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España ante el decenio internacional de los afrodescendientes (2015-2024)

Estefanía Rodero Deja un comentario

(Imagen del fotógrafo nigeriano Emeka Okereke)

La Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que España forma parte, aprobó declarar el decenio 2015-2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes con el fin de visibilizar la desigualdad aún presente a nivel internacional que sufren las personas de ascendencia africana, así como para promover tanto el conocimiento y respeto a la diversidad de su herencia y culturas y lograr su plena e igualitaria participación. Aunque los primeros actos institucionales relacionados con la afrodescendencia en España han venido prioritariamente de la mano del sector de la cooperación y la AECID cabe preguntarnos, ¿qué diálogo está estableciendo nuestro país con su propia herencia africana y qué reconocimiento está dando a sus afrodescendientes y su propia historia? Se corre el riesgo de que la celebración de esta década se conceptualice, en un país separado por apenas 14 kilómetros del continente africano, como algo ajeno a la realidad político-social española, sofocando importantes debates pendientes como lo es, bajo el peso de la construcción de una interesada identidad hegemónica, el propio desconocimiento de la diversidad de nuestra historia  o la nefasta gestión de nuestra propia post-colonialidad.

Experiencias como las desarrolladas por la organización colombiana Manos Visibles alrededor de la Diáspora africana, están marcando el paso en el espacio iberoamericano y poniendo el foco sobre la necesidad de construir nuevas narrativas y afrontar la tarea política de incidir sobre los imaginarios limitantes en torno a los grupos étnicos, no sólo desde la reivindicación de las raíces y la descendencia africana, sino desde la construcción de redes que superen el nivel nacional. De igual manera, en España, aún con poco apoyo mediático (qué haríamos sin Chema Caballero en este país…), se van proponiendo desde la sociedad civil reflexiones de calado:

  • Si una de las líneas de actuación del Decenio es la implementación de programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, las organizaciones afrodescendientes en España plantean la urgencia no sólo del cierre de los CIEs, sino de afrontar el racismo policial y sanitario enraizados en nuestro país, así como exigir una política de fronteras que respete la legalidad internacional y la declaración de los derechos humanos.

 

  • También se está pidiendo, de una vez por todas, llevar a la agenda estatal el debate sobre la profundización democrática y los sesgos raciales que a día de hoy siguen presentes en la democracia española y su sistema de partidos. La falta de representatividad política de las comunidades afrodescendientes en nuestro país o la cooptación de caras visibles por parte de los partidos sin incorporar también las demandas colectivas que representan dichos líderes sociales son algunos temas pendientes.

 

  • En relación con nuestras políticas educativas, más allá de la actual invisibilización de las aportaciones africanas en todos los campos del conocimiento, se están poniendo sobre la mesa algunos ejes de trabajo clave: ¿cómo se está estudiando a día de hoy en nuestro sistema educativo el colonialismo español?, ¿se trabaja en nuestras clases de historia?, ¿la historia conjunta con Guinea Ecuatorial, Marruecos, Sahara cómo está siendo transmitida y elaborada?, ¿qué voces son incorporadas al relato? ¿Por qué, a pesar de la aprobación de diferentes Propuestas No de Ley, el 25 de marzo, Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud, no genera actividades memoriales, educativas o de reflexión en nuestros centros educativos como sí lo hacen otras fechas aprobadas por la ONU? En relación con nuestro sistema universitario: ¿no sorprende, dado el grado de cercanía geográfica, el peso marginal que aún tiene la Africología en nuestros estudios superiores?, ¿es posible seguir manteniendo este grado de eurocentrismo a la hora de abordar desde España nuestros estudios culturales?

 

  • La comunidad afrodescendiente en España está señalando también el profundo racismo que aún destila nuestra producción cultural y que se mueve en tres líneas: el mantenimiento de los estereotipos coloniales, “dulcificados” por el paso del tiempo pero de raíz profundamente racista (véanse las representaciones de la “negritud” cada 5 de enero…), la identificación de la africanidad con la pobreza y la “necesidad” de ayuda, que construye la imagen continental desde los gabinetes de comunicación de las grandes ONGs estadounidenses o europeas y la folklorización/exotización que sofoca la visibilidad de las aportaciones contemporáneas de la creación africana y sus políticas culturales en todos los campos. Aprovechar desde España este Decenio para apoyar iniciativas comunicativas que se hacen eco de dicha contemporaneidad (como Afribuku o Wiriko) o generar líneas institucionales de apoyo a la bibliodiversidad sensibles a la creatividad afrodescendiente y su representación simbólica en todos los campos (como la experiencia de PotoPoto en el campo del álbum ilustrado infantil) podrían ser líneas de actuación sencillas pero eficaces para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Decenio.

  • Junto a todo ello, la aprobación de la Ley Integral contra el racismo que viene demandando la comunidad de ascendencia africana en nuestro país sería, sin duda, el mayor avance que podría darse aprovechando la sinergia internacional, posicionando en la agenda mediática estatal los puntos señalados y contribuyendo a un debate rico y abierto sobre nuestras propias diversidades y la multiplicidad de nuestras herencias.

Desde el sector profesional tenemos por delante un interesante camino desmontando nuestra parte de responsabilidad en la perpetuación de estereotipos, así como nos corresponde ser un aliado natural de la comunidad afrodescendiente española acompañando desde las políticas culturales su reivindicación de mayor protagonismo, representatividad y reconocimiento.

 

 

 

 

Por una declaración de amor a las bibliotecas rurales

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(Imágenes pertenecientes a la intervención artística en los bibliobuses

colombianos de Diana Arias Zué)

En La larga travesía de los libros, reportaje que Televisión Española ha dedicado al trabajo que realizan los bibliobuses en el medio rural castellano-leonés, se repiten como un leitmotiv algunas reflexiones: el vínculo emocional generado en los pueblos con este servicio de biblioteca, la importancia que tiene el trato humano en la mediación lectora, especialmente con la gente más mayor y los riesgos del aislamiento progresivo ante el avance de la despoblación. También sabemos que los centros coordinadores provinciales de bibliotecas, que dependen de las diputaciones, han sido uno de los ámbitos (junto al resto de intervenciones culturales en el medio rural) que más ha sufrido la política de recortes así como los bibliotecarios en ruta aún están peleando por el reconocimiento de la categoría profesional de las funciones que realmente desempeñan. No es casualidad que la Asociación estatal de bibliotecas móviles iniciase su andadura en Castilla y León ni que esta comunidad sea uno de sus ámbitos de referencia.

Si, como recoge el II Plan de Lectura de la Comunidad de Castilla y León 2016-2020, “el porcentaje de lectores de las capitales de provincia es del 62,4%, mientras que en los municipios de hasta 2000 habitantes es del 43% lo que supone una diferencia de 19,4 puntos porcentuales”; y si ya en la Ley de Desarrollo Sostenible del medio rural se recogía

«Artículo 29. Cultura.

Con el objetivo de permitir el mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima en el medio rural, el Programa podrá contener medidas que tengan por objeto: a) Crear redes de espacios culturales, que, reutilizando el patrimonio arquitectónico existente, garanticen la infraestructura para su desarrollo con la mayor polivalencia posible, la dimensión adecuada para garantizar su sostenimiento y su accesibilidad; b) Impulsar planes de actividades culturales por zona rural, favoreciendo la participación y la iniciativa de todo tipo de entidades privadas; c) Dotar a los municipios rurales de bibliotecas públicas; d) Proteger el patrimonio histórico-artístico ubicado en los municipios rurales y fomentar su mantenimiento y restauración adecuados.»

estableciendo como un eje de acción prioritario dotar a los municipios rurales de bibliotecas públicas, ¿no deberíamos  profundizar en el debate sobre cómo compaginar mejor los servicios de biblioteca móvil con la consolidación paulatina de servicios bibliotecarios fijos en nuestro medio rural?

Durante los años 80, con el auge del paradigma cultural de la animación socio-comunitaria, fueron muchos los pequeños ayuntamientos y asociaciones culturales o vecinales rurales quienes impulsaron la adecuación de espacios y la compra progresiva de ejemplares para dotarse de pequeñas bibliotecas. Existen en muchos de nuestros pueblos espacios ya habilitados pidiendo a gritos actualización, asesoramiento experto, mirada y dinamización. Junto a la visita mensual que realizan los bibliobuses a nuestros pueblos, si realmente queremos revertir la diferencia porcentual de lectores entre las capitales de provincia y el medio rural, deberíamos tener en cuenta el papel central que pueden jugar las bibliotecas rurales en el día a día. No sólo son espacios de promoción lectora, también son un referente de dinamización comunitaria, un espacio de formación permanente, un punto de información y acceso tecnológico y un eje clave de identidad. La peligrosa deriva por la que se están imponiendo en Castilla y León como “medidas de éxito” acciones que dejan las políticas culturales y bibliotecarias rurales en manos de programas de voluntariado, enmascarando recortes y actuaciones de corte neoliberal, sin planificación a medio y largo plazo ni contratación de los profesionales necesarios que podrían implementar con seriedad las acciones de desarrollo cultural rural, dan cuenta de la urgencia de la intervención que está necesitando el sector.

De nuevo remitiéndonos al II Plan de Lectura de Castilla y León relativo a las acciones para el medio rural surgen al menos algunas preguntas: más allá del “estudio de los perfiles de los usuarios” o “recabar información sobre asociaciones y colectivos que existan en la localidad”, “seguir trabajando en el ámbito familiar”, ¿qué medidas concretas se proponen en Castilla y León para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural?

El traslado de experiencias de éxito a través de la elaboración de fichas guía o el impulso de clubes de lectura virtuales presuponen la existencia de mediadores que, a día de hoy, no son una figura real en nuestro medio rural. Las contrataciones temporales, las subvenciones puntuales o el voluntarismo de las pequeñas concejalías de cultura han permitido en los últimos años, en el mejor de los casos, que los espacios bibliotecarios municipales hayan podido dar un mínimo servicio normalmente coincidiendo con fechas estivales. No nos estamos refiriendo a la ruralidad periurbana ni a las principales cabeceras de comarca, sino a la realidad demográfica de la comunidad: el hecho de que dos de cada tres localidades en Castilla y León suman menos de 500 habitantes.

Si uno de los ejes que se repiten una y otra vez en relación con nuestro medio rural es el peligro del aislamiento y la progresiva pérdida de espacios de socialización (“uno podría ponerse las zapatillas de casa en noviembre y no quitárselas hasta marzo, hay que hacer un esfuerzo para salir”, comenta uno de los participantes en el reportaje anteriormente citado), ¿es una línea de acción vinculada a la realidad de lo demandado en nuestros territorios, claramente envejecidos, optar por la virtualización y los fogonazos de acciones de voluntariado? ¿O de lo que realmente estamos hablando es de promocionar planes sin un compromiso sólido con los presupuestos necesarios para implementarlos y que respeten los derechos laborales del sector profesional? En lenguaje de virtuosismo retórico se justifican estas medidas en el propio Plan: “una inversión más contenida puede representar una oportunidad para explorar modelos alternativos, ser innovador en los servicios y en la manera de desarrollarlos y prestarlos…”

Medidas como la contratación de personal bibliotecario  que pudiera dar cobertura comarcal a varias pequeñas bibliotecas rurales para garantizar servicios de préstamo y animación lectora semanales; nuevas políticas de comunicación y visibilidad como el caso de Quintanalara (Burgos); una política activa de comunicación por parte de los centros provinciales coordinadores de bibliotecas acercando a los municipios los trámites para la incorporación de sus bibliotecas locales a la red, tutorizando los pasos necesarios para su adecuación; el impulso de una línea de relación cultural internacional que pusiera en diálogo los modelos de redes de bibliotecas populares y comunitarias latinoamericanas y sus conocimientos para la aplicación de sus metodologías en el medio rural español; la apuesta de los Grupos de Acción Local por el impulso sostenible de las bibliotecas rurales (¿puede haber algo más “productivo” que una biblioteca?) …podrían ser caminos a explorar que pudiesen consolidar la acción ya presente de los bibliobuses rurales convirtiéndolos en punta de lanza para la consolidación de servicios bibliotecarios fijos en nuestros municipios. Al fin y al cabo, el derecho al acceso a la cultura y a la participación en la vida cultural recogido tanto en nuestra Constitución como en la norma internacional no hacen diferencias en función del lugar en el que se habita…

 

Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (2ª parte y fin)

Estefanía Rodero Deja un comentario

(Viene de Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 1ª parte)

2.1.- Identidades

En la declaración de expertos de Naciones Unidas con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural “Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo”, se recoge una idea que va repitiéndose como leitmotiv en diferentes declaraciones internacionales (derechos de las minorías, derechos de los pueblos indígenas, protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales), el derecho a “reformular la propia identidad”.

En dicha declaración se afirma:

 

El respeto de los derechos humanos promueve la diversidad cultural, al ofrecer a las personas y los grupos la posibilidad de expresar y desarrollar libremente su identidad cultural; acceder a la herencia cultural y religiosa y la información de su propia comunidad y de otros grupos, así como a los beneficios del progreso científico; y participar en la interpretación, elaboración y desarrollo de la herencia cultural y en la reformulación de los contenidos y contornos de su identidad cultural.

 

Esta noción performativa de la identidad, estratégicamente utilizada por los feminismos y por otros movimientos políticos y sociales en defensa de los derechos de las minorías, como el colectivo LGTBI o los movimientos de descolonización (el descubrimiento de la propia identidad colonizada y la necesidad de nombrarse con las propias palabras del que habla Frantz Fanon en Piel negra, máscaras blancas) lo que hace es poner de manifiesto la construcción socio-política de cualquier identidad. Si la artista Barbara Kruger ya afirmaba rotunda Your body is a battleground, las identidades también lo son. Frente a la utilización política y económicamente interesada de nociones de identidad opresivas, sobre la que ya reflexionó Amartya Sen en contestación al reduccionista enfoque del choque de civilizaciones de Huntington, hacer valer la performatividad de las identidades, su carácter cambiante, su tensión dialógica se plantea como un modo útil de hacer frente a algunos de los riesgos identificados de nuevo por Farida Shadeed, a saber:

  • La uniformización identitaria impuesta por las políticas globalizadoras.
  • La fosilización de manifestaciones y la apropiación indebida de patrimonio inmaterial con fines turísticos.

Frente a quienes sitúan las políticas culturales que versan sobre identidades exclusivamente como políticas de cooperación al desarrollo, se hace evidente que la profundización democrática de la que hablábamos en el primer punto de este artículo, necesariamente tiene que pasar por aquí. No sólo en la reflexión común de los conceptos identitarios implícitos (y con posicionamientos políticos subyacentes) presentes en la “moda actual” sobre la creación de marcas-país o marcas-territorio, sino a través de la aplicación de una mirada intra-estatal que reflexione sobre la multiplicidad de sus identidades y su necesaria representación social y política. Esta mirada intra-estatal sensible a las identidades podría mirar hacia el pasado -más allá de gruesos abordajes turísticos- analizando qué identidades han sido invisibilizadas bajo la identidad hegemónica (por ejemplo, en el caso español la herencia cultural morisca y judía entre otras) así como podría operativizarse en el presente a través de la creación de nuevos agentes sociales y políticos que introduzcan en la agenda estatal sus puntos de vista no explicitados (por ejemplo, en la línea de reflexión iniciada en el Espacio Afroconciencia) y exijan, en sintonía con el marco referencial de la “igual dignidad de todas las culturas” recogida en las principales Declaraciones de la UNESCO, una mayor y mejor definición de democracia.

2.2.- Territorios.

El reconocimiento del vínculo entre cultura y territorios asumido en diversas convenciones tanto de la UNESCO como del Consejo de Europa a través del Convenio Europeo del Paisaje y el consiguiente paraguas de protección que ofrece este marco del derecho cultural internacional podrían citarse y hacerse operativos con mayor frecuencia en la actual situación de la ruralidad española y europea. Si bien es la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas la que hace una referencia más nítida a la tierra en sus artículos 25 y 26:

Artículo 25

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

 

Artículo 26

  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
  3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

no es menos cierto que la Observación general nº 21 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (y anteriormente, aunque con más tibieza la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural) amplía la noción de acceso a la vida cultural que comprendería también “seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, la biodiversidad” alertando sobre la necesaria protección de los territorios ante la explotación ilícita o injusta por parte de empresas transnacionales.

Se hace evidente que los riesgos a los que apunta la Declaración de derechos de los pueblos indígenas trascienden el marco planteado en el documento, tienen carácter transnacional y afectan también de lleno al mundo rural europeo. Mientras se avanza en el debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la elaboración del ansiado documento de Transnacionales y Derechos Humanos, ante el que tendremos que articular un nivel de presión sectorial suficiente para lograr que se explicite la necesaria protección de los derechos culturales frente a la mala praxis empresarial, desde el ámbito de las políticas culturales no deberíamos olvidar la vinculación entre cultura y territorio ya recogida en la norma internacional ni renunciar a las vías de justiciabilidad que abre. Como digo, no sólo justiciabilidad para el Sur global, sino para Europa, ante la creciente presión del extractivismo en el medio rural español que está pasando desapercibida por el peso de la despoblación que contribuye a su invisibilización mediática.

Si, de nuevo, en la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, se recoge en su artículo 29:

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

 

actualmente dicha presión extractiva se está replicando en el mundo rural del Sur de Europa, más envejecido y por tanto, con menor nivel de conflictividad social. Este mundo rural, especialmente en la Meseta, se ve también sofocado por el criterio de “belleza natural” recogido en la Convención de protección del patrimonio natural que mantiene ciertas connotaciones de “pintoresquismo centroeuropeo” y que desprotegen, por infravaloración, paisajes culturales como la dehesa. Las recientes movilizaciones en Badajoz contra la refinería Balboa, en Burgos contra el fracking, la plataforma Stop Uranio en Salamanca contra la apertura de la única mina de uranio a cielo abierto en toda Europa así como las movilizaciones rurales en Ávila ante la apertura de una mina de feldespato en plena Red Natura 2000 nos muestran la urgencia a la hora de poder aplicar los criterios de protección territorial recogidos en la declaración de pueblos indígenas en contextos europeos, así como de fortalecer la protección de los paisajes culturales y su reconocimiento.

En conclusión

Tal y como afirman tanto Prieto de Pedro como Alain Touraine se hace necesario tomar conciencia de que estamos en el tiempo de los derechos culturales, de modo que junto al impulso del cambio de paradigma hacia la promoción de los mismos y el respeto a la diversidad en la Unión Europea, tenemos como reto para su protección la incorporación en la cultura occidental de las dimensiones colectivas, de naturaleza y de transmisión del legado a las generaciones futuras, ejes centrales para nuevas acciones de gobierno en toda Europa que quieran afrontar, ante tiempos convulsos, la tarea siempre pendiente de traer más democracia a nuestras democracias.

 

 

Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática (1ª parte)

Estefanía Rodero 2 comentarios

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“Las políticas de defensa de derechos humanos son políticas culturales.”

Boaventura de Sousa

1.- Participación en la vida cultural: de la urgencia post-desastre a la profundización democrática.

El derecho a participar en la vida cultural, ya recogido en el Artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, ha ido evolucionando a medida que avanzaba el siglo XX y se ampliaba la propia definición de cultura. De una visión defensiva y un paradigma de bien cultural objetual, claramente marcado por la urgencia de la reconstrucción tras la devastación de las guerras mundiales, aunque ciertamente permisivo con el dominio colonial del patrimonio de los países del Sur global, se fue abriendo paso una visión más dinámica de este derecho a medida que se socializaba una definición de cultura más cercana al enfoque antropológico.

Si nos detenemos en uno de los aspectos recogidos en dicho artículo 27 “el derecho a gozar de las artes”, observamos cómo desde una acepción del derecho a participar en  la vida cultural entendida como sinónimo de participación como espectadores en actividades artísticas dentro del paradigma occidental de las Bellas Artes (en consonancia con el marco de época de las políticas culturales centradas en la democratización cultural cuyo máximo exponente es la Francia del ministro André Malraux) se fue ampliando el foco de acción hacia la propia creación cultural y la participación activa con nuevas definiciones de públicos, así como hacia una concepción de la vida cultural como el espacio de juego real en el que se construye o destruye la democracia.

Así la Observación general nº21 sobre el Derecho de toda persona a participar en la vida cultural del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se detiene ampliamente en los aspectos concretos que garantizarían dicha participación, reconociendo la importancia del papel creador, de la contribución activa:

La contribución a la vida cultural se refiere al derecho de toda persona a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad. Le asiste también el derecho a participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales.

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De igual manera, en el reciente documento Repensar las políticas culturales se amplía el concepto de participación cultural abarcando el co-diseño de las políticas culturales por parte de la ciudadanía e incorporando a esta dimensión activa de la participación el seguimiento, la evaluación, la exigencia de transparencia y el control político.

Son tanto la Carta Cultural Iberoamericana como la Agenda 21 de la Cultura las que recogen de un modo más nítido la evolución internacional sobre el derecho a participar en la vida cultural pasando de una visión eurocéntrica, objetual, defensiva y de urgencia hacia un nuevo paradigma de profundización democrática, desde el principio de reconocimiento y protección de la diversidad, la equidad y el derecho a la participación de los grupos vulnerables. Así se percibe también una evolución en el diseño de las políticas públicas culturales desde el enfoque ya comentado de democratización cultural estatal hacia marcos de referencia que ponen en el centro la protección de los derechos culturales y amplían las definiciones de ciudadanía y democracia cultural primando los niveles más cercanos de gobernanza, los espacios municipales, como ámbitos privilegiado para este ejercicio de democracia. Así, por ejemplo, en los principios de la Carta Cultural Iberoamericana se recoge:

Los derechos culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos, de forma tal, que ese mismo ejercicio permite y facilita, a todos los individuos y grupos, la realización de sus capacidades creativas, así como el acceso, la participación y el disfrute de la cultura. Estos derechos son la base de la plena ciudadanía y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura.

2.- Dimensión colectiva de los derechos culturales: identidades y territorios.

Como afirma Boaventura de Sousa en el artículo Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos, la cultura occidental cuenta con un déficit en relación con:

La idea de los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza y los de las generaciones futuras, así como la de los deberes y responsabilidades frente a entidades colectivas, sean la comunidad, el mundo o incluso el cosmos.

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La dimensión colectiva de los derechos culturales, más allá del reconocimiento a la libre determinación de los pueblos recogida en la Declaración de los Derechos Humanos, que tan poco desarrollada se encuentra en Europa y que genera tanta tensión intelectual, nos confronta con la centralidad hegemónica que el individualismo competitivo y el falsamente neutro “homo economicus” del capitalismo -ya desmontado por la economía feminista, valga de ejemplo “Mercados globales, género y el hombre de Davos” de Lourdes Benería- tienen también en la producción y crítica cultural occidental.  Como bien señalan las diversas autoras de esta escuela, la negación de la vulnerabilidad, la invisibilización de nuestra interrelación con la naturaleza así como la exclusión dentro de la reflexión intelectual del papel clave que juegan los cuidados en el campo de la reproducción social y cultural, han permitido la imposición de la visión individualista-competitiva de lo humano, central para el actual sistema neoliberal y freno para el desarrollo práctico de los derechos culturales colectivos en Europa.

Si bien desde la economía, basándose en el Sumak Kawsay de la América Andina, ya se han implementado propuestas alternativas a este enfoque individualista, y en Europa se está dando esta misma reflexión desde la economía alrededor de los comunes, el debate europeo sobre la dimensión colectiva de los derechos culturales alrededor de las concepciones de identidad y territorio aún no ha desplegado todo su potencial transformador actual posible y se ve aún encuadrado en planteamientos reduccionistas que vinculan su propuesta exclusivamente a posicionamientos nacionalistas.

Como afirma Prieto de Pedro, los derechos culturales colectivos deben ser reconocidos como una categoría autónoma de derechos, mucho más si como afirma la experta independiente en materia de derechos culturales para la ONU, Farida Shaheed, la expresión vida cultural actualmente “hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo” y tomamos en cuenta las dinámicas transnacionales que atraviesan de facto el día a día de la política cultural no sólo nacional sino regional y local. Más allá, por tanto, de las reflexiones que vinculan la dimensión colectiva de los derechos culturales con la seguridad y la autoestima personales, así como con su papel generador de cohesión social, me gustaría detenerme en algunas ideas fuerza apuntadas en el marco del derecho cultural internacional alrededor de las identidades y los territorios que podrían, desde la hermenéutica diatópica propugnada en el artículo citado de Boaventura de Sousa, operar a día de hoy en el Sur de Europa.

(Continúa en Derechos culturales: pieza clave de la profundización democrática 2ª parte)

Todas las lenguas maternas: protección de los derechos lingüísticos en España

Estefanía Rodero 6 comentarios

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Cuando en España se habla de diversidad lingüística, el electoralismo suele entrar en escena como elefante en cacharrería, impidiendo el sosiego necesario para hacer llegar a la opinión pública la percepción de toda la belleza y riqueza de lo que realmente se está hablando, la herencia que se transmite en cada lengua materna. No me refiero sólo al reconocimiento de facto de la oficialidad de las lenguas en la Constitución o los Estatutos de Autonomía de nuestro país, sino a la obviedad de que más allá de medidas simbólicas, las lenguas minorizadas necesitan acciones de protección efectiva para sobrevivir.

Según datos de la UNESCO, más de la mitad de las 7000 lenguas que se hablan en el mundo pueden desaparecer en las próximas generaciones, no sólo amenazadas por el fallecimiento de sus últimos hablantes, como en el caso de muchas lenguas indígenas, sino por la persistencia de políticas culturales neoliberales que ven en la protección de la diversidad lingüística, como estamos viendo en Europa con las negociaciones del TTIP o el CETA, un freno al paradigma del “Libre Comercio”.

La falta de sensibilidad hacia los derechos lingüísticos ha dejado este otoño un ejemplo paradigmático en Castilla y León. Mientras el astur-leonés (junto al aragonés) ya ha sido incluído en el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro y a pesar de que España ha ratificado tanto la Declaración por la Diversidad Cultural como las Convenciones de protección del patrimonio inmaterial y la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias, la Junta de Castilla y León se ha negado una vez más, desoyendo tanto al Procurador del Común como a las organizaciones de la sociedad civil que llevan años protegiendo este patrimonio lingüístico en riesgo, a desarrollar el art. 5.2 del Estatuto de Autonomía que reconoce la importancia de la diversidad lingüística en Castilla y León.

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Estamos hablando, por tanto, del reiterado incumplimiento y negación por parte de las instituciones españolas (también con fricciones importantes relacionadas con la política lingüística en Aragón) de la legislación internacional de protección de los derechos lingüísticos, mucho más en aquellos casos en los que el peligro de desaparición de las lenguas va asociado a la pervivencia del mundo rural bajo la amenaza permanente de la despoblación. Cuando hablamos de estas formas “sutiles” de epistemicidio rural, una no puede dejar de recordar como símbolo extremo la belleza del planteamiento lingüístico sobre el quechua mostrado en la oscarizada película peruana “La teta asustada”.

Ante la pervivencia de modelos de política cultural en nuestro país que no se detienen a reflexionar sobre la vulnerabilidad de lo minoritario, sobre el incuestionable papel como protectores públicos y promotores de la pervivencia de este patrimonio inmaterial que deberían estar protagonizando las instituciones públicas, es urgente cambiar el paradigma de actuación de las políticas culturales de nuestro país hacia la defensa de los derechos lingüísticos en todos los territorios y la protección de su diversidad.

Esta misma semana se presentará en Donostia la propuesta de aprobación de un Protocolo de Garantía de los Derechos Lingüísticos, que pondrá de nuevo en el centro de la agenda mediática la necesidad de protección de las lenguas minorizadas, el papel que dicha protección puede jugar como elemento de construcción de paz y dimensión de los derechos humanos, así como contribuirá a aumentar la sensibilidad y conocimiento por parte de la sociedad en su conjunto de la riqueza que aporta la diversidad lingüística en nuestro país. Medidas de comunicación como el proyecto Idiomas en Peligro, impulsado por la Alianza para la diversidad lingüística, o el apoyo económico estratégico a todas las medidas de defensa de la bibliodiversidad que impulsen desde el mundo editorial la presencia y permanencia de lenguas minorizadas, se muestran absolutamente esenciales para divulgar con mayor impacto el conocimiento de nuestros derechos lingüísticos.

 

Repensar las políticas culturales

Estefanía Rodero 3 comentarios

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Con motivo de la celebración de los diez años de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO, se ha elaborado uno de los Informes Culturales Mundiales de mayor calado y trascendencia ante los retos que las desigualdades generadas por la globalización y las derivas del Libre Comercio mundial están dejando en el panorama político internacional, Re-Pensar las políticas culturales. Aprovechando su reciente publicación en español, comparto una lectura sobre los principales ejes del mismo.

Entre las aportaciones clave que aportó en el 2005 la Convención estuvo, sin lugar a dudas, el reconocimiento explícito del “derecho soberano de los gobiernos para introducir políticas que protejan y promuevan la diversidad de las expresiones culturales”. Se estableció así a nivel normativo un necesario contrapeso a la entrada masiva de bienes culturales occidentales en los mercados internacionales, así como se promovió un análisis crítico del gran desequilibrio comercial que estaba sofocando manifestaciones culturales, identidades y valores al margen del modelo hegemónico neoliberal promovido por la globalización. Como ya  hemos abordado en otras ocasiones la importancia de la defensa de las soberanías culturales del Sur, quiero detenerme ahora en algunas de las tendencias en el diseño de políticas culturales que identifica el Informe, a diez años de la firma de la Convención, ratificada por 140 Estados-parte.

  • Sociedad civil y políticas culturales: una de las líneas de acción más importantes que se están abriendo paso a nivel internacional es la implementación de estrategias de co-diseño de las políticas culturales. El papel de las organizaciones de la sociedad civil gana protagonismo a través del diálogo entre las políticas de participación ciudadana y las culturales. Se reconoce también la necesidad de fortalecer la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar, seguir y evaluar las políticas culturales, aún hoy muy débil, tanto en relación con procesos de transparencia como de cumplimiento de objetivos. Si bien en el caso español estas prácticas (muy focalizadas en las grandes ciudades, prácticamente inexistentes en el resto de España) se han implementado en el nivel local, aún nos faltaría fortalecer esta dimensión dialogante y exigente de la sociedad civil española en materia de cultura a nivel estatal, la socialización y apertura del diseño de las políticas culturales como algo que afecta y puede mejorar sin duda nuestra vida cotidiana.
  • Diversidad mediática: Son varias las preocupaciones que recoge el Informe en materia de medios de comunicación. La constatación de que un mayor número de plataformas no tiene por qué garantizar la diversidad de contenidos y expresiones, la falta de cobertura y contenidos mediáticos relativos a minorías o que garanticen la igualdad de género, la invisibilización de la agenda del Sur global y la íntima relación entre diversidad mediática y construcción de democracia. Resulta interesante aplicar  algunos de los indicadores para la medición de este eje a la realidad española, no sólo en lo relativo a la libertad de leyes informativas y exclusión de la censura, ampliamente contestadas en las movilizaciones contra las Leyes Mordaza, sino al pluralismo en la propiedad de los grupos de comunicación o a los baremos de inclusión mediática de grupos históricamente marginalizados y la equidad en el tratamiento de los grupos sociales vulnerables, denunciado una y otra vez, por ejemplo, desde el campo de la salud mental y su tratamiento informativo.

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  • El papel de las mujeres como artistas y productoras de bienes y servicios culturales: una de las áreas más importantes del Informe reconoce explícitamente “la relación simbiótica entre la igualdad de género, los derechos culturales y la diversidad cultural”. Se hace hincapié especialmente en la necesidad de garantizar la igualdad en los espacios de decisión de las políticas públicas y de incentivar medidas que contrarresten la invisibilización de la creación artística de las mujeres. Frente a las carencias evidentes que aún arrastra España en este aspecto, iniciativas como MAV, Clásicas y Modernas o CIMA están señalando la obligación que tiene España a la hora de cumplir con esta dimensión contemplada en la Convención de la UNESCO ratificada en el 2006.
  • Acceso y participación: ¿Qué medidas está implementando cada país para promover el acceso a expresiones culturales diversas? No se trataría simplemente de implementar medidas de democratización cultural sino de ampliar aún más la mirada. Como señala Nina Obuljen en el primer apartado del Informe, algunas de las acciones para profundizar en esta dirección serían: “ promover el acceso y la participación de personas pertenecientes a minorías, pueblos autóctonos, jóvenes y mujeres en la vida cultural; promover el acceso y la participación de las personas desfavorecidas socialmente, con discapacidad, ancianos, así como la población en áreas rurales; mejorar la educación cultural; reducir las barreras en precios para acceder a los bienes culturales a través de medidas como IVA reducido o exento”. En España aún no está asentado el paradigma de los derechos culturales que contemple en toda su amplitud la protección de las culturas minoritarias, así como falta mucho por hacer en el desarrollo de políticas culturales específicas para el medio rural (interesante la línea abierta en esta dirección por la Diputación de Barcelona a través del programa Cultura i petits municipis). De igual manera, tanto la participación cultural como la producción artística de las personas con diversidad funcional aún está muy acotada y la financiación de sus programas tiene a día de hoy un mayor cariz privado que público.

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  • Libertad artística: Como afirma Ole Reitov, director ejecutivo de Freemuse, en su contribución al Informe, “el reconocimiento y la protección de la libertad artística concierne no sólo a la existencia y la práctica creativa de los propios artistas, sino también a los derechos de todos los profesionales de la cultura”. Incorpora así la dimensión del respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la cultura y a la necesaria protección legal y económica de su actividad como un elemento clave para poder hablar de verdadera libertad artística. Muy centrado en el papel que la censura y la persecución por motivos políticos que sufren aquellos artistas que denuncian la brutalidad policial, los intereses corporativos, la corrupción o el abuso de poder, el Informe recoge en un párrafo una de las realidades que la creación artística está viviendo en España: “En algunos países los artistas abiertamente críticos de un gobierno aún son perseguidos sistemáticamente con acusaciones de separatismo, terrorismo o de ser antipatrióticos” Al llevar nuestra mirada al ámbito del derecho internacional de la cultura nos damos cuenta de que situaciones como las vividas con el caso de los titiriteros o el juicio de Cesar Strawberry en España quedarían muy lejos de las directrices en materia de protección de la libertad artística. Como desafío pendiente se identifica la necesidad de impulsar una comunidad conectada de activistas a nivel internacional por la libertad de expresión en el sector cultural, red de activistas muy presentes en el sector ambiental o feminista, pero no tanto en el campo de la cultura.

Por todo lo analizado sería importante tanto desde el sector profesional cultural como desde las diferentes asociaciones de la sociedad civil vinculadas a la cultura en España profundizar tanto en el conocimiento como en el uso estratégico de la Convención exigiendo que las políticas culturales en nuestro país cumplan los objetivos recogidos en la misma y se armonicen, al igual que se está haciendo en otros Estados firmantes, con las líneas de fuerza identificadas en Repensar las políticas culturales.

 

¿Quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

Estefanía Rodero 2 comentarios

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Bolos leoneses (Gerardo Alonso)

La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y  la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.

La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?

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Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)

Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.

Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.

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La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)

A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.

Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.

El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y  agenda.

Identidades como núcleo urgente de reflexión

Estefanía Rodero 1 comentario

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Son distintas las voces que, desde un profundo compromiso intelectual, y ante la creciente seducción del autoritarismo a nivel internacional, están apuntando desde diferentes tradiciones y disciplinas hacia la urgente aunque sosegada reflexión sobre las identidades que debería estar dándose en el seno del pensamiento progresista ampliamente entendido si quiere verdaderamente construir una alternativa real ante la crudeza del actual giro regresivo.

Ya no son sólo las voces necesarias del pensamiento descolonizador, como la de Silvia Rivera Cusicanqui, abogando por el uso de “identificación” frente a identidad, para poner en el centro del debate la utilización política que se está dando de los esencialismos, sino también voces críticas europeas que llevan nuestra atención hacia la misma dirección. Es el caso, por ejemplo, de la psicoanalista Julia Kristeva alertando sobre la torpeza que ha supuesto para la construcción de una alternativa progresista europea y su identidad, la incomprensión de las posibilidades del diálogo desde la izquierda con el humanismo cristiano europeo y la cesión de todo el campo simbólico de la espiritualidad y sus valores a las derechas continentales. También, más recientemente la filósofa Judith Butler o desde la tradición socialista Owen Jones han encendido las alarmas ante la posibilidad, frente al éxito del Brexit o la victoria de Trump, de un repliegue irreflexivo y reactivo de la izquierda hacia los discursos de “identidad trabajadora” y pivotaje exclusivo sobre clase social que desprotejan por torpeza a las minorías y cedan posiciones en conquistas sociales que, no lo olvidemos, tienen un claro carácter universalista.

Al hilo de todo ello, compartiendo el fuerte impacto emocional que suponen tanto el ascenso del fascismo europeo como del suprematismo blanco en EEUU, recupero para la reflexión algunas de las aportaciones que realizó Amartya Sen en su libro “Identidad y violencia. La ilusión del destino” junto a la necesidad de incorporar al debate una mayor atención sobre nuestras definiciones de exclusión y pertenencia.

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En un destello de acidez, Sen afirmaba: “Un enfoque singularista puede ser una buena forma de malinterpretar a casi todos los individuos del mundo”. Resumía así una de las ideas centrales de su obra: el hecho de estar conformados por identidades plurales frente a las que, nunca al margen de cada contexto particular, nos vemos enfrentados a decidir acerca de la importancia y prioridad que queremos darle a cada una. Desde esta posición que hacía central la noción de elección personal frente a nuestras identidades diversas, remarcaba el hecho de que renunciar a ejercer esta elección nos coloca precisamente donde el Estado y los miembros dominantes de una sociedad dada han decidido, para la perpetuación de sus propios privilegios, colocarnos.

No sólo apunta Sen a la necesidad de oponerse a la atribución de rasgos denigrantes, sino que apunta claramente a que observemos cómo la degradación de un colectivo incluye “tanto la tergiversación descriptiva, como la ilusión de una identidad singular que otros deben atribuir a la persona que ha de envilecerse.” Apunta así a un foco de resistencia elemental, vinculado, entre otras dimensiones, a la pelea por la definición del dentro/fuera grupal y el uso del lenguaje (esta resistencia en España, por ejemplo, se identifica en la campaña “Yo no soy trapacero” del pueblo gitano frente a la RAE).

Amartya Sen propone así, frente al reduccionismo identitario, la decisión sobre la relevancia que queremos otorgarle a nuestras identidades así como su prioridad en función de nuestros contextos. Es curioso (y apunta hacia una dirección común) que esta misma reflexión, más “táctica” sobre las prioridades identitarias que queremos activar en cada contexto, se lea también en algunos encuentros de feminismos zapatistas tal y como recoge Sylvia Marcos en “Mujeres, indígenas, rebeldes, zapatistas”.

Recalcaba así Sen, centrándose en el error fatal que ha supuesto la falsa atribución de las ideas democráticas como “propiedad de Occidente” y contestando con vehemencia el paradigma de “choque de civilizaciones” basado en identidades singulares (y más que singulares, estrictamente religiosas) postulado por Huntigton –y del que aún hoy sufrimos las consecuencias- , el hecho de que “la imposición de una identidad supuestamente única es a menudo un componente básico del arte marcial que fomenta el enfrentamiento sectario” y que “la descolonización de la mente exige un alejamiento firme de la tentación por las identidades y las prioridades únicas.”

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Apuntaba antes a la necesidad de profundizar sobre nuestras definiciones de pertenencia y exclusión, ya que, junto a la línea de acción marcada por Sen (y con sus claras prioridades políticas internacionales adjuntas como el freno del comercio de armas, las condiciones de acceso de los países empobrecidos al comercio mundial, la elaboración de nuevas leyes de patentes que pongan la justicia social por delante de los intereses de la industria), los acontecimientos políticos recientes nos obligan a incorporar, superando la confianza racionalista e ilustrada que se sobreentiende en Sen, la dimensión emocional y sentida en los procesos sociales de construcción de pertenencia (evidentemente, dimensión a la que apunta el debate, más allá de ruidos, sobre la urgencia de construir un populismo de izquierda que frene la utilización y usurpación que las opciones autoritarias están haciendo del dolor emocional no respondido).

Existe un trabajo fecundo en el campo de la construcción de paz y en los enfoques terapéuticos sistémicos que se han planteado en escenarios post-conflicto que deberíamos incorporar a esta urgente reflexión sobre las identidades, dada la profundidad de su conocimiento sobre los efectos de la exclusión y el enfrentamiento identitario, que nos permitirían conocer con mayor detalle cómo afrontar el reto de construir socialmente un mayor sentimiento de seguridad, pertenencia y dignidad eludiendo construcciones reactivas que encuentren estas respuestas emocionales socialmente demandadas en apuestas autoritarias y excluyentes. Este campo de conocimiento no está siendo tenido en cuenta como un aporte valioso para la situación actual y en su trabajo sobre el trauma social podría aportar luz sobre estrategias para ampliar la inclusión en nuestras sociedades ante los riesgos que tiene para nuestras democracias la desigualdad creciente.

 

Inmatriculaciones o la verdadera Cultura de la Transición

Estefanía Rodero 5 comentarios

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Todavía me llama la atención el hecho de que el análisis de la denominada “Cultura de la Transición” -el modelo que relata la intrincación entre intereses económicos, grupos mediáticos, procesos creativos y partidos que consolidó el Régimen del 78- haya dejado prácticamente fuera de su foco de atención precisamente el área en la que el continuismo entre la dictadura franquista y la democracia es más sangrante: la propiedad y gestión del patrimonio.

Al margen de los grandes escándalos relacionados con este tema, como fue el caso de la Mezquita de Córdoba, la atención específica de algunos medios o la reciente creación de la Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, la movilización de plataformas ciudadanas y ayuntamientos del medio rural en defensa de su patrimonio aún encuentran serias dificultades para hacerse un hueco de impacto en la agenda mediática nacional y llegar a gran parte de la opinión pública .

Si, como dice Amador Fernández Savater “la Cultura de la Transición se asegura siempre el monopolio de los temas y los enfoques”, la crítica a la propia CT ha dejado fuera de foco, por su mayor incidencia en provincias despobladas y el medio rural español, uno de los campos en los que los privilegios otorgados por el franquismo permanecen a día de hoy intactos.

Tal y como vienen denunciando las diferentes plataformas que integran la  Coordinadora, el procedimiento de inmatriculación de bienes propiedad de los pueblos por parte de la Iglesia Católica viene realizándose desde 1946, cuando la dictadura franquista otorgó poderes a los obispos para inmatricular (inscribir por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien que no estaba registrado) con un simple certificado y sin acreditar título de propiedad. Este mecanismo se ha visto perpetuado en tiempos de democracia bajo un sistema de dudosa constitucionalidad.

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Como sabemos, no existe hasta la fecha ninguna relación pública de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y la falta de transparencia al respecto es total, incluyendo aquellos procesos en los cuales estos bienes patrimoniales inmatriculados están siendo utilizados por parte de los obispados para obtener crédito hipotecario. La solicitud de datos al Ministerio de Justicia, tal y como recoge Jesús de Larrainzar en el libro “No Robarás” quedó saldada con la mínima respuesta institucional “no es un área de nuestra competencia”.

La incorporación, junto a ayuntamientos, especialistas y plataformas vecinales, de la iglesia de base en la recién creada Coordinadora estatal, a través de la presencia de Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, nos señala que más allá del fantasma del anticlericalismo y los miedos electoralistas que esta acusación lleva aparejados, la respuesta al problema de las inmatriculaciones en nuestro país es una lucha democrática contra los privilegios. Al fin y al cabo, España es uno de los países que se sumó a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial de 1972 de la UNESCO en la que se sostiene que, frente a intereses económicos particulares que imposibiliten el acceso al patrimonio de los pueblos, “(para poder transmitirlo a las generaciones futuras) los Estados han de instituir servicios de protección de su patrimonio (…) adoptando las medidas jurídicas y administrativas necesarias”.

Lo que está, por tanto, sobre la mesa con este tema es en realidad uno de nuestros mayores déficits democráticos como país, poniendo de relieve que la jerarquía católica y sus privilegios forman parte indisoluble del andamiaje del Régimen del 78, privilegios jerárquicos que, como ya hemos dicho, por interés netamente electoralista, se han mantenido inmutables desde la Transición.

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(Monasterio de San Miguel de Escalada, inmatriculado por el Obispado de León)

En el 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en sentencia de 4 de noviembre de 2014 tuvo que declarar arbitrario el procedimiento por el  que la Ley Hipotecaria española equiparaba el certificado de cualquier obispo católico al de otros funcionarios públicos. Tanto el Partido Popular como el PSOE, meses más tarde,  impidieron la presentación del recurso de inconstitucionalidad que hubiese podido declarar nulas con efecto retroactivo las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta la fecha, condenando a particulares y ayuntamientos a un larguísimo calvario de presentación a título individual de recursos de inconstitucionalidad bien por bien en toda España.

Por todo ello, se hace evidente que desde el campo de las políticas culturales deberíamos retomar, tal y como está demandando incesantemente la sociedad civil, este caballo de batalla precisamente en este periodo post-electoral en el que va a ser necesario un replanteamiento profundo del texto constitucional, teniendo en cuenta , no sólo que el problema de las inmatriculaciones apunta a uno de los ejes de flotación y centro de gravedad claves del Régimen del 78, sino que incide además sobre el necesario fortalecimiento de nuestro Régimen Local y, tal y como hemos señalado otras veces, la necesidad de una mayor clarificación y dotación competencial municipal en materia de cultura.

 

En el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana

Estefanía Rodero 2 comentarios

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“La cultura como instrumento, cada vez más poderoso, de dignificación

de los ciudadanos y de diálogo entre los pueblos.”

(Preámbulo de la Carta Cultural Iberoamericana)

Ha querido la casualidad que el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana venga a coincidir con las elecciones estadounidenses en las que la relación con la comunidad hispana ha estado en el centro de la polémica y en las que, además, el peso del voto hispano va a resultar la llave definitiva para entrar en la Casa Blanca. No en vano, hay 12 millones de votantes procedentes del espacio iberoamericano llamados a votar este martes 8 de noviembre y son más de 40 millones de latinoamericanos (casi el 12% de su población) los residentes en EEUU.

Aprovechemos esta coincidencia para reflexionar sobre la actualidad y el desarrollo de los compromisos de la Carta, llamada al fortalecimiento del espacio cultural iberoamericano y celebración de su propia diversidad cultural y lingüística.

Si bien el avance más visible en materia de políticas culturales tras la aprobación de la Carta  ha estado centrado en la protección de la diversidad y en el paulatino avance (con todas las dificultades y tensiones que genera esta dimensión dentro del actual sistema económico) en el reconocimiento de las culturas tradicionales, indígenas, de afrodescendientes y de poblaciones migrantes (muchas veces, reconozcamos la deriva, vinculado al desarrollo turístico), también hay que reconocer  la creciente consolidación del marco discursivo de los derechos culturales. Quiero detenerme, no obstante, en uno de los elementos diferenciales de la Carta iberoamericana respecto a otros documentos culturales internacionales y en los que se suele incidir poco.

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Se trata, junto a las reflexiones sobre la necesaria defensa de la soberanía nacional y cultural en el espacio iberoamericano, del papel protagónico que se le otorga a la economía solidaria en el ámbito cultural. Partiendo del reconocimiento de que “el proceso de mundialización parte de profundas inequidades y asimetrías y se desarrolla en un contexto de dinámicas hegemónicas y contrahegemónicas”, es interesante no perder de vista la importancia central que se le otorga a la cultura en la lucha contra la desigualdad económica.

Entre los hechos diferenciales que aporta el compromiso iberoamericano en la esfera internacional se encuentra la apuesta directa por un nuevo modelo económico que privilegie a las pequeñas y medianas empresas y a los agentes culturales individuales, profundamente vinculados a sus territorios, mundos simbólicos y comunidades, frente a la gran industria cultural y creativa transnacional. De igual manera no se entiende la implementación de una política cultural que no esté imbricada en un compromiso con la cultura de la sustentabilidad, es decir aquella que promueva una economía ecológica y solidaria que tome en consideración los límites del crecimiento. Es interesante el posicionamiento que realiza el espacio iberoamericano subrayando la relación de la diversidad cultural con modelos de relación integrales con el contexto natural, sin que puedan darse medidas de protección a la cultura deslindadas de la reflexión territorial y de acceso a los recursos naturales. Se redimensionan así también las políticas de protección ambiental, mostrando la transversalidad que ha de tener la cultura para una implementación eficaz de las mismas.

Desde la reflexión sobre la inserción asimétrica en la economía moderna que han tenido los pequeños y medianos actores culturales del espacio iberoamericano, es interesante también el impulso que se ha dado en la creación de cuentas satélites en las economías nacionales de la región, sistemas de información económica sobre la cultura, su peso específico sobre el PIB y en general un mayor conocimiento sobre las aportaciones que realiza el sector cultural para la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, que permite no sólo una toma de decisiones más informada sino la socialización del propio diseño de las políticas culturales. ¿Se está respetando el compromiso del 1% del presupuesto nacional para la cultura planteado en la Agenda 21?, ¿qué partidas se dedican a la consolidación de la educación artística?, ¿se está apostando por un modelo de cultura pública o primando la participación, a través de la responsabilidad social corporativa, del mecenazgo privado?

Sin duda, la apuesta realizada por la economía solidaria y en general por el diálogo del sector cultural con nuevos modelos económicos que tengan en cuenta los triples balances (social, económico y ambiental), así como el compromiso de la cultura en la lucha contra la desigualdad creciente en las sociedades del espacio iberoamericano, serán dos de las líneas de trabajo más urgentes de los próximos años.