España frente al derecho a la libertad artística

Aprovechaba para leer estos días (cada cual a sus ritmos…) el Informe anual que elabora Freemuse para evaluar el estado del respeto a la libertad artística en todo el mundo. Partiendo de la reflexión que recoge el informe por la cual el respeto a la libertad artística es siempre un indicador del nivel de salud democrática de un país, es doloroso comprobar como España se mantiene en el grupo que lidera el dudoso ranking de países con mayor número de artistas encarcelados en el Norte global.

Se analiza así minuciosamente lo que Freemuse ha bautizado como el auge de una “cultura del silenciamiento artístico” que desde los extremos de la persecución ilegal, las detenciones arbitrarias y otras formas de persecución, hasta aquellos otros modelos de intimidación sustentados en normas religiosas o de moral pública, están impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos como son la libertad creativa y artística.

Me resulta de especial interés el peso que le han dado al análisis del incremento de ejercicios de censura a través de diferentes plataformas de social media o los nuevos usos del espacio digital para la persecución de artistas, especialmente combinados con los usos que hacen de los mismos autoridades religiosas o grupos fundamentalistas.

Ante el bofetón que supone el dato que confirma que, de 60 artistas en prisión en 13 países, 14 están en España, es importante comprobar cómo se están repitiendo pautas de silenciamiento artístico en base a idénticas premisas en todo el globo:

  • Utilización de leyes anti-terroristas con fines de silenciamiento de contra-narrativas de la cultura dominante.
  • Incitación al libertinaje o insulto a lo sagrado.
  • Sedición e incitación a la subversión del poder del Estado.

 

 

En un análisis de la censura artística global vivida a lo largo del 2018, no sorprende que el 82% de ella se haya ejercido en base a criterios de “indecencia” seguida de cerca por “herir sentimientos religiosos”.

Hay que señalar que este efecto global de silenciamiento de artistas críticos con la agenda política, se concentra de modo mayoritario sobre la producción artística de las mujeres, el colectivo LGTBI y la creación de las minorías, que enfrentan mayor riesgo de censura, así como daños personales y destrucción de obras.

Por ejemplo, a lo largo de 2018 aumentaron en un 40% las denuncias de persecución y censura en social media de mujeres artistas y dos actrices fueron asesinadas en Pakistan acusadas de “indecencia”.

Estamos asistiendo, como señala Freemuse, a un proceso de silenciamiento global de las narrativas de la diferencia, en el que se denuncia por primera vez el uso de medidas económicas (directas e indirectas) utilizadas contra artistas o comunidades artísticas.

Se alerta también de la censura transnacional, de la influencia de gobiernos más allá de sus fronteras para coartar la libertad de movimiento personal de los artistas o de sus obras y del riesgo creciente del extremismo evangélico para la protección de los derechos culturales de las mujeres.

 

 

Ante el riesgo de que todos los mecanismos de silenciamiento tengan éxito por la vía de creación de climas de autocensura, se reafirman las siguientes recomendaciones:

  • Tener como horizonte de actuación de las políticas culturales la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, de los que los derechos culturales forman parte.
  • Tomar en consideración la naturaleza específica de la creatividad artística, desde el derecho al contradiscurso o a la propia visión del mundo.
  • La alerta ante la interferencia en los contenidos de las nuevas formas de esponsorización.
  • La alerta ante la infrarrepresentación de las mujeres y las minorías en las artes y las ICCs.
  • La recomendación de universalización del Estatuto del Artista (recomendación de la UNESCO desde 1980) como mecanismo preventivo.

Desde la alerta internacional que nos señala el peso que los artículos 525 y 578 de nuestro Código Penal han tenido durante el 2018 para situar a España en puestos de cabeza para la persecución de la libertad artística, su modificación sería un tema a priorizar si realmente queremos enmarcar nuestras políticas culturales en un marco de derechos humanos.