Economía de la credibilidad

Etnografía de la invisibilidad

Estefanía Rodero

 

Hace unos días, en la presentación organizada por la Fundación Gabeiras del Informe “Patrimonio inmaterial y desigualdad de género: una perspectiva antropológica y jurídica de los conflictos sociales en torno a las tradiciones festivas en España” del que ha sido responsable la antropóloga Lidia Montesinos, se suscitó una reflexión interesante que me gustaría recoger aquí.

En el Informe, – que ha recogido y analizado aquellos casos de conflicto relacionados con la desigualdad de género en los rituales festivos en España, especialmente aquellos que han tenido efectos jurídicos o cuya dimensión ha terminado articulándose en procesos de incidencia política-, se vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de entender el patrimonio como espacio político, de discusión, confrontración y diálogo. Aportando luz sobre la dimensión de la violencia simbólica e invisible que reside aún en determinadas prácticas del patrimonio inmaterial y las fórmulas reiterativas de las que se sirve la exclusión (el desprecio, la ridiculización y el ostracismo social de determinadas personas o colectivos), se incide no sólo sobre la necesidad de articular un decálogo de buenas prácticas para la comunicación en este tipo de conflictos, sino sobre la urgencia de seguir transformando los imaginarios y conceptualizar el patrimonio como lo que es, algo vivo y en transformación permanente.

El título de esta entrada, no obstante, es un robo descarado de la intervención que el antropólogo Honorio Velasco realizó a raíz del Informe y que trazó un horizonte de preguntas para la acción que no quiero dejar caer en saco roto.

 

 

Ante la pregunta, ¿qué hace exactamente el patrimonio cultural inmaterial en nuestra sociedad actual y qué podemos hacer para ponerlo al servicio de la paz y la convivencia?  se identificó la urgencia de realizar una “etnografía de la invisibilidad” en base a cuatro hitos:

1.- En el marco del derecho a participar en la vida cultural, aunque especialmente en relación a la protección y actualización del patrimonio, ¿quiénes están ausentes del reconocimiento?, ¿quiénes quedan fuera del foco de luz de quienes son reconocidos como “agentes de cultura”? En una frase del propio Honorio Velasco, “¿a quiénes lo que hacen no les luce?”

2.- ¿Del trabajo y el esfuerzo invisible de quiénes nos estamos beneficiando y apropiando?, ¿a quién y a quiénes se está arrinconando entendiendo su dar y su participación como “un servicio desinteresado y a favor del bien común” que no necesita ser agradecido, precisamente por los procesos de naturalización que permiten dicha apropiación? ¿Quiénes están tomando lo que no les pertenece?

3.- Procesos de subordinación estricta y resquicios legales: en la presentación del Informe, por ejemplo, Lidia Montesinos recalcó cómo en muchos de los casos de conflicto analizados se estaba repitiendo una “perversión”: para huir de la obligación del respeto a la igualdad de género en algunas manifestaciones festivas se están repitiendo procesos de privatización de las estructuras organizativas de dichos actos, para sortear las obligaciones legales a las que estaría sometida la organización pública.

4.- Análisis de la deformación y las distorsiones: personas y colectivos que cuando aparecen no tienen control alguno sobre su imagen, no es la suya, su voz y palabra pública se ve distorsionada, su discurso cuarteado, su planteamiento  y reivindicaciones ridiculizados o reducidos. ¿Quiénes, en nuestras políticas culturales actuales, aunque especialmente de patrimonio están siendo excluidos o excluidas a través de este mecanismo?

En la intervención del profesor Honorio Velasco se planteó también una “agenda de reivindicación para la compensación” basada en:

  • La dignificación como paso previo de cualquier proceso compensatorio: reconocimiento de todo lo que ya se ha hecho, lo ya aportado, lo ya trabajado y construido.
  • Hacer emerger, para comprender en su totalidad el hecho festivo (aunque aplicable para cualquier manifestación cultural) lo fundamental de los trabajos ocultos, la centralidad para la ESTRUCTURA del acto festivo de todo aquello que ha sufrido luz de gas.
  • Centralizar en el discurso la mirada sobre la “transmisión a las generaciones venideras”. Si este es el sentido profundo por el que el patrimonio inmaterial es algo vivo y en permanente evolución, ¿quiénes han mantenido viva dicha transmisión?, ¿a quiénes se les debe gratitud por la protección de los legados?
  • Son las personas, no las cosas: en todas las políticas culturales, aunque especialmente en las vinculadas al patrimonio, se corre el riesgo de borrar a los sujetos, objetualizando la cultura. ¿Quién hace?, ¿quién crea?, ¿quién participa?, ¿quiénes?
  • Señalar también el peso de las apropiaciones culturales de los Estados, por ejemplo y de un modo sangrante, ante la apropiación del patrimonio de los “pueblos sin Estado”, los pueblos indígenas.

 

Recojo por aquí estas cuestiones abiertas, añadiendo una última pregunta personal: ¿qué efectos podría tener, como contrapeso a la desigualdad en el derecho a participar en la vida cultural, movernos a nivel político desde un paradigma de derechos culturales centrado en las personas?

Palabras que cuentan: comunicación y economía de la credibilidad

Estefanía Rodero 1 comentario

 

(Artículo escrito para el número de despedida de la Revista Pueblos que puedes leer aquí)

Allá por el año 1980, la publicación de la UNESCO “Un solo mundo, voces múltiples”, más conocida como Informe McBride, que pretendió generar alternativas a las desigualdades comunicativas globales para promover así una cultura de paz, ya alertó sobre el hecho de que los medios de comunicación funcionaban de facto como instrumentos de poder claves para perpetuar la desigualdad económica global,  la estandarización de contenidos y fuentes de información sería imparable si no se articulaban con urgencia medidas de protección que garantizasen el acceso a canales informativos múltiples y que cada vez se hacía más urgente impulsar la elaboración de un código de ética periodística mundial.

Desde este Espíritu McBride (que sería tan interesante impulsar de nuevo dentro de las actuales negociaciones del Tratado vinculante de la ONU sobre Transnacionales y derechos humanos), que en su momento provocó tanto el silenciamiento y ostracismo de Sean McBride como la salida de la UNESCO de los EEUU de Reagan, ofendido por la defensa de la diversidad mediática global, me gustaría concentrarme, por su urgencia para el presente, en la naturaleza del derecho al acceso a la comunicación como un derecho humano.

Si tenemos en cuenta el papel central que juegan los medios de comunicación como creadores y transmisores de cultura, es obvio pensar que, entre otras aristas, no existe protección del derecho a participar en la vida cultural en condiciones de igualdad sin que la comunicación esté al alcance de todos en términos de dignidad humana y no discriminación, así como dentro de marcos legales que protejan el derecho a la identidad cultural, uno de cuyos elementos más evidentes sería la protección de la diversidad lingüística.

 

 

Los medios de comunicación juegan un papel determinante para la creación de climas de respeto o persecución, entre otros, de los derechos culturales y de las minorías, dada su capacidad para construir y legitimar visiones del mundo y redes de significado que definen “lo que realmente existe”, “lo que deviene real” merced a su acceso a la representación y la visibilidad.

El derecho a la comunicación como derecho humano no se centra por tanto tan sólo en el derecho a recibir información, en la protección de la pluralidad de lo recibido, sino en la capacidad generadora de esa misma información. Sin tener acceso a los instrumentos a través de los cuales se construye el sentido, se identifica lo que es relevante y no, lo que participa en el desarrollo y evolución de valores y conductas plausibles y en general a las herramientas por las que se construye “la realidad que se ve” (y por lo tanto que definen también las zonas de silencio y sombra) no se puede hablar en ningún caso de respeto a los derechos humanos.

Desde esta mirada a los medios de comunicación como legitimadores de discursos y conductas y constructores de “la voz pública”, la definición de quién tiene derecho a hablar y quién queda relegado del derecho a la palabra, sería urgente llevar nuestra mirada crítica tanto para el corto como para el medio plazo hacia lo que Dolores Juliano ha denominado los “criterios de credibilidad”. Como afirma Dolores Juliano, “los sectores que tienen mayor poder monopolizan a su favor el supuesto de veracidad (…) Se da así una correlación directa entre poder y credibilidad”, por la que los sectores con mayor acceso al poder y por tanto con mayor control mediático, logran presentar sus intereses como algo objetivo y universal.

 

 

Si queremos atender al llamamiento a la reciprocidad en el intercambio de información que reclamaba el Informe McBride es fundamental que atendamos, por tanto, a la construcción social de la credibilidad y al acceso a la comunicación como un elemento constructor de soberanía llevando nuestra atención y análisis hacia:

  1. La producción mediática de la ausencia y la inexistencia, como ha señalado Boaventura de Sousa en su identificación de cómo se construye “la alternativa no creíble de lo que existe”, siempre en términos de alguno de estos 5 ejes: lo ignorante, lo retrasado, lo inferior, lo local/particular y lo improductivo. El vacío informativo, por ejemplo, de la realidad rural e interior de España podría ilustrar de modo elocuente este punto.
  2. La exotización cultural como forma de simplificación y silenciamiento, dado que, si como afirmaba Fanon “en la posesión del lenguaje hay un modo de ejercitar el poder”, la condena a ser hablados y esencializados impide cualquier discurso contextualizado y en primera persona. Los suplementos de viajes de los grandes grupos mediáticos en España, que desgajan los destinos de cualquier marco contextual ejemplifican este eje.
  3. La dimensión lingüística de la credibilidad, dado que todo lo que queda fuera del “globish” como lo ha bautizado François Jullien, será desacreditado como perversión de lo universal que, obviamente, ha de nombrarse en la lengua de los centros económicos de poder.
  4. El desarrollo de una nueva sensibilidad hacia los privilegios epistémicos atendiendo a los conocimientos denegados como tales, a las razones por las que se deslegitiman esos conocimientos y a quienes los poseen y a la identificación de los intereses económicos que subyacen en la validación del conocimiento. Toda la gama de expertos presentes en medios de comunicación y sus criterios de selección, así como el papel legitimador que juegan para afianzar el paradigma de los rankings del conocimiento mundial nos sirven de ejemplo.
  5. La invisibilización de la posición desde la que se habla y el control de la perspectiva y campo de la percepción como mecanismos legitimadores del poder. La naturalización del lugar de enunciación como si fuese un espacio de neutralidad aséptica, y que contribuye a negar las tensiones y luchas por el acceso a la enunciación y al papel que juega para lograr imponer interpretaciones válidas para todos los miembros de una sociedad.
  6. La homogeneidad presente en los espacios de “respetabilidad de la palabra” y de “construcción de prestigio” (en su vertiente económica, social y cultural) así como la imposición de genealogías intelectuales y de referencialidad que apuntalan la voz válida y que ayudan a construir pertenencias: eres de los nuestros si te referencias en los nuestros.
  7. ¿Qué climas emocionales necesitamos generar para que un determinado discurso sea eficaz y creíble? Resulta muy interesante analizar las estrategias emocionales que suelen seguirse para deslegitimar las voces críticas en los medios de comunicación (estrategias que pueden llegar a ser mortíferas como estamos viendo en la persecución a defensoras de derechos humanos en toda América Latina):
    • Infantilización de quien comunica.
    • Degradación y ridiculización espectacularizante.
    • Utilización de clichés para fines como los que apunta Santiago Alba Rico: “el cliché no degrada al otro solo para dominarlo más fácilmente sino para exonerar al vencedor de toda responsabilidad”
    • Utilización de la vergüenza y la estigmatización como herramienta de silenciamiento público.

Es por todo ello por lo que debemos seguir enmarcando el derecho a la comunicación como derecho humano y eje central para la soberanía real de los pueblos ya que como afirma Achille Mbembe los medios de comunicación tienen capacidad “para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”, y por tanto la falta de acceso a los mismos es una forma de violencia que retroalimenta al resto, definiendo qué vidas importan y qué muertes no.

 

La voz legítima: feminismo y derechos culturales

Estefanía Rodero

(Gracias a Pikara Magazine por publicar una versión resumida de este artículo.)

 

(Ilustraciones de Mercedes deBellard con fuente de Silvia Fernández)

(Lo que vas a leer fue contado primero de viva voz y con alegría gracias a la invitación de la Universidad de Aguascalientes a su IV Cátedra en Arte y Cultura celebrada en el Instituto de México en España)

Los procesos de deslegitimación de la palabra pública de las mujeres que hemos vivido en las últimas semanas en España me llevaban a reflexionar sobre la urgencia de consolidar una nueva narrativa de los derechos culturales en nuestro país desde una perspectiva feminista, identificando cinco grandes desafíos a los que nuestras políticas culturales – en interrelación con las políticas económicas, sociales y ambientales- tendrán que dar respuesta tanto en el presente más inmediato como en el inminente medio plazo si realmente quieren promover, como oímos repetir últimamente en tantos discursos para la foto, la dimensión de los derechos culturales dentro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Una política cultural a través de la que pongamos en el centro la promoción de nuestros derechos culturales  debería ser sensible a:

1.- El avance de los discursos del odio y la construcción de nuevos chivos expiatorios en Europa, como estamos viendo, entre otras con la presión creciente a las minorías europeas (en la resurrección de las leyes antigitanos en Eslovaquia, por ejemplo o la creciente islamofobia) que afectan directamente a las mujeres y niñas de las minorías españolas, a nuestras mujeres migrantes y refugiadas. También debería ser una política cultural que diera respuesta al auge de los nuevos procesos y discursos racistas y deshumanizadores así como a la creciente criminalización de nuestras comunicadoras y artistas.

 

2.- El auge de nuevos modelos de extremismo y fundamentalismo religioso y su presión sobre los derechos humanos y la corporalidad de las mujeres, que en tiempos de políticas de austeridad y recortes educativos han cobrado nueva fuerza, legitimidad y posiciones estratégicas de poder en nuestro ámbito educativo.

 

3.- La consolidación del paradigma de libre comercio y la firma regional de tratados comerciales que tienen un impacto devastador tanto sobre las políticas de igualdad, consideradas como costes y por tanto como medidas a desmantelar, así como sobre la protección de la diversidad cultural y sus expresiones (especialmente en el caso europeo la protección de la diversidad lingüística o las medidas de promoción local de las culturas gastronómicas, con un impacto directo sobre el empleo de las mujeres rurales). De igual manera, el auge de dichos tratados contribuye, aún más, al desmantelamiento europeo de la cultura entendida como servicio público  dificultando enormemente la gestión cultural en el nivel local, especialmente a través de las modificaciones en las normas de contratación pública con criterios sociales o de proximidad.

 

 

4.- La realidad acuciante del cambio climático, que están afrontando a cuerpo descubierto y en primera línea las mujeres del Sur global y que junto a los interesantes procesos internacionales de negociación de nuevos marcos de protección del derecho a la tierra y la soberanía alimentaria de los pueblos y la creación de un documento vinculante que impida la vulneración de derechos humanos por parte de las transnacionales nos obligan a dar nuevas respuestas para la protección del patrimonio natural ante la presión del sector agro-industrial y extractivo, su impacto sobre la protección de los paisajes culturales y la protección de las culturales rurales europeas (en proceso de parque-tematización por un lado o desaparición por otro). De igual manera tendremos que hacer frente en Europa a los modelos de relación entre cultura y territorios frente al actual modelo turístico, así como repensar qué papel podría desempeñar la economía social de la cultura como alternativa de empleo para las mujeres, piedra angular de la supervivencia rural en nuestro país, que pudiese ayudar a frenar los procesos de desarticulación territorial que vive España.

 

5.- Tendremos que afrontar también desde las políticas culturales qué papel queremos y podemos jugar como contrapeso de las actuales políticas de seguridad de la Unión Europea y cómo podemos afrontar y desde qué actuaciones, tal y como nos está enseñando Angela Davis, la presión creciente de las multinacionales de seguridad privada en todo el globo, en el caso español de modo lacerante en el Mediterráneo. Cómo vamos a introducir con fuerza la perspectiva de género en nuestras relaciones culturales internacionales, en nuestra cooperación cultural internacional y cómo puede incidir el feminismo en la carrera diplomática. Cómo vamos a redefinir nuestra diplomacia cultural para cambiar su lógica desde el actual “ornato previo a la firma de acuerdos comerciales” hacia una auténtica labor diplomática asentada en un enfoque de derechos humanos.

 

Ante la situación de emergencia glocal que describen estos cinco ejes, que se suman a los grandes procesos no resueltos del desequilibrio comercial cultural Norte-Sur, la protección de la diversidad de fuentes de producción, difusión y distribución comercial cultural y las medidas que garanticen su acceso a las mujeres y que nos permitan afrontar los procesos de homogeneización cultural mundial, junto a la presión aún en pie del canon eurocéntrico, este modelo que se ha pretendido universal y que es Norte, varón, blanco, adulto, burgués, heterosexual y capacitista, me parece una medida de acción urgente situarnos en un marco que comprenda la política cultural como una política de derechos humanos.

 

Reconociendo el papel que juega la protección y promoción de los derechos culturales tanto en la Agenda 21 de la Cultura como en la Carta Cultural Iberoamericana, especialmente en su apuesta por la economía social y solidaria en el campo de la cultura, quiero poner en valor, por las vías de acción práctica y la orientación estratégica que han venido desarrollando las Relatoras de derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed y Karima Bennoune, para las que la protección los derechos culturales de las mujeres ha sido una prioridad.

 

 

De su trabajo, en colaboración y escucha permanente con organizaciones y movimientos feministas internacionales, ha emergido un cambio de paradigma clave para la protección de los derechos culturales de las mujeres en todo el mundo, cambiando la perspectiva desde un discurso que consideraba la cultura (tradiciones, costumbres, prácticas) como un obstáculo que se interponía en el camino hacia el empoderamiento de las mujeres y las niñas, virando el enfoque hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad. Ha sido muy interesante lograr en los últimos años la ruptura de la noción estática de cultura frente a nuevos abordajes (ya muy consolidados en las ciencias sociales y los estudios culturales) que consideran la cultura como un campo de poder en disputa y permanente tensión en el que las desigualdades en el acceso a los recursos económicos, políticos, simbólicos, dejan su huella profunda.

Así la pelea actual por los derechos culturales de las mujeres no se está centrando tanto, siendo fundamental también,  en el acceso, participación en la vida cultural y promoción de la creación de las mujeres, sino de un modo creciente en el papel que juegan en la construcción de la identidad de sus pueblos y la articulación de proyectos y relatos de país, dado que la identidad de un país está íntimamente ligada a la forma en la que garantiza el ejercicio de los derechos culturales a su ciudadanía.

De ahí que las preguntas que desde esta perspectiva están llegando a la agenda pública sean:

  • Qué tradiciones, qué valores, qué prácticas culturales deben mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente.
  • Cómo están participando las mujeres en estos debates públicos y en qué condiciones, qué miembros de la comunidad, del país, están facultados para definir la identidad cultural y el significado de ésta.
  • Por el carácter estratégico que juegan las políticas de patrimonio como apoyo simbólico (y reflejo más evidente de los relatos y estructuras de poder), ¿qué papel están desempeñando las mujeres (y en general todos los colectivos que quedan fuera del “universal reducido”) en los procesos de identificación e interpretación del patrimonio, del legado recibido a través de las generaciones que nos ha permitido ser quienes somos?

 

 

Así, el trabajo a favor de los derechos culturales de las mujeres está desbordando el paradigma de la cultura circunscrita a las bellas artes e incluso el paradigma de la cultura entendida exclusivamente en su papel industrial, para situarse en la reivindicación de la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas y tomar para sí tanto la capacidad para dar nueva vida a los significados como su protagonismo a la hora de decidir en pie de igualdad qué queremos transmitir como país a las generaciones futuras, qué queremos preservar o transmitir y  bajo qué dimensión de valores estamos comprendiendo nosotras el patrimonio y “la herencia”. ¿Cómo se está negociando qué eventos o duelos de país merecen o no merecen procesos memoriales? , ¿cómo estamos creando fechas conmemorativas de país y bajo qué criterios? Por ejemplo, la ausencia total de procesos memoriales o simbólicos de duelo público (monumentalidad, programaciones culturales temáticas y de “Estado”, días memoriales adscritos etc.) que hagan referencia a la violencia sexual sufrida durante la Guerra Civil española o a la desaparición y robo de bebés durante nuestra dictadura y reciente democracia serviría como punta de lanza para comprender esta cuestión. La reciente acción de guerrilla artística por parte de Madridiversa rebautizando el Paseo del Doctor Vallejo Nágera como Paseo de los Bebés Robados muestran en la acción esta temática.

De igual manera frente a la presión que enfrentan muchas mujeres en todo el globo para  perpetuar o convertirse en guardianas de la reproducción de la cultura dominante, desde las políticas culturales que ponen en el centro la promoción de los derechos culturales de las mujeres se está enfocando la acción hacia la recuperación de todo el legado histórico de impugnación de las normas y valores culturales dominantes realizado por ellas.

Quería señalar la importancia, por tanto, de denunciar la exclusión e invisibilización que sufren las mujeres como creadoras de cultura y conocimiento, no sólo en la dimensión de la creación de bienes, artefactos, productos culturales, sino en esta dimensión más antropológica como articuladoras y creadoras de proyectos de significación regionales y proyectos de país.

Si, como ha dicho Alain Touraine, la disputa por la ampliación de los derechos culturales será la batalla clave de nuestro siglo XXI, tendremos que estar especialmente atentas a cómo construyen nuestras sociedades la exclusión de su disfrute. Si la ausencia de protección de los derechos culturales incide directamente sobre el sentido de pertenencia social y dignidad humana, jugando un papel determinante tanto para la feminización de la pobreza como para la creación de colectivos en riesgo de exclusión, tendremos que articular políticas culturales sensibles a:

  • ¿quiénes están siendo excluidas de la negociación de los significados sociales? Pensando en esta cuestión me reía mucho hace unos días cuando, ante una cascada de exabruptos por lo inadecuado e incomprensible que era para algunos la inclusión de la ilustración de una mujer asiática en la cartelería de las madrileñas fiestas de San Isidro de este año, una genia en redes contestó: “Pero compañeros, ¿dónde vais con mantón de Manila, dónde vais con vestido chiné?” Genia.
  • ¿a quiénes se les está negando el acceso a los espacios de palabra pública y toma de decisión?
  • ¿quiénes están siendo “humilladas epistémicamente”, a quienes no se está reconociendo como creadoras de conocimiento o cultura válidos?, ¿quiénes están creando “cultura que no vale”, “cultura que no es verdadera cultura” en nuestra sociedad, quedando desprotegidas ante la presión del extractivismo cognitivo ante el actual paradigma de comercio? Los procesos de apropiación por parte de multinacionales textiles españolas de diseños artesanales mexicanos, concretamente los tenangos, sin contraprestación económica alguna a las artesanas y sus comunidades, visibilizan de modo alarmante esta cuestión.
  • ¿a quién se le está diciendo en nuestros procesos de diseño de políticas culturales: “tú quién eres para hablar”: a nuestro medio rural, a nuestras mujeres mayores, a nuestra diversidad funcional y mental, a nuestras niñas, a quién?

 

 

Me apoyo para esta reivindicación de la protección de los derechos culturales de las mujeres entendidos como los apoyos necesarios para garantizar y proteger la legitimidad de su propia experiencia y voz, tanto en la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui que está impulsándonos “a plantear políticamente las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima en nuestras sociedades” (y que hemos aprendido a fuego con la sentencia del caso de La Manada) como en la aportación de la filósofa feminista Miranda Fricker, que está dirigiendo nuestra mirada hacia el hecho de que no podemos hablar de sociedades que respetan los derechos culturales, y mucho menos los de las mujeres, si no cuestionamos cómo estamos construyendo en nuestras democracias nuestras “economías de la credibilidad”.

 

Así, nuestras políticas culturales tendrán que desarrollar una nueva sensibilidad hacia la injusticia testimonial, en palabras de Fricker:

  • “La identificación de cuándo los prejuicios identitarios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”

que se comprende de un modo inmediato, por ejemplo, al escuchar a las mujeres del documental de José Heredia “El Amor y la Ira: cartografía del acoso antigitano en España”

Y una nueva sensibilidad hacia la injusticia hermenéutica:

  • “Cuando nos faltan los recursos de interpretación colectivos que sitúan a alguien, a colectivos completos, en situación de desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Idea que llegamos a hacer cuerpo escuchando a las mujeres con discapacidad intelectual que tienen que afrontar procesos de esterilización forzosa en España o a quienes pelean por el derecho a la creación cultural de las personas con diversidad funcional.

 

Comprendiendo que es en esta construcción y reconocimiento social de la legitimidad de la voz el proceso a través del cual se comprende mejor la indivisibilidad de los derechos culturales de las mujeres en relación al resto de sus derechos humanos, al intuir de modo inmediato la violencia extrema que reside en la negación de la experiencia e interpretación de la realidad del otro y su condena social al silencio, creo que queda del todo claro que es urgente situarnos en el paradigma de las políticas culturales desde un enfoque feminista y de derechos humanos, entendiendo que no podemos permitirnos el lujo de seguir hablando de democracia, sin que se respete, de hecho, la verdadera democracia cultural.

Violencia sexual y duelos de país

Estefanía Rodero

(Homenaje a las mujeres coreanas violadas por soldados del ejército japonés, Reuters)

 

Quería la casualidad que la sentencia por la violación grupal de “La Manada” me encontrase reflexionando sobre la transmisión transgeneracional del trauma cultural gracias al recién editado en español “Psicología de las sociedades en conflicto. Psicoanálisis, relaciones internacionales y diplomacia” de Vamik D. Volkan.

Junto a todo lo escrito en esta semana de ruptura de velos, especialmente en relación al sistema de justicia, no dejaba de desasosegarme el hecho de que dos de los violadores formasen parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, llevando a cuestionarme qué tipo de pruebas psicológicas se están realizando en los procesos de acceso a los mismos y cómo dichas pruebas están mostrando puntos ciegos respecto a la detección de la cultura de la violación, qué modelo de masculinidad se ve reforzada y glorificada en su seno y de qué modo el mandato de remilitarización de las identidades masculinas a la que estamos asistiendo a nivel internacional ha aterrizado ya en sus formas extremas (o irresponsables) en la cotidianidad española. En la resonancia en mi propio cuerpo con la que he asistido, junto al resto de mujeres españolas, a esta sentencia, se actualizaba en mí también el duelo y la memoria no resuelta en relación a la violencia sexual y las violaciones grupales del siglo XX en nuestro país sobre cuyo silencio (junto al del continente europeo), convertido en grito ahora, se edificó la Transición y democracia española.

 

 

Al hilo de todo ello nacían en mí algunas preguntas:

 

  • El sesgo de género sobre los procesos memoriales que se han afrontado en España y la integración en nuestro relato de país de los aspectos sexuales de la violencia de nuestro siglo XX.

 

  • Siguiendo la terminología de Volkan relativa a los “traumas y glorias designados” sobre los que se edifican las identidades colectivas, las identidades de país, ¿cuándo el dolor de las mujeres pasa a ser “dolor de Estado”?, ¿de qué modo la monumentalidad conmemorativa, la designación de fechas memoriales, la ritualidad colectiva del duelo está siendo sensible al género y es capaz de construir país, conjugar el plural “universalizable” alrededor de lo acontecido a las mujeres?

Escribo esta breve entrada de preguntas por responder, consciente de que en nuestro presente, por fuerza, necesitamos transformar al servicio del futuro el dolor de todas.

(Imágenes pertenecientes al colectivo Actoras de Cambio, visibilizando las violaciones a mujeres mayas durante el conflicto armado en Guatemala)

 

 

De la injusticia epistémica y el extractivismo cognitivo: un diálogo

Estefanía Rodero 3 comentarios

 

 “La palabra legítima le pertenece a los de arriba, los de abajo dan insumos.”

Silvia Rivera Cusicanqui

“Es obvio que determinadas ventajas materiales generarán la pretendida ventaja epistemológica.”

Miranda Fricker

“La alternativa al extractivismo es la reciprocidad profunda.”

Lianne Simpson

 

Terminaba de leer estos días (gracias a la recomendación reiterada en el blog del maestro Fernando Broncano, El laberinto de la identidad), el libro de la filósofa Miranda Fricker Injusticia epistémica que ha estado dialogando de modo permanente en mi cabeza con la denuncia que desde la teoría descolonial y los pueblos indígenas de toda América se está articulando respecto al papel central que está jugando el extractivismo cognitivo (la apropiación de artefactos culturales y conocimientos, por ejemplo así) en la consolidación del neocolonialismo neoliberal. Como muchas de las dinámicas de apropiación y expolio territorial vividas en su gradación más violenta en América Latina se están trasladando en una versión suavizada pero con idéntico afán extractivista al cada vez más despoblado medio rural europeo y español, me parece urgente tal y como afirma también Miranda Fricker “desarrollar formas nuevas de analizar la ética del poder en nuestra vida en cuanto sujetos de conocimiento”.

Como vienen denunciando desde hace décadas autoras como Silvia Rivera, Lianne Simpson, Ramón Grosfoguel… , es necesario desarmar los ejes sobre los que se sostiene la mentalidad extractivista, la apropiación de todo objeto cultural, tecnología o idea producida por las culturas indígenas (y añado yo aquí, colectivos minorizados o en posiciones subalternas) que sea útil para quienes ostentan el poder, siendo extraida y asimilada sin tomar en cuenta a los pueblos que han producido dichos conocimientos, invisibilizando a sus creadoras, descontextualizando y despolitizando sus aportaciones.

Partiendo de la base de que el “extraer sin devolver es el principio de destrucción de la vida”, la necesidad de construir reciprocidad, de avanzar hacia el reconocimiento del principio de reciprocidad no sólo en el intercambio entre culturas sino como eje rector para la construcción de alternativas sociales y políticas en el siglo XXI, nace con idéntico carácter de urgencia que la alerta ante la cooptación sistemática de “palabras fetiche” (el “buen vivir”, el “Ubuntu”…) descontextualizadas y previamente desarmadas de su capacidad transformadora. La llamada reiterada de Silvia Rivera a iluminar las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima, la lucha por el control de las palabras que dominan la agenda redunda en la necesidad de hacernos más sensibles como sociedad ante la persistencia de las injusticias epistémicas como una de las facetas clave que perpetúan la opresión.

 

 

En esta línea el trabajo de Miranda Fricker nos dota (al menos así lo he sentido yo: balsámica) de herramientas prácticas de análisis para sensibilizar mirada y escucha ante lo que no se deja decir en las palabras y sí dicen los silencios.

Como explica Fricker:

“La injusticia testimonial se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido; la injusticia hermenéutica se produce en una fase anterior, cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivos sitúa a alguien en una desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Sería por tanto urgente llevar nuestra atención respecto a la economía de la credibilidad en nuestras sociedades: a quién se cree sistemáticamente, a quiénes no se puede creer, a quiénes “sobrecreemos”, a quién no se escucha de modo reiterado, quiénes son negados como sujetos de conocimiento válido, quiénes tienen que gritar para hacerse oír, quiénes aunque griten no son escuchados, quiénes tienen palabra, quiénes ya ni lo intentan.

“Toda injusticia epistémica lesiona a alguien en su condición de sujeto de conocimiento y, por tanto, en una capacidad esencial para la dignidad humana; y el modo particular en que la injusticia testimonial lo produce es llevando a un oyente a lesionar a un hablante en su capacidad como portador de conocimiento, como informante.”

 

El respeto y el trabajo a favor de los derechos culturales vendría a ser una de las herramientas presentes para construir sociedades en las que disminuyésemos paulatinamente la injusticia epistémica, dado que ésta, especialmente en su carácter de injusticia testimonial es uno de los nutrientes clave de la ideología y los discursos del odio, dado que la fiabilidad epistémica se construye colectivamente alrededor del reconocimiento de la competencia y sinceridad de quien habla.

 

“Muchos de los estereotipos de los grupos históricamente desfavorecidos, como las mujeres, los negros o la gente de clase trabajadora, implican de diverso modo una asociación con algún atributo inversamente relacionado con la competencia, la sinceridad o ambos rasgos: exceso de emotividad, falta de lógica, inferior inteligencia, inferioridad evolutiva, incontinencia, falta de educación, falta de determinación moral, ambición desmedida, etc.”

 

“La exclusión es una forma habitual de injusticia testimonial: aquellos grupos sociales que están sometidos a prejuicio identitario y son, por ello, susceptibles de padecer un déficit de credibilidad injusto, también tendrán tendencia, por la misma razón, a que sencillamente no se les pida que compartan sus pensamientos, sus juicios ni sus opiniones. Este tipo de injusticia testimonial tiene lugar en silencio. La actuación netamente estructural del poder identitario puede controlar qué aportaciones acaban siendo públicas y cuáles no en función de quién las presenta.”

(Tenemos un ejemplo en España en relación al derecho a voto de las personas con discapacidad)

 

 

El papel que juega el poder identitario, el carácter distorsionador de los estereotipos compartidos por una sociedad tanto para desautorizar a determinados sujetos como portadores de conocimiento legítimo, así como para acallar directamente la diversidad de expresiones y aportaciones sociales, tendría que alertarnos ante nuestra posible “arrogancia epistémica”. La práctica reflexión de Miranda Fricker (junto al papel que juega esta dimensión en la vulneración de los derechos humanos) respecto al enorme desperdicio de conocimiento valioso sobre el que se asientan nuestras sociedades y organizaciones muestra el papel polifacético que puede tomar la injusticia epistémica, sin obviar en ningún momento la violencia real que se ejerce a través de las estrategias desplegadas para minar la confianza tanto en la propia opinión de los grupos subalternos como sobre sus propias capacidades intelectuales para analizar la realidad (la pérdida de confianza intelectual construida socialmente), a través entre otras de la invisibilización y referencialidad a la autoría (recuerdo aquí una “lucha perdida” hace años desde la Oficina de Igualdad de Género de la Complutense respecto a la importancia de visibilizar con nombre y apellidos a las mujeres en las bibliografías académicas, rompiendo la “comodidad” de las iniciales tras las que se escondía el género, Kristeva, J., ya saben), la negación de acceso a los espacios de poder –políticos, académicos, económicos…- en los que se negocian los significados sociales imperantes.

Por todo lo anterior, me resultan especialmente sugerentes tanto la invitación de Fricker como de los teóricos y activistas descoloniales para construir comunidades resistentes ante la injusticia epistémica, incorporando con urgencia esta sensibilidad también en el espacio español y europeo. Me quedo, por tanto, con las aportaciones de James Montmarquet recogidas por Miranda Fricker respecto a la necesidad de afianzarnos, frente a la humillación epistémica (cállate, tú qué sabes, tú quién eres para hablar) en la valentía intelectual: a) en la voluntad de concebir y examinar alternativas a las creencias sostenidas popularmente; b) en la perseverancia cuando haya que enfrentar la oposición interesada de los demás; c) en la determinación necesaria para llevar a término los proyectos.

 

 

Del silencio atronador: cultura y bebés robados en España

Estefanía Rodero 1 comentario

«Madres e hijas», Adriana Lestido.

Hace unos años, Susan Sontag, en su aclamado ensayo “Ante el dolor de los demás” detenía su atención por un momento precisamente sobre aquellas grandes vivencias históricas de sufrimiento del siglo XX que no habían sido elegidas socialmente para la reflexión (por ejemplo, la desmemoria colectiva y la niebla que se cernía sobre “la violación de ochenta mil chinas en 1937, la llamada Masacre de Nanjing o la de unas ciento treinta mil mujeres y niñas –entre las que diez mil se suicidaron- por parte de los soldados soviéticos victoriosos cuando fueron desatados por sus comandantes en Berlín en 1945”), grandes áreas de sombra atravesadas, entre otros, por el género, sobre las que no quedan apenas rastros fotográficos o cobertura periodística, poniendo el foco sobre la construcción de esta elección de los sufrimientos que colectivamente importan.

Recordaba su lucidez al preguntarse metódica y políticamente sobre el silencio y la ausencia de mirada ante determinados dolores sociales al leer la noticia esta semana sobre la posibilidad abierta de iniciar un Pacto de Estado en España contra la impunidad de los casos de bebés robados y adopciones ilegales, a petición de las asociaciones de afectadas.

Desde una perspectiva comparada, sería interesante preguntarnos por qué en España las 100.000 desapariciones forzadas cuantificadas por las asociaciones de bebés robados apenas han tenido eco sobre nuestro imaginario colectivo desde la Transición hasta la actualidad (ni en las críticas al Régimen del 78 tienen prácticamente presencia “las madres españolas”), no han logrado interpelar la sensibilidad de autores, creadores… y por qué este trauma colectivo español en el que se engarzan interseccional y simbólicamente las diferentes facetas de la dominación (por clase social, género,nivel educativo, edad, distribución diferencial de la credibilidad, construcción de la estigmatización apoyada en criterios legales, médicos y psiquiátricos – no olvidemos que muchas de las madres biológicas que se atrevieron a hablar tuvieron que hacer frente a diagnósticos “oficiales” de locura-) sigue en el limbo de lo que no nos moviliza colectivamente.

Llama poderosamente la atención que la poquísima actividad creadora vinculada a esta temática haya sido amparada, lejos de posiciones más amplias y críticas, por Telecinco con la producción hace años de una miniserie o el grupo Atresmedia con la publicación en Planeta tanto de las novelas “Mientras pueda pensarte” de Inma Chacón o “Mientras duró tu ausencia” del principal abogado de la causa de los bebés robados en España, Enrique Vila Torres. Al margen de la más reciente “Tuyo es el mañana” de Pablo Martín Sánchez en Acantilado, la literatura española apenas se ha acercado al tema, siendo en el ensayo más general sobre la represión de las mujeres durante la dictadura en el que ha encontrado más eco, por ejemplo en “Las desterradas hijas de Eva” de Consuelo García del Cid y su interesante diálogo posterior con el colectivo artístico Generando Arte.

De igual manera, es sintomático que los pocos documentales alrededor de una de las vulneraciones de derechos humanos más graves vividas en nuestro país y aún activa en plena democracia, hayan sido producidos, financiados y presentados fuera de España (excepto “Ladrones de vidas. Niños robados en la comunidad valenciana”), tanto en el caso de “¿Dónde estás” Les enfants volés” emitido en la televisión francesa o “La herencia de Franco: los niños robados de España” de la documentalista alemana Inga Bremer, financiado en parte por el canal europeo Arte. ¿No deberían ser programados también en la televisión pública española ahora que se empezará a hablar sobre el Pacto de Estado?

Hablaba antes de la necesidad de incorporar una perspectiva cultural comparada sobre este silencio atronador de la cultura española dada la amplísima experiencia del espacio cultural iberoamericano alrededor de la movilización social y cultural relativa a la reivindicación del “derecho a la identidad”.

Quizá en iniciativas culturales tan consolidadas como el “Teatro por la Identidad” argentino y todo el desborde gráfico, el trabajo de ilustradores, la replicabilidad de programaciones, etc., encontrásemos un espejo colectivo en el que tomar consciencia del abandono emocional cultural al que estamos condenando por omisión a las madres españolas víctimas del robo institucionalizado de sus hijos.

Afirmaba la portavoz de los colectivos que han impulsado la petición del Pacto de Estado, Inés Madrigal,  hace unos meses en el Congreso de los Diputados, que el Estado Español tenía una deuda moral que afrontar con su historia más reciente. Quería dejar al hilo de sus palabras abierta la pregunta aquí: ¿por qué este trauma de país no nos ha interpelado colectivamente, no ha encontrado aún abrigo cultural y no hemos sido capaces de abrazar con nuestra creatividad, generadora de visibilidad, procesos críticos y reconocimiento social, a las madres españolas que aún están buscando a sus hijos?

Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

Estefanía Rodero 3 comentarios

En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

Trauma cultural y narrativas del sufrimiento social

Estefanía Rodero 2 comentarios

(Gracias a MadinAmérica para el mundo hispanohablante por publicar este artículo en su comunidad)

Hace unas semanas me sorprendió gratamente recibir en una newsletter sobre derechos culturales a nivel internacional el debate abierto por la periodista experta en salud mental y población nativa americana, Mary Annette Pember a través de su artículo “Intergenerational Trauma: understanding natives´inherited pain” en el que analiza el peso del trauma histórico como factor de enfermedad y del que identifica tres fases: a) Fase inicial: la cultura dominante perpetra un trauma en masa en forma de colonialismo, esclavitud, guerra o genocidio; b) La población muestra síntomas físicos y psicológicos en respuesta al trauma; c) La generación afectada pasa sus respuestas al trauma –el peso de sus silencios, los estilos de afrontamiento y huida…- a las siguientes generaciones. Aunque los trabajos de investigación relacionados con el genocidio cultural en Canadá han tenido una mayor difusión (por ejemplo, la investigación relativa al alto nivel de suicidios entre la población aborigen canadiense), me sorprendió la ruptura del paradigma individualista actualmente imperante en el campo de la salud mental a favor de una mirada que sitúa el sufrimiento personal en un nivel sistémico y que lee la sintomatología particular no como una anomalía a excluir sino como un texto social que habla al conjunto de la comunidad, forma parte del propio legado cultural y es síntoma de sus carencias.

Al hilo de esta conversación y teniendo como trasfondo las disputas recientes en España en relación a la significación y apropiación del sufrimiento colectivo, recuperé la aportación del sociólogo Jeffrey Alexander en relación con su teoría del trauma cultural, que viene a poner el foco de atención sobre qué traumas se vuelven colectivos y pasan a ser concebidos como heridas para la identidad social compartida y qué labor cultural, de construcción y encuadre simbólico, hace posible que el dolor sea reconocido no como daño individual, sino como propio de un “nosotros”, “nuestro”. Como afirma Alexander:

“el trauma cultural se produce cuando los miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a un acontecimiento horrendo que deja marcas indelebles sobre su conciencia colectiva, marcando sus memorias para siempre y cambiando su identidad futura de manera fundamental e irrevocable.”

 

En la articulación narratológica de eventos, estructuras, percepciones y acciones anteriormente dispersos a través de los cuales se construye el relato de un determinado sufrimiento social, los teóricos del trauma cultural nos invitan a observar determinados elementos en disputa que se repiten en todos estos procesos:

1.- La lucha por el significado del dolor: ¿qué razón se da colectivamente a la vivencia del suceso traumático?, ¿qué peso están teniendo las narrativas de naturalización del dolor?, ¿se está engarzando en relatos sacrificiales ya existentes?, ¿con qué consecuencias?

2.- ¿Quiénes son las víctimas? En todo proceso de construcción de relatos colectivos de sufrimiento social la disputa sobre quiénes tienen derecho al dolor es uno de los ejes centrales. ¿Las víctimas son individuos, son grupos, es la sociedad en su conjunto? ¿Quiénes quedan excluidos del derecho al duelo?

3.- ¿Cuál es la relación que establecen las víctimas con el conjunto de la sociedad?, ¿cómo se hace llegar y a través de qué canales y mecanismos la voz del dolor de las víctimas con la “audiencia”? Resultan interesantes algunas de las preguntas que se están planteando en esta dirección: ¿qué convierte a un duelo en un duelo nacional?

4.- Los procesos de atribución de la responsabilidad en la creación de las narrativas del trauma: ¿a qué o a quién se está señalando como causante del trauma?, ¿qué o quién se está erigiendo como antagonista en las narrativas territoriales del duelo? Gran parte de las dinámicas expiatorias y de exclusión social se sostienen sobre la construcción de dicha identidad antagonista, por lo que es un elemento del proceso que requiere una especial responsabilidad política.

5.- En la producción de la “conmemoración” y los “rituales” que acompañan todos los procesos de reconstrucción de identidades nacionales, ¿qué papel han jugado los campos religiosos, legales, estéticos, científicos y burocráticos?, ¿se han creado contrapesos a la estratificación jerárquica de las “voces que cuentan”? (¿quién decide quién tiene derecho a formar parte de una “Comisión de la Verdad”, por ejemplo?)

 

Resonando de modo permanente en mí la invitación de Judith Butler:

“¿Qué forma de reflexión y deliberación política habría que adoptar si considerásemos la vulnerabilidad y la agresión como puntos de partida de la vida política?”,

desde la Teoría del Trauma Cultural se está articulando no sólo una propuesta científica, sino también una invitación ética y de acción política alrededor de la pregunta ¿en qué momento el dolor de los demás pasa a ser nuestro? Me parece un ámbito de conocimiento a tener muy en cuenta frente a las dinámicas actuales de naturalización y normalización del dolor social ante las que corremos el riesgo de terminar convirtiendo las situaciones de injusticia en norma.

 

 

 

Educación para la dignidad humana

Estefanía Rodero 1 comentario

Cuando en el mes de febrero, Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco, tomó la palabra tras 11 años de lucha para que el Estado mexicano reconociese la inocencia de las tres mujeres indígenas encarceladas injustamente durante tres años (entre las que se encontraba su madre) y reparase el daño sufrido, la Fiscalía federal de México no sabía que iba a recibir en minuto y medio una lección de filosofía del derecho sobre el concepto de dignidad. Más allá de la fuerza del “ser una mujer, indígena y pobre no es ninguna vergüenza” y de devolver a la enunciación política la raíz de la exigencia de respeto, su “hasta que la dignidad se haga costumbre” vino a reivindicar también, como ha escrito Antoni Aguiló, que:

“los derechos humanos describen narrativas de resistencia y dinámicas de lucha por la dignidad humana: son procesos históricos heterogéneos que congregan experiencias de empoderamiento social y político para transformar realidades opresoras. Desde esta óptica, se inscriben en un marco de posibilidades que impugnan el poder constituido y afirman el poder constituyente desde abajo.”

 

Ya en el año 2009, Amnistía Internacional lanzó su campaña Exige Dignidad tratando de aglutinar en un único valor las múltiples dimensiones recogidas en los derechos humanos, haciendo un gran esfuerzo en la creación de materiales educativos e informativos dirigidos no hacia una educación para la ciudadanía, sino hacia la “educación para la dignidad humana”. En relación a la cultura y la dimensión de los derechos culturales inherentes a dicha dignidad llamaba de nuevo la atención en relación a los aspectos simbólicos y el peso de las cosmovisiones en relación con el significado y garantía del derecho a la vivienda, la alimentación, la relación con la tierra y el entorno natural, la atención médica, la significación de la religión, el acceso a la educación y el peso de las artes. Entroncaba así con la afirmación repetida hasta la extenuación por la relatora de derechos culturales Shaheed acerca de la necesidad de la vernacularización de los derechos humanos.

 

 

Si el deseo de Kant de que los seres humanos fuesen tratados como fines en sí mismos y no como medios suele estar presente en las definiciones de dignidad, las nociones de “lo inherente a todas las personas”, “lo intrínseco de ser humanos” se repiten en toda la literatura al respecto. Sin embargo, desde mi punto de vista la afirmación de que la dignidad no depende de valores externos puede derivar hacia una irresponsabilidad colectiva respecto a la construcción de entornos en los que se garantice y se proteja, evitando que el ejercicio de la misma tenga que convertirse en un acto de heroicidad. Si, como se repite una y otra vez, la vida y la integridad de las personas no pueden ser sustituidas por otro valor social, ¿cuál sería la medida de nuestra responsabilidad en relación a la creación de espacios cosificados e impersonales en los que la irisación de la concreta humanidad del otro desaparece bajo el peso del “ser sólo herramientas”?

De igual manera, si la dignidad humana recogida en diferentes textos constitucionales, incluido el español se articula en base a dos ejes: estar libres de ofensas y humillaciones y la libertad de actuación y para el desarrollo de la personalidad, ¿qué políticas educativas, comunicativas y culturales estamos desarrollando para desplazar de su actual centro la visión utilitarista de los vínculos humanos (por ejemplo, la amistad como networking) hacia un paradigma de lo relacional y social como fin en sí mismo?

Me he quedado dándole vueltas y me he sentado a escribir a raíz de la propuesta de una Educación para la dignidad humana. Nos coloca en otro sitio. Personalmente el cambio de mirada que propone me parece un cortafuegos urgente ante el progresivo avance del neoliberalismo en la explotación comercial tanto de la intimidad como de los cuerpos, sustentada sobre la reducción paulatina de lo que englobamos bajo el paraguas de la dignidad.

 

Culturas de impunidad y silencio: de la violencia sexual en conflictos armados y escenarios de postguerra

Estefanía Rodero Deja un comentario

Hace unos días, gracias a una de mis maestras, Gemma Carbó, conocí el proyecto colombiano de las Tejedoras de Mampuján, que fue Premio Nacional de Paz en el año 2015. A través del bordado, diferentes colectividades de mujeres en el país están ejerciendo “el arte de contar lo vivido sin que nos haga más daño”, preservando así, en comunidad y relación, la memoria y narrando las consecuencias del desplazamiento.

Coincidía este descubrimiento personal con la celebración por segundo año del Día Internacional para la eliminación de la violencia sexual en conflictos armados (19 de junio #EndRapeInWar)  que nos recordó que en Colombia la construcción de paz internacional ha dado un pequeño paso adelante (qué fatigosamente lento es todo lo importante) consiguiendo que en los Acuerdos de Paz se haya excluído la amnistía para la violencia sexual. Como recordaban ese mismo día en declaración conjunta Phumzile Mlambo-Ngcuka y Zainab Hawa Bangura, no podemos olvidar que:

“Con demasiada frecuencia, las supervivientes de violencia sexual en conflictos sufren con vergüenza en silencio. Pueden ser estigmatizadas, aisladas y marginadas en sus comunidades, lo que se traduce en pobreza y miseria.”

Ante este proceso memorial volví a sentir lo mismo que al leer el monumento a la escucha del pueblo de la antigua URSS que es toda la obra de la Premio Nobel Svetlana Aleksievich, la resonancia con el dolor oculto de las generaciones de mujeres españolas a las que nuestro país no brindó la oportunidad de verbalizar o elaborar el trauma, perpetuando también con la llegada de la democracia, la cultura de la impunidad y el silencio. No hablo sólo de los ejemplos más conocidos (como el gran mandato social de violación en la voz de Queipo de Llano, nunca deslegitimado o respondido institucionalmente) sino de la “vivencia intrahistórica” de la violencia sexual hacia las mujeres en nuestro país durante la guerra civil y la dictadura.

Hace unos años, trabajando con mujeres en un proyecto de recuperación de la memoria histórica local en un pueblo de Castilla y León, pude vivir el peso de lo “no dicho” y los pactos de silencio impuestos a las mujeres cuando nos acercábamos “a esas cosas de las que no se habla”. Ante algunos hilos que habían “hablado de más” e “ido demasiado lejos” (alguien que se atrevió a verbalizar las violaciones sistemáticas a las criadas pobres, otro pequeño hilo “si el torno de las monjas hablara” sobre el abandono de bebés fruto de violaciones, el aislamiento a que sometían las «personas de bien” a las “muchachas que habían caído en desgracia”) , se sucedían las miradas cómplices en el grupo, la orden no expresada de callarse inmediatamente y la rapidez en cambiar de conversación y quitarle importancia,siempre en otro pueblo, siempre eso les habían contado.

Si, como ha afirmado en alguna ocasión Jorge Alemán, la grave virulencia mediática con la que han respondido los grupos empresariales de comunicación en nuestro país ante la irrupción de nuevas propuestas políticas, no puede entenderse sin pararnos a observar el peso de lo que quedó reprimido en nuestra transición y que se creía enterrado para siempre (a saber –aunque hay más- ser el segundo país detrás de Camboya en número de fosas comunes sin identificar, el expolio de propiedades por parte de la iglesia y la institucionalización de las inmatriculaciones, la negación de nuestra realidad y violencia colonial, la falta de perspectiva de género sobre la guerra civil y la posguerra y la investigación exhaustiva sobre la violencia sexual, el silencio y complicidad política ante el robo de bebés en España), ¿qué propuestas culturales hemos articulado como país para integrar todo este dolor excluido y ausente de nuestro relato histórico?

Si ya se van abriendo paso con fuerza los estudios relativos al trauma cultural y su transmisión generacional, en el que juegan un papel importante los “silencios y secretos de país”, ¿qué ecos de la experiencia vivida en la generación de nuestras abuelas y madres seguirán resonando, por ejemplo, respecto a las consecuencias de la participación pública de las mujeres o la confianza real en las instituciones y la justicia? (En muchos relatos de memoria relativos a los casos de bebés robados, por ejemplo, fueron precisamente las abuelas o bisabuelas de esos niños las que, desconfiadas, exigieron a los médicos “poderse fotografiar al menos con el cuerpecito muerto del bebé”)

Ante las recientes creaciones culturales que han puesto el foco sobre la violencia sexual en los conflictos bélicos (la irrepetible Las tortugas también vuelan, el reciente Under the Shadow o La guerra contra las mujeres de Hernán Zin, que culmina con la canción de Bebe para escuchar su letra despacio “César debe morir”) siempre me planteo cómo podríamos dignificar desde el presente el dolor vivido por las mujeres españolas, sin acomodarnos en la proyección salvífica de que “esto ha pasado y pasa en otros sitios”. Nos enfrentamos, como herederas, a uno de los grandes silencios de país, apenas susurrado en las cocinas, compartido con vecinas que lo callaron por igual y enterrado en la cripta del “mejor no remover” del amor de nuestras madres.