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Tejedoras contra Goliat: transnacionales, derechos culturales y oportunidad

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En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras largos años de debate, adoptó la resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Con los votos en contra del Norte global (Alemania, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia) su aprobación vino de la mano de los votos favorables y las abstenciones del Sur global representado en el Consejo.

Pendientes como estamos de la 3ª sesión deliberativa y consultiva del órgano intergubernamental encargado de la redacción del instrumento que se celebrará del 23 al 27 de octubre de este año, y ante la que los movimientos sociales internacionales presentes en la campaña Stop Corporate Impunity están articulando diferentes propuestas jurídicas para ser incorporadas a la redacción final (y acabar con la arquitectura de la impunidad legal, como ha recogido minuciosamente Juan Hernández Zubizarreta en su libro Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa), cabe preguntarse qué grado de protección y referencia específica tendrá la dimensión cultural y la problemática de vulneración de los derechos culturales en el instrumento internacional y qué papel clave podrían jugar los países iberoamericanos, dados los compromisos adquiridos en la Carta Cultural Iberoamericana –también firmada por España, conviene recordar-  tanto con el reconocimiento y promoción de los derechos culturales, el reconocimiento del derecho de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre los beneficios que se derivan de la utilización de sus conocimientos y tecnologías tradicionales, el principio de justa remuneración y reparto equitativo de los beneficios de la utilización de los conocimientos tradicionales, así como con la puesta en valor y reconocimiento de las iniciativas culturales vinculadas a la economía solidaria.

 

 

Si bien las referencias a los derechos culturales en los debates y sesiones previas han venido ligadas a su dimensión territorial, su articulación con los conocimientos agrícolas y a la vinculación con los pueblos indígenas (la referencia a la importancia de los paisajes culturales frente a la minería extractiva, el expolio de lugares rituales y de memoria indígenas, el impacto sobre la soberanía alimentaria, la emergencia de protección de las defensoras ambientales ante la instrumentalización de las fuerzas del orden por parte de las empresas transnacionales), se observa un vacío relevante en relación a otras dimensiones de vulneración de los derechos culturales, basadas en la desprotección de la propiedad intelectual colectiva frente al extractivismo del arte popular por parte de la industria transnacional, especialmente la textil.

Entre las situaciones de resistencia regional frente a estos abusos del complejo multinacional textil, encontramos en Centroamérica diferentes focos de movilización protagonizados por mujeres, que están encontrando en su labor como bordadoras no sólo un elemento de empoderamiento personal sino un símbolo de defensa colectiva de la identidad y un elemento estratégico para reivindicar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las movilizaciones vividas tanto en Panamá como en Guatemala, nos muestran una reactualización del uso político de los tejidos (que cuenta con una importante tradición en los modos de participación política de las mujeres iberoamericanas en su vinculación con estrategias artísticas, como mostraron las arpilleras chilenas contra Pinochet, Mama Quilla en los procesos memoriales de Perú, Bordamos por la Paz, etc.). La reivindicación de los derechos culturales como derechos humanos, la claridad con la que se muestra la interrelación entre protección de derechos culturales y derechos económicos de las creadoras y los territorios en los que se asientan, la presión para generar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad intelectual, la denuncia del modelo económico basado en la cooptación de conocimientos, así como la movilización frente a un modelo turístico impostado y extractivista, son algunas de las claves de este nuevo modelo de reivindicación.

Una de las movilizaciones activas frente a los abusos de la transnacional textil la encontramos en Guatemala, a través de la exigencia de la redacción de una nueva ley (que siga los pasos de la Ley 20 de Panamá) que proteja los textiles artesanales y la declaración de inconstitucionalidad de las actuales leyes nacionales de protección intelectual que no reconocen los derechos de propiedad de los pueblos. El grupo de tejedoras mayas que ha impulsado la iniciativa busca, entre otras acciones de reconocimiento, el hecho de que se otorgue el registro de propiedad intelectual colectiva de los textiles mayas a las comunidades indígenas. Ante la enorme presión que la gran industria textil, principalmente china, está generando en la región, dada la copia de motivos textiles tradicionales replicados industrialmente y comercializados a bajo coste, situación propiciada por el vacío legal en la protección de los tejidos típicos y los derechos de las artesanas, las tejedoras están exigiendo al Gobierno, a través del recurso de inconstitucionalidad, medidas que las protejan frente al expolio y el lucro de las empresas nacionales y extranjeras.

Como afirmó en declaraciones a prensa María Angelina Aspuac, líder del grupo de tejedoras:

“Los pueblos son los autores. Lo que pedimos es que se reconozcan como sujeto colectivo a los pueblos indígenas, y no sólo a la persona individual o a una asociación. No estamos en contra de la comercialización, pero que se pida permiso a los pueblos y que la comunidad decida si otorga la licencia para comercializar los diseños. También que se pague un derecho”.

Encontramos en esta movilización un hecho diferencial que puede generar un efecto réplica importante. Se trata de la narrativa crítica que están implementando contra el modelo turístico guatemalteco. Entre sus reivindicaciones destaca el hecho de exigir que el Instituto Guatemalteco de Turismo destine un porcentaje de los ingresos que éste genera para las tejedoras. Según su denuncia, si Guatemala está utilizando tanto la imagen maya como su tradición artesanal como ejes básicos de sus campañas de marketing internacional para el fomento turístico, generando situaciones  controvertidas como la contratación de actores para que se vistan con trajes típicos de los pueblos indígenas del país en exhibiciones sin el beneplácito de las comunidades o la venta de tejidos tradicionales sin reporte económico a las artesanas, se plantea la importancia de que los beneficios turísticos reviertan tanto sobre los pueblos como sobre las creadoras de dichas artesanías y sus condiciones de vida.

Aunque el Viceministro de Cultura y Deportes guatemalteco haya afirmado en declaraciones públicas “la necesidad de reconocer la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y conocimientos ancestrales, para evitar el expolio que están sufriendo las comunidades y especialmente los pueblos indígenas, y para que estos se beneficien económicamente de sus expresiones”, aún sigue adelante tanto el recurso legal como las movilizaciones, a fin de lograr impulsar en Guatemala una nueva ley que proteja a las creadoras.

 

 

La especial desprotección en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la que se enfrentan las artistas textiles de América Latina frente a la presión creciente de la industria textil multinacional amparada por las zonas económicas especiales, requeriría una acción de liderazgo estratégico institucional regional en el proceso de redacción del Tratado vinculante.

  • Si, como recoge la Carta Cultural Iberoamericana, el respeto a la diversidad y la apuesta por la economía solidaria de la cultura son puntos de fuerza regionales.
  • Si, como hemos visto, existen importantes y recientes movilizaciones sociales que están abanderando el respeto a los derechos culturales y visibilizando áreas importantes de fricción respecto al actual paradigma comercial.
  • Si América Latina ha supuesto una avanzadilla internacional respecto al reconocimiento constitucional de los derechos culturales y los debates respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.
  • Si la región iberoamericana en la actual correlación de fuerzas internacional sigue considerándose espacio periférico para la producción y distribución comercial mundial, sufriendo territorialmente las consecuencias del modelo de globalización y teniendo que hacer frente a los costes en vidas, sociales, ambientales y económicos que supone el modelo empresarial transnacional.
  • Si la aprobación de la redacción del documento vinculante sobre Transnacionales y derechos humanos ha sido posible gracias a la presión del Sur global con un importante papel de los países iberoamericanos

sería lógico concluir que la región iberoamericana está en condiciones favorables para liderar el cambio de paradigma hacia modelos de economía solidaria y canales de comercio justo en el campo de la cultura así como para lograr que en el documento vinculante se preste una especial atención a la protección de los derechos culturales y al avance en la judicialización de su vulneración por parte de las empresas transnacionales, vulneración que, como hemos visto, sigue teniendo rostro de mujer.

 

 

Fanatismo y pertenencia

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Ayer, observando las imágenes del atentado terrorista de Charlottesville me vino a la memoria una entrevista realizada a Hannah Arendt muchos años atrás. Contaba que durante el tiempo que estuvo recluida en el campo de concentración de Gurs, en los Pirineos, unos versos de Bertolt Brecht corrieron como la pólvora entre los prisioneros y fueron para ella un ancla de esperanza en mitad de la barbarie. Los versos eran:

Por el suave agua en movimiento

que vence a la dura piedra con el tiempo,

lo comprendes:

los fuertes sucumben.

Deteniéndome, con el eco de la pregunta ¿qué forma toman en la actualidad “los fuertes”?, en los rostros, muy jóvenes, de quienes encabezaban la marcha de los suprematistas blancos, entre quienes había un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad de Virginia,  nacían en mí dos preguntas: ¿qué es lo que nos lleva como sociedad a la construcción de identidades basadas en un único eje de pertenencia?, ¿qué elementos culturales y emocionales sirven de cemento al fanatismo? Y previniendo la previsible tentación del salvífico desplazamiento territorial, “pero esto aquí no pasa”, me preguntaba: ¿cuál es el grado de nuestra permisividad ante el “fanatismo cotidiano de baja intensidad” que sirve de caldo de cultivo a las explosiones de violencia?

Si bien ayer circulaban ya muchos análisis que ponían el foco de atención sobre las consecuencias del lenguaje del odio como acicate y cobertura intelectual de la violencia fanática en EEUU, en mí resonaron algunas de las urgentes aportaciones que en los últimos años están realizando intelectuales de Oriente Medio e India acerca de la necesidad cultural de construir una nueva concepción de la identidad y de desmontar los mecanismos de la pertenencia basados en la “buena conciencia”.

Resonaban en mí las palabras de Amartya Sen, “la teoría cultivada puede reforzar el fanatismo sencillo”, y toda su reflexión, pareja al pensamiento de Amin Maalouf, relativa a la violencia omnipresente que reside en las identidades únicas. En todo su trabajo intelectual enfocado hacia la desarticulación de la categorización de las personas en base a sistemas de división singulares y abarcadores, se detiene sobre el peso que la herencia marcial (que sigue teniendo un importante eco en los imaginarios organizativos de los partidos políticos, por ejemplo) tiene en la legitimación de pertenencias excluyentes: “la imposición de una identidad supuestamente única es a menudo un componente básico del arte marcial, el modo de fomentar el enfrentamiento sectario”

El hecho de que en la “demostración de fuerza” del suprematismo blanco que vimos ayer en Charlottesville la espectacularización del despliegue de sus propias milicias jugara, tanto estéticamente como “coreográficamente” en su ordenación a suplantar al Ejército legal de los EEUU generando una situación de total confusión en la ciudadanía allí presente, nos muestra en vivo la línea de preocupación apuntada por Sen y sus actuales derivas.

 

 

En la misma dirección que Sen acerca de la urgencia que toma para las políticas culturales la arquitectura de las identidades compuestas frente a una “concepción estrecha, exclusivista, beata y simplista que reduce toda identidad a una sola pertenencia”, subrayando la necesidad, frente a los repliegues identitarios del fanatismo, de dar mayor protagonismo y visibilidad socio-cultural al hecho de “ver en nosotros mismos, en nuestros orígenes y en nuestras trayectorias, diversos elementos confluentes, diversas influencias sutiles y contradictorias”, Maalouf nos conmina a desmontar culturalmente los mecanismos de la “buena conciencia”.

Ha sido Bert Hellinger y la psicoterapia sistémica, especialmente a través del trabajo terapéutico en procesos de construcción de paz por el que fue nominado al Premio Nobel en el 2012 (entre alemanes y judíos víctimas del Holocausto, conflictos de Oriente Medio o en el espacio de habla hispana, sobre las consecuencias de la guerra civil española o la dictadura argentina, por ejemplo) quien más se ha detenido sobre el papel que juega “la buena conciencia” para la legitimación del fanatismo y la violencia. Para Hellinger, “la conciencia es una sensación que nos permite percibir cómo debemos comportarnos para estar seguros de pertenecer al grupo que consideramos importante para nosotros”, “nuestra conciencia estará tranquila cuando nos comportemos de forma tal que podamos sentirnos seguros de tener permiso para pertenecer”, “en todos los grupos sabemos qué debemos hacer para pertenecer”. La buena conciencia se basaría por tanto en la construcción cultural por la cual aquellos a los que se permite pertenecer son los buenos, cuya “bondad” está basada en el hecho de rechazar y excluir aquello que colectivamente se ha construido como “malo”. El sentimiento de pertenencia al grupo se reforzaría precisamente a través de la espectacularización y ostentación de dicho rechazo, lo que permitiría “ganar puntos” ante la mirada de aprobación del grupo de pertenencia. Como apunta Hellinger, todas las guerras y expresiones de violencia colectiva se apoyan en la legitimación cultural de esta “buena conciencia”. El sentimiento de culpabilidad y la mala conciencia frente a la “traición” de los mecanismos dicotómicos de exclusión sobre los que se asienta la cohesión grupal, serían el precio a pagar por la autonomía personal y la construcción cultural y social de paz.

 

 

Desde esta perspectiva, que pone el acento una vez más en la necesidad de desmontar culturalmente los mecanismos de la obediencia y la construcción dicotómica del paradigma amigo-enemigo, frente a la construcción cultural neoliberal que ha sacado grandes réditos económicos gracias a ellos, se nos plantean áreas de actuación especialmente sensibles:

  • ¿cómo contribuimos responsablemente a la construcción de dichas “identidades integradas por múltiples pertenencias”?
  • ¿cómo construimos, tras el desmantelamiento neoliberal de la afectividad comunitaria y los vínculos territoriales, sentimientos de pertenencia no fanatizados ni basados en la salida fácil del enfrentamiento sectario (la salida en falso que estamos viendo a nivel internacional de la cohesión grupal-nacional a través de la construcción cultural fantasmática del “enemigo externo”)?
  • ¿cómo hacemos frente, ante el paradigma individualista y de éxito en solitario, a la necesidad de dar respuesta al muy humano deseo de pertenecer, de sentirse parte, generando un muro de contención frente a la utilización fanática de este legítimo derecho humano?

 

Trauma cultural y narrativas del sufrimiento social

Estefanía Rodero 2 comentarios

(Gracias a MadinAmérica para el mundo hispanohablante por publicar este artículo en su comunidad)

Hace unas semanas me sorprendió gratamente recibir en una newsletter sobre derechos culturales a nivel internacional el debate abierto por la periodista experta en salud mental y población nativa americana, Mary Annette Pember a través de su artículo “Intergenerational Trauma: understanding natives´inherited pain” en el que analiza el peso del trauma histórico como factor de enfermedad y del que identifica tres fases: a) Fase inicial: la cultura dominante perpetra un trauma en masa en forma de colonialismo, esclavitud, guerra o genocidio; b) La población muestra síntomas físicos y psicológicos en respuesta al trauma; c) La generación afectada pasa sus respuestas al trauma –el peso de sus silencios, los estilos de afrontamiento y huida…- a las siguientes generaciones. Aunque los trabajos de investigación relacionados con el genocidio cultural en Canadá han tenido una mayor difusión (por ejemplo, la investigación relativa al alto nivel de suicidios entre la población aborigen canadiense), me sorprendió la ruptura del paradigma individualista actualmente imperante en el campo de la salud mental a favor de una mirada que sitúa el sufrimiento personal en un nivel sistémico y que lee la sintomatología particular no como una anomalía a excluir sino como un texto social que habla al conjunto de la comunidad, forma parte del propio legado cultural y es síntoma de sus carencias.

Al hilo de esta conversación y teniendo como trasfondo las disputas recientes en España en relación a la significación y apropiación del sufrimiento colectivo, recuperé la aportación del sociólogo Jeffrey Alexander en relación con su teoría del trauma cultural, que viene a poner el foco de atención sobre qué traumas se vuelven colectivos y pasan a ser concebidos como heridas para la identidad social compartida y qué labor cultural, de construcción y encuadre simbólico, hace posible que el dolor sea reconocido no como daño individual, sino como propio de un “nosotros”, “nuestro”. Como afirma Alexander:

“el trauma cultural se produce cuando los miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a un acontecimiento horrendo que deja marcas indelebles sobre su conciencia colectiva, marcando sus memorias para siempre y cambiando su identidad futura de manera fundamental e irrevocable.”

 

En la articulación narratológica de eventos, estructuras, percepciones y acciones anteriormente dispersos a través de los cuales se construye el relato de un determinado sufrimiento social, los teóricos del trauma cultural nos invitan a observar determinados elementos en disputa que se repiten en todos estos procesos:

1.- La lucha por el significado del dolor: ¿qué razón se da colectivamente a la vivencia del suceso traumático?, ¿qué peso están teniendo las narrativas de naturalización del dolor?, ¿se está engarzando en relatos sacrificiales ya existentes?, ¿con qué consecuencias?

2.- ¿Quiénes son las víctimas? En todo proceso de construcción de relatos colectivos de sufrimiento social la disputa sobre quiénes tienen derecho al dolor es uno de los ejes centrales. ¿Las víctimas son individuos, son grupos, es la sociedad en su conjunto? ¿Quiénes quedan excluidos del derecho al duelo?

3.- ¿Cuál es la relación que establecen las víctimas con el conjunto de la sociedad?, ¿cómo se hace llegar y a través de qué canales y mecanismos la voz del dolor de las víctimas con la “audiencia”? Resultan interesantes algunas de las preguntas que se están planteando en esta dirección: ¿qué convierte a un duelo en un duelo nacional?

4.- Los procesos de atribución de la responsabilidad en la creación de las narrativas del trauma: ¿a qué o a quién se está señalando como causante del trauma?, ¿qué o quién se está erigiendo como antagonista en las narrativas territoriales del duelo? Gran parte de las dinámicas expiatorias y de exclusión social se sostienen sobre la construcción de dicha identidad antagonista, por lo que es un elemento del proceso que requiere una especial responsabilidad política.

5.- En la producción de la “conmemoración” y los “rituales” que acompañan todos los procesos de reconstrucción de identidades nacionales, ¿qué papel han jugado los campos religiosos, legales, estéticos, científicos y burocráticos?, ¿se han creado contrapesos a la estratificación jerárquica de las “voces que cuentan”? (¿quién decide quién tiene derecho a formar parte de una “Comisión de la Verdad”, por ejemplo?)

 

Resonando de modo permanente en mí la invitación de Judith Butler:

“¿Qué forma de reflexión y deliberación política habría que adoptar si considerásemos la vulnerabilidad y la agresión como puntos de partida de la vida política?”,

desde la Teoría del Trauma Cultural se está articulando no sólo una propuesta científica, sino también una invitación ética y de acción política alrededor de la pregunta ¿en qué momento el dolor de los demás pasa a ser nuestro? Me parece un ámbito de conocimiento a tener muy en cuenta frente a las dinámicas actuales de naturalización y normalización del dolor social ante las que corremos el riesgo de terminar convirtiendo las situaciones de injusticia en norma.

 

 

 

Patrimonio, espiritualidad, mujeres

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“Cuando Adán miró a Eva quedó lleno de toda sabiduría.”

Hildegarda de Bingen

“Durante toda la eternidad Dios está en la cama de parto dando a luz.

La esencia de Dios es Parir.”

Maestro Eckhart

Hace unos días, la UNESCO incluía en su Lista de Patrimonio Mundial la isla japonesa de Okinoshima, dedicada al culto shintoista y cuyo acceso está vetado a las mujeres. El hecho de que en el año 2004, sin movernos de Japón, la designación para la misma Lista de los Sitios Sagrados y Rutas de Peregrinación de los Montes Kii que tampoco admiten la presencia de mujeres (“por considerarse un sitio sagrado y, por lo tanto, puro. Debido a la menstruación y al parto, la mujer es considerada impura en determinadas sectas budistas y, por lo tanto, mancharían el sitio si entraran en él” como nos explica esta guía turística japonesa) provocase una enorme movilización, no ha sido suficiente para que el Comité de Valoración haya tenido en cuenta la perspectiva de género y la propia Estrategia en materia de derechos humanos, adoptada por la UNESCO en el 2003.

A pesar de los esfuerzos de los últimos años tanto en el reconocimiento y  protección de los derechos culturales de las mujeres como en la propuesta para una aplicación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial con perspectiva de género, como afirma Mechtild Rössler, directora del Centro del Patrimonio Mundial, en su artículo «¿Patrimonio Mundial con perspectiva de género?»:

“El “patrimonio marcado por el género” se ha convertido en un tema esencial, en particular, en vista del cambio de rumbo hacia la consideración de las comunidades locales (…) El género desempeña un papel evidente en la identificación, protección, conservación, rehabilitación y transmisión del patrimonio cultural y natural a futuras generaciones (…) En general, la asignación de espacios a hombres y mujeres, se basa en acuerdos sociales entre otros, que forman, producen y replican estructuras marcadas por el género.”

 

 

Como nos cuenta Rössler, los béguinagues flamencos son uno de los pocos sitios del Patrimonio Mundial dedicados a la mujer, y aún es difícil encontrar lecturas desde una perspectiva de género de otros lugares patrimoniales, como el Sitio Arqueológico de Cirene que ella misma cita, cuya economía floreció históricamente vinculada al silfio, una planta abortiva y anticonceptiva que se vendió tanto por la región mediterránea que llegó a extinguirse.

Removida por este escenario de debate patrimonial surgió en mí otra pregunta de fondo: ¿dónde está en la esfera internacional la espiritualidad de las mujeres?, ¿quién protege las creaciones que puedan emanar de la misma?, ¿dónde están las autoridades espirituales femeninas no subordinadas?

Si bien se suelen citar repetidamente los beguinatos (hay una antología de textos en español muy hermosa en la editorial Paidos, “Mujeres trovadoras de Dios”), no es menos cierto que el patrimonio documental asociado a las beguinas ha sido largamente ignorado y subestimado, que la creación poética de este movimiento religioso femenino no ha encontrado aún como se merece su lugar en el canon literario internacional y que si no hubiésemos contado con el interés del feminismo de la diferencia en la genealogía histórica, su reconocimiento fuera de su foco nacional sería aún una sombra. La centralidad que tomó la experiencia directa y personal en su camino religioso frente a mediaciones jerárquicas (“Ser Dios con Dios”, como decía Hadejwich de Amberes después de incitar a las mujeres del siglo XIII “a que se informen, pregunten y estudien”) y el hecho de que muchas de ellas sufrieran calumnias y persecución por parte del clero (Matilde de Magdeburgo por ejemplo o Margarita Porete que se negó a aceptar cualquier legitimidad del muy politizado Tribunal de la Inquisición que le tocó en suerte y que murió, por tanto, en la hoguera) son algunas de las causas que explican la pérdida para las mayorías de la historia de la espiritualidad femenina en el entorno cultural cristiano.

Aunque en los últimos años ha habido un interés creciente por esta dimensión experiencial de las mujeres (la publicación en español de “El Dios de las mujeres” de Luisa Muraro por ejemplo), las aportaciones de grandes pensadoras como Ivone Gebara, las líneas de acción transformadora nacidas desde la teología feminista o el actual y efervescente paradigma de la espiritualidad ecofeminista en América Latina quedan aún reducidos a espacios especializados. ¿Qué pueden aportar estas visiones al debate actual sobre el fanatismo?, ¿proponen colectivamente alternativas desde la propia vivencia y lenguaje espiritual al actual escenario de extremismo religioso?, ¿suponen una apuesta por la democratización de los espacios religiosos?, ¿están planteando lecturas sobre el papel que la religiosidad oficializada y jerárquica desempeña en el sostenimiento de la desigualdad económica y social mundial? En los actuales debates sobre populismo internacional y las interpelaciones religiosas sobre las que se están apoyando políticas excluyentes, ¿podría esta experiencia espiritual “otra” suponer una respuesta incluyente y de respeto a la diversidad?

Si bien en el espacio diplomático internacional se ha empezado a ver a líderes religiosas femeninas, como en el trabajo realizado por The Global Freedom Network y el encuentro interreligioso en el Vaticano para finalizar con la esclavitud moderna, me pregunto si para la colina del siglo XXI que estamos escalando juntos, la recuperación internacional de la historia de la espiritualidad vivida y desarrollada por las mujeres, su legado patrimonial y sus voces actuales pueden incitar de alguna manera nuevos modos de mirar o mirarnos o modos diferentes de generar comunidad.

 

Diversidad cultural y nuevas narrativas: sobre Le Livre Blanc du Collége de la Diversité

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“Il n´est pas banal de dire que nous n´existons jamais au singulier”

Emmanuel Levinas

El último boletín de la Fundación Interarts vino a recordarme mi lectura pendiente del Libro Blanco del Collége de la Diversité del Ministerio de Cultura francés, publicado después de su primer año de actividad. Como me ha resultado sugerente e inspirador, quería dejar por aquí algunas de las claves contenidas en el mismo que podrían dialogar también con la realidad española y la necesaria transformación de sus políticas culturales hacia un paradigma de derechos.

En primer lugar, me interesa el marco desde el que se ha realizado el trabajo de propuestas:

“Es crucial y urgente que nuestra política cultural se pregunte cómo está contribuyendo a generar sentimientos de exclusión”

Desde esta premisa, y de modo paralelo a la aprobación de la nueva ley francesa sobre la libertad de creación que ha recogido en su artículo 2 de modo central el respeto a los derechos culturales, se entiende que la construcción y el ejercicio de la ciudadanía no puede ser verdaderamente democrática sin atender a esta dimensión de los derechos humanos.

Así, el trabajo colectivo que ha derivado en este Libro Blanco, se ha articulado en tres ejes interesantes: el análisis de la diversidad centrada en las personas (sesgos sociales, económicos, étnicos al acceso cultural), la presencia de la diversidad territorial (descentralización de los circuitos y nodos formativos) y el cuidado de la diversidad de las expresiones artísticas (el papel de la educación artística y cultural en la política pública entre otros).

Sin embargo, han sido otros los focos que han captado mi atención: la importancia que ha tenido el trabajo de análisis de la semántica y las narrativas sobre la diversidad y las representaciones postcoloniales, el protagonismo que ha tenido a nivel ministerial el diálogo con las redes y asociaciones de educación popular (con la longeva red Peuple et Culture) y la equiparación como grandes y urgentes retos políticos globales del siglo XXI del cambio climático y la progresiva pérdida de diversidad cultural ante la uniformización que no cesa.

Deteniéndome brevemente en el aspecto discursivo sobre la diversidad recogido en el Libro Blanco, me ha interesado el diálogo que se ha dado entre el movimiento crítico postcolonial y el ámbito institucional.

Mientras a nivel parlamentario se tramitaban los proyectos de ley tanto sobre la libertad de creación, como sobre la nueva organización territorial en Francia (la ley NOTRe), cuyo artículo 103 supone un paso adelante para las políticas culturales en toda Europa:

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

 

surgía en 2016 a nivel social el movimiento asociativo “Décoloniser les Arts” que a través de su Carta-manifiesto fundacional interpelaba de modo directo a la cultura francesa:

“¿Dónde están los negros, los árabes, los asiáticos, los latinos, los franceses de culturas minorizadas en los teatros de Francia?”

A través de su denuncia de la discriminación racial tanto en los espectáculos en vivo como en los circuitos artísticos, compartían en la esfera pública su llamamiento a la protección de la diversidad cultural como único modo de afrontar los peligrosos repliegues identitarios, haciendo un llamamiento a la responsabilidad del sector cultural respecto a pautas excluyentes que puedan reforzarlos. Su reflexión sobre la necesidad urgente, junto a lo anterior, de que la población migrante se sienta reconocida e implicada en la esfera cultural así como la desarticulación del “fantasma de una sociedad una e indivisible que no es más que la representación de una minoría dominante” venía de la mano de una difusión no exenta de humor relativa al léxico y las narrativas que actualmente se utilizan para hablar de diversidad cultural en Francia. Toda esta movilización social, acompañada de actos de debate, denuncia pública de espectáculos y presencia en medios de comunicación, ha quedado recogida e impregna gran parte del Libro Blanco que ha incorporado muchas de sus propuestas.

Respecto a la “traslación” de alguna de estas iniciativas a la realidad española, no sólo tenemos pendiente, más allá de los casos de éxito de la Agenda 21 de la cultura, un debate colectivo y no únicamente sectorial o académico respecto al actual nivel de respeto a los derechos culturales en España, debate que ya se ha articulado en diferentes niveles territoriales franceses, sino un debate profundo sobre los riesgos reales que afrontamos respecto a la pérdida de nuestra diversidad cultural: los sesgos territoriales y geográficos en el acceso a la cultura y el avance del epistemicidio rural; la desprotección de la diversidad lingüística; la invisibilización de las culturas minorizadas españolas; el reto del avance en la laicidad y el respeto institucional a la diversidad religiosa; la revisión de nuestra historia colonial reciente y su reflejo en nuestros contenidos educativos; la revisión de la “narrativa de la España imperial” aún presente en algunos de nuestros textos legales que vulneran las últimas Declaraciones de la UNESCO firmadas por España; la igualdad de género en todas las fases del proceso cultural y artístico, especialmente en la toma de decisiones; el reconocimiento y participación de la población migrante en nuestras políticas culturales; la siempre pendiente descentralización cultural española; la ampliación de competencias en material cultural en el Régimen Local; el reconocimiento constitucional de los derechos culturales…entre otras muchas líneas de acción.

Comparto por tanto la lectura de este documento, dado lo sugestivo que me resulta el peso creciente que el análisis narrativo está tomando tanto para los ámbitos de decisión política como para los movimientos sociales del ámbito cultural.

 

 

Educación para la dignidad humana

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Cuando en el mes de febrero, Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco, tomó la palabra tras 11 años de lucha para que el Estado mexicano reconociese la inocencia de las tres mujeres indígenas encarceladas injustamente durante tres años (entre las que se encontraba su madre) y reparase el daño sufrido, la Fiscalía federal de México no sabía que iba a recibir en minuto y medio una lección de filosofía del derecho sobre el concepto de dignidad. Más allá de la fuerza del “ser una mujer, indígena y pobre no es ninguna vergüenza” y de devolver a la enunciación política la raíz de la exigencia de respeto, su “hasta que la dignidad se haga costumbre” vino a reivindicar también, como ha escrito Antoni Aguiló, que:

“los derechos humanos describen narrativas de resistencia y dinámicas de lucha por la dignidad humana: son procesos históricos heterogéneos que congregan experiencias de empoderamiento social y político para transformar realidades opresoras. Desde esta óptica, se inscriben en un marco de posibilidades que impugnan el poder constituido y afirman el poder constituyente desde abajo.”

 

Ya en el año 2009, Amnistía Internacional lanzó su campaña Exige Dignidad tratando de aglutinar en un único valor las múltiples dimensiones recogidas en los derechos humanos, haciendo un gran esfuerzo en la creación de materiales educativos e informativos dirigidos no hacia una educación para la ciudadanía, sino hacia la “educación para la dignidad humana”. En relación a la cultura y la dimensión de los derechos culturales inherentes a dicha dignidad llamaba de nuevo la atención en relación a los aspectos simbólicos y el peso de las cosmovisiones en relación con el significado y garantía del derecho a la vivienda, la alimentación, la relación con la tierra y el entorno natural, la atención médica, la significación de la religión, el acceso a la educación y el peso de las artes. Entroncaba así con la afirmación repetida hasta la extenuación por la relatora de derechos culturales Shaheed acerca de la necesidad de la vernacularización de los derechos humanos.

 

 

Si el deseo de Kant de que los seres humanos fuesen tratados como fines en sí mismos y no como medios suele estar presente en las definiciones de dignidad, las nociones de “lo inherente a todas las personas”, “lo intrínseco de ser humanos” se repiten en toda la literatura al respecto. Sin embargo, desde mi punto de vista la afirmación de que la dignidad no depende de valores externos puede derivar hacia una irresponsabilidad colectiva respecto a la construcción de entornos en los que se garantice y se proteja, evitando que el ejercicio de la misma tenga que convertirse en un acto de heroicidad. Si, como se repite una y otra vez, la vida y la integridad de las personas no pueden ser sustituidas por otro valor social, ¿cuál sería la medida de nuestra responsabilidad en relación a la creación de espacios cosificados e impersonales en los que la irisación de la concreta humanidad del otro desaparece bajo el peso del “ser sólo herramientas”?

De igual manera, si la dignidad humana recogida en diferentes textos constitucionales, incluido el español se articula en base a dos ejes: estar libres de ofensas y humillaciones y la libertad de actuación y para el desarrollo de la personalidad, ¿qué políticas educativas, comunicativas y culturales estamos desarrollando para desplazar de su actual centro la visión utilitarista de los vínculos humanos (por ejemplo, la amistad como networking) hacia un paradigma de lo relacional y social como fin en sí mismo?

Me he quedado dándole vueltas y me he sentado a escribir a raíz de la propuesta de una Educación para la dignidad humana. Nos coloca en otro sitio. Personalmente el cambio de mirada que propone me parece un cortafuegos urgente ante el progresivo avance del neoliberalismo en la explotación comercial tanto de la intimidad como de los cuerpos, sustentada sobre la reducción paulatina de lo que englobamos bajo el paraguas de la dignidad.

 

Culturas de impunidad y silencio: de la violencia sexual en conflictos armados y escenarios de postguerra

Estefanía Rodero Deja un comentario

Hace unos días, gracias a una de mis maestras, Gemma Carbó, conocí el proyecto colombiano de las Tejedoras de Mampuján, que fue Premio Nacional de Paz en el año 2015. A través del bordado, diferentes colectividades de mujeres en el país están ejerciendo “el arte de contar lo vivido sin que nos haga más daño”, preservando así, en comunidad y relación, la memoria y narrando las consecuencias del desplazamiento.

Coincidía este descubrimiento personal con la celebración por segundo año del Día Internacional para la eliminación de la violencia sexual en conflictos armados (19 de junio #EndRapeInWar)  que nos recordó que en Colombia la construcción de paz internacional ha dado un pequeño paso adelante (qué fatigosamente lento es todo lo importante) consiguiendo que en los Acuerdos de Paz se haya excluído la amnistía para la violencia sexual. Como recordaban ese mismo día en declaración conjunta Phumzile Mlambo-Ngcuka y Zainab Hawa Bangura, no podemos olvidar que:

“Con demasiada frecuencia, las supervivientes de violencia sexual en conflictos sufren con vergüenza en silencio. Pueden ser estigmatizadas, aisladas y marginadas en sus comunidades, lo que se traduce en pobreza y miseria.”

Ante este proceso memorial volví a sentir lo mismo que al leer el monumento a la escucha del pueblo de la antigua URSS que es toda la obra de la Premio Nobel Svetlana Aleksievich, la resonancia con el dolor oculto de las generaciones de mujeres españolas a las que nuestro país no brindó la oportunidad de verbalizar o elaborar el trauma, perpetuando también con la llegada de la democracia, la cultura de la impunidad y el silencio. No hablo sólo de los ejemplos más conocidos (como el gran mandato social de violación en la voz de Queipo de Llano, nunca deslegitimado o respondido institucionalmente) sino de la “vivencia intrahistórica” de la violencia sexual hacia las mujeres en nuestro país durante la guerra civil y la dictadura.

Hace unos años, trabajando con mujeres en un proyecto de recuperación de la memoria histórica local en un pueblo de Castilla y León, pude vivir el peso de lo “no dicho” y los pactos de silencio impuestos a las mujeres cuando nos acercábamos “a esas cosas de las que no se habla”. Ante algunos hilos que habían “hablado de más” e “ido demasiado lejos” (alguien que se atrevió a verbalizar las violaciones sistemáticas a las criadas pobres, otro pequeño hilo “si el torno de las monjas hablara” sobre el abandono de bebés fruto de violaciones, el aislamiento a que sometían las «personas de bien” a las “muchachas que habían caído en desgracia”) , se sucedían las miradas cómplices en el grupo, la orden no expresada de callarse inmediatamente y la rapidez en cambiar de conversación y quitarle importancia,siempre en otro pueblo, siempre eso les habían contado.

Si, como ha afirmado en alguna ocasión Jorge Alemán, la grave virulencia mediática con la que han respondido los grupos empresariales de comunicación en nuestro país ante la irrupción de nuevas propuestas políticas, no puede entenderse sin pararnos a observar el peso de lo que quedó reprimido en nuestra transición y que se creía enterrado para siempre (a saber –aunque hay más- ser el segundo país detrás de Camboya en número de fosas comunes sin identificar, el expolio de propiedades por parte de la iglesia y la institucionalización de las inmatriculaciones, la negación de nuestra realidad y violencia colonial, la falta de perspectiva de género sobre la guerra civil y la posguerra y la investigación exhaustiva sobre la violencia sexual, el silencio y complicidad política ante el robo de bebés en España), ¿qué propuestas culturales hemos articulado como país para integrar todo este dolor excluido y ausente de nuestro relato histórico?

Si ya se van abriendo paso con fuerza los estudios relativos al trauma cultural y su transmisión generacional, en el que juegan un papel importante los “silencios y secretos de país”, ¿qué ecos de la experiencia vivida en la generación de nuestras abuelas y madres seguirán resonando, por ejemplo, respecto a las consecuencias de la participación pública de las mujeres o la confianza real en las instituciones y la justicia? (En muchos relatos de memoria relativos a los casos de bebés robados, por ejemplo, fueron precisamente las abuelas o bisabuelas de esos niños las que, desconfiadas, exigieron a los médicos “poderse fotografiar al menos con el cuerpecito muerto del bebé”)

Ante las recientes creaciones culturales que han puesto el foco sobre la violencia sexual en los conflictos bélicos (la irrepetible Las tortugas también vuelan, el reciente Under the Shadow o La guerra contra las mujeres de Hernán Zin, que culmina con la canción de Bebe para escuchar su letra despacio “César debe morir”) siempre me planteo cómo podríamos dignificar desde el presente el dolor vivido por las mujeres españolas, sin acomodarnos en la proyección salvífica de que “esto ha pasado y pasa en otros sitios”. Nos enfrentamos, como herederas, a uno de los grandes silencios de país, apenas susurrado en las cocinas, compartido con vecinas que lo callaron por igual y enterrado en la cripta del “mejor no remover” del amor de nuestras madres.

Culturas políticas de la compasión

Estefanía Rodero Deja un comentario

(Todas las imágenes pertenecen al best-seller de fotografía internacional «Misao the Big Mama and Fukumaru the Cat» de la fotógrafa japonesa Miyoko Ihara, dedicada durante años a inmortalizar la particular relación entre su abuela y su gato)

 

Hace unas semanas me sorprendió la irrupción de la compasión en el actual discurso político español. La interpelación a la acción y movilización ciudadana apelando a la capacidad común de bondad, presuponiendo un interés compartido en la reducción de los niveles de crueldad de nuestras sociedades, vino de la mano del PACMA a través de su campaña “Por un San Isidro más compasivo”. Sin resto alguno de los ecos clasistas que distorsionaran antaño la concepción de “compasión cristiana” ligada a la lástima y al sentimiento de superioridad moral, llevaban ahora al centro de la arena pública la compasión como máximo valor cívico desde el que avanzar políticamente, legar transformaciones visibles a las nuevas generaciones (¿esa política pública en qué niveles impacta en la reducción de la crueldad?) e interpelar. Me hicieron recordar aquel “Emociones políticas” de Martha Nussbaum y su pregunta de fondo: dado cualquier proyecto socio-político, ¿qué emociones queremos activar en común y a través de cuáles elegiremos aglutinarnos para avanzar en su logro?

Hasta la fecha la articulación discursiva de la “compasión política” parecía circunscrita a los procesos internacionales de mediación y construcción de paz, asociándose habitualmente al campo de expresión de aquellos liderazgos espirituales que desde el diálogo interreligioso llevan años promoviendo el impulso de una nueva ética sin dogma mundial basada en la compasión (aquí por ejemplo, Desmond Tutu o el maestro zen Thich Nhat Hanh en un encuentro de paz con israelíes y palestinos). Así encontramos como ejemplos en la esfera política mundial aquel Manifiesto 2000 y la Declaración por la ONU del periodo 2001-2010 como Década internacional para la promoción de la Cultura de la no violencia y la paz para los niños y niñas del mundo:

 

“ (…) Porque soy consciente de mi parte de responsabilidad en el futuro de la humanidad, en particular de los niños de hoy y de mañana me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a:

  • Respetar la vida y la dignidad de todos los seres humanos sin discriminación ni prejuicio.
  • Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más vulnerables, como los niños y los adolescentes.
  • Compartir mi tiempo y mis recursos materiales con espíritu de generosidad para poner fin a la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica.
  • Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, dando siempre preferencia al diálogo y la escucha sin caer en el fanatismo, la exclusión, la difamación y el rechazo a los otros.
  • Promover un comportamiento de consumidor responsable y prácticas de desarrollo que respeten todas las formas de vida y preserven el equilibrio de la naturaleza en el planeta.
  • Contribuir al desarrollo de mi comunidad, con la participación plena de las mujeres y respeto por los principios democráticos, para crear juntos nuevas formas de solidaridad.”

Dentro de estas «expresiones políticas de la compasión» encontramos quizá uno de sus más recientes ejemplos en el lenguaje empleado en la carta pública que la activista por la paz y líder budista Chan Kong ha dirigido a la presidenta birmana Aung San Suu Kyi ante la violenta represión que está sufriendo la minoría musulmana rohinya en el país.

Si, tal y como venimos reflexionando, una de las condiciones culturales estructurales del neoliberalismo es la pedagogía de la crueldad y sus mecanismos de distanciamiento del daño que se inflige, ¿qué recorrido podría tener la compasión como valor emocional político aglutinante para crear alternativas? Ante los usos mercantilizados de la ternura y su colonización publicitaria, ¿qué expresiones podríamos encontrar como referencias de ternura política? En los países de tradición judeo-cristiana ¿cómo se podría interpelar a este valor desde sus propias raíces culturales? (Recuerdo aquella anécdota para comparatistas literarios respecto al cambio global de mirada que podía esconderse en la elección de una sola palabra para el que se ponía como ejemplo la traducción de las Bienaventuranzas que, en su versión “estandarizada” en español  afirmaban “Bienaventurados los mansos” y sin embargo, en la biblia latinoamericana se alzaron como “Bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra”…)

A un nivel, para mí aún intuitivo, somos cada vez más quienes identificamos en el campo de la vulnerabilidad y sus valores asociados (la ternura, la compasión, los tiempos sosegados, el tacto y la escucha como alternativas a la hegemonía visual…) el centro desde el que construir discursiva y simbólicamente la alternativa cultural al capitalismo cognitivo y el cortafuegos al auge de la dureza hecha discurso excluyente de los nuevos autoritarismos y fanatismos religiosos.

Ante todo ello me quedo pensando : ¿qué papel podría desempeñar en nuestra realidad española e iberoamericana concretas el diálogo con ese llamamiento a la construcción de una nueva ética mundial basada en la compasión? ¿Tendría alguna resonancia en nuestras culturas?

 

Relaciones culturales internacionales y derechos humanos

Estefanía Rodero Deja un comentario

(Todas las imágenes pertenecen a la acción memorial colectiva mexicana Bordamos Por la Paz)

Escuchando y debatiendo hace unas semanas con compañeros del espacio cultural iberoamericano sobre cuáles habrían de ser en estos tiempos convulsos las prioridades de acción de las relaciones culturales internacionales, se hacía evidente la necesidad de consolidar el enfoque basado en derechos humanos también (y especialmente) en la acción cultural.

Ya en el Primer Encuentro Iberoamericano de Diplomacia Cultural celebrado en 2011 y en el documento emanado del mismo “Elementos para una agenda de la diplomacia cultural en Iberoamérica” se especificaba:

“Al mismo tiempo que se transforma el concepto y las prácticas de la cultura, ésta cobra gran relevancia en asuntos que son fundamentales en el entorno de las relaciones internacionales, como son los fenómenos de la globalización, los flujos migratorios, la afirmación de los derechos culturales como derechos humanos fundamentales, la creciente importancia de las minorías y el incremento de la influencia de las nuevas tecnologías en la vida social y cultural de los ciudadanos.”

 

Frente a un modelo de gestión cultural que se concibe a sí mismo como actividad organizativa sin entrar a cuestionarse los marcos de acción en los que opera, con un cierto grado de automatismo de mercado en un polo o de activismo en el otro, la reflexión profunda sobre el significado de la cultura y su interrelación con el resto de derechos humanos sería en la actualidad la clave. Siguiendo las estrategias del enfoque basado en derechos humanos, nuestra acción cultural partiría en primer lugar de la reflexión sobre alguno de los siguientes ejes:

  • ¿qué grupos de población en nuestro nivel de acción son objeto de una mayor marginación, exclusión o discriminación en el acceso a la cultura y la participación cultural?, ¿qué elementos están identificando ellos mismos como ejes prioritarios para su desarrollo cultural y el respeto a sus derechos culturales?

 

  • ¿cómo está distribuido el poder en nuestra área de acción?, ¿y el poder cultural y simbólico?, ¿cómo podemos promover el empoderamiento e identificar los núcleos clave para que tenga el mayor impacto?, ¿hemos identificado bien a los titulares de derechos y a los titulares de deberes?

 

  • siguiendo la directriz: “las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo (cultural), en lugar de receptores pasivos de productos y servicios” ¿cómo vamos a hacerlo juntos, a garantizar la participación y la sostenibilidad?

 

Partiendo de este marco inicial de acción, el conocimiento de los documentos internacionales en materia de protección de derechos humanos así como el seguimiento actualizado de las líneas de trabajo que están buscando ampliar la base de los mismos (como el trabajo actual en relación al impulso del documento vinculante sobre transnacionales y derechos humanos que ya comentamos por aquí), serían el suelo inicial en el que afianzar la gestión.

La segunda competencia marco clave sobre la que debatimos podría definirse como una competencia de “mirada” precisamente por actuar en el nivel internacional: la visión de que nuestra intervención se da en sistemas complejos, es decir, en sistemas conectados, interdependientes, diversos, adaptativos, dependientes de los procesos y emergentes. Conscientes de que en un sistema de interdependencia nuestra gestión cultural tiene consecuencias para el conjunto, nuestra acción en el marco de las relaciones culturales internacionales debería moverse entre dos polos tras la pregunta ¿qué alimentamos con nuestra gestión cultural, qué reforzamos o hacemos crecer con ella?:

  • ¿Ante qué intervenciones o prácticas conviene inhibirse?

 

  • Con la mirada siempre atenta a los posibles impactos de nuestra acción y la medición de los mismos en materia de refuerzo de los derechos humanos, ¿qué elementos o acciones tendrían un carácter más estratégico para reforzar los derechos culturales en su conjunto?

 

 

Este punto se entiende mejor tomando como referencia el uso de los litigios estratégicos, cuya visión sería central para nuestro campo. Según la definición del Observatorio DESC:

“El litigio estratégico consiste en la judicialización de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos con el objetivo de avanzar en la implementación de soluciones tanto para las personas directamente afectadas como para el resto de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Así, mediante el litigio de un caso representativo se persiguen varios objetivos: modificar criterios judiciales restrictivos en materia de derechos, cambiar leyes, reglamentos o prácticas administrativas que impidan el libre ejercicio de derechos, y en general elevar los estándares de protección de los derechos humanos. “

 

Observábamos la importancia que tendría en la actualidad promover un cambio en la narrativa política desde un discurso que ha fundamentado el valor de la cultura en función de su aportación al crecimiento económico hacia un discurso afianzado en el papel que juegan los derechos culturales en su interrelación reconocida con el resto de derechos humanos. El papel que juegan precisamente los derechos culturales para la construcción de comunidad, sentimiento de autoestima y pertenencia, conexión intergeneracional y vinculación emocional con los territorios, deberían hacernos reflexionar sobre su postergación reiterada en tiempos de hegemonía cultural neoliberal.

 

El CETA que no amaba a las mujeres

Estefanía Rodero Deja un comentario

Aprovechando la invitación de la periodista Esther Ferrero para incorporar este pasado lunes en su programa Coordenadas de Radio 3 una lectura feminista sobre los efectos que puede tener la aprobación del CETA en España (puedes escuchar el programa aquí), me gustaría sembrar en este espacio algunas de las reflexiones planteadas en la conversación, también con el portavoz de la campaña española #NoalTTIP, Tom Kucharz.

Como hemos venido analizando en relación con el TTIP (tanto desde una óptica feminista, como desde un análisis sectorial centrado en el impacto de los tratados de libre comercio sobre la soberanía cultural y el sector económico cultural español), la firma del tratado con Canadá, el CETA, viene a apuntalar el edificio neoliberal global que se sustenta en la peligrosa equivalencia entre los derechos de las transnacionales y los derechos de los pueblos. El veto que ha ejercido el bipartidismo en España a la propuesta de que el CETA fuese examinado por el Tribunal Constitucional y sometido a referéndum, dado el impacto del mismo sobre la pérdida de soberanía de nuestro país, debería hacernos reflexionar sobre qué intereses están realmente en juego. Tanto desde el campo de las políticas de igualdad como desde las políticas culturales en su espectro normativo internacional, la defensa del CETA es incompatible con algunas de las principales Declaraciones de la ONU y la UNESCO que han sido ratificadas por España, especialmente las relativas a la protección de los derechos laborales de las mujeres y la protección de la diversidad cultural.

 

 

Como ya dijimos en artículos previos sobre el TTIP, la lucha contra los tratados de libre comercio como epítome del modelo económico neoliberal debería ser una prioridad en la agenda feminista española, precisamente por la capacidad que tiene la firma de los mismos para desmontar con rapidez y oscuridad por arriba las principales medidas de protección y promoción de la igualdad conquistadas a pulso durante décadas. Teniendo en cuenta la amenaza económica a los Estados omnipresente gracias a la creación de los tribunales privados de arbitraje que velan para que no se aprueben legislaciones que puedan dañar los intereses económicos de las multinacionales ni pueda legislarse fuera del rígido corsé de los tratados, igualando democracias con intereses de mercado, no podemos obviar que para dichas empresas las medidas de igualdad se conceptualizan como costes a rebajar.

De igual manera, como vienen señalando las economistas feministas de nuestro país, la privatización de nuestros servicios públicos, implícita en todos los tratados de libre comercio, pero de un modo especialmente claro en el CETA con la privatización de los servicios de cuidado y protección de la tercera edad, pone en riesgo un alto porcentaje de puestos de trabajo de las mujeres en nuestro país, así como coadyuva, por la pérdida de cobertura estatal de servicios a la infancia y la dependencia, a la sobrecarga de las mujeres en su función de cuidadoras.

Aunque quizá sea el campo de la salud pública en el que el impacto de la firma del CETA tenga un sesgo de género más visible. El impacto que la progresiva privatización de los servicios de salud pública pueda tener sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, se suma al refuerzo comercial y publicitario de la medicalización y mercantilización del cuerpo de las mujeres, sin lugar a dudas un sector de consumo deseado y disputado.

Como ha alertado la Asociación por un acceso justo a los medicamentos, el aumento en la protección de patentes médicas incorporado en el CETA, aumentará el coste en las prescripciones de los medicamentos en España, lo que impactará especialmente en el acceso a la salud de nuestras mujeres mayores en las que se concentran algunos de los índices más alarmantes de feminización de la pobreza en España, sin olvidar que según datos del Barómetro sanitario estatal en 2015, 2,4 millones de españoles afirmaban no poder acceder a algunos de los medicamentos recetados por falta de ingresos.

Sin detenerme, por haberlo abordado en textos anteriores, sobre el impacto de estos tratados de libre comercio sobre el respeto a los derechos culturales en nuestro país (especialmente los vinculados a cultura y territorio y medidas de protección del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural), quería apuntar por último a los efectos que la liberalización del acceso a la compra y la contratación pública recogidos en el CETA tendrán sobre el respeto a la autonomía local y el principio de subsidiariedad en nuestro país. Aquellas políticas locales en las que se haya logrado la incorporación de claúsulas sociales, fomento de la contratación de cooperativas de proximidad o medidas genéricas en apoyo a la economía social, se verán en riesgo ante la aprobación del CETA, siendo contratos de servicios muy feminizados como el cuidado a mayores, la gestión de escuelas infantiles o servicios de ocio, los primeros en tener que competir con grandes grupos de gestión de servicios transnacionales que abaratan costes y con menores garantías de los derechos laborales de las mujeres.

Sumándonos con este breve apunte a la movilización planteada este 3 de junio contra el CETA, no está de más recordar la exigencia de soberanía recogida siempre por el feminismo latinoamericano: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Pues bien: tampoco en España.