Liderazgo cultural en tiempos neoliberales: sobre #ArtSummitMalta 2016

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La pasada semana se celebró la 7ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura en Malta  organizada por IFACCA, la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales (más de 80 países).

Tal y como planteaba el documento de discusión previo al encuentro y comentaba Nina Obuljen, la directora del mismo (y recién nombrada ministra de cultura en Croacia): “El foco de discusión del encuentro serán los retos del Liderazgo Cultural en el siglo XXI. Podemos decir que las artes y la cultura se encuentran en una encrucijada, confrontadas con importantes retos y oportunidades en los niveles global, nacional y local tales como el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y distribución de servicios y bienes culturales; las amenazas a la seguridad global; los nuevos procesos migratorios; contextos culturales cambiantes a nivel nacional tras las políticas de recortes y nuevos planteamientos de reforma; la aspiración de artistas y operadores culturales de amplificar su impacto y relación con otros sectores, todo ello garantizando la libertad de expresión y la protección de la diversidad cultural.”

Si bien entre algunos asistentes y quienes desde el sector hemos estado realizando el seguimiento del encuentro (España no ha tenido presencia político-institucional; sí presencia académica y sí presencia profesional)  existía cierto temor a que la implementación de conceptos de «neo-management» de espectáculo en política cultural sofocasen los incuestionables matices y debates que existen alrededor del “liderazgo”, el encuentro ha dejado voces poderosas en defensa de la democracia cultural e importantes discursos críticos reclamando la garantía de los derechos culturales sobre la mesa.

Ya en los documentos de trabajo previos se nos ofrecía una panorámica regional que hacía hincapié en los siguientes puntos:

  • Desde Asia se ponían en cuestión las definiciones de liderazgo cultural occidentales, la visión de base individual de la creatividad artística abriendo el debate sobre la protección de la creatividad artística comunal y su potencialidad para establecer nuevos modelos de liderazgo.
  • Las agencias culturales africanas no obviaban la desigualdad de acceso a los circuitos internacionales y el reto de confrontar la creación pasando de una historia colonial a la actual era de la globalización.

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  • Desde el Pacífico se reclamó el respeto a la diversidad cultural también en la elaboración discursiva, afianzando su propia tradición oratoria frente a los usos occidentales y se reflexionó sobre las distintas “culturas de la edad” y la sacralización de la juventud como valor en sí mismos que lleva implícito el modelo neoliberal.
  • Desde América Latina, la experta regional Lucina Jiménez, introdujo en la definición de liderazgos culturales las dimensiones de creación de mayor democracia y el reconocimiento como derecho fundamental de ciudadanía de las identidades múltiples y cambiantes. Especialmente relevante fue su reflexión sobre si en contextos de “vientos neoliberales” el liderazgo cultural no debería encarnar sin duda la defensa, refuerzo y reestructuración de las instituciones culturales.
  • Las agencias culturales europeas también hicieron hincapié sobre el reto de la consolidación de una identidad europea que permitiese afrontar colectivamente los retos de disgregación que enfrenta la región (personalmente eché en falta un discurso más crítico sobre la barrera económica Norte/Sur y el papel de la relación europea con el Mediterráneo, así como un cuestionamiento mínimo ante la correlación entre el impulso de programas de liderazgo cultural regional –como el Programa LINC holandés- de modo simultáneo al desmantelamiento de los presupuestos nacionales de Cultura en toda Europa y de su concepción como servicio público).

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  • Todas ellas pusieron el foco sobre el papel que las ciudades y los gobiernos locales pueden desempeñar como agentes de cambio cultural y garantes de la diversidad, aunque el reto estará como señala Lluís Bonet en “cómo actualizar la institucionalidad cultural ante la diversidad de expresiones sin atomizar sus efectos”.
  • También la UNESCO, por su parte, incorporó tres matices fundamentales para poder hablar de nuevos liderazgos culturales: la transparencia en todos los procesos de gestión cultural pública; la participación sectorial y ciudadana en el diseño de las políticas culturales y la articulación de respuestas ante las graves condiciones de desigualdad que viven las mujeres a nivel internacional dentro del sector cultural y en el campo de la garantía a sus derechos. También relatores de IFACCA y UNESCO ahondaron en el vínculo indisoluble entre liderazgo cultural y defensa de los derechos humanos.

Pero, sin duda, desde mi punto de vista, fueron cuatro las ponencias clave que reivindicaron la potencialidad de la cultura para visibilizar y enfrentar los mecanismos de dominación y construir más democracia.

  • La intervención de Arn Chorn-Pond desde Camboya compartiendo el protagonismo de la cultura (la música) en situaciones de post-conflicto y la dimensión comunitaria de la creación como constructora de nuevas identidades en el marco del respeto a los derechos humanos.
  • El discurso de Arundhati Ghosh, de India Foundation for the Arts, explicitando que, ante un paradigma economicista que premia la homogeneidad y que impone una determinada gestión del tiempo, la protección de la diversidad cultural no puede ser calculada en dichos términos, poniendo como ejemplo que, ante la “economía y rapidez” que supondría aceptar en su agencia el uso de una o dos lenguas, el hecho de trabajar y comunicar en las más de 58 lenguas del Estado Indio es una medida de política cultural de primera magnitud. También llamó a no olvidar la capacidad de la cultura para crear ciudadanía crítica.
  • Marina Barham, desde el Teatro Al-Harah de Palestina no quiso obviar el peligro de compartimentalizar la cultura, negando la dimensión cultural clave que tiene el diseño del resto de políticas públicas. También incorporó la dimensión emocional de los liderazgos culturales: la cultura en muchos lugares sigue siendo un motivo para seguir levantándose y hacer oír su voz cada mañana.
  • Y por último, la más que movilizadora intervención de Jo Verrent, del programa estatal inglés Unlimited confrontándonos con la capacidad que tiene la cultura para cuestionar y cambiar las narrativas sobre discapacidad. “No les necesitamos: nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

A la espera del siguiente encuentro internacional que se celebrará en Indonesia, tímidamente se van identificando nuevos marcos discursivos que, frente a la justificación del protagonismo cultural en función de su aportación al desarrollo económico de los territorios, van ampliando el foco hacia la dimensión de la cultura como elemento de profundización democrática y puntal de los propios derechos humanos.

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#GCultural2016: Conclusiones que abren puertas

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“Somos abundantes”,  Juan Espinoza, TELARTES (Bolivia)

“Los procesos de la gestión del arte y de lo cultural son políticos

y contribuyen directamente a validar y postergar ideas respecto a la realidad.”

Laboratorio de arte TETL, Estado de Guerrero (México)

Las imágenes de esta entrada son (homenaje) y propiedad de TETL,  intervención en Zitlala, Lugar de las Estrellas.

Ayer se celebró la Videoconferencia de cierre y conclusiones del I Congreso Online de Gestión Cultural, en la que el equipo organizador impulsado por Ártica Online, junto a Comunicación Abierta, Gestión Cultural UY, Comandante Tom, Aforo Gestión Cultural y Baixa Cultura dieron cabida al proceso reflexivo que ha ido acompañando a las mesas también desde la cobertura colaborativa. Más allá del reconocimiento a la coherencia y generosidad que han sido la tónica general del proceso, en la búsqueda común de los ejes transversales que han ido apareciendo en esta gran conversación internacional con más de 40 ponencias, identificamos entre todxs los siguientes:

  • La relación de la gestión cultural con el actual sistema económico ha sido un bajo continuo a lo largo de todo el congreso, en variadas facetas. Las referencias a la sostenibilidad e independencia de los proyectos, la necesidad de repensar los modelos de financiación, la entrada generalizada de actores privados en dichos procesos de financiación especialmente a través del modelo de patrocinio, han sido algunos de los puntos nodales que impulsaron la reflexión sobre la capacidad de la gestión cultural para afirmar también otras culturas económicas y ensayar nuevos modelos alternativos al paradigma neoliberal. La relación con la economía social y solidaria, las referencias a la economía feminista poniendo en el centro la sostenibilidad y los cuidados así como una reflexión profunda sobre la crisis de los liderazgos desligados y verticales ante modelos que valoren la afectividad, la contestación frente a patrones de consumo alienantes y la potencialidad de la cultura libre han sido algunos de los elementos recurrentes (véanse Preto Café, Ediciones La Terraza, Selma Santiago y los polos creativos en Brasil y un larguísimo etcétera…)

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(Imagen propiedad de Precariedad Guggenheim Museoa)

  • Ante una creciente regresión conservadora a nivel internacional, la capacidad no sólo de disputar las políticas públicas, sino de articular auténticos procesos de incidencia política y legislativa que garanticen la protección de los derechos culturales a nivel internacional. La colaboración y el reconocimiento mutuo Sur-Sur, entendiendo como parte de este Sur global también el Sur de Europa, así como el amor presente en el uso como lengua franca del “portuñol” fueron también líneas clave.

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  • Se identificaron como riesgos tanto la cooptación desmovilizadora por parte de algunas instituciones de aquellas iniciativas culturales que pudieran tener mayor capacidad crítica, así como el peligro de caer como gestores culturales en el ensimismamiento y el uso de narrativas-palabras-fetiche que impidan la auténtica comunicación con las comunidades. También se dio la voz de alarma no sólo sobre la permanencia de la brecha digital, sino también de la creciente distancia entre la Academia y la gestión cultural de base.
  • Por último, se hizo referencia también a la reflexión permanente durante el Congreso sobre la identidad, ya fuese a través de procesos de empoderamiento identitario, a través de las múltiples conversaciones sobre la construcción de la periferia (geográfica, cultural, simbólica y los retos de habitar) o a través de los procesos que abre la construcción de una identidad común más allá de la vinculación territorial (procesos migratorios).

Ante el cierre de esta Sur-Conversación-Transoceánica-EnPortuñol que nos ha unido alrededor de la hoguera común de la cultura, sólo me quedan dos cosas: enviar un abrazo cómplice a los compañeros mexicanos (estamos aquí, porque somos ustedes) y la mayor gratitud al equipo organizador por crear lazos con futuro que abren puertas.

El relato pendiente de la España Vacía

 

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(Todas las imágenes corresponden a la obra de los artistas salmantinos Pablo Sánchez Herrero y David de la Mano)

Descubrimos que algo que necesitaba ser dicho por fin se ha nombrado cuando, al salir a la luz, nos reconocemos en ello y nos lo apropiamos. Que “La España Vacía” de Sergio del Molino ha conseguido llevar la mirada y la reflexión hacia un espacio hasta el momento silenciado lo muestra no sólo el poder metafórico del título que en pocos meses se ha convertido en término de referencia sino también los múltiples artículos y alusiones que han nacido a raíz del ensayo (valga como ejemplo el listado de películas seleccionado por Filmin bajo el mismo epígrafe, “La España Vacía”).

Hay una idea central que Sergio del Molino, a modo de línea de bajo sosteniendo una composición, traslada una y otra vez en su obra: “A la España vacía le falta un relato en el que reconocerse…”; “Esto se debe a que la España vacía casi nunca se ha narrado a sí misma, se ha resignado a ser narrada.”; “Es preferible un pueblo susceptible a un pueblo que no tiene forma de responder al relato que otros hacen de él”; “Nunca ha sido dueña de sus propias palabras. Siempre ha sido contada por otros.”

Quienes en algún momento desde la política cultural trasladamos a los actuales partidos, en mitad de los dos últimos años febriles que está viviendo España, la necesidad, si realmente se pretendía un cambio sustancial frente a la España nacida del Régimen del 78, de desmontar el relato hegemónico sobre esta parte del país, especialmente Castilla y León, herencia aún no contestada desde el franquismo, así como reclamamos una crítica profunda sobre su invisibilidad mediática, sobre “la historia de crueldad y desprecio que influye fuertemente en el país tal y como es hoy, pero que casi nunca se tiene en cuenta” tal y como afirma Sergio del Molino, fuimos apartados como odres viejos.

Ha tenido que venir una parálisis institucional y la lucidez de este ensayo  para que se oiga a nivel estatal por primera vez que no habrá soluciones al encaje territorial en nuestro país sin tener en cuenta que “las provincias despobladas nunca han visto sus intereses representados ni protegidos en el Congreso” y que en este país la actual ley electoral está instrumentalizando a las provincias para mayor gloria y boato de los aparatos de partido asentados en Madrid. De pronto volvió a resonar la voz de Julio Llamazares advirtiendo sobre la asfixia que estaba ejerciendo el centralismo madrileño sobre el desarrollo social y político de Castilla y León.

Pues bien, ahora se nos muestra la importancia clave de la construcción de un relato diferente para esta España Vacía, que reconozca su dignidad y que sea capaz de llevar una mirada crítica hacia cómo se ha alimentado el desprecio y la invisibilidad de este territorio en los últimos treinta años (por ejemplo, analizando qué tipo de discurso hay detrás de la imposición de candidaturas centralistas a las provincias despobladas y cuáles son sus efectos sobre la construcción de identidad local) o también a través del análisis de la reactualización de tópicos en los nuevos medios de comunicación.

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Como ejes clave de trabajo para el desarrollo de una nueva política cultural que sea capaz de contribuir a la construcción del relato pendiente de la España Vacía, a bote pronto, y desde Castilla y León se identifican:

1.- La arquitectura de la cultura institucional en Castilla y León se apoya en dos pilares: la remisión permanente al imaginario del Antiguo Régimen y la privatización progresiva de la gestión cultural pública. El “reino perdido en el que no se ponía el sol” y su ropaje marcan las líneas oficiales de la cultura en nuestra comunidad, con una vinculación innegable en el diseño de la programación con la Iglesia Católica. De igual manera, el impulso por parte de la Junta de Castilla y León del modelo “fundación público-privada” para la gestión cultural de nuestro territorio está frenando e invisibilizando la labor del mediano-pequeño agente cultural y la incorporación de nuevas voces, prácticas, ideas a la construcción de nuestro propio relato territorial. Fundaciones vinculadas a antiguas cajas de ahorros y estructuras híbridas que escapan al control ciudadano, la transparencia y la rendición de cuentas se repiten en todas nuestras provincias. Las “puertas giratorias” en Castilla y León no están tan vinculadas al ámbito industrial o bancario como al cultural y comunicativo: patronatos de fundaciones de patrimonio, cargos de libre designación en estructuras culturales creadas ad hoc, “cementerios políticos” vinculados a organismos oficiales culturales… Las principales tramas de corrupción descubiertas en nuestra comunidad han tenido siempre ramales vinculados a la cultura y los medios de comunicación regionales. Se impone, por tanto, con urgencia, cuestionar el MARCO desde el que se está diseñando la política cultural de Castilla y León y que remite, una y otra vez, al refuerzo de un relato impuesto.

2.- Como bien señala una vez más Sergio del Molino, a la España Vacía se le ha negado el derecho a la contemporaneidad. Es evidente que en la denuncia de la gentrificación y la conversión tanto de los centros históricos como del medio rural en “parques temáticos” para determinados modelos turísticos existe un camino a explorar. La investigación y promoción de nuevas formas de habitabilidad y una mirada específica hacia lo urbano de tamaño medio y sus modelos de relación con el espacio rural se hacen urgentes.

3.- También corre prisa llevar la mirada hacia la protección del patrimonio rural, la necesidad de su catalogación exhaustiva, los bloqueos legales que aún perviven en algunos procesos con la Iglesia o la habilitación de procesos de socialización patrimonial. Castilla y León es una de las comunidades con mayor número de bienes culturales incluidos en la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra y aún tiene mucho camino por andar en la protección e impulso de la labor arqueológica. Es necesario debatir sobre el papel del patrocinio en las labores de restauración, que sin duda necesitan más recursos, pero que necesitan un escrupuloso cuidado público para no dejar al margen las necesidades del patrimonio de nuestros pueblos, dirigiendo las políticas no sólo hacia los núcleos urbanos de la comunidad sino también hacia los pequeños núcleos de población.

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4.- Es clave que se reconozca como una prioridad política en nuestro país el reparto de competencias entre los distintos niveles institucionales y el refuerzo necesario del Régimen Local, clarificando de una vez qué competencias corresponden a las diputaciones y los ayuntamientos en materia de cultura, para evitar tanto el riesgo del clientelismo como el de la desprotección (¿a nadie le parece ofensivo que sólo tengan derecho legalmente reconocido a una biblioteca quienes vivan en núcleos de población que superen los 5.000 habitantes?). La amenaza que supone la Ley Montoro para la España Vacía necesita mayor visibilidad y debate en nuestros medios de comunicación.

5.- Frente al centralismo geográfico y un modelo cultural que fija su atención exclusivamente en lo urbano, un nuevo relato podría explorar:

  • El reconocimiento, la puesta en valor y la dignificación del presente de nuestra cultura popular y su diversidad, así como el trabajo a favor de la innovación cultural y social en el medio rural castellano-leonés.
  • La reivindicación política de lo festivo como espacio privilegiado de construcción de comunidad y como despliegue de la diversidad cultural, afrontando el reto de asociar a las industrias culturales y creativas todo lo relacionado con la cultura gastronómica y la artesanía.
  • La creación de un nuevo modelo de turismo cultural más democrático y participativo que evite la “uniformidad territorial” (Castilla como “paquete”) y ponga también en cuestión el relato de la cultura en nuestra comunidad como distinción de élites y artículo de lujo.
  • La integración del patrimonio natural también como eje clave de una nueva política cultural en Castilla y León y el trabajo sobre la significación afectiva del paisaje cultural y su protección (por ejemplo, hacia una resignificación de la dehesa).

Son muchas las ventanas y las conversaciones posibles que ha abierto “La España Vacía”. Como reto apasionante para quienes trabajamos desde la cultura en esta parte del país se encuentra el deseo de que nunca más “se sienta al margen (…) porque sus problemas suenan extrañísimos en el conjunto de la sociedad y nunca aparecen en el orden del día”.

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Más allá del milenio: la cultura pendiente en los objetivos de desarrollo sostenible

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Entre los efectos secundarios del intenso ciclo electoral que atraviesa España en los dos últimos años se encuentra el hecho de que importantes debates a nivel internacional, que requerían más pausa y profundidad en la argumentación de la que permitía la feroz actualidad, hayan pasado prácticamente desapercibidos para la opinión pública. Es el caso tanto de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como de la nueva formulación de las prioridades de desarrollo para el periodo 2015-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si bien ya hubo numerosas voces críticas que señalaron el profundo error que supuso la ausencia de la cultura como un objetivo clave dentro de los Objetivos de desarrollo del milenio (especialmente en lo relativo a las necesidades de grupos minoritarios y las comunidades indígenas), no es menos cierto que dicha ausencia provocó como respuesta un incuestionable trabajo de investigación, desarrollo de indicadores, profundización en conceptos y debates sectoriales dentro del campo de la cooperación cultural para tratar de paliar dicha exclusión. La necesidad de hacer sentido común del hecho de que no puede haber desarrollo si se excluye la cultura del mismo, considerada como su cuarto pilar, así como cambiar el paradigma y hablar de la cultura en términos de derechos culturales y sostenibilidad, han sido algunos de los ejes de trabajo internacionales más importantes hasta el 2015.

Sin embargo, a pesar de un ejercicio de coordinación sin precedentes desde el 2014 entre las redes internacionales de cultura, su propuesta “El futuro que queremos incluye a la cultura” y todo el trabajo comunicativo y operativo alrededor de la inclusión del objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos”, en el documento aprobado por la ONU en Nueva York el pasado septiembre, una vez más, la cultura se ha quedado fuera de los 17 objetivos de los ODS. ¿Una cuestión menor? En absoluto, son dichos objetivos los que determinarán la dirección del gasto de los próximos 15 años tanto de los gobiernos, como de los principales organismos internacionales. Como bien sabemos, cuando la cultura “se da por hecho”, “es transversal” y “evidentemente está implícita” supone que aún no se ha comprendido la indivisibilidad de los derechos humanos de los que los derechos culturales forman parte.

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Alfons Martinell ya ha hecho un análisis minucioso sobre los motivos por los cuales se ha dejado fuera de los ODS a la cultura. Me interesa, no obstante, más allá del importante marco de lectura de la cooperación norte-sur y sur-sur, el impacto que esta exclusión tiene sobre la agenda política internacional y los retos actuales sobre identidad y política.

A nadie se nos escapa que las identidades culturales están siendo uno de los vectores clave en gran parte de los conflictos internacionales, así como también es obvio que los conflictos económicos y de poder y el aumento alarmante de los índices de desigualdad se plasman en el ámbito cultural. Valgan como ejemplos las presiones de las multinacionales extractivas hacia las poblaciones indígenas y sus recursos en América Latina o la primera sentencia de la Corte Internacional ante el juicio de Al Mahdi, condenado por crímenes de guerra por la destrucción sistemática del patrimonio de Mali.

Sin embargo, Europa tampoco puede permitirse otros quince años en los que no se haga un esfuerzo común por situar como centro de sus políticas culturales la garantía de los derechos culturales, que no han de verse sólo como un área de trabajo de la cooperación internacional, sino como un elemento vertebrador de todos los niveles administrativos y de desarrollo, local y rural especialmente.

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Europa necesita hacer suyo el objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos” en dos campos:

  • En el de la gestión cultural pública, ante el progresivo desmantelamiento en toda Europa de la cultura entendida como servicio público (sin duda por el colapso continental de la socialdemocracia) y la consolidación de modelos centrados en la espectacularización, la esponsorización y la progresiva privatización de bienes y servicios culturales en detrimento de los derechos de participación en la vida cultural recogidos en todas las legislaciones nacionales e internacionales, Carta de Derechos Humanos incluída.

 

  • En el de la propia definición de la Unión Europea y el debate urgente sobre sus posibilidades reales de futuro, rodeada por retos y conflictos identitarios ante los que tendremos que elaborar una respuesta: el papel de la UE ante Rusia y la presión de los nacionalismos post-URSS, el auge de los fascismos y su efecto sobre la protección de la diversidad cultural europea, la incoherencia entre las políticas de cooperación cultural de la Unión y sus políticas migratorias y de salvaguardia de los derechos humanos, especialmente ante el reto de su frontera Sur y su relación con el espacio cultural mediterráneo, la relación entre las distintas políticas nacionales europeas de cooperación con África, el papel otorgado a sus culturas en Europa y el peso de los partenariados empresariales. En relación con conflictos de identidad cultural abiertos en el seno de la UE se tendrán que articular también políticas culturales que den respuesta a la creciente ruptura rural-urbana y sus efectos (recordemos las últimas elecciones austriacas) así como también plantearse cómo garantizar los derechos culturales de la juventud europea y qué papel puede jugar la cultura ante la grave situación de desempleo juvenil que recorre el continente.

A pesar de que la movilización y el trabajo internacional de las redes de cultura seguirá avanzando para consolidar lo (tantas veces) señalado por Amartya Sen, “una de las funciones en verdad más importantes de la cultura radica en la posibilidad de aprender unos de otros, antes que celebrar o lamentar los comportamientos culturales rígidamente señalados”, sí me queda cierto sabor amargo ante el miedo institucional (no meterse en camisa de once varas…) que ha dejado pasar la oportunidad de la redacción de los ODS y su capacidad de marcar la agenda internacional de los próximos años como una apuesta mundial por afianzar el paradigma de los derechos culturales y coadyuvar en la incidencia preventiva en políticas de seguridad, apostando por la capacidad de la cultura para generar mayores índices de participación y profundización democrática.

¿Defender el paisaje?: patrimonio natural y extractivismo en Castilla y León

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Que la UNESCO suele guardar silencio ante los estragos que el extractivismo causa sobre el patrimonio natural puede comprobarse a lo largo y ancho de América Latina. Que dicho silencio se convierte en total desaparición cuando dicha amenaza sobrevuela el medio rural europeo, también es una obviedad.  Al fin y al cabo el patrimonio natural siempre ha sido una suerte de “añadido” para las políticas públicas de conservación del patrimonio, convirtiendo su defensa, la mayor parte de las veces, en un enorme cajón de sastre en el que confluyen las políticas culturales, medioambientales, agrarias, económicas y de desarrollo.

En las instituciones culturales españolas, se repite esta misma actitud de “laissez faire” de la UNESCO, tanto en el nivel estatal, autonómico y local poniendo en riesgo a través de su inacción nuestros paisajes culturales y contribuyendo así  a la desprotección del patrimonio natural a través de la negación de su dimensión cultural, simbólica, emocional e identitaria transmitida generacionalmente.

Pero ante el caso de la mina de uranio de Berkeley en el Campo Charro salmantino, la inoperancia de la Junta de Castilla y León se lleva la palma.

Si en la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972 ya se afirmaba: “se constata que el patrimonio natural está cada vez más amenazado de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles” y en el Convenio Europeo del Paisaje ratificado por España en el 2008 se establecía como línea prioritaria la protección de los mismos, “entendiendo como protección las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial”, ¿quién, a nivel institucional en Castilla y León está haciendo cumplir la legislación internacional  y nacional al respecto y protegiendo el paisaje de la dehesa salmantina amenazado por el fantasma del extractivismo que trae de la mano la minera australiana?

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A una le gustaría saber en qué momento y bajo qué criterios la Junta de Castilla y León hizo desaparecer de las Direcciones generales de políticas culturales y de patrimonio cualquier referencia y competencia en defensa del patrimonio natural y exactamente quién se está haciendo cargo de la defensa del paisaje, mucho más cuando la defensa del medio ambiente en esta comunidad va de la mano de Fomento.

Si ya ha tenido que venir el Tribunal Superior de Justicia a anular el Consejo regional de medio ambiente de Castilla y León por la amalgama de intereses que impedían el derecho a la participación ciudadana, ¿debemos pensar que es únicamente la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León la garante de los derechos de la ciudadanía a la protección de su tierra?

Al margen del muy necesario debate (que ya hemos desarrollado en otras ocasiones) respecto al turbio entramado de fundaciones, empresas semi-públicas y demás procesos privatizadores de lo institucional en nuestra comunidad, ¿de verdad es una cuestión menor que la Fundación Patrimonio Natural que tendría que estar velando por la conservación de la dehesa charra y de sus más de 4500 hectáreas protegidas, sus 25.000 árboles en riesgo, su fauna y su incuestionable papel como paisaje cultural – que ya debería haber sido impulsado por esta misma Junta de Castilla y León para su reconocimiento como tal por el Consejo de Europa-, tenga como socios a las principales multinacionales españolas que desarrollan en América Latina la misma política extractiva con la que Berkeley amenaza ahora el Campo Charro?

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¿De verdad es coherente, por ejemplo, que ACS forme parte del patronato en defensa del patrimonio natural de Castilla y León mientras uno de sus complejos hidroeléctricos ha despojado a más 29.000 indígenas quekchis fuera de su territorio y del acceso mínimo al agua? ¿Esperamos que el patronato de la Fundación proteja aquí lo que desprotege allí? ¿Este patronato de empresas privadas se va a enfrentar a Berkeley?

Más allá de la infatigable movilización ciudadana de Stop Uranio , ¿alguien puede decirnos a qué se debe el silencio institucional de quienes obligatoriamente han de velar por la protección del patrimonio natural en la Junta de Castilla y León?, ¿cómo se posiciona dicha Fundación ante la situación del Campo Charro?, ¿de verdad en nombre del patrimonio natural castellano-leonés se puede guardar silencio ante un daño de estas proporciones? Y si la Fundación Patrimonio Natural no está cumpliendo con los objetivos de protección que la sustentan, “poner en valor los recursos naturales de la Comunidad de manera compatible y sostenible con su conservación y la evolución de su entorno”, ¿es lógico que este organismo siga financiándose con dinero público de los castellano-leoneses?

 

Las amistades peligrosas: TTIP y cultura europea

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Si bien a medida que las filtraciones sobre las negociaciones secretas entre la Unión Europea y Estados Unidos relacionadas con el Tratado de Libre Comercio llegaban a la opinión pública europea y generaban grandes movilizaciones en las principales ciudades denunciando la falta de transparencia del proceso y la presión de los lobbies multinacionales frente a los intereses ciudadanos, no es menos cierto que en dichas movilizaciones el papel del sector cultural europeo, frente a los colectivos ecologistas, feministas o sindicales, ha sido menor. Sin embargo, las negociaciones del TTIP apuntan directamente a algunos elementos clave que han definido las políticas culturales europeas hasta el momento y que merecen un análisis más detallado.

La soberanía cultural en riesgo.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra el de la pérdida de soberanía cultural de los Estados y el riesgo de que medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión puedan ser denunciados frente a los tribunales privados de arbitraje que contempla el TTIP alegando daños a los intereses económicos de las grandes multinacionales. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad cultural europea, especialmente en el ámbito lingüístico y los efectos que un posible desmantelamiento de estas medidas de protección pudieran tener sobre su permanencia y riqueza.

TTIP, Cultura y mundo rural europeo

Otro de los elementos clave de la negociación del TTIP que está generando mayor rechazo y en el que convergen las movilizaciones ecologistas, culturales y de defensa del mundo rural es el relativo a la controversia sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense. Estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas están vinculadas a conocimientos tradicionales vinculados a pueblos autóctonos, también reconocidos por la UNESCO y llevan aparejadas formas de trabajo agrícola y ganadero que permiten el mantenimiento de determinados paisajes culturales que se verían en riesgo frente a los procesos uniformizadores de la agroindustria. El impacto sobre la economía rural europea, la cultura gastronómica y paisajística, así como el efecto que todo ello tendría sobre la ya alarmante despoblación son los argumentos que se están planteando en la movilización.

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La excepción del sector audiovisual

Sin embargo, hay un sector que, no sin enfrentamiento, ha sido excluido de las negociaciones por parte de la Unión Europea  bajo amenazas de bloqueo llevadas a cabo por algunos estados miembro. Se trata del sector audiovisual, campo de batalla ya conocido en la Organización Mundial del Comercio, dado el gran desequilibrio internacional existente respecto a la poderosa industria estadounidense. No en vano, los EEUU alcanzan los 13.000 millones de dólares en exportaciones vinculadas a este sector y su industria del entretenimiento es su segunda mayor fuente de exportaciones, frente a las dificultades que encuentra el cine europeo para hacerse un hueco en el mercado audiovisual estadounidense, que encuentra en su propia catalogación por edades, su diversidad lingüística y el carácter marginal de las salas de cine no comercial en EEUU, barreras difíciles de sortear. No son nuevas las reflexiones profesionales respecto al riesgo de la americanización de la cultura a nivel internacional (ya Canadá, sin ir más lejos, dejó fuera este mismo sector en la aprobación del NAFTA entre EEUU, México y Canadá) y la consecuente influencia y homogeneización de hábitos, imaginarios y valores que lleva aparejada la distribución masiva de contenidos audiovisuales. El sector cinematográfico europeo teme que las cuotas de exhibición en salas y de emisión televisiva de contenidos europeos estén en riesgo ante la firma del TTIP. También hace un llamamiento a los políticos europeos para que sorteen las presiones de los grandes lobbies tecnológicos (Google, Netflix) que están peleando para que la distribución on-line de estos mismos contenidos audiovisuales no sea considerada cultura y pueda así incorporarse por otras vías a la negociación del TTIP.

El sector tecnológico europeo ante el uso de patentes

El sector tecnológico también ha dado la voz de alarma. Su principal preocupación reside en la armonización legal entre la UE y EEUU en relación a las patentes de software, mucho más restrictiva en el caso europeo, y que llegada su liberalización, según el sector, frenarían el desarrollo del software libre y dejarían la innovación tecnológica y científica exclusivamente en manos de aquellos que pudiesen pagar las tarifas por el uso de dichas patentes. De igual modo temen la desigualdad y desprotección legal ante la que se encontrarían las Pymes y autónomos frente a las multinacionales llegado el caso de posibles litigios por el uso de las mismas.

Pero no sólo son las patentes, señalan. La protección de datos y la propiedad intelectual cuentan con un nivel de protección muy diferente a ambos lados del Atlántico. Mientras en la UE la protección de datos es reconocida como un derecho fundamental, la transferencia y comercio de datos por parte de las empresas en EEUU es muy permisiva y el derecho a su protección está contemplado como un derecho del consumidor. El riesgo de que la armonización legal se dé a la baja es uno de los ejes clave de la movilización ciudadana contra el TTIP tanto en EEUU como en la Unión Europea. También la protección en materia de propiedad intelectual está en entredicho, dado que mientras la legislación europea protege la titularidad de las obras prohibiendo su enajenación, en EEUU está permitida la venta total de derechos.

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El sector editorial y la batalla por el precio fijo

Caso aparte merece la inclusión del sector editorial en las negociaciones, que no ha contado con la misma protección que el audiovisual, bajo el convencimiento de que corre menos riesgo de ser absorbido por la industria editorial estadounidense. Sin embargo, los sindicatos y gremios de editores europeos han mostrado su preocupación por el peligro que pueda llegar a correr en las negociaciones la política del precio fijo de los libros, garantía de la bibliodiversidad, que protege al sector de la concentración editorial y permite la supervivencia de pequeñas librerías y editoriales frente a gigantes comerciales. Defienden también la importancia del papel de las pequeñas librerías en el paisaje urbano frente al auge de la gentrificación de los centros monumentales e históricos europeos, en los que dichos grupos comerciales se ven beneficiados por todo tipo de ventajas fiscales. Frente a las palabras tranquilizadoras que reciben por parte de la Comisión Europea, el sector editorial recuerda la multa que interpuso la misma Comisión a Francia cuando defendió que el libro electrónico debía ser considerado libro y por tanto tributar igual que los libros en papel.

Ante todo ello, la cultura europea está haciendo un llamamiento para unificar sus respuestas, más allá de los intereses sectoriales de cada una de las ramas afectadas, con el fin de ejercer una mayor presión conjunta y reivindicar su protagonismo en la planificación de las políticas culturales europeas, abriendo espacios para el debate y la participación ciudadana, generando lazos y compartiendo estrategias con el resto de colectivos afectados por el TTIP y reivindicando la defensa de la diversidad cultural como eje clave de la identidad europea.

 

 

Política y dolor

Publicado en Tribuna de Salamanca el 25 de enero de 2016

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Leía hace unos días, como en un mosaico simultáneo de prensa, que Dinamarca, Suiza y los estados alemanes de Baviera y el muy rico Baden-Württemberg estaban requisando el dinero y los bienes de los refugiados , que Noruega había expulsado a doscientos de ellos por el Ártico a menos treinta grados bajo cero y que una madre y su hijo de cinco años habían muerto, dos cifras más que sumar a los 3.500 muertos a las puertas de Europa del 2015- de frío en Lesbos.

Desde la fiereza que da la impotencia y con tanto siglo veinte en mi cabeza, “escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”, “la máquina de deshumanizar funcionó de maravilla, ya sólo existíamos en la indignidad” que nos repetía Steinberg, pedía internamente a las generaciones del futuro, a nuestros niños de cinco y seis años en su adultez aún no construída, que viniesen a pedirnos cuentas, que nos obligaran a morirnos de vergüenza al preguntarnos qué hacíamos y de qué coño hablábamos mientras frente a nosotros y en la complicidad de nuestro silencio se perpetraba un genocidio.

Pensaba después que si la política no sirve para aliviar el dolor, la política no sirve para nada. Me pregunto muchas veces si el dolor social es la simple suma de los dolores individuales o si, por el contrario, se acrecienta ante el abandono, la ceguera institucional y política que llega incluso hasta a negarle existencia y nombre.

Junto a la emergencia que estamos viviendo a los pies de un continente, arden también como pequeños fuegos fatuos millones de tragedias cotidianas, precio que pagan con gusto quienes nos han impuesto un modelo socio-económico criminal. Pues bien, si aún no se han dado cuenta, aquí se sufre, caballeros.

En el ruido de estas semanas de investidura, en los gestos hueros del deleite institucional, en este gustarse tanto en el alarde de inteligencia de todos los medios de todos los portavoces de todos los partidos, la Europa que arde en ganas de desmoronarse en brazos del neofascismo, la Europa que exige el precio de la vida de toda una generación, la Europa asentada sobre el abuso de sus periferias y la Europa que dejó de ser garante a nivel internacional de los derechos humanos, nos exige que como país, periferia y Sur de un continente, estemos a la altura de lo que realmente toca.

El dolor social tiene límites y los traspasamos hace tiempo. ¿Vamos a poner al mismo nivel a quienes defienden una política económica criminal y a quienes se ponen del lado de sus víctimas?, ¿no vamos a hablar en ningún momento sobre modelos de política exterior ni vamos a exigir responsabilidades sobre hacia dónde nos llevó la Gran Coalición en su construcción nefasta de esta Europa?, ¿vamos a obviar que su paz institucional se ha pagado destrozando la vida y las expectativas de una generación precaria que hoy no tiene, entre abusos, desesperanza y dependencia, donde caerse muerta?

Hagan el favor: aquí se sufre, caballeros. Si no se alivia el dolor, la política no cuenta.

Niños solos: sobre la desaparición de niños refugiados en Europa

Publicado en Tribuna de Salamanca el 4 de enero de 2016

Hace unos años coordiné y grabé un documental “El sueño del último baobab” sobre la realidad a la que se enfrentan los menores migrantes no acompañados que, en el terror de pateras, cayucos, camiones, travesías imposibles, son expulsados por el hambre, la guerra, la violencia económica de su mundo conocido, el amor a sus familias, sus vínculos más profundos, para enfrentarse, creyendo que en Europa existe su “mañana”, a la ceguera total de este continente que se olvidó muy pronto de su historia y que no sabe abrir los brazos ni a los niños.  Les recuerdo ahora, con sus gestos de Mali, Guinea Bissau, Senegal, Marruecos, Gambia cuando azota este domingo el último comunicado de Interpol. Viene también a mi memoria el llanto desgarrador de padres y madres españoles embarcando a sus hijos camino a Rusia protegiéndoles, a base de un sufrimiento personal insoportable, de una guerra que no entendía de edades. Los padres para sus hijos siempre quieren la vida.

Cerca de 10.000 niños refugiados, que viajaban solos, han desaparecido nada más llegar a Europa. Durante el 2015 apróximadamente 270.000 menores no acompañados han cruzado nuestras fronteras, mientras se han consolidado las mafias y se ha construido una infraestructura criminal paneuropea. Junto al enriquecimiento basado en el transporte, alojamiento, medicinas o manutención de quienes huyen del terror y los avisos sobre casos de corrupción entre el funcionariado europeo que debería estar garantizando el cumplimiento de los derechos humanos (por ejemplo denunciado por el alcalde de Roma), se habla de que muchos de estos niños terminarán en manos de redes de tráfico de personas y explotación sexual.

En mi memoria, de nuevo, otra madre de mi país, Pilar Manjón: ¿De qué se ríen, señorías? No sólo existe una correlación pasmosa entre las políticas de migración europeas y suculentos negocios con puertas giratorias, sino que hemos permitido la proliferación de estas redes de tráfico de niños en el mismo seno de la Unión Europea a base de inacción, neoliberalismo feroz, insulto a la soberanía de los Estados y perversión del significado de la Política con mayúsculas que no se entiende fuera del gesto cierto con el que una leona defiende a su camada.

No podemos hablar de una democracia real mientras, en nuestra política exterior, nos desentendamos de nuestras obligaciones internacionales, no garanticemos el derecho de asilo, seamos incapaces de generar vías seguras de acceso a Europa y pongamos los intereses empresariales del centro de Europa por delante de los derechos humanos de cualquiera.

Ahora que estamos en pleno proceso de investidura, qué pasaría, qué pasaría si las diez mil niñas, los diez mil niños desaparecidos sin dejar rastro en esta Europa de Merkel, Le Pen y corifeos de Grandes Coaliciones, qué pasaría si en mitad de sus suntuosos banquetes acorazados de Davos, qué pasaría si ellos, si su protección fuese la única y digna línea roja, qué les pasaría, vociferantes medios, Ibex35, aparatos de partido, qué les pasaría si les mirasen a los ojos, llorasen con sus familias y se conmovieran.

 

Pensar la tierra: sobre identidades y territorios

Publicado en Tribuna de Salamanca el 28 de diciembre de 2015

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Leo un artículo de Íñigo Errejón sobre la pasada campaña electoral y me detengo en una de sus reflexiones: “Vivimos en un estado plurinacional en el que conviven y se solapan diferentes identidades nacionales”.

Para los movimientos políticos que quieren construir un nuevo país (como decían Chantal Mouffe y Errejón otra vez en Construir pueblo “es un error regalarle a las fuerzas más reaccionarias la posibilidad de representar ellos una idea de país”) existe, desde mi punto de vista, una importante tarea pendiente.

En algún momento tendremos que deconstruir “lo castellano”, “lo castellano-leonés”, solapado con la identificación de “lo español” construido durante el franquismo y que quedó incólume y no contestado en la primera transición. Este imaginario impuesto de loa al Antiguo Régimen que está impidiendo que seamos capaces de articular en el presente las demandas políticas de nuestra realidad concreta castellano-leonesa afrontando los graves problemas que arrastra nuestra tierra hoy: la imparable llegada del desierto demográfico, la incapacidad de los gobiernos autonómico y local para promover políticas de empleo que pongan en valor nuestros incontables recursos, la falta de horizonte vital para nuestros jóvenes que fuerza su exilio, la pérdida de derechos sociales especialmente en el mundo rural, el vuelo carroñero de las grandes multinacionales, especialmente las agroindustriales, sobre nuestros bienes comunales, la amenaza permanente de la Ley Montoro.

Esta “definición territorial” caduca, impuesta y no sentida de lo castellano-español y el peso de su imaginario está sofocando la fuerza del cambio, condenándonos como territorio a la periferia política en dos líneas: la que siguen quienes tratan a nuestro territorio como “caladero de votos fiel” que no articula nunca demandas frente a la que siguen quienes desde un supuesto punto de vista progresista no se han dado cuenta de que dar por válida esta definición de “Castilla” interesada es regalar el tablero de juego y asumir sus términos, no los nuestros.

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Esta definición solapada de lo castellano-español, en su deriva hacia el capitalismo cañí, está siendo utilizada para refrendar un proyecto político que está sirviendo precisamente para vender nuestra soberanía como pueblo español frente a los intereses de las élites europeas. Todo ello unido a la enorme brecha generacional que nos muestra la correlación directa entre envejecimiento de los municipios y mayor voto al Partido Popular nos marcan una agenda política de primera magnitud a la hora de afrontar la consolidación de la alternativas políticas reales en nuestra tierra, con el fin de que Castilla y León no se quede fuera una vez más de la nueva transición que ahora vivimos.

De igual manera se impone la ruptura de la definición de periferia vinculada a lo estrictamente geográfico para devolverle su sentido político en otras esferas. La periferia española hoy por hoy es el mundo rural envejecido, ese 20% de la población de nuestro país que custodia el 80% del territorio y que geográficamente nunca vivió procesos de industrialización y pasó de la primacía simbólica y política de lo ganadero y lo agrario a un mundo de servicios al que aún no saben cómo dar respuesta. La periferia, en un sentido político, alejado de los centros de poder mediático y simbólico hoy por hoy está presente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y está esperando que seamos capaces de articular también una alternativa para la tensión rural-urbano que también nos han mostrado las pasadas elecciones.

 

 

Castilla y León: Estatuto para el pueblo ajeno

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“No es fácil explicar a los ciudadanos qué es un Estatuto de autonomía, el protagonismo de su reforma corresponde a las Cortes de Castilla y León.” Desde esta expresión cruda que entiende la política como una torre de marfil por la que pululan expertos y entendidos al margen de cualquier roce con aquello llamado “pueblo”, saludaba la semana pasada Silvia Clemente, presidenta de las Cortes, el 33º aniversario del estatuto castellano-leonés y la cuarta reforma del mismo.

Que para la mayor parte de la ciudadanía de nuestra comunidad (ésa que aún no se ha visto forzada al exilio económico) las Cortes de Castilla y León y lo que allí acontece no tienen el más mínimo interés, no es nada nuevo. Que durante años el PP y el PSOE han vivido holgadamente en este alarde de postpolítica y enaltecimiento de la gestión técnica sin participación alguna ni ideología, también es cierto. Al fin y al cabo, al PSOE ni se le pasó por la cabeza nunca la necesidad de disputar el sentido y el imaginario de lo que significa Castilla y León para sus gentes y que, a día de hoy, sigue estando definido desde arriba, para fiesta en las urnas del PP, desde posiciones inmovilistas, españolistas y con ecos nacional-católicos, como ya conté en “Castilla como la que más”.

Al margen de algunos de los elementos concretos para esta cuarta reforma (especialmente las propuestas de un nuevo modelo de ordenación territorial y la permanente amenaza de la Ley Montoro para nuestros pueblos o la inelegibilidad de alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes como procuradores, que pondría a Mañueco en su sitio de una vez) me pregunto no sólo si a través de esta reforma seremos capaces de dar respuesta a la desigualdad galopante en nuestra comunidad y las necesidades concretas de nuestros vecinos concretos, sino durante cuánto tiempo más podremos aguantar este simulacro de democracia que permite a los parlamentos no tener “pueblo”.

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Castilla y León es uno de los principales retos políticos a los que tiene que hacer frente nuestro país. Castilla y León como síntoma de un profundo Sur de Europa, dependiente de sus fondos, que tiene que aprender a ser consciente de sí misma, a salir de definiciones del pasado y enfrentamientos con fantasmas azuzados por el Partido Popular, para reconocerse y preguntarse qué futuro quiere. Castilla y León tiene que ser capaz de convertir en temas de agenda estatal y prioridades políticas nacionales los problemas reales de su gente. Mientras nos hacían mirar a un pasado ensimismado, Castilla y León se ha convertido en la periferia y la política del turnismo se acomodó a sus clichés para no nombrarla, no decirla y no reivindicarla en su realidad concreta.

¿Qué papel queremos jugar en un Estado plurinacional y fraterno? ¿De verdad vamos a seguir en este marco de torres de marfil, canapés y celebraciones, frente a la inmensa derrota política que supone para nuestro territorio el hecho de haber sido incapaz en todos estos años de democracia de hacer de nuestros problemas concretos cuestión de Estado? ¿No vamos a reclamar un nuevo modelo de participación que no se dé por vencido (también dentro de los partidos) frente a la ferocidad de los intereses de esta inmensa trama corrupta llamada Partido Popular por mantenernos en la más absoluta de las atonías?

Llega esta cuarta reforma del estatuto, al igual que las otras tres, vacía de la emoción que sólo da aquello que es sentido como prioritario por la gente. Frente a esta tecnocracia, que hace alarde de su propia mediocridad, es tiempo de volver a esa política que sabe que el único protagonismo corresponde al pueblo.