Creación artística, democracia y libertad

 

Al hilo de la reciente presentación de la iniciativa #Artistsxartists de la organización internacional Artists at Risk Connection, que están enlazando a artistas perseguidos de diferentes partes del planeta para, a través de una creación conjunta, poner el foco sobre la persecución que sufre la libertad de creación artística y los derechos humanos de las creadoras y creadores en diferentes partes del globo, así como preparándonos colectivamente para la iniciativa propuesta por la Fundación Gabeiras, que celebrará el próximo mes de noviembre las Jornadas Libertad, arte y cultura. Jornadas sobre censura y libertad de creación, tomaba consciencia de todo lo que la crisis del COVID-19 ha silenciado en los últimos meses.

Entre otras, el deshonroso primer puesto alcanzado por España en número de artistas con penas de prisión recogido en el informe anual que elabora la organización internacional Freemuse para evaluar el estado del respeto a la libertad artística en todo el mundo, que debería haber puesto de nuevo en el centro del debate la normalización de las prácticas de censura a artistas y creadores en España. Partiendo de la reflexión que recoge el informe por la cual el respeto a la libertad artística es siempre un indicador del nivel de salud democrática de un país, conviene detenerse sobre lo que la organización ha bautizado como el auge de una “cultura del silenciamiento artístico” que desde los extremos de la persecución ilegal y las detenciones arbitrarias, pasando por otros modelos de intimidación sustentados en normas religiosas o de moral pública, están impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos como son la libertad creativa y artística. Resulta especialmente alarmante el incremento de ejercicios de censura a través de diferentes redes sociales o los nuevos usos del espacio digital para la persecución de artistas, especialmente combinados con el uso que hacen de los mismos autoridades religiosas o grupos fundamentalistas.

 

 

Partiendo del dato de que de 71 artistas con penas de prisión en 16 países a lo largo del 2019, 14 están en España , es importante comprobar cómo se están repitiendo pautas de silenciamiento artístico en base a idénticas premisas en todo el globo: banalización e instrumentalización de leyes anti-terroristas con fines de silenciamiento artístico; denuncias por incitación al libertinaje o insulto a lo sagrado, así como acusaciones de sedición e incitación a la subversión del poder del Estado. En un análisis de la censura artística global vivida a lo largo del 2018, por ejemplo, no sorprende que el 82% de ella se haya ejercido en base a criterios de “indecencia” seguida de cerca por “herir sentimientos religiosos”.

Hay que señalar que este efecto global de silenciamiento de artistas, se concentra de modo mayoritario sobre la producción artística de las mujeres, el colectivo LGTBI y la creación de las minorías, que enfrentan mayor riesgo de censura, así como daños personales y destrucción de sus obras. Los recientes documentales “Pussy Riot: una plegaria punk”, “Sonita” o “Mali Blues” dan buena cuenta tanto sobre la presión que los nuevos nacionalismos y los fundamentalismos están ejerciendo sobre la libertad de creación y los cuerpos de las mujeres, así como sobre el papel central que puede desempeñar la música, como recordaba hace unos meses la pianista Clara Peya, para celebrar y promover identidades que respondan desde dentro de las propias comunidades a la imposición de visiones dominantes y excluyentes del mundo. No debemos olvidar, por ejemplo, que sólo el año pasado dos actrices fueron asesinadas en Pakistan acusadas de “indecencia”.

 

 

Los actos de censura artística en España, por tanto, no pueden entenderse al margen del  contexto internacional que está asistiendo a un proceso de silenciamiento global de las narrativas de la diferencia, en el que se está denunciando también por primera vez el uso de medidas económicas, directas e indirectas, utilizadas contra artistas o comunidades artísticas.

Es importante alertar también sobre el auge de nuevos modelos de “censura transnacional”, amparados en la influencia de gobiernos más allá de sus fronteras para coartar la libertad de movimiento personal de los artistas o de sus obras e imponer su agenda. La reciente investigación periodística liderada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, “Transnacionales de la Fe”, que ha logrado aglutinar a más de 15 grandes medios de comunicación latinoamericanos, ha puesto de manifiesto, por ejemplo, el papel que ha desempeñado la administración Trump en el patrocinio de think tanks en toda América Latina para promover cambios legislativos basados en interpretaciones literales de la Biblia y que promueven algunas de las vulneraciones más flagrantes, junto al resto de los derechos humanos, del derecho fundamental a la libertad de creación artística.

Ante el riesgo de que, junto a todos los mecanismos de silenciamiento de los que hemos hablado, se una su éxito pasivo por la normalización de climas de autocensura, quizá desde las políticas culturales sería importante reafirmarnos en las siguientes recomendaciones: tener como horizonte de actuación la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, de los que los derechos culturales forman parte; tomar en consideración la naturaleza específica de la creatividad artística, desde el derecho al contradiscurso o a la propia visión del mundo; la recomendación de la universalización del Estatuto del Artista como mecanismo preventivo.

Desde la alerta internacional que nos señala también el peso que los artículos 525 y 578 de nuestro Código Penal han tenido para situar a España dentro de los países del Norte global en puestos de cabeza en relación a la vulneración del derecho a la libertad de creación artística, su modificación sería también un tema a priorizar si realmente queremos reforzar el papel que desempeña la cultura para el fortalecimiento de nuestras democracias.

 

 

España frente al derecho a la libertad artística

Aprovechaba para leer estos días (cada cual a sus ritmos…) el Informe anual que elabora Freemuse para evaluar el estado del respeto a la libertad artística en todo el mundo. Partiendo de la reflexión que recoge el informe por la cual el respeto a la libertad artística es siempre un indicador del nivel de salud democrática de un país, es doloroso comprobar como España se mantiene en el grupo que lidera el dudoso ranking de países con mayor número de artistas encarcelados en el Norte global.

Se analiza así minuciosamente lo que Freemuse ha bautizado como el auge de una “cultura del silenciamiento artístico” que desde los extremos de la persecución ilegal, las detenciones arbitrarias y otras formas de persecución, hasta aquellos otros modelos de intimidación sustentados en normas religiosas o de moral pública, están impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos como son la libertad creativa y artística.

Me resulta de especial interés el peso que le han dado al análisis del incremento de ejercicios de censura a través de diferentes plataformas de social media o los nuevos usos del espacio digital para la persecución de artistas, especialmente combinados con los usos que hacen de los mismos autoridades religiosas o grupos fundamentalistas.

Ante el bofetón que supone el dato que confirma que, de 60 artistas en prisión en 13 países, 14 están en España, es importante comprobar cómo se están repitiendo pautas de silenciamiento artístico en base a idénticas premisas en todo el globo:

  • Utilización de leyes anti-terroristas con fines de silenciamiento de contra-narrativas de la cultura dominante.
  • Incitación al libertinaje o insulto a lo sagrado.
  • Sedición e incitación a la subversión del poder del Estado.

 

 

En un análisis de la censura artística global vivida a lo largo del 2018, no sorprende que el 82% de ella se haya ejercido en base a criterios de “indecencia” seguida de cerca por “herir sentimientos religiosos”.

Hay que señalar que este efecto global de silenciamiento de artistas críticos con la agenda política, se concentra de modo mayoritario sobre la producción artística de las mujeres, el colectivo LGTBI y la creación de las minorías, que enfrentan mayor riesgo de censura, así como daños personales y destrucción de obras.

Por ejemplo, a lo largo de 2018 aumentaron en un 40% las denuncias de persecución y censura en social media de mujeres artistas y dos actrices fueron asesinadas en Pakistan acusadas de “indecencia”.

Estamos asistiendo, como señala Freemuse, a un proceso de silenciamiento global de las narrativas de la diferencia, en el que se denuncia por primera vez el uso de medidas económicas (directas e indirectas) utilizadas contra artistas o comunidades artísticas.

Se alerta también de la censura transnacional, de la influencia de gobiernos más allá de sus fronteras para coartar la libertad de movimiento personal de los artistas o de sus obras y del riesgo creciente del extremismo evangélico para la protección de los derechos culturales de las mujeres.

 

 

Ante el riesgo de que todos los mecanismos de silenciamiento tengan éxito por la vía de creación de climas de autocensura, se reafirman las siguientes recomendaciones:

  • Tener como horizonte de actuación de las políticas culturales la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, de los que los derechos culturales forman parte.
  • Tomar en consideración la naturaleza específica de la creatividad artística, desde el derecho al contradiscurso o a la propia visión del mundo.
  • La alerta ante la interferencia en los contenidos de las nuevas formas de esponsorización.
  • La alerta ante la infrarrepresentación de las mujeres y las minorías en las artes y las ICCs.
  • La recomendación de universalización del Estatuto del Artista (recomendación de la UNESCO desde 1980) como mecanismo preventivo.

Desde la alerta internacional que nos señala el peso que los artículos 525 y 578 de nuestro Código Penal han tenido durante el 2018 para situar a España en puestos de cabeza para la persecución de la libertad artística, su modificación sería un tema a priorizar si realmente queremos enmarcar nuestras políticas culturales en un marco de derechos humanos.

La voz legítima: feminismo y derechos culturales

(Gracias a Pikara Magazine por publicar una versión resumida de este artículo.)

 

(Ilustraciones de Mercedes deBellard con fuente de Silvia Fernández)

(Lo que vas a leer fue contado primero de viva voz y con alegría gracias a la invitación de la Universidad de Aguascalientes a su IV Cátedra en Arte y Cultura celebrada en el Instituto de México en España)

Los procesos de deslegitimación de la palabra pública de las mujeres que hemos vivido en las últimas semanas en España me llevaban a reflexionar sobre la urgencia de consolidar una nueva narrativa de los derechos culturales en nuestro país desde una perspectiva feminista, identificando cinco grandes desafíos a los que nuestras políticas culturales – en interrelación con las políticas económicas, sociales y ambientales- tendrán que dar respuesta tanto en el presente más inmediato como en el inminente medio plazo si realmente quieren promover, como oímos repetir últimamente en tantos discursos para la foto, la dimensión de los derechos culturales dentro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Una política cultural a través de la que pongamos en el centro la promoción de nuestros derechos culturales  debería ser sensible a:

1.- El avance de los discursos del odio y la construcción de nuevos chivos expiatorios en Europa, como estamos viendo, entre otras con la presión creciente a las minorías europeas (en la resurrección de las leyes antigitanos en Eslovaquia, por ejemplo o la creciente islamofobia) que afectan directamente a las mujeres y niñas de las minorías españolas, a nuestras mujeres migrantes y refugiadas. También debería ser una política cultural que diera respuesta al auge de los nuevos procesos y discursos racistas y deshumanizadores así como a la creciente criminalización de nuestras comunicadoras y artistas.

 

2.- El auge de nuevos modelos de extremismo y fundamentalismo religioso y su presión sobre los derechos humanos y la corporalidad de las mujeres, que en tiempos de políticas de austeridad y recortes educativos han cobrado nueva fuerza, legitimidad y posiciones estratégicas de poder en nuestro ámbito educativo.

 

3.- La consolidación del paradigma de libre comercio y la firma regional de tratados comerciales que tienen un impacto devastador tanto sobre las políticas de igualdad, consideradas como costes y por tanto como medidas a desmantelar, así como sobre la protección de la diversidad cultural y sus expresiones (especialmente en el caso europeo la protección de la diversidad lingüística o las medidas de promoción local de las culturas gastronómicas, con un impacto directo sobre el empleo de las mujeres rurales). De igual manera, el auge de dichos tratados contribuye, aún más, al desmantelamiento europeo de la cultura entendida como servicio público  dificultando enormemente la gestión cultural en el nivel local, especialmente a través de las modificaciones en las normas de contratación pública con criterios sociales o de proximidad.

 

 

4.- La realidad acuciante del cambio climático, que están afrontando a cuerpo descubierto y en primera línea las mujeres del Sur global y que junto a los interesantes procesos internacionales de negociación de nuevos marcos de protección del derecho a la tierra y la soberanía alimentaria de los pueblos y la creación de un documento vinculante que impida la vulneración de derechos humanos por parte de las transnacionales nos obligan a dar nuevas respuestas para la protección del patrimonio natural ante la presión del sector agro-industrial y extractivo, su impacto sobre la protección de los paisajes culturales y la protección de las culturales rurales europeas (en proceso de parque-tematización por un lado o desaparición por otro). De igual manera tendremos que hacer frente en Europa a los modelos de relación entre cultura y territorios frente al actual modelo turístico, así como repensar qué papel podría desempeñar la economía social de la cultura como alternativa de empleo para las mujeres, piedra angular de la supervivencia rural en nuestro país, que pudiese ayudar a frenar los procesos de desarticulación territorial que vive España.

 

5.- Tendremos que afrontar también desde las políticas culturales qué papel queremos y podemos jugar como contrapeso de las actuales políticas de seguridad de la Unión Europea y cómo podemos afrontar y desde qué actuaciones, tal y como nos está enseñando Angela Davis, la presión creciente de las multinacionales de seguridad privada en todo el globo, en el caso español de modo lacerante en el Mediterráneo. Cómo vamos a introducir con fuerza la perspectiva de género en nuestras relaciones culturales internacionales, en nuestra cooperación cultural internacional y cómo puede incidir el feminismo en la carrera diplomática. Cómo vamos a redefinir nuestra diplomacia cultural para cambiar su lógica desde el actual “ornato previo a la firma de acuerdos comerciales” hacia una auténtica labor diplomática asentada en un enfoque de derechos humanos.

 

Ante la situación de emergencia glocal que describen estos cinco ejes, que se suman a los grandes procesos no resueltos del desequilibrio comercial cultural Norte-Sur, la protección de la diversidad de fuentes de producción, difusión y distribución comercial cultural y las medidas que garanticen su acceso a las mujeres y que nos permitan afrontar los procesos de homogeneización cultural mundial, junto a la presión aún en pie del canon eurocéntrico, este modelo que se ha pretendido universal y que es Norte, varón, blanco, adulto, burgués, heterosexual y capacitista, me parece una medida de acción urgente situarnos en un marco que comprenda la política cultural como una política de derechos humanos.

 

Reconociendo el papel que juega la protección y promoción de los derechos culturales tanto en la Agenda 21 de la Cultura como en la Carta Cultural Iberoamericana, especialmente en su apuesta por la economía social y solidaria en el campo de la cultura, quiero poner en valor, por las vías de acción práctica y la orientación estratégica que han venido desarrollando las Relatoras de derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed y Karima Bennoune, para las que la protección los derechos culturales de las mujeres ha sido una prioridad.

 

 

De su trabajo, en colaboración y escucha permanente con organizaciones y movimientos feministas internacionales, ha emergido un cambio de paradigma clave para la protección de los derechos culturales de las mujeres en todo el mundo, cambiando la perspectiva desde un discurso que consideraba la cultura (tradiciones, costumbres, prácticas) como un obstáculo que se interponía en el camino hacia el empoderamiento de las mujeres y las niñas, virando el enfoque hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad. Ha sido muy interesante lograr en los últimos años la ruptura de la noción estática de cultura frente a nuevos abordajes (ya muy consolidados en las ciencias sociales y los estudios culturales) que consideran la cultura como un campo de poder en disputa y permanente tensión en el que las desigualdades en el acceso a los recursos económicos, políticos, simbólicos, dejan su huella profunda.

Así la pelea actual por los derechos culturales de las mujeres no se está centrando tanto, siendo fundamental también,  en el acceso, participación en la vida cultural y promoción de la creación de las mujeres, sino de un modo creciente en el papel que juegan en la construcción de la identidad de sus pueblos y la articulación de proyectos y relatos de país, dado que la identidad de un país está íntimamente ligada a la forma en la que garantiza el ejercicio de los derechos culturales a su ciudadanía.

De ahí que las preguntas que desde esta perspectiva están llegando a la agenda pública sean:

  • Qué tradiciones, qué valores, qué prácticas culturales deben mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente.
  • Cómo están participando las mujeres en estos debates públicos y en qué condiciones, qué miembros de la comunidad, del país, están facultados para definir la identidad cultural y el significado de ésta.
  • Por el carácter estratégico que juegan las políticas de patrimonio como apoyo simbólico (y reflejo más evidente de los relatos y estructuras de poder), ¿qué papel están desempeñando las mujeres (y en general todos los colectivos que quedan fuera del “universal reducido”) en los procesos de identificación e interpretación del patrimonio, del legado recibido a través de las generaciones que nos ha permitido ser quienes somos?

 

 

Así, el trabajo a favor de los derechos culturales de las mujeres está desbordando el paradigma de la cultura circunscrita a las bellas artes e incluso el paradigma de la cultura entendida exclusivamente en su papel industrial, para situarse en la reivindicación de la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas y tomar para sí tanto la capacidad para dar nueva vida a los significados como su protagonismo a la hora de decidir en pie de igualdad qué queremos transmitir como país a las generaciones futuras, qué queremos preservar o transmitir y  bajo qué dimensión de valores estamos comprendiendo nosotras el patrimonio y “la herencia”. ¿Cómo se está negociando qué eventos o duelos de país merecen o no merecen procesos memoriales? , ¿cómo estamos creando fechas conmemorativas de país y bajo qué criterios? Por ejemplo, la ausencia total de procesos memoriales o simbólicos de duelo público (monumentalidad, programaciones culturales temáticas y de “Estado”, días memoriales adscritos etc.) que hagan referencia a la violencia sexual sufrida durante la Guerra Civil española o a la desaparición y robo de bebés durante nuestra dictadura y reciente democracia serviría como punta de lanza para comprender esta cuestión. La reciente acción de guerrilla artística por parte de Madridiversa rebautizando el Paseo del Doctor Vallejo Nágera como Paseo de los Bebés Robados muestran en la acción esta temática.

De igual manera frente a la presión que enfrentan muchas mujeres en todo el globo para  perpetuar o convertirse en guardianas de la reproducción de la cultura dominante, desde las políticas culturales que ponen en el centro la promoción de los derechos culturales de las mujeres se está enfocando la acción hacia la recuperación de todo el legado histórico de impugnación de las normas y valores culturales dominantes realizado por ellas.

Quería señalar la importancia, por tanto, de denunciar la exclusión e invisibilización que sufren las mujeres como creadoras de cultura y conocimiento, no sólo en la dimensión de la creación de bienes, artefactos, productos culturales, sino en esta dimensión más antropológica como articuladoras y creadoras de proyectos de significación regionales y proyectos de país.

Si, como ha dicho Alain Touraine, la disputa por la ampliación de los derechos culturales será la batalla clave de nuestro siglo XXI, tendremos que estar especialmente atentas a cómo construyen nuestras sociedades la exclusión de su disfrute. Si la ausencia de protección de los derechos culturales incide directamente sobre el sentido de pertenencia social y dignidad humana, jugando un papel determinante tanto para la feminización de la pobreza como para la creación de colectivos en riesgo de exclusión, tendremos que articular políticas culturales sensibles a:

  • ¿quiénes están siendo excluidas de la negociación de los significados sociales? Pensando en esta cuestión me reía mucho hace unos días cuando, ante una cascada de exabruptos por lo inadecuado e incomprensible que era para algunos la inclusión de la ilustración de una mujer asiática en la cartelería de las madrileñas fiestas de San Isidro de este año, una genia en redes contestó: “Pero compañeros, ¿dónde vais con mantón de Manila, dónde vais con vestido chiné?” Genia.
  • ¿a quiénes se les está negando el acceso a los espacios de palabra pública y toma de decisión?
  • ¿quiénes están siendo “humilladas epistémicamente”, a quienes no se está reconociendo como creadoras de conocimiento o cultura válidos?, ¿quiénes están creando “cultura que no vale”, “cultura que no es verdadera cultura” en nuestra sociedad, quedando desprotegidas ante la presión del extractivismo cognitivo ante el actual paradigma de comercio? Los procesos de apropiación por parte de multinacionales textiles españolas de diseños artesanales mexicanos, concretamente los tenangos, sin contraprestación económica alguna a las artesanas y sus comunidades, visibilizan de modo alarmante esta cuestión.
  • ¿a quién se le está diciendo en nuestros procesos de diseño de políticas culturales: “tú quién eres para hablar”: a nuestro medio rural, a nuestras mujeres mayores, a nuestra diversidad funcional y mental, a nuestras niñas, a quién?

 

 

Me apoyo para esta reivindicación de la protección de los derechos culturales de las mujeres entendidos como los apoyos necesarios para garantizar y proteger la legitimidad de su propia experiencia y voz, tanto en la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui que está impulsándonos “a plantear políticamente las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima en nuestras sociedades” (y que hemos aprendido a fuego con la sentencia del caso de La Manada) como en la aportación de la filósofa feminista Miranda Fricker, que está dirigiendo nuestra mirada hacia el hecho de que no podemos hablar de sociedades que respetan los derechos culturales, y mucho menos los de las mujeres, si no cuestionamos cómo estamos construyendo en nuestras democracias nuestras “economías de la credibilidad”.

 

Así, nuestras políticas culturales tendrán que desarrollar una nueva sensibilidad hacia la injusticia testimonial, en palabras de Fricker:

  • “La identificación de cuándo los prejuicios identitarios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”

que se comprende de un modo inmediato, por ejemplo, al escuchar a las mujeres del documental de José Heredia “El Amor y la Ira: cartografía del acoso antigitano en España”

Y una nueva sensibilidad hacia la injusticia hermenéutica:

  • “Cuando nos faltan los recursos de interpretación colectivos que sitúan a alguien, a colectivos completos, en situación de desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Idea que llegamos a hacer cuerpo escuchando a las mujeres con discapacidad intelectual que tienen que afrontar procesos de esterilización forzosa en España o a quienes pelean por el derecho a la creación cultural de las personas con diversidad funcional.

 

Comprendiendo que es en esta construcción y reconocimiento social de la legitimidad de la voz el proceso a través del cual se comprende mejor la indivisibilidad de los derechos culturales de las mujeres en relación al resto de sus derechos humanos, al intuir de modo inmediato la violencia extrema que reside en la negación de la experiencia e interpretación de la realidad del otro y su condena social al silencio, creo que queda del todo claro que es urgente situarnos en el paradigma de las políticas culturales desde un enfoque feminista y de derechos humanos, entendiendo que no podemos permitirnos el lujo de seguir hablando de democracia, sin que se respete, de hecho, la verdadera democracia cultural.