ODS

Entre los efectos secundarios del intenso ciclo electoral que atraviesa España en los dos últimos años se encuentra el hecho de que importantes debates a nivel internacional, que requerían más pausa y profundidad en la argumentación de la que permitía la feroz actualidad, hayan pasado prácticamente desapercibidos para la opinión pública. Es el caso tanto de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como de la nueva formulación de las prioridades de desarrollo para el periodo 2015-2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si bien ya hubo numerosas voces críticas que señalaron el profundo error que supuso la ausencia de la cultura como un objetivo clave dentro de los Objetivos de desarrollo del milenio (especialmente en lo relativo a las necesidades de grupos minoritarios y las comunidades indígenas), no es menos cierto que dicha ausencia provocó como respuesta un incuestionable trabajo de investigación, desarrollo de indicadores, profundización en conceptos y debates sectoriales dentro del campo de la cooperación cultural para tratar de paliar dicha exclusión. La necesidad de hacer sentido común del hecho de que no puede haber desarrollo si se excluye la cultura del mismo, considerada como su cuarto pilar, así como cambiar el paradigma y hablar de la cultura en términos de derechos culturales y sostenibilidad, han sido algunos de los ejes de trabajo internacionales más importantes hasta el 2015.

Sin embargo, a pesar de un ejercicio de coordinación sin precedentes desde el 2014 entre las redes internacionales de cultura, su propuesta “El futuro que queremos incluye a la cultura” y todo el trabajo comunicativo y operativo alrededor de la inclusión del objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos”, en el documento aprobado por la ONU en Nueva York el pasado septiembre, una vez más, la cultura se ha quedado fuera de los 17 objetivos de los ODS. ¿Una cuestión menor? En absoluto, son dichos objetivos los que determinarán la dirección del gasto de los próximos 15 años tanto de los gobiernos, como de los principales organismos internacionales. Como bien sabemos, cuando la cultura “se da por hecho”, “es transversal” y “evidentemente está implícita” supone que aún no se ha comprendido la indivisibilidad de los derechos humanos de los que los derechos culturales forman parte.

Alfons Martinell ya ha hecho un análisis minucioso sobre los motivos por los cuales se ha dejado fuera de los ODS a la cultura. Me interesa, no obstante, más allá del importante marco de lectura de la cooperación norte-sur y sur-sur, el impacto que esta exclusión tiene sobre la agenda política internacional y los retos actuales sobre identidad y política.

A nadie se nos escapa que las identidades culturales están siendo uno de los vectores clave en gran parte de los conflictos internacionales, así como también es obvio que los conflictos económicos y de poder y el aumento alarmante de los índices de desigualdad se plasman en el ámbito cultural. Valgan como ejemplos las presiones de las multinacionales extractivas hacia las poblaciones indígenas y sus recursos en América Latina o la primera sentencia de la Corte Internacional ante el juicio de Al Mahdi, condenado por crímenes de guerra por la destrucción sistemática del patrimonio de Mali.

Sin embargo, Europa tampoco puede permitirse otros quince años en los que no se haga un esfuerzo común por situar como centro de sus políticas culturales la garantía de los derechos culturales, que no han de verse sólo como un área de trabajo de la cooperación internacional, sino como un elemento vertebrador de todos los niveles administrativos y de desarrollo, local y rural especialmente.

Europa necesita hacer suyo el objetivo “Garantizar la sostenibilidad de la cultura para el bienestar de todos” en dos campos:

• En el de la gestión cultural pública, ante el progresivo desmantelamiento en toda Europa de la cultura entendida como servicio público (sin duda por el colapso continental de la socialdemocracia) y la consolidación de modelos centrados en la espectacularización, la esponsorización y la progresiva privatización de bienes y servicios culturales en detrimento de los derechos de participación en la vida cultural recogidos en todas las legislaciones nacionales e internacionales, Carta de Derechos Humanos incluída.

• En el de la propia definición de la Unión Europea y el debate urgente sobre sus posibilidades reales de futuro, rodeada por retos y conflictos identitarios ante los que tendremos que elaborar una respuesta: el papel de la UE ante Rusia y la presión de los nacionalismos post-URSS, el auge de los fascismos y su efecto sobre la protección de la diversidad cultural europea, la incoherencia entre las políticas de cooperación cultural de la Unión y sus políticas migratorias y de salvaguardia de los derechos humanos, especialmente ante el reto de su frontera Sur y su relación con el espacio cultural mediterráneo, la relación entre las distintas políticas nacionales europeas de cooperación con África, el papel otorgado a sus culturas en Europa y el peso de los partenariados empresariales. En relación con conflictos de identidad cultural abiertos en el seno de la UE se tendrán que articular también políticas culturales que den respuesta a la creciente ruptura rural-urbana y sus efectos (recordemos las últimas elecciones austriacas) así como también plantearse cómo garantizar los derechos culturales de la juventud europea y qué papel puede jugar la cultura ante la grave situación de desempleo juvenil que recorre el continente.

A pesar de que la movilización y el trabajo internacional de las redes de cultura seguirá avanzando para consolidar lo (tantas veces) señalado por Amartya Sen, “una de las funciones en verdad más importantes de la cultura radica en la posibilidad de aprender unos de otros, antes que celebrar o lamentar los comportamientos culturales rígidamente señalados”, sí me queda cierto sabor amargo ante el miedo institucional (no meterse en camisa de once varas…) que ha dejado pasar la oportunidad de la redacción de los ODS y su capacidad de marcar la agenda internacional de los próximos años como una apuesta mundial por afianzar el paradigma de los derechos culturales y coadyuvar en la incidencia preventiva en políticas de seguridad, apostando por la capacidad de la cultura para generar mayores índices de participación y profundización democrática.