Feminismos

Contra toda pureza: extremismo, fundamentalismo y derechos culturales de las mujeres

Estefanía Rodero 3 comentarios

(Todas las imágenes son obra y propiedad de la fotógrafa iraní Newsha Tavakolian)

La pasada semana se presentó el cuarto informe de la Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas sobre las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, ampliando su informe anterior sobre el que ya hablamos en este espacio.

Junto a un detallado análisis terminológico y del marco legal internacional, el informe pretende ser, tal y como recoge en sus conclusiones, “una llamada de advertencia para nuestros tiempos. Nos enfrentamos a una avalancha de misoginia mundial que avanza en múltiples direcciones.”

Denunciando la extrema violencia que en todo el globo está impidiendo la protección del derecho a participar en la vida cultural, la libertad de la expresión artística, la libertad científica y el derecho a la educación de las mujeres, Karima Bennoune es tajante, “los derechos culturales de las mujeres no son un complemento de la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo; son un factor decisivo, sin el cual esta lucha no puede tener éxito”. Haciendo hincapié una vez más, en la línea de los informes anteriores de las dos relatoras, sobre el hecho de que el recorte en los derechos de las mujeres supone siempre una señal de alarma del avance social del extremismo y el fundamentalismo, hace un llamamiento a la desarticulación de los procesos de ingeniería cultural sobre los que se asientan. La reconfiguración de las culturas sobre cosmovisiones unívocas y rígidas, centradas en cualquier idea de pureza, la distorsión creciente del otro y la superioridad cultural y moral se identifican como ejes comunes sobre los que está avanzando el extremismo a nivel internacional.

IRAN. Mahmoudabad. Caspian Sea. 2011.

Particularmente interesante (dado que hasta la fecha no se había dado una referencia explícita) es la denuncia que se realiza en el informe, aún tímida pero importante, sobre los aspectos negativos de los modelos económicos dominantes sobre los derechos culturales de las mujeres, y el peligroso efecto que las medidas de austeridad han tenido sobre los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el derecho a la educación de las niñas. Los recortes en políticas culturales y educativas han alentado la proliferación de instituciones educativas privadas en todo el mundo, financiadas por movimientos fundamentalistas y extremismos religiosos, contrarios al avance de democracias culturales que fomenten la igualdad de género. Igualmente interesante, al hilo de la vulneración del derecho a la educación y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, es su análisis sobre la permisividad social creciente de los extremismos religiosos no violentos que “se están extendiendo en la corriente de pensamiento mayoritaria”, y que ilustra de modo inequívoco con la persecución que sufren las defensoras de los derechos reproductivos a manos del extremismo religioso cristiano en América Latina.

Invitando al debate sobre la discriminación que sufren las mujeres a nivel internacional para ejercer sus derechos religiosos especialmente asociados al acceso al liderazgo religioso o espiritual, se comparten también en el informe experiencias feministas muy interesantes para el avance del laicismo como medida de protección de mujeres y minorías, como es el caso de Secularism is a Women´s Issue.

 

 

En la imposición de purezas que acompaña a todo extremismo, se llama la atención sobre un punto ante el que existe una permisividad social alarmante. Es el hecho de invisibilizar la aportación cultural de las mujeres: “los fundamentalistas culturales a menudo tratan de eliminar la cultura de las mujeres y el carácter sincrético de la cultura y la religión, y acabar con la diversidad cultural”. El grado extremo que suponen los asesinatos a mujeres artistas en la esfera internacional (especialmente en el campo de las artes escénicas) no debería relajarnos ante procesos de violencia de menor intensidad basados en la invisibilización, apropiación y deslegitimación de las aportaciones culturales de las mujeres presentes en nuestro día a día.

La aportación que en este informe supone la conceptualización de la “cultura de la vergüenza” y el análisis de sus procesos de construcción social desde los extremismos, marca una interesante hoja de ruta para el diseño de políticas culturales contrahegemónicas que desarticulen la difamación, ridículo, ostracismo e impulso de policía moral que acompañan el auge de todo extremismo.

Recogiendo las palabras de Bennoune en su conclusión:

“Los derechos culturales de las mujeres, integrados plenamente en el sistema de los derechos humanos, son contrapesos decisivos para el fundamentalismo y el extremismo; hacerlos efectivos exige la libre determinación de las mujeres, el respeto de su diversidad cultural, la universalidad y la igualdad”

celebro junto a ella la danza valiente de Sheema Kermani en Sehwan días después de un brutal atentado terrorista.

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

Estefanía Rodero 3 comentarios

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

Patrimonio, espiritualidad, mujeres

Estefanía Rodero Deja un comentario

 

“Cuando Adán miró a Eva quedó lleno de toda sabiduría.”

Hildegarda de Bingen

“Durante toda la eternidad Dios está en la cama de parto dando a luz.

La esencia de Dios es Parir.”

Maestro Eckhart

Hace unos días, la UNESCO incluía en su Lista de Patrimonio Mundial la isla japonesa de Okinoshima, dedicada al culto shintoista y cuyo acceso está vetado a las mujeres. El hecho de que en el año 2004, sin movernos de Japón, la designación para la misma Lista de los Sitios Sagrados y Rutas de Peregrinación de los Montes Kii que tampoco admiten la presencia de mujeres (“por considerarse un sitio sagrado y, por lo tanto, puro. Debido a la menstruación y al parto, la mujer es considerada impura en determinadas sectas budistas y, por lo tanto, mancharían el sitio si entraran en él” como nos explica esta guía turística japonesa) provocase una enorme movilización, no ha sido suficiente para que el Comité de Valoración haya tenido en cuenta la perspectiva de género y la propia Estrategia en materia de derechos humanos, adoptada por la UNESCO en el 2003.

A pesar de los esfuerzos de los últimos años tanto en el reconocimiento y  protección de los derechos culturales de las mujeres como en la propuesta para una aplicación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial con perspectiva de género, como afirma Mechtild Rössler, directora del Centro del Patrimonio Mundial, en su artículo «¿Patrimonio Mundial con perspectiva de género?»:

“El “patrimonio marcado por el género” se ha convertido en un tema esencial, en particular, en vista del cambio de rumbo hacia la consideración de las comunidades locales (…) El género desempeña un papel evidente en la identificación, protección, conservación, rehabilitación y transmisión del patrimonio cultural y natural a futuras generaciones (…) En general, la asignación de espacios a hombres y mujeres, se basa en acuerdos sociales entre otros, que forman, producen y replican estructuras marcadas por el género.”

 

 

Como nos cuenta Rössler, los béguinagues flamencos son uno de los pocos sitios del Patrimonio Mundial dedicados a la mujer, y aún es difícil encontrar lecturas desde una perspectiva de género de otros lugares patrimoniales, como el Sitio Arqueológico de Cirene que ella misma cita, cuya economía floreció históricamente vinculada al silfio, una planta abortiva y anticonceptiva que se vendió tanto por la región mediterránea que llegó a extinguirse.

Removida por este escenario de debate patrimonial surgió en mí otra pregunta de fondo: ¿dónde está en la esfera internacional la espiritualidad de las mujeres?, ¿quién protege las creaciones que puedan emanar de la misma?, ¿dónde están las autoridades espirituales femeninas no subordinadas?

Si bien se suelen citar repetidamente los beguinatos (hay una antología de textos en español muy hermosa en la editorial Paidos, “Mujeres trovadoras de Dios”), no es menos cierto que el patrimonio documental asociado a las beguinas ha sido largamente ignorado y subestimado, que la creación poética de este movimiento religioso femenino no ha encontrado aún como se merece su lugar en el canon literario internacional y que si no hubiésemos contado con el interés del feminismo de la diferencia en la genealogía histórica, su reconocimiento fuera de su foco nacional sería aún una sombra. La centralidad que tomó la experiencia directa y personal en su camino religioso frente a mediaciones jerárquicas (“Ser Dios con Dios”, como decía Hadejwich de Amberes después de incitar a las mujeres del siglo XIII “a que se informen, pregunten y estudien”) y el hecho de que muchas de ellas sufrieran calumnias y persecución por parte del clero (Matilde de Magdeburgo por ejemplo o Margarita Porete que se negó a aceptar cualquier legitimidad del muy politizado Tribunal de la Inquisición que le tocó en suerte y que murió, por tanto, en la hoguera) son algunas de las causas que explican la pérdida para las mayorías de la historia de la espiritualidad femenina en el entorno cultural cristiano.

Aunque en los últimos años ha habido un interés creciente por esta dimensión experiencial de las mujeres (la publicación en español de “El Dios de las mujeres” de Luisa Muraro por ejemplo), las aportaciones de grandes pensadoras como Ivone Gebara, las líneas de acción transformadora nacidas desde la teología feminista o el actual y efervescente paradigma de la espiritualidad ecofeminista en América Latina quedan aún reducidos a espacios especializados. ¿Qué pueden aportar estas visiones al debate actual sobre el fanatismo?, ¿proponen colectivamente alternativas desde la propia vivencia y lenguaje espiritual al actual escenario de extremismo religioso?, ¿suponen una apuesta por la democratización de los espacios religiosos?, ¿están planteando lecturas sobre el papel que la religiosidad oficializada y jerárquica desempeña en el sostenimiento de la desigualdad económica y social mundial? En los actuales debates sobre populismo internacional y las interpelaciones religiosas sobre las que se están apoyando políticas excluyentes, ¿podría esta experiencia espiritual “otra” suponer una respuesta incluyente y de respeto a la diversidad?

Si bien en el espacio diplomático internacional se ha empezado a ver a líderes religiosas femeninas, como en el trabajo realizado por The Global Freedom Network y el encuentro interreligioso en el Vaticano para finalizar con la esclavitud moderna, me pregunto si para la colina del siglo XXI que estamos escalando juntos, la recuperación internacional de la historia de la espiritualidad vivida y desarrollada por las mujeres, su legado patrimonial y sus voces actuales pueden incitar de alguna manera nuevos modos de mirar o mirarnos o modos diferentes de generar comunidad.

Pope Francis (front 3rd R) poses with religious leaders during a meeting at the Pontifical Academy of Sciences at the Vatican December 2, 2014. REUTERS/Osservatore Romano

 

Culturas de impunidad y silencio: de la violencia sexual en conflictos armados y escenarios de postguerra

Estefanía Rodero Deja un comentario

Hace unos días, gracias a una de mis maestras, Gemma Carbó, conocí el proyecto colombiano de las Tejedoras de Mampuján, que fue Premio Nacional de Paz en el año 2015. A través del bordado, diferentes colectividades de mujeres en el país están ejerciendo “el arte de contar lo vivido sin que nos haga más daño”, preservando así, en comunidad y relación, la memoria y narrando las consecuencias del desplazamiento.

Coincidía este descubrimiento personal con la celebración por segundo año del Día Internacional para la eliminación de la violencia sexual en conflictos armados (19 de junio #EndRapeInWar)  que nos recordó que en Colombia la construcción de paz internacional ha dado un pequeño paso adelante (qué fatigosamente lento es todo lo importante) consiguiendo que en los Acuerdos de Paz se haya excluído la amnistía para la violencia sexual. Como recordaban ese mismo día en declaración conjunta Phumzile Mlambo-Ngcuka y Zainab Hawa Bangura, no podemos olvidar que:

“Con demasiada frecuencia, las supervivientes de violencia sexual en conflictos sufren con vergüenza en silencio. Pueden ser estigmatizadas, aisladas y marginadas en sus comunidades, lo que se traduce en pobreza y miseria.”

Ante este proceso memorial volví a sentir lo mismo que al leer el monumento a la escucha del pueblo de la antigua URSS que es toda la obra de la Premio Nobel Svetlana Aleksievich, la resonancia con el dolor oculto de las generaciones de mujeres españolas a las que nuestro país no brindó la oportunidad de verbalizar o elaborar el trauma, perpetuando también con la llegada de la democracia, la cultura de la impunidad y el silencio. No hablo sólo de los ejemplos más conocidos (como el gran mandato social de violación en la voz de Queipo de Llano, nunca deslegitimado o respondido institucionalmente) sino de la “vivencia intrahistórica” de la violencia sexual hacia las mujeres en nuestro país durante la guerra civil y la dictadura.

Hace unos años, trabajando con mujeres en un proyecto de recuperación de la memoria histórica local en un pueblo de Castilla y León, pude vivir el peso de lo “no dicho” y los pactos de silencio impuestos a las mujeres cuando nos acercábamos “a esas cosas de las que no se habla”. Ante algunos hilos que habían “hablado de más” e “ido demasiado lejos” (alguien que se atrevió a verbalizar las violaciones sistemáticas a las criadas pobres, otro pequeño hilo “si el torno de las monjas hablara” sobre el abandono de bebés fruto de violaciones, el aislamiento a que sometían las «personas de bien” a las “muchachas que habían caído en desgracia”) , se sucedían las miradas cómplices en el grupo, la orden no expresada de callarse inmediatamente y la rapidez en cambiar de conversación y quitarle importancia,siempre en otro pueblo, siempre eso les habían contado.

Si, como ha afirmado en alguna ocasión Jorge Alemán, la grave virulencia mediática con la que han respondido los grupos empresariales de comunicación en nuestro país ante la irrupción de nuevas propuestas políticas, no puede entenderse sin pararnos a observar el peso de lo que quedó reprimido en nuestra transición y que se creía enterrado para siempre (a saber –aunque hay más- ser el segundo país detrás de Camboya en número de fosas comunes sin identificar, el expolio de propiedades por parte de la iglesia y la institucionalización de las inmatriculaciones, la negación de nuestra realidad y violencia colonial, la falta de perspectiva de género sobre la guerra civil y la posguerra y la investigación exhaustiva sobre la violencia sexual, el silencio y complicidad política ante el robo de bebés en España), ¿qué propuestas culturales hemos articulado como país para integrar todo este dolor excluido y ausente de nuestro relato histórico?

Si ya se van abriendo paso con fuerza los estudios relativos al trauma cultural y su transmisión generacional, en el que juegan un papel importante los “silencios y secretos de país”, ¿qué ecos de la experiencia vivida en la generación de nuestras abuelas y madres seguirán resonando, por ejemplo, respecto a las consecuencias de la participación pública de las mujeres o la confianza real en las instituciones y la justicia? (En muchos relatos de memoria relativos a los casos de bebés robados, por ejemplo, fueron precisamente las abuelas o bisabuelas de esos niños las que, desconfiadas, exigieron a los médicos “poderse fotografiar al menos con el cuerpecito muerto del bebé”)

Ante las recientes creaciones culturales que han puesto el foco sobre la violencia sexual en los conflictos bélicos (la irrepetible Las tortugas también vuelan, el reciente Under the Shadow o La guerra contra las mujeres de Hernán Zin, que culmina con la canción de Bebe para escuchar su letra despacio “César debe morir”) siempre me planteo cómo podríamos dignificar desde el presente el dolor vivido por las mujeres españolas, sin acomodarnos en la proyección salvífica de que “esto ha pasado y pasa en otros sitios”. Nos enfrentamos, como herederas, a uno de los grandes silencios de país, apenas susurrado en las cocinas, compartido con vecinas que lo callaron por igual y enterrado en la cripta del “mejor no remover” del amor de nuestras madres.

El CETA que no amaba a las mujeres

Estefanía Rodero Deja un comentario

Aprovechando la invitación de la periodista Esther Ferrero para incorporar este pasado lunes en su programa Coordenadas de Radio 3 una lectura feminista sobre los efectos que puede tener la aprobación del CETA en España (puedes escuchar el programa aquí), me gustaría sembrar en este espacio algunas de las reflexiones planteadas en la conversación, también con el portavoz de la campaña española #NoalTTIP, Tom Kucharz.

Como hemos venido analizando en relación con el TTIP (tanto desde una óptica feminista, como desde un análisis sectorial centrado en el impacto de los tratados de libre comercio sobre la soberanía cultural y el sector económico cultural español), la firma del tratado con Canadá, el CETA, viene a apuntalar el edificio neoliberal global que se sustenta en la peligrosa equivalencia entre los derechos de las transnacionales y los derechos de los pueblos. El veto que ha ejercido el bipartidismo en España a la propuesta de que el CETA fuese examinado por el Tribunal Constitucional y sometido a referéndum, dado el impacto del mismo sobre la pérdida de soberanía de nuestro país, debería hacernos reflexionar sobre qué intereses están realmente en juego. Tanto desde el campo de las políticas de igualdad como desde las políticas culturales en su espectro normativo internacional, la defensa del CETA es incompatible con algunas de las principales Declaraciones de la ONU y la UNESCO que han sido ratificadas por España, especialmente las relativas a la protección de los derechos laborales de las mujeres y la protección de la diversidad cultural.

 

 

Como ya dijimos en artículos previos sobre el TTIP, la lucha contra los tratados de libre comercio como epítome del modelo económico neoliberal debería ser una prioridad en la agenda feminista española, precisamente por la capacidad que tiene la firma de los mismos para desmontar con rapidez y oscuridad por arriba las principales medidas de protección y promoción de la igualdad conquistadas a pulso durante décadas. Teniendo en cuenta la amenaza económica a los Estados omnipresente gracias a la creación de los tribunales privados de arbitraje que velan para que no se aprueben legislaciones que puedan dañar los intereses económicos de las multinacionales ni pueda legislarse fuera del rígido corsé de los tratados, igualando democracias con intereses de mercado, no podemos obviar que para dichas empresas las medidas de igualdad se conceptualizan como costes a rebajar.

De igual manera, como vienen señalando las economistas feministas de nuestro país, la privatización de nuestros servicios públicos, implícita en todos los tratados de libre comercio, pero de un modo especialmente claro en el CETA con la privatización de los servicios de cuidado y protección de la tercera edad, pone en riesgo un alto porcentaje de puestos de trabajo de las mujeres en nuestro país, así como coadyuva, por la pérdida de cobertura estatal de servicios a la infancia y la dependencia, a la sobrecarga de las mujeres en su función de cuidadoras.

Aunque quizá sea el campo de la salud pública en el que el impacto de la firma del CETA tenga un sesgo de género más visible. El impacto que la progresiva privatización de los servicios de salud pública pueda tener sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, se suma al refuerzo comercial y publicitario de la medicalización y mercantilización del cuerpo de las mujeres, sin lugar a dudas un sector de consumo deseado y disputado.

Como ha alertado la Asociación por un acceso justo a los medicamentos, el aumento en la protección de patentes médicas incorporado en el CETA, aumentará el coste en las prescripciones de los medicamentos en España, lo que impactará especialmente en el acceso a la salud de nuestras mujeres mayores en las que se concentran algunos de los índices más alarmantes de feminización de la pobreza en España, sin olvidar que según datos del Barómetro sanitario estatal en 2015, 2,4 millones de españoles afirmaban no poder acceder a algunos de los medicamentos recetados por falta de ingresos.

Sin detenerme, por haberlo abordado en textos anteriores, sobre el impacto de estos tratados de libre comercio sobre el respeto a los derechos culturales en nuestro país (especialmente los vinculados a cultura y territorio y medidas de protección del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural), quería apuntar por último a los efectos que la liberalización del acceso a la compra y la contratación pública recogidos en el CETA tendrán sobre el respeto a la autonomía local y el principio de subsidiariedad en nuestro país. Aquellas políticas locales en las que se haya logrado la incorporación de claúsulas sociales, fomento de la contratación de cooperativas de proximidad o medidas genéricas en apoyo a la economía social, se verán en riesgo ante la aprobación del CETA, siendo contratos de servicios muy feminizados como el cuidado a mayores, la gestión de escuelas infantiles o servicios de ocio, los primeros en tener que competir con grandes grupos de gestión de servicios transnacionales que abaratan costes y con menores garantías de los derechos laborales de las mujeres.

Sumándonos con este breve apunte a la movilización planteada este 3 de junio contra el CETA, no está de más recordar la exigencia de soberanía recogida siempre por el feminismo latinoamericano: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Pues bien: tampoco en España.

Los derechos culturales de las mujeres

Estefanía Rodero 2 comentarios

 

(Las imágenes pertenecen a la exposición Intersecciones de la artista paquistaní-americana

Anila Quayyum Agha)

 

Aprovechando que este 21 de mayo hemos celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural y que el pasado 19 de este mismo mes se cerró el periodo de consultas abierto por la relatora especial de la ONU en materia de derechos culturales, Karima Bennoune, para la recogida de información sobre el impacto del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, quería detenerme sobre este último punto para compartir algunos de los interesantes trabajos internacionales realizados en los últimos años en esta dirección.

Sin duda el documento marco es el Informe “Derechos culturales de las mujeres” elaborado por la anterior relatora Farida Shaheed que supuso un cambio de paradigma clave en el modo en el que, hasta la fecha, se contemplaba la cultura en el trabajo a favor de la igualdad. Shaheed rompió con la tendencia a considerar la cultura como un obstáculo que se interponía en el empoderamiento de las mujeres y las niñas virando el discurso hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad.

Dichos derechos incluirían tanto el acceso como la participación y la promoción de la creación de las mujeres y su contribución al desarrollo cultural de los pueblos. Entre los aspectos estratégicos recogidos por Shaheed destacaron tanto el papel de las mujeres en la identificación e interpretación del patrimonio cultural así como su protagonismo a la hora de decidir qué tradiciones, valores y prácticas culturales deberían mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente. De hecho, frente a los peligros de la fijación cultural disecada y esencializada incorpora una profunda reflexión sobre la cultura como campo de poder en disputa permanente.

 

 

Como se recogía en el Informe:

“Los derechos culturales deben verse como derechos que también guardan relación con qué miembros de la comunidad están facultados para definir la identidad cultural de esta. La realidad de la diversidad dentro de las comunidades hace imperativo garantizar que se escuchen todas las voces de una comunidad.”

Se volvía a poner así en el foco de atención internacional el riesgo que supone el hecho de considerar las identidades colectivas como abarcadoras de todas las características de los individuos, instando a seguir generando políticas públicas sensibles al papel que desempeñan las identidades en los procesos de exclusión social de las mujeres.

“La identidad colectiva entraña poner en tela de juicio significados y definiciones y está siempre vinculada a las estructuras y dinámicas de poder subyacentes en relación con el acceso y el control de los recursos económicos, políticos y culturales (…) Reconocer y proteger la multiplicidad de identidades ayuda a resistir y superar aquellas fuerzas políticas, en particular las políticas de identidad, que pretenden anular toda posibilidad de pluralismo en la persona y en la sociedad, así como la igualdad entre los géneros.”

 

Reflexionando también sobre la pauta de invisibilización de las aportaciones y funciones de las mujeres en el campo cultural, el Informe, frente a la tendencia al estudio del papel ejercido por las mujeres en la perpetuación de determinados valores culturales o como guardianas de la reproducción de la cultura dominante de su comunidad, se atrevía a apuntar tímidamente una línea de trabajo que nos tocará recorrer en los próximos años: el papel histórico de las mujeres en la impugnación de las normas y los valores culturales dominantes.

En esta visión de los derechos culturales como derechos empoderadores, lógicamente ligados al disfrute de otros derechos (muy interesante el estudio sobre las tradiciones culturales de derecho a la tierra de las mujeres y cómo estos elementos tradicionales sí se han visto debilitados y rechazados), se pone un especial énfasis en la participación de las mujeres en la adopción de decisiones:

“La participación activa en la esfera cultural, en particular la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas ofrece a las mujeres, así como a otros grupos e individuos marginados, posibilidades cruciales para dar nueva forma a los significados (…) ¿Quiénes son la voz legítima dentro de la comunidad?”

 

Al hilo de las propuestas recogidas en el Informe de Shaheed, en el 2015 la UNESCO publicó el interesante estudio “Igualdad de género, patrimonio y creatividad” en el que se ponía de manifiesto el hecho de que el patrimonio y su salvaguarda son un reflejo de las estructuras de poder, no sólo relacionadas con la participación en los procesos de toma de decisiones. Teniendo en cuenta que “ninguna comunidad se esforzará por preservar o transmitir aquello que no valora” y constatando que “las mujeres son invisibles y subestimadas en la forma en que son retratadas a través del patrimonio de una nación” implementaba en formato de guía “un enfoque de igualdad de género sobre el patrimonio que tuviese en cuenta las diferentes formas en que se ven afectados los géneros por las estructuras de poder dentro de una comunidad y sus familias.»

 

  • ¿Quién define qué es patrimonio y su importancia?
  • ¿Quién decide la identidad colectiva?
  • ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién es escuchado?
  • ¿Quién se beneficia y quién se ve perjudicado?
  • ¿Quién puede acceder al patrimonio y disfrutar de él?
  • ¿Quién decide las limitaciones al patrimonio?
  • ¿Quién tiene el poder de tomar decisiones sobre los recursos de las personas y de la comunidad?
  • ¿Quién decide qué expresiones del patrimonio merecen ser protegidas?

 

 

He querido recoger en este espacio este Informe y trabajo de referencia de la UNESCO soñando con debates futuros en España al respecto (mientras llega el momento de ponernos a la altura del nuevo constitucionalismo iberoamericano, recogiendo en nuestra Constitución los derechos culturales…) preguntándonos por la protección de los derechos culturales de las mujeres en nuestro país, cómo estamos protegiendo y visibilizando el patrimonio vinculado a ellas y cómo estamos contribuyendo las mujeres al cuestionamiento de nuestras identidades culturales y la valoración sobre qué se debe o no se debe transmitir como país a las generaciones futuras.

Políticas del escuchar decir

Estefanía Rodero Deja un comentario

Recordaba Federica Montseny que, de niña, un poquito frustrada por su poco éxito con las clases de piano, descubrió al poco tiempo lo feliz que le hacía escribir discursos. Después de redactar sus encendidos llamamientos infantiles, cogía a su perro, llamaba a su abuela y ante tal entregadísimo auditorio, discurseaba. Me pregunto qué calidad de escucha fue aquella que permitió que emergiera la Montseny a la que años más tarde los niños de diferentes ciudades españolas recibían al grito de “¡ya está aquí la señora que habla!”.

Contaban también de Ana María Matute que, en una ocasión durante una entrevista en la que pareció enmudecer de golpe, ante la insistencia del periodista, casi tuvo que gritarle: “¿pero hombre, por dios, no se ha dado cuenta de que se ha puesto a llover y de que es un placer escuchar la lluvia?”

Volvían a mi mente estos dos recuerdos, leyendo esta semana en la revista argentino-uruguaya “Escucharnos decir” a la socióloga y activista indígena guatemalteca, Gladys Tzul que está proponiendo precisamente como concepto político de cambio el “escuchar decir”. Tras la experiencia frustrante de Gladys ante el conocimiento y realidad de su comunidad que quedaba fuera ante los “aparatajes, metodologías, tecnicismos y códigos en los que se nos obligaba a hablar y discutir” y recogiendo la petición y enfado de las mujeres que le repetían “queremos hablar de lo que nos interesa e importa ¡a nosotras!” consciente de que los auténticos debates de cambio, propuestas, ideas se estaban discutiendo de hecho en los espacios cotidianos, Gladys Tzul lanzó su pregunta sobre las condiciones materiales que, a día de hoy, están permitiendo o dificultando la escucha en nuestros espacios de vida y acción para permitirnos avanzar desde lo que, al hilo de su invitación, surja.

Si bien, desde mi punto de vista, se ha reflexionado mucho más sobre las políticas de enunciación y los marcos que las facilitan (quién tiene derecho a hablar, quién accede o no a la palabra, cómo se amplifica, distorsiona o deslegitima la enunciación), sobre la escucha, especialmente la escucha política transformadora, nos hemos detenido mucho menos.

Aunque existen algunos cauces legales para que la voz ciudadana llegue a las instituciones y tanto algunas organizaciones, partidos políticos, ayuntamientos hayan avanzado en las propuestas de consulta, ¿podemos decir que esta es una escucha política de calidad? Todas las modalidades y creatividad posibles del grito político, desde las concentraciones, caceroladas, huelgas, gritos silenciosos, escraches, ¿ante qué realidades de escucha se enfrentan?

 

 

Al hilo de la reflexión de Tzul se condensaban en mí tres preguntas que me llevaban del nivel más personal al nivel de nuestro espacio público:

1.- ¿Qué o quién está dificultándonos escuchar a los demás o ser escuchados?

2.- ¿Qué o quién nos está impidiendo escucharnos/escucharles y a través de qué mecanismos?

3.- ¿Qué o quién está monopolizando la escucha y por tanto excluyendo a quienes quieren ejercer su derecho a ser escuchados?

Teniendo en cuenta que el actual sistema socio-económico privilegia el sentido de la vista capturando nuestra atención y tiempo a través de la omnipresente imagen, la escucha sigue siendo uno de los elementos centrales a través de los que otorgar reconocimiento a la realidad del otro y su experiencia. Ser escuchados es una de las condiciones básicas para construir comunidad y generar sentido de pertenencia,  de hecho, no hay jerarquía o abuso de poder que no se sustente en la negación o limitación y ritualización de la escucha de aquellos sobre quienes se pretende ejercer el dominio.

Pero la escucha necesita condiciones materiales para poder darse. En la realidad de nuestros consultorios médicos, nuestras ventanillas de trámites, podemos comprobar cómo la escucha queda aplastada bajo el mandato de hiper-productividad, automatismo de la acción y demostración teatral de “no andar perdiendo el tiempo”. Esta vivencia cotidiana nos muestra que sin propiciar nuevos usos del tiempo y mecanismos no automatizados de presencia, la escucha no es posible y la calidad en la misma desaparece.

 

 

Mientras las izquierdas internacionales se quedaban atascadas en el heroísmo superlativo, dejando el campo abierto a la colonización neoliberal de nuestras poco aguerridas vidas cotidianas, las empresas multinacionales con sus correlativas consultorías de coaching se iban llenando de programas de escucha activa casi al mismo tiempo en el que se iban desmantelando los espacios culturales y sociales tradicionales en los que poder ser escuchados. De los confesores, las vecinas y los camareros aguantando parroquianos, pasamos sin apenas darnos cuenta a los sofisticados terapeutas de pago y el desahogo del exabrupto anónimo en redes sociales. ¿Qué espacios físicos o simbólicos estamos construyendo para propiciar la escucha social? ¿Dónde se está escuchando a la gente más de cinco minutos? ¿Dónde podemos sentir reconocida a través de la escucha nuestra palabra?

Se están empezando a dar algunas propuestas culturales que pretenden reflexionar sobre esta cuestión,  como el Observatorio de la Escucha en el País Vasco: “El proyecto parte de los contornos del lenguaje, la percepción y los consensos que practicamos para establecer nuestra convivencia, con el objetivo de plantearnos una serie de preguntas sobre cómo percibimos el entorno, lo social y lo urbano a través del oído y de la creación artística contemporánea: ¿Qué constricciones permite el silencio? ¿En qué se basa la comunicación con otras personas? ¿Cuánto del lenguaje no es verbal, humano o natural?” o el auge de la iniciativa Bibliotecas humanas en las que en lugar de lectura de libros se favorece la escucha de personas y que tanto impacto ha tenido en políticas locales de inclusión social.

Si cambiásemos el foco de atención desde la necesidad de decir a la ampliación y consolidación de nuestro escuchar, ¿qué transformaciones, como las propiciadas por la abuela de Federica, como la lluvia para Matute, posibilitaríamos quizá en nuestro entorno?

Políticas culturales, violencia expresiva y pedagogía de la crueldad

Estefanía Rodero 2 comentarios

(Todas las imágenes pertenecen a la serie fotográfica #StreetsOfAddis del artista Girma Berta)

“Somos cómplices de lo que nos deja indiferentes.”

(George Steiner)

Inspirada por la noción de pedagogía creada por Hannah Arendt en su conceptualización de la “pedagogía de la traición” como soporte de las actitudes que permiten el surgimiento de los sistemas totalitarios, la antropóloga argentina residente en Brasil, Rita Laura Segato viene desarrollando un profundo estudio sobre los vínculos entre violencia y neoliberalismo, entre los cuales destaca una nueva “pedagogía de la crueldad”.

Como ha explicado en diferentes ocasiones, en la nueva fase del neoliberalismo global, la anestesia ante el dolor, la habituación a la crueldad, la creencia en la exterioridad frente a la responsabilidad personal del daño causado, el distanciamiento emocional y la deslegitimación cultural y política de la acción compasiva son ejes centrales.

 “Para esta fase del capital es indispensable que las personas se vuelvan menos empáticas, que sean menos vinculadas. Que el sufrimiento del cuerpo que tengo al lado no vibre en mí. Que se anule la solidaridad que es consecuencia de la empatía. Nos están entrenando para ser menos empáticos y tolerar el presente.”

“Es necesario entrenar a los sujetos para esa distancia, para esa crueldad, para la no identificación de la posición del otro y la no relacionalidad”

“Las estructuras económicas capitalistas de rapiña necesitan de la falta de empatía entre las personas para sostener su poder.”

 

 

De tal modo que la pedagogía de la crueldad que necesita como sustento el actual sistema neoliberal se apoyaría en la enseñanza de nuestra exterioridad a la vida, de ser exteriores a la propia vida (a la naturaleza, a nuestros propios cuerpos) “para desde esa exterioridad colonizar y dominar la vida, extorsionarla y rapiñarla de una forma nueva”. Desde la reflexión de Segato, esta exterioridad, junto a la consolidación de la “Segunda Realidad y Segunda Economía” formada por la red de intereses paraestatales retroalimentados por la complicidad del lavado de dinero negro de los bancos del Norte global que despliega al margen del Estado sus propias estrategias bélicas de defensa de la propiedad privada, serían los rasgos centrales del entrenamiento militar que se ha exacerbado en las guerras del presente así como en el despliegue de nuevas formas belicistas de la masculinidad.

Junto a esta exterioridad nos encontraríamos con el nuevo carácter expresivo que está tomando la violencia (la crueldad es gratuita, no se “gana” nada, más allá del refuerzo de pertenencia) frente a anteriores manifestaciones “utilitaristas”. La violencia se habría convertido así en un lenguaje a través del que transmitir un mensaje de impunidad y de poder de dominio sobre cuerpos y territorios, siguiendo la “contigüidad cognitiva” entre los mismos que señala reiteradamente Rita Segato. Como ella misma afirma:

“En la violencia expresiva, las mujeres funcionan como lienzo, como bastidor y como territorio para establecer los términos de la contienda.”

En su trabajo, a lo largo y ancho de América Latina, respecto a la mutación global de las formas de lo bélico y la exacerbada y creciente crueldad desplegada hacia los cuerpos de las mujeres, Rita Segato ha puesto en el centro las interconexiones entre el mandato de masculinidad y el capitalismo (tal y como ya apuntamos también hace unos meses, aunque en relación con la salud mental, en “Por una narrativa política de la vulnerabilidad”). Dicho mandato cultural de masculinidad por el que se obliga a los hombres a mostrarse merecedores del hecho de serlo, a ganarse la posición masculina siempre en entredicho (recordaba en uno de sus libros de memorias Jorge Semprún las anécdotas de un alto mando militar que en la guerra civil española lanzaba a sus soldados al combate al grito de “maricón el último”…), a comprobar mediante la mirada de aprobación de otros hombres su propia pertenencia, es un mandato construido sobre la necesidad de exhibir dominio, de exhibir potencia. En el hecho de que la masculinidad así entendida y vivida si no es demostrada no existe, toman forma las diversas “pruebas de valor” que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres (el también clásico “¿a que no hay cojones para…?” que viene asfixiando y cronificando el dolor también de los propios hombres):

“El poder tiene que expresarse por medio de la espectacularidad de la crueldad sobre el cuerpo y el territorio, modo de expresión del control sobre las personas en una fase de dueñidad, de señorío.”

 

Este mandato cultural de violación emanado de la grupalidad masculina (la cofradía, el clan, el búnker) se estaría viendo reforzado por otro de los procesos soporte de la globalización neoliberal: el desarraigo. Así, frente a estructuras comunitarias, paisajes y referencialidades que previamente habían servido como aglutinantes y constructores de pertenencia e identidad, la pérdida de dicha vivencia de cohesión ha derivado en la “espectacularización de la pertenencia”. Así, la construcción de nuevas claves identitarias que garanticen la necesidad humana básica de pertenecer está dependiendo de claves performativas y de “ostentación de clan” que están encontrando su lugar en el cuerpo de las mujeres y los cuerpos feminizados (toda la experiencia de Ciudad Juárez y Centroamérica así nos lo muestran) en los que “se graba con saña las señales de su antagonismo”

 

POLÍTICAS CULTURALES PARA UNA CONTRAPEDAGOGÍA DE LA CRUELDAD

Frente a todo ello, quería cuestionarme el papel que pueden desarrollar las políticas culturales para contribuir a generar alternativas a la pedagogía de la crueldad (las “contrapedagogías de la crueldad”), apoyándome en una pregunta lanzada por Edurne Portela en «El eco de los disparos», que afronta precisamente en su obra el papel de la cultura para legitimar o deslegitimar marcos de violencia:

“¿Podemos contribuir desde la cultura a hacer un cambio imaginativo sustancial?, (…) ¿podemos plantearnos los niveles de responsabilidad personal en el consentimiento de la violencia?”

Tejido comunitario frente a Estados:

Desde América Latina siguen llegándonos propuestas conceptuales y de política pública para nombrar y abordar las nuevas violencias neoliberales que están soportando en mayor grado las mujeres. Por ejemplo, la conceptualización del “acoso político” a las mujeres dentro de las estructuras de partido o en sus funciones de representación pública desarrollado por Parlaméricas y que aún no se ha planteado o desarrollado como tal en España; la violencia mediática contra las mujeres propuesta como categoría jurídica en el campo de los derechos humanos, propuesta ante la que los medios de comunicación en España tendrían mucho que decir para contribuir a fijar las posiciones de país en los organismos internacionales; la creación de nuevos marcos de derecho internacional que contemplen, por una parte, la categoría de femigenocidio o aborden los delitos de tortura no perpetrados por agentes estatales, como son los ejecutados por los sicariatos o las maras.

Son diversas, no obstante,  las autoras que están situando fuera del marco del Estado la creación de alternativas políticas y culturales a esta pedagogía de la crueldad. Tanto Rita Laura Segato, Raquel Gutiérrez o Silvia Rivera están llevando la atención hacia la urgente reconstrucción del tejido social comunitario, dado que es en la construcción de nuevos vínculos significativos y en la generación de nuevas modalidades de arraigo donde puede darse una protección mutua más efectiva y frenarse la “espectacularización de la pertenencia” basada en la violencia. Es fundamentalmente Raquel Gutiérrez quien está llamando a una nueva reflexión sobre las estructuras de los espacios relacionales, tanto culturales como políticos (“la estructuración del cómo inhibe el contenido y lo perpetúa”).

Alrededor de su propuesta en relación con la realidad española sólo me nacen preguntas:

  • ¿qué papel juega el placer en nuestra participación cultural?, ¿qué papel puede desempeñar la cultura en la generación de vínculos?
  • ¿cómo transformamos las políticas culturales volcadas al consumo en políticas culturales generadoras de arraigo?
  • ¿qué es el arraigo?, ¿qué elementos o significados constituyen el arraigo?, ¿cómo se disputa?
  • ¿qué se entiende por espacio comunitario en España? Nuestras organizaciones culturales, sociales, políticas ¿podrían entenderse como tejido comunitario? ¿O los elementos de dominación territorial, competición comparativa y mandatos de visibilidad ubicua propios del neoliberalismo están lastrando también la generación de vínculos y creación comunitaria en este nivel?

Deconstrucción del mandato de masculinidad:

El llamamiento a la desobediencia de los propios hombres al mandato de masculinidad es una de las líneas de acción centrales que están señalando todas las propuestas alternativas al neoliberalismo. La insumisión ante los mandatos de la “virilidad ostentosa del dominio”, el reconocimiento del propio dolor masculino sofocado bajo esta ley del más fuerte, la desarticulación de todas las estrategias de humillación que lo sostienen y que mantienen en pie los “edificios culturales de la obediencia” es una prioridad cultural y política.

  • ¿Están reforzando las políticas culturales y mediáticas en España este relato de la virilidad?
  • ¿Qué expresiones culturales y creativas podrían responder con mayor carga subversiva y eficacia este mandato?
  • ¿Qué expresiones del dolor masculino están permitidas en nuestro entorno?, ¿y de la desobediencia masculina?
  • ¿Cómo se construye en común un relato político que incluya y visibilice como tales a las “víctimas colaterales” de este modelo de “virilidad de Estado”? Por ejemplo, ¿se podría seguir considerando triunfal el relato de la transición española si se leyese desde la mirada de los 300.000 cuerpos de madres y bebés afectados por la red de robo de menores?

Cambio de relación con el dolor y con el propio cuerpo:

Si la pedagogía de la crueldad está basada en la noción de exterioridad hacia nuestros propios cuerpos, fundamentalmente a través de los mecanismos de huida, como el consumo o la embriaguez (la violencia también embriaga):

  • ¿qué relación con nuestros propios cuerpos podría invitar a dignificar la ternura hacia los demás, el cuidado, la acción compasiva, la comprensión, el respeto a los espacios y los tiempos?
  • ¿qué lugares podrían contener esta relación?, ¿qué papel jugaría el descanso?, ¿y el juego?, ¿y el silencio?
  • ¿puede el espacio público ser más compasivo con nuestra vulnerabilidad, nuestros cuerpos y su diversidad?, ¿cómo?

Ante una sociedad sostenida económicamente por la huida del dolor emocional:

  • ¿cómo generar alternativas a una visión sacrificial y resignada del sufrimiento?
  • ¿cómo visibilizar la realidad y dignidad del dolor fuera del marco héroes/mártires?
  • ¿desde dónde se pueden construir nuevas culturas, más inclusivas, del duelo?

˜˜˜

Sé que son muchas las líneas de reflexión abiertas que tenemos pendientes desde la cultura ante el marco de lectura y comprensión de la realidad propuesto por Rita Segato. Dejo aquí algunas de las preguntas que nacieron en mí del contacto con su obra, esperando seguir encontrando las respuestas a muchas de ellas juntos.

 

Derechos culturales y democracia de la tierra

Estefanía Rodero 1 comentario

“La circunferencia más externa jamás se servirá del poder

para aplastar al círculo interno en ella contenido,

sino que dará fuerzas a todos sus componentes y, de ello,

derivará las suyas propias.”

(Mahatma Gandhi)

“Vivir en medio de la demás vida que también quiere vivir”

(Albert Schweitzer)

La presentación internacional, con motivo del Día de la Tierra, del documental “Semilla” hizo que me plantease hace unos días el modo en el que, desde la construcción de alternativas sociales y culturales al neoliberalismo global, reproducimos pautas de obsolescencia programada en la articulación de las ideas y minimizamos ante el esquema de “la moda de lo nuevo por lo nuevo” aportaciones muy profundas que necesitan tiempos no acelerados para consolidarse. De igual manera, volvía a plantearme el proceso de construcción de la “autoridad discursiva” y la creación y permanencia de genealogías de autoridad intelectual cuando es la voz de las mujeres la que, partiendo desde sí, despliega propuestas y horizontes de acción.

Quería recuperar, por tanto, por la vigencia de su análisis (releer sus observaciones sobre “el deseo de pertenencia” tras los resultados de las recientes elecciones francesas da cuenta de ello) la propuesta que en 2005 planteó la física india y activista internacional Vandana Shiva en su obra “Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz”. Aunque el ecologismo ha dialogado mucho más con su obra, quería detenerme brevemente en las aportaciones al campo de las políticas culturales contenidas en su Manifiesto.

Hay una obsesión que recorre su planteamiento: lo prescindible, la capacidad del actual sistema económico-político para la creación de “personas excedentarias o prescindibles”, experiencias, culturas, conocimientos “que sobran”. Se entendería la perversión del ejercicio del poder a través de su capacidad de generar exclusión y de delimitar las fronteras de la realidad y por ello de las vidas, palabras y experiencias “que importan”.

Se observa así que la construcción de lo prescindible se está apoyando en una serie de prácticas que constituyen una pauta:

  • la profundización del desarraigo como medida de desmovilización social y vector central del neoliberalismo.
  • la negación de la experiencia y conocimientos de los habitantes que fueron víctimas de la ocupación o desplazamiento.
  • la expropiación y desposeimiento de esos mismos conocimientos.
  • el cercamiento, “privatización patentada” y explotación privada de los conocimientos.

Una de las manifestaciones culturales en las que podemos observar con mayor claridad este proceso de despojo es la de las artesanías tradicionales. El caso, por ejemplo, del bordado otomí mexicano, los tenangos, es de los más evidentes, en el que la precaria situación laboral de las bordadoras permite notables abusos comerciales (como fue el sonado caso de Hermes) y en el que el robo de patrones y usurpación a las comunidades impide la propia supervivencia económica de las creadoras.

 

 

Vandana Shiva llama la atención también sobre otros riesgos que afronta la protección del patrimonio mundial frente a las lógicas y mecanismos del “libre comercio” y que se dejan entrever en la perversión del lenguaje. Así refiriéndose a la destrucción del patrimonio en Irak, afirma:

“De la destrucción del legado histórico y cultural de antiguas civilizaciones no “nacen” sociedades nuevas. Puede que esa destrucción del patrimonio histórico iraquí fuese únicamente necesaria, en realidad, para mantener la ilusión de nacimiento de una nueva sociedad.”

Alertando, ya por el 2005, de los peligros que entrañaba la teoría del “choque de civilizaciones” de Huntington para provocar un auge sin precedentes del fundamentalismo y la expansión de la reacción de identidades exclusivistas (resumida en “para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad los enemigos son esenciales”), Vandana Shiva se reafirmaba (como también otros referentes internacionales) en la defensa de las identidades múltiples y diversas. Así, ante las “culturas de exclusión, desposeimiento y escasez” proponía un eje de acción basado en la resistencia, denuncia y desmantelamiento de la lógica de la disyuntiva excluyente (“o esto o lo otro”) que es la base de legitimación de la exclusión, en la que la multiplicidad, el pluralismo, la interdependencia y lo relacional no tienen cabida. La profundización democrática y la prioridad de la acción política vendrían de la mano, por tanto, de un verbo: incluir.

“Debemos ampliar la democracia para incluir a los excluidos: a las comunidades privadas de derechos, a los niños, a los recluidos, a las personas mayores y a las diversas especies de la tierra”

“En las democracias económicas no hay personas ni especies ni culturas prescindibles”

“En la diversidad, hasta lo más pequeño tiene un sitio y un papel; dejar que lo pequeño florezca constituye la prueba más auténtica de libertad”

Por eso, priorizando la acción de inclusión como el verdadero ejercicio democrático, frente a “una respuesta patriarcal y militarista al imperio que imita la violencia de éste” proponía el reconocimiento de los nuevos liderazgos del siglo XXI para la resistencia ante el neoliberalismo global:

“Debemos insistir en que quienes afronten la crisis deben escuchar y aceptar la iniciativa y el liderazgo de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores y todas las personas que han expuesto y planteado la crisis por la reducción, el cercamiento y la extinción de la diversidad biológica y cultural en el nivel local.”

Así, siguiendo las aportaciones realizadas por dichos colectivos, el reconocimiento de los límites naturales y la localización serían condiciones indispensables para la consolidación de “culturas vivas”. Si, siguiendo su propia metáfora, la democracia económica no puede entenderse sin su arraigo de abajo arriba en los ecosistemas, culturas y economías locales, las culturas vivas reconocen su interdependencia, su conciencia de lugar y pertenencia a la naturaleza en la que se asientan. Frente a una monocultura global y mediática, el enraizamiento abierto a la totalidad se mostraría como el camino para la protección de la diversidad y la construcción de verdadera autonomía.

“Las culturas vivas son espacios en los que vivimos y damos forma a nuestros diversos valores, creencias, prácticas y tradiciones. Las culturas vivas surgen de la tierra: se basan en identidades múltiples y diversas”

“Las culturas vivas nutren la vida: se basan en la dignidad de y el respeto por la vida en su conjunto, las personas de todos los géneros y culturas y las generaciones presentes y futuras”.

Se entiende, por tanto, que no puede existir una democracia económica que no esté basada en los principios de subsidiariedad así como se aborda desde el Sur global la necesidad de incorporar al discurso internacional la visión intergeneracional que está siempre presente en las culturas indígenas.

 

 

Por todo lo anterior quedarían planteadas líneas de acción relacionadas con el fortalecimiento de los niveles locales en las políticas culturales, la interrelación entre cultura y territorio desde la promoción y protección de identidades diversas y dialogantes, la protección laboral de creadores y creadoras comunitarios, la puesta en valor del trabajo artesanal desde posiciones de reactualización permanente, el desmantelamiento de la construcción cultural-política del desarraigo como medida de éxito neoliberal, la autoevaluación sobre nuestra perpetuación de “lo prescindible” en el diseño de programaciones o políticas (¿qué manifestaciones culturales decretamos como prescindibles?, ¿qué colectivos?, ¿qué creaciones?, ¿qué expresiones?, ¿y territorios?), nuestro papel en la invisibilización del origen de las creaciones o aportaciones intelectuales o culturales (“extractivismo intelectual o académico”), así como qué supondría llevar al centro del debate nuestros propios límites corporales y vitales.

He querido recuperar este «Manifiesto para una democracia de la tierra» no sólo porque sigue siendo una propuesta de acción urgente sino por el, para mí, necesario reconocimiento y «reentroncamiento» con una genealogía cultural y política viva que, para el presente, sigue teniendo todo por decir.

De la tierra viva: mujeres, extractivismo y territorios

Estefanía Rodero 1 comentario

Hace unos días, con la  sordina habitual con la que salta, cuando salta, a medios nacionales la realidad que enfrentan nuestras provincias día a día, conocíamos la situación de hostigamiento legal que está viviendo María Cañaveras, una mujer jubilada de 68 años que se verá en el banquillo el 6 de abril por movilizarse contra la minería de tierras raras promovida por Quantum Minería S.L con el apoyo de la corporación local de su pueblo castellano-manchego, Torrenueva.

Leía esta noticia mientras de modo paralelo celebrábamos el logro conseguido por las defensoras de derechos humanos y del territorio en Centroamérica forzando a que la cámara legislativa de El Salvador, después de once años de lucha, haya aprobado por unanimidad la prohibición de la minería metálica en todo el país.

Que la nueva “operación Cóndor” sobre América Latina se cierne sobre las defensoras territoriales frente a los intereses de las industrias extractivas del Norte mundial, no sólo nos lo recuerdan los asesinatos de Berta Cáceres o Isidro Baldenegro, sino que nos lo demuestran cada día los tarahumara mexicanos, las comunidades lenca y garífuna en Honduras, nasa en Colombia, shuar en Ecuador, el pueblo mapuche, el guaraní en Bolivia, las defensoras del Yasuní ecuatoriano, Máxima Acuña en Perú y tantas otras comunidades en red enfrentando la violencia y agresiones por intentos de despojo-acumulación sobre la que se sostiene el edificio neoliberal global.

Como hemos comentado en otras ocasiones, el modelo extractivista está encontrando en el muy despoblado medio rural español un territorio propicio al que desplazarse, dado el menor índice, por realidad demográfica, de conflictividad local, unido al manto de silencio que acompaña su día a día. Si bien las agresiones a las defensoras territoriales no alcanzan la extrema gravedad que afrontan en América Latina, sí se están repitiendo, ante una generalizada pasividad tanto de medios de comunicación como de muchos partidos políticos, casos de hostigamiento legal, campañas de difamación personal y presiones de todo tipo por parte de las empresas mineras en muchos de nuestros pueblos españoles. Hostigamiento del que no podemos obviar el componente de género, dado el liderazgo que están ejerciendo muchas mujeres a nivel internacional en la defensa de los bienes comunes y “la tierra viva”. Desde mi punto de vista, es importante que reparemos también en la postergación reiterada que la relación mujeres-defensa del territorio sigue sufriendo en la agenda de reflexión y movilización feminista española que, para mí, no ha identificado aún la urgencia y centralidad que juega esta dimensión para el Sur de Europa. Comparto la más que inspiradora experiencia del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo que están realizando, entre otras acciones, una labor de reflexión sobre el extractivismo de la que podemos aprender mucho en España. Su publicación La vida en el centro y el crudo bajo tierra es un buen ejemplo de ello.

Debemos ser conscientes de que estos procesos de intimidación de defensoras siguen un mismo patrón, denunciado recientemente en una visita a México entre otros por Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y que reproduzco aquí:

«Los defensores de las comunidades indígenas o rurales me compartieron ejemplos que indican un intento deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias de «divide y vencerás» para lograr la aprobación de proyectos a gran escala. Me preocupa la presión ejercida sobre  los integrantes de la comunidad para que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las empresas o  las autoridades locales como una minoría, que actúa en contra del interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.

Las personas líderes de la comunidad y los defensores de los derechos ambientales y tierras que se oponen a proyectos de gran escala enfrentan violencia de personas que están relacionadas con compañías que participan en esos proyectos. Esta violencia generalmente queda sin castigo ya que cuenta con el apoyo tácito o explícito de las autoridades locales. De acuerdo con los informes recibidos, las y los defensores de derechos humanos serían presionados para que desistan de sus actividades a través del uso de la criminalización de los líderes, granjeros o ambientalistas opositores indígenas (acusados de delitos ordinarios). He recibido varios testimonios de casos en los que los defensores de derechos indígenas y ambientales han sido un blanco de agresiones en relación con su trabajo»

 

Observamos que los métodos utilizados son los mismos en América Latina y España aunque con diferente gradación. Desde mi punto de vista, si seguimos manteniendo esta problemática que está afrontando en solitario nuestro medio rural en un segundo plano, problemática que también se encuadra en algunos casos en la persecución al activismo promulgada por las Leyes Mordaza y el retroceso generalizado de la libertad de expresión en España, estaremos dejando el campo abierto (nunca mejor dicho) a la progresiva “multinacionalización extractiva” de nuestros pueblos frente a modelos más cuidadosos ante las siguientes generaciones.