Pan y rosas hoy: el empoderamiento económico de las mujeres

(Todas las imágenes hacen referencia a la movilización global por los derechos de las trabajadoras domésticas)

 

Para todas las que me escuchan, pan y rosas, pan y rosas

 

Hace unas semanas, la Secretaría General Iberoamericana presentó un informe de conclusiones importante  “Estrategias legales para el empoderamiento económico de las mujeres” en el que se ponían en el centro los obstáculos legales a los que aún tenemos que enfrentarnos las mujeres de la región para poder acceder en igualdad de condiciones a la gestión de nuestro propio dinero. Como, para mi sorpresa, esta línea de acción básica para el impulso de la riqueza de los pueblos, no encontró las portadas ni la apertura de telediarios que merecía, queriendo sumarme yo también a este impulso y al debate al que invita, recopilé parte del conocimiento vivo que en relación a la economía cotidiana de las mujeres toca día a día mis oídos, mi jornada laboral y «la-embajada-que-siempre-recibe-a-altas-dignatarias-llegadas- de-todos-los-pueblos-del-mundo-a-las-que-llamáis-migrantes» y en la que los faltos de espíritu ven una simple mesa.

 

Teniendo en cuenta la resistencia profunda que subyace ante el hecho de negarnos a ser encasilladas como “consumidoras”, esa suculenta parte del pastel que supone hoy día conquistar a las mujeres como “mercado”, para reivindicarnos hoy e históricamente como productoras de riqueza, invisibilizada tradicionalmente por los instrumentos de medición del PIB, estamos asistiendo, desde distintos focos y matices pero con un horizonte común, a la reivindicación del reconocimiento de las mujeres como lo que son: la abundancia de sus pueblos.

Cuando escucho, desde el centro de mi corazón, hablar a las mujeres de su empoderamiento económico me cuentan:

  • El reconocimiento del derecho a la tierra como derecho humano, prioridad estratégica del feminismo global:

Aunque hemos venido hablando de este tema en ocasiones anteriores (aquí y aquí), tanto en España como en Europa esta emergencia se percibe como “algo que queda lejos”, como si parte de la migración económica femenina y crisis de refugiadas pudiese desvincularse de los efectos que produce la creciente degradación de la calidad del suelo, sus efectos sobre la alimentación y el hambre, el acaparamiento de tierra y persecución a defensoras territoriales o el creciente desmantelamiento del tejido económico local frente a la presión de las transnacionales (Inciso para periodistas en la sala: ¿de verdad no va a haber ningún periodista que ponga en el centro de la cobertura de la Caravana migrante centroamericana un análisis con perspectiva de género que denuncie las consecuencias devastadoras para toda una sociedad que ha tenido la adopción de las Zonas Económicas Especiales y el modelo laboral de la maquila sustentado en la explotación laboral extrema de las mujeres? Si degradas económica y laboralmente a las mujeres, por los índices de repercusión económica local que tiene tradicionalmente el empoderamiento económico de las mujeres -gastamos nuestro dinero CERCA, en producción local, en niveles muy superiores a los hombres, reinvertimos tradicionalmente los beneficios en nuestro entorno-, las comunidades se desintegran, lo que muere es un país). El reconocimiento del derecho a la tierra es una prioridad estratégica feminista global que actualmente está en disputa en el seno de Naciones Unidas y de la que España no puede ni debe desentenderse. Cual mantra de este espacio, lo vuelvo a repetir: la presión extractiva en el Sur global, llega a Europa por nuestro Sur rural europeo.

 

  • La desigualdad económica no salta a la vista: redefinición cultural de los criterios de éxito económico y riqueza

 

Entre las cosas más sorprendentes que me han enseñado las mujeres se encuentra el aplastante éxito que el modelo del “homo economicus que tiene que competir a muerte en un mundo de escasez” ha tenido sobre nuestros imaginarios cotidianos. El reparto doblemente desigual para las mujeres de la riqueza y los recursos está felizmente enmascarado bajo la fantasía de la escasez. Suelo romperme varias veces al día al escuchar a mujeres absolutamente aplastadas por el sobreesfuerzo decir que quizá no se han esforzado lo bastante para alcanzar el éxito económico en un mundo en el que la feminización de la pobreza ha llegado a naturalizarse. Deben ser mis ojos, que cada vez que escucho la palabra “abundancia”, son incapaces de comprender qué realidad materialmente concreta se esconde bajo el índice Dow Jones y, sin embargo, se solazan en campos de trigo y amapolas y en manos que amasan pan. Hay una inmensa tarea cultural pendiente en esta dirección, reconquistar la definición colectiva de riqueza y volver a vincularla con la inmensa paciencia de la tierra (el ecosocialismo nos tira con un zapato por tardar tanto en llegar)

 

 

 

  • Discurso iberoamericano sobre emprendimiento en Europa:

Entre las muchas cosas que el espacio cultural iberoamericano ha conquistado para el resto está su disputa sobre la conceptualización del emprendimiento. El modo en que ha logrado vincularlo con criterios de refuerzo comunitario y visión territorial, el impulso al emprendimiento socio-cultural como modo tanto de protección como de reactualización del patrimonio cultural, su apuesta por los modelos de emprendimiento inclusivo y el impulso estratégico decisivo del emprendimiento de las mujeres vinculado a procesos más amplios de empoderamiento desde la base (otro mantra de esta web: no en balde la Carta Cultural Iberoamericana lleva en su seno la apuesta por la economía social de la cultura) chocan con el abrasador y dicotómico debate en España “emprendimiento panacea/emprendimiento Satanás”, apartándonos del reconocimiento de las posibilidades que la innovación social también desde la empresa puede tener tanto para nuestros territorios como para la reconstrucción de comunidad (¿no teje el pequeño comercio ciudad?).

 

  • Sindicalismo feminista e interseccional:

 

Hay una escena de “La ciudad no es para mí” que a veces me sirve como metáfora íntima de país y me hace sonreír por dentro. Es una frase de Paco Martínez Soria que, dolido ante esa nuera que reniega y se avergüenza de sus orígenes rurales, del hambre y el trabajo del que procede, espeta: “Tanto Luchy, tanto Luchy y se llama Luciana”. Viene continuamente a mi memoria cuando la realidad laboral de las trabajadoras domésticas y las internas toca en cualquier grado mi día a día, el barómetro del CIS de mi mesa. España: tanto Luchy, tanto Luchy y te llamas Luciana.  A la petición permanente para ampliar el conocimiento de los derechos laborales de las mujeres en nuestro país, se une la emergencia de impulsar un nuevo modelo, fuera del formato “liberado”, de sindicalismo feminista e interseccional que logre articular respuestas a las cadenas de explotación en las que participamos las mujeres. Para mí, sin duda, la punta de lanza para el avance de los derechos laborales de las mujeres en todo el globo (junto a las mujeres campesinas) está representada por la lucha de los derechos de las internas, trabajadoras domésticas sobre las que se está encarnando la sombra del ficticio boom económico español y cuya explotación, en muchos de los casos en régimen de auténtica semi-esclavitud, está dándose en la reclusión de nuestros espacios domésticos. Hemos pasado de ser un país que, en su domesticidad, besaba los mendrugos de pan antes de tirarlos a la basura a convertirse en centros de explotación laboral hacia mujeres migrantes, racializadas. La protección y fuerza sindical del sector, aunque ya presente, aún es escasa y son la clase obrera más vulnerable de este país. Asi que, como escucharían mis abuelas castellanas los domingos, habrá que decir: “Que manden obreras a esta mies, que la labor es mucha.”

 

 

  • Incidencia feminista en la política económica: techos de cristal y suelos pegajosos A LA VEZ

Quienes queremos apostar por una mirada y participación social, económica, política entrenada en el reconocimiento de la interdependencia, no podemos caer en la trampa de las falsas dicotomías. Los techos de cristal que impiden a las mujeres el acceso a la toma de decisiones y los suelos pegajosos de la precariedad son un continuo de explotación, el final de ambos, desde una mirada de integración, se dará a la vez. El hecho de que las mujeres seamos sólo el 8% de las inversoras en este país y que en ese 8% se haya refugiado gran parte de la inversión socialmente responsable y de impacto social también es una prioridad: las mujeres estamos fuera de la decisión sobre qué sectores productivos MERECEN crecer e impulsarse y sobre qué criterios tomamos en cuenta como país para definir qué es lo rentable. A lo mejor, si ocupamos este espacio, quién sabe, logremos desarrollar indicadores en productos de inversión que certifiquen que la explotación hacia las mujeres ya no cotiza en Bolsa y repliquemos en todo el tejido empresarial lo que, para el tejido social feminista, nos han enseñado iniciativas de financiación como el Fondo Calala.

 

  • Genealogías económicas de las mujeres

¿Cuál ha sido la relación histórica de las mujeres con el dinero?, ¿incorporamos también las heridas de explotación económica entre mujeres, “las criadas y las señoras”, el dolor punzante de las cholas?, ¿cuál ha sido nuestra aportación diferencial a la riqueza de nuestros países?, ¿qué hicieron nuestras mayores para sobrevivir económicamente, cuáles fueron sus estrategias frente a la pobreza, frente al hambre?, ¿cómo crearon cajas de resistencia?, ¿quiénes se batieron el cobre para que las siguientes pudiésemos tener acceso a nuestro dinero?, ¿quiénes consiguieron estos cambios legales?, ¿qué empresarias amamos nosotras sin que nos las imponga nadie?, ¿qué redes de solidaridad económica entre mujeres se saltaron todas las barreras sociales habidas y por haber para avanzar juntas?, ¿lograremos que sean duelo de país algún día nuestras muertas en accidentes laborales?

 

  • Salud mental y empoderamiento económico de las mujeres:

La pobreza y la precariedad tienen un impacto devastador sobre la salud mental de las mujeres. El tejido emocional de la precariedad está asentado sobre la vergüenza y el sentimiento de soledad de muchas de ellas. En un reciente informe del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid sobre la situación laboral de las mujeres migrantes, todo el mundo quedó sorprendido por un puntaje inesperado: su prioridad demandada no era trabajo, la prioridad era salir de la pandemia contemporánea de soledad. Los climas laborales enrarecidos por la temporalidad y las prácticas depredatorias, la individualización y retorno al espacio doméstico del trabajo de las mujeres y la desigualdad en la capacidad de negociación están teniendo un efecto de lo más real no sólo sobre la salud física, sino sobre la salud mental de las mujeres en nuestro país. El dolor de las demás es nuestro.

 

Recojo pues, por aquí, un hilo más para este reto global, impulsada también por un recuerdo. Cuando una de mis castellanísimas bisabuelas, tratando de salir de la persecución política, la guerra y el hambre se plantó en mitad de un corral y empezó a cobrar por arreglar bicicletas con sus propias manos, estaba empoderando a las mujeres futuras de un país. En reconocimiento a ti y a todo lo callado en aquel gesto, bisabuela, hoy seguimos.

El CETA que no amaba a las mujeres

Aprovechando la invitación de la periodista Esther Ferrero para incorporar este pasado lunes en su programa Coordenadas de Radio 3 una lectura feminista sobre los efectos que puede tener la aprobación del CETA en España (puedes escuchar el programa aquí), me gustaría sembrar en este espacio algunas de las reflexiones planteadas en la conversación, también con el portavoz de la campaña española #NoalTTIP, Tom Kucharz.

Como hemos venido analizando en relación con el TTIP (tanto desde una óptica feminista, como desde un análisis sectorial centrado en el impacto de los tratados de libre comercio sobre la soberanía cultural y el sector económico cultural español), la firma del tratado con Canadá, el CETA, viene a apuntalar el edificio neoliberal global que se sustenta en la peligrosa equivalencia entre los derechos de las transnacionales y los derechos de los pueblos. El veto que ha ejercido el bipartidismo en España a la propuesta de que el CETA fuese examinado por el Tribunal Constitucional y sometido a referéndum, dado el impacto del mismo sobre la pérdida de soberanía de nuestro país, debería hacernos reflexionar sobre qué intereses están realmente en juego. Tanto desde el campo de las políticas de igualdad como desde las políticas culturales en su espectro normativo internacional, la defensa del CETA es incompatible con algunas de las principales Declaraciones de la ONU y la UNESCO que han sido ratificadas por España, especialmente las relativas a la protección de los derechos laborales de las mujeres y la protección de la diversidad cultural.

 

 

Como ya dijimos en artículos previos sobre el TTIP, la lucha contra los tratados de libre comercio como epítome del modelo económico neoliberal debería ser una prioridad en la agenda feminista española, precisamente por la capacidad que tiene la firma de los mismos para desmontar con rapidez y oscuridad por arriba las principales medidas de protección y promoción de la igualdad conquistadas a pulso durante décadas. Teniendo en cuenta la amenaza económica a los Estados omnipresente gracias a la creación de los tribunales privados de arbitraje que velan para que no se aprueben legislaciones que puedan dañar los intereses económicos de las multinacionales ni pueda legislarse fuera del rígido corsé de los tratados, igualando democracias con intereses de mercado, no podemos obviar que para dichas empresas las medidas de igualdad se conceptualizan como costes a rebajar.

De igual manera, como vienen señalando las economistas feministas de nuestro país, la privatización de nuestros servicios públicos, implícita en todos los tratados de libre comercio, pero de un modo especialmente claro en el CETA con la privatización de los servicios de cuidado y protección de la tercera edad, pone en riesgo un alto porcentaje de puestos de trabajo de las mujeres en nuestro país, así como coadyuva, por la pérdida de cobertura estatal de servicios a la infancia y la dependencia, a la sobrecarga de las mujeres en su función de cuidadoras.

Aunque quizá sea el campo de la salud pública en el que el impacto de la firma del CETA tenga un sesgo de género más visible. El impacto que la progresiva privatización de los servicios de salud pública pueda tener sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, se suma al refuerzo comercial y publicitario de la medicalización y mercantilización del cuerpo de las mujeres, sin lugar a dudas un sector de consumo deseado y disputado.

Como ha alertado la Asociación por un acceso justo a los medicamentos, el aumento en la protección de patentes médicas incorporado en el CETA, aumentará el coste en las prescripciones de los medicamentos en España, lo que impactará especialmente en el acceso a la salud de nuestras mujeres mayores en las que se concentran algunos de los índices más alarmantes de feminización de la pobreza en España, sin olvidar que según datos del Barómetro sanitario estatal en 2015, 2,4 millones de españoles afirmaban no poder acceder a algunos de los medicamentos recetados por falta de ingresos.

Sin detenerme, por haberlo abordado en textos anteriores, sobre el impacto de estos tratados de libre comercio sobre el respeto a los derechos culturales en nuestro país (especialmente los vinculados a cultura y territorio y medidas de protección del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural), quería apuntar por último a los efectos que la liberalización del acceso a la compra y la contratación pública recogidos en el CETA tendrán sobre el respeto a la autonomía local y el principio de subsidiariedad en nuestro país. Aquellas políticas locales en las que se haya logrado la incorporación de claúsulas sociales, fomento de la contratación de cooperativas de proximidad o medidas genéricas en apoyo a la economía social, se verán en riesgo ante la aprobación del CETA, siendo contratos de servicios muy feminizados como el cuidado a mayores, la gestión de escuelas infantiles o servicios de ocio, los primeros en tener que competir con grandes grupos de gestión de servicios transnacionales que abaratan costes y con menores garantías de los derechos laborales de las mujeres.

Sumándonos con este breve apunte a la movilización planteada este 3 de junio contra el CETA, no está de más recordar la exigencia de soberanía recogida siempre por el feminismo latinoamericano: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Pues bien: tampoco en España.

Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (1ª parte)

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“Las políticas de defensa de derechos humanos son políticas culturales.”

Boaventura de Sousa

1.- Participación en la vida cultural: de la urgencia post-desastre a la profundización democrática.

El derecho a participar en la vida cultural, ya recogido en el Artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, ha ido evolucionando a medida que avanzaba el siglo XX y se ampliaba la propia definición de cultura. De una visión defensiva y un paradigma de bien cultural objetual, claramente marcado por la urgencia de la reconstrucción tras la devastación de las guerras mundiales, aunque ciertamente permisivo con el dominio colonial del patrimonio de los países del Sur global, se fue abriendo paso una visión más dinámica de este derecho a medida que se socializaba una definición de cultura más cercana al enfoque antropológico.

Si nos detenemos en uno de los aspectos recogidos en dicho artículo 27 “el derecho a gozar de las artes”, observamos cómo desde una acepción del derecho a participar en  la vida cultural entendida como sinónimo de participación como espectadores en actividades artísticas dentro del paradigma occidental de las Bellas Artes (en consonancia con el marco de época de las políticas culturales centradas en la democratización cultural cuyo máximo exponente es la Francia del ministro André Malraux) se fue ampliando el foco de acción hacia la propia creación cultural y la participación activa con nuevas definiciones de públicos, así como hacia una concepción de la vida cultural como el espacio de juego real en el que se construye o destruye la democracia.

Así la Observación general nº21 sobre el Derecho de toda persona a participar en la vida cultural del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se detiene ampliamente en los aspectos concretos que garantizarían dicha participación, reconociendo la importancia del papel creador, de la contribución activa:

La contribución a la vida cultural se refiere al derecho de toda persona a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad. Le asiste también el derecho a participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales.

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De igual manera, en el reciente documento Repensar las políticas culturales se amplía el concepto de participación cultural abarcando el co-diseño de las políticas culturales por parte de la ciudadanía e incorporando a esta dimensión activa de la participación el seguimiento, la evaluación, la exigencia de transparencia y el control político.

Son tanto la Carta Cultural Iberoamericana como la Agenda 21 de la Cultura las que recogen de un modo más nítido la evolución internacional sobre el derecho a participar en la vida cultural pasando de una visión eurocéntrica, objetual, defensiva y de urgencia hacia un nuevo paradigma de profundización democrática, desde el principio de reconocimiento y protección de la diversidad, la equidad y el derecho a la participación de los grupos vulnerables. Así se percibe también una evolución en el diseño de las políticas públicas culturales desde el enfoque ya comentado de democratización cultural estatal hacia marcos de referencia que ponen en el centro la protección de los derechos culturales y amplían las definiciones de ciudadanía y democracia cultural primando los niveles más cercanos de gobernanza, los espacios municipales, como ámbitos privilegiado para este ejercicio de democracia. Así, por ejemplo, en los principios de la Carta Cultural Iberoamericana se recoge:

Los derechos culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos, de forma tal, que ese mismo ejercicio permite y facilita, a todos los individuos y grupos, la realización de sus capacidades creativas, así como el acceso, la participación y el disfrute de la cultura. Estos derechos son la base de la plena ciudadanía y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura.

2.- Dimensión colectiva de los derechos culturales: identidades y territorios.

Como afirma Boaventura de Sousa en el artículo Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos, la cultura occidental cuenta con un déficit en relación con:

La idea de los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza y los de las generaciones futuras, así como la de los deberes y responsabilidades frente a entidades colectivas, sean la comunidad, el mundo o incluso el cosmos.

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La dimensión colectiva de los derechos culturales, más allá del reconocimiento a la libre determinación de los pueblos recogida en la Declaración de los Derechos Humanos, que tan poco desarrollada se encuentra en Europa y que genera tanta tensión intelectual, nos confronta con la centralidad hegemónica que el individualismo competitivo y el falsamente neutro “homo economicus” del capitalismo -ya desmontado por la economía feminista, valga de ejemplo “Mercados globales, género y el hombre de Davos” de Lourdes Benería- tienen también en la producción y crítica cultural occidental.  Como bien señalan las diversas autoras de esta escuela, la negación de la vulnerabilidad, la invisibilización de nuestra interrelación con la naturaleza así como la exclusión dentro de la reflexión intelectual del papel clave que juegan los cuidados en el campo de la reproducción social y cultural, han permitido la imposición de la visión individualista-competitiva de lo humano, central para el actual sistema neoliberal y freno para el desarrollo práctico de los derechos culturales colectivos en Europa.

Si bien desde la economía, basándose en el Sumak Kawsay de la América Andina, ya se han implementado propuestas alternativas a este enfoque individualista, y en Europa se está dando esta misma reflexión desde la economía alrededor de los comunes, el debate europeo sobre la dimensión colectiva de los derechos culturales alrededor de las concepciones de identidad y territorio aún no ha desplegado todo su potencial transformador actual posible y se ve aún encuadrado en planteamientos reduccionistas que vinculan su propuesta exclusivamente a posicionamientos nacionalistas.

Como afirma Prieto de Pedro, los derechos culturales colectivos deben ser reconocidos como una categoría autónoma de derechos, mucho más si como afirma la experta independiente en materia de derechos culturales para la ONU, Farida Shaheed, la expresión vida cultural actualmente “hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo” y tomamos en cuenta las dinámicas transnacionales que atraviesan de facto el día a día de la política cultural no sólo nacional sino regional y local. Más allá, por tanto, de las reflexiones que vinculan la dimensión colectiva de los derechos culturales con la seguridad y la autoestima personales, así como con su papel generador de cohesión social, me gustaría detenerme en algunas ideas fuerza apuntadas en el marco del derecho cultural internacional alrededor de las identidades y los territorios que podrían, desde la hermenéutica diatópica propugnada en el artículo citado de Boaventura de Sousa, operar a día de hoy en el Sur de Europa.

(Continúa en Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 2ª parte)

#GCultural2016: Conclusiones que abren puertas

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“Somos abundantes”,  Juan Espinoza, TELARTES (Bolivia)

“Los procesos de la gestión del arte y de lo cultural son políticos

y contribuyen directamente a validar y postergar ideas respecto a la realidad.”

Laboratorio de arte TETL, Estado de Guerrero (México)

Las imágenes de esta entrada son (homenaje) y propiedad de TETL,  intervención en Zitlala, Lugar de las Estrellas.

Ayer se celebró la Videoconferencia de cierre y conclusiones del I Congreso Online de Gestión Cultural, en la que el equipo organizador impulsado por Ártica Online, junto a Comunicación Abierta, Gestión Cultural UY, Comandante Tom, Aforo Gestión Cultural y Baixa Cultura dieron cabida al proceso reflexivo que ha ido acompañando a las mesas también desde la cobertura colaborativa. Más allá del reconocimiento a la coherencia y generosidad que han sido la tónica general del proceso, en la búsqueda común de los ejes transversales que han ido apareciendo en esta gran conversación internacional con más de 40 ponencias, identificamos entre todxs los siguientes:

  • La relación de la gestión cultural con el actual sistema económico ha sido un bajo continuo a lo largo de todo el congreso, en variadas facetas. Las referencias a la sostenibilidad e independencia de los proyectos, la necesidad de repensar los modelos de financiación, la entrada generalizada de actores privados en dichos procesos de financiación especialmente a través del modelo de patrocinio, han sido algunos de los puntos nodales que impulsaron la reflexión sobre la capacidad de la gestión cultural para afirmar también otras culturas económicas y ensayar nuevos modelos alternativos al paradigma neoliberal. La relación con la economía social y solidaria, las referencias a la economía feminista poniendo en el centro la sostenibilidad y los cuidados así como una reflexión profunda sobre la crisis de los liderazgos desligados y verticales ante modelos que valoren la afectividad, la contestación frente a patrones de consumo alienantes y la potencialidad de la cultura libre han sido algunos de los elementos recurrentes (véanse Preto Café, Ediciones La Terraza, Selma Santiago y los polos creativos en Brasil y un larguísimo etcétera…)

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(Imagen propiedad de Precariedad Guggenheim Museoa)

  • Ante una creciente regresión conservadora a nivel internacional, la capacidad no sólo de disputar las políticas públicas, sino de articular auténticos procesos de incidencia política y legislativa que garanticen la protección de los derechos culturales a nivel internacional. La colaboración y el reconocimiento mutuo Sur-Sur, entendiendo como parte de este Sur global también el Sur de Europa, así como el amor presente en el uso como lengua franca del “portuñol” fueron también líneas clave.

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  • Se identificaron como riesgos tanto la cooptación desmovilizadora por parte de algunas instituciones de aquellas iniciativas culturales que pudieran tener mayor capacidad crítica, así como el peligro de caer como gestores culturales en el ensimismamiento y el uso de narrativas-palabras-fetiche que impidan la auténtica comunicación con las comunidades. También se dio la voz de alarma no sólo sobre la permanencia de la brecha digital, sino también de la creciente distancia entre la Academia y la gestión cultural de base.
  • Por último, se hizo referencia también a la reflexión permanente durante el Congreso sobre la identidad, ya fuese a través de procesos de empoderamiento identitario, a través de las múltiples conversaciones sobre la construcción de la periferia (geográfica, cultural, simbólica y los retos de habitar) o a través de los procesos que abre la construcción de una identidad común más allá de la vinculación territorial (procesos migratorios).

Ante el cierre de esta Sur-Conversación-Transoceánica-EnPortuñol que nos ha unido alrededor de la hoguera común de la cultura, sólo me quedan dos cosas: enviar un abrazo cómplice a los compañeros mexicanos (estamos aquí, porque somos ustedes) y la mayor gratitud al equipo organizador por crear lazos con futuro que abren puertas.