nivel de vida saludable, cuando hablamos de la protección del derecho a la consulta previa a las comunidades y a la articulación de procesos de participación de las mismas cuando se prevén impactos de la actividad empresarial, nos enfrentamos a lo que John Ruggie denominó como “vacío de gobernabilidad”, las dificultades que acarrea para garantizar la obligatoriedad de estos procesos el hecho de que las empresas no sean reconocidas como sujetos activos por el derecho internacional.

Sin embargo, cuando llevamos nuestra atención a los impactos negativos, por ejemplo, de las industrias extractivas, solemos dejar de lado el papel del extractivismo cultural transnacional, con el ya señalado importante sesgo de género, también recogido en el trabajo del PNUD “Gender dimensions of the guiding principles on business and human rights”. La reciente movilización de las tejedoras mayas en Guatemala a favor de la promulgación de una Ley que protegiese su trabajo frente a la apropiación empresarial, siguiendo la estela de la Ley 20 panameña, o acciones gubernamentales como #MéxicoSinPlagio para denunciar en la esfera internacional el expolio del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, especialmente en la esfera de la industria textil, nos muestran la urgencia de incorporar la dimensión cultural con mayor profundidad en los informes empresariales de diligencia debida. Como recogía el informe “Centrarse en lo humano” elaborado junto a otras organizaciones por el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos sabemos que “uno de cada tres ataques registrados contra las personas defensoras de los derechos humanos estaba relacionado con la falta de participación activa, acceso a la información y consulta, o con el hecho de no garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas”. Teniendo en cuenta que las dimensiones vinculadas a la interrelación entre cultura y territorio, paisaje cultural, patrimonio inmaterial y derecho a la identidad cultural son centrales para la protección de los derechos culturales, tenemos una fotografía de gravedad alrededor de los riesgos vitales que implica su falta de protección. Sigue siendo una tarea pendiente incluir en los procesos de resarcimiento a las víctimas de abuso empresarial la dimensión de las represalias, que inciden no sólo sobre la protección del derecho a la libertad de expresión, sino que se mueven en la esfera del hostigamiento judicial, la intimidación, la estigmatización, las amenazas y la violencia física. En la invitación al trabajo conjunto entre especialistas en derechos culturales y el ámbito de incidencia y desarrollo sobre empresas y derechos humanos sería fundamental también poner el foco sobre el impacto de la gran industria cultural y creativa transnacional en el respeto a la soberanía cultural, en dimensiones tan sensibles como las políticas de comunicación, la gran industria editorial o la protección de los derechos lingüísticos, así como en los marcos planteados por la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO.

 

 

Sabemos que las herramientas de compliance empresarial, a través de las diferentes estrategias de autorregulación corporativa para la disuasión y prevención tanto de la corrupción como de otros impactos negativos, están siendo insuficientes para garantizar la protección de los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor (según un estudio de la Comisión Europea sólo el 37% de las empresas se someten a estos marcos voluntarios) y que muchas veces, en la evaluación de riesgos, no se está poniendo la experiencia o conocimientos de las personas y grupos afectados en el centro de la identificación de las barreras que impiden la efectiva rendición de cuentas. De igual manera, en materia de protección de los derechos culturales no es posible, por la evidente desigualdad estructural entre colectivos afectados y grandes multinacionales culturales, poner sobre las víctimas la carga de la prueba. Necesitamos por tanto seguir avanzando en la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales teniendo en cuenta también la dimensión supranacional en la que se mueven gran parte de las empresas.

 

Es por ello fundamental preguntarnos también desde el ecosistema empresarial:

  • ¿qué impacto están teniendo las industrias culturales y creativas transnacionales sobre la protección de los derechos culturales en los espacios en que operan?
  • ¿qué medidas están implementando para prevenir, mitigar o remediar posibles situaciones de apropiación cultural, impactos sobre la dimensión territorial del derecho a participar en la vida cultural o cuestiones relativas a la protección de la soberanía cultural nacional?
  • ¿se está garantizando por parte de las empresas culturales y creativas el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas?
  • ¿están siendo públicos y transparentes los informes anuales con información sobre los impactos sociales, ambientales, sobre los derechos humanos de este sector?

Reconociendo que tanto la idea como la práctica de la evaluación empresarial del impacto sobre los derechos humanos es relativamente reciente, es importante tomar consciencia sobre la necesidad de establecer puentes de trabajo y diálogo futuro que garanticen la protección de los derechos culturales, así como avanzar en la transformación de las culturas organizativas hacia una transversalización e integración de la protección de la diversidad cultural en todas las políticas y prácticas internas de la propia empresa.

Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la teoría a la acción (Harinera Zaragoza)

 

Puedes ver el video de la sesión aquí, en el canal de Harinera Zaragoza

Puedes ver y descargar los contenidos de la presentación aquí

 

El próximo mes de diciembre nos veremos en Harinera Zaragoza para construir conversación alrededor de la aplicación local de la Agenda 2030 y el protagonismo que ha de tener el mundo cultural para el logro de no dejar a nadie atrás. Más información e inscripciones en este enlace.

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del horizonte de acción común que representa la Agenda 2030 debería ser la prioridad de nuestras políticas culturales públicas. Sin embargo, la ausencia de un ODS específico para el mundo de la cultura nos invita a desplegar una mayor creatividad, pensarnos de un modo transversal aportando nuestra experiencia y bagaje en el reto de “no dejar a nadie atrás” así como reivindicar, en una alianza firme local-global junto al resto de actores que ya lo están haciendo, la importancia que tiene la cultura entendida como el cuarto pilar del desarrollo sostenible.

Para ello, a través de esta acción, entendida como una conversación catalizadora junto al tejido cultural de base de Zaragoza, conoceremos con mayor detalle los contenidos e indicadores de la Agenda 2030, nos plantearemos cómo implementar nosotras mismas un plan de acción para enmarcar nuestra actividad en el logro de los ODS y nos pondremos como objetivo estudiar juntas cómo localizar, pasando de la teoría a la acción, el potencial cultural y creativo presente en la Agenda.

Poniendo en valor la aportación a la cohesión social y a la construcción de ciudadanía de la acción cultural desempeñada en nuestros contextos locales, “Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la teoría a la acción” se celebrará en dos sesiones:

Miércoles, 1 de diciembre, 17:00 horas-18:30 horas (Sesión online)

“Cultura, Agenda 2030 y ODS: de la teoría a la acción”
Sesión expositiva online abierta y dirigida a profesionales del sector cultural, tejido asociativo y cualquier persona interesada de la ciudad de Zaragoza.
En esta conversación inicial nos detendremos sobre el significado de la cultura como cuarta dimensión del desarrollo sostenible, cuál es el papel que desempeña en el marco de la Agenda 2030, por qué no forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo podremos, desde nuestra acción cultural local, contribuir a que la dimensión cultural logre mayor protagonismo y llegue a ser un ODS más en el futuro.

Miércoles, 15 de diciembre, 17:00-20:00 horas (Sesión presencial)

“Localización de los ODS en la acción cultural de Zaragoza”
Presencial con inscripción previa, Gratuito, Plazas limitadas (20 PAX)
Taller práctico dirigido a entidades y profesionales del sector cultural de Zaragoza enfocado a la elaboración y esquematización del propio (¡autogestionado!) plan de acción para la implementación de los ODS en tu entidad. Dinámicas grupales, inteligencia colectiva y viva conversación. Se entregará previamente, entre sesiones, documentación de apoyo y lectura para las personas participantes que quieran profundizar en los contenidos.

Mujeres y derecho a la tierra

“Cultivan una tierra que no les pertenece.”

“Hasta que la dignidad se haga costumbre.”

Siguiendo la estela de las celebraciones del 15 de octubre, Día internacional de las mujeres rurales, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos-UNESCO desde Argentina organizaba esta semana el Segundo Encuentro de Mujeres de la Tierra, una conversación fascinante entre mujeres de América Latina, el Caribe y África enfocada a la recopilación de saberes y experiencias para la implementación de los ODS.

Quiero sembrar por aquí parte de la energía que recibí de todas ellas junto a los retos colectivos que afrontamos en la conquista de nuevos derechos, también en el diálogo España-América Latina.

Partiendo del convencimiento de que la tierra es un bien social y no una commodity, y que por tanto el derecho a la tierra es un derecho humano, es fundamental tener en cuenta que en las agendas internacionales sobre empoderamiento vital, económico de las mujeres no podemos olvidarnos ni por un instante de las demandas tanto históricas como emergentes relacionadas con el acceso a los medios productivos de las mujeres campesinas, rurales, indígenas de todo el planeta. No sólo en relación al hecho de que sean ellas las protagonistas de la reducción de la pobreza en sus comunidades y las responsables de la alimentación del mundo, sino también desde otros prismas de actuación que normalmente olvidamos en España. La agenda cultural y nuestras políticas culturales olvidan el papel que desempeñan las mujeres rurales como grandes defensoras y protectoras de los derechos culturales en nuestro país no sólo vinculadas a la defensa y custodia del territorio, sino también a la transmisión del conocimiento, saberes agroecológicos, innovación permanente en el sector artesano y nunca del todo apreciado y agradecido papel como guardianas del patrimonio rural de todo tipo.

Deolinda Carrizo, actual Directora de género de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura en Argentina, subrayó la importancia que el reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos y su incorporación a los textos constitucionales, como fue el caso de Bolivia, marca un camino de actuación futuro, dado que la democratización de los Estados pasa obligatoriamente por la garantía del acceso a la tierra y el reconocimiento de la agricultura familiar e indígena. Sigue siendo un reto internacional de primera magnitud afrontar el peso de la desigualdad global en la garantía del derecho a la tierra por parte de las mujeres, que tendría un impacto en cadena sobre su autonomía, la protección frente a todo tipo de violencias, el final de procesos de dependencia de intermediarios.

Fue muy interesante también conocer de la mano de Lilian Galán, del Frente Amplio uruguayo, el proceso de avances legales vividos en los últimos años para el fomento de la co-titularidad de la tierra (actualmente por cambio de gobierno en proceso de retroceso) con el impulso de la Ley 19.781, que llevó del 11% al 26% el índice de propiedad de la tierra por parte de las mujeres. Como afirmó Lilian Galán: “los intereses oligárquicos y el poder transnacional del agronegocio vulneran el derecho humano de acceso a la tierra de las mujeres”. Es muy interesante comprobar cómo en España, al margen de las grandes “efemérides rurales” y las organizaciones especializadas, la pelea por la titularidad compartida ha desaparecido prácticamente de la agenda pública y del discurso del movimiento feminista, cuando no enfrenta un total desconocimiento también por parte de los equipos técnicos generalistas de las áreas de igualdad.

 

 

Pero he de reconocer que la fuerza de la líder indígena Ángela Chislla desde Perú puso sobre la mesa un itinerario a recorrer en los próximos años. Junto al problema de acceso a la tierra por parte de las mujeres indígenas nos conminó a seguir exigiendo juntas y desde todas partes procesos de reparación efectivos para las mujeres que sufrieron procesos de esterilización forzada en el pasado y que aún no han sido juzgados. No sólo redundó en la exigencia de poner en el centro la garantía de la soberanía alimentaria de los pueblos, sino el acceso de las mujeres a las esferas de decisión tanto políticas como especialmente económicas, fortaleciendo la asociatividad propia, el impulso de bancos agrarios y cooperativas lideradas por mujeres, una nueva educación financiera comunal, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y gestión de las infraestructuras hidráulicas y la necesidad de paralizar modelos de desarrollo vinculados al extractivismo, garantizando por el momento el efectivo cumplimiento de las Leyes de Consulta Previa. Pero fue Ángela Chislla la que compartió con todas de un modo más claro la interrelación e interdependencia de todas las facetas de los derechos humanos, al exigir que se implante en el país una verdadera educación intercultural bilingüe y una política de comunicación que respete los derechos culturales y ponga fin a décadas de silenciamiento mediático sobre la realidad de las necesidades de las mujeres indígenas, así como no olvidar la importancia de la formación política de todas las mujeres.

 

No podemos obviar que la falta de tierra impide a las mujeres acceder a otro tipo de recursos y servicios esenciales (“en los procesos de toma de tierras, de resistencias territoriales, siempre están las mujeres y sin embargo, cuando se han repartido, se las excluye”) y que sigue siendo la tierra uno de los principales factores que condicionan las relaciones de poder. No se puede apartar la mirada del aumento de las medidas represivas y la militarización contra los movimientos de resistencia, que están recayendo sobre las mujeres del Sur. Es una temática central que debería entrelazarse, sin duda y también desde el Norte global, con los marcos más amplios de actuación y resistencia vinculados a Empresas y Derechos Humanos, especialmente en las actuaciones y movilizaciones a favor de leyes estatales de Debida Diligencia. Sería MUY IMPORTANTE que el movimiento feminista en España hiciese suya la reivindicación del impulso de la Ley de Debida Diligencia aún no promulgada en nuestro país, precisamente porque el impacto de su flagrante ausencia recae con toda su ferocidad sobre las mujeres campesinas, rurales, indígenas del Sur. Desde mi punto de vista tendría que ser la reivindicación central del movimiento feminista en España incidiendo sobre nuestra agenda exterior si queremos que sea cierto el compromiso adquirido con una política exterior feminista.

 

 

Como compartió la líder ambiental Katta Alonso desde Chile, no podemos seguir permitiendo la existencia de “zonas de sacrificio” en ninguna parte de este planeta, en las que la acción empresarial tenga vía libre para contaminar, desentenderse de los impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente de su actividad ni olvidar la exigencia de reparación a las víctimas de procesos de contaminación generalizados. Fue tajante en su denuncia de la superficialidad de determinadas visiones de la Responsabilidad Social Corporativa, exigiendo marcos de obligatoriedad frente a los actuales modelos voluntarios que se desentienden de las consecuencias, poniendo en valor el Acuerdo de Escazú para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Tanto Valentina Escuti de la campaña #ChaoCarbón chilena, como Gabriela Sinchi del medio comunitario Wambra.ec subrayaron la potencialidad que las estrategias de arte y comunicación por la defensa del territorio tienen para entrelazar demandas, llegar a diferentes audiencias y cambiar los marcos culturales que perpetúan el acaparamiento y el despojo. También la lideresa Alejandra Bonilla desde Costa Rica incidió en la necesidad de romper los bloqueos de comunicación sobre la realidad que afrontan las mujeres rurales, rompiendo los moldes de discursos impuestos y reconociendo las propias estrategias de resistencia ya desplegadas. Tajante fue su exposición denunciando el peligro de los discursos de las “tierras vacías” que se vivieron en Centroamérica y que permitieron a nivel legal la usurpación de tierras indígenas. Me quedé pensando, salvando las distancias, en los efectos no contemplados del discurso de la “España Vacía” (ya, lógicamente, “Vaciada”) y los efectos que el mismo pueda tener en relación a la gestión de los fondos europeos de recuperación o las políticas de reto demográfico. Si esta España está vacía, ¿desde dónde se van a gestionar estos fondos y en el diálogo con quién, si en el propio territorio “no hay nadie”? Qué pendiente resbaladiza y peligrosa, ya conocida y qué real…

 

Al fin y al cabo, como subrayaron todas ellas se trata de romper con los marcos que ven la tierra como una mercancía para volver a reconocerla, ¡al menos!, como un bien social. Como recordaban tanto el trabajo “Género, propiedad y empoderamiento. Tierra” de Carmen Diana Deere y Magdalena León y  los informes elaborado los últimos  años por Intermon Oxfam, “Promesas, poder y pobreza” o “Tierra para nosotras”, se puso de manifiesto que “la exclusión de las mujeres rurales del acceso a la tierra no sólo ocasiona la pérdida de su control sobre la producción de alimentos, sino que también se pierden el conocimiento, las prácticas y las técnicas que, durante siglos, han salvaguardado la integridad de la tierra, las semillas y el suelo, así como el valor nutricional de los alimentos“. También conviene no olvidar que “cuando se intensifica la competencia por la tierra, las mujeres rurales suelen ser sometidas a una presión hacia su exclusión por parte de los parientes o miembros de la comunidad masculinos”.

 

Tras la conversación me quedé pensando en los ecos en la agenda española: la titularidad compartida como un derecho aún por conquistar, la incorporación en la agenda feminista de la exigencia de una Ley española de Debida Diligencia, el avance de la soberanía alimentaria en nuestros marcos legislativos.

 

#LaEducaciónContinúa y el derecho a la educación como derecho cultural

 

Bajo el lema #LaEducaciónContinúa la UNESCO ha impulsado una campaña mundial para tratar de poner el foco de atención sobre la situación a la que se enfrentan las niñas de todo el globo tras la pandemia. Más de 11 millones de niñas podrían no volver a la escuela después de esta crisis, lo que supone no sólo un retroceso en el derecho de acceso a la educación sino el inminente riesgo del aumento de los matrimonios infantiles, los embarazos precoces y de alto riesgo, la violencia en sus múltiples facetas y la pobreza, siempre la pobreza.

Para no dejarme acobardar por las dimensiones de este retroceso, teniendo en cuenta los 130 millones de niñas que en nuestro planeta aún no tenían acceso a la educación antes de la pandemia y resonando aún con la facilidad con la que en los últimos días se ha mercadeado con los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la esfera internacional ante la situación afgana, volvía a la reflexión que Kambou Boly Barry compartía en los últimos meses sobre el derecho a la educación como derecho cultural, conjurando el riesgo del desaliento o la apatía.

 

La relatora está haciendo un llamamiento internacional para que el derecho a la educación se considere un derecho cultural en sí mismo y se produzca un cambio de perspectiva, el impulso de un nuevo paradigma educativo, es decir :

 

“el derecho a la educación entendido como el derecho de toda persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su propio proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo, así como para participar en prácticas que le permitan apropiarse de estos recursos y contribuir a ellos.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

La plena efectividad del derecho universal a una educación inclusiva y de calidad no puede existir sin tener en cuenta los elementos que favorecen el respeto de la diversidad y los derechos culturales en la educación, señalando entre ellos:

  • La valoración de los recursos culturales presentes.
  • La descentralización en favor de actores locales y la dotación de cierta autonomía a las escuelas para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje.
  • Los métodos de observación participativa y sistémica.
  • El respeto de las libertades en el ámbito de la educación.

Así, la vida educativa pasaría a considerarse como una relación viva entre los actores y el conjunto de conocimientos que forman los recursos culturales comunes.

Se subraya la importancia que tiene la injusticia epistémica sobre la protección del derecho a una educación inclusiva y de calidad, señalando cómo la pérdida y desvalorización de los conocimientos presentes que atesoran objetos, instituciones o personas perpetúa situaciones de exclusión y desigualdad. Por lo tanto convendría no olvidar:

“la valoración de la diversidad de conocimientos presentes y la valoración de la diversidad de personas se refuerzan mutuamente”.

 

“las vulneraciones de los derechos lingüísticos o de los derechos a la memoria, o una visión sesgada que invisibiliza a ciertas comunidades y sus contribuciones, son graves y tienen efectos nefastos a través de las generaciones, especialmente cuando se enseñan diferentes narrativas a diferentes comunidades.”

 

(Imagen de la película Buda explotó por vergüenza)

 

Dentro de este cambio de perspectiva, se alerta sobre la tendencia a limitar el derecho a la educación como un derecho cultural en sí mismo a las comunidades lingüísticas, religiosas o étnicas. No obstante, para abordar la diversidad cultural, afirma Koumbou Boly Barry, hay que tener en cuenta todas las diversidades, ya sean históricas, patrimoniales, sociales o relacionadas con el género o con la discapacidad, pero también las resultantes de trayectorias vitales particulares (por ejemplo, la migración, el desplazamiento o el asilo), o de situaciones de pobreza, pobreza extrema, violencia o violencia extrema. Además, las personas tienen múltiples comunidades de pertenencia o referencia e identidades multifacéticas.

 

Entre los elementos más interesantes de la consulta internacional de la que emerge esta reflexión, se encuentra la necesidad de revalorización de la transmisión intergeneracional, alertando sobre la gravedad de sus rupturas no sólo dentro de los círculos familiares, sino también dentro de las propias comunidades o como señalan para alertar de su importancia “para toda la Humanidad”. Ante el éxito rampante de los imaginarios de la eterna juventud, la invisibilización de los procesos transgeneracionales que dan lugar a logros y resultados, la negación del reconocimiento e invisibilización de las fuentes de aprendizaje y formación, ¿cómo contribuir tanto desde el ámbito educativo como desde la definición de las políticas culturales a poner en valor de un modo vivo y no esclerotizado el papel de la transmisión intergeneracional?

 

Y de nuevo, también en la defensa del derecho a la educación como derecho cultural, el poder de la agencia:

“una persona se apropia de un recurso cultural no solo cuando lo descubre y desarrolla su práctica utlizándolo, sino también cuando contribuye a él.”

 

O en resumen: acceder, practicar, contribuir. Mucho más ante los procesos de mercantilización de la educación que, “lejos de permitir el respeto de la diversidad cultural, suelen conducir a una uniformización empobrecedora.”

 

Comparto por aquí (cada cual conjura el riesgo de impotencia a su manera) este diálogo internacional, sintiendo que sería interesante seguir profundizando en este cambio de perspectiva y explorar de qué manera podría contribuir a reforzar el derecho a la educación de las niñas en todo el planeta, una de nuestras emergencias.

Llamamiento de la Relatora de derechos culturales de Naciones Unidas ante la situación en Afganistán

(Fotografía de Emilio Morenatti)

 

La protección de la vida como total prioridad.

Nos hacemos eco del llamamiento realizado ayer, 17 de agosto de 2021, por la relatora de derechos culturales de Naciones Unidas ante la situación en Afganistán, interpelando a la comunidad internacional, en especial a las redes culturales y educativas internacionales, en nuestro caso del mundo de habla hispana, para establecer redes de apoyo y protección para la población afgana.

 

  • Ante el enorme desastre humanitario y cultural que se aproxima, se hace un llamamiento para la agilidad en la emisión de visados para los colectivos más vulnerables: defensores y defensoras de los derechos humanos, incluyendo especialmente a quienes han trabajado a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como todo el sector cultural y artístico por su extrema vulnerabilidad y la sobreexposición a la violencia que enfrentan.
  • También se alerta sobre la especial necesidad de protección de los y las trabajadoras del sector del patrimonio en serio riesgo de ser asesinados ante la presión de los saqueos y los procesos de destrucción deliberada de bienes culturales, sobradamente acreditada con la pasada destrucción de los Budas de Bamiyan o la destrucción de obras del Museo Nacional, junto a los asesinatos de otros artistas, mayoritariamente del sector musical.
  • Se hace un llamamiento a la apertura del aeropuerto de Kabul a vuelos civiles que garanticen pasaje seguro y prioritario para las personas en riesgo y a la agilidad en los mecanismos de protección internacional.
  • Se convoca a todas las instituciones culturales y educativas internacionales a generar una red de apoyo y acogida al sector cultural afgano, estudiantes, mujeres y miembros de minorías en riesgo para contribuir a proteger sus vidas, recordando a los 171 Estados firmantes del Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los que se encuentra España, su obligación de articular medidas de cooperación internacional para proteger los derechos humanos, de los que los derechos culturales son parte central, indivisible e innegociable.

Para leer más:

 

 

 

 

Nueva Constitución, derechos culturales, el libro y la lectura

Derechos culturales

 

 

 

“Un país que fortalece sus expresiones culturales en todas sus diversidades

puede generar las instancias de participación de ciudadanos como actores,

creadores y no simples espectadores, más todavía en tiempos de globalización.

En el momento constituyente que vivimos, es hora de que la cultura y el

libro estén presentes con toda la fuerza y relevancia que tienen en el devenir

del país. Por un país diverso, justo, fraterno y creativo, la participación activa

de todas y todos, en los tiempos que vivimos, es absolutamente necesaria

para construir una democracia efectiva”.

Manifiesto del Observatorio del Libro y la Lectura, Chile

 

Como soñar es gratis y seguir construyendo horizontes de posibilidad es más urgente que nunca me preguntaba estos días qué pasaría si la Elaboración del Nuevo Plan de Fomento de la Lectura en España para el periodo 2021-2024 se articulase de un modo abierto, participativo, reflexivo, recogiendo voces y aportaciones diversas por toda España y no nos encontrase con la mirada, los afectos y las ganas tan deslavazadas. Al fin y al cabo estaríamos promoviendo nuestro legítimo derecho a participar en la vida cultural.

Como cuando una puerta en un espacio permanece cerrada, alguna ventana se está abriendo en alguna parte, apoyaba mi sueño-a-lo-Moliner en la efervescencia que alrededor del proceso constituyente está viviendo el mundo del libro y la lectura en Chile y que está aportándonos a nivel internacional interesantes documentos de reflexión sectorial y modelos de articulación muy efectivos que podrían mostrarnos caminos de desarrollo futuro en España (por ejemplo, las iniciativas de incidencia política impulsadas desde la Red Feminista del Libro chilena, tan interesantes).

Pero como me emocionó especialmente la publicación del Manifiesto del Observatorio del Libro y la Lectura de Chile, que buscó la complicidad de diversas candidaturas constituyentes y la publicación de la reflexión “Nueva constitución, derechos culturales, el libro y la lectura” en la que se incorpora, junto a la defensa de la bibliodiversidad, un diálogo muy interesante sobre los derechos culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes chilenos (que podría darnos en los próximos años inspiración para impulsar una senda de diversidad cultural a transitar en España -si no nos conformamos con semejante tristura colectiva-), he querido dejar por aquí algunos apuntes.

 

No permitiendo que se pierda en el aire lo conseguido por el gran constitucionalismo cultural y las políticas culturales transformadoras latinoamericanas (Bolivia, Ecuador, el Brasil de Celio Turino y Juca Ferreira…no hace tanto, no hace tanto), desde el sector del libro y la lectura chileno se está articulando una interesantísima acción de incidencia que, desde enfoques de políticas culturales basadas en derechos humanos, están haciendo bandera de la transversalidad de la protección que han de tener los derechos culturales en la Constitución chilena.

 

 

Así desde tres grandes ejes, 1) la especial atención a aspectos tradicionalmente invisibilizados por las políticas culturales del país, especialmente en materia de protección de la diversidad cultural, 2) la descentralización cultural, 3) la dinamización de las identidades culturales en el marco de los derechos humanos, se ha logrado aglutinar a todo el sector para la elaboración de un Manifiesto que pusiese en la agenda pública el papel que juegan las políticas del libro y la lectura en los procesos de profundización democrática.

 

“La ciudadanía con elevada comprensión lectora, con capacidad crítica, abre la posibilidad de una democracia activa.”

 

“Donde cada una/o sea tratado como una persona potencialmente creadora, un y una pensadora, un y una ciudadana activa.”

 

Se pone en el centro del debate también el hecho de tomar medidas, desde una lógica de protección de los derechos culturales, frente a las lógicas neoliberales del mercado internacional del libro que sofocan la diversidad de las expresiones culturales e intervienen también, entre otros ejes, en el derecho a la educación en lengua materna.

 

“Apelamos también, desde ya, a fortalecer las políticas públicas de la cultura, del libro y la lectura. Nuestro desarrollo cultural no puede quedar al arbitrio de las lógicas de mercado, que concentran y marginan.”

 

 

Pero quizá, siempre desde mi lectura, el artículo publicado por el editor Paulo Slachevsky, sea el que muestre con mayor rotundidad el potencial que unas políticas del libro y la lectura basadas en un enfoque de derechos tengan para la profundización democrática. Así, avanzando más allá del derecho al acceso cultural e incluso más allá de la defensa de democratización de la producción cultural, desde el mundo del libro y la lectura chilenos nos están llegando invitaciones a “deshacerse en la Constitución de la cultura patriarcal” o generar alternativas al dominio de la lógica extractivista.

 

Pero la reflexión de María Eugenia Domínguez y Tomás Peters sobre la potencialidad de los tiempos deliberativos fue la que suscitó el deseo de un proceso de verdad participativo alrededor del Nuevo Plan de Fomento de la Lectura en España:

“Ya no estamos para describir los capitales culturales y las lógicas de distinción e inequidad, sino para desplegar una exigencia ciudadana e investigativa por disponer de insumos simbólicos -libros, teatro, danza, visualidades, cine, música- para restituir los mundos de la vida de los ciudadanos.”

 

Queda patente de nuevo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma internacional en todas las políticas culturales en base a derechos, también en las políticas del libro y la lectura (valga como referencia, por ejemplo, uno de los últimos documentos elaborados por IFLA, A Place for Libraries in Upholding Cultural Rights through the protection of cultural heritage). Que las políticas culturales en España se armonicen con la esfera internacional, resistencias e intereses mediante, será sólo cuestión de tiempo. A ver si logramos que el Nuevo Plan de Fomento de la Lectura se contagie un poco de sus primos chilenos.

Bibliodiversidad

 

Como disfruté muchísimo leyendo de un tirón este libro y me gustaría sembrar aquí una semilla para lograr su edición en castellano, comparto mi lectura y reflexión por si nos fortalece o inspira.

“Bibliodiversity. A manifesto for independent publishing” de la escritora y editora australiana Susan Hawthorne, al frente de la editorial feminista Spinifex es un manifiesto rotundo desde el mundo del libro y la lectura frente a los monocultivos de la mente, tal y como los nombra su también admirada Vandana Shiva, en quien se apoya en ocasiones para tender puentes de pensamiento fecundos entre la defensa de la biodiversidad y la defensa de entornos editoriales que promuevan el libro y el discurso “justos”, sirviendo también como publicación de referencia para conocer el trabajo de la Alianza Internacional de Editores Independientes.

Desde el reconocimiento inicial de la dificultad histórica que tanto las mujeres como las personas creadoras procedentes de pueblos colonizados y esclavizados u otros colectivos oprimidos han tenido para acceder a la palabra impresa, a la difusión de su propia voz e ideas en el mundo editorial, se pone de manifiesto el peligro real que la actual concentración editorial internacional supone tanto para la salud de nuestras democracias como para la defensa de la libertad de expresión en términos de equidad. Frente al riesgo que supone la conversión de la literatura en particular y el mundo del libro en general en una simple commodity, se pone de manifiesto la obviedad de que lo original, arriesgado, inventivo, creador de horizontes que marcará a las siguientes generaciones por tener algo nuevo y relevante que decir depende de la salud de un ecosistema editorial independiente. Ecosistema que se caracteriza, además, por su compromiso local, por un “habitar” cercano que nutre y se nutre del conocimiento situado y lo refuerza.

Desde la definición de la edición independiente como aquella que no recibe dinero o apoyo ni económico ni de ningún tipo de instituciones como partidos políticos, organizaciones religiosas, universidades…que marquen las decisiones editoriales, que determinen el programa editorial a desarrollar en base al control económico, Susan Hawthorne va más allá:

  • La edición independiente se caracterizaría por su habilidad para promover el debate sobre la importancia de la bibliodiversidad en la esfera pública, como un elemento constructor de democracia.
  • Hablaríamos en términos de ecosistema de la edición independiente, teniendo en cuenta la interdependencia de todos los actores implicados en el mundo del libro y la lectura, desde la creación, el papel que desempeñan las librerías y distribuidoras independientes, el importante rol de las bibliotecas para la salvaguarda y promoción de la bibliodiversidad, el diálogo con organizaciones locales y sectoriales vinculadas al mundo del libro…
  • La defensa de la bibliodiversidad viene marcada también, como el resto de políticas culturales basadas en un enfoque de derechos humanos, por el diálogo local-global, el establecimiento de conversaciones y redes internacionales, pero especialmente por la constitución de alianzas con otras editoriales independientes para la promoción de las co-ediciones y la traducción como ejercicio político y de justicia social de primera magnitud.

 

 

  • Desde el reconocimiento de la centralidad de la búsqueda de la originalidad, las nuevas voces, la palabra relevante que transforma que identifica al ecosistema de la edición independiente, Susan Hawthorne subraya el peligro de obviar la realidad: el hecho de estar operando en un mercado, en un entorno cargado políticamente que necesita nuestros ojos abiertos. Editar es una actividad social, cultural y transformadora que siempre corre el riesgo de ser cooptada.
  • Frente a procesos de homogeneización e infantilización mundiales que contribuyen tanto a rebajar las expectativas lectoras como a sofocar el cuestionamiento político o imaginativo del poder, a través de la reproducción en serie de “lo normal” (cada vez que leo “lo normal” recuerdo este poema de la poeta argentina Susy Shock), “lo no marcado”, Hawthorne subraya la correlación entre estas fórmulas editoriales y procesos de dominación históricos como el racismo basados precisamente en el dominio de “lo no marcado”, “lo que no es lo otro”.
  • Desde su experiencia de décadas como editora feminista, para Hawthorne no hay duda: un elemento esencial de la bibliodiversidad es el feminismo, poniendo el foco sobre un eje central. La feminización mundial de la pobreza tiene un impacto lacerante sobre la libertad de discurso de las mujeres, su posibilidad de hablar libremente y acceder a que su discurso sea escuchado. Así se impulsa el concepto “fair speech” para considerar con seriedad los efectos del silenciamiento y comprometerse en el impulso de un ecosistema del libro justo, en el que se promueva la escucha o la lectura de todas las voces socialmente expulsadas hacia los márgenes. Así, el libro justo, el discurso justo y el comercio justo del libro serían ejes centrales de un ecosistema del libro basado en los derechos humanos (son muy interesantes los ejemplos que utiliza Hawthorne para denunciar las prácticas comerciales abusivas del Norte global vinculadas al libro como el dumping editorial o las donaciones encubiertas como estrategias neocoloniales que ahogan el impulso de estrategias editoriales y de conocimiento locales y en lengua materna, por ejemplo)

Apoyándose tanto en la conceptualización feminista del conocimiento situado como en la definición del investigador ugandés Paul Wangoola de multiversidad, que tienen en cuenta el lugar y el contexto de quien conoce, poniendo en valor tanto el conocimiento local como a las personas conocedoras, respetando los conocimientos nacidos desde la experiencia y no sólo a través de la investigación y el estudio, Susan Hawthorne es tajante: la salud de un sistema ecosocial puede medirse por la salud de su industria editorial y su bibliodiversidad, por el rango de voces variadas que pueden escucharse. Así, desde el reconocimiento, una vez más (las que hagan falta) de que “los universales estéticos” tienden a trabajar contra los miembros más desfavorecidos de una sociedad, las posturas multiversalistas reconocen un mundo en el que la existencia de múltiples formas de conocimiento alternativas son importantes para el conocimiento humano en su conjunto.

 

Particularmente interesante me ha resultado su reflexión sobre la importancia que la protección de los derechos morales de las creadoras juega en el ecosistema de la edición independiente, dado que muchas veces, dado el carácter de las resistencias al poder que encarnan y al que dan voz, tienen que hacer frente no sólo a campañas de difamación sino a estrategias de distorsión (de su imagen, sus palabras) e invisibilización o apropiación de sus ideas y discursos (la luz de gas como violencia económica y política). Desde la consciencia de que la producción de la bibliodiversidad ha habitado tradicionalmente los márgenes (sociales, políticos, geográficos, lingüísticos) el hecho de poner el foco sobre la defensa de la integridad moral de las autoras es estratégico en términos de profundización democrática.

 

Así, el manifiesto culmina con la defensa de un ecosistema editorial independiente orgánico, no sólo que tenga en cuenta con responsabilidad las conexiones entre medio ambiente y acción editorial, sino que tome conciencia de que los mismos procesos de concentración empresarial mundial, expansión del monocultivo y silenciamiento de alternativas que se han vivenciado en otras esferas, como la agroindustria mundial, encuentran su correlato en el ámbito cultural en organizaciones e instituciones favorecedoras de los “monocultivos de la mente”. Así la protección de la bibliodiversidad supondría en último término la defensa de la equidad de expresión sin la que no se puede hablar, si queremos hacerlo en serio, de democracia.

 

Lectura muy recomendable, ¡ojalá una traducción (o varias) pronto!

 

DRIS, Co-creating intercultural societies: a focus on racism and discrimination

 

Comparto por aquí la información sobre el proyecto europeo de diálogo intercultural DRIS impulsado por la Fundación Interarts (Barcelona), ECCOM (Roma) e ITZ (Berlín), en el que tendré la suerte de compartir conversación, por si alguien está interesado y quiere inscribirse en la formación, quedan las últimas plazas. Para completar el formulario de solicitud y enviar su CV siga este enlace.

Muchas gracias a Eva García, Comuart, por la invitación y la confianza.

 

Comparto el texto de difusión elaborado por el proyecto:

 

La formación está dirigida a profesionales del sector cultural, de la mediación sociocultural, a representantes de asociaciones de migrantes, así como a artistas e investigadores/as conscientes de los retos que suponen para nuestra sociedad las discriminaciones por cuestiones raciales.

El ciclo de formación está dirigido a un máximo de 30 participantes. Los y las participantes serán seleccionados por una comisión interna a partir del análisis del currículum y del formulario.

PROGRAMA

La formación tendrá una duración de 30 horas, divididas en charlas, visitas de campo y sesiones de planificación participativa.

  • Conferencias/charlas (a partir de mediados de junio 2021):
    • SESIÓN DE PRESENTACIÓN, a cargo de Eva García (comuart) e Interarts.
    • SESIÓN 1, a cargo de Cristina Da Milano, ECCOMIntroducción al desarrollo de audiencias y al diálogo intercultural en el marco de las políticas y programas culturales de la UE.
    • SESIÓN 2, a cargo de Estefanía Rodero, socióloga de la cultura: Los derechos culturales. Pieza clave de la profundización democrática.
    • SESIÓN 3, a cargo de Yásnaya Aguilar, lingüista, escritora y activista mixe: Desde la otra orilla: una mirada sobre el racismo y la discriminación.
    • SESIÓN 4: a cargo de Daniela Ortiz, artista.
    • SESIÓN 5, a cargo de BCN Acció Intercultural: Contra-narrativas. Hacia sociedades libres de prejuicios.
    • SESIÓN 6, a cargo de Eva García: Valoración y evaluación de la primera fase.

 

  • Visitas de campo (Julio 2021) a proyectos artísticos de Barcelona que han abordado, desde prácticas y sensibilidades diferentes, la cuestión de la lucha contra el racismo, la discriminación y los estereotipos.
    • VISITA DE CAMPO 1, proyecto «A bao a qu«, Barcelona (Presencial).
    • VISITA DE CAMPO 2, «Espai Avinyó«, Barcelona (Presencial).
    • VISITA DE CAMPO 3, por confirmar.
  • Planificación participativa (Septiembre 2021): 12 horas (4 sesiones de 3 horas). En esta fase, a cargo de Eva García, se presentarán los principios de la planificación participativa y metodologías de trabajo. Además, los participantes se dividirán en pequeños grupos para participar en sesiones prácticas en las que se les guiará a través de un proceso de planificación participativa, convirtiendo sus ideas en posibles proyectos.

¿CUÁNDO?

El ciclo de formación tendrá lugar parcialmente en línea y, si fuera posible, será presencial entre los meses de junio y septiembre de 2021. Las primeras sesiones tendrán lugar en junio/julio de 2021, mientras que las restantes se celebrarán en septiembre de 2021. Se requerirá la participación en, al menos, el 80% de las sesiones. Próximamente confirmaremos las fechas concretas de las sesiones del programa, que será en horario de tarde (a partir de las 18h), los martes y jueves.

¿CÓMO PARTICIPAR?

El ciclo de formación es gratuito. Todos los costes serán cubiertos por el proyecto excepto los eventuales costes de desplazamiento de los/as participantes.

 

Informe UNESCO Healing the wounds of slave trade and slavery: sobre el trauma transgeneracional

 

La semana pasada la UNESCO hacía público un informe, desde mi punto de vista, muy valiente. En el marco del proyecto internacional Slave Route y dentro de su llamamiento global contra el racismo, se presentó “Healing the wounds of trans-atlantic slave trade and slavery”.

Y digo que es valiente porque basándose en la investigación psicológica más reciente, especialmente desde la psicología cognitiva y la epigenética ha puesto en el centro de la conversación global desde su área especializada en ciencias sociales, la importancia de abordar el peso de los traumas transgeneracionales y estudiar con mayor profundidad los vínculos entre procesos sistémicos y transmisión intergeneracional de la violencia. Entre los objetivos de la elaboración del informe no sólo se ha puesto el foco sobre la revisión legal internacional, sino que está motivado por la prevención de la deshumanización institucionalizada y el desarrollo de acciones de justicia global restaurativa.

La presentación días más tarde por parte de la organización Caminando Fronteras de la Guía para Familias Víctimas de la Frontera en un acto titulado “Morir sin duelo” no hacía sino reforzar la importancia de llevar esta conversación también al ámbito de habla hispana, dado el mayor peso que está teniendo en esta reflexión sobre el trauma transgeneracional de la esclavitud la Academia norteamericana y los movimientos sociales afrodescendientes y nativos americanos y canadienses, que han avanzado e integrado desde hace décadas la dimensión del dolor colectivo y su resonancia en el presente (si alguien no escuchó a María Campbell en el CCCB hace unos meses, aquí puede saber a qué nos referimos). Como comentó el profesor Paul Lovejoy durante la presentación, no podemos perder de vista que hablamos del más largo y extensivo genocidio en la historia humana, con la muerte documentada de más de seis millones de personas.

 

¿Cómo se construye la deshumanización estructural? Desde la afirmación tajante “la violencia de la esclavitud nunca acaba con la abolición” se trata de hacer emerger las dinámicas de exclusión sistemática de la ciudadanía plena y las vivencias cotidianas de hostilidad en los entornos que siguen resonando como trauma colectivo y transgeneracional, como mostraron también los estudios del Holocausto.

El informe, elaborado por un equipo interdisciplinar internacional afianzado en el enfoque transgeneracional de los traumas colectivos, dividió su estudio en cuatro ejes:

1.- El estudio de los actos deshumanizadores en sí mismos.

2.- Los efectos traumáticos de haber sido deshumanizados.

3.- La construcción de relaciones deshumanizadoras.

4.- El estudio de las condiciones estructurales que han posibilitado la deshumanización.

 

 

Junto a un análisis del impacto de las medidas de justicia restaurativa ensayadas en diversos países, también se hace un recorrido crítico por las políticas públicas de recuerdo y conmemoración internacionales. El apartado dedicado a esta temática, The Desk Review, se detiene en los actos de conmemoración y perdón público, las disculpas públicas institucionales y el papel de las comisiones de la verdad y la reconciliación.

Quizá la aportación de la investigadora Joy de Gruy, desde su dilatadísima experiencia en el trabajo sobre el trauma transgeneracional y su conceptualización del síndrome post-traumático del esclavo, sea el que nos permita abordar desde la esfera micro el impacto de la degradación en la propia percepción del valor de una vida. Así subraya las múltiples dimensiones de la deshumanización y la instrumentalización, que tanto siguen resonando en el presente: material, física, psico-social, económica y espiritual. Sería importante subrayar el impacto intergeneracional que supone también el trauma cultural: el peso de haber sido arrancados de las propias raíces, rituales, prácticas que configuran el sentido del mundo, así como la línea de investigación que apunta al mantenimiento de los traumas a través de instituciones y prácticas culturales. Es muy interesante en esta dirección el trabajo recogido en freedomnarratives.org

Lo que obliga a incorporar en toda acción de reparación, transformación educativa o sanación colectiva, lógicas propias: la necesidad de trascender los binarios, las narrativas propias, en primera persona, que den sentido al trauma y separen la personalidad del hecho traumático, la centralidad de acciones de reconstrucción de la confianza y la co-acción (“para hacer frente a nuevas posibilidades hay que ser conscientes de que tanto los verdugos como los esclavos están insertos en la estructura racista”).

He querido reseñar por aquí la presentación del informe, no sólo por ser un eje de atención ya conocido en este espacio, sino por el menor peso de la esfera iberoamericana en la conversación y la poca atención que estamos prestando desde España a la esfera del trauma cultural y transgeneracional, teniendo presentes una y otra vez sus resonancias, por ejemplo,  en el modo en el que se aborda desde la política pública en nuestro país la migración o los procesos de memoria desde una perspectiva de género. ¿Tenemos algo que aportar en esta conversación internacional sobre el racismo estructural y las consecuencias transgeneracionales del esclavismo? ¿Bailamos un poco con nuestras sombras?