Derechos culturales

¿El mecenazgo como panacea?: derechos culturales, desequilibrios territoriales y financiación

Estefanía Rodero 2 comentarios

En los últimos cinco años se han sucedido en nuestro país diversos análisis y grupos de trabajo que han tratado de poner la actual problemática sobre financiación cultural y de las artes en el centro del debate público. Si bien en los medios de comunicación la cuestión se ha circunscrito a la movilización alrededor del IVA cultural y desde el propio sector profesional (envidiando la vivacidad que Los Intermitentes tuvieron en Francia) se está haciendo un esfuerzo ingente por visibilizar la precariedad laboral de los trabajadores culturales, los efectos de la subcontratación abusiva así como la falta de transparencia y prácticas de corrupción política que han jalonado el empleo cultural en la última década, la poderosa retórica de la “solución público-privada” y el maná que llegará al sector a través del mecenazgo lo va inundando todo. Si, como ha afirmado el ministro Méndez de Vigo, la Nueva Ley de Mecenazgo, será la principal línea estratégica en materia de cultura del gobierno, será interesante detenernos en una perspectiva comparada de experiencias para abordar con el suficiente rigor este futuro debate.

Más allá del análisis de experiencias de éxito concretas en el campo del mecenazgo cultural y más allá también (especialmente en el ámbito municipal) de la necesidad de clarificar los límites entre patrocinio y mecenazgo y prevenir a través de rigurosos controles de transparencia posibles usos clientelares del mismo, ¿sobre qué certezas se está apoyando este cambio discursivo desde la concepción de la cultura como un servicio público a la lógica de la esponsorización? ¿Qué prácticas serían susceptibles de mecenazgo y en cuáles se está contribuyendo a reforzar la dejación de competencias públicas (dos ejemplos para el debate: la presencia de marcas en el centenario de Buero Vallejo y la financiación de la digitalización del archivo Miguel Delibes) Y en otro nivel: si el marco internacional en materia cultural avanza irremediablemente hacia el paradigma del fomento de la diversidad cultural y la consolidación de los derechos culturales en el marco de los derechos humanos, ¿España puede abordar el debate sobre financiación cultural al margen de este contexto internacional?

En el estudio comparativo realizado por Enrique Bustamante, España: la cultura en tiempos de crisis,  sobre los efectos del mecenazgo en Francia y Brasil y tras citar a Mulcahy “Una esfera cultural predominantemente privatizada está menos dispuesta a plantearse cuestiones sobre la diversidad estética, la accesibilidad pública y la representatividad cultural” se constata que:

  • Las donaciones culturales por parte de las marcas, atendiendo a criterios de visibilidad e impacto, tienden a concentrarse tanto en las grandes instituciones (precisamente aquellas que cuentan con una mayor dotación y seguridad presupuestaria pública) como en eventos puntuales que refuerzan, frente a paradigmas de creación de nuevos públicos o democratización en la accesibilidad, lógicas de espectacularización de la cultura.

 

  • En el caso francés se vivieron dos graves desequilibrios: el territorial, aglutinando las experiencias de mecenazgo cultural en la capital dado que garantizaba una mayor visibilidad mediática; el sectorial, marginando sectores como los espectáculos en vivo o la creación contemporánea.

 

  • En el caso del mecenazgo brasileño, la famosa Ley Rouanet, planteado como el gran modelo de éxito iberoamericano y a pesar de la creación de la Comisión Nacional de Incentivo Cultural que trataba de paliar el efecto de los desequilibrios territoriales, en palabras del ministro Juca Ferreira:

“generó concentración porque el 90% del presupuesto se quedó en Minas Gerais, el 80% en Río y São Paulo, el sudeste más desarrollado del país, y de ese 80%, un 60% va a parar a dos ciudades: Río de Janeiro y São Paulo y dentro de esas ciudades son siempre los mismos. ¿Quiénes? Aprobamos decenas de millares de proyectos y los departamentos de márketing de las empresas son los que deciden. Y los que eligen son aquellos que benefician a la imagen de la empresa y a los artistas que menos necesidades tienen, lo que supone un refuerzo de la desigualdad. Y además casi el 100% del dinero es público, un dinero público que se decide con criterios privados. No tiene futuro esa ley, yo la llamo el huevo de la serpiente en Brasil. Tiene una cara muy impresionante, pero un interior… Y además no ha creado mecenazgo en estos 20 años, si el dinero es público, no es mecenazgo.”

En otro interesante análisis comparado, El modelo español de financiación de las artes y la cultura en el contexto europeo, de Juan Arturo Rubio, Joaquim Rius y Santi Martinez tras analizar las experiencias de mecenazgo en EEUU, Reino Unido y Francia, y una vez más alertando sobre las pautas de fuerte concentración de las donaciones en determinados territorios y  grandes instituciones, se apuntan nuevos efectos a tener en cuenta:

  • Con motivo de la crisis económica, las aportaciones privadas a la cultura han vivido un importante descenso en todos los países y modelos observados, incluyendo los que cuentan con una sólida tradición y trayectoria de mecenazgo privado.
  • Las organizaciones y sistemas culturales más dependientes de esta vía de financiación sufrieron los efectos de los recortes de forma más prematura e intensa que los más dependientes de financiación pública.

Ante estas experiencias internacionales y teniendo en cuenta el debate que tendremos que afrontar en España si realmente se va a avanzar en una Ley de Mecenazgo, quizá sería interesante delimitar algunos ejes fundamentales que tendrán que estar presentes en su articulación:

  • De modo previo al debate sobre modelos de financiación cultural habría que afrontar, tanto por los compromisos internacionales suscritos por España como por mandato constitucional, cómo se va a garantizar en nuestro país la protección de los derechos culturales de toda la ciudadanía española y la igualdad en el acceso a la participación cultural. Sería desde este paradigma, al que ya se ha sumado a través de diferentes tratados y convenciones nuestro país, desde el que se podrían abordar con rigor las necesidades financieras que permitieran avanzar en el cumplimiento de dichos derechos y prevenir las desigualdades en el acceso a la cultura.
  • Si ha sido el nivel local el que, frente a los recortes presupuestarios en materia cultural, ha ejercido el papel de barrera de contención, un debate serio sobre una futura Ley de Mecenazgo, no podría ni invisibilizar ni suplantar la urgente rearticulación del sistema público cultural y la dotación de competencias y recursos a favor del Régimen Local.
  • La cultura, entre otras dimensiones, es un servicio público y como tal ha de tener garantizada una dotación presupuestaria que permita su prestación. El mecenazgo cultural no debería justificar en ninguna circunstancia acciones de recorte presupuestario encubierto.
  • Si las experiencias internacionales nos alertan sobre los efectos de concentración territorial de las donaciones culturales, ¿qué elementos y acciones se implementarían para proceder a una redistribución tanto temática como geográfica de las mismas? Ante el enorme desequilibrio territorial y demográfico que vive España, ¿qué efectos podría tener dicha Ley sobre los derechos culturales de la ciudadanía de la España rural? ¿Cómo se articularán medidas compensatorias para la protección de la cultura rural ante el previsible desequilibrio centralista?
  • ¿Qué papel jugarán, como propone de nuevo Enrique Bustamante, las aportaciones del mecenazgo social?:

Fomento del mecenazgo social: El mecenazgo puede y debería ser, más aun en tiempos de crisis fiscal, una gran herramienta de fomento y apoyo de la actividad cultural. A condición de que lo público, una agencia pública e independiente a ser posible, lo mida, gestione y oriente. Una nueva ley de Mecenazgo, exclusiva para el campo cultural (separada del resto de la “charity”), debería en ese sentido graduar sus desgravaciones y deducciones, desde las actuales cotas ya citadas hasta el 30 -70 % según criterios y labels precisos, públicos y transparentes: primando a los proyectos que promocionen la diversidad cultural interna y en cooperación con terceras culturas, a las obras y empresas que se adecuen a los planes estratégicos nacionales o sectoriales, a los trabajos articulados entre lo público y lo privado, a las donaciones privadas o de microfunding (por Internet, o no).

Estos serán algunos de los elementos clave sobre los que tendremos que debatir y profundizar para afrontar con garantías las tensiones que plantea la financiación cultural en España.

 

De las identidades sofocantes: sobre las prioridades de la Biblioteca Digital de Castilla y León

Estefanía Rodero Deja un comentario

En un artículo del académico Antonio Niño, Uso y abuso de las relaciones culturales en política internacional, si bien en relación con la construcción de las identidades e “imágenes oficiales” nacionales, se desliza una reflexión importante que explica gran parte de los sesgos que aún hoy sufren las políticas culturales oficiales en Castilla y León:

“Si cambiamos el prisma y fijamos nuestra atención en la imagen del propio grupo que se intenta proyectar, encontraremos la visión que se construye de la comunidad nacional para ser mostrada. Una imagen oficial elaborada con elementos debidamente seleccionados y que, inevitablemente, se inspira ella misma de una memoria colectiva convencional, es decir, en la imagen dominante que la colectividad elabora de sí misma. Esta perspectiva ha sido hasta ahora poco explorada: la definición que esas políticas transmiten de identidad cultural de las sociedades, una identidad definida desde el aparato del Estado y proyectada al exterior como en un escaparate. Si la definición cultural constituye uno de los fundamentos de las identidades nacionales, la selección que los Estados hacen de los rasgos culturales que conviene exportar puede ser una vía original para explorar cómo los Estados construyen hacia el exterior una representación de la propia comunidad.”

El cuestionamiento de Niño sobre los criterios de selección de los rasgos culturales identitarios que representan a una comunidad tomó plena consistencia para mí en relación a una de las últimas medidas llevadas a cabo en las políticas culturales castellano-leonesas, concretamente alrededor de su política bibliotecaria.

Si acogimos con alegría la más que interesante y necesaria puesta en marcha de la Biblioteca Digital de Castilla y León, contemplada en la Primera Fase 2008-2010 del Plan de Lectura para la comunidad, no es menos cierto que algunos de los criterios que se han seguido para su desarrollo merecen, al menos, un análisis sosegado.

 

 

Entre los objetivos que persigue la Biblioteca Digital de Castilla y León, por la importancia social y política que lleva implícita la construcción y proyección de una identidad destaca el siguiente:

“Contribuir al conocimiento e investigación de la cultura, la historia y la lengua y los restantes aspectos constitutivos de la identidad de Castilla y León mediante el acceso a las obras digitalizadas o editadas en formato digital que constituyen la colección de recursos de la BDCYL.” (subrayado personal)

Al hilo de esta declaración de intenciones, no deja de sorprender qué elementos ha seleccionado la Junta de Castilla y León como constitutivos de nuestra común identidad castellano-leonesa y qué aspectos, efemérides, acontecimientos del pasado ocupan su mirada, se destacan y reseñan para construir discursivamente «lo que es remarcable». Más allá del innegable trabajo de digitalización documental y avance en el acceso abierto al conocimiento, la prioridad en la creación de colecciones en la Biblioteca Digital en este periodo ha estado marcada por la creación de la Biblioteca Digital Taurina, la de la Biblioteca Digital Teresiana y Religiosam Vitam: 800 años con los dominicos.

Es en el ámbito de las políticas culturales en el que con más nitidez se refleja la indisoluble intrincación entre las estructuras de poder y la necesidad de relatos que las legitimen, perpetúen y sostengan.

Si bien son muchas las voces que desde Castilla y León están llamando la atención sobre el peso sofocante que la identidad de cuño nacional-católico heredada del franquismo sigue teniendo aún hoy en la cultura oficial de este territorio, sorprende también nuestra tibieza desde la sociedad civil para articular un debate social en el que planteásemos realmente cuáles son los aspectos constitutivos de la identidad como comunidad, qué papel queremos jugar culturalmente ante la actual crisis territorial del Estado y qué engarces se están dando entre el actual discurso cultural promovido por la Junta y el desmantelamiento por emigración juvenil y desvertebración territorial que sufrimos cada día.

Al hilo de la selección institucional de la tauromaquia y la religión católica como señas de identidad centrales de lo castellano-leonés, también cabría preguntarnos qué criterios se han seguido para que dicha selección temática haya sido prioritaria y dónde se explicitan. Ante la plausible respuesta de las sinergias ante el marco del Año Teresiano o la posible búsqueda de efecto de difusión internacional de la imagen de Castilla y León apoyándose en el impacto que dichas colecciones pudiesen tener entre las comunidades teresianas y dominicas también internacionales, ¿de verdad podemos permitirnos sin escándalo seguir con esta capitalización identitaria de lo castellano-leonés vinculado a los intereses de la Iglesia Católica?

En una comunidad autonóma con, entre otros, como comentábamos hace unas semanas, un notable déficit de bibliotecas rurales e índices de lectura preocupantes, ¿para quién era una prioridad cultural de primer orden el impulso de estas colecciones?

Por una narrativa política de la vulnerabilidad: enfermedad mental, dolor y democracia.

Estefanía Rodero 4 comentarios

(Gracias a Mad In América para el mundo hispanohablante por haberse hecho eco de este artículo, 03/05/2017)

«Somos delicados como corazones de insectos.»

Maga

Hay revoluciones que, por disputar discursos y darse en espacios históricamente silenciados, quedan fuera de foco y a las que se impide que sus avances para la autonomía de todos y su conocimiento de nuevas estrategias y planteamientos fortalezca, nutra y dialogue con el conjunto de la sociedad. En los últimos años y a nivel internacional se está viviendo un cambio de paradigma clave en el campo de la salud mental basado en el reconocimiento de la vulnerabilidad como fortaleza discursiva y en la denuncia de los procesos a través de los cuáles este obvio elemento constitutivo de lo humano ha sido excluido de nuestro sistema político y económico. La irrupción de enfoques democratizadores, con protagonismo comunitario de las personas con enfermedad mental y en claro diálogo con la autogestión y la economía social es una respuesta de empoderamiento constante frente a la imposición del modelo transnacional farmacéutico.

Si existe un campo en el que históricamente se incardinen las relaciones entre lenguaje, pertenencia y poder y en el que se hayan hecho cuerpo todas las definiciones plausibles de control y violencia, ése es el campo de definición de la enfermedad mental. La negación de la pertenencia, los mecanismos del encierro (real o simbólico), la señalética social por la que se construye el estigma, la reducción al silencio, la pretensión de objetividad o la reducción de la experiencia al monólogo ajeno a la comunidad han sido las formas de violencia a través de las que se ha ejercido el control político imponiendo un modelo autoritario y jerárquico basado en la cosificación de la experiencia humana, la negación de la igualdad y el estatuto de ciudadanía de las personas con enfermedad mental. En el pensamiento occidental, aún nos quedaría un fértil terreno de estudio comparado -y no por casualidad- sobre la similitud de la construcción social de la locura y la disidencia política.

En la necesidad de nuestras democracias de realizar, como señaló Foucault, una “arqueología del silencio”, desde los nuevos paradigmas de salud mental se nos está recordando insistentemente el carácter estigmatizador y antidemocrático de los relatos impuestos desde la Academia y los medios de comunicación, el peso demoledor que el discurso de la “neutralidad del saber científico” está teniendo a la hora de revelar el entramado económico y los intereses de la industria que circundan los abordajes médicos de la enfermedad mental , así como la dificultad para que se abran paso, ante la hegemonía del modelo biologicista y la intervención farmacológica descontextualizada, otros enfoques, modelos comunitarios y experiencias que, desde el abordaje psicoterapéutico, están demostrando mejoras significativas sobre el bienestar personal y colectivo en materia de salud mental.

Muchas de estas experiencias, como el documental  que recoge la historia en primera persona de la escritora estadounidense Joanne Greenberg, o la difusión del renombrado abordaje de la enfermedad mental desarrollado en hospitales finlandeses Open Dialogue están encontrando en la cultura libre, el apoyo audiovisual y el trabajo internacional en red aliados clave para la socialización de “maneras otras” de construir salud mental. Si como afirma una canción del grupo Maga, “somos delicados como corazones de insectos”, quizá una de las preguntas más importantes que tengamos que afrontar colectivamente ante la actual crisis política y de significado global sea cómo construir sociedades (y organizaciones) que no huyan de su propio dolor y en las que la vulnerabilidad, de un modo seguro e inclusivo, pueda formar parte.

Si bien en el mundo de habla hispana han sido las radios comunitarias como la argentina Radio Colifata o la española Radio Nikosia las que han puesto en el centro el poder de la autogestión en el diálogo social con la enfermedad mental, desde los Países Bajos y el espacio anglosajón, destaca la experiencia del Movimiento internacional Intervoice. El inteligentísimo “caballo de Troya” que supuso la intervención en 2013 de Eleanor Longden en TED, contrastando desde la vivencia personal y familiar de la esquizofrenia, la definición social del éxito que niega y se muestra incapaz de afrontar la realidad humana del trauma, permitió visibilizar con gran fuerza la experiencia en red que estaba desarrollando este movimiento.

Una de las claves que caracteriza a Intervoice, junto a la defensa permanente de los derechos humanos en el campo de la salud mental, es su manera de abordar el papel del contexto. Como comparte la rama española Entrevoces, nacida del 7º Congreso Mundial  de la Red celebrado en Alcalá de Henares en 2015 :

“La salud mental no es una isla al margen de la realidad (…) Pensar la salud mental exige por tanto pensar el contexto, hacerlo a nivel global y a nivel local. De lo contrario, si concebimos el dolor de cada cual como una parcela aislada, nos encontraremos validando el mundo que ya conocemos y en el que muchos de nosotros enfermamos o enloquecimos: uno donde se ofrecen soluciones privadas para procesos colectivos, el sálvese quien pueda de este capitalismo tardío que habitamos (…) Partimos del reconocimiento de algo evidente: estamos sumergidos en la precariedad. Cada vez son más los aspectos de la vida que se sitúan (con mayor o menor violencia) fuera del control de las personas. Sean recursos o afectos. La precariedad nos separa y sabotea la comunicación. Hay una conexión directa entre el hecho de que se construyan barrios sin plazas donde los vecinos puedan encontrarse y el que las consultas psiquiátricas se hayan convertido en dispensadores unidireccionales de psicofármacos. Ambas cosas son signos de nuestro tiempo, un tiempo donde nadie escucha a nadie y además se nos presenta como si fuera algo normal o natural.”

En la misma dirección están apuntando los impulsores de “La revolución delirante” que desde Valladolid, también están abordando una relación no jerárquica con la locura (eligen denominarla así frente a  “enfermedad mental”) y  favoreciendo un compromiso social y crítico con el entorno.

 

Frente a todo ello y a nivel político y social esta revolución de lo vulnerable nos está planteando algunas preguntas importantes:

  • Ante la actual crisis internacional de retroceso democrático la mayor parte de análisis están privilegiando el papel que está jugando el miedo en la creciente ola autoritaria frente a la urgente reflexión y acción colectiva que deberíamos estar desplegando sobre la vivencia del DOLOR en nuestras sociedades. La pérdida de certezas y rituales compartidos ante el dolor que procuraban las religiones, una crisis global de las definiciones de masculinidad en la que aún no hemos abordado colectivamente el peso que la negación y prohibición de la expresión social del sufrimiento impuesta por el patriarcado a los hombres ha tenido en la legitimación social de las respuestas violentas, así como el cóctel molotov que a estos dos factores incluye una cultura del capitalismo tardío basada en el aislamiento y el éxito competitivo, deberían llevarnos a cuestionar con urgencia nuestra manera de afrontar el dolor social.

 

  • Frente a la huída a la “seguridad del pasado” que el nuevo autoritarismo está ofreciendo como respuesta al dolor (huída sostenida, por cierto, sobre representantes de masculinidades que se creían en retroceso) y frente a la huída narcótica del sufrimiento que sostiene el propio neoliberalismo, ¿cómo construimos alternativas que INCLUYAN CON DIGNIDAD la experiencia del trauma, personal y colectivo, del dolor y la multiplicidad de sus expresiones en nuestras sociedades antes de que vuelvan a ser empujadas a los márgenes?

 

  • ¿No deberíamos estar hablando sobre cómo generar nuevas narrativas que frente a modelos de acción política aún muy lastrados por la visión judeocristiana que propugnan el sacrificio, la resistencia pasiva o activa o la heroicidad hipermasculinizada como valores superiores, integrasen la humanísima realidad de nuestra vulnerabilidad y se preguntasen por la manera en la que vivimos el dolor en nuestras organizaciones y sociedades?

 

  • ¿No podríamos rendirnos ante la evidencia de que la terca exclusión de nuestra necesidad de vivir, dar sentido y expresar nuestro dolor en común esté poniendo en riesgo nuestras democracias?

España ante el decenio internacional de los afrodescendientes (2015-2024)

Estefanía Rodero Deja un comentario

(Imagen del fotógrafo nigeriano Emeka Okereke)

La Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que España forma parte, aprobó declarar el decenio 2015-2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes con el fin de visibilizar la desigualdad aún presente a nivel internacional que sufren las personas de ascendencia africana, así como para promover tanto el conocimiento y respeto a la diversidad de su herencia y culturas y lograr su plena e igualitaria participación. Aunque los primeros actos institucionales relacionados con la afrodescendencia en España han venido prioritariamente de la mano del sector de la cooperación y la AECID cabe preguntarnos, ¿qué diálogo está estableciendo nuestro país con su propia herencia africana y qué reconocimiento está dando a sus afrodescendientes y su propia historia? Se corre el riesgo de que la celebración de esta década se conceptualice, en un país separado por apenas 14 kilómetros del continente africano, como algo ajeno a la realidad político-social española, sofocando importantes debates pendientes como lo es, bajo el peso de la construcción de una interesada identidad hegemónica, el propio desconocimiento de la diversidad de nuestra historia  o la nefasta gestión de nuestra propia post-colonialidad.

Experiencias como las desarrolladas por la organización colombiana Manos Visibles alrededor de la Diáspora africana, están marcando el paso en el espacio iberoamericano y poniendo el foco sobre la necesidad de construir nuevas narrativas y afrontar la tarea política de incidir sobre los imaginarios limitantes en torno a los grupos étnicos, no sólo desde la reivindicación de las raíces y la descendencia africana, sino desde la construcción de redes que superen el nivel nacional. De igual manera, en España, aún con poco apoyo mediático (qué haríamos sin Chema Caballero en este país…), se van proponiendo desde la sociedad civil reflexiones de calado:

  • Si una de las líneas de actuación del Decenio es la implementación de programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, las organizaciones afrodescendientes en España plantean la urgencia no sólo del cierre de los CIEs, sino de afrontar el racismo policial y sanitario enraizados en nuestro país, así como exigir una política de fronteras que respete la legalidad internacional y la declaración de los derechos humanos.

 

  • También se está pidiendo, de una vez por todas, llevar a la agenda estatal el debate sobre la profundización democrática y los sesgos raciales que a día de hoy siguen presentes en la democracia española y su sistema de partidos. La falta de representatividad política de las comunidades afrodescendientes en nuestro país o la cooptación de caras visibles por parte de los partidos sin incorporar también las demandas colectivas que representan dichos líderes sociales son algunos temas pendientes.

 

  • En relación con nuestras políticas educativas, más allá de la actual invisibilización de las aportaciones africanas en todos los campos del conocimiento, se están poniendo sobre la mesa algunos ejes de trabajo clave: ¿cómo se está estudiando a día de hoy en nuestro sistema educativo el colonialismo español?, ¿se trabaja en nuestras clases de historia?, ¿la historia conjunta con Guinea Ecuatorial, Marruecos, Sahara cómo está siendo transmitida y elaborada?, ¿qué voces son incorporadas al relato? ¿Por qué, a pesar de la aprobación de diferentes Propuestas No de Ley, el 25 de marzo, Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud, no genera actividades memoriales, educativas o de reflexión en nuestros centros educativos como sí lo hacen otras fechas aprobadas por la ONU? En relación con nuestro sistema universitario: ¿no sorprende, dado el grado de cercanía geográfica, el peso marginal que aún tiene la Africología en nuestros estudios superiores?, ¿es posible seguir manteniendo este grado de eurocentrismo a la hora de abordar desde España nuestros estudios culturales?

 

  • La comunidad afrodescendiente en España está señalando también el profundo racismo que aún destila nuestra producción cultural y que se mueve en tres líneas: el mantenimiento de los estereotipos coloniales, “dulcificados” por el paso del tiempo pero de raíz profundamente racista (véanse las representaciones de la “negritud” cada 5 de enero…), la identificación de la africanidad con la pobreza y la “necesidad” de ayuda, que construye la imagen continental desde los gabinetes de comunicación de las grandes ONGs estadounidenses o europeas y la folklorización/exotización que sofoca la visibilidad de las aportaciones contemporáneas de la creación africana y sus políticas culturales en todos los campos. Aprovechar desde España este Decenio para apoyar iniciativas comunicativas que se hacen eco de dicha contemporaneidad (como Afribuku o Wiriko) o generar líneas institucionales de apoyo a la bibliodiversidad sensibles a la creatividad afrodescendiente y su representación simbólica en todos los campos (como la experiencia de PotoPoto en el campo del álbum ilustrado infantil) podrían ser líneas de actuación sencillas pero eficaces para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Decenio.

  • Junto a todo ello, la aprobación de la Ley Integral contra el racismo que viene demandando la comunidad de ascendencia africana en nuestro país sería, sin duda, el mayor avance que podría darse aprovechando la sinergia internacional, posicionando en la agenda mediática estatal los puntos señalados y contribuyendo a un debate rico y abierto sobre nuestras propias diversidades y la multiplicidad de nuestras herencias.

Desde el sector profesional tenemos por delante un interesante camino desmontando nuestra parte de responsabilidad en la perpetuación de estereotipos, así como nos corresponde ser un aliado natural de la comunidad afrodescendiente española acompañando desde las políticas culturales su reivindicación de mayor protagonismo, representatividad y reconocimiento.

 

 

 

 

Por una declaración de amor a las bibliotecas rurales

Estefanía Rodero 2 comentarios

(Imágenes pertenecientes a la intervención artística en los bibliobuses

colombianos de Diana Arias Zué)

En La larga travesía de los libros, reportaje que Televisión Española ha dedicado al trabajo que realizan los bibliobuses en el medio rural castellano-leonés, se repiten como un leitmotiv algunas reflexiones: el vínculo emocional generado en los pueblos con este servicio de biblioteca, la importancia que tiene el trato humano en la mediación lectora, especialmente con la gente más mayor y los riesgos del aislamiento progresivo ante el avance de la despoblación. También sabemos que los centros coordinadores provinciales de bibliotecas, que dependen de las diputaciones, han sido uno de los ámbitos (junto al resto de intervenciones culturales en el medio rural) que más ha sufrido la política de recortes así como los bibliotecarios en ruta aún están peleando por el reconocimiento de la categoría profesional de las funciones que realmente desempeñan. No es casualidad que la Asociación estatal de bibliotecas móviles iniciase su andadura en Castilla y León ni que esta comunidad sea uno de sus ámbitos de referencia.

Si, como recoge el II Plan de Lectura de la Comunidad de Castilla y León 2016-2020, “el porcentaje de lectores de las capitales de provincia es del 62,4%, mientras que en los municipios de hasta 2000 habitantes es del 43% lo que supone una diferencia de 19,4 puntos porcentuales”; y si ya en la Ley de Desarrollo Sostenible del medio rural se recogía

«Artículo 29. Cultura.

Con el objetivo de permitir el mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima en el medio rural, el Programa podrá contener medidas que tengan por objeto: a) Crear redes de espacios culturales, que, reutilizando el patrimonio arquitectónico existente, garanticen la infraestructura para su desarrollo con la mayor polivalencia posible, la dimensión adecuada para garantizar su sostenimiento y su accesibilidad; b) Impulsar planes de actividades culturales por zona rural, favoreciendo la participación y la iniciativa de todo tipo de entidades privadas; c) Dotar a los municipios rurales de bibliotecas públicas; d) Proteger el patrimonio histórico-artístico ubicado en los municipios rurales y fomentar su mantenimiento y restauración adecuados.»

estableciendo como un eje de acción prioritario dotar a los municipios rurales de bibliotecas públicas, ¿no deberíamos  profundizar en el debate sobre cómo compaginar mejor los servicios de biblioteca móvil con la consolidación paulatina de servicios bibliotecarios fijos en nuestro medio rural?

Durante los años 80, con el auge del paradigma cultural de la animación socio-comunitaria, fueron muchos los pequeños ayuntamientos y asociaciones culturales o vecinales rurales quienes impulsaron la adecuación de espacios y la compra progresiva de ejemplares para dotarse de pequeñas bibliotecas. Existen en muchos de nuestros pueblos espacios ya habilitados pidiendo a gritos actualización, asesoramiento experto, mirada y dinamización. Junto a la visita mensual que realizan los bibliobuses a nuestros pueblos, si realmente queremos revertir la diferencia porcentual de lectores entre las capitales de provincia y el medio rural, deberíamos tener en cuenta el papel central que pueden jugar las bibliotecas rurales en el día a día. No sólo son espacios de promoción lectora, también son un referente de dinamización comunitaria, un espacio de formación permanente, un punto de información y acceso tecnológico y un eje clave de identidad. La peligrosa deriva por la que se están imponiendo en Castilla y León como “medidas de éxito” acciones que dejan las políticas culturales y bibliotecarias rurales en manos de programas de voluntariado, enmascarando recortes y actuaciones de corte neoliberal, sin planificación a medio y largo plazo ni contratación de los profesionales necesarios que podrían implementar con seriedad las acciones de desarrollo cultural rural, dan cuenta de la urgencia de la intervención que está necesitando el sector.

De nuevo remitiéndonos al II Plan de Lectura de Castilla y León relativo a las acciones para el medio rural surgen al menos algunas preguntas: más allá del “estudio de los perfiles de los usuarios” o “recabar información sobre asociaciones y colectivos que existan en la localidad”, “seguir trabajando en el ámbito familiar”, ¿qué medidas concretas se proponen en Castilla y León para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural?

El traslado de experiencias de éxito a través de la elaboración de fichas guía o el impulso de clubes de lectura virtuales presuponen la existencia de mediadores que, a día de hoy, no son una figura real en nuestro medio rural. Las contrataciones temporales, las subvenciones puntuales o el voluntarismo de las pequeñas concejalías de cultura han permitido en los últimos años, en el mejor de los casos, que los espacios bibliotecarios municipales hayan podido dar un mínimo servicio normalmente coincidiendo con fechas estivales. No nos estamos refiriendo a la ruralidad periurbana ni a las principales cabeceras de comarca, sino a la realidad demográfica de la comunidad: el hecho de que dos de cada tres localidades en Castilla y León suman menos de 500 habitantes.

Si uno de los ejes que se repiten una y otra vez en relación con nuestro medio rural es el peligro del aislamiento y la progresiva pérdida de espacios de socialización (“uno podría ponerse las zapatillas de casa en noviembre y no quitárselas hasta marzo, hay que hacer un esfuerzo para salir”, comenta uno de los participantes en el reportaje anteriormente citado), ¿es una línea de acción vinculada a la realidad de lo demandado en nuestros territorios, claramente envejecidos, optar por la virtualización y los fogonazos de acciones de voluntariado? ¿O de lo que realmente estamos hablando es de promocionar planes sin un compromiso sólido con los presupuestos necesarios para implementarlos y que respeten los derechos laborales del sector profesional? En lenguaje de virtuosismo retórico se justifican estas medidas en el propio Plan: “una inversión más contenida puede representar una oportunidad para explorar modelos alternativos, ser innovador en los servicios y en la manera de desarrollarlos y prestarlos…”

Medidas como la contratación de personal bibliotecario  que pudiera dar cobertura comarcal a varias pequeñas bibliotecas rurales para garantizar servicios de préstamo y animación lectora semanales; nuevas políticas de comunicación y visibilidad como el caso de Quintanalara (Burgos); una política activa de comunicación por parte de los centros provinciales coordinadores de bibliotecas acercando a los municipios los trámites para la incorporación de sus bibliotecas locales a la red, tutorizando los pasos necesarios para su adecuación; el impulso de una línea de relación cultural internacional que pusiera en diálogo los modelos de redes de bibliotecas populares y comunitarias latinoamericanas y sus conocimientos para la aplicación de sus metodologías en el medio rural español; la apuesta de los Grupos de Acción Local por el impulso sostenible de las bibliotecas rurales (¿puede haber algo más “productivo” que una biblioteca?) …podrían ser caminos a explorar que pudiesen consolidar la acción ya presente de los bibliobuses rurales convirtiéndolos en punta de lanza para la consolidación de servicios bibliotecarios fijos en nuestros municipios. Al fin y al cabo, el derecho al acceso a la cultura y a la participación en la vida cultural recogido tanto en nuestra Constitución como en la norma internacional no hacen diferencias en función del lugar en el que se habita…

 

Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (2ª parte y fin)

Estefanía Rodero Deja un comentario

(Viene de Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 1ª parte)

2.1.- Identidades

En la declaración de expertos de Naciones Unidas con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural “Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo”, se recoge una idea que va repitiéndose como leitmotiv en diferentes declaraciones internacionales (derechos de las minorías, derechos de los pueblos indígenas, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales), el derecho a “reformular la propia identidad”.

En dicha declaración se afirma:

 

El respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural, al ofrecer a las personas y los grupos la posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural; acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como a los beneficios del progreso científico; y participar en la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de su identidad cultural.

 

Esta noción performativa de la identidad, estratégicamente utilizada por los feminismos y por otros movimientos políticos y sociales en defensa de los derechos de las minorías, como el colectivo LGTBI o los movimientos de descolonización (el descubrimiento de la propia identidad colonizada y la necesidad de nombrarse con las propias palabras del que habla Frantz Fanon en Piel negra, máscaras blancas) lo que hace es poner de manifiesto la construcción socio-política de cualquier identidad. Si la artista Barbara Kruger ya afirmaba rotunda Your body is a battleground, las identidades también lo son. Frente a la utilización política y económicamente interesada de nociones de identidad opresivas, sobre la que ya reflexionó Amartya Sen en contestación al reduccionista enfoque del choque de civilizaciones de Huntington, hacer valer la performatividad de las identidades, su carácter cambiante, su tensión dialógica se plantea como un modo útil de hacer frente a algunos de los riesgos identificados de nuevo por Farida Shadeed, a saber:

  • La uniformización identitaria impuesta por las políticas globalizadoras.
  • La fosilización de manifestaciones y la apropiación indebida de patrimonio inmaterial con fines turísticos.

Frente a quienes sitúan las políticas culturales que versan sobre identidades exclusivamente como políticas de cooperación al desarrollo, se hace evidente que la profundización democrática de la que hablábamos en el primer punto de este artículo, necesariamente tiene que pasar por aquí. No sólo en la reflexión común de los conceptos identitarios implícitos (y con posicionamientos políticos subyacentes) presentes en la “moda actual” sobre la creación de marcas-país o marcas-territorio, sino a través de la aplicación de una mirada intra-estatal que reflexione sobre la multiplicidad de sus identidades y su necesaria representación social y política. Esta mirada intra-estatal sensible a las identidades podría mirar hacia el pasado -más allá de gruesos abordajes turísticos- analizando qué identidades han sido invisibilizadas bajo la identidad hegemónica (por ejemplo, en el caso español la herencia cultural morisca y judía entre otras) así como podría operativizarse en el presente a través de la creación de nuevos agentes sociales y políticos que introduzcan en la agenda estatal sus puntos de vista no explicitados (por ejemplo, en la línea de reflexión iniciada en el Espacio Afroconciencia) y exijan, en sintonía con el marco referencial de la “igual dignidad de todas las culturas” recogida en las principales Declaraciones de la UNESCO, una mayor y mejor definición de democracia.

2.2.- Territorios.

El reconocimiento del vínculo entre cultura y territorios asumido en diversas convenciones tanto de la UNESCO como del Consejo de Europa a través del Convenio Europeo del Paisaje y el consiguiente paraguas de protección que ofrece este marco del derecho cultural internacional podrían citarse y hacerse operativos con mayor frecuencia en la actual situación de la ruralidad española y europea. Si bien es la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas la que hace una referencia más nítida a la tierra en sus artículos 25 y 26:

Artículo 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

 

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

no es menos cierto que la Observación general nº 21 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (y anteriormente, aunque con más tibieza la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural) amplía la noción de acceso a la vida cultural que comprendería también “seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad” alertando sobre la necesaria protección de los territorios ante la explotación ilícita o injusta por parte de empresas transnacionales.

Se hace evidente que los riesgos a los que apunta la Declaración de derechos de los pueblos indígenas trascienden el marco planteado en el documento, tienen carácter transnacional y afectan también de lleno al mundo rural europeo. Mientras se avanza en el debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la elaboración del ansiado documento de Transnacionales y Derechos Humanos, ante el que tendremos que articular un nivel de presión sectorial suficiente para lograr que se explicite la necesaria protección de los derechos culturales frente a la mala praxis empresarial, desde el ámbito de las políticas culturales no deberíamos olvidar la vinculación entre cultura y territorio ya recogida en la norma internacional ni renunciar a las vías de justiciabilidad que abre. Como digo, no sólo justiciabilidad para el Sur global, sino para Europa, ante la creciente presión del extractivismo en el medio rural español que está pasando desapercibida por el peso de la despoblación que contribuye a su invisibilización mediática.

Si, de nuevo, en la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, se recoge en su artículo 29:

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

 

actualmente dicha presión extractiva se está replicando en el mundo rural del Sur de Europa, más envejecido y por tanto, con menor nivel de conflictividad social. Este mundo rural, especialmente en la Meseta, se ve también sofocado por el criterio de “belleza natural” recogido en la Convención de protección del patrimonio natural que mantiene ciertas connotaciones de “pintoresquismo centroeuropeo” y que desprotegen, por infravaloración, paisajes culturales como la dehesa. Las recientes movilizaciones en Badajoz contra la refinería Balboa, en Burgos contra el fracking, la plataforma Stop Uranio en Salamanca contra la apertura de la única mina de uranio a cielo abierto en toda Europa así como las movilizaciones rurales en Ávila ante la apertura de una mina de feldespato en plena Red Natura 2000 nos muestran la urgencia a la hora de poder aplicar los criterios de protección territorial recogidos en la declaración de pueblos indígenas en contextos europeos, así como de fortalecer la protección de los paisajes culturales y su reconocimiento.

En conclusión

Tal y como afirman tanto Prieto de Pedro como Alain Touraine se hace necesario tomar conciencia de que estamos en el tiempo de los derechos culturales, de modo que junto al impulso del cambio de paradigma hacia la promoción de los mismos y el respeto a la diversidad en la Unión Europea, tenemos como reto para su protección la incorporación en la cultura occidental de las dimensiones colectivas, de naturaleza y de transmisión del legado a las generaciones futuras, ejes centrales para nuevas acciones de gobierno en toda Europa que quieran afrontar, ante tiempos convulsos, la tarea siempre pendiente de traer más democracia a nuestras democracias.

 

 

Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (1ª parte)

Estefanía Rodero 2 comentarios

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“Las políticas de defensa de derechos humanos son políticas culturales.”

Boaventura de Sousa

1.- Participación en la vida cultural: de la urgencia post-desastre a la profundización democrática.

El derecho a participar en la vida cultural, ya recogido en el Artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, ha ido evolucionando a medida que avanzaba el siglo XX y se ampliaba la propia definición de cultura. De una visión defensiva y un paradigma de bien cultural objetual, claramente marcado por la urgencia de la reconstrucción tras la devastación de las guerras mundiales, aunque ciertamente permisivo con el dominio colonial del patrimonio de los países del Sur global, se fue abriendo paso una visión más dinámica de este derecho a medida que se socializaba una definición de cultura más cercana al enfoque antropológico.

Si nos detenemos en uno de los aspectos recogidos en dicho artículo 27 “el derecho a gozar de las artes”, observamos cómo desde una acepción del derecho a participar en  la vida cultural entendida como sinónimo de participación como espectadores en actividades artísticas dentro del paradigma occidental de las Bellas Artes (en consonancia con el marco de época de las políticas culturales centradas en la democratización cultural cuyo máximo exponente es la Francia del ministro André Malraux) se fue ampliando el foco de acción hacia la propia creación cultural y la participación activa con nuevas definiciones de públicos, así como hacia una concepción de la vida cultural como el espacio de juego real en el que se construye o destruye la democracia.

Así la Observación general nº21 sobre el Derecho de toda persona a participar en la vida cultural del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se detiene ampliamente en los aspectos concretos que garantizarían dicha participación, reconociendo la importancia del papel creador, de la contribución activa:

La contribución a la vida cultural se refiere al derecho de toda persona a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad. Le asiste también el derecho a participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales.

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De igual manera, en el reciente documento Repensar las políticas culturales se amplía el concepto de participación cultural abarcando el co-diseño de las políticas culturales por parte de la ciudadanía e incorporando a esta dimensión activa de la participación el seguimiento, la evaluación, la exigencia de transparencia y el control político.

Son tanto la Carta Cultural Iberoamericana como la Agenda 21 de la Cultura las que recogen de un modo más nítido la evolución internacional sobre el derecho a participar en la vida cultural pasando de una visión eurocéntrica, objetual, defensiva y de urgencia hacia un nuevo paradigma de profundización democrática, desde el principio de reconocimiento y protección de la diversidad, la equidad y el derecho a la participación de los grupos vulnerables. Así se percibe también una evolución en el diseño de las políticas públicas culturales desde el enfoque ya comentado de democratización cultural estatal hacia marcos de referencia que ponen en el centro la protección de los derechos culturales y amplían las definiciones de ciudadanía y democracia cultural primando los niveles más cercanos de gobernanza, los espacios municipales, como ámbitos privilegiado para este ejercicio de democracia. Así, por ejemplo, en los principios de la Carta Cultural Iberoamericana se recoge:

Los derechos culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos, de forma tal, que ese mismo ejercicio permite y facilita, a todos los individuos y grupos, la realización de sus capacidades creativas, así como el acceso, la participación y el disfrute de la cultura. Estos derechos son la base de la plena ciudadanía y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura.

2.- Dimensión colectiva de los derechos culturales: identidades y territorios.

Como afirma Boaventura de Sousa en el artículo Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos, la cultura occidental cuenta con un déficit en relación con:

La idea de los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza y los de las generaciones futuras, así como la de los deberes y responsabilidades frente a entidades colectivas, sean la comunidad, el mundo o incluso el cosmos.

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La dimensión colectiva de los derechos culturales, más allá del reconocimiento a la libre determinación de los pueblos recogida en la Declaración de los Derechos Humanos, que tan poco desarrollada se encuentra en Europa y que genera tanta tensión intelectual, nos confronta con la centralidad hegemónica que el individualismo competitivo y el falsamente neutro “homo economicus” del capitalismo -ya desmontado por la economía feminista, valga de ejemplo “Mercados globales, género y el hombre de Davos” de Lourdes Benería- tienen también en la producción y crítica cultural occidental.  Como bien señalan las diversas autoras de esta escuela, la negación de la vulnerabilidad, la invisibilización de nuestra interrelación con la naturaleza así como la exclusión dentro de la reflexión intelectual del papel clave que juegan los cuidados en el campo de la reproducción social y cultural, han permitido la imposición de la visión individualista-competitiva de lo humano, central para el actual sistema neoliberal y freno para el desarrollo práctico de los derechos culturales colectivos en Europa.

Si bien desde la economía, basándose en el Sumak Kawsay de la América Andina, ya se han implementado propuestas alternativas a este enfoque individualista, y en Europa se está dando esta misma reflexión desde la economía alrededor de los comunes, el debate europeo sobre la dimensión colectiva de los derechos culturales alrededor de las concepciones de identidad y territorio aún no ha desplegado todo su potencial transformador actual posible y se ve aún encuadrado en planteamientos reduccionistas que vinculan su propuesta exclusivamente a posicionamientos nacionalistas.

Como afirma Prieto de Pedro, los derechos culturales colectivos deben ser reconocidos como una categoría autónoma de derechos, mucho más si como afirma la experta independiente en materia de derechos culturales para la ONU, Farida Shaheed, la expresión vida cultural actualmente “hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo” y tomamos en cuenta las dinámicas transnacionales que atraviesan de facto el día a día de la política cultural no sólo nacional sino regional y local. Más allá, por tanto, de las reflexiones que vinculan la dimensión colectiva de los derechos culturales con la seguridad y la autoestima personales, así como con su papel generador de cohesión social, me gustaría detenerme en algunas ideas fuerza apuntadas en el marco del derecho cultural internacional alrededor de las identidades y los territorios que podrían, desde la hermenéutica diatópica propugnada en el artículo citado de Boaventura de Sousa, operar a día de hoy en el Sur de Europa.

(Continúa en Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 2ª parte)

Todas las lenguas maternas: protección de los derechos lingüísticos en España

Estefanía Rodero 6 comentarios

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Cuando en España se habla de diversidad lingüística, el electoralismo suele entrar en escena como elefante en cacharrería, impidiendo el sosiego necesario para hacer llegar a la opinión pública la percepción de toda la belleza y riqueza de lo que realmente se está hablando, la herencia que se transmite en cada lengua materna. No me refiero sólo al reconocimiento de facto de la oficialidad de las lenguas en la Constitución o los Estatutos de Autonomía de nuestro país, sino a la obviedad de que más allá de medidas simbólicas, las lenguas minorizadas necesitan acciones de protección efectiva para sobrevivir.

Según datos de la UNESCO, más de la mitad de las 7000 lenguas que se hablan en el mundo pueden desaparecer en las próximas generaciones, no sólo amenazadas por el fallecimiento de sus últimos hablantes, como en el caso de muchas lenguas indígenas, sino por la persistencia de políticas culturales neoliberales que ven en la protección de la diversidad lingüística, como estamos viendo en Europa con las negociaciones del TTIP o el CETA, un freno al paradigma del “Libre Comercio”.

La falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos ha dejado este otoño un ejemplo paradigmático en Castilla y León. Mientras el astur-leonés (junto al aragonés) ya ha sido incluído en el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro y a pesar de que España ha ratificado tanto la Declaración por la Diversidad Cultural como las Convenciones de protección del patrimonio inmaterial y la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias, la Junta de Castilla y León se ha negado una vez más, desoyendo tanto al Procurador del Común como a las organizaciones de la sociedad civil que llevan años protegiendo este patrimonio lingüístico en riesgo, a desarrollar el art. 5.2 del Estatuto de Autonomía que reconoce la importancia de la diversidad lingüística en Castilla y León.

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Estamos hablando, por tanto, del reiterado incumplimiento y negación por parte de las instituciones españolas (también con fricciones importantes relacionadas con la política lingüística en Aragón) de la legislación internacional de protección de los derechos lingüísticos, mucho más en aquellos casos en los que el peligro de desaparición de las lenguas va asociado a la pervivencia del mundo rural bajo la amenaza permanente de la despoblación. Cuando hablamos de estas formas “sutiles” de epistemicidio rural, una no puede dejar de recordar como símbolo extremo la belleza del planteamiento lingüístico sobre el quechua mostrado en la oscarizada película peruana “La teta asustada”.

Ante la pervivencia de modelos de política cultural en nuestro país que no se detienen a reflexionar sobre la vulnerabilidad de lo minoritario, sobre el incuestionable papel como protectores públicos y promotores de la pervivencia de este patrimonio inmaterial que deberían estar protagonizando las instituciones públicas, es urgente cambiar el paradigma de actuación de las políticas culturales de nuestro país hacia la defensa de los derechos lingüísticos en todos los territorios y la protección de su diversidad.

Esta misma semana se presentará en Donostia la propuesta de aprobación de un Protocolo de Garantía de los Derechos Lingüísticos, que pondrá de nuevo en el centro de la agenda mediática la necesidad de protección de las lenguas minorizadas, el papel que dicha protección puede jugar como elemento de construcción de paz y dimensión de los derechos humanos, así como contribuirá a aumentar la sensibilidad y conocimiento por parte de la sociedad en su conjunto de la riqueza que aporta la diversidad lingüística en nuestro país. Medidas de comunicación como el proyecto Idiomas en Peligro, impulsado por la Alianza para la diversidad lingüística, o el apoyo económico estratégico a todas las medidas de defensa de la bibliodiversidad que impulsen desde el mundo editorial la presencia y permanencia de lenguas minorizadas, se muestran absolutamente esenciales para divulgar con mayor impacto el conocimiento de nuestros derechos lingüísticos.

 

Repensar las políticas culturales

Estefanía Rodero 3 comentarios

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Con motivo de la celebración de los diez años de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO, se ha elaborado uno de los Informes Culturales Mundiales de mayor calado y trascendencia ante los retos que las desigualdades generadas por la globalización y las derivas del Libre Comercio mundial están dejando en el panorama político internacional, Re-Pensar las políticas culturales. Aprovechando su reciente publicación en español, comparto una lectura sobre los principales ejes del mismo.

Entre las aportaciones clave que aportó en el 2005 la Convención estuvo, sin lugar a dudas, el reconocimiento explícito del “derecho soberano de los gobiernos para introducir políticas que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones culturales”. Se estableció así a nivel normativo un necesario contrapeso a la entrada masiva de bienes culturales occidentales en los mercados internacionales, así como se promovió un análisis crítico del gran desequilibrio comercial que estaba sofocando manifestaciones culturales, identidades y valores al margen del modelo hegemónico neoliberal promovido por la globalización. Como ya  hemos abordado en otras ocasiones la importancia de la defensa de las soberanías culturales del Sur, quiero detenerme ahora en algunas de las tendencias en el diseño de políticas culturales que identifica el Informe, a diez años de la firma de la Convención, ratificada por 140 Estados-parte.

  • Sociedad civil y políticas culturales: una de las líneas de acción más importantes que se están abriendo paso a nivel internacional es la implementación de estrategias de co-diseño de las políticas culturales. El papel de las organizaciones de la sociedad civil gana protagonismo a través del diálogo entre las políticas de participación ciudadana y las culturales. Se reconoce también la necesidad de fortalecer la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar, seguir y evaluar las políticas culturales, aún hoy muy débil, tanto en relación con procesos de transparencia como de cumplimiento de objetivos. Si bien en el caso español estas prácticas (muy focalizadas en las grandes ciudades, prácticamente inexistentes en el resto de España) se han implementado en el nivel local, aún nos faltaría fortalecer esta dimensión dialogante y exigente de la sociedad civil española en materia de cultura a nivel estatal, la socialización y apertura del diseño de las políticas culturales como algo que afecta y puede mejorar sin duda nuestra vida cotidiana.
  • Diversidad mediática: Son varias las preocupaciones que recoge el Informe en materia de medios de comunicación. La constatación de que un mayor número de plataformas no tiene por qué garantizar la diversidad de contenidos y expresiones, la falta de cobertura y contenidos mediáticos relativos a minorías o que garanticen la igualdad de género, la invisibilización de la agenda del Sur global y la íntima relación entre diversidad mediática y construcción de democracia. Resulta interesante aplicar  algunos de los indicadores para la medición de este eje a la realidad española, no sólo en lo relativo a la libertad de leyes informativas y exclusión de la censura, ampliamente contestadas en las movilizaciones contra las Leyes Mordaza, sino al pluralismo en la propiedad de los grupos de comunicación o a los baremos de inclusión mediática de grupos históricamente marginalizados y la equidad en el tratamiento de los grupos sociales vulnerables, denunciado una y otra vez, por ejemplo, desde el campo de la salud mental y su tratamiento informativo.

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  • El papel de las mujeres como artistas y productoras de bienes y servicios culturales: una de las áreas más importantes del Informe reconoce explícitamente “la relación simbiótica entre la igualdad de género, los derechos culturales y la diversidad cultural”. Se hace hincapié especialmente en la necesidad de garantizar la igualdad en los espacios de decisión de las políticas públicas y de incentivar medidas que contrarresten la invisibilización de la creación artística de las mujeres. Frente a las carencias evidentes que aún arrastra España en este aspecto, iniciativas como MAV, Clásicas y Modernas o CIMA están señalando la obligación que tiene España a la hora de cumplir con esta dimensión contemplada en la Convención de la UNESCO ratificada en el 2006.
  • Acceso y participación: ¿Qué medidas está implementando cada país para promover el acceso a expresiones culturales diversas? No se trataría simplemente de implementar medidas de democratización cultural sino de ampliar aún más la mirada. Como señala Nina Obuljen en el primer apartado del Informe, algunas de las acciones para profundizar en esta dirección serían: “ promover el acceso y la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos autóctonos, jóvenes y mujeres en la vida cultural; promover el acceso y la participación de las personas desfavorecidas socialmente, con discapacidad, ancianos, así como la población en áreas rurales; mejorar la educación cultural; reducir las barreras en precios para acceder a los bienes culturales a través de medidas como IVA reducido o exento”. En España aún no está asentado el paradigma de los derechos culturales que contemple en toda su amplitud la protección de las culturas minoritarias, así como falta mucho por hacer en el desarrollo de políticas culturales específicas para el medio rural (interesante la línea abierta en esta dirección por la Diputación de Barcelona a través del programa Cultura i petits municipis). De igual manera, tanto la participación cultural como la producción artística de las personas con diversidad funcional aún está muy acotada y la financiación de sus programas tiene a día de hoy un mayor cariz privado que público.

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  • Libertad artística: Como afirma Ole Reitov, director ejecutivo de Freemuse, en su contribución al Informe, “el reconocimiento y la protección de la libertad artística concierne no sólo a la existencia y la práctica creativa de los propios artistas, sino también a los derechos de todos los profesionales de la cultura”. Incorpora así la dimensión del respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la cultura y a la necesaria protección legal y económica de su actividad como un elemento clave para poder hablar de verdadera libertad artística. Muy centrado en el papel que la censura y la persecución por motivos políticos que sufren aquellos artistas que denuncian la brutalidad policial, los intereses corporativos, la corrupción o el abuso de poder, el Informe recoge en un párrafo una de las realidades que la creación artística está viviendo en España: “En algunos países los artistas abiertamente críticos de un gobierno aún son perseguidos sistemáticamente con acusaciones de separatismo, terrorismo o de ser antipatrióticos” Al llevar nuestra mirada al ámbito del derecho internacional de la cultura nos damos cuenta de que situaciones como las vividas con el caso de los titiriteros o el juicio de Cesar Strawberry en España quedarían muy lejos de las directrices en materia de protección de la libertad artística. Como desafío pendiente se identifica la necesidad de impulsar una comunidad conectada de activistas a nivel internacional por la libertad de expresión en el sector cultural, red de activistas muy presentes en el sector ambiental o feminista, pero no tanto en el campo de la cultura.

Por todo lo analizado sería importante tanto desde el sector profesional cultural como desde las diferentes asociaciones de la sociedad civil vinculadas a la cultura en España profundizar tanto en el conocimiento como en el uso estratégico de la Convención exigiendo que las políticas culturales en nuestro país cumplan los objetivos recogidos en la misma y se armonicen, al igual que se está haciendo en otros Estados firmantes, con las líneas de fuerza identificadas en Repensar las políticas culturales.

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

Estefanía Rodero 2 comentarios

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Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

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La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.