El pasado 20 de mayo finalizaba el plazo para realizar contribuciones al próximo informe de la relatora de derechos culturales de Naciones Unidas que versará sobre Derechos culturales y espacios públicos. Tratando de poner diques de contención a uno de los mayores riesgos para garantizar el derecho a participar en la vida cultural como es la progresiva privatización de los espacios públicos para la cultura, el llamamiento a la creación colectiva de este informe incidía sobre aspectos importantes:
- Cómo estamos definiendo el espacio público
- Qué contenido y alcance podría tener un posible “derecho a los espacios públicos”
- Cuál es el impacto sobre el disfrute de los derechos culturales de las tendencias relacionadas con la privatización de diferentes tipos de espacios públicos
Me quedaba dándole vueltas a este último punto alrededor de uno de los debates, para mí aún pendientes en toda su complejidad, respecto a la creciente privatización del acceso a las catedrales en España.
Ha sido el escritor Julio Llamazares, al finalizar su obra “Las rosas de piedra” en la que recoge su viaje alrededor de las 75 catedrales españolas, quien ha llevado de un modo más claro a los titulares de prensa en nuestro país la urgencia de tomar medidas ante la imparable privatización de nuestros espacios patrimoniales, bautizando, por ejemplo, a un selecto grupo de catedrales en España en una reciente entrevista en El País con la periodista Rut de las Heras como las “vacas de ordeño”, o poniendo el foco sobre los efectos de la turistificación y las restricciones de acceso, en esta entrevista con la periodista Ana Mendoza para Zenda Libros:
“—A lo largo del libro, criticas con frecuencia a la Iglesia por cobrar las entradas a las catedrales y afirmas que “el viajero está harto de pagar para poder ver lo que al fin y al cabo es suyo también”.
—No me molesta pagar los cuatro o los seis euros que pidan, porque yo puedo hacerlo. Lo que no me gusta es que ni siquiera te permiten presentar un libro sobre catedrales en ellas. Hay un secuestro evidente. El afán recaudatorio puede a veces también molestar. En la Mezquita de Córdoba te cobran once euros por entrar y, si sales al baño o a tomar un bocadillo y vuelves a entrar, te vuelven a cobrar. Hay una voracidad recaudatoria que es un poco ofensiva y que, además, a ellos les ofende que lo digas. Yo lo hago porque tengo conocimiento de causa. Es que he estado en 75 catedrales y sé cómo las manejan.
Lo que realmente me molesta de todo eso es que la voracidad recaudatoria de la Iglesia mata la vida en las catedrales. En el momento en que cierran las puertas y cobran por entrar, acceden sólo los turistas. Es decir, las catedrales se han cerrado a la vida de la ciudad. Los vecinos ya no las consideran suyas porque, cuando te cobran por entrar a un sitio, ya no lo sientes como algo tuyo. Han matado la vida en las catedrales, no sólo religiosa, sino de contemplación, de disfrute. Yo, antes, cada vez que iba a León, visitaba la catedral. Ahora no lo hago, no por no pagar los euros que cueste, sino porque dentro sólo vas a encontrar un cascarón vacío, lleno de gente con audioguías, deambulando como autómatas. La vida que había antes en esos templos, con la gente que iba a rezar, los sacristanes, los que entraban y salían, eso se ha muerto. Y no hay con quién hablar, no hay vida, no hay emoción, no hay nada. Y eso es lo que me molesta. Y por decirlo te llaman anticlerical. Pero lo digo porque me duele, porque amo las catedrales. Evidentemente, yo no dedico dieciséis años de mi vida y 1.200 páginas para criticar a la Iglesia, sino para disfrutar de las catedrales y transmitir esa pasión a la gente.”
También yo, nacida en ciudad catedralicia, tengo reciente la experiencia de haberme encontrado sin previo aviso ante un acceso restringido a “la Catedral” ante el que fui absuelta del pago por el arbitrario razonamiento de que en mi DNI aparece como lugar de nacimiento el nombre de la ciudad. Más allá de la visión turística, pensé en todos los migrantes, de interior y exterior, residentes por décadas, y en su obligación de pago religioso de tasa para tener acceso al templo.
Esta privatización que se ha extendido de modo silencioso y ubicuo, ante nuestra pasividad generalizada, nos lleva de nuevo a examinar la importancia de avanzar en nuestro país en el reconocimiento del derecho al patrimonio como un derecho humano. Porque, ¿a quién pertenece una catedral? ¿A quien la construyó, a quien la mantiene, a quien la disfruta?
Junto a la superposición histórica, de épocas, que define a toda catedral y a la suma de manos que la hicieron posible, ¿no habría que añadir también todos los relatos, recuerdos, evocaciones, memorias, imaginería? ¿No forman parte también de nuestra estructura afectiva y le otorgan un valor más allá de la arquitectura?
Si leemos esta progresiva privatización desde la óptica de la protección de los derechos culturales, teniendo en cuenta un primer acercamiento emocional-intuitivo al tema, que va exigiendo ya un estudio económico y legal minucioso, surgen algunas dudas importantes:
- ¿Bajo qué criterios se está realizando la implementación de esta privatización en el acceso a las catedrales en España? ¿Quién ha elaborado estos criterios: instancias municipales o instancias eclesiásticas? ¿O han sido estructuras mixtas? ¿Hay una norma común a nivel estatal que unifique criterios? ¿Cómo se está REGULANDO este proceso?
- ¿Competencia concurrencial en el mercado o Patrimonio de la Humanidad? ¿Pliegos de condiciones para la contratación de los servicios de privatización? ¿Cuáles serían los aspectos a puntuar: sólo el precio, proyectos de museo catedralicio adscritos, incorporación de tecnología para amenizar la visita? ¿Qué tecnología es «necesaria» para visitar una catedral? ¿Por qué? ¿Todo lo anterior quién lo está baremando, midiendo? ¿O también se puntuaría la accesibilidad universal, criterios de inclusión social, estructuras adaptadas, valores pedagógicos…? ¿Y el silencio? ¿Puntúa? ¿Cómo se están gestionando dichas concesiones y la medición de sus impactos?
- ¿Son los criterios de exención de pago iguales en todas las catedrales de España o los impone cada empresa concesionaria? ¿Cómo se está fijando «el precio»?
- La recaudación del acceso, ¿se reinvierte en labores de restauración y mantenimiento?, ¿o es simplemente lucro? Las catedrales situadas en ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿tienen una regulación extra de este criterio?
- Dado que las labores de restauración patrimonial se financian con fondos públicos contribuyendo a mantener vivo el valor monumental catedralicio y en virtud de criterios de transparencia, ¿dónde puede la ciudadanía de cada localidad tener conocimiento de la recaudación derivada de la privatización del acceso a las catedrales y en su caso del porcentaje que se reinvierta para el mantenimiento del monumento?
- Esta política de privatización de acceso, ¿qué impacto tiene sobre la efectiva protección de los derechos culturales en España?
Comparto por aquí este reguero de dudas, esperando un debate común más detallado sobre todo ello. Porque, Señor, los cercamientos nos rodean, Señor, los cercamientos.
