Construir el horizonte: derechos culturales, acción global y democracia

(Todas las imágenes son obras de Magda Sayeg)

Esta reflexión se compartió en la Jornada Repensar las políticas culturales locales que se celebró en Valladolid el 9 de mayo de 2019.

Si no te apetece leer, puedes ver o escuchar la intervención en este enlace. ¡Que sume! (que falta nos hace, compañeros, que falta nos hace…)

 

Más allá de las identidades: articulación local-global del sector cultural para la profundización democrática

La política cultural local está viviendo un momento clave. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma, que tiene su reflejo en una nueva narrativa que entiende la política cultural desde un enfoque de derechos humanos.

La política cultural local está reivindicando para sí misma el protagonismo que tiene como constructora de democracia de proximidad y como promotora de una de las facetas indivisibles de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Desde lo local en los últimos años nos estamos dando cuenta de lo estratégico que resulta para la profundización democrática sintonizarnos con los debates y el marco normativo cultural internacional, que ha recogido de un modo más rápido y sensible las aportaciones recientes de las ciencias sociales, por ejemplo, la libre elección de la identidad cultural, la importancia de la protección de la disidencia cultural y su impacto sobre la innovación social, la noción de diáspora y los criterios culturales de descendencia o la dimensión culturales de los espacios naturales y los territorios. Nos ayuda también a resituar la importancia de los derechos culturales para la salud democrática de un país, obligándonos a llevar el foco a la vinculación de los derechos culturales con la economía de la credibilidad, es decir, con el modo en que una sociedad configura la palabra que cuenta, lo visible, lo audible, el relato legítimo y que puede, por tanto, reforzar procesos más amplios de desigualdad.

Esta armonización local-global en España se traduce en una ampliación de los campos de intervención de la política cultural local y en una actualización del debate sobre qué entendemos por democracia cultural.

Así, en un repaso muy rápido, hemos encontrado inspiración desde lo local en el nuevo constitucionalismo iberoamericano que hizo de los derechos culturales un eje central de transformación social; en el impulso que ha supuesto la Agenda 21 de la Cultura y la red global que demanda un mayor protagonismo de las ciudades como interlocutoras internacionales; en la actualidad, en las propuestas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel que ha de jugar la cultura para su cumplimiento, sin olvidar tanto las Declaraciones sobre Diversidad de la UNESCO como el trabajo de los diez últimos años de las relatoras de derechos culturales de la ONU, especialmente para la protección de los derechos culturales de las mujeres y la protección del derecho a la disidencia. Menciono aparte, por lo difícil que me resulta entender lo mucho que desaprovechamos la mención explícita a la economía social de la cultura, la Carta cultural iberoamericana, y que nos da un paraguas de actuación para la política cultural local más abierto aún a procesos comunitarios. Bajo este marco, la política cultural local se redimensiona, sabiendo que es en el nivel local donde estas propuestas se hacen reales, medibles, tangibles.

 

 

Políticas culturales locales y nueva agenda de derechos

Se entiende, por tanto, que desde este reconocimiento de la política cultural local desde un enfoque de derechos humanos podemos política y sectorialmente ser punta de lanza para la apertura de una nueva agenda de derechos, saliendo del riesgo de posiciones defensivas o reactivas, generando desde lo local contrapesos a la ola regresiva mundial en materia de derechos humanos que estamos viviendo.

Tendremos que hacer un nuevo énfasis sobre el acceso igualitario a la producción artística, pero haciendo mucho más hincapié en el acceso a los canales de distribución y exhibición desde criterios más democráticos y plurales, así como tomarnos más en serio la articulación de políticas de comunicación locales y nuestro modo de plasmar en lo local el derecho a la información.

Sabiendo que avanzamos hacia el reconocimiento de los derechos colectivos en el seno de los derechos humanos, desde lo local tendremos que preguntarnos cómo vamos a proteger los derechos culturales colectivos, los derechos de la naturaleza o los de las generaciones futuras. Cómo impacta sobre nuestro patrimonio inmaterial local (gastronomía, artesanía) la generalización de los tratados de libre comercio, cómo vamos a prepararnos para la protección de la creación colectiva, la autoría colectiva (mucho más trabajada en los contextos relacionados con los pueblos indígenas) ante procesos de extractivismo multinacional en el sector cultural ante los que el mundo rural español está especialmente desprotegido, como nos muestran los casos tanto del pleito de los municipios de Vilariño de Conso y Viana do Bolo contra Dolce & Gabanna por plagio o el reto que supone el reconocimiento de la dehesa castellana y extremeña como paisaje cultural de la UNESCO frente al extractivismo minero que amenaza, por ejemplo, el Campo Charro.

Desde lo local también tendremos que concretar mucho más la protección de los derechos lingüísticos y el reflejo de su diversidad, no sólo de las lenguas oficiales, sino de las que están en riesgo de extinción, como el astur-leonés o los derechos lingüísticos de la ciudadanía migrante, especialmente en las segundas y terceras generaciones ante el riesgo de perder en muchos casos las lenguas maternas de sus padres.

 

Ministerio de las Culturas, Ley de Derechos Culturales, 1% presupuestario: la democracia cultural en la conversación internacional como inspiración para lo local

Por eso, en esta armonización local-global que estamos desgranando, más allá del reparto competencial, podemos encontrar horizontes de resonancia e ir condensando otras propuestas de política pública, por ejemplo:

1.- Desde la innovación institucional pública en el ámbito cultural:

¿Cómo podríamos reflejar en lo local el espíritu, por ejemplo, de la creación del Ministerio de las Culturas chileno? ¿Podría ser una apuesta para agrietar la herencia centralista de las políticas culturales españolas?, ¿qué juego podría darnos este tipo de innovación en la institucionalidad cultural para hacer emerger y socializar nuestra propia historia de diversidad cultural, cuestionando relatos mayores en los que se inserta? (el peso en Castilla y León, por ejemplo, del relato cultural imperial)

2.- Desde la vertiente económica y la dotación presupuestaria:

Qué correlato podría tener en lo local, por ejemplo, las movilizaciones internacionales del sector cultural alrededor de la reivindicación del 1% del PIB para la cultura recomendado por la UNESCO, que ha sido una propuesta que ha hecho suya el activismo cultural de base (por ejemplo en Bolivia a través del Colectivo Telartes o en la campaña #ActForCulture ante las elecciones europeas) y a la que en España no hemos hecho demasiado caso.

3.- Desde el avance legislativo:

Cómo impulsar, acompañar desde lo local la creación de nuevas leyes de derechos culturales, que en España ha tenido su primer hito en Navarra, recogiendo experiencias previas de Cartas municipales de derechos culturales como la de Barcelona o leyes de acceso a la cultura como la del País Vasco. Supone un hecho muy importante en España, no sólo por el reflejo que pueda tener en otros espacios autonómicos o en el avance hacia una ley estatal en la próxima legislatura, sino por el marco de acción para la política cultural de proximidad que promueve:

  • Desde la definición de política cultural pública como aquella (y yo añadiría “y sólo aquella”) que defiende el valor de la cultura como bien común.
  • Por el reconocimiento a la intermitencia del trabajo cultural y la necesidad de articular desde todos los niveles competenciales medidas de protección para trabajadoras y emprendedoras de las industrias cultural y creativa.
  • La exigencia de medidas fiscales específicas para el trabajo cultural y la creación de fondos e instrumentos de crédito, apostando por la economía social de la cultura.
  • El protagonismo que da a la función de los mediadores culturales y artísticos.
  • Y dos líneas que pueden ser claves para las políticas culturales locales especialmente de la España vaciada:
    • La participación colaborativa del mundo rural y urbano en la conservación del patrimonio cultural inmaterial, ante el riesgo de parquetematización y presión turística.
    • La incorporación ya en una ley en España que reconoce el derecho al patrimonio como un derecho humano, frente al riesgo de expolio y las redes internacionales de mercado negro de arte.

 

Políticas culturales locales frente a los discursos del odio

Quería terminar como empecé, desde este cambio de visión para unas políticas culturales en clave de derechos humanos, teniendo en cuenta también el llamamiento a la acción del sector cultural que se ha lanzado en toda Europa frente al auge de los discursos del odio, apuntando a algunas cuestiones que se pueden abordar desde la política cultural local:

La cultura puede mejor que ningún otro campo, cortocircuitar la creación de “la Otredad”, del “Otro amenazador” creando espacios de acercamiento a lo que conocemos menos, vinculados a climas afectivos diferentes al miedo o la sospecha, como pueden ser la alegría, lo festivo, el placer de descubrir.

Desde la política cultural local tendremos que detenernos con mayor profundidad a analizar qué imaginarios y horizontes aspiracionales reforzamos con nuestra programación desde lo público, siempre teniendo en cuenta que no somos los únicos que estamos actuando en la creación de dichos imaginarios:

  • ¿Qué fechas conmemorativas reforzamos?
  • ¿Qué “traumas y glorias locales” designamos como significativos y cuáles no?
  • ¿Cuáles son nuestras culturas de honor y reconocimiento locales y especialmente qué régimen de mirada imponen: qué se invisibiliza y excluye del “nosotros” local?
  • Importante también en este punto el análisis de nuestros lutos públicos y la definición de lo que consideramos llorable.

Todos estos temas son fundamentales por el papel que juega en el auge de los discursos del odio el enfrentamiento sobre la herencia, la autoctonía y la ancestralidad. Por tanto, nuestra política cultural local, ¿qué imaginarios y horizontes aspiracionales refuerza por activa o por pasiva?

Hago hincapié en ello porque cuando hablamos del derecho a participar en la vida cultural, parece que nos centráramos exclusivamente en el acceso al consumo cultural y dejásemos a un lado lo más importante: el derecho a participar en la construcción de sentido.

También el refuerzo, frente al auge del odio, de dos acciones en la política cultural local:

  • El impulso de acciones de diplomacia cultural local.
  • La transversalidad de lo cultural en toda la política local. Pongo siempre de ejemplo en este punto, el reflejo que tuvo en la Carta de derechos y compromisos culturales de Barcelona el derecho a respetar la diversidad de las tradiciones funerarias. Pues bien, eso también es política cultural.

Por último, dado que los discursos del odio tienden a expresiones simplificadoras o limitadoras de la identidad cultural y que todos los estudios sobre el auge del extremismo señalan a los climas de impotencia como su principal caldo de cultivo, medidas de política cultural local que refuercen el sentido de agencia, transformaciones que se vean, palpables y que hayan nacido en la comunidad, que tengan como fin el refuerzo de esa vivencia personal.

Por todo ello, creo que la armonización local-global tiene un sentido estratégico para la profundización democrática en España y confiere al ámbito local un protagonismo clave en la defensa desde la cultura de los derechos humanos.

 

Bailar con las manos atadas: Régimen Local y políticas culturales en España

policy

Principio de subsidiariedad: ningún servicio público que pueda residir en un nivel cercano de la Administración debe quedar en otro más lejano.

 

En vísperas de la primera gran conferencia internacional tras la aprobación de la Agenda 2030, Hábitat 3, que se celebrará durante el mes de octubre y en la que se debatirán las nuevas líneas de actuación mundiales en materia de desarrollo urbano sostenible, llama la atención no sólo el silencio mediático en nuestro país al respecto, sino el silencio aún más sorprendente por parte de gran parte del municipalismo español.

La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales está desarrollando una importante labor de presión frente a la ONU para lograr que se tenga en cuenta como interlocutores tanto a las propias ciudades como a las organizaciones territoriales del nivel local, así como está haciendo suya la defensa de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura como eje clave para el desarrollo urbano sostenible.

Sorprende, como decía, el silencio de gran parte del municipalismo español, como si aún no fuese consciente del desequilibrio que existe entre los diferentes niveles de gobernanza, así como si no se creyese demasiado, más allá de fórmulas huecas o fogonazos mediáticos, el papel fundamental que juega la cultura para la profundización democrática así como el protagonismo clave que tienen los gobiernos locales en la propia defensa de los derechos culturales en España.

bfe783_bb7bf78389a04f00b9877ac07c03e1fd

Jordi Font, en su lúcido análisis “Radiografía de la política cultural local” nos alerta sobre el estancamiento competencial, legal y financiero en el que se ha situado al régimen local en materia de cultura sin que se esté dando batalla alguna al respecto.

Mientras que el gasto público en España se sitúa, con pocas variaciones, en porcentajes del 57% para la Administración Central, 30% para el nivel autonómico y 13% para la Administración Local, si llevamos nuestra atención al gasto público en materia de cultura nos encontramos ante el hecho de que la Administración Central dedica un 0,5% de su presupuesto a cultura, un 4% la Administración autonómica y un 8% la Administración Local, siendo esta última la que cuenta con menor definición (y por tanto mayor vaguedad) de competencias. Sin embargo, una mirada rápida a nuestro país nos confronta con la realidad de que es la Administración Local la que se hace cargo de la mayor parte de los servicios culturales en España.

Por tanto ambigüedad competencial, financiación estancada…pero también interlocución de “segunda categoría”. ¿No resulta paradójico que quienes están afrontando el mayor peso de la política cultural en nuestro país, el nivel municipal, no formen parte de la Conferencia Sectorial de Cultura? La Conferencia, nacida como el órgano de cooperación con las comunidades autónomas en materia de cultura, llamada a buscar la coherencia y la colaboración entre los diferentes organismos, así como la búsqueda de una cierta armonización legal, no sólo no reconoce en su reglamento ningún papel orgánico al nivel local, sino que, en el caso de darse algún debate (en las dos reuniones contempladas por año, por cierto) sólo prevé la invitación de alguna de las asociaciones de entidades locales con mayor implantación, sin dejar claro en absoluto si se les reconocería más allá de la voz el voto.

14232564_1594920527471045_8254918035937052622_n

 

A todas luces, y no sólo en cultura, es éste un debate permanentemente aplazado y no considerado urgente, dado que traería consigo una reflexión profunda sobre el actual Régimen Local en nuestro país y la necesidad de afrontar un proceso de reequilibrio hacia la Administración Local que en tiempos como los actuales de pura crisis de régimen, no toca.

Me pregunto también si el triunfo del paradigma neoliberal en gestión cultural y la implantación de las lógicas de “marca territorio” y city branding, con las estrategias de diferenciación y posicionamiento asociadas a las mismas, no están impidiendo de alguna manera a nuestros gobiernos locales reconocerse en una problemática común que les permitiese unificar voces y hacer valer su protagonismo como interlocutores clave en materia de política cultural en nuestro país y que les llevase a reivindicar como gobiernos locales la importancia de garantizar el principio de subsidiariedad  en España.