Inmatriculaciones o la verdadera Cultura de la Transición

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Todavía me llama la atención el hecho de que el análisis de la denominada “Cultura de la Transición” -el modelo que relata la intrincación entre intereses económicos, grupos mediáticos, procesos creativos y partidos que consolidó el Régimen del 78- haya dejado prácticamente fuera de su foco de atención precisamente el área en la que el continuismo entre la dictadura franquista y la democracia es más sangrante: la propiedad y gestión del patrimonio.

Al margen de los grandes escándalos relacionados con este tema, como fue el caso de la Mezquita de Córdoba, la atención específica de algunos medios o la reciente creación de la Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, la movilización de plataformas ciudadanas y ayuntamientos del medio rural en defensa de su patrimonio aún encuentran serias dificultades para hacerse un hueco de impacto en la agenda mediática nacional y llegar a gran parte de la opinión pública .

Si, como dice Amador Fernández Savater “la Cultura de la Transición se asegura siempre el monopolio de los temas y los enfoques”, la crítica a la propia CT ha dejado fuera de foco, por su mayor incidencia en provincias despobladas y el medio rural español, uno de los campos en los que los privilegios otorgados por el franquismo permanecen a día de hoy intactos.

Tal y como vienen denunciando las diferentes plataformas que integran la  Coordinadora, el procedimiento de inmatriculación de bienes propiedad de los pueblos por parte de la Iglesia Católica viene realizándose desde 1946, cuando la dictadura franquista otorgó poderes a los obispos para inmatricular (inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien que no estaba registrado) con un simple certificado y sin acreditar título de propiedad. Este mecanismo se ha visto perpetuado en tiempos de democracia bajo un sistema de dudosa constitucionalidad.

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Como sabemos, no existe hasta la fecha ninguna relación pública de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y la falta de transparencia al respecto es total, incluyendo aquellos procesos en los cuales estos bienes patrimoniales inmatriculados están siendo utilizados por parte de los obispados para obtener crédito hipotecario. La solicitud de datos al Ministerio de Justicia, tal y como recoge Jesús de Larrainzar en el libro “No Robarás” quedó saldada con la mínima respuesta institucional “no es un área de nuestra competencia”.

La incorporación, junto a ayuntamientos, especialistas y plataformas vecinales, de la iglesia de base en la recién creada Coordinadora estatal, a través de la presencia de Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, nos señala que más allá del fantasma del anticlericalismo y los miedos electoralistas que esta acusación lleva aparejados, la respuesta al problema de las inmatriculaciones en nuestro país es una lucha democrática contra los privilegios. Al fin y al cabo, España es uno de los países que se sumó a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial de 1972 de la UNESCO en la que se sostiene que, frente a intereses económicos particulares que imposibiliten el acceso al patrimonio de los pueblos, “(para poder transmitirlo a las generaciones futuras) los Estados han de instituir servicios de protección de su patrimonio (…) adoptando las medidas jurídicas y administrativas necesarias”.

Lo que está, por tanto, sobre la mesa con este tema es en realidad uno de nuestros mayores déficits democráticos como país, poniendo de relieve que la jerarquía católica y sus privilegios forman parte indisoluble del andamiaje del Régimen del 78, privilegios jerárquicos que, como ya hemos dicho, por interés netamente electoralista, se han mantenido inmutables desde la Transición.

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(Monasterio de San Miguel de Escalada, inmatriculado por el Obispado de León)

En el 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en sentencia de 4 de noviembre de 2014 tuvo que declarar arbitrario el procedimiento por el  que la Ley Hipotecaria española equiparaba el certificado de cualquier obispo católico al de otros funcionarios públicos. Tanto el Partido Popular como el PSOE, meses más tarde,  impidieron la presentación del recurso de inconstitucionalidad que hubiese podido declarar nulas con efecto retroactivo las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta la fecha, condenando a particulares y ayuntamientos a un larguísimo calvario de presentación a título individual de recursos de inconstitucionalidad bien por bien en toda España.

Por todo ello, se hace evidente que desde el campo de las políticas culturales deberíamos retomar, tal y como está demandando incesantemente la sociedad civil, este caballo de batalla precisamente en este periodo post-electoral en el que va a ser necesario un replanteamiento profundo del texto constitucional, teniendo en cuenta , no sólo que el problema de las inmatriculaciones apunta a uno de los ejes de flotación y centro de gravedad claves del Régimen del 78, sino que incide además sobre el necesario fortalecimiento de nuestro Régimen Local y, tal y como hemos señalado otras veces, la necesidad de una mayor clarificación y dotación competencial municipal en materia de cultura.

 

En el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana

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“La cultura como instrumento, cada vez más poderoso, de dignificación

de los ciudadanos y de diálogo entre los pueblos.”

(Preámbulo de la Carta Cultural Iberoamericana)

Ha querido la casualidad que el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana venga a coincidir con las elecciones estadounidenses en las que la relación con la comunidad hispana ha estado en el centro de la polémica y en las que, además, el peso del voto hispano va a resultar la llave definitiva para entrar en la Casa Blanca. No en vano, hay 12 millones de votantes procedentes del espacio iberoamericano llamados a votar este martes 8 de noviembre y son más de 40 millones de latinoamericanos (casi el 12% de su población) los residentes en EEUU.

Aprovechemos esta coincidencia para reflexionar sobre la actualidad y el desarrollo de los compromisos de la Carta, llamada al fortalecimiento del espacio cultural iberoamericano y celebración de su propia diversidad cultural y lingüística.

Si bien el avance más visible en materia de políticas culturales tras la aprobación de la Carta  ha estado centrado en la protección de la diversidad y en el paulatino avance (con todas las dificultades y tensiones que genera esta dimensión dentro del actual sistema económico) en el reconocimiento de las culturas tradicionales, indígenas, de afrodescendientes y de poblaciones migrantes (muchas veces, reconozcamos la deriva, vinculado al desarrollo turístico), también hay que reconocer  la creciente consolidación del marco discursivo de los derechos culturales. Quiero detenerme, no obstante, en uno de los elementos diferenciales de la Carta iberoamericana respecto a otros documentos culturales internacionales y en los que se suele incidir poco.

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Se trata, junto a las reflexiones sobre la necesaria defensa de la soberanía nacional y cultural en el espacio iberoamericano, del papel protagónico que se le otorga a la economía solidaria en el ámbito cultural. Partiendo del reconocimiento de que “el proceso de mundialización parte de profundas inequidades y asimetrías y se desarrolla en un contexto de dinámicas hegemónicas y contrahegemónicas”, es interesante no perder de vista la importancia central que se le otorga a la cultura en la lucha contra la desigualdad económica.

Entre los hechos diferenciales que aporta el compromiso iberoamericano en la esfera internacional se encuentra la apuesta directa por un nuevo modelo económico que privilegie a las pequeñas y medianas empresas y a los agentes culturales individuales, profundamente vinculados a sus territorios, mundos simbólicos y comunidades, frente a la gran industria cultural y creativa transnacional. De igual manera no se entiende la implementación de una política cultural que no esté imbricada en un compromiso con la cultura de la sustentabilidad, es decir aquella que promueva una economía ecológica y solidaria que tome en consideración los límites del crecimiento. Es interesante el posicionamiento que realiza el espacio iberoamericano subrayando la relación de la diversidad cultural con modelos de relación integrales con el contexto natural, sin que puedan darse medidas de protección a la cultura deslindadas de la reflexión territorial y de acceso a los recursos naturales. Se redimensionan así también las políticas de protección ambiental, mostrando la transversalidad que ha de tener la cultura para una implementación eficaz de las mismas.

Desde la reflexión sobre la inserción asimétrica en la economía moderna que han tenido los pequeños y medianos actores culturales del espacio iberoamericano, es interesante también el impulso que se ha dado en la creación de cuentas satélites en las economías nacionales de la región, sistemas de información económica sobre la cultura, su peso específico sobre el PIB y en general un mayor conocimiento sobre las aportaciones que realiza el sector cultural para la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, que permite no sólo una toma de decisiones más informada sino la socialización del propio diseño de las políticas culturales. ¿Se está respetando el compromiso del 1% del presupuesto nacional para la cultura planteado en la Agenda 21?, ¿qué partidas se dedican a la consolidación de la educación artística?, ¿se está apostando por un modelo de cultura pública o primando la participación, a través de la responsabilidad social corporativa, del mecenazgo privado?

Sin duda, la apuesta realizada por la economía solidaria y en general por el diálogo del sector cultural con nuevos modelos económicos que tengan en cuenta los triples balances (social, económico y ambiental), así como el compromiso de la cultura en la lucha contra la desigualdad creciente en las sociedades del espacio iberoamericano, serán dos de las líneas de trabajo más urgentes de los próximos años.

 

Soberanías culturales del Sur y democracia

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Artículo escrito para -y en diálogo con- la Red de participación y articulación del sector cultural boliviano Telartes

Publicado en Grito Cultural nº7 2017

“Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo.”

(Audre Lorde)

 

Cuando nos enfrentamos a la tarea colectiva de impulsar, desde nuestros respectivos países, en este amplio Sur Global en el que también se encuentra España y la Europa mediterránea, políticas culturales transformadoras que nos permitan incidir en la profundización democrática y la universalización del respeto a los derechos humanos, no podemos obviar ni por un instante que históricamente nos estamos enfrentando al triunfo del paradigma neoliberal a nivel internacional y que nuestras acciones se inscriben también y a nuestro pesar en este sistema social omnipresente que atraviesa cual hilos invisibles atando a Gulliver en la playa todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana.

Abordo a quemarropa esta cuestión, dado que es en la invisibilidad de los mecanismos de dominación del capitalismo tardío donde reside la clave de su éxito y en la estetización y maridaje con determinadas prácticas culturales donde encuentra el disfraz de deseo perfecto para hacer olvidar la desigualdad estructural sobre la que se mantiene.

Junto al diálogo y las demandas sectoriales de los diferentes colectivos artísticos y la más que urgente protección laboral de la cultura, lo que está en juego en estos momentos es nuestra propia soberanía cultural, no sólo entendida como el patrimonio creativo colectivo acumulado a través del tiempo y del cual somos herederos, sino como eje fundamental para poder hablar de verdadera democracia.

Me detendré, por tanto, a través de este artículo, situada como estoy en el tiempo en este momento de crisis de identidad europea y en el espacio en la España rural y despoblada de este Sur, en algunos de los escenarios en los que la soberanía cultural se muestra con mayor claridad en juego.

 

Epistemicidio rural

Si bien el concepto de epistemicidio se ha abierto paso con fuerza especialmente a través de la denuncia e investigación del epistemicidio indígena latinoamericano, en España aún no hemos descubierto la potencialidad transformadora que incorporar esta sensibilidad podría tener en el diseño de nuestras políticas culturales.

Frente a la definición habitual centrada en la destrucción de saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo y norteamericano, la más amplia concepción de epistemicidio como “liquidación de formas de apre(he)nder, crear y transmitir conocimientos y saberes comunitarios, especialmente tras el nacimiento y uso del método científico como el único validador por parte de las clases dominantes” nos permitiría por fin nombrar dinámicas ocultas.

Desde este marco de reflexión que pone en el centro la crítica al conocimiento hegemónico y hace visibles las relaciones de poder involucradas (¿qué conocimientos viven en los márgenes?, ¿qué se escucha?, ¿qué y quiénes tienen el derecho a ser mirados?, ¿cómo se construye socialmente la respetabilidad y el reconocimiento cultural?) podríamos avanzar en el reconocimiento de perspectivas epistémicas y herencias culturales subalternas en España.

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En primer lugar, poniendo en el centro del debate el epistemicidio rural y la desaparición acelerada del acervo cultural de nuestros pueblos, ante las prácticas crecientes de “parque-tematización uniforme” de la ruralidad europea. Ello nos permitiría también abordar la presión de los modelos agro-industriales transnacionales que a través de sus lobbies y con la herramienta eficaz de los tratados de libre comercio que veremos después, ponen en riesgo la herencia afectivo-cultural hacia paisajes y territorios. Modelo agro-industrial que está encontrando en la despoblación rural que azota nuestro continente una oportunidad sin precedentes para la apropiación de esta gran “materia prima” que es la tierra, sin tener que soportar presión alguna por parte de la población (envejecida o inexistente) que haga valer la defensa de sus derechos. Este epistemicidio rural podría señalarse entonces como una faceta más de la violencia del neoliberalismo y como condición sine qua non de su tentacular asentamiento territorial. Podríamos abordar así la invisibilización de las culturas rurales frente al modelo urbano y clarificar la centralidad que tiene el desarraigo como forma de dominación en el actual sistema económico. Este hilo en la madeja nos llevaría a redimensionar las relaciones entre cultura y territorios, creando modelos más eficaces a la hora de responder al hegemónico avance del “marketing-marca territorial”.

Identidades frente a identidad

Siguiendo las líneas de trabajo que ya ha abierto América Latina en esta denuncia del epistemicidio y el reconocimiento a la diversidad de sus herencias culturales, desde España quizá, al mirarnos en su espejo, tendríamos que plantearnos por qué concebimos que las Declaraciones Internacionales de la UNESCO no nos interpelan como país. De entrada, tendríamos que afrontar nuestra asunción acrítica de la “identidad española” legada por la dictadura franquista y que dejó fuera (junto a las identidades territoriales) elementos importantes de nuestra herencia. A saber: la tradición judía, la morisca, la indígena esclavizada en territorio español, la afrodescendiente y la cultura romaní. Aún son muy pocos los estudios y las voces críticas en esta dirección y el mecanismo de ridiculización de estas demandas opera con fuerza. La “Ley de concesión de nacionalidad a sefardíes originarios de España” ha pasado sin pena ni gloria y hemos desaprovechado un momento importante para hacer mayor incidencia política sobre el reconocimiento a la diversidad que está siendo, una vez más, mercantilizada y desideologizada. Como muestra de esto último valgan, por ejemplo la creación de la red turística de ciudades “Sefarad” o la folklorización remota (es pasado, no presente) de la diversidad.

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Transmisión generacional y comunidad

El papel que la transmisión generacional ha jugado y juega en muchas de las prácticas artísticas de la cultura popular, especialmente en las que suelen encuadrarse en el campo de la artesanía, debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de ecosistemas crearía un modelo en el que dicha transmisión desapareciese.  No podemos obviar que el epistemicidio tiene rostro de mujer y que en la desaparición de estos conocimientos comunitarios, tradiciones, cosmovisiones y modos de transmisión basados en la oralidad y la experiencia hay una pérdida irrecuperable, a mayores, del conocimiento que nuestras madres y abuelas legaron al mundo.

El triunfo global de un modelo cultural individualizado que parte siempre desde cero sin reconocer lo anterior es, entre otras cosas, un modelo desempoderador y que pone en riesgo nuestro patrimonio. En dichos procesos de transmisión y aprendizaje no sólo se pone la atención sobre el “qué”, sino que entran en juego los “cómo” y el vínculo es en sí vehículo de creación. Este papel de la comunidad como entorno de aprendizaje debería ser tenido en cuenta tanto en el nivel discursivo como práctico de los programas de profesionalización de la gestión cultural. El neoliberalismo va adscrito a un modelo y praxis cultural que tiene como elementos centrales la individualización y la conversión de las relaciones sociales en relaciones de mercado. Sería importante para defender nuestra propia soberanía cultural, plantearnos al menos qué diálogos posibles podrían establecerse desde la cultura con las “economías otras” o cómo establecer mecanismos de protección laboral más eficaces, que defiendan a los trabajadores culturales de un modelo que los atomiza, fragiliza y sobrecarga.

De igual manera deberíamos estar atentos a los procesos de usurpación, explotación y apropiación de creaciones comunitarias por parte de la industria, que no sólo descontextualizan las mismas, sino que niegan su origen  y laminan la profundidad simbólica de las prácticas y objetos artísticos.

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Soberanía cultural y Tratados de Libre Comercio

Sin lugar a dudas, es en el terreno de los Tratados de Libre Comercio internacionales donde, a día de hoy, se está librando la batalla más importante en la defensa de la soberanía cultural. Si con la llegada del NAFTA a principios de los años 90, empezamos a vislumbrar la articulación del poder económico supranacional frente a la soberanía de los pueblos, asistiendo también al nacimiento del altermundismo como respuesta, a día de hoy nos enfrentamos a la sofisticación y oscurantismo extremos en la redacción y negociación de estos Tratados.

La generalización en la aplicación de los mecanismos ISDS, esos tribunales privados de resolución de conflictos entre inversionistas y estados, por los cuales los países no pueden reformar sus legislaciones nacionales fuera del corsé de los tratados, sin correr el riesgo de sufrir graves sanciones económicas, deberían llevarnos a una mayor movilización en la defensa de nuestra soberanía.

Junto a los ISDS, los mecanismos de certificación que llevan incorporados siguen beneficiando los intereses comerciales de los EEUU, garantizando que puedan suspender (ellos sí) el cumplimiento del acuerdo unilateralmente. Es importante recalcar que la dominación que ejerce esta faceta del “libre comercio internacional” no es (sólo) geográfica: asistimos al triunfo de los intereses de una élite económica mundial, que en la financiarización de la economía, ha logrado imponer como sentido común las “democracias sin pueblo” y la política como “gestión técnica”.

La movilización ante los tratados de libre comercio desde el sector cultural ha tomado matices distintos en América Latina y el Sur de Europa. Mientras en la movilización contra el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación económica promovido por Estados Unidos en el que están incluidos México, Perú y Chile junto a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá, ha tenido un carácter central la defensa de la soberanía cultural y los efectos del Tratado sobre la legislación de derechos de autor y patentes, en Europa esta temática sigue teniendo un carácter secundario en las movilizaciones contra el CETA y el TTIP.

Especialmente relevante, visto desde España, ha sido el trabajo de la organización chilena Derechos Digitales socializando la denuncia de que el aumento del plazo de protección de derechos de autor, desde su muerte hasta los 70 años posteriores (¡100 en México!), es lesivo para el dominio público e impide el acceso al conocimiento y la cultura de los pueblos y beneficia el modelo de gran industria cultural frente al agente medio y pequeño. El hecho de hacer bandera de un modo protagónico de las materias de propiedad intelectual e internet mostrando cómo en la firma de estos tratados de libre comercio se dejan sistemáticamente fuera las recomendaciones de foros internacionales de corte más democrático como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o los Foros de Gobernanza de Internet, representa un hecho diferencial frente a Europa.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra la pérdida de medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad lingüística europea o el mantenimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas gastronómicas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense.

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Es en este escenario en el que, desde las políticas culturales, nos estamos desenvolviendo hoy y que exigen de nosotros, también desde la cultura, un mayor compromiso con la democratización económica. La propia conciencia del sector cultural, no sólo como “un porcentaje del PIB” sino como defensor y garante de los derechos culturales de un país, será clave para el fortalecimiento de nuestras soberanías culturales frente a la presión de organismos internacionales no sometidos a garantías democráticas.

Liderazgo cultural en tiempos neoliberales: sobre #ArtSummitMalta 2016

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La pasada semana se celebró la 7ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura en Malta  organizada por IFACCA, la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales (más de 80 países).

Tal y como planteaba el documento de discusión previo al encuentro y comentaba Nina Obuljen, la directora del mismo (y recién nombrada ministra de cultura en Croacia): “El foco de discusión del encuentro serán los retos del Liderazgo Cultural en el siglo XXI. Podemos decir que las artes y la cultura se encuentran en una encrucijada, confrontadas con importantes retos y oportunidades en los niveles global, nacional y local tales como el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y distribución de servicios y bienes culturales; las amenazas a la seguridad global; los nuevos procesos migratorios; contextos culturales cambiantes a nivel nacional tras las políticas de recortes y nuevos planteamientos de reforma; la aspiración de artistas y operadores culturales de amplificar su impacto y relación con otros sectores, todo ello garantizando la libertad de expresión y la protección de la diversidad cultural.”

Si bien entre algunos asistentes y quienes desde el sector hemos estado realizando el seguimiento del encuentro (España no ha tenido presencia político-institucional; sí presencia académica y sí presencia profesional)  existía cierto temor a que la implementación de conceptos de «neo-management» de espectáculo en política cultural sofocasen los incuestionables matices y debates que existen alrededor del “liderazgo”, el encuentro ha dejado voces poderosas en defensa de la democracia cultural e importantes discursos críticos reclamando la garantía de los derechos culturales sobre la mesa.

Ya en los documentos de trabajo previos se nos ofrecía una panorámica regional que hacía hincapié en los siguientes puntos:

  • Desde Asia se ponían en cuestión las definiciones de liderazgo cultural occidentales, la visión de base individual de la creatividad artística abriendo el debate sobre la protección de la creatividad artística comunal y su potencialidad para establecer nuevos modelos de liderazgo.
  • Las agencias culturales africanas no obviaban la desigualdad de acceso a los circuitos internacionales y el reto de confrontar la creación pasando de una historia colonial a la actual era de la globalización.

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  • Desde el Pacífico se reclamó el respeto a la diversidad cultural también en la elaboración discursiva, afianzando su propia tradición oratoria frente a los usos occidentales y se reflexionó sobre las distintas “culturas de la edad” y la sacralización de la juventud como valor en sí mismos que lleva implícito el modelo neoliberal.
  • Desde América Latina, la experta regional Lucina Jiménez, introdujo en la definición de liderazgos culturales las dimensiones de creación de mayor democracia y el reconocimiento como derecho fundamental de ciudadanía de las identidades múltiples y cambiantes. Especialmente relevante fue su reflexión sobre si en contextos de “vientos neoliberales” el liderazgo cultural no debería encarnar sin duda la defensa, refuerzo y reestructuración de las instituciones culturales.
  • Las agencias culturales europeas también hicieron hincapié sobre el reto de la consolidación de una identidad europea que permitiese afrontar colectivamente los retos de disgregación que enfrenta la región (personalmente eché en falta un discurso más crítico sobre la barrera económica Norte/Sur y el papel de la relación europea con el Mediterráneo, así como un cuestionamiento mínimo ante la correlación entre el impulso de programas de liderazgo cultural regional –como el Programa LINC holandés- de modo simultáneo al desmantelamiento de los presupuestos nacionales de Cultura en toda Europa y de su concepción como servicio público).

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  • Todas ellas pusieron el foco sobre el papel que las ciudades y los gobiernos locales pueden desempeñar como agentes de cambio cultural y garantes de la diversidad, aunque el reto estará como señala Lluís Bonet en “cómo actualizar la institucionalidad cultural ante la diversidad de expresiones sin atomizar sus efectos”.
  • También la UNESCO, por su parte, incorporó tres matices fundamentales para poder hablar de nuevos liderazgos culturales: la transparencia en todos los procesos de gestión cultural pública; la participación sectorial y ciudadana en el diseño de las políticas culturales y la articulación de respuestas ante las graves condiciones de desigualdad que viven las mujeres a nivel internacional dentro del sector cultural y en el campo de la garantía a sus derechos. También relatores de IFACCA y UNESCO ahondaron en el vínculo indisoluble entre liderazgo cultural y defensa de los derechos humanos.

Pero, sin duda, desde mi punto de vista, fueron cuatro las ponencias clave que reivindicaron la potencialidad de la cultura para visibilizar y enfrentar los mecanismos de dominación y construir más democracia.

  • La intervención de Arn Chorn-Pond desde Camboya compartiendo el protagonismo de la cultura (la música) en situaciones de post-conflicto y la dimensión comunitaria de la creación como constructora de nuevas identidades en el marco del respeto a los derechos humanos.
  • El discurso de Arundhati Ghosh, de India Foundation for the Arts, explicitando que, ante un paradigma economicista que premia la homogeneidad y que impone una determinada gestión del tiempo, la protección de la diversidad cultural no puede ser calculada en dichos términos, poniendo como ejemplo que, ante la “economía y rapidez” que supondría aceptar en su agencia el uso de una o dos lenguas, el hecho de trabajar y comunicar en las más de 58 lenguas del Estado Indio es una medida de política cultural de primera magnitud. También llamó a no olvidar la capacidad de la cultura para crear ciudadanía crítica.
  • Marina Barham, desde el Teatro Al-Harah de Palestina no quiso obviar el peligro de compartimentalizar la cultura, negando la dimensión cultural clave que tiene el diseño del resto de políticas públicas. También incorporó la dimensión emocional de los liderazgos culturales: la cultura en muchos lugares sigue siendo un motivo para seguir levantándose y hacer oír su voz cada mañana.
  • Y por último, la más que movilizadora intervención de Jo Verrent, del programa estatal inglés Unlimited confrontándonos con la capacidad que tiene la cultura para cuestionar y cambiar las narrativas sobre discapacidad. “No les necesitamos: nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

A la espera del siguiente encuentro internacional que se celebrará en Indonesia, tímidamente se van identificando nuevos marcos discursivos que, frente a la justificación del protagonismo cultural en función de su aportación al desarrollo económico de los territorios, van ampliando el foco hacia la dimensión de la cultura como elemento de profundización democrática y puntal de los propios derechos humanos.

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Artistas europeos contra el TTIP

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(Gracias a Periódico Diagonal por hacerse eco de este artículo, 13 de octubre de 2016)

Hace unos días, me sorprendió sorprenderme ante el hecho de que la Red Europea de Artes Escénicas IETM, en su plenario anual que se celebrará en noviembre en Valencia, hubiese programado un grupo de trabajo específico sobre los efectos del TTIP sobre la cultura europea. Mi “sorpresa” por el fuerte carácter sectorial de la reivindicación devino en alegría al conocer el llamamiento a la intervención de la UNESCO para la defensa de la diversidad cultural europea que han promovido las principales asociaciones culturales y artísticas austriacas, así como la oposición a la firma del Tratado y la defensa de la excepción cultural lanzada por Culture Action Europe.

Interesante ha sido también la movilización de los artistas ingleses a través de la iniciativa Artists against TTIP, que en colaboración con las iniciativas de la organización War on Want y el periódico The Guardian, están acercando a la opinión pública la reflexión sobre el impacto que esta nueva herramienta del neoliberalismo global tiene sobre la cultura, así como están haciendo una labor de puente con las movilizaciones contra los Tratados presentes también en los EEUU.

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Aunque ya analizamos en profundidad en otros artículos los efectos del TTIP en la cultura europea, me pareció remarcable realizar, precisamente en la Semana en la que se celebra el Otoño en Resistencia (#niCETAniTTIP, del 8 al 15 de octubre)  un breve análisis comparado del papel que el sector cultural español ha desarrollado en las movilizaciones.

La aún pobre presencia de los artistas españoles en las campañas contra el TTIP (Nacho Vegas, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Kiko Veneno…) sigue realizándose a título individual o dentro de la esfera de acción de los partidos políticos sin que se haya logrado hasta la fecha articular ni discursiva ni organizacionalmente una reivindicación sectorial que logre trasladar al modo de Artists against TTIP, el impacto demoledor que sobre la  muy precaria situación de las políticas culturales en España podría tener la puesta en marcha del Tratado.

Junto a la urgente reflexión que ha venido desarrollándose en estos dos últimos años en España sobre el papel que pueden jugar los artistas como constructores de sentido y como creadores de nuevos paradigmas frente a las lógicas más feroces del mercado, también se han empezado a oír voces críticas dentro del sector cultural ante el hecho de haber focalizado demasiado la atención en el IVA cultural, en detrimento de otros aspectos que también están asfixiando a los trabajadores de la cultura en nuestro país.

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El compromiso #CulturaEsRiqueza impulsado por la compañía teatral FeelGood, la plataforma Seguir Creando o la denuncia sobre las condiciones de contratación que han hecho oír artistas como la soprano Miren de Miguel, iniciativas aún esporádicas, han mostrado una realidad más poliédrica que nos obliga a abrir el foco y a construir un discurso más amplio como sector profesional que logre poner las condiciones socio-laborales y la exigencia de políticas que garanticen la protección de los derechos culturales en nuestro país. Como ya analizamos, el TTIP por su efecto sobre los derechos laborales y su progresivo desmantelamiento de algunas de las herramientas de protección de la diversidad cultural (con un impacto especialmente lesivo sobre la cultura y las economías rurales) no haría sino agravar la precaria situación que desde esta multiplicidad de voces se viene denunciando.

Quizá desde el sector cultural podríamos aprovechar la sinergia de esta semana europea de movilizaciones contra el TTIP, las conclusiones que dejará el encuentro de IETM en Valencia y la articulación coral de todo lo que ya están trasladando los artistas españoles en sintonía con sus iguales europeos para consolidar una visión sectorial más fuerte en la defensa de nuestros derechos que logre llegar con más nitidez a la sociedad española.

 

#GCultural2016: Conclusiones que abren puertas

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“Somos abundantes”,  Juan Espinoza, TELARTES (Bolivia)

“Los procesos de la gestión del arte y de lo cultural son políticos

y contribuyen directamente a validar y postergar ideas respecto a la realidad.”

Laboratorio de arte TETL, Estado de Guerrero (México)

Las imágenes de esta entrada son (homenaje) y propiedad de TETL,  intervención en Zitlala, Lugar de las Estrellas.

Ayer se celebró la Videoconferencia de cierre y conclusiones del I Congreso Online de Gestión Cultural, en la que el equipo organizador impulsado por Ártica Online, junto a Comunicación Abierta, Gestión Cultural UY, Comandante Tom, Aforo Gestión Cultural y Baixa Cultura dieron cabida al proceso reflexivo que ha ido acompañando a las mesas también desde la cobertura colaborativa. Más allá del reconocimiento a la coherencia y generosidad que han sido la tónica general del proceso, en la búsqueda común de los ejes transversales que han ido apareciendo en esta gran conversación internacional con más de 40 ponencias, identificamos entre todxs los siguientes:

  • La relación de la gestión cultural con el actual sistema económico ha sido un bajo continuo a lo largo de todo el congreso, en variadas facetas. Las referencias a la sostenibilidad e independencia de los proyectos, la necesidad de repensar los modelos de financiación, la entrada generalizada de actores privados en dichos procesos de financiación especialmente a través del modelo de patrocinio, han sido algunos de los puntos nodales que impulsaron la reflexión sobre la capacidad de la gestión cultural para afirmar también otras culturas económicas y ensayar nuevos modelos alternativos al paradigma neoliberal. La relación con la economía social y solidaria, las referencias a la economía feminista poniendo en el centro la sostenibilidad y los cuidados así como una reflexión profunda sobre la crisis de los liderazgos desligados y verticales ante modelos que valoren la afectividad, la contestación frente a patrones de consumo alienantes y la potencialidad de la cultura libre han sido algunos de los elementos recurrentes (véanse Preto Café, Ediciones La Terraza, Selma Santiago y los polos creativos en Brasil y un larguísimo etcétera…)

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(Imagen propiedad de Precariedad Guggenheim Museoa)

  • Ante una creciente regresión conservadora a nivel internacional, la capacidad no sólo de disputar las políticas públicas, sino de articular auténticos procesos de incidencia política y legislativa que garanticen la protección de los derechos culturales a nivel internacional. La colaboración y el reconocimiento mutuo Sur-Sur, entendiendo como parte de este Sur global también el Sur de Europa, así como el amor presente en el uso como lengua franca del “portuñol” fueron también líneas clave.

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  • Se identificaron como riesgos tanto la cooptación desmovilizadora por parte de algunas instituciones de aquellas iniciativas culturales que pudieran tener mayor capacidad crítica, así como el peligro de caer como gestores culturales en el ensimismamiento y el uso de narrativas-palabras-fetiche que impidan la auténtica comunicación con las comunidades. También se dio la voz de alarma no sólo sobre la permanencia de la brecha digital, sino también de la creciente distancia entre la Academia y la gestión cultural de base.
  • Por último, se hizo referencia también a la reflexión permanente durante el Congreso sobre la identidad, ya fuese a través de procesos de empoderamiento identitario, a través de las múltiples conversaciones sobre la construcción de la periferia (geográfica, cultural, simbólica y los retos de habitar) o a través de los procesos que abre la construcción de una identidad común más allá de la vinculación territorial (procesos migratorios).

Ante el cierre de esta Sur-Conversación-Transoceánica-EnPortuñol que nos ha unido alrededor de la hoguera común de la cultura, sólo me quedan dos cosas: enviar un abrazo cómplice a los compañeros mexicanos (estamos aquí, porque somos ustedes) y la mayor gratitud al equipo organizador por crear lazos con futuro que abren puertas.

El Tratado de Marrakech: derechos culturales de las personas ciegas

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«Cada año, de los millones de libros

que se publican en todo el mundo,

solamente entre el 1% y el 7% se pone

a disposición de los 285 millones de

personas ciegas.»

Esta semana ha entrado en vigor el Tratado de Marrakech, fruto de la negociación internacional por la que 22 países hasta la fecha, se han puesto de acuerdo para establecer límites comunes a sus legislaciones sobre copyright y favorecer  así “el derecho a leer”, como bautizó la Unión Mundial de Ciegos esta campaña en favor de los derechos culturales de las personas con discapacidad visual. El Tratado permitirá el intercambio libre de libros en formatos adaptados (braille, audio…) en todo el mundo.

Tras este primer logro, se plantean otros dos objetivos a medio plazo: la incorporación a dicho Tratado de todos los países que suscribieron la Convención de la ONU a favor de los derechos de las personas con discapacidad, así como el seguimiento de la puesta en marcha efectiva del mismo a través del compromiso firme de las organizaciones de discapacidad, bibliotecas, editoriales, autores y gobiernos.

Junto a este primer y necesario paso siguen estando sobre la mesa algunas cuestiones importantes para seguir debatiendo, (algunas ya las hemos ido señalando):

  • ¿qué papel podría jugar el diálogo entre la cultura libre y los Estados para garantizar con plenitud los derechos culturales de las personas con discapacidad, derechos reconocidos tanto en la Declaración de los Derechos Humanos como en la mayor parte de los textos constitucionales bajo la obligación de garantizar el acceso a la participación en igualdad en la vida cultural de un país?

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  • Igual que la OMPI ha logrado esta serie de excepciones al copyright en relación con los derechos de las personas con discapacidad, ¿se podría lograr este mismo debate en su seno relacionado con el impacto de las normativas de propiedad intelectual sobre el acervo de minorías lingüísticas y étnicas o sobre el derecho de acceso a la cultura en contextos globalizados de fuerte desigualdad social?

Sin duda, el Tratado de Marrakech es un paso adelante en la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía, paso adelante que habrá de ampliarse hacia muchos más colectivos para saciar el “hambre de libros mundial” a la que hace referencia el mismo tratado.

#GCultural2016: La cultura como servicio público

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Ayer se celebró la Cuarta Mesa del I Congreso Online de Gestión Cultural, “La gestión cultural desde las bases” que reunió experiencias y reflexiones sobre cultura y territorio desde Argentina, Bolivia, México, Perú y Uruguay.

Junto al reconocimiento de un escenario y problemática común (¿cuál es el papel de los partenariados en la gestión cultural?; ¿cómo gestionamos y desde dónde la colaboración con instituciones público-privadas?; ante la creciente disminución de financiación pública, ¿qué papel juega la financiación privada?, ¿qué peso tiene el financiador/patrocinador sobre el diseño último de los programas?; el desequilibrio en tamaño y poder de los agentes implicados en un mismo proyecto cultural, ¿afecta al trabajo en red?…), me pareció especialmente interesante el debate que se abrió paso sobre autogestión y sustentabilidad de los proyectos culturales.

Al hilo de una reflexión por parte de Centros MEC, “cuando hay un tejido sólido de instituciones, hay mejores procesos en el territorio”, me vino a la cabeza un artículo de Eduard Miralles que ya desde el título es una declaración de intenciones: “Hermanos, ¿cuándo fue que se comenzó a joder aquello de entender la cultura como servicio público en España?”

Desde mi propio trabajo en cultura y territorio a veces constato que trabajamos por proyectos temporales y en estructuras laborales desprotegidas o apenas sustentables, no tanto por elección, sino por la falta de implantación institucional de políticas culturales con visión a medio y largo plazo, que nos permitan de alguna manera, y como sector profesional, salir de las intervenciones puntuales o de programaciones aisladas que no terminan de garantizar con la suficiente fuerza el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía.

Me consta que es un leitmotiv personal, pero considero que si colectivamente hemos logrado el reconocimiento de los derechos culturales como derechos humanos es nuestra obligación alentar, presionar, incidir, inspirar…para que este paradigma sea el que rija las políticas culturales de cada uno de nuestros países. Desde mi punto de vista, como profesionales de la cultura, no sólo deberíamos conformarnos con una visión post-política y aséptica de la gestión cultural, papel que le resulta tan cómodo y que puede reforzar tanto a nuestro pesar, el actual sistema de desigualdad estructural, sino como tantas veces  repetimos ayer (trabajamos con un horizonte de autonomía en nuestras comunidades, la cultura genera afectos, la cultura es identidad…), sabernos defensores y defensoras de uno de los ejes clave de los derechos humanos, especialmente ahora, cuando la violencia económica, especialmente en su faceta extractiva, está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las formas de relación entre identidades culturales y modos de relación y protección del territorio. Cambiar el paradigma de la gestión falsamente desideologizada (la no ideología es ideología dominante) a favor de la exigencia y el ejercicio de nuestros derechos culturales como ciudadanía. Desde España, sólo puedo mirar con envidia y afán de esponja, los programas de cultura-país que están desarrollando bajo este prisma, aunque desde diferentes perspectivas, países como Bolivia, Chile o Colombia.

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Yo también me pregunto, con Eduard Miralles, en qué momento quedaron “anticuados” Jon Hawkes con su convencimiento de que la cultura es el cuarto pilar del Estado del Bienestar o Amartya Sen que desnudó aquel concepto de desarrollo que no tenía en cuenta a la cultura.

Me pregunto en qué momento el sector cultural de mi país y su sociedad civil (que poco o nada han mostrado en las calles, marea que nos falta, su descontento ante la ferocidad de los recortes culturales y el desmantelamiento de la cultura como servicio público), me pregunto, decía, cuándo el sector cultural y nuestra sociedad civil han dejado de considerar que la falta de integración de la formación artística en nuestro sistema educativo general, la insuficiente red de bibliotecas públicas, los bajos índices de lectura, el vacío legal competencial de la Administración Local en materia de cultura, la privatización de la gestión de los equipamientos culturales públicos, así como la creciente externalización de servicios culturales y proliferación de opacas fundaciones ajenas a todo control público y criterio de transparencia, han dejado de ser demandas importantes de nuestro sector profesional.

Se hace evidente que la atomización del sector y su dura pelea cotidiana por la sustentabilidad económica de los proyectos, nos han influido a la hora de constituirnos como un agente social con más fuerza para negociar de modo colectivo precisamente las condiciones en las que se ejerce nuestro trabajo y que dependen directamente de esas mismas políticas culturales sin visión a medio y largo plazo de las que necesitamos cambiar el paradigma.

 

#GCultural2016: A vueltas con la accesibilidad: innovación social y cultura libre

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A propósito de la experiencia de Gabriela Giurlani en su trabajo con artistas y escritores con discapacidad, y sin duda impulsada por la reflexión de Daniel Daza referente a los procesos de creación de redes libres, abiertas y comunitarias (ambas presentadas al I Congreso de Gestión Cultural Online), se entrelazan dentro de mí algunas cuestiones sobre la accesibilidad cultural.

Junto a otros elementos clave que configuran lo que denominamos accesibilidad cultural y que ponen sobre la mesa factores económicos, geográficos, de distribución del tiempo o de impacto de las barreras subjetivas, me interesa en este momento detenerme sobre la accesibilidad cultural de las personas con diversidad funcional.

En España, más allá de lo que aguante el papel en la «Estrategia integral española de cultura para todos», encontramos muy pocos proyectos de política cultural pública vinculados a este tema. Las (muy necesarias) Jornadas estatales sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas, que como su nombre indica, tienen carácter sectorial y no cubren el resto de las manifestaciones artísticas ni la pluralidad de espacios de creación, así como el programa estatal “Teatro accesible” que, en la actualidad, está siendo desarrollado por la Fundación Vodafone. Si bien la reflexión sobre la accesibilidad física y la eliminación de barreras arquitectónicas de los espacios culturales  ha sido más desarrollada, fuera de las organizaciones y fundaciones especializadas en el sector de la discapacidad, aún existe muy poca información y formación (y muy pocos recursos económicos) relativos a la superación de otro tipo de barreras de acceso.

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Siguiendo la línea reflexiva que se está articulando en el Congreso relacionada con la capacidad de la cultura libre para contribuir a impulsar un nuevo sistema económico, así como con nuestra capacidad como gestores para lograr que se reconozca la accesibilidad de la cultura como valor medible de retorno social, me planteo algunas cuestiones:

  • Algunos espacios post-15M que centraron su acción sobre los derechos de las personas con diversidad funcional ya ensayaron fórmulas en las que, a través del diálogo y el vínculo con la cultura maker y el diseño universal, utilizaron los espacios de innovación ciudadana y los labs que empezaban a crearse al servicio de la creación de herramientas tecnológicas que facilitaban tanto la vida cotidiana como la accesibilidad cultural de las personas con diversidad funcional. ¿Qué pasaría si esta fuese una línea de trabajo a impulsar horizontal e institucionalmente en todos los Labs ya creados?, ¿qué pasaría si las alternativas que definen a la cultura libre se aplicasen de modo sistemático al sector de la innovación social y se impulsasen desde lo público, frente a los riesgos de la cooptación neoliberal que hoy enfrenta? “Ser hecho por uno mismo, el control sobre el acceso al código, a estudiarlo, modificarlo, compartir las mejoras de cualquier creación”.
  • Las fundaciones privadas o subvencionadas que hoy se ocupan del desarrollo de tecnologías de apoyo en el sector cultural, ¿qué criterios siguen en relación con las patentes?, ¿comercializan de forma privada después estos desarrollos?, ¿la política de precios de los mismos los vuelve accesibles a toda la ciudadanía afectada?, ¿nuestros organismos culturales públicos han incorporado ya cláusulas específicas en los pliegos de contratación que puntúen la garantía de accesibilidad en espacios y espectáculos?
  • ¿Por qué la cultura libre no está reivindicando el papel protagonista que le correspondería en el sector de la accesibilidad cultural?, ¿por qué colectivamente estamos realizando esta dejación de funciones a favor de las fundaciones y el sector privado? ¿Qué relación mantenemos sectorialmente con la innovación y el emprendimiento social?
  • Más allá del acceso como espectadores o usuarios, ¿qué políticas culturales estamos desarrollando para garantizar los derechos como creadores de las personas con diversidad funcional? En nuestros circuitos y programaciones, ¿está incorporada esta mirada?

Sin duda, junto al seguimiento y la exigencia de cumplimiento y transparencia relativos a la aplicación de la «Estrategia integral española de cultura para todos» y la deseable mayor apertura, dinamismo y relación con la sociedad del Foro de Cultura Inclusiva, éstas son líneas de desarrollo pendientes para la gestión cultural pública.

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#GCultural2016: Cultura libre y comunidades

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“No tenemos un público, formamos parte de una comunidad.”

Barbi Couto, editora de Ediciones de la Terraza

 

Al hilo de lo debatido en la Mesa 1 del Congreso Online de Gestión Cultural, “Gestión cultural para la producción de cultura libre”, surge una reflexión en mí vehiculada por cuatro ideas fuerza que se repitieron en la conversación:

  • La importancia de saberse parte de una comunidad y encontrar en el contexto fortalezas, rompiendo a través de dinámicas de colaboración aquellas estructuras que generan márgenes. En relación, por ejemplo a las iniciativas de mapeo cultural compartidas, me parece clave un aspecto: el modo en el que rompen el control, democratizándolo, de la visibilidad de las iniciativas, visibilidad que suele ser utilizada por parte de los distintos “poderes institucionales” para definir qué puede ser considerado cultura y qué no y así poder llevar hacia los márgenes aquellas iniciativas cuyos relatos puedan tener mayor fuerza para desestabilizar el poder o que lo cuestionen de un modo más frontal. La democratización en la visibilidad y en la constitución de las agendas culturales de un territorio contribuye a cuestionar la verticalidad y la imposición de definiciones, así como pone en cuestión algunos de los ejes del discurso neoliberal: la deslocalización económica y el mandato de aislamiento (los territorios en los que se asientan las iniciativas son intercambiables) y el acaparamiento de la “mirada”, la visibilidad (la ubicuidad) como mecanismo de dominio y concentración de valor económico. ¿Competir para ser más vistos? No, generar ecosistemas de miradas de ida y vuelta horizontal.
  • La necesidad de liberarnos de un paradigma finalista y objetual, para pasar a la reflexión sobre los procesos. Los proyectos culturales no son estáticos, ni lineales, pensamiento contaminado por una noción económica del crecimiento ilimitado y de una definición de desarrollo anticuada, sino que viven procesos de transformación que nos llevan a plantearnos la necesidad de cambiar la medición del valor en nuestras sociedades. No se trataría, en la evidente necesidad de avanzar en la creación de indicadores y estadísticas culturales más fiables, de volver a caer en la tentación finalista, sino de lograr incorporar todas las dimensiones cualitativas y de creación de comunidad que la cultura genera. Avanzar desde la cultura libre en la afirmación y creación de otras culturas económicas, en las que el valor económico no pueda deslindarse del medioambiental, del social y del impacto democrático.

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  • Siguiendo las reflexiones de la economía feminista que tratan de llevar al centro la conversación sobre la “sostenibilidad de la vida”, seguimos necesitando darnos voz para hablar sobre el voluntarismo, activismo y precariedad en la que viven muchos gestores de proyectos culturales, así como el riesgo de cooptación y reapropiación por parte de los mecanismos del mercado, que fagocita los resultados de lo construido por creadores y comunidades, monetizándolo y dejando fuera precisamente a creadores y comunidades. Sigue siendo uno de los elementos de mayor desprotección (y dolor) del sector y quizá en los próximos años debamos llevar la atención a dos aspectos: a) qué discursos en el sector cultural legitiman (y nos convencen) para aceptar como natural y consustancial al trabajo cultural esta vulnerabilidad; b) cómo podemos generar mecanismos colectivos para protegernos de la “depredación del conocimiento colectivo” y mejorar las condiciones laborales del sector.
  • Entre las líneas de trabajo apuntadas en esta primera mesa se plasmó la necesidad de crear una nueva institucionalidad cultural que, junto a la necesidad de dinámicas de democratización cultural, pasase a procesos de democracia cultural, cuestionándose los propios cauces de participación: quién los define, desde dónde, en qué condiciones de materialidad, con qué sesgos cuenta, quiénes pertenecen, quiénes quedan fuera… En mi opinión es en esta dirección en la que la cultura libre puede tener uno de los recorridos de mayor calado: en su contribución a la creación de comunidades auto-educadoras, reflexivas, críticas que se expongan con mayor libertad y facilidad a distintas experiencias artísticas y de creación e innovación, convirtiéndose en agentes e interlocutores clave para el diseño de políticas culturales municipales y procesos de programación colaborativa. Desde mi punto de vista, en esta función de “creación de públicos desde abajo», es en la que la cultura libre puede desarrollar su mayor potencial y generar sinergias transformadoras en la institucionalidad, intuyendo su potencialidad en el medio rural y sus espacios de gobernanza (juntas vecinales, mancomunidades, comarcas).