Muchas gracias a El Correo por publicar Cultura europea en pie, un llamamiento-reflexión sobre la movilización del sector cultural europeo en defensa de la diversidad y la libertad artística ante el nuevo ciclo electoral. Para sumar. Siempre.
Si quieres, puedes leerlo también aquí.
Desde este espacio (y desde la vida entera) nos adherimos a la campaña promovida por Culture Action Europe llamando a la movilización del sector cultural en las decisivas elecciones europeas del mes de mayo, apelando a la responsabilidad profesional colectiva del sector cultural europeo para poner en el centro del debate político la defensa de los derechos culturales y la diversidad cultural y la protección de los derechos humanos en Europa frente a los discursos del odio. Nos hacemos eco de su manifiesto por si alguien más quiere sumarse (los materiales de la campaña pueden descargarse aquí):
PETICIÓN DE CAE PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2019
“En ambos extremos del conocimiento, pero también en el medio,
se mantiene la potencia creadora del ser humano, es decir la imaginación radical”
Cornelius Castoriadis
Todavía resonando con el reciente y bello artículo de Jorge Riechmann, Ideas para una nueva Cultura de la Tierra (del que tomo para la vida su cita de Rafael Sánchez Ferlosio, “Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado”) quería reseñar y compartir por aquí la reciente edición (mayo de 2018) en Enclave de Libros del último libro que Cornelius Castoriadis tuvo tiempo para revisar en vida, Hecho y por hacer, pensar la imaginación.
Desde la gratitud y el respeto profundo al legado de autonomía frente al autoritarismo que encarna, comparto algunas notas breves que me resultaron sugestivas por ser una invitación política a crear en el presente.
“No es lo que existe lo que necesita de nosotros, sino lo que podría y debería existir” El hecho de poner el foco de atención sobre la capacidad colectiva para crear nuevos mundos, no desde una simple óptica combinatoria (“hablo de auto-creación, no de auto-organización”), ni desde la inercia de seguir siendo lo que ya es, sino desde el despliegue de lo que está por crear porque aún no es, nos devuelve a la urgencia de reconquistar la imaginación como prioridad política.
Como señala Adrián Almazán en el prólogo de esta edición:
“Quizá la pregunta que más resuene en todo el pensamiento sobre el mundo socio-histórico de Castoriadis sea, ¿qué deberíamos conservar y qué transformar, qué mundo es el que queremos construir?”
Desde este ¿qué construimos? en Hecho y por hacer se van entreverando algunas invitaciones:
La necesidad de desarrollar un imaginario de la autonomía asentado en nuevas subjetividades reflexivas y deliberantes, frente a las subjetividades impuestas por el neoliberalismo:
“El capitalismo parece haber logrado fabricar al fin el tipo de individuo que le corresponde: uno perpetuamente distraído y haciendo zapping de un goce a otro, sin memoria ni proyecto, listo para responder a todos los requerimientos de una maquinaria económica que destruye cada vez más la biosfera planetaria para producir ilusiones denominadas mercancías.”
Alertando de que “el proyecto de autonomía no es una fulguración en un cielo límpido” la invitación a la deliberación (también y principalmente sobre nuestra mortalidad y finitud) como alternativa al consumo está siempre presente.
La obsesión por el riesgo de que los movimientos colectivos degeneren dando nacimiento a nuevas burocracias (“totalitarias o no”, apunta Castoriadis), fantasmas de los que nos creíamos a salvo, pero…no:
“No veo cómo podría instituirse una sociedad autónoma, una sociedad libre, sin un verdadero devenir público de la esfera pública/pública, sin que la colectividad vuelva a apropiarse del poder, sin que se suprima la división del trabajo político, sin libre circulación de información políticamente pertinente, sin abolición de la burocracia, sin la más avanzada descentralización de decisiones.”
(Imagen tomada por Emilio Suárez)
Imaginación y creatividad social:
En esta invitación permanente al despliegue de una nueva creatividad social, en Hecho y por hacer Castoriadis subraya la importancia de generar nuevos sentidos “para la vida y la muerte” aprendiendo de:
“Las significaciones sociales imaginarias, casi siempre religiosas, que tejen al unísono el sentido de la vida y la muerte del individuo, el sentido de la existencia”
Así, se nos impone colectivamente un ejercicio de imaginación que supere la realidad actual, que no cuestione en el vacío sino que contraponga realidades:
“La imaginación juega un rol central ya que el cuestionamiento de las “verdades establecidas” no es ni puede ser nunca un cuestionamiento en el vacio, sino siempre hermanado con la posición de nuevas formas y figuras de lo pensable creadas por la imaginación radical y sujetas al control de la reflexión”
“La verdad del pensamiento es ese movimiento mismo, en y por el cual lo ya creado se encuentra situado e iluminado de otro modo por una nueva creación de la que está necesitado para no hundirse en el silencio de lo simplemente ideal”
Dogmatismos y fanatismos en el ámbito del conocimiento:
En la invitación aspiracional para la creación de nuevos horizontes de acción emancipadora presente en la obra resulta interesante la pregunta que se nos lanza como contrapeso: “¿Qué no cuestionamos?” Se nos invita a indagar en nuestro propio peso dogmático, desarrollar un estado de alerta permanente en relación a “lo obvio”, “lo que es así”. ¿En qué dogmas nos asentamos y cómo los reconocemos?
Lanzo en este río estas notas breves de lectura por si en alguna de las preguntas abiertas con las que nos interpela Castoriadis nos podemos encontrar.
“Porque los bienes del pueblo son del pueblo,
y nunca van a faltar paisanos que los reivindiquen.”
Escándalo Monumental
Reflexionando sobre qué clase de actuaciones podríamos implementar en este 2018, año del patrimonio cultural europeo, que repercutieran especialmente sobre el mundo rural español, tomando “medidas preventivas” ante la previsible concentración del foco mediático sobre la gran monumentalidad urbana, me parecía importante enlazar y unificar las reivindicaciones aún no resueltas respecto a la petición de un Listado público, transparente y accesible respecto a las inmatriculaciones eclesiásticas realizadas en España junto al estudio del impacto que este “frenesí” inmatriculador ha tenido sobre el expolio de obras de arte sacro de nuestro medio rural y el fortalecimiento del mercado negro de arte.
Siendo conscientes de que la problemática que enfrenta la protección del patrimonio rural no puede disociarse del abandono político general ante el grave problema de despoblación en nuestro país, sería importante no obviar que el mismo viene siempre de la mano de dos fenómenos:
No hay que ir muy lejos para escuchar a alcaldes y alcaldesas de todos los signos y colores quejándose de su indefensión ante el expolio de bienes “a goteo y en silencio” del que se está nutriendo el mercado ilegal de arte.
Como recuerda Juan del Barrio, en una publicación de referencia elaborada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, “Escándalo monumental” en la que se apunta claramente el proceso de retroalimentación entre las inmatriculaciones y la venta ilegal de bienes culturales que pasan a formar parte de colecciones particulares, “en la Diócesis de Burgos era conocido por todos que semanalmente y durante dos años se llevaban a Centroeuropa para su venta un tráiler con arte religioso”.
Si bien en el 2015, aunque de un modo muy parcial y tibio, gracias a la presión constante de las organizaciones ciudadanas, se consiguió modificar la Ley Hipotecaria que mantenía intactos los privilegios de la Iglesia heredados de la dictadura a la hora de tramitar las inmatriculaciones, el grave problema de este afán privatizador y su maridaje con el mercado ilegal de arte que sigue sangrando silenciosamente a nuestros pueblos debería abordarse de una vez por todas como una grave vulneración de los derechos culturales en nuestro país, haciendo hincapié una vez más sobre el sesgo de percepción de nuestras políticas culturales cuando se trata de proteger a su ciudadanía rural.
Si realmente queremos avanzar, como se recoge en la Declaración de Friburgo, hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural (art.3), especialmente en el derecho a obtener acceso al patrimonio cultural propio (y no a resignarse, como afirmaban los compañeros navarros “a que todos esos bienes estén hoy solamente bajo el control de una minoría”) tendremos que hacer frente a lo que a día de hoy aún vulnera el carácter común de la herencia patrimonial.
Si como afirmó la experta independiente en derechos culturales de la ONU, Farida Shaheed, en su Informe sobre el derecho de acceso al patrimonio cultural:
“considerar el acceso al patrimonio cultural y su disfrute como un derecho humano es un criterio necesario y complementario de la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Además de preservar y salvaguardar un objeto o una manifestación en sí misma, obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación con ese objeto y manifestación, y, en particular, conectar el patrimonio cultural con su fuente de producción. El patrimonio cultural está vinculado a la dignidad e identidad humana. El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es una característica importante de un miembro de una comunidad, un ciudadano y de una forma más amplia un miembro de la sociedad”
deberíamos preguntarnos si el 2018 no podría ser un año adecuado para la elaboración y publicidad de la lista estatal de bienes inmatriculados, especialmente poniendo el foco sobre los del medio rural, el impulso de una investigación en profundidad de la correlación entre dichos bienes inmatriculados y el mercado negro de arte y la exigencia de una política estatal contra la despoblación que actúe de modo urgente frente al expolio del patrimonio natural y cultural que viven en silencio y fuera de foco nuestros pueblos.
En los últimos años, junto a un mayor esfuerzo por documentar y visibilizar los casos de persecución y silenciamiento de las voces y diversidad de expresiones artísticas, han sido varios los documentales que, a nivel internacional, han querido llevar nuestra mirada hacia la situación de vulnerabilidad específica que viven los y las músicas en el nuevo panorama político mundial.
Si el documental Pussy Riot: una plegaria punk puso el foco sobre la presión que los nuevos nacionalismos y los fundamentalismos cristianos (como comentábamos hace unos días) estaban ejerciendo sobre la libertad de creación y los cuerpos de las mujeres, tanto el documental Sonita como Mali Blues, presentado el año pasado en el Festival de Toronto, mostraban con claridad el carácter central que juega la música para celebrar y promover identidades que respondan desde dentro de las propias comunidades a la imposición de narrativas y visiones dominantes y excluyentes del mundo, en su caso ante el fundamentalismo islámico yihadista.
La organización internacional Freemuse presentó durante el mes de febrero su informe “Art under threat” en el que sistematiza la información relativa a las violaciones de la libertad artística y los casos de censura en todo el globo. Como recoge el documento, en 2016 se duplicaron los ataques a artistas en todo el mundo, dando cuenta de una tendencia progresiva a sofocar la creación y promover el silenciamiento de las expresiones artísticas, siendo 1028 los casos recogidos en el informe que alerta ante la obviedad de que en realidad se trata de muchos más.
Los ataques violentos más graves, con tres casos de muerte de artistas, se vinculan al mundo de la música que sigue siendo la forma de arte más afectada, seguida del teatro y las artes visuales, al igual que es el cine el que contabiliza un mayor número de casos de censura previa.
Irán sigue encabezando la lista de países en los que la persecución a la libertad artística cuenta con los ataques más graves, seguido de Turquía, Egipto, Nigeria, China y Rusia. La recuperación de la práctica de las listas negras de artistas ha posicionado a Ucrania en el primer puesto internacional respecto a la utilización de la censura.
Entre el reporte de casos cubiertos por Freemuse se identifican algunas pautas comunes respecto a los argumentos utilizados para encubrir la persecución de la libertad artística:
Por todo ello, ante la persecución creciente a la libertad artística y de expresión en España así como ante el incumplimiento reiterado de nuestro país de las recomendaciones de las relatoras de derechos culturales de Naciones Unidas, deberíamos obligarnos a leer el Informe de Freemuse como ese camino en el que no podemos seguir, retroceso tras retroceso, avanzando.
Bolos leoneses (Gerardo Alonso)
La incorporación esta semana del municipio salmantino Miranda del Castañar a la lista de “los pueblos más bonitos de España” ha vuelto a poner el foco de atención sobre la brecha existente entre las políticas de turismo cultural y la protección del patrimonio rural en nuestro país. Las asociaciones vecinales del municipio y la Fundación Virgen de la Cuesta llevan años movilizándose ante el progresivo y peligroso deterioro del Castillo que forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a la diferenciación frente al entorno que ha posibilitado su carácter turístico. El abandono sistemático de todos los niveles institucionales culturales implicados en su restauración, especialmente la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, debería alertarnos respecto a qué tipo de políticas de protección del patrimonio se están implementando en nuestro medio rural.
La movilización ciudadana en la defensa de los Puentes de Sasamón en Burgos, el expolio y total desprotección del patrimonio arqueológico en Fresno de Cantespino (Segovia), la inclusión por parte de la UNESCO del astur-leonés en su listado de lenguas en peligro de extinción que necesitan intervención urgente para su protección, la pasividad cómplice ante la explotación extractivista minera del paisaje cultural de la dehesa salmantina, así como la inexistencia de planes de restauración patrimonial para el medio rural que provocan indefensión en los municipios ante casos de mala praxis como la vivida en Peñaranda de Bracamonte este verano tienen que llevarnos de modo urgente a plantearnos: ¿quién protege el patrimonio rural de Castilla y León?
Imagen de la campaña #SaveSasamon (Sasamón, Burgos)
Si hace unas semanas ya reflexionábamos sobre la especial desprotección que sufren los pequeños municipios rurales ante la práctica de las inmatriculaciones, caso de estudio aparte merecerían también los procesos de “bloqueo documental” que imposibilitan intervenciones urgentes de restauración de ermitas y eremitorios situados en fincas privadas, aunque patrimonio cultural propiedad de los pueblos, por parte de los obispados de Castilla y León.
Ante este panorama no es extraño que tanto la reflexión como la acción artística en nuestra comunidad hayan querido llamar la atención sobre la progresiva dinámica de abandono y olvido institucional, tal y como están haciendo desde Soria los artistas involucrados en Latidos del Olvido, con la socialización de procesos de colapso patrimonial como estos.
La fe abandonada (Gregorio Gonzalo Abajo, del proyecto #TierraDeNadie, Latidos del Olvido)
A pesar de que la Junta de Castilla y León no tiene empacho a la hora de afirmar “el patrimonio cultural forma parte de los valores esenciales y de la identidad de la comunidad de Castilla y León, por ello, es objeto de especial protección y apoyo”, Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de monumentos en riesgo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra. Frente a la “vinculación conceptual y física con el territorio” que la Junta dice aplicar en sus políticas de protección del patrimonio, de las que tiene competencias desde 1983, llama la atención que en toda la normativa de patrimonio de la comunidad y más especialmente en la Ley de patrimonio cultural y su Reglamento no exista ni una sola mención específica al patrimonio rural por ninguna parte. De igual manera, el Plan PAHIS 2020, ante la realidad territorial antes descrita, no tiene a bien incorporar ni un solo eje estratégico concreto para la protección del patrimonio en nuestros pueblos ni una sola mención a la interrelación entre las políticas de protección patrimonial y el desarrollo rural de la comunidad, mundos paralelos con líneas de ayudas y acción descoordinadas.
Llama la atención también que en la apuesta del Plan PAHIS 2020 por la “concertación público-privada” no se haga ni un mínimo análisis sobre el impacto diferencial y la posible distorsión que la entrada de fondos vinculados a la RSE puedan tener en la selección de los “elementos patrimoniales a proteger”. Distorsión posible vinculada al hecho de que el patrocinio de estas intervenciones se vincule a la búsqueda de impacto mediático, reforzamiento de imagen de marca y visibilidad social de las actuaciones que tenderá a concentrar las mismas en núcleos urbanos y determinadas áreas del patrimonio, frente a las menos visibles vinculadas tanto al medio rural como al patrimonio archivístico, lingüístico o científico.
El incuestionable e invisibilizado papel como protectoras “espontáneas” del patrimonio rural que están desempeñando las mujeres y las asociaciones vecinales de nuestros pueblos y el sesgo sistemático y el avance hacia la privatización que estamos viendo en las políticas castellano-leonesas de protección del patrimonio desvinculadas de la realidad rural de la mayor parte de su territorio de actuación, deberían llevarnos a reflexionar sobre qué está entendiendo la Junta de Castilla y León como socialización del patrimonio y qué papel tendríamos que jugar como ciudadanía para obligar a las instituciones a revertir este proceso y al sector cultural y a los medios de comunicación a visibilizar nuestra propia problemática y agenda.
(Gracias a Periódico Diagonal por hacerse eco de este artículo, 13 de octubre de 2016)
Hace unos días, me sorprendió sorprenderme ante el hecho de que la Red Europea de Artes Escénicas IETM, en su plenario anual que se celebrará en noviembre en Valencia, hubiese programado un grupo de trabajo específico sobre los efectos del TTIP sobre la cultura europea. Mi “sorpresa” por el fuerte carácter sectorial de la reivindicación devino en alegría al conocer el llamamiento a la intervención de la UNESCO para la defensa de la diversidad cultural europea que han promovido las principales asociaciones culturales y artísticas austriacas, así como la oposición a la firma del Tratado y la defensa de la excepción cultural lanzada por Culture Action Europe.
Interesante ha sido también la movilización de los artistas ingleses a través de la iniciativa Artists against TTIP, que en colaboración con las iniciativas de la organización War on Want y el periódico The Guardian, están acercando a la opinión pública la reflexión sobre el impacto que esta nueva herramienta del neoliberalismo global tiene sobre la cultura, así como están haciendo una labor de puente con las movilizaciones contra los Tratados presentes también en los EEUU.
Aunque ya analizamos en profundidad en otros artículos los efectos del TTIP en la cultura europea, me pareció remarcable realizar, precisamente en la Semana en la que se celebra el Otoño en Resistencia (#niCETAniTTIP, del 8 al 15 de octubre) un breve análisis comparado del papel que el sector cultural español ha desarrollado en las movilizaciones.
La aún pobre presencia de los artistas españoles en las campañas contra el TTIP (Nacho Vegas, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Kiko Veneno…) sigue realizándose a título individual o dentro de la esfera de acción de los partidos políticos sin que se haya logrado hasta la fecha articular ni discursiva ni organizacionalmente una reivindicación sectorial que logre trasladar al modo de Artists against TTIP, el impacto demoledor que sobre la muy precaria situación de las políticas culturales en España podría tener la puesta en marcha del Tratado.
Junto a la urgente reflexión que ha venido desarrollándose en estos dos últimos años en España sobre el papel que pueden jugar los artistas como constructores de sentido y como creadores de nuevos paradigmas frente a las lógicas más feroces del mercado, también se han empezado a oír voces críticas dentro del sector cultural ante el hecho de haber focalizado demasiado la atención en el IVA cultural, en detrimento de otros aspectos que también están asfixiando a los trabajadores de la cultura en nuestro país.
El compromiso #CulturaEsRiqueza impulsado por la compañía teatral FeelGood, la plataforma Seguir Creando o la denuncia sobre las condiciones de contratación que han hecho oír artistas como la soprano Miren de Miguel, iniciativas aún esporádicas, han mostrado una realidad más poliédrica que nos obliga a abrir el foco y a construir un discurso más amplio como sector profesional que logre poner las condiciones socio-laborales y la exigencia de políticas que garanticen la protección de los derechos culturales en nuestro país. Como ya analizamos, el TTIP por su efecto sobre los derechos laborales y su progresivo desmantelamiento de algunas de las herramientas de protección de la diversidad cultural (con un impacto especialmente lesivo sobre la cultura y las economías rurales) no haría sino agravar la precaria situación que desde esta multiplicidad de voces se viene denunciando.
Quizá desde el sector cultural podríamos aprovechar la sinergia de esta semana europea de movilizaciones contra el TTIP, las conclusiones que dejará el encuentro de IETM en Valencia y la articulación coral de todo lo que ya están trasladando los artistas españoles en sintonía con sus iguales europeos para consolidar una visión sectorial más fuerte en la defensa de nuestros derechos que logre llegar con más nitidez a la sociedad española.