Igualdad

Patrimonio, espiritualidad, mujeres

Estefanía Rodero Deja un comentario

 

“Cuando Adán miró a Eva quedó lleno de toda sabiduría.”

Hildegarda de Bingen

“Durante toda la eternidad Dios está en la cama de parto dando a luz.

La esencia de Dios es Parir.”

Maestro Eckhart

Hace unos días, la UNESCO incluía en su Lista de Patrimonio Mundial la isla japonesa de Okinoshima, dedicada al culto shintoista y cuyo acceso está vetado a las mujeres. El hecho de que en el año 2004, sin movernos de Japón, la designación para la misma Lista de los Sitios Sagrados y Rutas de Peregrinación de los Montes Kii que tampoco admiten la presencia de mujeres (“por considerarse un sitio sagrado y, por lo tanto, puro. Debido a la menstruación y al parto, la mujer es considerada impura en determinadas sectas budistas y, por lo tanto, mancharían el sitio si entraran en él” como nos explica esta guía turística japonesa) provocase una enorme movilización, no ha sido suficiente para que el Comité de Valoración haya tenido en cuenta la perspectiva de género y la propia Estrategia en materia de derechos humanos, adoptada por la UNESCO en el 2003.

A pesar de los esfuerzos de los últimos años tanto en el reconocimiento y  protección de los derechos culturales de las mujeres como en la propuesta para una aplicación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial con perspectiva de género, como afirma Mechtild Rössler, directora del Centro del Patrimonio Mundial, en su artículo «¿Patrimonio Mundial con perspectiva de género?»:

“El “patrimonio marcado por el género” se ha convertido en un tema esencial, en particular, en vista del cambio de rumbo hacia la consideración de las comunidades locales (…) El género desempeña un papel evidente en la identificación, protección, conservación, rehabilitación y transmisión del patrimonio cultural y natural a futuras generaciones (…) En general, la asignación de espacios a hombres y mujeres, se basa en acuerdos sociales entre otros, que forman, producen y replican estructuras marcadas por el género.”

 

 

Como nos cuenta Rössler, los béguinagues flamencos son uno de los pocos sitios del Patrimonio Mundial dedicados a la mujer, y aún es difícil encontrar lecturas desde una perspectiva de género de otros lugares patrimoniales, como el Sitio Arqueológico de Cirene que ella misma cita, cuya economía floreció históricamente vinculada al silfio, una planta abortiva y anticonceptiva que se vendió tanto por la región mediterránea que llegó a extinguirse.

Removida por este escenario de debate patrimonial surgió en mí otra pregunta de fondo: ¿dónde está en la esfera internacional la espiritualidad de las mujeres?, ¿quién protege las creaciones que puedan emanar de la misma?, ¿dónde están las autoridades espirituales femeninas no subordinadas?

Si bien se suelen citar repetidamente los beguinatos (hay una antología de textos en español muy hermosa en la editorial Paidos, “Mujeres trovadoras de Dios”), no es menos cierto que el patrimonio documental asociado a las beguinas ha sido largamente ignorado y subestimado, que la creación poética de este movimiento religioso femenino no ha encontrado aún como se merece su lugar en el canon literario internacional y que si no hubiésemos contado con el interés del feminismo de la diferencia en la genealogía histórica, su reconocimiento fuera de su foco nacional sería aún una sombra. La centralidad que tomó la experiencia directa y personal en su camino religioso frente a mediaciones jerárquicas (“Ser Dios con Dios”, como decía Hadejwich de Amberes después de incitar a las mujeres del siglo XIII “a que se informen, pregunten y estudien”) y el hecho de que muchas de ellas sufrieran calumnias y persecución por parte del clero (Matilde de Magdeburgo por ejemplo o Margarita Porete que se negó a aceptar cualquier legitimidad del muy politizado Tribunal de la Inquisición que le tocó en suerte y que murió, por tanto, en la hoguera) son algunas de las causas que explican la pérdida para las mayorías de la historia de la espiritualidad femenina en el entorno cultural cristiano.

Aunque en los últimos años ha habido un interés creciente por esta dimensión experiencial de las mujeres (la publicación en español de “El Dios de las mujeres” de Luisa Muraro por ejemplo), las aportaciones de grandes pensadoras como Ivone Gebara, las líneas de acción transformadora nacidas desde la teología feminista o el actual y efervescente paradigma de la espiritualidad ecofeminista en América Latina quedan aún reducidos a espacios especializados. ¿Qué pueden aportar estas visiones al debate actual sobre el fanatismo?, ¿proponen colectivamente alternativas desde la propia vivencia y lenguaje espiritual al actual escenario de extremismo religioso?, ¿suponen una apuesta por la democratización de los espacios religiosos?, ¿están planteando lecturas sobre el papel que la religiosidad oficializada y jerárquica desempeña en el sostenimiento de la desigualdad económica y social mundial? En los actuales debates sobre populismo internacional y las interpelaciones religiosas sobre las que se están apoyando políticas excluyentes, ¿podría esta experiencia espiritual “otra” suponer una respuesta incluyente y de respeto a la diversidad?

Si bien en el espacio diplomático internacional se ha empezado a ver a líderes religiosas femeninas, como en el trabajo realizado por The Global Freedom Network y el encuentro interreligioso en el Vaticano para finalizar con la esclavitud moderna, me pregunto si para la colina del siglo XXI que estamos escalando juntos, la recuperación internacional de la historia de la espiritualidad vivida y desarrollada por las mujeres, su legado patrimonial y sus voces actuales pueden incitar de alguna manera nuevos modos de mirar o mirarnos o modos diferentes de generar comunidad.

 

Culturas de impunidad y silencio: de la violencia sexual en conflictos armados y escenarios de postguerra

Estefanía Rodero Deja un comentario

Hace unos días, gracias a una de mis maestras, Gemma Carbó, conocí el proyecto colombiano de las Tejedoras de Mampuján, que fue Premio Nacional de Paz en el año 2015. A través del bordado, diferentes colectividades de mujeres en el país están ejerciendo “el arte de contar lo vivido sin que nos haga más daño”, preservando así, en comunidad y relación, la memoria y narrando las consecuencias del desplazamiento.

Coincidía este descubrimiento personal con la celebración por segundo año del Día Internacional para la eliminación de la violencia sexual en conflictos armados (19 de junio #EndRapeInWar)  que nos recordó que en Colombia la construcción de paz internacional ha dado un pequeño paso adelante (qué fatigosamente lento es todo lo importante) consiguiendo que en los Acuerdos de Paz se haya excluído la amnistía para la violencia sexual. Como recordaban ese mismo día en declaración conjunta Phumzile Mlambo-Ngcuka y Zainab Hawa Bangura, no podemos olvidar que:

“Con demasiada frecuencia, las supervivientes de violencia sexual en conflictos sufren con vergüenza en silencio. Pueden ser estigmatizadas, aisladas y marginadas en sus comunidades, lo que se traduce en pobreza y miseria.”

Ante este proceso memorial volví a sentir lo mismo que al leer el monumento a la escucha del pueblo de la antigua URSS que es toda la obra de la Premio Nobel Svetlana Aleksievich, la resonancia con el dolor oculto de las generaciones de mujeres españolas a las que nuestro país no brindó la oportunidad de verbalizar o elaborar el trauma, perpetuando también con la llegada de la democracia, la cultura de la impunidad y el silencio. No hablo sólo de los ejemplos más conocidos (como el gran mandato social de violación en la voz de Queipo de Llano, nunca deslegitimado o respondido institucionalmente) sino de la “vivencia intrahistórica” de la violencia sexual hacia las mujeres en nuestro país durante la guerra civil y la dictadura.

Hace unos años, trabajando con mujeres en un proyecto de recuperación de la memoria histórica local en un pueblo de Castilla y León, pude vivir el peso de lo “no dicho” y los pactos de silencio impuestos a las mujeres cuando nos acercábamos “a esas cosas de las que no se habla”. Ante algunos hilos que habían “hablado de más” e “ido demasiado lejos” (alguien que se atrevió a verbalizar las violaciones sistemáticas a las criadas pobres, otro pequeño hilo “si el torno de las monjas hablara” sobre el abandono de bebés fruto de violaciones, el aislamiento a que sometían las «personas de bien” a las “muchachas que habían caído en desgracia”) , se sucedían las miradas cómplices en el grupo, la orden no expresada de callarse inmediatamente y la rapidez en cambiar de conversación y quitarle importancia,siempre en otro pueblo, siempre eso les habían contado.

Si, como ha afirmado en alguna ocasión Jorge Alemán, la grave virulencia mediática con la que han respondido los grupos empresariales de comunicación en nuestro país ante la irrupción de nuevas propuestas políticas, no puede entenderse sin pararnos a observar el peso de lo que quedó reprimido en nuestra transición y que se creía enterrado para siempre (a saber –aunque hay más- ser el segundo país detrás de Camboya en número de fosas comunes sin identificar, el expolio de propiedades por parte de la iglesia y la institucionalización de las inmatriculaciones, la negación de nuestra realidad y violencia colonial, la falta de perspectiva de género sobre la guerra civil y la posguerra y la investigación exhaustiva sobre la violencia sexual, el silencio y complicidad política ante el robo de bebés en España), ¿qué propuestas culturales hemos articulado como país para integrar todo este dolor excluido y ausente de nuestro relato histórico?

Si ya se van abriendo paso con fuerza los estudios relativos al trauma cultural y su transmisión generacional, en el que juegan un papel importante los “silencios y secretos de país”, ¿qué ecos de la experiencia vivida en la generación de nuestras abuelas y madres seguirán resonando, por ejemplo, respecto a las consecuencias de la participación pública de las mujeres o la confianza real en las instituciones y la justicia? (En muchos relatos de memoria relativos a los casos de bebés robados, por ejemplo, fueron precisamente las abuelas o bisabuelas de esos niños las que, desconfiadas, exigieron a los médicos “poderse fotografiar al menos con el cuerpecito muerto del bebé”)

Ante las recientes creaciones culturales que han puesto el foco sobre la violencia sexual en los conflictos bélicos (la irrepetible Las tortugas también vuelan, el reciente Under the Shadow o La guerra contra las mujeres de Hernán Zin, que culmina con la canción de Bebe para escuchar su letra despacio “César debe morir”) siempre me planteo cómo podríamos dignificar desde el presente el dolor vivido por las mujeres españolas, sin acomodarnos en la proyección salvífica de que “esto ha pasado y pasa en otros sitios”. Nos enfrentamos, como herederas, a uno de los grandes silencios de país, apenas susurrado en las cocinas, compartido con vecinas que lo callaron por igual y enterrado en la cripta del “mejor no remover” del amor de nuestras madres.

El CETA que no amaba a las mujeres

Estefanía Rodero Deja un comentario

Aprovechando la invitación de la periodista Esther Ferrero para incorporar este pasado lunes en su programa Coordenadas de Radio 3 una lectura feminista sobre los efectos que puede tener la aprobación del CETA en España (puedes escuchar el programa aquí), me gustaría sembrar en este espacio algunas de las reflexiones planteadas en la conversación, también con el portavoz de la campaña española #NoalTTIP, Tom Kucharz.

Como hemos venido analizando en relación con el TTIP (tanto desde una óptica feminista, como desde un análisis sectorial centrado en el impacto de los tratados de libre comercio sobre la soberanía cultural y el sector económico cultural español), la firma del tratado con Canadá, el CETA, viene a apuntalar el edificio neoliberal global que se sustenta en la peligrosa equivalencia entre los derechos de las transnacionales y los derechos de los pueblos. El veto que ha ejercido el bipartidismo en España a la propuesta de que el CETA fuese examinado por el Tribunal Constitucional y sometido a referéndum, dado el impacto del mismo sobre la pérdida de soberanía de nuestro país, debería hacernos reflexionar sobre qué intereses están realmente en juego. Tanto desde el campo de las políticas de igualdad como desde las políticas culturales en su espectro normativo internacional, la defensa del CETA es incompatible con algunas de las principales Declaraciones de la ONU y la UNESCO que han sido ratificadas por España, especialmente las relativas a la protección de los derechos laborales de las mujeres y la protección de la diversidad cultural.

 

 

Como ya dijimos en artículos previos sobre el TTIP, la lucha contra los tratados de libre comercio como epítome del modelo económico neoliberal debería ser una prioridad en la agenda feminista española, precisamente por la capacidad que tiene la firma de los mismos para desmontar con rapidez y oscuridad por arriba las principales medidas de protección y promoción de la igualdad conquistadas a pulso durante décadas. Teniendo en cuenta la amenaza económica a los Estados omnipresente gracias a la creación de los tribunales privados de arbitraje que velan para que no se aprueben legislaciones que puedan dañar los intereses económicos de las multinacionales ni pueda legislarse fuera del rígido corsé de los tratados, igualando democracias con intereses de mercado, no podemos obviar que para dichas empresas las medidas de igualdad se conceptualizan como costes a rebajar.

De igual manera, como vienen señalando las economistas feministas de nuestro país, la privatización de nuestros servicios públicos, implícita en todos los tratados de libre comercio, pero de un modo especialmente claro en el CETA con la privatización de los servicios de cuidado y protección de la tercera edad, pone en riesgo un alto porcentaje de puestos de trabajo de las mujeres en nuestro país, así como coadyuva, por la pérdida de cobertura estatal de servicios a la infancia y la dependencia, a la sobrecarga de las mujeres en su función de cuidadoras.

Aunque quizá sea el campo de la salud pública en el que el impacto de la firma del CETA tenga un sesgo de género más visible. El impacto que la progresiva privatización de los servicios de salud pública pueda tener sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país, se suma al refuerzo comercial y publicitario de la medicalización y mercantilización del cuerpo de las mujeres, sin lugar a dudas un sector de consumo deseado y disputado.

Como ha alertado la Asociación por un acceso justo a los medicamentos, el aumento en la protección de patentes médicas incorporado en el CETA, aumentará el coste en las prescripciones de los medicamentos en España, lo que impactará especialmente en el acceso a la salud de nuestras mujeres mayores en las que se concentran algunos de los índices más alarmantes de feminización de la pobreza en España, sin olvidar que según datos del Barómetro sanitario estatal en 2015, 2,4 millones de españoles afirmaban no poder acceder a algunos de los medicamentos recetados por falta de ingresos.

Sin detenerme, por haberlo abordado en textos anteriores, sobre el impacto de estos tratados de libre comercio sobre el respeto a los derechos culturales en nuestro país (especialmente los vinculados a cultura y territorio y medidas de protección del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural), quería apuntar por último a los efectos que la liberalización del acceso a la compra y la contratación pública recogidos en el CETA tendrán sobre el respeto a la autonomía local y el principio de subsidiariedad en nuestro país. Aquellas políticas locales en las que se haya logrado la incorporación de claúsulas sociales, fomento de la contratación de cooperativas de proximidad o medidas genéricas en apoyo a la economía social, se verán en riesgo ante la aprobación del CETA, siendo contratos de servicios muy feminizados como el cuidado a mayores, la gestión de escuelas infantiles o servicios de ocio, los primeros en tener que competir con grandes grupos de gestión de servicios transnacionales que abaratan costes y con menores garantías de los derechos laborales de las mujeres.

Sumándonos con este breve apunte a la movilización planteada este 3 de junio contra el CETA, no está de más recordar la exigencia de soberanía recogida siempre por el feminismo latinoamericano: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Pues bien: tampoco en España.

Los derechos culturales de las mujeres

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(Las imágenes pertenecen a la exposición Intersecciones de la artista paquistaní-americana

Anila Quayyum Agha)

 

Aprovechando que este 21 de mayo hemos celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural y que el pasado 19 de este mismo mes se cerró el periodo de consultas abierto por la relatora especial de la ONU en materia de derechos culturales, Karima Bennoune, para la recogida de información sobre el impacto del fundamentalismo y el extremismo sobre los derechos culturales de las mujeres, quería detenerme sobre este último punto para compartir algunos de los interesantes trabajos internacionales realizados en los últimos años en esta dirección.

Sin duda el documento marco es el Informe “Derechos culturales de las mujeres” elaborado por la anterior relatora Farida Shaheed que supuso un cambio de paradigma clave en el modo en el que, hasta la fecha, se contemplaba la cultura en el trabajo a favor de la igualdad. Shaheed rompió con la tendencia a considerar la cultura como un obstáculo que se interponía en el empoderamiento de las mujeres y las niñas virando el discurso hacia la exigencia de garantías de igualdad en el disfrute de los derechos culturales de las mujeres como elemento de protección de su dignidad.

Dichos derechos incluirían tanto el acceso como la participación y la promoción de la creación de las mujeres y su contribución al desarrollo cultural de los pueblos. Entre los aspectos estratégicos recogidos por Shaheed destacaron tanto el papel de las mujeres en la identificación e interpretación del patrimonio cultural así como su protagonismo a la hora de decidir qué tradiciones, valores y prácticas culturales deberían mantenerse, modificarse o abandonarse definitivamente. De hecho, frente a los peligros de la fijación cultural disecada y esencializada incorpora una profunda reflexión sobre la cultura como campo de poder en disputa permanente.

 

 

Como se recogía en el Informe:

“Los derechos culturales deben verse como derechos que también guardan relación con qué miembros de la comunidad están facultados para definir la identidad cultural de esta. La realidad de la diversidad dentro de las comunidades hace imperativo garantizar que se escuchen todas las voces de una comunidad.”

Se volvía a poner así en el foco de atención internacional el riesgo que supone el hecho de considerar las identidades colectivas como abarcadoras de todas las características de los individuos, instando a seguir generando políticas públicas sensibles al papel que desempeñan las identidades en los procesos de exclusión social de las mujeres.

“La identidad colectiva entraña poner en tela de juicio significados y definiciones y está siempre vinculada a las estructuras y dinámicas de poder subyacentes en relación con el acceso y el control de los recursos económicos, políticos y culturales (…) Reconocer y proteger la multiplicidad de identidades ayuda a resistir y superar aquellas fuerzas políticas, en particular las políticas de identidad, que pretenden anular toda posibilidad de pluralismo en la persona y en la sociedad, así como la igualdad entre los géneros.”

 

Reflexionando también sobre la pauta de invisibilización de las aportaciones y funciones de las mujeres en el campo cultural, el Informe, frente a la tendencia al estudio del papel ejercido por las mujeres en la perpetuación de determinados valores culturales o como guardianas de la reproducción de la cultura dominante de su comunidad, se atrevía a apuntar tímidamente una línea de trabajo que nos tocará recorrer en los próximos años: el papel histórico de las mujeres en la impugnación de las normas y los valores culturales dominantes.

En esta visión de los derechos culturales como derechos empoderadores, lógicamente ligados al disfrute de otros derechos (muy interesante el estudio sobre las tradiciones culturales de derecho a la tierra de las mujeres y cómo estos elementos tradicionales sí se han visto debilitados y rechazados), se pone un especial énfasis en la participación de las mujeres en la adopción de decisiones:

“La participación activa en la esfera cultural, en particular la libertad para rebatir los discursos hegemónicos y las normas culturales impuestas ofrece a las mujeres, así como a otros grupos e individuos marginados, posibilidades cruciales para dar nueva forma a los significados (…) ¿Quiénes son la voz legítima dentro de la comunidad?”

 

Al hilo de las propuestas recogidas en el Informe de Shaheed, en el 2015 la UNESCO publicó el interesante estudio “Igualdad de género, patrimonio y creatividad” en el que se ponía de manifiesto el hecho de que el patrimonio y su salvaguarda son un reflejo de las estructuras de poder, no sólo relacionadas con la participación en los procesos de toma de decisiones. Teniendo en cuenta que “ninguna comunidad se esforzará por preservar o transmitir aquello que no valora” y constatando que “las mujeres son invisibles y subestimadas en la forma en que son retratadas a través del patrimonio de una nación” implementaba en formato de guía “un enfoque de igualdad de género sobre el patrimonio que tuviese en cuenta las diferentes formas en que se ven afectados los géneros por las estructuras de poder dentro de una comunidad y sus familias.»

 

  • ¿Quién define qué es patrimonio y su importancia?
  • ¿Quién decide la identidad colectiva?
  • ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién es escuchado?
  • ¿Quién se beneficia y quién se ve perjudicado?
  • ¿Quién puede acceder al patrimonio y disfrutar de él?
  • ¿Quién decide las limitaciones al patrimonio?
  • ¿Quién tiene el poder de tomar decisiones sobre los recursos de las personas y de la comunidad?
  • ¿Quién decide qué expresiones del patrimonio merecen ser protegidas?

 

 

He querido recoger en este espacio este Informe y trabajo de referencia de la UNESCO soñando con debates futuros en España al respecto (mientras llega el momento de ponernos a la altura del nuevo constitucionalismo iberoamericano, recogiendo en nuestra Constitución los derechos culturales…) preguntándonos por la protección de los derechos culturales de las mujeres en nuestro país, cómo estamos protegiendo y visibilizando el patrimonio vinculado a ellas y cómo estamos contribuyendo las mujeres al cuestionamiento de nuestras identidades culturales y la valoración sobre qué se debe o no se debe transmitir como país a las generaciones futuras.

Derechos culturales y democracia de la tierra

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“La circunferencia más externa jamás se servirá del poder

para aplastar al círculo interno en ella contenido,

sino que dará fuerzas a todos sus componentes y, de ello,

derivará las suyas propias.”

(Mahatma Gandhi)

“Vivir en medio de la demás vida que también quiere vivir”

(Albert Schweitzer)

La presentación internacional, con motivo del Día de la Tierra, del documental “Semilla” hizo que me plantease hace unos días el modo en el que, desde la construcción de alternativas sociales y culturales al neoliberalismo global, reproducimos pautas de obsolescencia programada en la articulación de las ideas y minimizamos ante el esquema de “la moda de lo nuevo por lo nuevo” aportaciones muy profundas que necesitan tiempos no acelerados para consolidarse. De igual manera, volvía a plantearme el proceso de construcción de la “autoridad discursiva” y la creación y permanencia de genealogías de autoridad intelectual cuando es la voz de las mujeres la que, partiendo desde sí, despliega propuestas y horizontes de acción.

Quería recuperar, por tanto, por la vigencia de su análisis (releer sus observaciones sobre “el deseo de pertenencia” tras los resultados de las recientes elecciones francesas da cuenta de ello) la propuesta que en 2005 planteó la física india y activista internacional Vandana Shiva en su obra “Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz”. Aunque el ecologismo ha dialogado mucho más con su obra, quería detenerme brevemente en las aportaciones al campo de las políticas culturales contenidas en su Manifiesto.

Hay una obsesión que recorre su planteamiento: lo prescindible, la capacidad del actual sistema económico-político para la creación de “personas excedentarias o prescindibles”, experiencias, culturas, conocimientos “que sobran”. Se entendería la perversión del ejercicio del poder a través de su capacidad de generar exclusión y de delimitar las fronteras de la realidad y por ello de las vidas, palabras y experiencias “que importan”.

Se observa así que la construcción de lo prescindible se está apoyando en una serie de prácticas que constituyen una pauta:

  • la profundización del desarraigo como medida de desmovilización social y vector central del neoliberalismo.
  • la negación de la experiencia y conocimientos de los habitantes que fueron víctimas de la ocupación o desplazamiento.
  • la expropiación y desposeimiento de esos mismos conocimientos.
  • el cercamiento, “privatización patentada” y explotación privada de los conocimientos.

Una de las manifestaciones culturales en las que podemos observar con mayor claridad este proceso de despojo es la de las artesanías tradicionales. El caso, por ejemplo, del bordado otomí mexicano, los tenangos, es de los más evidentes, en el que la precaria situación laboral de las bordadoras permite notables abusos comerciales (como fue el sonado caso de Hermes) y en el que el robo de patrones y usurpación a las comunidades impide la propia supervivencia económica de las creadoras.

 

 

Vandana Shiva llama la atención también sobre otros riesgos que afronta la protección del patrimonio mundial frente a las lógicas y mecanismos del “libre comercio” y que se dejan entrever en la perversión del lenguaje. Así refiriéndose a la destrucción del patrimonio en Irak, afirma:

“De la destrucción del legado histórico y cultural de antiguas civilizaciones no “nacen” sociedades nuevas. Puede que esa destrucción del patrimonio histórico iraquí fuese únicamente necesaria, en realidad, para mantener la ilusión de nacimiento de una nueva sociedad.”

Alertando, ya por el 2005, de los peligros que entrañaba la teoría del “choque de civilizaciones” de Huntington para provocar un auge sin precedentes del fundamentalismo y la expansión de la reacción de identidades exclusivistas (resumida en “para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad los enemigos son esenciales”), Vandana Shiva se reafirmaba (como también otros referentes internacionales) en la defensa de las identidades múltiples y diversas. Así, ante las “culturas de exclusión, desposeimiento y escasez” proponía un eje de acción basado en la resistencia, denuncia y desmantelamiento de la lógica de la disyuntiva excluyente (“o esto o lo otro”) que es la base de legitimación de la exclusión, en la que la multiplicidad, el pluralismo, la interdependencia y lo relacional no tienen cabida. La profundización democrática y la prioridad de la acción política vendrían de la mano, por tanto, de un verbo: incluir.

“Debemos ampliar la democracia para incluir a los excluidos: a las comunidades privadas de derechos, a los niños, a los recluidos, a las personas mayores y a las diversas especies de la tierra”

“En las democracias económicas no hay personas ni especies ni culturas prescindibles”

“En la diversidad, hasta lo más pequeño tiene un sitio y un papel; dejar que lo pequeño florezca constituye la prueba más auténtica de libertad”

Por eso, priorizando la acción de inclusión como el verdadero ejercicio democrático, frente a “una respuesta patriarcal y militarista al imperio que imita la violencia de éste” proponía el reconocimiento de los nuevos liderazgos del siglo XXI para la resistencia ante el neoliberalismo global:

“Debemos insistir en que quienes afronten la crisis deben escuchar y aceptar la iniciativa y el liderazgo de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores y todas las personas que han expuesto y planteado la crisis por la reducción, el cercamiento y la extinción de la diversidad biológica y cultural en el nivel local.”

Así, siguiendo las aportaciones realizadas por dichos colectivos, el reconocimiento de los límites naturales y la localización serían condiciones indispensables para la consolidación de “culturas vivas”. Si, siguiendo su propia metáfora, la democracia económica no puede entenderse sin su arraigo de abajo arriba en los ecosistemas, culturas y economías locales, las culturas vivas reconocen su interdependencia, su conciencia de lugar y pertenencia a la naturaleza en la que se asientan. Frente a una monocultura global y mediática, el enraizamiento abierto a la totalidad se mostraría como el camino para la protección de la diversidad y la construcción de verdadera autonomía.

“Las culturas vivas son espacios en los que vivimos y damos forma a nuestros diversos valores, creencias, prácticas y tradiciones. Las culturas vivas surgen de la tierra: se basan en identidades múltiples y diversas”

“Las culturas vivas nutren la vida: se basan en la dignidad de y el respeto por la vida en su conjunto, las personas de todos los géneros y culturas y las generaciones presentes y futuras”.

Se entiende, por tanto, que no puede existir una democracia económica que no esté basada en los principios de subsidiariedad así como se aborda desde el Sur global la necesidad de incorporar al discurso internacional la visión intergeneracional que está siempre presente en las culturas indígenas.

 

 

Por todo lo anterior quedarían planteadas líneas de acción relacionadas con el fortalecimiento de los niveles locales en las políticas culturales, la interrelación entre cultura y territorio desde la promoción y protección de identidades diversas y dialogantes, la protección laboral de creadores y creadoras comunitarios, la puesta en valor del trabajo artesanal desde posiciones de reactualización permanente, el desmantelamiento de la construcción cultural-política del desarraigo como medida de éxito neoliberal, la autoevaluación sobre nuestra perpetuación de “lo prescindible” en el diseño de programaciones o políticas (¿qué manifestaciones culturales decretamos como prescindibles?, ¿qué colectivos?, ¿qué creaciones?, ¿qué expresiones?, ¿y territorios?), nuestro papel en la invisibilización del origen de las creaciones o aportaciones intelectuales o culturales (“extractivismo intelectual o académico”), así como qué supondría llevar al centro del debate nuestros propios límites corporales y vitales.

He querido recuperar este «Manifiesto para una democracia de la tierra» no sólo porque sigue siendo una propuesta de acción urgente sino por el, para mí, necesario reconocimiento y «reentroncamiento» con una genealogía cultural y política viva que, para el presente, sigue teniendo todo por decir.

De la tierra viva: mujeres, extractivismo y territorios

Estefanía Rodero 1 comentario

Hace unos días, con la  sordina habitual con la que salta, cuando salta, a medios nacionales la realidad que enfrentan nuestras provincias día a día, conocíamos la situación de hostigamiento legal que está viviendo María Cañaveras, una mujer jubilada de 68 años que se verá en el banquillo el 6 de abril por movilizarse contra la minería de tierras raras promovida por Quantum Minería S.L con el apoyo de la corporación local de su pueblo castellano-manchego, Torrenueva.

Leía esta noticia mientras de modo paralelo celebrábamos el logro conseguido por las defensoras de derechos humanos y del territorio en Centroamérica forzando a que la cámara legislativa de El Salvador, después de once años de lucha, haya aprobado por unanimidad la prohibición de la minería metálica en todo el país.

Que la nueva “operación Cóndor” sobre América Latina se cierne sobre las defensoras territoriales frente a los intereses de las industrias extractivas del Norte mundial, no sólo nos lo recuerdan los asesinatos de Berta Cáceres o Isidro Baldenegro, sino que nos lo demuestran cada día los tarahumara mexicanos, las comunidades lenca y garífuna en Honduras, nasa en Colombia, shuar en Ecuador, el pueblo mapuche, el guaraní en Bolivia, las defensoras del Yasuní ecuatoriano, Máxima Acuña en Perú y tantas otras comunidades en red enfrentando la violencia y agresiones por intentos de despojo-acumulación sobre la que se sostiene el edificio neoliberal global.

Como hemos comentado en otras ocasiones, el modelo extractivista está encontrando en el muy despoblado medio rural español un territorio propicio al que desplazarse, dado el menor índice, por realidad demográfica, de conflictividad local, unido al manto de silencio que acompaña su día a día. Si bien las agresiones a las defensoras territoriales no alcanzan la extrema gravedad que afrontan en América Latina, sí se están repitiendo, ante una generalizada pasividad tanto de medios de comunicación como de muchos partidos políticos, casos de hostigamiento legal, campañas de difamación personal y presiones de todo tipo por parte de las empresas mineras en muchos de nuestros pueblos españoles. Hostigamiento del que no podemos obviar el componente de género, dado el liderazgo que están ejerciendo muchas mujeres a nivel internacional en la defensa de los bienes comunes y “la tierra viva”. Desde mi punto de vista, es importante que reparemos también en la postergación reiterada que la relación mujeres-defensa del territorio sigue sufriendo en la agenda de reflexión y movilización feminista española que, para mí, no ha identificado aún la urgencia y centralidad que juega esta dimensión para el Sur de Europa. Comparto la más que inspiradora experiencia del Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo que están realizando, entre otras acciones, una labor de reflexión sobre el extractivismo de la que podemos aprender mucho en España. Su publicación La vida en el centro y el crudo bajo tierra es un buen ejemplo de ello.

Debemos ser conscientes de que estos procesos de intimidación de defensoras siguen un mismo patrón, denunciado recientemente en una visita a México entre otros por Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y que reproduzco aquí:

«Los defensores de las comunidades indígenas o rurales me compartieron ejemplos que indican un intento deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias de «divide y vencerás» para lograr la aprobación de proyectos a gran escala. Me preocupa la presión ejercida sobre  los integrantes de la comunidad para que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las empresas o  las autoridades locales como una minoría, que actúa en contra del interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.

Las personas líderes de la comunidad y los defensores de los derechos ambientales y tierras que se oponen a proyectos de gran escala enfrentan violencia de personas que están relacionadas con compañías que participan en esos proyectos. Esta violencia generalmente queda sin castigo ya que cuenta con el apoyo tácito o explícito de las autoridades locales. De acuerdo con los informes recibidos, las y los defensores de derechos humanos serían presionados para que desistan de sus actividades a través del uso de la criminalización de los líderes, granjeros o ambientalistas opositores indígenas (acusados de delitos ordinarios). He recibido varios testimonios de casos en los que los defensores de derechos indígenas y ambientales han sido un blanco de agresiones en relación con su trabajo»

 

Observamos que los métodos utilizados son los mismos en América Latina y España aunque con diferente gradación. Desde mi punto de vista, si seguimos manteniendo esta problemática que está afrontando en solitario nuestro medio rural en un segundo plano, problemática que también se encuadra en algunos casos en la persecución al activismo promulgada por las Leyes Mordaza y el retroceso generalizado de la libertad de expresión en España, estaremos dejando el campo abierto (nunca mejor dicho) a la progresiva “multinacionalización extractiva” de nuestros pueblos frente a modelos más cuidadosos ante las siguientes generaciones.

 

El TTIP contra las mujeres

Estefanía Rodero 2 comentarios

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Publicado en Pikara Magazine el 16 de enero de 2015

Publicado en Viento Sur el 11 de marzo de 2015

 

Hace unos meses Lourdes Benería manifestaba que el feminismo en Europa no había cuestionado con la suficiente fuerza lo que nos traía el modelo neoliberal, que no había introducido como algo central este tema en su agenda. No estábamos haciendo el suficiente hincapié en que cada vez es más profundo el conflicto entre capital y vida. Veíamos a nuestras compañeras latinoamericanas movilizarse contra el NAFTA, contra el ALCA, generar nuevos frentes contra el libre comercio, salir a la calle bajo el lema “somos mujeres, no mercancías”, pero aunque desde las redes internacionales se seguían y conocían estos procesos, la “maquilización”, se consideraba más un tema de apoyo a las redes feministas que como un tema PROPIO de nuestra agenda.

Pues bien, ya tenemos en casa el caballo de Troya, se requiere información, acción y respuesta porque, como ya se ha dicho, no se trata de un enfrentamiento entre EEUU y Europa, sino un abuso del poder corporativo y multinacional frente a la soberanía democrática.

ENTRANDO DE LLENO EN EL ASUNTO:

¿Qué nos estamos jugando las mujeres con la aprobación del TTIP?

LABORAL

Sabemos que el proceso de negociación no está centrado en el tema arancelario, sino en la “cooperación reguladora”, es decir, normativas a la baja. Pues bien, ¿cuál es la “normativa más baja”?

EEUU es la única democracia que no ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, no reconoce (al igual que Irán, Somalia o Sudán del Sur) al CEDAW, ni ha firmado el protocolo del mismo que, con sus fallos y lentitudes, permite las denuncias individuales por discriminación y la investigación internacional. Precisamente han sido los grupos que ahora se están sentando a negociar con la UE los que frenaron el proceso de ratificación, es decir: grupo conservador, el fundamentalismo religioso estadounidense y el sector empresarial, en base a tres argumentos, revestidos de ética, con efectos comerciales:

  • “Obligar a los EEUU a pagar a hombres y mujeres lo mismo por igual trabajo atenta contra las bases del sistema de libre comercio y es un ataque a nuestra soberanía” (Senadora Wendy McElroy)
  • La garantía de los derechos sexuales y reproductivos –públicos y gratuitos- y la libertad sexual son contrarios a los derechos religiosos, que prevalecen. “Son incompatibles con la tradición y la política de los EEUU que defienden la maternidad y ven a la maternidad con el mayor honor y respeto” (Y benefician a la sanidad privada)
  • La coeducación y la corresponsabilidad atentan contra los valores tradicionales de la familia “Son incompatibles con la tradición y la política de los EEUU que defienden la maternidad (Y sustentan los cuidados que permiten que el capitalismo funcione)
  • Entre los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que EEUU no ha firmado se encuentran:
    • Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
    • Apoyo a trabajadores/as con responsabilidades familiares.
    • Trabajadores/as domésticos.
    • Año 2000, Convenio sobre la protección de la maternidad (regulan los permisos, prestaciones, derecho a la lactancia)

El riesgo en el proceso de negociación comercial, que contempla todas las protecciones laborales que buscan la corresponsabilidad como COSTES a eliminar, es que las empresas europeas que los aceptaron obligadas y a regañadientes (como nos recordó el Círculo de Empresarios la semana pasada) por las legislaciones nacionales, aprovechen la coyuntura para presionar a los gobiernos, en aras del beneficio económico y el éxito comercial, para desregular y retroceder en este campo.

Nos preocupa también que, a través de la puesta en marcha de los tribunales ISDS, que equiparan multinacionales y estados soberanos a través de un burdo sistema de arbitraje, puedan sancionar en aras de los daños comerciales, políticas públicas de fomento de la corresponsabilidad que para nosotras son muy importantes, como la ampliación de los servicios públicos de guardería en el periodo de 0 a 3 años o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles, ampliados y pagados.

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De igual manera, en los procesos de privatización de servicios públicos y recortes en el Estado del Bienestar que están en juego, por la feminización del empleo público (precisamente por el mayor cumplimiento de las leyes de protección en lo público que en lo privado) lo que se destruye es empleo de calidad de las mujeres, transformándolo en empleo precario. Mientras nuestro secretario de estado de comercio, Jaime García –Legaz afirma que el TTIP creará 144.000 empleos, el Centro de investigación de política económica de los agentes de banca de Londres estiman en dos millones los empleos en riesgo entre EEUU y la UE. Las multinacionales no generan puestos de trabajo, aumentan sus beneficios, pero la creación de empleo nunca ha sido una prioridad, está siempre vinculada a la PyME.

Igualmente, cuando se recortan servicios públicos, aguantan el “shock social” las mujeres, haciéndose cargo de la sostenibilidad del bienestar y la vida, y minimizando los efectos de los recortes en servicios para la infancia, la salud o la dependencia. Sabemos también que en el caso de rentas altas, estos recortes se solventan traspasando las labores de cuidados a las mujeres del Sur, emigrantes, con el efecto devastador que tiene sobre sus propias sociedades de origen.

Siguiendo en la línea del avance de la precariedad, hay un área también muy feminizada, los servicios a las empresas y las comunicaciones y el sector cultural (la ICC) que también se van a ver afectados -el sector audiovisual, por la fuerte denuncia que ha tenido en Francia en su defensa de la excepción cultural parece que de momento se va a quedar fuera-. Reflexionando sobre los riesgos de la “maquilización de Europa”, pienso que nuestra maquila no va a ser tan industrial, como una maquila de la creatividad y el conocimiento. Contratos a tiempo parcial, trabajos desde casa que ahorran costes, negociación en solitario, jornadas eternas, efectos desocializadores que vuelven a invisibilizar el trabajo de las mujeres y que tienen una correlación sobre la salud y el bienestar (el aumento del consumo de psicofármacos). Como decía Benería sobre el hecho de haber sido poco tajantes, hemos hablado mucho de techos de cristal, que son muy importantes, que beneficiaban privilegios de clase, y no tanto de “suelos pegajosos” del riesgo de institucionalizar la precariedad, convertirla en norma y recortar la autonomía económica (con los efectos que tiene sobre la superación de la violencia de género o el día a día de familias monoparentales).

CONFLUENCIA CON EL ECOLOGISMO

En el proceso de confluencia del feminismo con la denuncia ecologista del TTIP ponemos el foco especialmente sobre la gran industria de la mercantilización y medicalización del cuerpo de las mujeres (no en vano L´Oreal es la segunda gran fortuna europea por detrás de Inditex, dos ejemplos de multinacionales con un patrón de consumo muy generizado y a la vez con una responsabilidad evidente sobre la explotación laboral de las mujeres del Sur). Pues bien, mientras que la UE prohíbe la utilización de 1200 sustancias químicas en este sector, EEUU prohíbe sólo 12, por lo que si en los procesos de negociación se va a la baja, la exposición a sustancias nocivas estará también generizada, a la vez que a través de la desregulación de la protección de datos para fines comerciales, estaremos bombardeadas por la llamada al consumo. La resistencia y la información que despleguemos aquí será clave.

También en el ámbito agrícola y ganadero (dejando a un lado el hecho de dar más espacio a multinacionales que están especulando con productos alimentarios básicos para la creación de agrocombustibles que impactan sobre la propiedad de la tierra de las mujeres y su soberanía alimentaria), en España corremos el riesgo de acelerar el proceso de DESPOBLACIÓN RURAL. Las mujeres están trabajando principalmente en las explotaciones familiares y en productos regulados y protegidos (denominaciones de origen) que están en riesgo frente a la entrada de las multinacionales agrarias y ganaderas estadounidenses. La emigración de las mujeres en el medio rural supone la muerte del mismo: se “solterizan” los pueblos envejecen, no hay niñ@s ni jóvenes, se pierden servicios básicos y se convierte en la pescadilla que muerde la cola, porque no atrae a nuevos pobladores.

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POR TODO ESTO:

Como nos han dicho nuestras compañeras latinoamericanas, la clave ahora está en NO ACEPTAR ESTE MODELO COMO UN HECHO y luchar porque los valores de la economía feminista pasen al centro. Se trata de decir NO a los acuerdos, ya no basta con introducir cláusulas de género o denunciar, por ejemplo, el sesgo androcéntrico de quienes lo están negociando (como dicen María José Capellín y Amaia Pérez Orozco, los BBVAh: Blancos, burgueses, varones, adultos y heterosexuales). Se trata de hacer ver que la macroeconomía no es neutra y que el patriarcado y el neoliberalismo van de la mano y se refuerzan mutuamente. Se trata de entender que la denuncia del feminismo al neoliberalismo y al capitalismo más feroz apunta a la línea de flotación. Se está mercantilizando la vida, los cuerpos y nos toca ya llevar a la opinión pública el hecho de que el centro son las personas, no los mercados y empezar a socavar la lógica de la ACUMULACIÓN. Una vida dedicada al más, más, más lejos, más cantidad, ¿para qué? Nos toca el diálogo de confluencia con todas las economías críticas para generar una respuesta firme y crear alternativas y llevar al centro nuestra ECODEPENDENCIA y nuestra VULNERABILIDAD. La imagen de la competición individualizada y feroz, del sálvese quién pueda, es irreal e insostenible, porque la vida no es así, la vida es en relación. Por eso a pesar de la urgencia, no podemos renunciar a seguir pensando sobre el sentido de nuestro trabajo, ni renunciar a la terquedad de que no todo es monetizable.

Hay que huir también de los discursos que individualizan el “fracaso” y nos aíslan, sin tener en cuenta que estamos sufriendo las consecuencias de la avaricia y la extracción (de los cajeros) hecha política.

Podemos pararlo, ya se ha hecho antes, se han conseguido 500.000 firmas contra el TTIP en 5 días, con movilización en 27 países, ha habido protestas en más de 300 ciudades, están pendientes de sus costes electorales y creo que, con el feminismo también en pie, con la estrategia del vampiro que propone Susan George, pararemos el TTIP exponiéndolo a la luz.