El municipio y los derechos culturales de la ciudadanía

(Este artículo se enmarca en la celebración de la Jornada Cultura y Provincia organizada por la Diputación de Cádiz y su Fundación Provincial de Cultura el 28 de octubre de 2019, un encuentro con concejalías y técnicas de cultura de todo el territorio)

Mi intención con esta intervención, para plasmarlo desde el principio, es reivindicar el protagonismo urgente y necesario que ha de tener la política cultural, especialmente en el nivel más próximo a la ciudadanía, que es el nivel local, en el actual contexto socio-político que estamos viviendo en España, sin olvidar ni por un segundo que nuestros niveles locales cada vez tienen mayor protagonismo en redes de articulación internacional.

Y el eje central de esta reivindicación como actores fundamentales de la política cultural  se va a enmarcar en el hecho de que somos garantes de la protección de uno de los elementos inalienables de los derechos humanos como son los derechos culturales.

Para mí es importante dejar claro el horizonte antes de empezar.

Partiendo de la hipótesis de que no existe municipio que no cuente ya con una política cultural local, aunque sea implícitamente, quiero lanzar también en este espacio una pregunta complicada que empieza con un ¿para qué? Decía Mandela en El largo camino hacia la libertad que la verdadera dimensión de lo político no empezaba nunca desde un ¿por qué? sino desde un ¿para qué? De modo que del binomio «política cultural» vengo a detenerme un poco más en la «política» lanzando la pregunta ¿para qué hacemos política cultural en nuestros municipios?

Después de un tiempo, que ha sido muy necesario, en el que sectorialmente y desde diversas esferas hemos estado muy centrados en cómo hacer política cultural local: todos los debates sobre la necesaria profesionalización de la gestión cultural local, los riesgos del voluntarismo; todo el diálogo sobre las estructuras de gestión, la aparición de las fundaciones de cultura locales, las estructuras mixtas; todo el debate y el paradigma de la participación en el diseño de las políticas culturales locales: los consejos municipales de cultura, la evaluación participativa de los proyectos, la radialización de las estructuras huyendo de la concentración de nuestras programaciones en el centro de nuestros pueblos y ciudades…después, como digo, de todo este esfuerzo intelectual y vital colectivo, siento y quizá sólo sea una percepción personal, que hemos dejado descuidada o al menos hemos dialogado poco a nivel colectivo sobre el para qué hacemos política cultural pública.

Y remarco aquí lo de pública porque mientras tanto el mercado sí ha dado su respuesta: la cultura sirve para hacer negocio; la cultura maridada a un determinado enfoque turístico, para lo que sirve es para desarrollar económicamente nuestros municipios y territorios.

Y sin restarle ninguna importancia al papel económico que puede desempeñar la cultura y que de hecho desempeña, incluso desde este enfoque hemos analizado poco cómo se reparte dicho impacto económico, a quién beneficia y cómo se distribuye, si quizá existen desigualdades de género en el impacto de dicho beneficio económico y si repercute de modo positivo y con qué grados de calidad sobre las políticas locales, territoriales de empleo (siguiendo la estela del modelo de las Escuelas Taller de Santa María la Real o el trabajo realizado en Albarracín, por ejemplo).

 

 

Sin desmerecer, como digo, la potencialidad de esa mirada, el contexto actual nos empuja con urgencia a romper inercias en nuestra reflexión y en nuestro trabajo: no sólo el crecimiento sostenido de la desigualdad en nuestras sociedades, que no para de crecer y que es una máquina de creación de exclusión social; la normalización de un horizonte de vida precarizado, laboralmente, vitalmente, que ha tenido un impacto sobre nuestra percepción cotidiana de la seguridad vital, personal, generando vivencias de profundo desarraigo, de crisis de pertenencia de las que ya estamos viendo monstruos (la búsqueda de chivos expiatorios: islamofobia, presión sobre migrantes y refugiados, repunte del antisemitismo europeo, presión sobre las minorías de todo signo…); la reaparición del odio como atmósfera emocional en un contexto además en el que las migraciones globales han creado una realidad infinitamente más diversa.

Ante este contexto es cierto que los marcos legales culturales internacionales sí han reaccionado antes que el marco español y están marcando la pauta (las Declaraciones de la diversidad de la UNESCO, las relatorías de derechos culturales, etc) introduciendo ya un cambio de discurso y agenda en la política cultural que es necesario que empiece a concretarse ya en nuestros municipios, teniendo en cuenta que España ha ratificado todos estos acuerdos y que por tanto no hay excusa alguna para no actuar.

Teniendo en cuenta todo lo que ya se ha avanzado en esta dirección (especialmente, por ejemplo, la Agenda 21 de la Cultura y todo el trabajo de la UCLG), ¿de qué estaríamos hablando realmente?

De generar políticas culturales locales desde un enfoque de derechos humanos, abriéndonos a una definición y visión de la cultura de corte más antropológico, desplazando un poco el foco de atención desde los objetos culturales y su protección hacia las personas, es decir, hacia la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía a participar en la vida cultural y a exigirnos marcos de promoción y defensa de los derechos culturales (que siguen avanzando hacia su justiciabilidad) en el lugar privilegiado donde se ejercen: tu pueblo y tu ciudad.

Colocándonos en esta nueva posición, abriendo nuestra gestión cultural pública a esta mirada, de pronto se hacen patentes e iluminan otros aspectos que, simplemente, estábamos dando por hecho:

  • que ningún municipio es neutro en su política cultural local, dado que aunque no esté haciendo nada explícitamente, ya hay una política cultural implícita y un posicionamiento que hay que hacer emerger.
  • que todas las políticas locales tienen una dimensión cultural y que es necesario transversalizar nuestra sensibilidad hacia los derechos culturales en toda nuestra acción pública (desde el diseño universal en todos nuestros equipamientos públicos, el respeto a la diversidad cultural y religiosa en nuestros cementerios, los límites a la especulación inmobiliaria y sus efectos sobre bienes de interés cultural, etcétera)

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales?

Se dice que los derechos culturales refuerzan las nociones de dignidad y pertenencia dentro del universo de los derechos humanos.

Según la Declaración de Friburgo los derechos culturales serían:

– el derecho a la identidad y al patrimonio cultural, teniendo en cuenta la dimensión ampliada hacia el patrimonio natural.

– el derecho a que se respete nuestra identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión, el derecho a conocer nuestra propia cultura y respetar las demás.

– el derecho a elegir identificarse o no con una o varias comunidades culturales y de modificar esta elección (ampliando hacia el derecho a la disidencia cultural, a la protección frente a la fijación y cosificación de nuestras culturas)

– el derecho a nos ser obligados a identificarnos o a ser asimilados a una comunidad cultural contra nuestra voluntad.

– el derecho a acceder y a participar en la vida cultural: expresarnos en nuestra lengua materna, ejercer prácticas culturales y que sean valoradas, acceder a la producción y difusión de bienes y servicios.

– el derecho a ser libres para desarrollar y compartir conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las diferentes formas de creación y sus beneficios, protegiendo nuestros intereses morales y materiales. Ni qué decir tiene la importancia de este punto en entornos de epistemicidio como lo es la ruralidad española o en entornos de expolio cultural y enorme incidencia del mercado negro de arte, tan profundo en Andalucía vinculado al robo arqueológico.

– junto al derecho a la educación y la formación a lo largo de la vida, el derecho a una educación que contribuya al libre y pleno desarrollo de nuestra identidad cultural, el derecho a ser educados en nuestra lengua materna.

-junto al derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a la libertad de expresión artística, nuestro derecho a la información libre y pluralista, nuestro derecho a acceder a la difusión de información y no sólo a ser receptores pasivos de la misma (fundamental para los procesos de luz de gas que vive, por ejemplo, la España vaciada)

– el derecho a la cooperación cultural, nuestro derecho a ejercer la diplomacia cultural local, a establecer redes de fraternidad así como nuestro derecho a contribuir al desarrollo cultural de nuestras comunidades y a ser tenidos en cuenta respecto a las decisiones que nos conciernen.

Teniendo en cuenta este marco, este paraguas de actuación, vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿para qué hacemos política cultural local? Para contribuir a garantizar la protección de los derechos culturales de nuestras vecinas y vecinos (su felicidad, el bien común, la cohesión social, que nadie se quede atrás).

Por tanto, nos asaltan otro tipo de preguntas que se concentran en un estadio previo al de la pura gestión cultural:

  • nuestra política cultural local, ¿qué clima emocional está propiciando?, ¿está polarizando?, ¿creando, sin querer, algún chivo expiatorio?, ¿generando un clima propicio al encuentro o reforzando el individualismo?, ¿qué atmósfera afectiva genera mi acción cultural local?
  • nuestra política cultural local, ¿qué impacto tiene sobre el espacio público?, ¿lo privatiza, lo amplía, lo parquetematiza o falsifica?
  • nuestra política cultural local, desde la clave de los grupos de poder, ¿a quién está dejando fuera, a quién no ve? Haciendo una etnografía de la invisibilidad como ha bautizado el antropólogo Honorio Velasco, ¿hay colectivos totalmente excluidos de nuestra política cultural local?, ¿manifestaciones culturales, etc? ¿Qué barreras simbólicas, comunicacionales detectamos en nuestra política cultural local, no desde la creación de públicos, sino desde un enfoque de derechos humanos?
  • nuestra política cultural local, ¿cómo está protegiendo el derecho a la creación cultural, el sentido de agencia?, ¿está creando horizontes de pasividad?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del mérito y del reconocimiento está impulsando?, ¿qué merece loa y boato, qué queda excluido de este mérito?, ¿qué decide musealizar y qué no?, callejeros, edificios municipales, premios y museos locales, hijos e hijas predilectos…¿qué está mereciendo mirada?
  • nuestra política cultural local, ¿qué culturas del duelo promueve?, ¿por quién llora el pueblo?, ¿qué vidas merecen luto y cuáles no? Minutos de silencio, crespones, banderas a media asta…¿por quién doblan las campanas en tu pueblo?
  • nuestra política cultural local ¿está respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la cultura?, ¿qué medidas de protección o fomento está desplegando? ¿paga a tiempo, se nos escapa la gratuidad por amor al arte, remuneramos bien? En nuestras políticas locales de empleo y emprendimiento, ¿valoramos la cultura, promovemos y visualizamos otros modelos empresariales, por ejemplo, vinculados a la economía social de la cultura como promueve la Carta cultural iberoamericana?

De lo que se trata, por tanto, es de proteger colectivamente el derecho a definir, a debatir, a la crear la vida cultural en la que nos desenvolvemos, el sentido y el significado profundo de lo que supone el «nosotros», para lo que es fundamental hacer emerger todos estos sobreentendidos, todos estos elementos que se dan por hecho, que son de «sentido común» y que crean la cultura de un pueblo.

Si María Zambrano decía que para construir paz era necesario compartir el pan y la esperanza, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestro radio concreto de acción en la política cultural municipal para que este compartir fuese cierto y contribuir a garantizar desde la cultura el respeto a los derechos humanos?

#GCultural2016: Conclusiones que abren puertas

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“Somos abundantes”,  Juan Espinoza, TELARTES (Bolivia)

“Los procesos de la gestión del arte y de lo cultural son políticos

y contribuyen directamente a validar y postergar ideas respecto a la realidad.”

Laboratorio de arte TETL, Estado de Guerrero (México)

Las imágenes de esta entrada son (homenaje) y propiedad de TETL,  intervención en Zitlala, Lugar de las Estrellas.

Ayer se celebró la Videoconferencia de cierre y conclusiones del I Congreso Online de Gestión Cultural, en la que el equipo organizador impulsado por Ártica Online, junto a Comunicación Abierta, Gestión Cultural UY, Comandante Tom, Aforo Gestión Cultural y Baixa Cultura dieron cabida al proceso reflexivo que ha ido acompañando a las mesas también desde la cobertura colaborativa. Más allá del reconocimiento a la coherencia y generosidad que han sido la tónica general del proceso, en la búsqueda común de los ejes transversales que han ido apareciendo en esta gran conversación internacional con más de 40 ponencias, identificamos entre todxs los siguientes:

  • La relación de la gestión cultural con el actual sistema económico ha sido un bajo continuo a lo largo de todo el congreso, en variadas facetas. Las referencias a la sostenibilidad e independencia de los proyectos, la necesidad de repensar los modelos de financiación, la entrada generalizada de actores privados en dichos procesos de financiación especialmente a través del modelo de patrocinio, han sido algunos de los puntos nodales que impulsaron la reflexión sobre la capacidad de la gestión cultural para afirmar también otras culturas económicas y ensayar nuevos modelos alternativos al paradigma neoliberal. La relación con la economía social y solidaria, las referencias a la economía feminista poniendo en el centro la sostenibilidad y los cuidados así como una reflexión profunda sobre la crisis de los liderazgos desligados y verticales ante modelos que valoren la afectividad, la contestación frente a patrones de consumo alienantes y la potencialidad de la cultura libre han sido algunos de los elementos recurrentes (véanse Preto Café, Ediciones La Terraza, Selma Santiago y los polos creativos en Brasil y un larguísimo etcétera…)

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(Imagen propiedad de Precariedad Guggenheim Museoa)

  • Ante una creciente regresión conservadora a nivel internacional, la capacidad no sólo de disputar las políticas públicas, sino de articular auténticos procesos de incidencia política y legislativa que garanticen la protección de los derechos culturales a nivel internacional. La colaboración y el reconocimiento mutuo Sur-Sur, entendiendo como parte de este Sur global también el Sur de Europa, así como el amor presente en el uso como lengua franca del “portuñol” fueron también líneas clave.

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  • Se identificaron como riesgos tanto la cooptación desmovilizadora por parte de algunas instituciones de aquellas iniciativas culturales que pudieran tener mayor capacidad crítica, así como el peligro de caer como gestores culturales en el ensimismamiento y el uso de narrativas-palabras-fetiche que impidan la auténtica comunicación con las comunidades. También se dio la voz de alarma no sólo sobre la permanencia de la brecha digital, sino también de la creciente distancia entre la Academia y la gestión cultural de base.
  • Por último, se hizo referencia también a la reflexión permanente durante el Congreso sobre la identidad, ya fuese a través de procesos de empoderamiento identitario, a través de las múltiples conversaciones sobre la construcción de la periferia (geográfica, cultural, simbólica y los retos de habitar) o a través de los procesos que abre la construcción de una identidad común más allá de la vinculación territorial (procesos migratorios).

Ante el cierre de esta Sur-Conversación-Transoceánica-EnPortuñol que nos ha unido alrededor de la hoguera común de la cultura, sólo me quedan dos cosas: enviar un abrazo cómplice a los compañeros mexicanos (estamos aquí, porque somos ustedes) y la mayor gratitud al equipo organizador por crear lazos con futuro que abren puertas.

#GCultural2016: A vueltas con la accesibilidad: innovación social y cultura libre

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A propósito de la experiencia de Gabriela Giurlani en su trabajo con artistas y escritores con discapacidad, y sin duda impulsada por la reflexión de Daniel Daza referente a los procesos de creación de redes libres, abiertas y comunitarias (ambas presentadas al I Congreso de Gestión Cultural Online), se entrelazan dentro de mí algunas cuestiones sobre la accesibilidad cultural.

Junto a otros elementos clave que configuran lo que denominamos accesibilidad cultural y que ponen sobre la mesa factores económicos, geográficos, de distribución del tiempo o de impacto de las barreras subjetivas, me interesa en este momento detenerme sobre la accesibilidad cultural de las personas con diversidad funcional.

En España, más allá de lo que aguante el papel en la «Estrategia integral española de cultura para todos», encontramos muy pocos proyectos de política cultural pública vinculados a este tema. Las (muy necesarias) Jornadas estatales sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas, que como su nombre indica, tienen carácter sectorial y no cubren el resto de las manifestaciones artísticas ni la pluralidad de espacios de creación, así como el programa estatal “Teatro accesible” que, en la actualidad, está siendo desarrollado por la Fundación Vodafone. Si bien la reflexión sobre la accesibilidad física y la eliminación de barreras arquitectónicas de los espacios culturales  ha sido más desarrollada, fuera de las organizaciones y fundaciones especializadas en el sector de la discapacidad, aún existe muy poca información y formación (y muy pocos recursos económicos) relativos a la superación de otro tipo de barreras de acceso.

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Siguiendo la línea reflexiva que se está articulando en el Congreso relacionada con la capacidad de la cultura libre para contribuir a impulsar un nuevo sistema económico, así como con nuestra capacidad como gestores para lograr que se reconozca la accesibilidad de la cultura como valor medible de retorno social, me planteo algunas cuestiones:

  • Algunos espacios post-15M que centraron su acción sobre los derechos de las personas con diversidad funcional ya ensayaron fórmulas en las que, a través del diálogo y el vínculo con la cultura maker y el diseño universal, utilizaron los espacios de innovación ciudadana y los labs que empezaban a crearse al servicio de la creación de herramientas tecnológicas que facilitaban tanto la vida cotidiana como la accesibilidad cultural de las personas con diversidad funcional. ¿Qué pasaría si esta fuese una línea de trabajo a impulsar horizontal e institucionalmente en todos los Labs ya creados?, ¿qué pasaría si las alternativas que definen a la cultura libre se aplicasen de modo sistemático al sector de la innovación social y se impulsasen desde lo público, frente a los riesgos de la cooptación neoliberal que hoy enfrenta? “Ser hecho por uno mismo, el control sobre el acceso al código, a estudiarlo, modificarlo, compartir las mejoras de cualquier creación”.
  • Las fundaciones privadas o subvencionadas que hoy se ocupan del desarrollo de tecnologías de apoyo en el sector cultural, ¿qué criterios siguen en relación con las patentes?, ¿comercializan de forma privada después estos desarrollos?, ¿la política de precios de los mismos los vuelve accesibles a toda la ciudadanía afectada?, ¿nuestros organismos culturales públicos han incorporado ya cláusulas específicas en los pliegos de contratación que puntúen la garantía de accesibilidad en espacios y espectáculos?
  • ¿Por qué la cultura libre no está reivindicando el papel protagonista que le correspondería en el sector de la accesibilidad cultural?, ¿por qué colectivamente estamos realizando esta dejación de funciones a favor de las fundaciones y el sector privado? ¿Qué relación mantenemos sectorialmente con la innovación y el emprendimiento social?
  • Más allá del acceso como espectadores o usuarios, ¿qué políticas culturales estamos desarrollando para garantizar los derechos como creadores de las personas con diversidad funcional? En nuestros circuitos y programaciones, ¿está incorporada esta mirada?

Sin duda, junto al seguimiento y la exigencia de cumplimiento y transparencia relativos a la aplicación de la «Estrategia integral española de cultura para todos» y la deseable mayor apertura, dinamismo y relación con la sociedad del Foro de Cultura Inclusiva, éstas son líneas de desarrollo pendientes para la gestión cultural pública.

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Bailar con las manos atadas: Régimen Local y políticas culturales en España

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Principio de subsidiariedad: ningún servicio público que pueda residir en un nivel cercano de la Administración debe quedar en otro más lejano.

 

En vísperas de la primera gran conferencia internacional tras la aprobación de la Agenda 2030, Hábitat 3, que se celebrará durante el mes de octubre y en la que se debatirán las nuevas líneas de actuación mundiales en materia de desarrollo urbano sostenible, llama la atención no sólo el silencio mediático en nuestro país al respecto, sino el silencio aún más sorprendente por parte de gran parte del municipalismo español.

La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales está desarrollando una importante labor de presión frente a la ONU para lograr que se tenga en cuenta como interlocutores tanto a las propias ciudades como a las organizaciones territoriales del nivel local, así como está haciendo suya la defensa de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura como eje clave para el desarrollo urbano sostenible.

Sorprende, como decía, el silencio de gran parte del municipalismo español, como si aún no fuese consciente del desequilibrio que existe entre los diferentes niveles de gobernanza, así como si no se creyese demasiado, más allá de fórmulas huecas o fogonazos mediáticos, el papel fundamental que juega la cultura para la profundización democrática así como el protagonismo clave que tienen los gobiernos locales en la propia defensa de los derechos culturales en España.

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Jordi Font, en su lúcido análisis “Radiografía de la política cultural local” nos alerta sobre el estancamiento competencial, legal y financiero en el que se ha situado al régimen local en materia de cultura sin que se esté dando batalla alguna al respecto.

Mientras que el gasto público en España se sitúa, con pocas variaciones, en porcentajes del 57% para la Administración Central, 30% para el nivel autonómico y 13% para la Administración Local, si llevamos nuestra atención al gasto público en materia de cultura nos encontramos ante el hecho de que la Administración Central dedica un 0,5% de su presupuesto a cultura, un 4% la Administración autonómica y un 8% la Administración Local, siendo esta última la que cuenta con menor definición (y por tanto mayor vaguedad) de competencias. Sin embargo, una mirada rápida a nuestro país nos confronta con la realidad de que es la Administración Local la que se hace cargo de la mayor parte de los servicios culturales en España.

Por tanto ambigüedad competencial, financiación estancada…pero también interlocución de “segunda categoría”. ¿No resulta paradójico que quienes están afrontando el mayor peso de la política cultural en nuestro país, el nivel municipal, no formen parte de la Conferencia Sectorial de Cultura? La Conferencia, nacida como el órgano de cooperación con las comunidades autónomas en materia de cultura, llamada a buscar la coherencia y la colaboración entre los diferentes organismos, así como la búsqueda de una cierta armonización legal, no sólo no reconoce en su reglamento ningún papel orgánico al nivel local, sino que, en el caso de darse algún debate (en las dos reuniones contempladas por año, por cierto) sólo prevé la invitación de alguna de las asociaciones de entidades locales con mayor implantación, sin dejar claro en absoluto si se les reconocería más allá de la voz el voto.

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A todas luces, y no sólo en cultura, es éste un debate permanentemente aplazado y no considerado urgente, dado que traería consigo una reflexión profunda sobre el actual Régimen Local en nuestro país y la necesidad de afrontar un proceso de reequilibrio hacia la Administración Local que en tiempos como los actuales de pura crisis de régimen, no toca.

Me pregunto también si el triunfo del paradigma neoliberal en gestión cultural y la implantación de las lógicas de “marca territorio” y city branding, con las estrategias de diferenciación y posicionamiento asociadas a las mismas, no están impidiendo de alguna manera a nuestros gobiernos locales reconocerse en una problemática común que les permitiese unificar voces y hacer valer su protagonismo como interlocutores clave en materia de política cultural en nuestro país y que les llevase a reivindicar como gobiernos locales la importancia de garantizar el principio de subsidiariedad  en España.