Derechos culturales

#GCultural2016 : Construyendo democracia cultural

Estefanía Rodero 2 comentarios

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Ayer, a través de una conversación en directo en la que confluyeron simultáneamente más de 70 profesionales internacionales, se inauguró el I Congreso Online de Gestión Cultural. Desde el 12 de septiembre hasta el 10 de octubre se estará tejiendo un debate libre y horizontal acerca de los principales retos que afronta la profesión así como de su papel clave como agentes de construcción de democracia, en un ejercicio de polifonía y multisoportes, que ha buscado también la complicidad de los blogs culturales como espacios de profundización en el debate y modelo alternativo de cobertura mediática.

Este evento online, organizado por Aforo Gestión Cultural, Ártica Centro Cultural Online, Baixa Cultura, Comandante Tom, Comunicación Abierta y Gestión Cultural UY en el que se dan cita actores de toda América Latina y España ha seleccionado como ejes de diálogo los siguientes temas:

  • Experiencias y proyectos de cultura y activismo digital.
  • Gestión cultural para la producción de cultura libre.
  • Gestión cultural en las bases.
  • Comunicación en red y herramientas TIC para la gestión cultural.
  • Espacios culturales y comunidad en red.
  • Profesionalización en gestión cultural.

Al hilo de la selección de las diferentes ponencias por parte de los organizadores, surgen ante mí algunos debates clave que tendremos tiempo de elaborar hasta el 10 de octubre:

  • Sobre la sustentabilidad de los proyectos culturales:
    • ¿Qué respuestas colectivas se están articulando para visibilizar y frenar la precariedad laboral-vital de los trabajadores del sector?
    • Como sector profesional, ¿estamos articulando bien este discurso?, ¿estamos realizando conjuntamente una reflexión sobre nuestros propios derechos laborales? ¿Cuál es nuestra capacidad de negociación colectiva para mejorar las condiciones de vida socio-laborales de los trabajadores y trabajadoras de la cultura? ¿Existen experiencias de sindicación cultural en los diferentes países?, ¿cuáles son?, ¿son replicables en otros territorios?
    • En el actual paradigma económico neoliberal, ¿qué papel se le da a la cultura?, ¿cómo nos posicionamos frente a la “generación de contenidos”, la lucha por la visibilidad o la cooptación del valor del diseño como elemento distintivo conformador de desigualdad social simbólica?

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  • Sobre nuevas políticas de participación, cultura y ciudad:
    • ¿en qué momento se encuentra la aplicación de la Agenda 21 de la cultura?, ¿qué papel estamos jugando como co-diseñadores de las políticas culturales municipales?
    • ¿estamos reflexionando sobre la utilización que se está haciendo de la cultura para apoyar ciertos procesos de gentrificación?
    • ¿cuál es la capacidad del sector cultural en cada país para marcar la agenda política?, ¿tenemos capacidad para impulsar marcos legislativos que amplíen las vías de participación comunitaria?
    • Frente al paradigma de la cultura espectáculo, ¿deberíamos reflexionar sobre nuestra capacidad de impulsar un nuevo paradigma que ponga en el centro los derechos culturales frente a la pasividad de la cultura mercancía?
  • Sobre la vinculación con territorios y comunidades:
    • Frente a la hegemonía cultural anglosajona, ¿qué papel pueden jugar los “Sures”? ¿Puede la cultura impulsar una reflexión transformadora sobre el papel interesante que puede jugar el Sur de Europa en el nuevo escenario internacional?
    • ¿Cómo puede contribuir la cultura digital a la promoción de la diversidad cultural?
    • En una dinámica global en la que el peso demográfico se va a concentrar en las ciudades, ¿qué papel va a jugar el mundo rural y sus culturas a nivel internacional? ¿Cómo se vive en estos dos mundos la gestión de espacios culturales y el concepto de autogestión?
    • ¿Se está garantizando el acceso a la cultura como servicio público? ¿Son las experiencias de democratización cultural replicables?

Sin duda van a ser días de diálogo profesional interesante, que ampliará nuestros puntos de vista a través del conocimiento de diferentes experiencias y en las que se irán tejiendo redes de preguntas con sus múltiples respuestas.

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Bailar con las manos atadas: Régimen Local y políticas culturales en España

Estefanía Rodero 4 comentarios

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Principio de subsidiariedad: ningún servicio público que pueda residir en un nivel cercano de la Administración debe quedar en otro más lejano.

 

En vísperas de la primera gran conferencia internacional tras la aprobación de la Agenda 2030, Hábitat 3, que se celebrará durante el mes de octubre y en la que se debatirán las nuevas líneas de actuación mundiales en materia de desarrollo urbano sostenible, llama la atención no sólo el silencio mediático en nuestro país al respecto, sino el silencio aún más sorprendente por parte de gran parte del municipalismo español.

La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales está desarrollando una importante labor de presión frente a la ONU para lograr que se tenga en cuenta como interlocutores tanto a las propias ciudades como a las organizaciones territoriales del nivel local, así como está haciendo suya la defensa de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura como eje clave para el desarrollo urbano sostenible.

Sorprende, como decía, el silencio de gran parte del municipalismo español, como si aún no fuese consciente del desequilibrio que existe entre los diferentes niveles de gobernanza, así como si no se creyese demasiado, más allá de fórmulas huecas o fogonazos mediáticos, el papel fundamental que juega la cultura para la profundización democrática así como el protagonismo clave que tienen los gobiernos locales en la propia defensa de los derechos culturales en España.

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Jordi Font, en su lúcido análisis “Radiografía de la política cultural local” nos alerta sobre el estancamiento competencial, legal y financiero en el que se ha situado al régimen local en materia de cultura sin que se esté dando batalla alguna al respecto.

Mientras que el gasto público en España se sitúa, con pocas variaciones, en porcentajes del 57% para la Administración Central, 30% para el nivel autonómico y 13% para la Administración Local, si llevamos nuestra atención al gasto público en materia de cultura nos encontramos ante el hecho de que la Administración Central dedica un 0,5% de su presupuesto a cultura, un 4% la Administración autonómica y un 8% la Administración Local, siendo esta última la que cuenta con menor definición (y por tanto mayor vaguedad) de competencias. Sin embargo, una mirada rápida a nuestro país nos confronta con la realidad de que es la Administración Local la que se hace cargo de la mayor parte de los servicios culturales en España.

Por tanto ambigüedad competencial, financiación estancada…pero también interlocución de “segunda categoría”. ¿No resulta paradójico que quienes están afrontando el mayor peso de la política cultural en nuestro país, el nivel municipal, no formen parte de la Conferencia Sectorial de Cultura? La Conferencia, nacida como el órgano de cooperación con las comunidades autónomas en materia de cultura, llamada a buscar la coherencia y la colaboración entre los diferentes organismos, así como la búsqueda de una cierta armonización legal, no sólo no reconoce en su reglamento ningún papel orgánico al nivel local, sino que, en el caso de darse algún debate (en las dos reuniones contempladas por año, por cierto) sólo prevé la invitación de alguna de las asociaciones de entidades locales con mayor implantación, sin dejar claro en absoluto si se les reconocería más allá de la voz el voto.

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A todas luces, y no sólo en cultura, es éste un debate permanentemente aplazado y no considerado urgente, dado que traería consigo una reflexión profunda sobre el actual Régimen Local en nuestro país y la necesidad de afrontar un proceso de reequilibrio hacia la Administración Local que en tiempos como los actuales de pura crisis de régimen, no toca.

Me pregunto también si el triunfo del paradigma neoliberal en gestión cultural y la implantación de las lógicas de “marca territorio” y city branding, con las estrategias de diferenciación y posicionamiento asociadas a las mismas, no están impidiendo de alguna manera a nuestros gobiernos locales reconocerse en una problemática común que les permitiese unificar voces y hacer valer su protagonismo como interlocutores clave en materia de política cultural en nuestro país y que les llevase a reivindicar como gobiernos locales la importancia de garantizar el principio de subsidiariedad  en España.

 

Más allá del milenio: la cultura pendiente en los objetivos de desarrollo sostenible

Estefanía Rodero 3 comentarios

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Entre los efectos secundarios del intenso ciclo electoral que atraviesa España en los dos últimos años se encuentra el hecho de que importantes debates a nivel internacional, que requerían más pausa y profundidad en la argumentación de la que permitía la feroz actualidad, hayan pasado prácticamente desapercibidos para la opinión pública. Es el caso tanto de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como de la nueva formulación de las prioridades de desarrollo para el periodo 2015-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si bien ya hubo numerosas voces críticas que señalaron el profundo error que supuso la ausencia de la cultura como un objetivo clave dentro de los Objetivos de desarrollo del milenio (especialmente en lo relativo a las necesidades de grupos minoritarios y las comunidades indígenas), no es menos cierto que dicha ausencia provocó como respuesta un incuestionable trabajo de investigación, desarrollo de indicadores, profundización en conceptos y debates sectoriales dentro del campo de la cooperación cultural para tratar de paliar dicha exclusión. La necesidad de hacer sentido común del hecho de que no puede haber desarrollo si se excluye la cultura del mismo, considerada como su cuarto pilar, así como cambiar el paradigma y hablar de la cultura en términos de derechos culturales y sostenibilidad, han sido algunos de los ejes de trabajo internacionales más importantes hasta el 2015.

Sin embargo, a pesar de un ejercicio de coordinación sin precedentes desde el 2014 entre las redes internacionales de cultura, su propuesta “El futuro que queremos incluye a la cultura” y todo el trabajo comunicativo y operativo alrededor de la inclusión del objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos”, en el documento aprobado por la ONU en Nueva York el pasado septiembre, una vez más, la cultura se ha quedado fuera de los 17 objetivos de los ODS. ¿Una cuestión menor? En absoluto, son dichos objetivos los que determinarán la dirección del gasto de los próximos 15 años tanto de los gobiernos, como de los principales organismos internacionales. Como bien sabemos, cuando la cultura “se da por hecho”, “es transversal” y “evidentemente está implícita” supone que aún no se ha comprendido la indivisibilidad de los derechos humanos de los que los derechos culturales forman parte.

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Alfons Martinell ya ha hecho un análisis minucioso sobre los motivos por los cuales se ha dejado fuera de los ODS a la cultura. Me interesa, no obstante, más allá del importante marco de lectura de la cooperación norte-sur y sur-sur, el impacto que esta exclusión tiene sobre la agenda política internacional y los retos actuales sobre identidad y política.

A nadie se nos escapa que las identidades culturales están siendo uno de los vectores clave en gran parte de los conflictos internacionales, así como también es obvio que los conflictos económicos y de poder y el aumento alarmante de los índices de desigualdad se plasman en el ámbito cultural. Valgan como ejemplos las presiones de las multinacionales extractivas hacia las poblaciones indígenas y sus recursos en América Latina o la primera sentencia de la Corte Internacional ante el juicio de Al Mahdi, condenado por crímenes de guerra por la destrucción sistemática del patrimonio de Mali.

Sin embargo, Europa tampoco puede permitirse otros quince años en los que no se haga un esfuerzo común por situar como centro de sus políticas culturales la garantía de los derechos culturales, que no han de verse sólo como un área de trabajo de la cooperación internacional, sino como un elemento vertebrador de todos los niveles administrativos y de desarrollo, local y rural especialmente.

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Europa necesita hacer suyo el objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos” en dos campos:

  • En el de la gestión cultural pública, ante el progresivo desmantelamiento en toda Europa de la cultura entendida como servicio público (sin duda por el colapso continental de la socialdemocracia) y la consolidación de modelos centrados en la espectacularización, la esponsorización y la progresiva privatización de bienes y servicios culturales en detrimento de los derechos de participación en la vida cultural recogidos en todas las legislaciones nacionales e internacionales, Carta de Derechos Humanos incluída.

 

  • En el de la propia definición de la Unión Europea y el debate urgente sobre sus posibilidades reales de futuro, rodeada por retos y conflictos identitarios ante los que tendremos que elaborar una respuesta: el papel de la UE ante Rusia y la presión de los nacionalismos post-URSS, el auge de los fascismos y su efecto sobre la protección de la diversidad cultural europea, la incoherencia entre las políticas de cooperación cultural de la Unión y sus políticas migratorias y de salvaguardia de los derechos humanos, especialmente ante el reto de su frontera Sur y su relación con el espacio cultural mediterráneo, la relación entre las distintas políticas nacionales europeas de cooperación con África, el papel otorgado a sus culturas en Europa y el peso de los partenariados empresariales. En relación con conflictos de identidad cultural abiertos en el seno de la UE se tendrán que articular también políticas culturales que den respuesta a la creciente ruptura rural-urbana y sus efectos (recordemos las últimas elecciones austriacas) así como también plantearse cómo garantizar los derechos culturales de la juventud europea y qué papel puede jugar la cultura ante la grave situación de desempleo juvenil que recorre el continente.

A pesar de que la movilización y el trabajo internacional de las redes de cultura seguirá avanzando para consolidar lo (tantas veces) señalado por Amartya Sen, “una de las funciones en verdad más importantes de la cultura radica en la posibilidad de aprender unos de otros, antes que celebrar o lamentar los comportamientos culturales rígidamente señalados”, sí me queda cierto sabor amargo ante el miedo institucional (no meterse en camisa de once varas…) que ha dejado pasar la oportunidad de la redacción de los ODS y su capacidad de marcar la agenda internacional de los próximos años como una apuesta mundial por afianzar el paradigma de los derechos culturales y coadyuvar en la incidencia preventiva en políticas de seguridad, apostando por la capacidad de la cultura para generar mayores índices de participación y profundización democrática.

Retos actuales de los derechos culturales en España

Estefanía Rodero 3 comentarios

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“Reafirmando que los derechos humanos son universales,

indivisibles e interdependientes, y que los derechos culturales son,

al igual que los otros derechos humanos, expresión y exigencia

de la dignidad humana”

Declaración de Friburgo

 

Cuando, desde Europa, hablamos de derechos culturales, de modo inconsciente tendemos a asimilarlos con el campo de la cooperación al desarrollo y más concretamente con la defensa de los derechos de los grupos minoritarios y los pueblos indígenas y su derecho a la protección de sus lenguas, territorios y acceso a los recursos naturales. No es menos cierto que, dentro del campo de los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, son estos últimos los que, hasta la fecha, han recibido una menor atención. Sin embargo, ya nos alertaba el sociólogo Alain Touraine en una entrevista allá por el lejano año 2000: “Actualmente, el tema fundamental es la defensa de los derechos culturales. Es el principal punto de la agenda en un mundo de consumo de masas, de comunicación de masas, donde el poder social no se limita más al poder político sino que se ha extendido al poder económico y ahora al poder cultural con los mass media. El asunto de los derechos culturales es central.”

Si, como han señalado desde la ciencia política, los derechos civiles y políticos estarían asociados a la libertad, los derechos económicos y sociales llevarían a la práctica el principio de igualdad, la fraternidad no se entendería sin el respeto de los derechos culturales.

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¿En qué situación se encuentra el respeto a los derechos culturales en España? Más allá de los tres grandes campos recogidos en el artículo 15 del Pacto Internacional por los derechos económicos, sociales y culturales: la participación en la vida cultural, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y la protección de los derechos de autor que ya nos obligarían a analizar, entre otras cosas, los medios de apoyo y financieros que está destinando el Estado español para garantizar su cumplimiento, me gustaría detenerme un poco más en las propuestas detalladas recogidas en la Declaración de Friburgo y las preguntas que me suscita.

  • En relación a la disponibilidad de bienes y servicios culturales: ¿están nuestros espacios disponibles para la ciudadanía?, nuestros centros culturales, bibliotecas, museos, eventos, ¿para qué USOS están disponibles?, ¿bajo qué formatos de gestión?, ¿los horarios actuales disminuyen o aumentan esta disponibilidad?, ¿existen protocolos de acceso?, ¿quién los ha diseñado?, ¿estos espacios son netamente públicos?, en el caso de que no sea así, ¿eso ha aumentado o ha disminuido los índices de disponibilidad? ¿Hay espacios infrautilizados?
  • En relación a la accesibilidad: ¿se está discriminando a algún colectivo por motivos de raza, sexo, idioma, religión, convicciones políticas, ascendencia, origen nacional o étnico, origen o condición social o lugar de nacimiento? En nuestras políticas culturales ¿nos estamos planteando quién, por motivos de horario, movilidad, diversidad funcional, renta, edad… se queda fuera? ¿En los proyectos culturales el análisis de la accesibilidad tiene un carácter transversal? ¿Se está garantizando a día de hoy por igual el acceso a la cultura en el medio rural español que en el medio urbano? ¿Hemos sopesado el impacto que la creciente privatización de los servicios culturales tiene sobre las rentas más bajas? ¿Hemos desarrollado indicadores para medir la accesibilidad cultural?

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  • En relación con el respeto a nuestra propia diversidad: ¿Cómo se relaciona España con la herencia cultural gitana?, ¿tenemos acceso abierto a su acervo cultural?, ¿se respeta la lengua caló?, ¿el pueblo gitano actualmente tiene reconocidos los mismos derechos culturales? ¿Se está respetando el derecho de las personas migrantes al mantenimiento de su identidad cultural?, ¿y a su acceso a los bienes, servicios e instituciones culturales? ¿Se está respetando la pluralidad religiosa en nuestro país o se priman unas manifestaciones religiosas por encima del resto? ¿Qué papel le da España actualmente a la diversidad de su pasado cultural? ¿Qué relación mantiene con su propia tradición musulmana y judía? ¿Se está respetando el derecho de petición de la nacionalidad española de la población sefardita? ¿Bajo qué circunstancias y en qué condiciones? ¿Cuál ha sido el relato de España en relación a su pasado colonial? ¿Se ha procedido a la escucha e incorporación del relato de los países colonizados y está presente en nuestro sistema educativo en toda su complejidad y profundidad? ¿Cuál es el papel de nuestro país en relación con su historia común con Filipinas, Sahara y Guinea? ¿Se reconoce este acervo cultural, tiene un espacio, se ha reconocido su presencia y nuestra responsabilidad? ¿Se respeta y protege la riqueza lingüística en nuestro país? ¿Qué medidas de protección ha tomado España respecto al aragonés y al asturleonés, reconocidas como lenguas en peligro de extinción por la UNESCO? ¿Qué papel juegan las lenguas signadas en España?

 

  • En sintonía con “el derecho a recibir una información libre y pluralista que contribuya al desarrollo pleno, libre y completo de su identidad cultural”, ¿se siguen manteniendo tópicos en nuestros medios de comunicación? El tratamiento de la información, ¿privilegia a unos colectivos sobre otros, unas áreas geográficas sobre otras, unas lenguas sobre otras?

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  • En nuestra política exterior, especialmente en política comercial a través del papel de las multinacionales españolas ¿estamos teniendo en cuenta los derechos culturales de los pueblos?, ¿cómo se sitúa España respecto a los actuales genocidios culturales que circundan a Europa?, ¿qué tipo de relaciones mantienen el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sobre qué temas? ¿Qué presupuesto destina España a la cooperación cultural y qué criterios sigue en dicha cooperación? ¿Se respeta en España la justiciabilidad de los derechos culturales y existen políticas de reparación adecuadas?
  • En relación a los derechos de los profesionales de la cultura: llevando la atención de modo específico a la situación laboral y económica del sector cultural en España, ¿se están respetando sus derechos laborales?, ¿qué papel ha tenido la negociación colectiva en el reconocimiento de los derechos del sector?, ¿existen ramas sindicales o sindicatos propios para los profesionales de la cultura?, ¿existen convenios colectivos específicos por áreas?, ¿existe un Estatuto del Artista?, ¿qué papel está jugando la contratación pública para el reconocimiento y el respeto de los derechos del sector?, ¿quiénes han sido hasta el momento los interlocutores de la cultura con rango de oficialidad en el ámbito de las instituciones?, ¿hay algún sector que no esté representado? En el ámbito fiscal y de protección económica, ¿se tienen en cuenta las especificidades de los bienes y servicios culturales, más allá de su valor comercial?

A bote pronto, éstas son las preguntas que me asaltan respecto a los retos actuales en materia de derechos culturales en nuestro país y las principales líneas de acción que se derivan de ellos, junto al necesario diálogo con las políticas educativas y las relacionadas con el derecho a la libertad de expresión.

 

¿Defender el paisaje?: patrimonio natural y extractivismo en Castilla y León

Estefanía Rodero 8 comentarios

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Que la UNESCO suele guardar silencio ante los estragos que el extractivismo causa sobre el patrimonio natural puede comprobarse a lo largo y ancho de América Latina. Que dicho silencio se convierte en total desaparición cuando dicha amenaza sobrevuela el medio rural europeo, también es una obviedad.  Al fin y al cabo el patrimonio natural siempre ha sido una suerte de “añadido” para las políticas públicas de conservación del patrimonio, convirtiendo su defensa, la mayor parte de las veces, en un enorme cajón de sastre en el que confluyen las políticas culturales, medioambientales, agrarias, económicas y de desarrollo.

En las instituciones culturales españolas, se repite esta misma actitud de “laissez faire” de la UNESCO, tanto en el nivel estatal, autonómico y local poniendo en riesgo a través de su inacción nuestros paisajes culturales y contribuyendo así  a la desprotección del patrimonio natural a través de la negación de su dimensión cultural, simbólica, emocional e identitaria transmitida generacionalmente.

Pero ante el caso de la mina de uranio de Berkeley en el Campo Charro salmantino, la inoperancia de la Junta de Castilla y León se lleva la palma.

Si en la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972 ya se afirmaba: “se constata que el patrimonio natural está cada vez más amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles” y en el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España en el 2008 se establecía como línea prioritaria la protección de los mismos, “entendiendo como protección las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial”, ¿quién, a nivel institucional en Castilla y León está haciendo cumplir la legislación internacional  y nacional al respecto y protegiendo el paisaje de la dehesa salmantina amenazado por el fantasma del extractivismo que trae de la mano la minera australiana?

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A una le gustaría saber en qué momento y bajo qué criterios la Junta de Castilla y León hizo desaparecer de las Direcciones generales de políticas culturales y de patrimonio cualquier referencia y competencia en defensa del patrimonio natural y exactamente quién se está haciendo cargo de la defensa del paisaje, mucho más cuando la defensa del medio ambiente en esta comunidad va de la mano de Fomento.

Si ya ha tenido que venir el Tribunal Superior de Justicia a anular el Consejo regional de medio ambiente de Castilla y León por la amalgama de intereses que impedían el derecho a la participación ciudadana, ¿debemos pensar que es únicamente la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León la garante de los derechos de la ciudadanía a la protección de su tierra?

Al margen del muy necesario debate (que ya hemos desarrollado en otras ocasiones) respecto al turbio entramado de fundaciones, empresas semi-públicas y demás procesos privatizadores de lo institucional en nuestra comunidad, ¿de verdad es una cuestión menor que la Fundación Patrimonio Natural que tendría que estar velando por la conservación de la dehesa charra y de sus más de 4500 hectáreas protegidas, sus 25.000 árboles en riesgo, su fauna y su incuestionable papel como paisaje cultural – que ya debería haber sido impulsado por esta misma Junta de Castilla y León para su reconocimiento como tal por el Consejo de Europa-, tenga como socios a las principales multinacionales españolas que desarrollan en América Latina la misma política extractiva con la que Berkeley amenaza ahora el Campo Charro?

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¿De verdad es coherente, por ejemplo, que ACS forme parte del patronato en defensa del patrimonio natural de Castilla y León mientras uno de sus complejos hidroeléctricos ha despojado a más 29.000 indígenas quekchis fuera de su territorio y del acceso mínimo al agua? ¿Esperamos que el patronato de la Fundación proteja aquí lo que desprotege allí? ¿Este patronato de empresas privadas se va a enfrentar a Berkeley?

Más allá de la infatigable movilización ciudadana de Stop Uranio , ¿alguien puede decirnos a qué se debe el silencio institucional de quienes obligatoriamente han de velar por la protección del patrimonio natural en la Junta de Castilla y León?, ¿cómo se posiciona dicha Fundación ante la situación del Campo Charro?, ¿de verdad en nombre del patrimonio natural castellano-leonés se puede guardar silencio ante un daño de estas proporciones? Y si la Fundación Patrimonio Natural no está cumpliendo con los objetivos de protección que la sustentan, “poner en valor los recursos naturales de la Comunidad de manera compatible y sostenible con su conservación y la evolución de su entorno”, ¿es lógico que este organismo siga financiándose con dinero público de los castellano-leoneses?

 

Las amistades peligrosas: TTIP y cultura europea

Estefanía Rodero 5 comentarios

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Si bien a medida que las filtraciones sobre las negociaciones secretas entre la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el Tratado de Libre Comercio llegaban a la opinión pública europea y generaban grandes movilizaciones en las principales ciudades denunciando la falta de transparencia del proceso y la presión de los lobbies multinacionales frente a los intereses ciudadanos, no es menos cierto que en dichas movilizaciones el papel del sector cultural europeo, frente a los colectivos ecologistas, feministas o sindicales, ha sido menor. Sin embargo, las negociaciones del TTIP apuntan directamente a algunos elementos clave que han definido las políticas culturales europeas hasta el momento y que merecen un análisis más detallado.

La soberanía cultural en riesgo.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra el de la pérdida de soberanía cultural de los Estados y el riesgo de que medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión puedan ser denunciados frente a los tribunales privados de arbitraje que contempla el TTIP alegando daños a los intereses económicos de las grandes multinacionales. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad cultural europea, especialmente en el ámbito lingüístico y los efectos que un posible desmantelamiento de estas medidas de protección pudieran tener sobre su permanencia y riqueza.

TTIP, Cultura y mundo rural europeo

Otro de los elementos clave de la negociación del TTIP que está generando mayor rechazo y en el que convergen las movilizaciones ecologistas, culturales y de defensa del mundo rural es el relativo a la controversia sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense. Estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas están vinculadas a conocimientos tradicionales vinculados a pueblos autóctonos, también reconocidos por la UNESCO y llevan aparejadas formas de trabajo agrícola y ganadero que permiten el mantenimiento de determinados paisajes culturales que se verían en riesgo frente a los procesos uniformizadores de la agroindustria. El impacto sobre la economía rural europea, la cultura gastronómica y paisajística, así como el efecto que todo ello tendría sobre la ya alarmante despoblación son los argumentos que se están planteando en la movilización.

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La excepción del sector audiovisual

Sin embargo, hay un sector que, no sin enfrentamiento, ha sido excluido de las negociaciones por parte de la Unión Europea  bajo amenazas de bloqueo llevadas a cabo por algunos estados miembro. Se trata del sector audiovisual, campo de batalla ya conocido en la Organización Mundial del Comercio, dado el gran desequilibrio internacional existente respecto a la poderosa industria estadounidense. No en vano, los EEUU alcanzan los 13.000 millones de dólares en exportaciones vinculadas a este sector y su industria del entretenimiento es su segunda mayor fuente de exportaciones, frente a las dificultades que encuentra el cine europeo para hacerse un hueco en el mercado audiovisual estadounidense, que encuentra en su propia catalogación por edades, su diversidad lingüística y el carácter marginal de las salas de cine no comercial en EEUU, barreras difíciles de sortear. No son nuevas las reflexiones profesionales respecto al riesgo de la americanización de la cultura a nivel internacional (ya Canadá, sin ir más lejos, dejó fuera este mismo sector en la aprobación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá) y la consecuente influencia y homogeneización de hábitos, imaginarios y valores que lleva aparejada la distribución masiva de contenidos audiovisuales. El sector cinematográfico europeo teme que las cuotas de exhibición en salas y de emisión televisiva de contenidos europeos estén en riesgo ante la firma del TTIP. También hace un llamamiento a los políticos europeos para que sorteen las presiones de los grandes lobbies tecnológicos (Google, Netflix) que están peleando para que la distribución on-line de estos mismos contenidos audiovisuales no sea considerada cultura y pueda así incorporarse por otras vías a la negociación del TTIP.

El sector tecnológico europeo ante el uso de patentes

El sector tecnológico también ha dado la voz de alarma. Su principal preocupación reside en la armonización legal entre la UE y EEUU en relación a las patentes de software, mucho más restrictiva en el caso europeo, y que llegada su liberalización, según el sector, frenarían el desarrollo del software libre y dejarían la innovación tecnológica y científica exclusivamente en manos de aquellos que pudiesen pagar las tarifas por el uso de dichas patentes. De igual modo temen la desigualdad y desprotección legal ante la que se encontrarían las Pymes y autónomos frente a las multinacionales llegado el caso de posibles litigios por el uso de las mismas.

Pero no sólo son las patentes, señalan. La protección de datos y la propiedad intelectual cuentan con un nivel de protección muy diferente a ambos lados del Atlántico. Mientras en la UE la protección de datos es reconocida como un derecho fundamental, la transferencia y comercio de datos por parte de las empresas en EEUU es muy permisiva y el derecho a su protección está contemplado como un derecho del consumidor. El riesgo de que la armonización legal se dé a la baja es uno de los ejes clave de la movilización ciudadana contra el TTIP tanto en EEUU como en la Unión Europea. También la protección en materia de propiedad intelectual está en entredicho, dado que mientras la legislación europea protege la titularidad de las obras prohibiendo su enajenación, en EEUU está permitida la venta total de derechos.

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El sector editorial y la batalla por el precio fijo

Caso aparte merece la inclusión del sector editorial en las negociaciones, que no ha contado con la misma protección que el audiovisual, bajo el convencimiento de que corre menos riesgo de ser absorbido por la industria editorial estadounidense. Sin embargo, los sindicatos y gremios de editores europeos han mostrado su preocupación por el peligro que pueda llegar a correr en las negociaciones la política del precio fijo de los libros, garantía de la bibliodiversidad, que protege al sector de la concentración editorial y permite la supervivencia de pequeñas librerías y editoriales frente a gigantes comerciales. Defienden también la importancia del papel de las pequeñas librerías en el paisaje urbano frente al auge de la gentrificación de los centros monumentales e históricos europeos, en los que dichos grupos comerciales se ven beneficiados por todo tipo de ventajas fiscales. Frente a las palabras tranquilizadoras que reciben por parte de la Comisión Europea, el sector editorial recuerda la multa que interpuso la misma Comisión a Francia cuando defendió que el libro electrónico debía ser considerado libro y por tanto tributar igual que los libros en papel.

Ante todo ello, la cultura europea está haciendo un llamamiento para unificar sus respuestas, más allá de los intereses sectoriales de cada una de las ramas afectadas, con el fin de ejercer una mayor presión conjunta y reivindicar su protagonismo en la planificación de las políticas culturales europeas, abriendo espacios para el debate y la participación ciudadana, generando lazos y compartiendo estrategias con el resto de colectivos afectados por el TTIP y reivindicando la defensa de la diversidad cultural como eje clave de la identidad europea.

 

 

El cierre de Cervantes o la urgencia de otra política cultural

Estefanía Rodero Deja un comentario

Publicado en Tribuna de Salamanca el 4 de enero de 2016

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Reflexionaban hace unos días Germán Cano y Gonzalo Velasco sobre el papel que la cultura había tenido en los pasados debates electorales y la necesidad de superar los discursos huecos y de ornamento en el mejor de los casos y de total olvido de su realidad en el peor al que nos tiene acostumbrado el bipartidismo en España.

Y de pronto la noticia del cierre de la librería Cervantes en Salamanca, un símbolo para varias generaciones, un referente ineludible para la memoria emocional de nuestra ciudad.  Mientras sacamos los pañuelos blancos del adiós habituados a cuantos referentes locales de la cultura hemos tenido que despedir en la última década, me pregunto en qué momento diremos basta y exigiremos políticas culturales a la altura de lo que necesita la sociedad salmantina.

Se llenaba la Consejera de Cultura, Josefa García Cirac, de orgullo y satisfacción hace unos meses presentando el sello de calidad, la cultura como marca, de librerías de referencia cultural de Castilla y León como si a golpe de obviedad y foto institucional se pudiese ocultar la incongruencia, la falta de coherencia de pretender defender la cultura mientras ponemos las instituciones públicas de Castilla y León a los pies del mercado avieso de gentrificación, mientras abrimos de par en par nuestros centros históricos y sus locales a las grandes cadenas multinacionales, a la pérdida de toda identidad propia en un baile de celebración de la hegemonía neoliberal.

Como si el desempleo y la pérdida generalizada de poder adquisitivo en nuestra tierra no tuviese eco sobre el consumo cultural, como si el Partido Popular no hubiese fulminado en la última legislatura la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, como si los responsables políticos del libro, desde el nivel estatal hasta el conglomerado de Fundaciones opacas y clientelares, nido de corrupción, hubiesen dejado el canapé y la foto con patrocinadores para dedicarse al bien común, como si vuestra LOMCE se hubiese parado a escuchar el millón de ideas de profesorado y familias para enraizar el hábito lector, como si no estuviésemos ya acostumbrados a la atonía, al Centro coordinador de bibliotecas de la Diputación de Salamanca más muerto que vivo en manos de diputados de cultura a quienes les cayó esta cartera como en una rifa y algo habrá que hacer, como si no viviésemos a diario el total desprecio a la exigencia del acceso a la cultura para todos, incluyendo nuestro medio rural.

Nos llevamos ahora las manos a la cabeza por el cierre de Cervantes, de una Pyme cultural de referencia en nuestra ciudad que ha contribuido a que seamos quienes hoy somos. Y sin embargo hay que negarse a la desidia. Desde luego que hay propuestas para una política cultural tanto desde el nivel local hasta el estatal que sepa reconocer, entre otras muchas cosas, el valor del libro, que sepa ponerlo en valor desde la Administración, apostando no sólo por un plan de apoyo y dinamización de las librerías, no sólo por políticas de compra coherentes para modernizar y actualizar nuestra red de bibliotecas ,sino reconociendo especialmente el papel de la diversidad editorial o generando líneas presupuestarias de incentivos económicos para este sector y defendiendo con vehemencia la política del precio fijo.

Por favor, no más panegíricos grandilocuentes ante los efectos obvios de las causas que creáis. La cultura, la de verdad, la que crea país, merece respeto y cuidado, no lágrimas huecas. Acción y medidas presupuestarias, lo demás, ya lo sabemos, qué guapos en la foto, muy rico el canapé.

 

Pensar la tierra: sobre identidades y territorios

Estefanía Rodero Deja un comentario

Publicado en Tribuna de Salamanca el 28 de diciembre de 2015

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Leo un artículo de Íñigo Errejón sobre la pasada campaña electoral y me detengo en una de sus reflexiones: “Vivimos en un estado plurinacional en el que conviven y se solapan diferentes identidades nacionales”.

Para los movimientos políticos que quieren construir un nuevo país (como decían Chantal Mouffe y Errejón otra vez en Construir pueblo “es un error regalarle a las fuerzas más reaccionarias la posibilidad de representar ellos una idea de país”) existe, desde mi punto de vista, una importante tarea pendiente.

En algún momento tendremos que deconstruir “lo castellano”, “lo castellano-leonés”, solapado con la identificación de “lo español” construido durante el franquismo y que quedó incólume y no contestado en la primera transición. Este imaginario impuesto de loa al Antiguo Régimen que está impidiendo que seamos capaces de articular en el presente las demandas políticas de nuestra realidad concreta castellano-leonesa afrontando los graves problemas que arrastra nuestra tierra hoy: la imparable llegada del desierto demográfico, la incapacidad de los gobiernos autonómico y local para promover políticas de empleo que pongan en valor nuestros incontables recursos, la falta de horizonte vital para nuestros jóvenes que fuerza su exilio, la pérdida de derechos sociales especialmente en el mundo rural, el vuelo carroñero de las grandes multinacionales, especialmente las agroindustriales, sobre nuestros bienes comunales, la amenaza permanente de la Ley Montoro.

Esta “definición territorial” caduca, impuesta y no sentida de lo castellano-español y el peso de su imaginario está sofocando la fuerza del cambio, condenándonos como territorio a la periferia política en dos líneas: la que siguen quienes tratan a nuestro territorio como “caladero de votos fiel” que no articula nunca demandas frente a la que siguen quienes desde un supuesto punto de vista progresista no se han dado cuenta de que dar por válida esta definición de “Castilla” interesada es regalar el tablero de juego y asumir sus términos, no los nuestros.

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Esta definición solapada de lo castellano-español, en su deriva hacia el capitalismo cañí, está siendo utilizada para refrendar un proyecto político que está sirviendo precisamente para vender nuestra soberanía como pueblo español frente a los intereses de las élites europeas. Todo ello unido a la enorme brecha generacional que nos muestra la correlación directa entre envejecimiento de los municipios y mayor voto al Partido Popular nos marcan una agenda política de primera magnitud a la hora de afrontar la consolidación de la alternativas políticas reales en nuestra tierra, con el fin de que Castilla y León no se quede fuera una vez más de la nueva transición que ahora vivimos.

De igual manera se impone la ruptura de la definición de periferia vinculada a lo estrictamente geográfico para devolverle su sentido político en otras esferas. La periferia española hoy por hoy es el mundo rural envejecido, ese 20% de la población de nuestro país que custodia el 80% del territorio y que geográficamente nunca vivió procesos de industrialización y pasó de la primacía simbólica y política de lo ganadero y lo agrario a un mundo de servicios al que aún no saben cómo dar respuesta. La periferia, en un sentido político, alejado de los centros de poder mediático y simbólico hoy por hoy está presente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y está esperando que seamos capaces de articular también una alternativa para la tensión rural-urbano que también nos han mostrado las pasadas elecciones.