“No es fácil explicar a los ciudadanos qué es un Estatuto de autonomía, el protagonismo de su reforma corresponde a las Cortes de Castilla y León.” Desde esta expresión cruda que entiende la política como una torre de marfil por la que pululan expertos y entendidos al margen de cualquier roce con aquello llamado “pueblo”, saludaba la semana pasada Silvia Clemente, presidenta de las Cortes, el 33º aniversario del estatuto castellano-leonés y la cuarta reforma del mismo.
Que para la mayor parte de la ciudadanía de nuestra comunidad (ésa que aún no se ha visto forzada al exilio económico) las Cortes de Castilla y León y lo que allí acontece no tienen el más mínimo interés, no es nada nuevo. Que durante años el PP y el PSOE han vivido holgadamente en este alarde de postpolítica y enaltecimiento de la gestión técnica sin participación alguna ni ideología, también es cierto. Al fin y al cabo, al PSOE ni se le pasó por la cabeza nunca la necesidad de disputar el sentido y el imaginario de lo que significa Castilla y León para sus gentes y que, a día de hoy, sigue estando definido desde arriba, para fiesta en las urnas del PP, desde posiciones inmovilistas, españolistas y con ecos nacional-católicos, como ya conté en “Castilla como la que más”.
Al margen de algunos de los elementos concretos para esta cuarta reforma (especialmente las propuestas de un nuevo modelo de ordenación territorial y la permanente amenaza de la Ley Montoro para nuestros pueblos o la inelegibilidad de alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes como procuradores, que pondría a Mañueco en su sitio de una vez) me pregunto no sólo si a través de esta reforma seremos capaces de dar respuesta a la desigualdad galopante en nuestra comunidad y las necesidades concretas de nuestros vecinos concretos, sino durante cuánto tiempo más podremos aguantar este simulacro de democracia que permite a los parlamentos no tener “pueblo”.
Castilla y León es uno de los principales retos políticos a los que tiene que hacer frente nuestro país. Castilla y León como síntoma de un profundo Sur de Europa, dependiente de sus fondos, que tiene que aprender a ser consciente de sí misma, a salir de definiciones del pasado y enfrentamientos con fantasmas azuzados por el Partido Popular, para reconocerse y preguntarse qué futuro quiere. Castilla y León tiene que ser capaz de convertir en temas de agenda estatal y prioridades políticas nacionales los problemas reales de su gente. Mientras nos hacían mirar a un pasado ensimismado, Castilla y León se ha convertido en la periferia y la política del turnismo se acomodó a sus clichés para no nombrarla, no decirla y no reivindicarla en su realidad concreta.
¿Qué papel queremos jugar en un Estado plurinacional y fraterno? ¿De verdad vamos a seguir en este marco de torres de marfil, canapés y celebraciones, frente a la inmensa derrota política que supone para nuestro territorio el hecho de haber sido incapaz en todos estos años de democracia de hacer de nuestros problemas concretos cuestión de Estado? ¿No vamos a reclamar un nuevo modelo de participación que no se dé por vencido (también dentro de los partidos) frente a la ferocidad de los intereses de esta inmensa trama corrupta llamada Partido Popular por mantenernos en la más absoluta de las atonías?
Llega esta cuarta reforma del estatuto, al igual que las otras tres, vacía de la emoción que sólo da aquello que es sentido como prioritario por la gente. Frente a esta tecnocracia, que hace alarde de su propia mediocridad, es tiempo de volver a esa política que sabe que el único protagonismo corresponde al pueblo.