Políticas culturales y discursos de odio

 

Impactada por las imágenes y palabras de odio que acompañaron la detención de Carola Rackete hace unas horas me siento a escribir desde la urgencia y el convencimiento de la importancia de la implementación de políticas culturales públicas que, enraizadas en un enfoque basado en los derechos humanos, tengan como prioridad la desarticulación del odio. Aunque ya son muchas las voces que apuntan en esta dirección (aquí ya hemos hablado del tema, por ejemplo, en El dolor de los demás: políticas culturales y derechos humanos o en Existir en plural: espacios de la imaginación contra el odio) quería detenerme en dos lecturas, por si nos acompañan a la hora de trenzar otros futuros posibles, que inciden en la capacidad de las políticas culturales para cortocircuitar climas emocionales y vivencias colectivas de impotencia, caldo de cultivo predilecto para las campañas de odio.

 

Aunque ya hace algunos años, Sara Ahmed en “La política cultural de las emociones” hizo hincapié en nuestra labor colectiva para examinar el funcionamiento de las economías afectivas que se esconden detrás tanto del discurso público como de la acción cultural. No dejó de insistir sobre el hecho de que las emociones no pueden ser consideradas estados psicológicos aislados, sino poderosas prácticas culturales y sociales que determinan la construcción del mundo. Aunque su análisis del dolor subalterno fue en su momento mi parte predilecta de su estudio (“mientras mayor acceso tengan los sujetos a los recursos públicos, mayor acceso podrán tener a la capacidad de movilizar narrativas de lesiones dentro del ámbito público”), su reflexión sobre lo que el odio le hace a los cuerpos me asaltó ante las imágenes que llegaban desde Italia. Se planteaba Sara Ahmed en su análisis de la política cultural del odio:

 

“Exploro el papel del odio en la conformación de los cuerpos y los mundos, a través de la manera en que el odio genera su objeto como una defensa contra la lesión (…) Dichas narrativas funcionan al generar un sujeto a quien unos otros imaginados ponen en peligro y cuya proximidad amenaza no solo con quitarle algo (empleos, seguridad, riqueza), sino con ocupar el lugar del sujeto. La presencia de este otro se imagina como una amenaza al objeto de amor.”

 

Así, Ahmed nos llevaba a una reflexión práctica sobre dos ejes: la construcción de la desemejanza y las prácticas cotidianas de la lejanía corporal y social. Desde el dolor de las imágenes de Lampedusa ilustrando el crimen ardiente en que se ha convertido el Mediterráneo: ¿qué estamos haciendo colectivamente para apuntalar la percepción de la “desemejanza” que está permitiendo nuestra inhibición moral colectiva ante el genocidio silencioso que se está viviendo en el mar?

 

 

También me parecía urgente, saltando cercamientos entre disciplinas, acercar nuestras políticas culturales, desde todos los niveles, al trabajo analítico de Martín Alonso sobre los discursos del odio (enlazo aquí por pedagógico y extremadamente útil su artículo “Los discursos de odio”, pg.29, recogido en el Cuaderno nº4 del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo) que nos obliga a abordarlos desde cuatro dimensiones: la gramática, la psicología, la sociología y la economía política en la que surgen.

En el análisis de los discursos del odio en Europa, Martín Alonso viene identificando algunos lugares comunes:

  • La topología diacrítica: enlazando con el análisis de Sara Ahmed sobre la construcción de la desemejanza, se refiere a la construcción de identidades por “demarcación”. No vemos la continuidad natural de lo humano, construimos fronteras mentales que crean la noción de discontinuidad.
  • Sinécdoque reduccionista: el uso del plural estratégico y la construcción de un nosotros excluyente.
  • “Somos diferentes”: la construcción de identidades alrededor de pertenencias exclusivistas.
  • Perfilado previo del enemigo: el enemigo es una construcción cultural que requiere de un proceso de deshumanización previa construido a base de operaciones atribucionales de señalamiento y estigmatización.
  • Ideología de supremacía.
  • Existencia de depurados, excluidos o eliminados tanto en su retórica como en su práctica organizativa.

Pero hay un elemento fundamental, en el que las políticas culturales pueden ser claves para la acción política de urgencia que nos reclama el presente y es la siguiente:

 

“la calidad epistémica de los contenidos de los discursos de odio es irrelevante, importa su eficacia, su poder de arrastre (…) El recorrido del discurso de odio depende de hasta dónde engrane o no los dispositivos emocionales (…) El discurso crea su entorno de afectividad y la emoción es capaz de segregar su propia mitología.”

 

Por tanto, ¿qué entornos de afectividad y dispositivos emocionales están permitiendo el avance de los discursos del odio en Europa?, ¿qué acción pública deberíamos implementar para cortocircuitarlos?

Considero que esta es una línea de trabajo prioritaria para las políticas culturales, especialmente en el nivel local que nos exige ampliar la mirada más allá de la gestión y de la participación, hacia la responsabilidad compartida para la construcción de imaginarios y climas afectivos en los que el odio no pueda avanzar.

Construir el horizonte: derechos culturales, acción global y democracia

(Todas las imágenes son obras de Magda Sayeg)

Esta reflexión se compartió en la Jornada Repensar las políticas culturales locales que se celebró en Valladolid el 9 de mayo de 2019.

Si no te apetece leer, puedes ver o escuchar la intervención en este enlace. ¡Que sume! (que falta nos hace, compañeros, que falta nos hace…)

 

Más allá de las identidades: articulación local-global del sector cultural para la profundización democrática

La política cultural local está viviendo un momento clave. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma, que tiene su reflejo en una nueva narrativa que entiende la política cultural desde un enfoque de derechos humanos.

La política cultural local está reivindicando para sí misma el protagonismo que tiene como constructora de democracia de proximidad y como promotora de una de las facetas indivisibles de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Desde lo local en los últimos años nos estamos dando cuenta de lo estratégico que resulta para la profundización democrática sintonizarnos con los debates y el marco normativo cultural internacional, que ha recogido de un modo más rápido y sensible las aportaciones recientes de las ciencias sociales, por ejemplo, la libre elección de la identidad cultural, la importancia de la protección de la disidencia cultural y su impacto sobre la innovación social, la noción de diáspora y los criterios culturales de descendencia o la dimensión culturales de los espacios naturales y los territorios. Nos ayuda también a resituar la importancia de los derechos culturales para la salud democrática de un país, obligándonos a llevar el foco a la vinculación de los derechos culturales con la economía de la credibilidad, es decir, con el modo en que una sociedad configura la palabra que cuenta, lo visible, lo audible, el relato legítimo y que puede, por tanto, reforzar procesos más amplios de desigualdad.

Esta armonización local-global en España se traduce en una ampliación de los campos de intervención de la política cultural local y en una actualización del debate sobre qué entendemos por democracia cultural.

Así, en un repaso muy rápido, hemos encontrado inspiración desde lo local en el nuevo constitucionalismo iberoamericano que hizo de los derechos culturales un eje central de transformación social; en el impulso que ha supuesto la Agenda 21 de la Cultura y la red global que demanda un mayor protagonismo de las ciudades como interlocutoras internacionales; en la actualidad, en las propuestas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel que ha de jugar la cultura para su cumplimiento, sin olvidar tanto las Declaraciones sobre Diversidad de la UNESCO como el trabajo de los diez últimos años de las relatoras de derechos culturales de la ONU, especialmente para la protección de los derechos culturales de las mujeres y la protección del derecho a la disidencia. Menciono aparte, por lo difícil que me resulta entender lo mucho que desaprovechamos la mención explícita a la economía social de la cultura, la Carta cultural iberoamericana, y que nos da un paraguas de actuación para la política cultural local más abierto aún a procesos comunitarios. Bajo este marco, la política cultural local se redimensiona, sabiendo que es en el nivel local donde estas propuestas se hacen reales, medibles, tangibles.

 

 

Políticas culturales locales y nueva agenda de derechos

Se entiende, por tanto, que desde este reconocimiento de la política cultural local desde un enfoque de derechos humanos podemos política y sectorialmente ser punta de lanza para la apertura de una nueva agenda de derechos, saliendo del riesgo de posiciones defensivas o reactivas, generando desde lo local contrapesos a la ola regresiva mundial en materia de derechos humanos que estamos viviendo.

Tendremos que hacer un nuevo énfasis sobre el acceso igualitario a la producción artística, pero haciendo mucho más hincapié en el acceso a los canales de distribución y exhibición desde criterios más democráticos y plurales, así como tomarnos más en serio la articulación de políticas de comunicación locales y nuestro modo de plasmar en lo local el derecho a la información.

Sabiendo que avanzamos hacia el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos, desde lo local tendremos que preguntarnos cómo vamos a proteger los derechos culturales colectivos, los derechos de la naturaleza o los de las generaciones futuras. Cómo impacta sobre nuestro patrimonio inmaterial local (gastronomía, artesanía) la generalización de los tratados de libre comercio, cómo vamos a prepararnos para la protección de la creación colectiva, la autoría colectiva (mucho más trabajada en los contextos relacionados con los pueblos indígenas) ante procesos de extractivismo multinacional en el sector cultural ante los que el mundo rural español está especialmente desprotegido, como nos muestran los casos tanto del pleito de los municipios de Vilariño de Conso y Viana do Bolo contra Dolce & Gabanna por plagio o el reto que supone el reconocimiento de la dehesa castellana y extremeña como paisaje cultural de la UNESCO frente al extractivismo minero que amenaza, por ejemplo, el Campo Charro.

Desde lo local también tendremos que concretar mucho más la protección de los derechos lingüísticos y el reflejo de su diversidad, no sólo de las lenguas oficiales, sino de las que están en riesgo de extinción, como el astur-leonés o los derechos lingüísticos de la ciudadanía migrante, especialmente en las segundas y terceras generaciones ante el riesgo de perder en muchos casos las lenguas maternas de sus padres.

 

Ministerio de las Culturas, Ley de Derechos Culturales, 1% presupuestario: la democracia cultural en la conversación internacional como inspiración para lo local

Por eso, en esta armonización local-global que estamos desgranando, más allá del reparto competencial, podemos encontrar horizontes de resonancia e ir condensando otras propuestas de política pública, por ejemplo:

1.- Desde la innovación institucional pública en el ámbito cultural:

¿Cómo podríamos reflejar en lo local el espíritu, por ejemplo, de la creación del Ministerio de las Culturas chileno? ¿Podría ser una apuesta para agrietar la herencia centralista de las políticas culturales españolas?, ¿qué juego podría darnos este tipo de innovación en la institucionalidad cultural para hacer emerger y socializar nuestra propia historia de diversidad cultural, cuestionando relatos mayores en los que se inserta? (el peso en Castilla y León, por ejemplo, del relato cultural imperial)

2.- Desde la vertiente económica y la dotación presupuestaria:

Qué correlato podría tener en lo local, por ejemplo, las movilizaciones internacionales del sector cultural alrededor de la reivindicación del 1% del PIB para la cultura recomendado por la UNESCO, que ha sido una propuesta que ha hecho suya el activismo cultural de base (por ejemplo en Bolivia a través del Colectivo Telartes o en la campaña #ActForCulture ante las elecciones europeas) y a la que en España no hemos hecho demasiado caso.

3.- Desde el avance legislativo:

Cómo impulsar, acompañar desde lo local la creación de nuevas leyes de derechos culturales, que en España ha tenido su primer hito en Navarra, recogiendo experiencias previas de Cartas municipales de derechos culturales como la de Barcelona o leyes de acceso a la cultura como la del País Vasco. Supone un hecho muy importante en España, no sólo por el reflejo que pueda tener en otros espacios autonómicos o en el avance hacia una ley estatal en la próxima legislatura, sino por el marco de acción para la política cultural de proximidad que promueve:

  • Desde la definición de política cultural pública como aquella (y yo añadiría “y sólo aquella”) que defiende el valor de la cultura como bien común.
  • Por el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural y la necesidad de articular desde todos los niveles competenciales medidas de protección para trabajadoras y emprendedoras de las industrias cultural y creativa.
  • La exigencia de medidas fiscales específicas para el trabajo cultural y la creación de fondos e instrumentos de crédito, apostando por la economía social de la cultura.
  • El protagonismo que da a la función de los mediadores culturales y artísticos.
  • Y dos líneas que pueden ser claves para las políticas culturales locales especialmente de la España vaciada:
    • La participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, ante el riesgo de parquetematización y presión turística.
    • La incorporación ya en una ley en España que reconoce el derecho al patrimonio como un derecho humano, frente al riesgo de expolio y las redes internacionales de mercado negro de arte.

 

Políticas culturales locales frente a los discursos del odio

Quería terminar como empecé, desde este cambio de visión para unas políticas culturales en clave de derechos humanos, teniendo en cuenta también el llamamiento a la acción del sector cultural que se ha lanzado en toda Europa frente al auge de los discursos del odio, apuntando a algunas cuestiones que se pueden abordar desde la política cultural local:

La cultura puede mejor que ningún otro campo, cortocircuitar la creación de “la Otredad”, del “Otro amenazador” creando espacios de acercamiento a lo que conocemos menos, vinculados a climas afectivos diferentes al miedo o la sospecha, como pueden ser la alegría, lo festivo, el placer de descubrir.

Desde la política cultural local tendremos que detenernos con mayor profundidad a analizar qué imaginarios y horizontes aspiracionales reforzamos con nuestra programación desde lo público, siempre teniendo en cuenta que no somos los únicos que estamos actuando en la creación de dichos imaginarios:

  • ¿Qué fechas conmemorativas reforzamos?
  • ¿Qué “traumas y glorias locales” designamos como significativos y cuáles no?
  • ¿Cuáles son nuestras culturas de honor y reconocimiento locales y especialmente qué régimen de mirada imponen: qué se invisibiliza y excluye del “nosotros” local?
  • Importante también en este punto el análisis de nuestros lutos públicos y la definición de lo que consideramos llorable.

Todos estos temas son fundamentales por el papel que juega en el auge de los discursos del odio el enfrentamiento sobre la herencia, la autoctonía y la ancestralidad. Por tanto, nuestra política cultural local, ¿qué imaginarios y horizontes aspiracionales refuerza por activa o por pasiva?

Hago hincapié en ello porque cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural, parece que nos centráramos exclusivamente en el acceso al consumo cultural y dejásemos a un lado lo más importante: el derecho a participar en la construcción de sentido.

También el refuerzo, frente al auge del odio, de dos acciones en la política cultural local:

  • El impulso de acciones de diplomacia cultural local.
  • La transversalidad de lo cultural en toda la política local. Pongo siempre de ejemplo en este punto, el reflejo que tuvo en la Carta de derechos y compromisos culturales de Barcelona el derecho a respetar la diversidad de las tradiciones funerarias. Pues bien, eso también es política cultural.

Por último, dado que los discursos del odio tienden a expresiones simplificadoras o limitadoras de la identidad cultural y que todos los estudios sobre el auge del extremismo señalan a los climas de impotencia como su principal caldo de cultivo, medidas de política cultural local que refuercen el sentido de agencia, transformaciones que se vean, palpables y que hayan nacido en la comunidad, que tengan como fin el refuerzo de esa vivencia personal.

Por todo ello, creo que la armonización local-global tiene un sentido estratégico para la profundización democrática en España y confiere al ámbito local un protagonismo clave en la defensa desde la cultura de los derechos humanos.

 

Catedrales

El pasado 20 de mayo finalizaba el plazo para realizar contribuciones al próximo informe de la relatora de derechos culturales de Naciones Unidas que versará sobre Derechos culturales y espacios públicos. Tratando de poner diques de contención a uno de los mayores riesgos para garantizar el derecho a participar en la vida cultural como es la progresiva privatización de los espacios públicos para la cultura, el llamamiento a la creación colectiva de este informe incidía sobre aspectos importantes:

  • Cómo estamos definiendo el espacio público
  • Qué contenido y alcance podría tener un posible “derecho a los espacios públicos”
  • Cuál es el impacto sobre el disfrute de los derechos culturales de las tendencias relacionadas con la privatización de diferentes tipos de espacios públicos

Me quedaba dándole vueltas a este último punto alrededor de uno de los debates, para mí aún pendientes en toda su complejidad, respecto a la creciente privatización del acceso a las catedrales en España.

Ha sido el escritor Julio Llamazares, al finalizar su obra “Las rosas de piedra” en la que recoge su viaje alrededor de las 75 catedrales españolas, quien ha llevado de un modo más claro a los titulares de prensa en nuestro país la urgencia de tomar medidas ante la imparable privatización de nuestros espacios patrimoniales, bautizando, por ejemplo, a un selecto grupo de catedrales en España en una reciente entrevista en El País con la periodista Rut de las Heras como las “vacas de ordeño”, o poniendo el foco sobre los efectos de la turistificación y las restricciones de acceso, en esta entrevista con la periodista Ana Mendoza para Zenda Libros:

“—A lo largo del libro, criticas con frecuencia a la Iglesia por cobrar las entradas a las catedrales y afirmas que “el viajero está harto de pagar para poder ver lo que al fin y al cabo es suyo también”.

—No me molesta pagar los cuatro o los seis euros que pidan, porque yo puedo hacerlo. Lo que no me gusta es que ni siquiera te permiten presentar un libro sobre catedrales en ellas. Hay un secuestro evidente. El afán recaudatorio puede a veces también molestar. En la Mezquita de Córdoba te cobran once euros por entrar y, si sales al baño o a tomar un bocadillo y vuelves a entrar, te vuelven a cobrar. Hay una voracidad recaudatoria que es un poco ofensiva y que, además, a ellos les ofende que lo digas. Yo lo hago porque tengo conocimiento de causa. Es que he estado en 75 catedrales y sé cómo las manejan.

Lo que realmente me molesta de todo eso es que la voracidad recaudatoria de la Iglesia mata la vida en las catedrales. En el momento en que cierran las puertas y cobran por entrar, acceden sólo los turistas. Es decir, las catedrales se han cerrado a la vida de la ciudad. Los vecinos ya no las consideran suyas porque, cuando te cobran por entrar a un sitio, ya no lo sientes como algo tuyo. Han matado la vida en las catedrales, no sólo religiosa, sino de contemplación, de disfrute. Yo, antes, cada vez que iba a León, visitaba la catedral. Ahora no lo hago, no por no pagar los euros que cueste, sino porque dentro sólo vas a encontrar un cascarón vacío, lleno de gente con audioguías, deambulando como autómatas. La vida que había antes en esos templos, con la gente que iba a rezar, los sacristanes, los que entraban y salían, eso se ha muerto. Y no hay con quién hablar, no hay vida, no hay emoción, no hay nada. Y eso es lo que me molesta. Y por decirlo te llaman anticlerical. Pero lo digo porque me duele, porque amo las catedrales. Evidentemente, yo no dedico dieciséis años de mi vida y 1.200 páginas para criticar a la Iglesia, sino para disfrutar de las catedrales y transmitir esa pasión a la gente.”

 

 

También yo, nacida en ciudad catedralicia, tengo reciente la experiencia de haberme encontrado sin previo aviso ante un acceso restringido a “la Catedral” ante el que fui absuelta del pago por el arbitrario razonamiento de que en mi DNI aparece como lugar de nacimiento el nombre de la ciudad. Más allá de la visión turística, pensé en todos los migrantes, de interior y exterior, residentes por décadas, y en su obligación de pago religioso de tasa para tener acceso al templo.

Esta privatización que se ha extendido de modo silencioso y ubicuo, ante nuestra pasividad generalizada, nos lleva de nuevo a examinar la importancia de avanzar en nuestro país en el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano. Porque, ¿a quién pertenece una catedral? ¿A quien la construyó, a quien la mantiene, a quien la disfruta?

Junto a la superposición histórica, de épocas, que define a toda catedral y a la suma de manos que la hicieron posible, ¿no habría que añadir también todos los relatos, recuerdos, evocaciones, memorias, imaginería? ¿No forman parte también de nuestra estructura afectiva y le otorgan un valor más allá de la arquitectura?

Si leemos esta progresiva privatización desde la óptica de la protección de los derechos culturales, teniendo en cuenta un primer acercamiento emocional-intuitivo al tema, que va exigiendo ya un estudio económico y legal minucioso, surgen algunas dudas importantes:

 

  • ¿Bajo qué criterios se está realizando la implementación de esta privatización en el acceso a las catedrales en España? ¿Quién ha elaborado estos criterios: instancias municipales o instancias eclesiásticas? ¿O han sido estructuras mixtas? ¿Hay una norma común a nivel estatal que unifique criterios? ¿Cómo se está REGULANDO este proceso?

 

  • ¿Competencia concurrencial en el mercado o Patrimonio de la Humanidad? ¿Pliegos de condiciones para la contratación de los servicios de privatización? ¿Cuáles serían los aspectos a puntuar: sólo el precio, proyectos de museo catedralicio adscritos, incorporación de tecnología para amenizar la visita? ¿Qué tecnología es «necesaria» para visitar una catedral? ¿Por qué? ¿Todo lo anterior quién lo está baremando, midiendo? ¿O también se puntuaría la accesibilidad universal, criterios de inclusión social, estructuras adaptadas, valores pedagógicos…? ¿Y el silencio? ¿Puntúa? ¿Cómo se están gestionando dichas concesiones y la medición de sus impactos?

 

  • ¿Son los criterios de exención de pago iguales en todas las catedrales de España o los impone cada empresa concesionaria? ¿Cómo se está fijando «el precio»?

 

 

  • La recaudación del acceso, ¿se reinvierte en labores de restauración y mantenimiento?, ¿o es simplemente lucro? Las catedrales situadas en ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿tienen una regulación extra de este criterio?

 

  • Dado que las labores de restauración patrimonial se financian con fondos públicos contribuyendo a mantener vivo el valor monumental catedralicio y en virtud de criterios de transparencia, ¿dónde puede la ciudadanía de cada localidad tener conocimiento de la recaudación derivada de la privatización del acceso a las catedrales y en su caso del porcentaje que se reinvierta para el mantenimiento del monumento?

 

  • Esta política de privatización de acceso, ¿qué impacto tiene sobre la efectiva protección de los derechos culturales en España?

 

Comparto por aquí este reguero de dudas, esperando un debate común más detallado sobre todo ello. Porque, Señor, los cercamientos nos rodean, Señor, los cercamientos.

 

 

Repensar políticas culturales locales, Valladolid, 9 de mayo

El próximo 9 de mayo será un placer participar en la Jornada Repensar políticas culturales locales, que se celebrará en el Salón de actos del Museo Patio Herreriano en Valladolid.

Como comparte la organización:

«Con ocasión de la celebración en 2019 de los cuarenta años de los ayuntamientos democráticos, analizaremos los impactos y transformaciones resultantes de las políticas culturales en las ciudades, los efectos del cambio social, individual y colectivo que muchas de ellas fueron capaces de provocar en la ciudadanía,así como la necesidad de su recuperación y sus posibles perfiles futuros.
Para eso hemos reunido a personas expertas, académicas, creadoras y responsables de políticas, cuya visión aborda el contexto, el impacto de ese trabajo y los caminos para recuperar la vuelta de los liderazgos para su revitalización. Esos liderazgos son imprescindibles si queremos que éstas vuelvan a cumplir su papel de conductoras de los cambios de percepción de la ciudadanía, la construcción de una civilidad crítica y la recuperación de redes de difusión, producción y distribución cultural.»

 

Puedes descargar el programa completo aquí

La inscripción gratuita a la Jornada se realiza en este enlace, por si te apetece venir.

 

 

Programa
PRIMERA SESIÓN

◆ 09.30 h. Acto Inaugural y Presentación de la jornada de trabajo.

Óscar Puente Santiago,Alcalde de Valladolid

Ana Redondo García,Concejala de Cultura y Turismo

Jorge Fernández León,Coordinador de la Jornada

Juan González-Posada M., Coordinador del Programa Europeo CreArt.Coordinador de la Jornada

◆ 10.00 h. La cultura española en la crisis: Una década perdida. Por nuevas políticas de futuro.

Ponente: Enrique Bustamante. Catedrático de  Comunicación U. Complutense.

Modera: Carmen Vaquero. Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria.
Debate.

◆ 11.30 h. Pausa / Café.

◆ 12.00 h. Diez articuladores culturales locales para una vida decente.
Intervienen:
Juana Escudero. Subdirectora de Cultura. FEMP.

Arturo Rubio Arostegui. Profesor U. A. de Nebrija e Investigador.

“Repensar las políticas culturales locales, ¿Cómo es posible sin la evaluación ni la investigación?”.

Jordi Font. Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.Ministerio de Educación.

Modera y participa:
Jorge Fernández León. Director de ProgramasFMCEyUP Gijón.
Debate.

◆ 14.15 h. Descanso / Comida.

SEGUNDA SESIÓN

◆16.00 h.El espacio de la política cultural en el tiempo digital (Leyes, redes y cultura)
Intervienen:

Estefanía Rodero. Socióloga de la Cultura.

“Construir el horizonte: derechos culturales, acción global y democracia.”

Jesús Cantero. Coordinador de OIKOS, Observatorio Andaluz de la Economía de la Cultura.

Modera: Rafael Vega. Editor y dibujante.

Debate.

◆ 17.00 h.¿Por qué han de cambiar las políticas culturales locales?

Ponente: Alfons Martinell. Cátedra UNESCO de Políticas Culturales U. Girona

Presenta y modera: Fernando Manero. Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valladolid.

◆ 18.00 h. Descanso.

◆18.15 h.El trabajo en la cultura: Mejores prácticas más allá del Entusiasmo.

Ponente: Luis Ben Andrés. Diputación de Cádiz.

Modera y presenta: Raúl Fernández Sobrino.Gestor Cultural

◆ 19.00 h.Cambiar la vida de la gente. (La cultura puede)

Ponente: Miguel Ángel Aguilar. Periodista y escritor.

Modera y presenta: Carlos Gallego Brizuela. Abogado y escritor

◆ 20.30 h. Presentación de Conclusiones y Acto de Clausura.

 

España frente al derecho a la libertad artística

Aprovechaba para leer estos días (cada cual a sus ritmos…) el Informe anual que elabora Freemuse para evaluar el estado del respeto a la libertad artística en todo el mundo. Partiendo de la reflexión que recoge el informe por la cual el respeto a la libertad artística es siempre un indicador del nivel de salud democrática de un país, es doloroso comprobar como España se mantiene en el grupo que lidera el dudoso ranking de países con mayor número de artistas encarcelados en el Norte global.

Se analiza así minuciosamente lo que Freemuse ha bautizado como el auge de una “cultura del silenciamiento artístico” que desde los extremos de la persecución ilegal, las detenciones arbitrarias y otras formas de persecución, hasta aquellos otros modelos de intimidación sustentados en normas religiosas o de moral pública, están impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos como son la libertad creativa y artística.

Me resulta de especial interés el peso que le han dado al análisis del incremento de ejercicios de censura a través de diferentes plataformas de social media o los nuevos usos del espacio digital para la persecución de artistas, especialmente combinados con los usos que hacen de los mismos autoridades religiosas o grupos fundamentalistas.

Ante el bofetón que supone el dato que confirma que, de 60 artistas en prisión en 13 países, 14 están en España, es importante comprobar cómo se están repitiendo pautas de silenciamiento artístico en base a idénticas premisas en todo el globo:

  • Utilización de leyes anti-terroristas con fines de silenciamiento de contra-narrativas de la cultura dominante.
  • Incitación al libertinaje o insulto a lo sagrado.
  • Sedición e incitación a la subversión del poder del Estado.

 

 

En un análisis de la censura artística global vivida a lo largo del 2018, no sorprende que el 82% de ella se haya ejercido en base a criterios de “indecencia” seguida de cerca por “herir sentimientos religiosos”.

Hay que señalar que este efecto global de silenciamiento de artistas críticos con la agenda política, se concentra de modo mayoritario sobre la producción artística de las mujeres, el colectivo LGTBI y la creación de las minorías, que enfrentan mayor riesgo de censura, así como daños personales y destrucción de obras.

Por ejemplo, a lo largo de 2018 aumentaron en un 40% las denuncias de persecución y censura en social media de mujeres artistas y dos actrices fueron asesinadas en Pakistan acusadas de “indecencia”.

Estamos asistiendo, como señala Freemuse, a un proceso de silenciamiento global de las narrativas de la diferencia, en el que se denuncia por primera vez el uso de medidas económicas (directas e indirectas) utilizadas contra artistas o comunidades artísticas.

Se alerta también de la censura transnacional, de la influencia de gobiernos más allá de sus fronteras para coartar la libertad de movimiento personal de los artistas o de sus obras y del riesgo creciente del extremismo evangélico para la protección de los derechos culturales de las mujeres.

 

 

Ante el riesgo de que todos los mecanismos de silenciamiento tengan éxito por la vía de creación de climas de autocensura, se reafirman las siguientes recomendaciones:

  • Tener como horizonte de actuación de las políticas culturales la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, de los que los derechos culturales forman parte.
  • Tomar en consideración la naturaleza específica de la creatividad artística, desde el derecho al contradiscurso o a la propia visión del mundo.
  • La alerta ante la interferencia en los contenidos de las nuevas formas de esponsorización.
  • La alerta ante la infrarrepresentación de las mujeres y las minorías en las artes y las ICCs.
  • La recomendación de universalización del Estatuto del Artista (recomendación de la UNESCO desde 1980) como mecanismo preventivo.

Desde la alerta internacional que nos señala el peso que los artículos 525 y 578 de nuestro Código Penal han tenido durante el 2018 para situar a España en puestos de cabeza para la persecución de la libertad artística, su modificación sería un tema a priorizar si realmente queremos enmarcar nuestras políticas culturales en un marco de derechos humanos.

El no de las niñas: infancia, desobediencia y participación en la vida cultural

 

 

La pasada semana me quedaba boquiabierta escuchando una entrevista a Harper Nielsen, la niña de 9 años que con su acto de desobediencia a la hora de cantar el himno en el colegio, ha forzado de nuevo el debate sobre la identidad nacional y los derechos de la población aborigen australiana. Como ella misma explica, no tiene por qué obedecer a los adultos por el mero hecho de serlo si ella misma, al leer despacio la letra del himno nacional, no está de acuerdo con su contenido racista. Me gusta especialmente el momento en el que afirma que para ella es importante que se entienda por qué lo ha hecho. 9 años. El llamamiento de los sectores más ultra de la sociedad australiana para que sea expulsada del colegio, profiriendo todos los insultos imaginables, aunque incidiendo en su desobediencia y lo bien que le vendrían “unos buenos azotes”, nos hablan de lo que no podía ser nombrado: la voz de una niña alumbrando un tabú.

Me hacía recordar dos iniciativas pasadas, en las que, desde dos marcos de acción muy diferentes, se ponía de manifiesto otra vez esta triple intersección: infancias femeninas, obediencia/desobediencia y construcción de nuevos imaginarios.

 

El primero es el proyecto Skate Girls of Kabul de la fotógrafa Jessica Fulford-Dobson (gracias infinitas a la comisaria de arte PL Henderson de @womensart1). En un país como Afganistán, con una de las prevalencias de matrimonio infantil más altas del planeta y en el que es un tabú para las niñas montar en bici, Fulford elaboró una galería de retratos acerca de la iniciativa de Escuelas de Skate como programas de empoderamiento de las niñas y cuya exposición ha girado de punta a punta del planeta. No queréis caldo, tres tazas.

 

 

El segundo, también desde la fotografía, fue la publicación del libro “Strong is the new pretty: a celebration of girls being themselves” de Kate T. Parker que consiguió mantenerse varios meses como best-seller en EEUU portando en sí mismo la ambivalencia: proponiendo frente a la industria de la belleza estadounidense y el auge de los certámenes infantiles y su escenografía estereotipada un modelo de infancia de las niñas (sus propias hijas) abierto a todas las expresiones y matices, pero que acabó siendo cooptado, por su fuerza y eficacia, por el patrocinio de grandes marcas como Disney en las que el fondo se desdibujaba. Coincidió en el tiempo con el impulso por parte de las Girls Scouts of America de la campaña Ban Bossy promoviendo el liderazgo de las niñas, alrededor de la mofa estratégica del término “mandona” (I´m not bossy, I´m the boss), campaña que en aquel momento me hubiera gustado ver en España, desde nuestra propia perspectiva cultural, para trabajar con nuestras niñas este estereotipo que aún incide tanto sobre los niveles de participación política de las mujeres en todo el espacio iberoamericano. Lo más cercano al espíritu de esta campaña que he visto en España es el momento (¡inspirador!) de «las chulitas» del Rap «Este es mi barrio» en Orcasitas, del Proyecto Barrios en Madrid.

 

Repasando estos casos me quedaba dándole vueltas a algunas preguntas:

  • ¿cuáles son los itinerarios de aprendizaje de la desobediencia femenina?, si desobediencia y liderazgo femenino van de la mano, ¿qué imaginarios fomentarían un mayor grado de autonomía en nuestras niñas?, ¿cómo estamos educando su capacidad de decir que no?, ¿qué les permitimos liderar?
  • ¿estamos articulando realmente proyectos de transformación con una mirada intergeneracional?, ¿construimos de alguna manera desde una noción de “servicio a las siguientes generaciones”?
  • ¿cómo estamos entendiendo los proyectos de participación ciudadana infantil y cuál es su distribución en España?, ¿cómo estamos entendiendo el derecho a participar en la vida cultural de nuestras niñas y niños?  (viva Tonucci), ¿estamos considerando su voz como una voz legítima para definir también «el nosotros»?

 

 

Existir en plural: espacios de la imaginación contra el odio

 

“Es tan sencillo pasar por alto el dolor del otro.”

Elaine Scarry

“Nadie define el nosotros en solitario”

Carolin Emcke

 

Con la crueldad política del cierre de los puertos italianos en portada a las más de seiscientas personas refugiadas necesitadas, en primer lugar, del más elemental de los derechos al reconocimiento de la humanidad común, quería la coincidencia que estuviese leyendo Contra el odio de Carolin Emcke.

En la misma dirección de otros libros de emergencia como fueron Identidades asesinas de Amin Maalouf o Identidad y violencia de Amartya Sen, la filósofa alemana se ha sentado a escribir con la urgencia sentida ante las explosiones sociales de odio vividas en su país (aunque no sólo) frente a la llegada de refugiados. Ante la constatación de la permisividad y normalidad con la que estamos asistiendo al crecimiento del clima de fanatismo en toda Europa, aporta Emcke en este libro algunos conceptos que me resultan interesantes y útiles para ampliar nuestra mirada.

  • Retórica para la transformación social: en la línea de grandes lingüistas y comparatistas literarios y como cada vez que el fantasma del fascismo vuelve a entrar en escena, Emcke pone en el centro la necesidad de afianzar nuestras capacidades críticas colectivas frente a los usos del lenguaje y las narrativas del odio. Humanistas y lingüistas aparecen como actores clave para protagonizar esta labor de prevención colectiva (no en balde, la UNESCO usa un eslogan en la misma dirección en todas sus campañas de educación contra el antisemitismo: “El Holocausto empezó en las palabras”)

Dice Emcke:

“Observar el funcionamiento del odio siempre implica señalar en qué casos habría sido posible hacer otra cosa, cuándo alguien podría haber tomado otra decisión, en qué circunstancias alguien podría haber intervenido, cuándo alguien podría haber renunciado. Analizar las estrategias retóricas, las metáforas y demás imágenes que generan y canalizan el odio entraña siempre la determinación de mostrar aquellos puntos del entramado narrativo por donde el odio y la violencia pueden ser interrumpidos y socavados.”

Si según Didier Eribon, en cita de Emcke, los grupos y entornos especialmente proclives al fanatismo y el racismo son aquellos que construyen su cohesión alrededor de su sentimiento de impotencia frente a la realidad social, es obvio el papel incendiario que pueden desempeñar determinados modelos de comunicación para reforzar dicha sensación colectiva de impotencia.

 

  • Muy interesante, y no por mil veces repetido deja de ser una emergencia, es la llamada hacia nuestra capacidad colectiva de detectar e intervenir sobre los actuales Regímenes de mirada por los que solo vemos a los individuos como representantes de colectivos, “en bloque” (“están viendo a unas personas asustadas, pero no perciben el miedo ni a las personas”):

“No ser visto ni reconocido, ser invisible para los demás, es la forma de desprecio más esencial. Los invisibles, los que no son percibidos en la sociedad, no pertenecen a ningún nosotros.”

“¿Qué tipo de afectos promueven esa forma de mirar que hace que unos sean visibles y otros invisibles? ¿Qué ideas alimentan esa actitud que anula o enmascara a los demás? ¿Quién o qué conforma esa actitud? ¿Cómo se transmite? ¿Qué relatos históricos sustentan esos regímenes de miradas que distorsionan y ocultan a las personas? ¿En qué marco se fijan los patrones interpretativos según los cuales determinadas personas son catalogadas como invisibles e insignificantes o como amenazantes y peligrosas?”

 

 

  • Una nueva dimensión del “odio espectáculo”: Nos llama Emcke a no pasar por alto, si bien fruto de una larguísima herencia histórica, la necesidad de articular medidas de resistencia civil ante las nuevas escenificaciones del odio “que se dirige contra unas víctimas que no pueden negarse a participar en una escenificación que los denigra”. Entiende como parte de esta escenificación (no sólo con la viralidad de las redes al fondo) aquella caja de resonancia necesaria formada a base de silencio que reafirma las prácticas cotidianas de exclusión que recuerdan a las víctimas del odio el hecho de que su vulnerabilidad puede ser atacada arbitrariamente por cualquiera y en cualquier momento. Emcke nos llama a reflexionar como sociedad sobre el hecho de que el odio no necesita una base ni un pretexto real, le basta con la proyección y fabrica su propio objeto a medida. ¿Qué estrategias de cortafuegos podemos desarrollar como sociedad frente a ello?

 

  • Su apuesta por el desarrollo de una nueva cultura política del error y la duda me ha resultado inspiradora:

“Para los representantes políticos, reconocer posibles errores en su forma de pensar y de actuar es tan elemental como para los medios de comunicación y los miembros de la sociedad civil.”

No sólo aboga Carolin Emcke por el reconocimiento y visibilización de los errores en sí, como medida contrapuesta a la seguridad total y certeza absoluta que necesita el odio, sino a la clarificación de nuestras perspectivas, a nuestra capacidad de crítica de nuestros propios esquemas perceptivos que pueden estar equivocados en mil formas diferentes y no sólo por tiempo y lugar y al reconocimiento de los límites de nuestros propios cánones de conocimiento que imposibilitan en muchas ocasiones el reconocimiento de la diversidad (“la resistencia civil contra el odio también implica, a mi modo de ver, reconquistar los espacios de la imaginación”)

 

 

  • Me interesa especialmente, aunque está tratado de un modo muy somero en el libro, la identificación de una tendencia creciente en toda Europa (y que se ha visto de un modo terrible en los ataques al memorial de Auschwitz en Polonia): la utilización por parte de los partidos neofascistas de las instituciones culturales, especialmente las vinculadas a las políticas de patrimonio, para la construcción de un concepto de identidad nacional con carácter sustancial y basado en la exclusión. Creo que es un tema que habría que abordar con urgencia en este 2018, Año Europeo del Patrimonio.

 

Cierro mi lectura urgente de un libro de emergencia con una de sus reflexiones finales, el hecho de que “nadie define el nosotros en solitario”, el nuevo llamamiento al reconocimiento urgente de nuestra interdependencia y su hermosa manera de nombrarlo para este final: “existir en plural”.

 

 

 

La voz legítima: feminismo y derechos culturales

(Gracias a Pikara Magazine por publicar una versión resumida de este artículo.)

 

(Ilustraciones de Mercedes deBellard con fuente de Silvia Fernández)

(Lo que vas a leer fue contado primero de viva voz y con alegría gracias a la invitación de la Universidad de Aguascalientes a su IV Cátedra en Arte y Cultura celebrada en el Instituto de México en España)

Los procesos de deslegitimación de la palabra pública de las mujeres que hemos vivido en las últimas semanas en España me llevaban a reflexionar sobre la urgencia de consolidar una nueva narrativa de los derechos culturales en nuestro país desde una perspectiva feminista, identificando cinco grandes desafíos a los que nuestras políticas culturales – en interrelación con las políticas económicas, sociales y ambientales- tendrán que dar respuesta tanto en el presente más inmediato como en el inminente medio plazo si realmente quieren promover, como oímos repetir últimamente en tantos discursos para la foto, la dimensión de los derechos culturales dentro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Una política cultural a través de la que pongamos en el centro la promoción de nuestros derechos culturales  debería ser sensible a:

1.- El avance de los discursos del odio y la construcción de nuevos chivos expiatorios en Europa, como estamos viendo, entre otras con la presión creciente a las minorías europeas (en la resurrección de las leyes antigitanos en Eslovaquia, por ejemplo o la creciente islamofobia) que afectan directamente a las mujeres y niñas de las minorías españolas, a nuestras mujeres migrantes y refugiadas. También debería ser una política cultural que diera respuesta al auge de los nuevos procesos y discursos racistas y deshumanizadores así como a la creciente criminalización de nuestras comunicadoras y artistas.

 

2.- El auge de nuevos modelos de extremismo y fundamentalismo religioso y su presión sobre los derechos humanos y la corporalidad de las mujeres, que en tiempos de políticas de austeridad y recortes educativos han cobrado nueva fuerza, legitimidad y posiciones estratégicas de poder en nuestro ámbito educativo.

 

3.- La consolidación del paradigma de libre comercio y la firma regional de tratados comerciales que tienen un impacto devastador tanto sobre las políticas de igualdad, consideradas como costes y por tanto como medidas a desmantelar, así como sobre la protección de la diversidad cultural y sus expresiones (especialmente en el caso europeo la protección de la diversidad lingüística o las medidas de promoción local de las culturas gastronómicas, con un impacto directo sobre el empleo de las mujeres rurales). De igual manera, el auge de dichos tratados contribuye, aún más, al desmantelamiento europeo de la cultura entendida como servicio público  dificultando enormemente la gestión cultural en el nivel local, especialmente a través de las modificaciones en las normas de contratación pública con criterios sociales o de proximidad.

 

 

4.- La realidad acuciante del cambio climático, que están afrontando a cuerpo descubierto y en primera línea las mujeres del Sur global y que junto a los interesantes procesos internacionales de negociación de nuevos marcos de protección del derecho a la tierra y la soberanía alimentaria de los pueblos y la creación de un documento vinculante que impida la vulneración de derechos humanos por parte de las transnacionales nos obligan a dar nuevas respuestas para la protección del patrimonio natural ante la presión del sector agro-industrial y extractivo, su impacto sobre la protección de los paisajes culturales y la protección de las culturales rurales europeas (en proceso de parque-tematización por un lado o desaparición por otro). De igual manera tendremos que hacer frente en Europa a los modelos de relación entre cultura y territorios frente al actual modelo turístico, así como repensar qué papel podría desempeñar la economía social de la cultura como alternativa de empleo para las mujeres, piedra angular de la supervivencia rural en nuestro país, que pudiese ayudar a frenar los procesos de desarticulación territorial que vive España.

 

5.- Tendremos que afrontar también desde las políticas culturales qué papel queremos y podemos jugar como contrapeso de las actuales políticas de seguridad de la Unión Europea y cómo podemos afrontar y desde qué actuaciones, tal y como nos está enseñando Angela Davis, la presión creciente de las multinacionales de seguridad privada en todo el globo, en el caso español de modo lacerante en el Mediterráneo. Cómo vamos a introducir con fuerza la perspectiva de género en nuestras relaciones culturales internacionales, en nuestra cooperación cultural internacional y cómo puede incidir el feminismo en la carrera diplomática. Cómo vamos a redefinir nuestra diplomacia cultural para cambiar su lógica desde el actual “ornato previo a la firma de acuerdos comerciales” hacia una auténtica labor diplomática asentada en un enfoque de derechos humanos.

 

Ante la situación de emergencia glocal que describen estos cinco ejes, que se suman a los grandes procesos no resueltos del desequilibrio comercial cultural Norte-Sur, la protección de la diversidad de fuentes de producción, difusión y distribución comercial cultural y las medidas que garanticen su acceso a las mujeres y que nos permitan afrontar los procesos de homogeneización cultural mundial, junto a la presión aún en pie del canon eurocéntrico, este modelo que se ha pretendido universal y que es Norte, varón, blanco, adulto, burgués, heterosexual y capacitista, me parece una medida de acción urgente situarnos en un marco que comprenda la política cultural como una política de derechos humanos.

 

Reconociendo el papel que juega la protección y promoción de los derechos culturales tanto en la Agenda 21 de la Cultura como en la Carta Cultural Iberoamericana, especialmente en su apuesta por la economía social y solidaria en el campo de la cultura, quiero poner en valor, por las vías de acción práctica y la orientación estratégica que han venido desarrollando las Relatoras de derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed y Karima Bennoune, para las que la protección los derechos culturales de las mujeres ha sido una prioridad.

 

 

De su trabajo, en colaboración y escucha permanente con organizaciones y movimientos feministas internacionales, ha emergido un cambio de paradigma clave para la protección de los derechos culturales de las mujeres en todo el mundo, cambiando la perspectiva desde un discurso que consideraba la cultura (tradiciones, costumbres, prácticas) como un obstáculo que se interponía en el camino hacia el empoderamiento de las mujeres y las niñas, virando el enfoque hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad. Ha sido muy interesante lograr en los últimos años la ruptura de la noción estática de cultura frente a nuevos abordajes (ya muy consolidados en las ciencias sociales y los estudios culturales) que consideran la cultura como un campo de poder en disputa y permanente tensión en el que las desigualdades en el acceso a los recursos económicos, políticos, simbólicos, dejan su huella profunda.

Así la pelea actual por los derechos culturales de las mujeres no se está centrando tanto, siendo fundamental también,  en el acceso, participación en la vida cultural y promoción de la creación de las mujeres, sino de un modo creciente en el papel que juegan en la construcción de la identidad de sus pueblos y la articulación de proyectos y relatos de país, dado que la identidad de un país está íntimamente ligada a la forma en la que garantiza el ejercicio de los derechos culturales a su ciudadanía.

De ahí que las preguntas que desde esta perspectiva están llegando a la agenda pública sean:

  • Qué tradiciones, qué valores, qué prácticas culturales deben mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente.
  • Cómo están participando las mujeres en estos debates públicos y en qué condiciones, qué miembros de la comunidad, del país, están facultados para definir la identidad cultural y el significado de ésta.
  • Por el carácter estratégico que juegan las políticas de patrimonio como apoyo simbólico (y reflejo más evidente de los relatos y estructuras de poder), ¿qué papel están desempeñando las mujeres (y en general todos los colectivos que quedan fuera del “universal reducido”) en los procesos de identificación e interpretación del patrimonio, del legado recibido a través de las generaciones que nos ha permitido ser quienes somos?

 

 

Así, el trabajo a favor de los derechos culturales de las mujeres está desbordando el paradigma de la cultura circunscrita a las bellas artes e incluso el paradigma de la cultura entendida exclusivamente en su papel industrial, para situarse en la reivindicación de la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas y tomar para sí tanto la capacidad para dar nueva vida a los significados como su protagonismo a la hora de decidir en pie de igualdad qué queremos transmitir como país a las generaciones futuras, qué queremos preservar o transmitir y  bajo qué dimensión de valores estamos comprendiendo nosotras el patrimonio y “la herencia”. ¿Cómo se está negociando qué eventos o duelos de país merecen o no merecen procesos memoriales? , ¿cómo estamos creando fechas conmemorativas de país y bajo qué criterios? Por ejemplo, la ausencia total de procesos memoriales o simbólicos de duelo público (monumentalidad, programaciones culturales temáticas y de “Estado”, días memoriales adscritos etc.) que hagan referencia a la violencia sexual sufrida durante la Guerra Civil española o a la desaparición y robo de bebés durante nuestra dictadura y reciente democracia serviría como punta de lanza para comprender esta cuestión. La reciente acción de guerrilla artística por parte de Madridiversa rebautizando el Paseo del Doctor Vallejo Nágera como Paseo de los Bebés Robados muestran en la acción esta temática.

De igual manera frente a la presión que enfrentan muchas mujeres en todo el globo para  perpetuar o convertirse en guardianas de la reproducción de la cultura dominante, desde las políticas culturales que ponen en el centro la promoción de los derechos culturales de las mujeres se está enfocando la acción hacia la recuperación de todo el legado histórico de impugnación de las normas y valores culturales dominantes realizado por ellas.

Quería señalar la importancia, por tanto, de denunciar la exclusión e invisibilización que sufren las mujeres como creadoras de cultura y conocimiento, no sólo en la dimensión de la creación de bienes, artefactos, productos culturales, sino en esta dimensión más antropológica como articuladoras y creadoras de proyectos de significación regionales y proyectos de país.

Si, como ha dicho Alain Touraine, la disputa por la ampliación de los derechos culturales será la batalla clave de nuestro siglo XXI, tendremos que estar especialmente atentas a cómo construyen nuestras sociedades la exclusión de su disfrute. Si la ausencia de protección de los derechos culturales incide directamente sobre el sentido de pertenencia social y dignidad humana, jugando un papel determinante tanto para la feminización de la pobreza como para la creación de colectivos en riesgo de exclusión, tendremos que articular políticas culturales sensibles a:

  • ¿quiénes están siendo excluidas de la negociación de los significados sociales? Pensando en esta cuestión me reía mucho hace unos días cuando, ante una cascada de exabruptos por lo inadecuado e incomprensible que era para algunos la inclusión de la ilustración de una mujer asiática en la cartelería de las madrileñas fiestas de San Isidro de este año, una genia en redes contestó: “Pero compañeros, ¿dónde vais con mantón de Manila, dónde vais con vestido chiné?” Genia.
  • ¿a quiénes se les está negando el acceso a los espacios de palabra pública y toma de decisión?
  • ¿quiénes están siendo “humilladas epistémicamente”, a quienes no se está reconociendo como creadoras de conocimiento o cultura válidos?, ¿quiénes están creando “cultura que no vale”, “cultura que no es verdadera cultura” en nuestra sociedad, quedando desprotegidas ante la presión del extractivismo cognitivo ante el actual paradigma de comercio? Los procesos de apropiación por parte de multinacionales textiles españolas de diseños artesanales mexicanos, concretamente los tenangos, sin contraprestación económica alguna a las artesanas y sus comunidades, visibilizan de modo alarmante esta cuestión.
  • ¿a quién se le está diciendo en nuestros procesos de diseño de políticas culturales: “tú quién eres para hablar”: a nuestro medio rural, a nuestras mujeres mayores, a nuestra diversidad funcional y mental, a nuestras niñas, a quién?

 

 

Me apoyo para esta reivindicación de la protección de los derechos culturales de las mujeres entendidos como los apoyos necesarios para garantizar y proteger la legitimidad de su propia experiencia y voz, tanto en la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui que está impulsándonos “a plantear políticamente las luchas de poder por las que se construye la palabra legítima en nuestras sociedades” (y que hemos aprendido a fuego con la sentencia del caso de La Manada) como en la aportación de la filósofa feminista Miranda Fricker, que está dirigiendo nuestra mirada hacia el hecho de que no podemos hablar de sociedades que respetan los derechos culturales, y mucho menos los de las mujeres, si no cuestionamos cómo estamos construyendo en nuestras democracias nuestras “economías de la credibilidad”.

 

Así, nuestras políticas culturales tendrán que desarrollar una nueva sensibilidad hacia la injusticia testimonial, en palabras de Fricker:

  • “La identificación de cuándo los prejuicios identitarios llevan a un oyente a otorgar a las palabras de un hablante un grado de credibilidad disminuido”

que se comprende de un modo inmediato, por ejemplo, al escuchar a las mujeres del documental de José Heredia “El Amor y la Ira: cartografía del acoso antigitano en España”

Y una nueva sensibilidad hacia la injusticia hermenéutica:

  • “Cuando nos faltan los recursos de interpretación colectivos que sitúan a alguien, a colectivos completos, en situación de desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales.”

Idea que llegamos a hacer cuerpo escuchando a las mujeres con discapacidad intelectual que tienen que afrontar procesos de esterilización forzosa en España o a quienes pelean por el derecho a la creación cultural de las personas con diversidad funcional.

 

Comprendiendo que es en esta construcción y reconocimiento social de la legitimidad de la voz el proceso a través del cual se comprende mejor la indivisibilidad de los derechos culturales de las mujeres en relación al resto de sus derechos humanos, al intuir de modo inmediato la violencia extrema que reside en la negación de la experiencia e interpretación de la realidad del otro y su condena social al silencio, creo que queda del todo claro que es urgente situarnos en el paradigma de las políticas culturales desde un enfoque feminista y de derechos humanos, entendiendo que no podemos permitirnos el lujo de seguir hablando de democracia, sin que se respete, de hecho, la verdadera democracia cultural.

Ante el primer Día del Orgullo Loco en España: transgeneracional, salud mental y violencia de Estado

Para quienes, frente a épicas del sacrificio, están conquistando

para nuestros hijos e hijas el derecho a ser vulnerables.

 

El próximo 20 de mayo se celebrará por primera vez a nivel estatal el Día del Orgullo Loco en España. Como nos recuerda el activismo mental en la convocatoria, es necesario llevar a las conversaciones del día a día la urgencia de respetar los derechos humanos en la práctica psiquiátrica (poner fin a las prácticas de aislamiento, medicación forzosa o contención mecánica) así como reflexionar colectivamente sobre el modo en que nuestra sociedad y economía neoliberal acrecientan  la creación de sufrimiento psíquico colectivo, individualizando y mercantilizando el modo de afrontarlo.

Convencida como estoy de que la “revolución vulnerable internacional” es la revolución del siglo XXI (“no es posible ninguna revolución política sin que se produzca un cambio radical en nuestra propia concepción de lo posible y lo real”, repite Judith Butler), no quería dejar pasar esta oportunidad, conjurando el riesgo de que esta cita de país pueda diluirse como una mera convocatoria “sectorial”, para compartir algunas preguntas que han nacido en mí ante este futuro desfile de orgullo y dignidad de nuestro sufrimiento psico-social colectivo hecho cuerpo en España.

Preguntándome en primer lugar sobre la responsabilidad del Estado español en relación al bienestar mental de la ciudadanía (¿cómo se podría incorporar la sensibilidad respecto al impacto de nuestras políticas públicas en la creación de sufrimiento?), topé irremediablemente tanto con el papel facilitador como entorpecedor que puede jugar el Estado en la creación de salud mental. Entendiendo que la promoción de salud mental no es una tarea exclusivamente individual sino más bien una responsabilidad colectiva prioritaria, me pregunté cómo una democracia recién nacida de las cenizas de la violencia de Estado que ha bloqueado la verbalización e integración de su pasado traumático podría ser un marco saludable y facilitador de procesos de acompañamiento para aquella ciudadanía en la que este sufrimiento colectivo y común se manifiesta. Resulta doloroso analizar el contraste entre los esfuerzos de reflexión, por ejemplo, acerca del trauma colectivo, los efectos sobre la salud mental del país y las cadenas de transmisión transgeneracional de los efectos multifacéticos de la violencia de Estado realizados tras las dictaduras latinoamericanas (por ejemplo, una publicación de referencia que podría inspirar su réplica en España: Daño transgeneracional: consecuencias de la represión política en el Cono Sur)  frente a la poca atención española frente a los efectos que la dimensión socio-histórica ha tenido sobre la construcción de nuestra subjetividad, también en democracia. La patologización psiquiátrica, por ejemplo, de las primeras madres que denunciaron el robo de bebés en nuestro país durante el período democrático muestra el peso de los tabúes transgeneracionales y los traumas no resueltos.

 

 

  • ¿Qué papel habrá jugado sobre la salud mental española la Cultura de la Denegación, “todo lo borrado como si no hubiera existido”? La política denegatoria oficial de Estado y su imposición también del olvido pasivo (estrategias de evitación, negación e imposición del silencio), ¿qué peso estará teniendo sobre nosotros?, ¿en qué delirios estará retornando a la fuerza la ausencia de representaciones testimoniales de la violencia de Estado vivida en España?

 

  • Junto al peso que seguirá ejerciendo sobre nuestra psique tanto esta Cultura del Silencio (¿por qué asumimos con naturalidad que nuestras personas mayores sigan bajando la voz y hablando en susurros incluso dentro de sus casas de modo automático cuando empiezan a recordar «cosas del pasado»?) que privatizó, estigmatizó e individualizó la expresión de este sufrimiento colectivo, como la Cultura de la Delación que sostuvo en el nivel micro la violencia de Estado y que posibilitó la imposición de la “identidad única” que necesitaba el Régimen (la Unidad de España asentada sobre una identidad que requería una represión corporal y cultural sistemática, una vigilancia cotidiana y dispersa ante las desviaciones de “lo normal” asociado a ella, ya fuesen desviaciones sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, estéticas…) Esta Cultura de la Delación (con raíces transgeneracionales mucho más profundas alrededor del terror de la pureza de sangre y a la que de algún modo también se refiere Manuel Castells al hablar de la herencia de la mentalidad censora), ¿cómo se desmontó en el paso de la dictadura a la democracia?, ¿cómo afrontamos esta sombra colectiva presente en cada pequeño rincón de cada pequeño pueblo de la geografía española? Todo el silencio que rodea la vergüenza de la adhesión y el encubrimiento pasivo propios de un país que sale de una dictadura, ¿dónde ha ido a parar?, ¿se habrá desintegrado en el aire o habitará en el lugar de lo no dicho en nuestros cuerpos? Cuando la legalidad de un país ha sido creadora de secretos y promotora de la delación (¿qué otra cosa provocaba por ejemplo la Ley de Vagos y Maleantes?), ¿cómo se desenraiza y se tiende al sol esta educación afectiva de país? A lo mejor nos dio por reír tanto con la denuncia absurda del vecino de Torrejón ante la parodia de Puigdemont como forma de conjurar el terror colectivo de lo que evocaba ese acto…

 

  • La ausencia de reparaciones de un Estado frente a los procesos de humillación y degradación institucionalizados, el hecho de no asumir responsabilidades frente a los daños causados a su propia ciudadanía, ¿qué efectos puede tener sobre la construcción de confianza social en el futuro?, ¿y sobre la confianza colectiva en las instituciones?, ¿sobre la perpetuación de procesos de indefensión aprendida?, ¿cómo contribuye a agudizar vivencias personales relativas al abandono, el desamparo o la estigmatización de la expresión del dolor?, ¿en qué medida la obstaculización de la elaboración emocional de «los traumas de país» imposibilita la elaboración emocional cotidiana en los niveles micro?

 

Me he quedado pensando en la dimensión transgeneracional de esta celebración colectiva, mucho más recordando, en la línea de María Torok y Nicolás Abraham, el hecho de que los secretos inconfesables de una generación (en este caso de un país) pueden transmitirse a las siguientes generaciones reapareciendo como fantasmas en forma de actos, signos, síntomas incomprensibles para el sujeto, nosotros. Al fin y al cabo quizá lo verdaderamente insano, la auténtica locura en España, sea no ver zombis deambulando por las calles con 114.226 víctimas en cunetas que aún nos están llamando.

 

Ministerio de las Culturas y 1% presupuestario

Se presentaban la semana pasada, alejadas en el espacio pero confluyentes en mi tiempo, dos iniciativas de política pública cultural que venían a alimentar (¿seré la única?) mi necesidad palmaria de horizontes de acción y esperanza.

Si hace unas semanas, resoné con una frase de Eduard Miralles en un reciente foro sobre Relaciones culturales internacionales en la UE  que decía que «la diversidad cultural será para el siglo XXI lo que la libertad fue para el siglo XIX», el avance de la institucionalidad cultural en América Latina viene a darle la razón.

Después de dos años de conversaciones sectoriales y un importante proceso de integración territorial, Chile presentó la semana pasada su nuevo “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”. Como afirmó en declaraciones de prensa el ministro Ernesto Ottone:

“Con este hito se inicia una nueva etapa en la relación del Estado con las culturas de nuestro país, reconocidas y comprendidas en su diversidad territorial y originaria”.

Tanto en la campaña de presentación del Ministerio de las Culturas (que ha usado como hilo conductor el discurso y la voz del poeta Raúl Zurita al recibir el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y que sólo por eso voy a enlazar aquí) como en la difusión de su Plan Nacional de Cultura, “Cultura y desarrollo humano: derechos y territorio” queda patente el reconocimiento de la cultura entendida como el cuarto pilar del desarrollo, a pesar de que los ODS fuesen interesadamente ciegos una vez más a la centralidad de esta dimensión.

 

 

 

Si el explícito reconocimiento constitucional de los derechos culturales que marcó la última década en América Latina ya se veía  en España como un horizonte de acción a alcanzar, la creación en nuestro país también de un “Ministerio de las Culturas” llevaría al centro del debate público el reconocimiento de nuestra diversidad cultural desde otros prismas, contribuiría a agrietar la herencia vertical y centralista de las políticas culturales españolas y nos obligaría a reconocer también la diversidad cultural y religiosa de nuestra herencia histórica sofocada por un relato identitario de país unívoco y desfasado respecto a los avances internacionales en materia de política cultural (por cierto, una alegría la creación reciente de la Academia Nacional del judeoespañol).

 

Por otra parte, desde la sociedad civil europea a través de Culture Action Europe se lanzaba esta semana la campaña Supporting Culture is Supporting Europe! que hace suyas las sugerencias tanto de la UNESCO como de las relatoras de derechos culturales que vienen reiterando la necesidad de garantizar un 1% de los presupuestos generales de cada país a la Cultura (del presupuesto europeo en este caso) y que, al igual que en el caso de la presentación del Ministerio de las Culturas chileno, nos recuerda que sin políticas culturales no hay sociedades inclusivas capaces de enfrentar el reto de la creciente desigualdad global (por no hablar de la urgencia de afrontar desde la cultura europea el nuevo auge del fascismo, mientras esperamos a que alguien escriba nuestro Sobre Horacios y Curiacios de época)

“We affirm that a fully democratic European Union is a cultural project. In view of polarising trends in Europe, we must strengthen the European community and respect its diversity!”

 

Teniendo en cuenta que en los presupuestos generales de 2017 en España, la dotación presupuestaria destinada a cultura alcanzó el 0,2% de la dotación total, las acciones enfocadas al logro de este 1% que están replicándose a nivel internacional supondrían un interesante comienzo. La inspiradora movilización en relación a la exigencia de este 1% desarrollada en Bolivia por la Red Telartes nos daría un ejemplo replicable en contextos de habla hispana.

En esta necesidad personal de conjurar la imposición de ventanas estrechas para la mirada  a través de la construcción de horizontes de inclusión cada vez más amplios, las políticas culturales siguen teniendo todo por decir, sigamos.