Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (2ª parte y fin)

(Viene de Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 1ª parte)

2.1.- Identidades

En la declaración de expertos de Naciones Unidas con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural “Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo”, se recoge una idea que va repitiéndose como leitmotiv en diferentes declaraciones internacionales (derechos de las minorías, derechos de los pueblos indígenas, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales), el derecho a “reformular la propia identidad”.

En dicha declaración se afirma:

 

El respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural, al ofrecer a las personas y los grupos la posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural; acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como a los beneficios del progreso científico; y participar en la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de su identidad cultural.

 

Esta noción performativa de la identidad, estratégicamente utilizada por los feminismos y por otros movimientos políticos y sociales en defensa de los derechos de las minorías, como el colectivo LGTBI o los movimientos de descolonización (el descubrimiento de la propia identidad colonizada y la necesidad de nombrarse con las propias palabras del que habla Frantz Fanon en Piel negra, máscaras blancas) lo que hace es poner de manifiesto la construcción socio-política de cualquier identidad. Si la artista Barbara Kruger ya afirmaba rotunda Your body is a battleground, las identidades también lo son. Frente a la utilización política y económicamente interesada de nociones de identidad opresivas, sobre la que ya reflexionó Amartya Sen en contestación al reduccionista enfoque del choque de civilizaciones de Huntington, hacer valer la performatividad de las identidades, su carácter cambiante, su tensión dialógica se plantea como un modo útil de hacer frente a algunos de los riesgos identificados de nuevo por Farida Shadeed, a saber:

  • La uniformización identitaria impuesta por las políticas globalizadoras.
  • La fosilización de manifestaciones y la apropiación indebida de patrimonio inmaterial con fines turísticos.

Frente a quienes sitúan las políticas culturales que versan sobre identidades exclusivamente como políticas de cooperación al desarrollo, se hace evidente que la profundización democrática de la que hablábamos en el primer punto de este artículo, necesariamente tiene que pasar por aquí. No sólo en la reflexión común de los conceptos identitarios implícitos (y con posicionamientos políticos subyacentes) presentes en la “moda actual” sobre la creación de marcas-país o marcas-territorio, sino a través de la aplicación de una mirada intra-estatal que reflexione sobre la multiplicidad de sus identidades y su necesaria representación social y política. Esta mirada intra-estatal sensible a las identidades podría mirar hacia el pasado -más allá de gruesos abordajes turísticos- analizando qué identidades han sido invisibilizadas bajo la identidad hegemónica (por ejemplo, en el caso español la herencia cultural morisca y judía entre otras) así como podría operativizarse en el presente a través de la creación de nuevos agentes sociales y políticos que introduzcan en la agenda estatal sus puntos de vista no explicitados (por ejemplo, en la línea de reflexión iniciada en el Espacio Afroconciencia) y exijan, en sintonía con el marco referencial de la “igual dignidad de todas las culturas” recogida en las principales Declaraciones de la UNESCO, una mayor y mejor definición de democracia.

2.2.- Territorios.

El reconocimiento del vínculo entre cultura y territorios asumido en diversas convenciones tanto de la UNESCO como del Consejo de Europa a través del Convenio Europeo del Paisaje y el consiguiente paraguas de protección que ofrece este marco del derecho cultural internacional podrían citarse y hacerse operativos con mayor frecuencia en la actual situación de la ruralidad española y europea. Si bien es la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas la que hace una referencia más nítida a la tierra en sus artículos 25 y 26:

Artículo 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

 

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

no es menos cierto que la Observación general nº 21 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (y anteriormente, aunque con más tibieza la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural) amplía la noción de acceso a la vida cultural que comprendería también “seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad” alertando sobre la necesaria protección de los territorios ante la explotación ilícita o injusta por parte de empresas transnacionales.

Se hace evidente que los riesgos a los que apunta la Declaración de derechos de los pueblos indígenas trascienden el marco planteado en el documento, tienen carácter transnacional y afectan también de lleno al mundo rural europeo. Mientras se avanza en el debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la elaboración del ansiado documento de Transnacionales y Derechos Humanos, ante el que tendremos que articular un nivel de presión sectorial suficiente para lograr que se explicite la necesaria protección de los derechos culturales frente a la mala praxis empresarial, desde el ámbito de las políticas culturales no deberíamos olvidar la vinculación entre cultura y territorio ya recogida en la norma internacional ni renunciar a las vías de justiciabilidad que abre. Como digo, no sólo justiciabilidad para el Sur global, sino para Europa, ante la creciente presión del extractivismo en el medio rural español que está pasando desapercibida por el peso de la despoblación que contribuye a su invisibilización mediática.

Si, de nuevo, en la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, se recoge en su artículo 29:

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

 

actualmente dicha presión extractiva se está replicando en el mundo rural del Sur de Europa, más envejecido y por tanto, con menor nivel de conflictividad social. Este mundo rural, especialmente en la Meseta, se ve también sofocado por el criterio de “belleza natural” recogido en la Convención de protección del patrimonio natural que mantiene ciertas connotaciones de “pintoresquismo centroeuropeo” y que desprotegen, por infravaloración, paisajes culturales como la dehesa. Las recientes movilizaciones en Badajoz contra la refinería Balboa, en Burgos contra el fracking, la plataforma Stop Uranio en Salamanca contra la apertura de la única mina de uranio a cielo abierto en toda Europa así como las movilizaciones rurales en Ávila ante la apertura de una mina de feldespato en plena Red Natura 2000 nos muestran la urgencia a la hora de poder aplicar los criterios de protección territorial recogidos en la declaración de pueblos indígenas en contextos europeos, así como de fortalecer la protección de los paisajes culturales y su reconocimiento.

En conclusión

Tal y como afirman tanto Prieto de Pedro como Alain Touraine se hace necesario tomar conciencia de que estamos en el tiempo de los derechos culturales, de modo que junto al impulso del cambio de paradigma hacia la promoción de los mismos y el respeto a la diversidad en la Unión Europea, tenemos como reto para su protección la incorporación en la cultura occidental de las dimensiones colectivas, de naturaleza y de transmisión del legado a las generaciones futuras, ejes centrales para nuevas acciones de gobierno en toda Europa que quieran afrontar, ante tiempos convulsos, la tarea siempre pendiente de traer más democracia a nuestras democracias.

 

 

#GCultural2016: Conclusiones que abren puertas

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“Somos abundantes”,  Juan Espinoza, TELARTES (Bolivia)

“Los procesos de la gestión del arte y de lo cultural son políticos

y contribuyen directamente a validar y postergar ideas respecto a la realidad.”

Laboratorio de arte TETL, Estado de Guerrero (México)

Las imágenes de esta entrada son (homenaje) y propiedad de TETL,  intervención en Zitlala, Lugar de las Estrellas.

Ayer se celebró la Videoconferencia de cierre y conclusiones del I Congreso Online de Gestión Cultural, en la que el equipo organizador impulsado por Ártica Online, junto a Comunicación Abierta, Gestión Cultural UY, Comandante Tom, Aforo Gestión Cultural y Baixa Cultura dieron cabida al proceso reflexivo que ha ido acompañando a las mesas también desde la cobertura colaborativa. Más allá del reconocimiento a la coherencia y generosidad que han sido la tónica general del proceso, en la búsqueda común de los ejes transversales que han ido apareciendo en esta gran conversación internacional con más de 40 ponencias, identificamos entre todxs los siguientes:

  • La relación de la gestión cultural con el actual sistema económico ha sido un bajo continuo a lo largo de todo el congreso, en variadas facetas. Las referencias a la sostenibilidad e independencia de los proyectos, la necesidad de repensar los modelos de financiación, la entrada generalizada de actores privados en dichos procesos de financiación especialmente a través del modelo de patrocinio, han sido algunos de los puntos nodales que impulsaron la reflexión sobre la capacidad de la gestión cultural para afirmar también otras culturas económicas y ensayar nuevos modelos alternativos al paradigma neoliberal. La relación con la economía social y solidaria, las referencias a la economía feminista poniendo en el centro la sostenibilidad y los cuidados así como una reflexión profunda sobre la crisis de los liderazgos desligados y verticales ante modelos que valoren la afectividad, la contestación frente a patrones de consumo alienantes y la potencialidad de la cultura libre han sido algunos de los elementos recurrentes (véanse Preto Café, Ediciones La Terraza, Selma Santiago y los polos creativos en Brasil y un larguísimo etcétera…)

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(Imagen propiedad de Precariedad Guggenheim Museoa)

  • Ante una creciente regresión conservadora a nivel internacional, la capacidad no sólo de disputar las políticas públicas, sino de articular auténticos procesos de incidencia política y legislativa que garanticen la protección de los derechos culturales a nivel internacional. La colaboración y el reconocimiento mutuo Sur-Sur, entendiendo como parte de este Sur global también el Sur de Europa, así como el amor presente en el uso como lengua franca del “portuñol” fueron también líneas clave.

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  • Se identificaron como riesgos tanto la cooptación desmovilizadora por parte de algunas instituciones de aquellas iniciativas culturales que pudieran tener mayor capacidad crítica, así como el peligro de caer como gestores culturales en el ensimismamiento y el uso de narrativas-palabras-fetiche que impidan la auténtica comunicación con las comunidades. También se dio la voz de alarma no sólo sobre la permanencia de la brecha digital, sino también de la creciente distancia entre la Academia y la gestión cultural de base.
  • Por último, se hizo referencia también a la reflexión permanente durante el Congreso sobre la identidad, ya fuese a través de procesos de empoderamiento identitario, a través de las múltiples conversaciones sobre la construcción de la periferia (geográfica, cultural, simbólica y los retos de habitar) o a través de los procesos que abre la construcción de una identidad común más allá de la vinculación territorial (procesos migratorios).

Ante el cierre de esta Sur-Conversación-Transoceánica-EnPortuñol que nos ha unido alrededor de la hoguera común de la cultura, sólo me quedan dos cosas: enviar un abrazo cómplice a los compañeros mexicanos (estamos aquí, porque somos ustedes) y la mayor gratitud al equipo organizador por crear lazos con futuro que abren puertas.

Las amistades peligrosas: TTIP y cultura europea

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Si bien a medida que las filtraciones sobre las negociaciones secretas entre la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el Tratado de Libre Comercio llegaban a la opinión pública europea y generaban grandes movilizaciones en las principales ciudades denunciando la falta de transparencia del proceso y la presión de los lobbies multinacionales frente a los intereses ciudadanos, no es menos cierto que en dichas movilizaciones el papel del sector cultural europeo, frente a los colectivos ecologistas, feministas o sindicales, ha sido menor. Sin embargo, las negociaciones del TTIP apuntan directamente a algunos elementos clave que han definido las políticas culturales europeas hasta el momento y que merecen un análisis más detallado.

La soberanía cultural en riesgo.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra el de la pérdida de soberanía cultural de los Estados y el riesgo de que medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión puedan ser denunciados frente a los tribunales privados de arbitraje que contempla el TTIP alegando daños a los intereses económicos de las grandes multinacionales. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad cultural europea, especialmente en el ámbito lingüístico y los efectos que un posible desmantelamiento de estas medidas de protección pudieran tener sobre su permanencia y riqueza.

TTIP, Cultura y mundo rural europeo

Otro de los elementos clave de la negociación del TTIP que está generando mayor rechazo y en el que convergen las movilizaciones ecologistas, culturales y de defensa del mundo rural es el relativo a la controversia sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense. Estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas están vinculadas a conocimientos tradicionales vinculados a pueblos autóctonos, también reconocidos por la UNESCO y llevan aparejadas formas de trabajo agrícola y ganadero que permiten el mantenimiento de determinados paisajes culturales que se verían en riesgo frente a los procesos uniformizadores de la agroindustria. El impacto sobre la economía rural europea, la cultura gastronómica y paisajística, así como el efecto que todo ello tendría sobre la ya alarmante despoblación son los argumentos que se están planteando en la movilización.

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La excepción del sector audiovisual

Sin embargo, hay un sector que, no sin enfrentamiento, ha sido excluido de las negociaciones por parte de la Unión Europea  bajo amenazas de bloqueo llevadas a cabo por algunos estados miembro. Se trata del sector audiovisual, campo de batalla ya conocido en la Organización Mundial del Comercio, dado el gran desequilibrio internacional existente respecto a la poderosa industria estadounidense. No en vano, los EEUU alcanzan los 13.000 millones de dólares en exportaciones vinculadas a este sector y su industria del entretenimiento es su segunda mayor fuente de exportaciones, frente a las dificultades que encuentra el cine europeo para hacerse un hueco en el mercado audiovisual estadounidense, que encuentra en su propia catalogación por edades, su diversidad lingüística y el carácter marginal de las salas de cine no comercial en EEUU, barreras difíciles de sortear. No son nuevas las reflexiones profesionales respecto al riesgo de la americanización de la cultura a nivel internacional (ya Canadá, sin ir más lejos, dejó fuera este mismo sector en la aprobación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá) y la consecuente influencia y homogeneización de hábitos, imaginarios y valores que lleva aparejada la distribución masiva de contenidos audiovisuales. El sector cinematográfico europeo teme que las cuotas de exhibición en salas y de emisión televisiva de contenidos europeos estén en riesgo ante la firma del TTIP. También hace un llamamiento a los políticos europeos para que sorteen las presiones de los grandes lobbies tecnológicos (Google, Netflix) que están peleando para que la distribución on-line de estos mismos contenidos audiovisuales no sea considerada cultura y pueda así incorporarse por otras vías a la negociación del TTIP.

El sector tecnológico europeo ante el uso de patentes

El sector tecnológico también ha dado la voz de alarma. Su principal preocupación reside en la armonización legal entre la UE y EEUU en relación a las patentes de software, mucho más restrictiva en el caso europeo, y que llegada su liberalización, según el sector, frenarían el desarrollo del software libre y dejarían la innovación tecnológica y científica exclusivamente en manos de aquellos que pudiesen pagar las tarifas por el uso de dichas patentes. De igual modo temen la desigualdad y desprotección legal ante la que se encontrarían las Pymes y autónomos frente a las multinacionales llegado el caso de posibles litigios por el uso de las mismas.

Pero no sólo son las patentes, señalan. La protección de datos y la propiedad intelectual cuentan con un nivel de protección muy diferente a ambos lados del Atlántico. Mientras en la UE la protección de datos es reconocida como un derecho fundamental, la transferencia y comercio de datos por parte de las empresas en EEUU es muy permisiva y el derecho a su protección está contemplado como un derecho del consumidor. El riesgo de que la armonización legal se dé a la baja es uno de los ejes clave de la movilización ciudadana contra el TTIP tanto en EEUU como en la Unión Europea. También la protección en materia de propiedad intelectual está en entredicho, dado que mientras la legislación europea protege la titularidad de las obras prohibiendo su enajenación, en EEUU está permitida la venta total de derechos.

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El sector editorial y la batalla por el precio fijo

Caso aparte merece la inclusión del sector editorial en las negociaciones, que no ha contado con la misma protección que el audiovisual, bajo el convencimiento de que corre menos riesgo de ser absorbido por la industria editorial estadounidense. Sin embargo, los sindicatos y gremios de editores europeos han mostrado su preocupación por el peligro que pueda llegar a correr en las negociaciones la política del precio fijo de los libros, garantía de la bibliodiversidad, que protege al sector de la concentración editorial y permite la supervivencia de pequeñas librerías y editoriales frente a gigantes comerciales. Defienden también la importancia del papel de las pequeñas librerías en el paisaje urbano frente al auge de la gentrificación de los centros monumentales e históricos europeos, en los que dichos grupos comerciales se ven beneficiados por todo tipo de ventajas fiscales. Frente a las palabras tranquilizadoras que reciben por parte de la Comisión Europea, el sector editorial recuerda la multa que interpuso la misma Comisión a Francia cuando defendió que el libro electrónico debía ser considerado libro y por tanto tributar igual que los libros en papel.

Ante todo ello, la cultura europea está haciendo un llamamiento para unificar sus respuestas, más allá de los intereses sectoriales de cada una de las ramas afectadas, con el fin de ejercer una mayor presión conjunta y reivindicar su protagonismo en la planificación de las políticas culturales europeas, abriendo espacios para el debate y la participación ciudadana, generando lazos y compartiendo estrategias con el resto de colectivos afectados por el TTIP y reivindicando la defensa de la diversidad cultural como eje clave de la identidad europea.

 

 

Pensar la tierra: sobre identidades y territorios

Publicado en Tribuna de Salamanca el 28 de diciembre de 2015

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Leo un artículo de Íñigo Errejón sobre la pasada campaña electoral y me detengo en una de sus reflexiones: “Vivimos en un estado plurinacional en el que conviven y se solapan diferentes identidades nacionales”.

Para los movimientos políticos que quieren construir un nuevo país (como decían Chantal Mouffe y Errejón otra vez en Construir pueblo “es un error regalarle a las fuerzas más reaccionarias la posibilidad de representar ellos una idea de país”) existe, desde mi punto de vista, una importante tarea pendiente.

En algún momento tendremos que deconstruir “lo castellano”, “lo castellano-leonés”, solapado con la identificación de “lo español” construido durante el franquismo y que quedó incólume y no contestado en la primera transición. Este imaginario impuesto de loa al Antiguo Régimen que está impidiendo que seamos capaces de articular en el presente las demandas políticas de nuestra realidad concreta castellano-leonesa afrontando los graves problemas que arrastra nuestra tierra hoy: la imparable llegada del desierto demográfico, la incapacidad de los gobiernos autonómico y local para promover políticas de empleo que pongan en valor nuestros incontables recursos, la falta de horizonte vital para nuestros jóvenes que fuerza su exilio, la pérdida de derechos sociales especialmente en el mundo rural, el vuelo carroñero de las grandes multinacionales, especialmente las agroindustriales, sobre nuestros bienes comunales, la amenaza permanente de la Ley Montoro.

Esta “definición territorial” caduca, impuesta y no sentida de lo castellano-español y el peso de su imaginario está sofocando la fuerza del cambio, condenándonos como territorio a la periferia política en dos líneas: la que siguen quienes tratan a nuestro territorio como “caladero de votos fiel” que no articula nunca demandas frente a la que siguen quienes desde un supuesto punto de vista progresista no se han dado cuenta de que dar por válida esta definición de “Castilla” interesada es regalar el tablero de juego y asumir sus términos, no los nuestros.

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Esta definición solapada de lo castellano-español, en su deriva hacia el capitalismo cañí, está siendo utilizada para refrendar un proyecto político que está sirviendo precisamente para vender nuestra soberanía como pueblo español frente a los intereses de las élites europeas. Todo ello unido a la enorme brecha generacional que nos muestra la correlación directa entre envejecimiento de los municipios y mayor voto al Partido Popular nos marcan una agenda política de primera magnitud a la hora de afrontar la consolidación de la alternativas políticas reales en nuestra tierra, con el fin de que Castilla y León no se quede fuera una vez más de la nueva transición que ahora vivimos.

De igual manera se impone la ruptura de la definición de periferia vinculada a lo estrictamente geográfico para devolverle su sentido político en otras esferas. La periferia española hoy por hoy es el mundo rural envejecido, ese 20% de la población de nuestro país que custodia el 80% del territorio y que geográficamente nunca vivió procesos de industrialización y pasó de la primacía simbólica y política de lo ganadero y lo agrario a un mundo de servicios al que aún no saben cómo dar respuesta. La periferia, en un sentido político, alejado de los centros de poder mediático y simbólico hoy por hoy está presente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y está esperando que seamos capaces de articular también una alternativa para la tensión rural-urbano que también nos han mostrado las pasadas elecciones.

 

 

Castilla y León: Estatuto para el pueblo ajeno

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“No es fácil explicar a los ciudadanos qué es un Estatuto de autonomía, el protagonismo de su reforma corresponde a las Cortes de Castilla y León.” Desde esta expresión cruda que entiende la política como una torre de marfil por la que pululan expertos y entendidos al margen de cualquier roce con aquello llamado “pueblo”, saludaba la semana pasada Silvia Clemente, presidenta de las Cortes, el 33º aniversario del estatuto castellano-leonés y la cuarta reforma del mismo.

Que para la mayor parte de la ciudadanía de nuestra comunidad (ésa que aún no se ha visto forzada al exilio económico) las Cortes de Castilla y León y lo que allí acontece no tienen el más mínimo interés, no es nada nuevo. Que durante años el PP y el PSOE han vivido holgadamente en este alarde de postpolítica y enaltecimiento de la gestión técnica sin participación alguna ni ideología, también es cierto. Al fin y al cabo, al PSOE ni se le pasó por la cabeza nunca la necesidad de disputar el sentido y el imaginario de lo que significa Castilla y León para sus gentes y que, a día de hoy, sigue estando definido desde arriba, para fiesta en las urnas del PP, desde posiciones inmovilistas, españolistas y con ecos nacional-católicos, como ya conté en “Castilla como la que más”.

Al margen de algunos de los elementos concretos para esta cuarta reforma (especialmente las propuestas de un nuevo modelo de ordenación territorial y la permanente amenaza de la Ley Montoro para nuestros pueblos o la inelegibilidad de alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes como procuradores, que pondría a Mañueco en su sitio de una vez) me pregunto no sólo si a través de esta reforma seremos capaces de dar respuesta a la desigualdad galopante en nuestra comunidad y las necesidades concretas de nuestros vecinos concretos, sino durante cuánto tiempo más podremos aguantar este simulacro de democracia que permite a los parlamentos no tener “pueblo”.

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Castilla y León es uno de los principales retos políticos a los que tiene que hacer frente nuestro país. Castilla y León como síntoma de un profundo Sur de Europa, dependiente de sus fondos, que tiene que aprender a ser consciente de sí misma, a salir de definiciones del pasado y enfrentamientos con fantasmas azuzados por el Partido Popular, para reconocerse y preguntarse qué futuro quiere. Castilla y León tiene que ser capaz de convertir en temas de agenda estatal y prioridades políticas nacionales los problemas reales de su gente. Mientras nos hacían mirar a un pasado ensimismado, Castilla y León se ha convertido en la periferia y la política del turnismo se acomodó a sus clichés para no nombrarla, no decirla y no reivindicarla en su realidad concreta.

¿Qué papel queremos jugar en un Estado plurinacional y fraterno? ¿De verdad vamos a seguir en este marco de torres de marfil, canapés y celebraciones, frente a la inmensa derrota política que supone para nuestro territorio el hecho de haber sido incapaz en todos estos años de democracia de hacer de nuestros problemas concretos cuestión de Estado? ¿No vamos a reclamar un nuevo modelo de participación que no se dé por vencido (también dentro de los partidos) frente a la ferocidad de los intereses de esta inmensa trama corrupta llamada Partido Popular por mantenernos en la más absoluta de las atonías?

Llega esta cuarta reforma del estatuto, al igual que las otras tres, vacía de la emoción que sólo da aquello que es sentido como prioritario por la gente. Frente a esta tecnocracia, que hace alarde de su propia mediocridad, es tiempo de volver a esa política que sabe que el único protagonismo corresponde al pueblo.

 

Castilla y León como la que más

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Durante la Transición utilizó Andalucía la expresión “Andalucía como la que más” para reivindicar su papel específico en la articulación territorial de España y llevar la mirada hacia el abandono secular y el empobrecimiento de su gente.

En esta Nueva y Segunda Transición que ahora vivimos tendríamos que preguntarnos qué papel queremos que juegue Castilla y León y su gente en el afán por crear un nuevo país plurinacional y fraterno y cómo vamos a superar la dejadez y la deuda que tiene la democracia española con el desarrollo de nuestra tierra.

Si una generación existe como tal cuando cobra consciencia de su propio drama y obra en consecuencia habría que pensar cómo vamos a incorporar en la agenda política estatal las necesidades acuciantes de nuestro territorio y cómo vamos a quitarnos de encima y deslegitimar el relato impuesto sobre qué es Castilla y León.

La definición marcada a hierro y fuego por el nacionalcatolicismo y el franquismo que igualó a Castilla y León con España, que se inventó como esencia su papel evangelizador y puso su máximo afán en la vigilancia irredenta para que no se extraviasen las “periferias”, ese relato que nos robó los posibles espejos del pasado en los que encontrar referentes para la acción colectiva y para el que aún hoy sobran partidos como continuadores acríticos de este “relato mítico” así como contemplamos cómo la inmensa parte de la izquierda en nuestro país sigue relacionándose con esta “Castilla nacionalcatólica” sin percibir la Castilla y León actual y su emergencia, como decía, este relato tiene que cambiar.

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¿No deberíamos tomar conciencia de que, hoy por hoy, 2016, Castilla y León, con Gramsci, es periferia respecto a los grandes núcleos de poder (económico, social, mediático, político) y configura un grupo e identidad subalterna respecto al resto del país? ¿No deberíamos darnos cuenta de que es urgente reflexionar y nombrar otra Castilla y León que nos permita solucionar la extrema gravedad del abandono que ha caracterizado la relación de esta democracia, que no lo es, con nuestra tierra?

No sólo pienso que hemos de liderar este diálogo, este proceso colectivo de mirarnos sin complejos, de hablar de Castilla y León hoy, de la importancia de incorporarnos con seriedad a la economía del conocimiento, de profundizar en las aportaciones de la soberanía alimentaria, de enorgullecernos de cómo desde nuestro campo se están dando respuestas absolutamente invisibilizadas frente al neoliberalismo y la violencia de las multinacionales agroalimentarias, de ser conscientes del talento que está aportando Castilla y León, por ejemplo, y su protagonismo en la innovación cultural de este país, de nuestro bagaje histórico en otros modelos de ordenación territorial que priman la comarcalización y la economía de proximidad frente a ciclos largos, de nuestro conocimiento en la interrelación entre desarrollo, ecología y nuevo modelo energético. La oportunidad de diálogo popular que nos brinda la propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León este 2016 y nuestro afán vigilante para que no se cierre por arriba, para que sean los y las de abajo castellano-leoneses quienes impongan su definición sobre qué necesita nuestra tierra, cuáles habrían de ser las prioridades de acción así como qué queremos que signifique Castilla y León en el conjunto de nuestro país, marca, desde mi punto de vista, una línea de acción política fundamental para nuestro país en esta Nueva Transición.

 

Construir la humillación: discurso neoliberal y Sur de Europa

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Publicado en La Marea el 12 de octubre de 2015

Publicado en Rebelión el 13 de octubre de 2015

Como bien nos enseña Jorge Alemán, “la realidad está constitutivamente
construida por discursos”. Si bien la Escuela de Frankfurt ya nos señaló los peligros
de la emergencia del Discurso Capitalista (con mayúsculas) que se pretendía
monolítico y sin fisuras, los años 80 vinieron a envolverlo en celofán con el “No hay
alternativas” de Margaret Thatcher.
¿Qué tipo de argumentos nos hemos dado como sociedad europea para dar
permiso a las instituciones de la UE en su intervención en Grecia? ¿Cuál ha sido la
trama de consentimientos implícitos que nos han llevado a desembocar en esta
crisis internacional de soberanía?
En primer lugar, deberíamos fijar nuestra atención sobre la construcción cultural
del significado del centro de Europa frente a la “periferia”. Es curioso constatar
cómo se ha construido este antagonismo de modo que se solapa de un modo casi
perfecto con los valores neoliberales. Frente al Sur que ha quedado designado
alrededor del eje “lo retrasado, lo popular, lo material, lo ingobernable, el derroche,
lo irracional”, Alemania (y por extensión la Troika) se ha erigido como encarnación
del progreso, el prestigio, la innovación, el orden, la disciplina y la contención, sin
que existan ni en un caso ni en el otro elementos reales que permitan tal
generalización. Han sido las élites económicas del Sur, las que desde una posición
de inferioridad que buscaba ser revertida a través del “permiso a pertenecer” las
que reforzaron a través de su emulación esta dicotomía.
Este mismo discurso incorporado en los medios de comunicación europeos y en los
medios griegos, controlados por la oligarquía helena, contribuyeron a invisibilizar
durante la época de “bonanza” previa al estallido de la crisis de 2008, la inacción de
los gobiernos griego, español, italiano y portugués para impulsar cambios
institucionales y de operativa en el Banco Central Europeo, así como el aumento
paulatino de los beneficios que los bancos franceses y alemanes estaban
obteniendo con las burbujas inmobiliarias del Sur de Europa. De igual modo, bajo
este discurso de estigmatización del Sur, se ocultó que tras seis años de obediente
aplicación de las medidas de austeridad por parte del último gobierno griego,
Grecia perdió el 25% del PIB y tenía al 60% de su juventud en el paro.
Frente a este enorme antagonismo discursivo, la situación griega ha puesto otros
elementos importantes de relieve.

Tecnocracia y Política
Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, socialdemócrata, abogó por la
sustitución del Gobierno de Syriza democráticamente elegido por otro conformado
por tecnócratas. De igual manera, en pleno proceso negociador de la deuda, el
propio Tsipras afirmaba: “si pudiese quedar a solas a cenar con Ángela Merkel
encontraríamos una fórmula de solución en menos de dos horas”. La negación del
lado ideológico del proceso tiene un componente ideológico en sí mismo que ha
sido enmascarado por el barniz de “lo técnico” y no basado en decisiones políticas.
Nos encontramos frente al mito de la administración neutral y la “buena gestión”
del que tanto se sirve el neoliberalismo como barrera. Es el mismo“conocimiento
neutral experto” que expulsó a Varoufakis del propio proceso negociador o que
estamos viendo en las negociaciones del TTIP en la Comisión Europea. Al fin y al
cabo, no es la gestión el punto débil del Sur de Europa, sino como afirmaba el
Financial Times “El vínculo más débil de la eurozona es el de los votantes”…

 

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Culpa y Castigo
Frente al Silencio Ruidoso del que nos habla Boaventura de Sousa con el que
nombra el hecho de que el sufrimiento social no esté encontrando espacios para
decirse frente a la imposición de la “lógica del sacrificio” que está sustentando las
medidas de austeridad, nos encontramos con un eje discursivo que encuentra un
amplio eco en países de importante tradición católica (ortodoxa en el caso griego).
Se trata de hacer entender la deuda, el hecho económico de la deuda (utilizado
como dominación política y elemento de control y dependencia) como un
proceso de culpa nacional que se corrige mediante la expiación, el sacrificio y la
aplicación de correctivos a “vagos y derrochadores” que no se individualizan sino
que se difuminan entre la población en general.
Es interesante observar cómo, frente a otros procesos de deuda, el discurso
asociado cambia.
Así, si frente a la deuda bancaria se asimiló el chantaje: “si yo caigo, tú caes
conmigo”; frente a la deuda de países como Estados Unidos se expresa desde
términos de control de la situación o negociación, en el caso griego y del Sur de
Europa se busca la imagen social de la humillación (esas fotografías de colas frente
a los cajeros automáticos tan interesadamente repetidas…)
Naturalización del poder neoliberal
¿Por qué no se nombró la situación en Grecia, antes de la llegada al gobierno de
Syriza como“crisis humanitaria”? No sólo se había reducido el PIB en un 25% y el
déficit presupuestario en un 15%. No sólo existía un 60% de desempleo juvenil y
un 40% de niños en situación de pobreza. Se había doblado el índice nacional de
pobreza, había aumentado la tasa de suicidios y la de mortalidad infantil. Se había
producido la desregulación total del mercado de trabajo y junto a la destrucción
productiva y la emigración masiva, derechos sociales básicos como la sanidad
estaban encontrando su última expresión en consultas médicas y farmacias
sociales.
¿Por qué desde los medios de comunicación y espacios de análisis político en
ningún momento se utilizó esta expresión? La capacidad del neoliberalismo para
hacer pasar por natural un dogma económico que sitúa “lo catastrófico” en todo
aquello que se sitúa fuera es una de las razones. Los programas de austeridad que
están generando estas crisis humanitarias en el sur europeo cuentan con un
mecanismo ideológico previo por el cual se desplaza la culpa de las élites
económicas a la población en general. Fue Mario Draghi quien participó a través de
Goldman Sachs en la falsificación de los libros de cuentas griegos que permitieron
su entrada en la eurozona y los propios “altos funcionarios de la UE” quienes
potenciaron una situaciónde “neo-protectorado” a través de la dependencia de los
sectores turístico e inmobiliario y el aumento de las exportaciones de los
productos alemanes a los países periféricos, contribuyendo a profundizar la
división europea del trabajo por la que el Sur de Europa vive su propio proceso de
“maquilización” en forma de precariedad e impulso de los sectores de bajo valor
añadido.
Aún no hemos visto que se exijan responsabilidades personales o profesionales a
quienes ostentaban cargos de representación pública y que llevaron a Grecia a esta
situación.

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Lobby financiero y Soberanía
Fue Varoufakis quien nombró el proceso de negociación de la deuda griega como
un “golpe de Estado financiero”. Poniendo sobre la mesa el hecho de que las
instituciones europeas estaban utilizando el euro como instrumento de
dominación económica y política en nombre de un gran lobby que había sustituido
a la soberanía europea, fue después Juncker quien apuntaló, aunque desde la
dirección opuesta este edificio argumental remarcando: “no puede haber
decisiones democráticas contra los tratados europeos”.
Es interesante poner el acento sobre el hecho de que han cambiado los
mecanismos de coerción, que, siguiendo lo que planteaba Foucault en “La
microfísica del poder”, nos encontramos ante la invisibilización del “enemigo” que,
ante intervenciones contrarias a la soberanía nacional, impide una articulación
clara de respuesta.
El uso de la amenaza y el dictado de condiciones encontraron su eco en los medios
de comunicación bajo la terminología “neutra” de la “negociación” cuando en
realidad se estaba dando un proceso de acumulación de arbitrariedades. En mitad
de la fase más dura de conversaciones tanto la socialdemocracia europea como los
conservadores se situaron en la denuncia de Grecia por su “incapacidad de acatar”,
su “estrategia de conflicto” y su “intransigencia”, reforzando la visión de
desigualdad que subyace en la propia petición de humildad y contribuyendo
mediáticamente al descrédito de las alternativas.
Emergencia de una nueva posibilidad
Llama la atención también el cambio discursivo dentro de las “alternativas
políticas”. Si bien la socialdemocracia europea de los años 60 llevaba en sus
programas medidas fiscales que en la actualidad serían tachadas como gestos
desafiantes y radicalidad, demostrándonos el dominio hegemónico del
neoliberalismo en Europa en las últimas décadas, el caso de Syriza nos muestra
que la apelación al país, a la construcción de un nuevo significado del “orgullo
nacional” a través de la denuncia de los memorandos, el recuerdo de las aún no
resueltas reparaciones de guerra de Alemania a Grecia, así como el hecho clave de
poner en el centro la soberanía y la denuncia de la pérdida de ésta ante los
organismos económicos internacionales y los intereses lobbystas que habitan en
su seno, marcan un nuevo camino para la articulación discursiva del Sur de
Europa. La resignificación de la noción de país y de la afectividad relacionada con
el sentido de soberanía, muestran una posible puerta de salida democrática a la
actual crisis de significado europea frente al riesgo del auge de los nuevos
fascismos y la xenofobia.
La búsqueda de un cambio en la correlación de fuerzas, que lograse integrar junto
a los países del Sur de Europa, las demandas de una Europa del Este igualmente
“estigmatizada”, así como la capacidad de tender puentes desde el propio sur de
Europa al Sur Global de cara a revertir la búsqueda continua del neoliberalismo del
“ejemplo negativo” que demuestre que “es imposible” generar un modelo
alternativo al actual, nos puede reconciliar con la creencia de que, una vez más
citando a Alemán que cita al poeta, “sólo en el peligro de la política puede crecer lo
que nos salva”.