En el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana

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“La cultura como instrumento, cada vez más poderoso, de dignificación

de los ciudadanos y de diálogo entre los pueblos.”

(Preámbulo de la Carta Cultural Iberoamericana)

Ha querido la casualidad que el décimo aniversario de la Carta Cultural Iberoamericana venga a coincidir con las elecciones estadounidenses en las que la relación con la comunidad hispana ha estado en el centro de la polémica y en las que, además, el peso del voto hispano va a resultar la llave definitiva para entrar en la Casa Blanca. No en vano, hay 12 millones de votantes procedentes del espacio iberoamericano llamados a votar este martes 8 de noviembre y son más de 40 millones de latinoamericanos (casi el 12% de su población) los residentes en EEUU.

Aprovechemos esta coincidencia para reflexionar sobre la actualidad y el desarrollo de los compromisos de la Carta, llamada al fortalecimiento del espacio cultural iberoamericano y celebración de su propia diversidad cultural y lingüística.

Si bien el avance más visible en materia de políticas culturales tras la aprobación de la Carta  ha estado centrado en la protección de la diversidad y en el paulatino avance (con todas las dificultades y tensiones que genera esta dimensión dentro del actual sistema económico) en el reconocimiento de las culturas tradicionales, indígenas, de afrodescendientes y de poblaciones migrantes (muchas veces, reconozcamos la deriva, vinculado al desarrollo turístico), también hay que reconocer  la creciente consolidación del marco discursivo de los derechos culturales. Quiero detenerme, no obstante, en uno de los elementos diferenciales de la Carta iberoamericana respecto a otros documentos culturales internacionales y en los que se suele incidir poco.

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Se trata, junto a las reflexiones sobre la necesaria defensa de la soberanía nacional y cultural en el espacio iberoamericano, del papel protagónico que se le otorga a la economía solidaria en el ámbito cultural. Partiendo del reconocimiento de que “el proceso de mundialización parte de profundas inequidades y asimetrías y se desarrolla en un contexto de dinámicas hegemónicas y contrahegemónicas”, es interesante no perder de vista la importancia central que se le otorga a la cultura en la lucha contra la desigualdad económica.

Entre los hechos diferenciales que aporta el compromiso iberoamericano en la esfera internacional se encuentra la apuesta directa por un nuevo modelo económico que privilegie a las pequeñas y medianas empresas y a los agentes culturales individuales, profundamente vinculados a sus territorios, mundos simbólicos y comunidades, frente a la gran industria cultural y creativa transnacional. De igual manera no se entiende la implementación de una política cultural que no esté imbricada en un compromiso con la cultura de la sustentabilidad, es decir aquella que promueva una economía ecológica y solidaria que tome en consideración los límites del crecimiento. Es interesante el posicionamiento que realiza el espacio iberoamericano subrayando la relación de la diversidad cultural con modelos de relación integrales con el contexto natural, sin que puedan darse medidas de protección a la cultura deslindadas de la reflexión territorial y de acceso a los recursos naturales. Se redimensionan así también las políticas de protección ambiental, mostrando la transversalidad que ha de tener la cultura para una implementación eficaz de las mismas.

Desde la reflexión sobre la inserción asimétrica en la economía moderna que han tenido los pequeños y medianos actores culturales del espacio iberoamericano, es interesante también el impulso que se ha dado en la creación de cuentas satélites en las economías nacionales de la región, sistemas de información económica sobre la cultura, su peso específico sobre el PIB y en general un mayor conocimiento sobre las aportaciones que realiza el sector cultural para la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, que permite no sólo una toma de decisiones más informada sino la socialización del propio diseño de las políticas culturales. ¿Se está respetando el compromiso del 1% del presupuesto nacional para la cultura planteado en la Agenda 21?, ¿qué partidas se dedican a la consolidación de la educación artística?, ¿se está apostando por un modelo de cultura pública o primando la participación, a través de la responsabilidad social corporativa, del mecenazgo privado?

Sin duda, la apuesta realizada por la economía solidaria y en general por el diálogo del sector cultural con nuevos modelos económicos que tengan en cuenta los triples balances (social, económico y ambiental), así como el compromiso de la cultura en la lucha contra la desigualdad creciente en las sociedades del espacio iberoamericano, serán dos de las líneas de trabajo más urgentes de los próximos años.

 

Soberanías culturales del Sur y democracia

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Artículo escrito para -y en diálogo con- la Red de participación y articulación del sector cultural boliviano Telartes

Publicado en Grito Cultural nº7 2017

“Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo.”

(Audre Lorde)

 

Cuando nos enfrentamos a la tarea colectiva de impulsar, desde nuestros respectivos países, en este amplio Sur Global en el que también se encuentra España y la Europa mediterránea, políticas culturales transformadoras que nos permitan incidir en la profundización democrática y la universalización del respeto a los derechos humanos, no podemos obviar ni por un instante que históricamente nos estamos enfrentando al triunfo del paradigma neoliberal a nivel internacional y que nuestras acciones se inscriben también y a nuestro pesar en este sistema social omnipresente que atraviesa cual hilos invisibles atando a Gulliver en la playa todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana.

Abordo a quemarropa esta cuestión, dado que es en la invisibilidad de los mecanismos de dominación del capitalismo tardío donde reside la clave de su éxito y en la estetización y maridaje con determinadas prácticas culturales donde encuentra el disfraz de deseo perfecto para hacer olvidar la desigualdad estructural sobre la que se mantiene.

Junto al diálogo y las demandas sectoriales de los diferentes colectivos artísticos y la más que urgente protección laboral de la cultura, lo que está en juego en estos momentos es nuestra propia soberanía cultural, no sólo entendida como el patrimonio creativo colectivo acumulado a través del tiempo y del cual somos herederos, sino como eje fundamental para poder hablar de verdadera democracia.

Me detendré, por tanto, a través de este artículo, situada como estoy en el tiempo en este momento de crisis de identidad europea y en el espacio en la España rural y despoblada de este Sur, en algunos de los escenarios en los que la soberanía cultural se muestra con mayor claridad en juego.

 

Epistemicidio rural

Si bien el concepto de epistemicidio se ha abierto paso con fuerza especialmente a través de la denuncia e investigación del epistemicidio indígena latinoamericano, en España aún no hemos descubierto la potencialidad transformadora que incorporar esta sensibilidad podría tener en el diseño de nuestras políticas culturales.

Frente a la definición habitual centrada en la destrucción de saberes propios de los pueblos causada por el colonialismo europeo y norteamericano, la más amplia concepción de epistemicidio como “liquidación de formas de apre(he)nder, crear y transmitir conocimientos y saberes comunitarios, especialmente tras el nacimiento y uso del método científico como el único validador por parte de las clases dominantes” nos permitiría por fin nombrar dinámicas ocultas.

Desde este marco de reflexión que pone en el centro la crítica al conocimiento hegemónico y hace visibles las relaciones de poder involucradas (¿qué conocimientos viven en los márgenes?, ¿qué se escucha?, ¿qué y quiénes tienen el derecho a ser mirados?, ¿cómo se construye socialmente la respetabilidad y el reconocimiento cultural?) podríamos avanzar en el reconocimiento de perspectivas epistémicas y herencias culturales subalternas en España.

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En primer lugar, poniendo en el centro del debate el epistemicidio rural y la desaparición acelerada del acervo cultural de nuestros pueblos, ante las prácticas crecientes de “parque-tematización uniforme” de la ruralidad europea. Ello nos permitiría también abordar la presión de los modelos agro-industriales transnacionales que a través de sus lobbies y con la herramienta eficaz de los tratados de libre comercio que veremos después, ponen en riesgo la herencia afectivo-cultural hacia paisajes y territorios. Modelo agro-industrial que está encontrando en la despoblación rural que azota nuestro continente una oportunidad sin precedentes para la apropiación de esta gran “materia prima” que es la tierra, sin tener que soportar presión alguna por parte de la población (envejecida o inexistente) que haga valer la defensa de sus derechos. Este epistemicidio rural podría señalarse entonces como una faceta más de la violencia del neoliberalismo y como condición sine qua non de su tentacular asentamiento territorial. Podríamos abordar así la invisibilización de las culturas rurales frente al modelo urbano y clarificar la centralidad que tiene el desarraigo como forma de dominación en el actual sistema económico. Este hilo en la madeja nos llevaría a redimensionar las relaciones entre cultura y territorios, creando modelos más eficaces a la hora de responder al hegemónico avance del “marketing-marca territorial”.

Identidades frente a identidad

Siguiendo las líneas de trabajo que ya ha abierto América Latina en esta denuncia del epistemicidio y el reconocimiento a la diversidad de sus herencias culturales, desde España quizá, al mirarnos en su espejo, tendríamos que plantearnos por qué concebimos que las Declaraciones Internacionales de la UNESCO no nos interpelan como país. De entrada, tendríamos que afrontar nuestra asunción acrítica de la “identidad española” legada por la dictadura franquista y que dejó fuera (junto a las identidades territoriales) elementos importantes de nuestra herencia. A saber: la tradición judía, la morisca, la indígena esclavizada en territorio español, la afrodescendiente y la cultura romaní. Aún son muy pocos los estudios y las voces críticas en esta dirección y el mecanismo de ridiculización de estas demandas opera con fuerza. La “Ley de concesión de nacionalidad a sefardíes originarios de España” ha pasado sin pena ni gloria y hemos desaprovechado un momento importante para hacer mayor incidencia política sobre el reconocimiento a la diversidad que está siendo, una vez más, mercantilizada y desideologizada. Como muestra de esto último valgan, por ejemplo la creación de la red turística de ciudades “Sefarad” o la folklorización remota (es pasado, no presente) de la diversidad.

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Transmisión generacional y comunidad

El papel que la transmisión generacional ha jugado y juega en muchas de las prácticas artísticas de la cultura popular, especialmente en las que suelen encuadrarse en el campo de la artesanía, debería hacernos reflexionar sobre qué tipo de ecosistemas crearía un modelo en el que dicha transmisión desapareciese.  No podemos obviar que el epistemicidio tiene rostro de mujer y que en la desaparición de estos conocimientos comunitarios, tradiciones, cosmovisiones y modos de transmisión basados en la oralidad y la experiencia hay una pérdida irrecuperable, a mayores, del conocimiento que nuestras madres y abuelas legaron al mundo.

El triunfo global de un modelo cultural individualizado que parte siempre desde cero sin reconocer lo anterior es, entre otras cosas, un modelo desempoderador y que pone en riesgo nuestro patrimonio. En dichos procesos de transmisión y aprendizaje no sólo se pone la atención sobre el “qué”, sino que entran en juego los “cómo” y el vínculo es en sí vehículo de creación. Este papel de la comunidad como entorno de aprendizaje debería ser tenido en cuenta tanto en el nivel discursivo como práctico de los programas de profesionalización de la gestión cultural. El neoliberalismo va adscrito a un modelo y praxis cultural que tiene como elementos centrales la individualización y la conversión de las relaciones sociales en relaciones de mercado. Sería importante para defender nuestra propia soberanía cultural, plantearnos al menos qué diálogos posibles podrían establecerse desde la cultura con las “economías otras” o cómo establecer mecanismos de protección laboral más eficaces, que defiendan a los trabajadores culturales de un modelo que los atomiza, fragiliza y sobrecarga.

De igual manera deberíamos estar atentos a los procesos de usurpación, explotación y apropiación de creaciones comunitarias por parte de la industria, que no sólo descontextualizan las mismas, sino que niegan su origen  y laminan la profundidad simbólica de las prácticas y objetos artísticos.

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Soberanía cultural y Tratados de Libre Comercio

Sin lugar a dudas, es en el terreno de los Tratados de Libre Comercio internacionales donde, a día de hoy, se está librando la batalla más importante en la defensa de la soberanía cultural. Si con la llegada del NAFTA a principios de los años 90, empezamos a vislumbrar la articulación del poder económico supranacional frente a la soberanía de los pueblos, asistiendo también al nacimiento del altermundismo como respuesta, a día de hoy nos enfrentamos a la sofisticación y oscurantismo extremos en la redacción y negociación de estos Tratados.

La generalización en la aplicación de los mecanismos ISDS, esos tribunales privados de resolución de conflictos entre inversionistas y estados, por los cuales los países no pueden reformar sus legislaciones nacionales fuera del corsé de los tratados, sin correr el riesgo de sufrir graves sanciones económicas, deberían llevarnos a una mayor movilización en la defensa de nuestra soberanía.

Junto a los ISDS, los mecanismos de certificación que llevan incorporados siguen beneficiando los intereses comerciales de los EEUU, garantizando que puedan suspender (ellos sí) el cumplimiento del acuerdo unilateralmente. Es importante recalcar que la dominación que ejerce esta faceta del “libre comercio internacional” no es (sólo) geográfica: asistimos al triunfo de los intereses de una élite económica mundial, que en la financiarización de la economía, ha logrado imponer como sentido común las “democracias sin pueblo” y la política como “gestión técnica”.

La movilización ante los tratados de libre comercio desde el sector cultural ha tomado matices distintos en América Latina y el Sur de Europa. Mientras en la movilización contra el TPP, el Tratado Transpacífico de Cooperación económica promovido por Estados Unidos en el que están incluidos México, Perú y Chile junto a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá, ha tenido un carácter central la defensa de la soberanía cultural y los efectos del Tratado sobre la legislación de derechos de autor y patentes, en Europa esta temática sigue teniendo un carácter secundario en las movilizaciones contra el CETA y el TTIP.

Especialmente relevante, visto desde España, ha sido el trabajo de la organización chilena Derechos Digitales socializando la denuncia de que el aumento del plazo de protección de derechos de autor, desde su muerte hasta los 70 años posteriores (¡100 en México!), es lesivo para el dominio público e impide el acceso al conocimiento y la cultura de los pueblos y beneficia el modelo de gran industria cultural frente al agente medio y pequeño. El hecho de hacer bandera de un modo protagónico de las materias de propiedad intelectual e internet mostrando cómo en la firma de estos tratados de libre comercio se dejan sistemáticamente fuera las recomendaciones de foros internacionales de corte más democrático como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o los Foros de Gobernanza de Internet, representa un hecho diferencial frente a Europa.

Si la UNESCO en el año 2005 adoptaba la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, recogiendo de algún modo la herencia de la lucha por el reconocimiento de la excepción cultural abanderada por Francia ante la OMC en la década anterior, no podemos olvidar que fue precisamente EEUU uno de los países que votó en contra de la misma. Entre los principales temores del sector cultural europeo se encuentra la pérdida de medidas de protección clásicas como la propia excepción cultural audiovisual o los servicios públicos en materia de cultura y radiotelevisión. En esta misma línea, existe preocupación respecto a la protección de la diversidad lingüística europea o el mantenimiento de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas gastronómicas, claves en la política agraria europea y sin embargo, un límite obvio para la entrada masiva de los productos de la agroindustria estadounidense.

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Es en este escenario en el que, desde las políticas culturales, nos estamos desenvolviendo hoy y que exigen de nosotros, también desde la cultura, un mayor compromiso con la democratización económica. La propia conciencia del sector cultural, no sólo como “un porcentaje del PIB” sino como defensor y garante de los derechos culturales de un país, será clave para el fortalecimiento de nuestras soberanías culturales frente a la presión de organismos internacionales no sometidos a garantías democráticas.

Liderazgo cultural en tiempos neoliberales: sobre #ArtSummitMalta 2016

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La pasada semana se celebró la 7ª Cumbre Mundial de las Artes y la Cultura en Malta  organizada por IFACCA, la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias Culturales (más de 80 países).

Tal y como planteaba el documento de discusión previo al encuentro y comentaba Nina Obuljen, la directora del mismo (y recién nombrada ministra de cultura en Croacia): “El foco de discusión del encuentro serán los retos del Liderazgo Cultural en el siglo XXI. Podemos decir que las artes y la cultura se encuentran en una encrucijada, confrontadas con importantes retos y oportunidades en los niveles global, nacional y local tales como el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y distribución de servicios y bienes culturales; las amenazas a la seguridad global; los nuevos procesos migratorios; contextos culturales cambiantes a nivel nacional tras las políticas de recortes y nuevos planteamientos de reforma; la aspiración de artistas y operadores culturales de amplificar su impacto y relación con otros sectores, todo ello garantizando la libertad de expresión y la protección de la diversidad cultural.”

Si bien entre algunos asistentes y quienes desde el sector hemos estado realizando el seguimiento del encuentro (España no ha tenido presencia político-institucional; sí presencia académica y sí presencia profesional)  existía cierto temor a que la implementación de conceptos de «neo-management» de espectáculo en política cultural sofocasen los incuestionables matices y debates que existen alrededor del “liderazgo”, el encuentro ha dejado voces poderosas en defensa de la democracia cultural e importantes discursos críticos reclamando la garantía de los derechos culturales sobre la mesa.

Ya en los documentos de trabajo previos se nos ofrecía una panorámica regional que hacía hincapié en los siguientes puntos:

  • Desde Asia se ponían en cuestión las definiciones de liderazgo cultural occidentales, la visión de base individual de la creatividad artística abriendo el debate sobre la protección de la creatividad artística comunal y su potencialidad para establecer nuevos modelos de liderazgo.
  • Las agencias culturales africanas no obviaban la desigualdad de acceso a los circuitos internacionales y el reto de confrontar la creación pasando de una historia colonial a la actual era de la globalización.

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  • Desde el Pacífico se reclamó el respeto a la diversidad cultural también en la elaboración discursiva, afianzando su propia tradición oratoria frente a los usos occidentales y se reflexionó sobre las distintas “culturas de la edad” y la sacralización de la juventud como valor en sí mismos que lleva implícito el modelo neoliberal.
  • Desde América Latina, la experta regional Lucina Jiménez, introdujo en la definición de liderazgos culturales las dimensiones de creación de mayor democracia y el reconocimiento como derecho fundamental de ciudadanía de las identidades múltiples y cambiantes. Especialmente relevante fue su reflexión sobre si en contextos de “vientos neoliberales” el liderazgo cultural no debería encarnar sin duda la defensa, refuerzo y reestructuración de las instituciones culturales.
  • Las agencias culturales europeas también hicieron hincapié sobre el reto de la consolidación de una identidad europea que permitiese afrontar colectivamente los retos de disgregación que enfrenta la región (personalmente eché en falta un discurso más crítico sobre la barrera económica Norte/Sur y el papel de la relación europea con el Mediterráneo, así como un cuestionamiento mínimo ante la correlación entre el impulso de programas de liderazgo cultural regional –como el Programa LINC holandés- de modo simultáneo al desmantelamiento de los presupuestos nacionales de Cultura en toda Europa y de su concepción como servicio público).

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  • Todas ellas pusieron el foco sobre el papel que las ciudades y los gobiernos locales pueden desempeñar como agentes de cambio cultural y garantes de la diversidad, aunque el reto estará como señala Lluís Bonet en “cómo actualizar la institucionalidad cultural ante la diversidad de expresiones sin atomizar sus efectos”.
  • También la UNESCO, por su parte, incorporó tres matices fundamentales para poder hablar de nuevos liderazgos culturales: la transparencia en todos los procesos de gestión cultural pública; la participación sectorial y ciudadana en el diseño de las políticas culturales y la articulación de respuestas ante las graves condiciones de desigualdad que viven las mujeres a nivel internacional dentro del sector cultural y en el campo de la garantía a sus derechos. También relatores de IFACCA y UNESCO ahondaron en el vínculo indisoluble entre liderazgo cultural y defensa de los derechos humanos.

Pero, sin duda, desde mi punto de vista, fueron cuatro las ponencias clave que reivindicaron la potencialidad de la cultura para visibilizar y enfrentar los mecanismos de dominación y construir más democracia.

  • La intervención de Arn Chorn-Pond desde Camboya compartiendo el protagonismo de la cultura (la música) en situaciones de post-conflicto y la dimensión comunitaria de la creación como constructora de nuevas identidades en el marco del respeto a los derechos humanos.
  • El discurso de Arundhati Ghosh, de India Foundation for the Arts, explicitando que, ante un paradigma economicista que premia la homogeneidad y que impone una determinada gestión del tiempo, la protección de la diversidad cultural no puede ser calculada en dichos términos, poniendo como ejemplo que, ante la “economía y rapidez” que supondría aceptar en su agencia el uso de una o dos lenguas, el hecho de trabajar y comunicar en las más de 58 lenguas del Estado Indio es una medida de política cultural de primera magnitud. También llamó a no olvidar la capacidad de la cultura para crear ciudadanía crítica.
  • Marina Barham, desde el Teatro Al-Harah de Palestina no quiso obviar el peligro de compartimentalizar la cultura, negando la dimensión cultural clave que tiene el diseño del resto de políticas públicas. También incorporó la dimensión emocional de los liderazgos culturales: la cultura en muchos lugares sigue siendo un motivo para seguir levantándose y hacer oír su voz cada mañana.
  • Y por último, la más que movilizadora intervención de Jo Verrent, del programa estatal inglés Unlimited confrontándonos con la capacidad que tiene la cultura para cuestionar y cambiar las narrativas sobre discapacidad. “No les necesitamos: nos necesitan. No queremos caridad, exigimos igualdad”.

A la espera del siguiente encuentro internacional que se celebrará en Indonesia, tímidamente se van identificando nuevos marcos discursivos que, frente a la justificación del protagonismo cultural en función de su aportación al desarrollo económico de los territorios, van ampliando el foco hacia la dimensión de la cultura como elemento de profundización democrática y puntal de los propios derechos humanos.

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El papel de la cultura en Hábitat III

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Estos días se ha celebrado en Quito la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat III, la primera tras la aprobación de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible.

Como ya analizamos en otros artículos, el hecho de que la cultura en la redacción final de los ODS no lograse el protagonismo necesario y se viese relegada al ámbito de la transversalidad (lo que supone ausencia de compromisos con indicadores específicos), sin duda ha tenido su efecto también sobre esta cumbre. Como señaló el investigador Jordi Pascual en los encuentros de los días previos, la Nueva Agenda Urbana, a pesar de los avances, nace sin capítulo específico de cultura y en su conceptualización adolece de una definición de la misma como instrumento de desarrollo obviando su dimensión como derecho humano.

A pesar de todo lo dicho, tanto en el nuevo Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible presentado por la UNESCO en este encuentro, así como en los documentos para el debate publicados por ICOMOS, aunque especialmente en el elaborado por el Comité Preparatorio (“Marco urbano sociocultural”, sin duda el más profundo y ambicioso, aunque muchas de sus recomendaciones hayan pasado a un segundo plano de visibilidad), se identifican algunos retos clave:

  • El imparable desarrollo urbano se está viviendo de un modo globalizado y homogeneizado, poniendo en riesgo la diversidad cultural. Se alerta sobre el hecho de que las ciudades no pueden ser meros receptáculos de inversiones de capital, instando a reconocer el peso de la identidad basada en el lugar. La llamada de atención sobre el cuidado de las expresiones locales y el papel clave que habrán de jugar las identidades múltiples en las próximas décadas si buscamos desarrollar ciudades centradas en las personas se repiten en todos los documentos emanados de la Cumbre. Es significativo que la UNESCO en relación con Europa ponga el acento sobre los peligros de la museificación y la gentrificación de los centros históricos a lo largo y ancho del continente.

 

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  • La disminución y amenaza al patrimonio material e inmaterial que se sufre en todo el planeta ante el aumento de la urbanización es otra de las líneas de acción urgentes. La falta de coherencia entre políticas urbanas y culturales está teniendo un impacto incuestionable sobre la pérdida patrimonial, ante la que aún faltan recursos legislativos, inventarios exhaustivos y protección económica.
  • El aumento internacional de la desigualdad y la creciente exclusión social son uno de los principales retos de la Nueva Agenda Urbana. La vigencia de modelos arquitectónicos defensivos y el aumento de la privatización de espacios públicos han sido claves para la construcción de entornos que han fomentado dicha exclusión y han secuestrado espacios de socialización urbana proclives a la creación de vínculos y fortalecimiento de entornos a escala humana. La recuperación de espacios para la vida social que contribuyan a fortalecer nuestras democracias es otra de las recomendaciones obvias.
  • Frente a los lugares comunes repetidos en todas las declaraciones que sitúan a la cultura exclusivamente como motor económico y justifican la salvaguardia y promoción del patrimonio dentro de los capítulos vinculados al turismo cultural y al análisis de la aportación de las industrias culturales y creativas al PIB de los países, se impone un esfuerzo conceptual colectivo mayor para lograr convertir en sentido común el enfoque de la defensa de los derechos culturales y de la centralidad de la cultura como configuradora de la identidad espacial y cultural de las ciudades y los pueblos.

 

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Conscientes de que esta Nueva Agenda Urbana viene acompañada también de una creciente demanda de protagonismo por parte de los gobiernos locales en la esfera internacional como agentes clave para la puesta en marcha de la misma frente a los niveles estatales, así como garantes de la dimensión humana y la planificación estratégica, participativa y centrada en las personas, habrá que ser conscientes de que en los próximos años en nuestras ciudades se librará una batalla clave entre los usos neoliberales del espacio frente a la necesaria protección de las dimensiones vulnerables de la identidad.

#GCultural2016: Conclusiones que abren puertas

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“Somos abundantes”,  Juan Espinoza, TELARTES (Bolivia)

“Los procesos de la gestión del arte y de lo cultural son políticos

y contribuyen directamente a validar y postergar ideas respecto a la realidad.”

Laboratorio de arte TETL, Estado de Guerrero (México)

Las imágenes de esta entrada son (homenaje) y propiedad de TETL,  intervención en Zitlala, Lugar de las Estrellas.

Ayer se celebró la Videoconferencia de cierre y conclusiones del I Congreso Online de Gestión Cultural, en la que el equipo organizador impulsado por Ártica Online, junto a Comunicación Abierta, Gestión Cultural UY, Comandante Tom, Aforo Gestión Cultural y Baixa Cultura dieron cabida al proceso reflexivo que ha ido acompañando a las mesas también desde la cobertura colaborativa. Más allá del reconocimiento a la coherencia y generosidad que han sido la tónica general del proceso, en la búsqueda común de los ejes transversales que han ido apareciendo en esta gran conversación internacional con más de 40 ponencias, identificamos entre todxs los siguientes:

  • La relación de la gestión cultural con el actual sistema económico ha sido un bajo continuo a lo largo de todo el congreso, en variadas facetas. Las referencias a la sostenibilidad e independencia de los proyectos, la necesidad de repensar los modelos de financiación, la entrada generalizada de actores privados en dichos procesos de financiación especialmente a través del modelo de patrocinio, han sido algunos de los puntos nodales que impulsaron la reflexión sobre la capacidad de la gestión cultural para afirmar también otras culturas económicas y ensayar nuevos modelos alternativos al paradigma neoliberal. La relación con la economía social y solidaria, las referencias a la economía feminista poniendo en el centro la sostenibilidad y los cuidados así como una reflexión profunda sobre la crisis de los liderazgos desligados y verticales ante modelos que valoren la afectividad, la contestación frente a patrones de consumo alienantes y la potencialidad de la cultura libre han sido algunos de los elementos recurrentes (véanse Preto Café, Ediciones La Terraza, Selma Santiago y los polos creativos en Brasil y un larguísimo etcétera…)

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(Imagen propiedad de Precariedad Guggenheim Museoa)

  • Ante una creciente regresión conservadora a nivel internacional, la capacidad no sólo de disputar las políticas públicas, sino de articular auténticos procesos de incidencia política y legislativa que garanticen la protección de los derechos culturales a nivel internacional. La colaboración y el reconocimiento mutuo Sur-Sur, entendiendo como parte de este Sur global también el Sur de Europa, así como el amor presente en el uso como lengua franca del “portuñol” fueron también líneas clave.

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  • Se identificaron como riesgos tanto la cooptación desmovilizadora por parte de algunas instituciones de aquellas iniciativas culturales que pudieran tener mayor capacidad crítica, así como el peligro de caer como gestores culturales en el ensimismamiento y el uso de narrativas-palabras-fetiche que impidan la auténtica comunicación con las comunidades. También se dio la voz de alarma no sólo sobre la permanencia de la brecha digital, sino también de la creciente distancia entre la Academia y la gestión cultural de base.
  • Por último, se hizo referencia también a la reflexión permanente durante el Congreso sobre la identidad, ya fuese a través de procesos de empoderamiento identitario, a través de las múltiples conversaciones sobre la construcción de la periferia (geográfica, cultural, simbólica y los retos de habitar) o a través de los procesos que abre la construcción de una identidad común más allá de la vinculación territorial (procesos migratorios).

Ante el cierre de esta Sur-Conversación-Transoceánica-EnPortuñol que nos ha unido alrededor de la hoguera común de la cultura, sólo me quedan dos cosas: enviar un abrazo cómplice a los compañeros mexicanos (estamos aquí, porque somos ustedes) y la mayor gratitud al equipo organizador por crear lazos con futuro que abren puertas.

El Tratado de Marrakech: derechos culturales de las personas ciegas

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«Cada año, de los millones de libros

que se publican en todo el mundo,

solamente entre el 1% y el 7% se pone

a disposición de los 285 millones de

personas ciegas.»

Esta semana ha entrado en vigor el Tratado de Marrakech, fruto de la negociación internacional por la que 22 países hasta la fecha, se han puesto de acuerdo para establecer límites comunes a sus legislaciones sobre copyright y favorecer  así “el derecho a leer”, como bautizó la Unión Mundial de Ciegos esta campaña en favor de los derechos culturales de las personas con discapacidad visual. El Tratado permitirá el intercambio libre de libros en formatos adaptados (braille, audio…) en todo el mundo.

Tras este primer logro, se plantean otros dos objetivos a medio plazo: la incorporación a dicho Tratado de todos los países que suscribieron la Convención de la ONU a favor de los derechos de las personas con discapacidad, así como el seguimiento de la puesta en marcha efectiva del mismo a través del compromiso firme de las organizaciones de discapacidad, bibliotecas, editoriales, autores y gobiernos.

Junto a este primer y necesario paso siguen estando sobre la mesa algunas cuestiones importantes para seguir debatiendo, (algunas ya las hemos ido señalando):

  • ¿qué papel podría jugar el diálogo entre la cultura libre y los Estados para garantizar con plenitud los derechos culturales de las personas con discapacidad, derechos reconocidos tanto en la Declaración de los Derechos Humanos como en la mayor parte de los textos constitucionales bajo la obligación de garantizar el acceso a la participación en igualdad en la vida cultural de un país?

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  • Igual que la OMPI ha logrado esta serie de excepciones al copyright en relación con los derechos de las personas con discapacidad, ¿se podría lograr este mismo debate en su seno relacionado con el impacto de las normativas de propiedad intelectual sobre el acervo de minorías lingüísticas y étnicas o sobre el derecho de acceso a la cultura en contextos globalizados de fuerte desigualdad social?

Sin duda, el Tratado de Marrakech es un paso adelante en la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía, paso adelante que habrá de ampliarse hacia muchos más colectivos para saciar el “hambre de libros mundial” a la que hace referencia el mismo tratado.

#GCultural2016: La cultura como servicio público

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Ayer se celebró la Cuarta Mesa del I Congreso Online de Gestión Cultural, “La gestión cultural desde las bases” que reunió experiencias y reflexiones sobre cultura y territorio desde Argentina, Bolivia, México, Perú y Uruguay.

Junto al reconocimiento de un escenario y problemática común (¿cuál es el papel de los partenariados en la gestión cultural?; ¿cómo gestionamos y desde dónde la colaboración con instituciones público-privadas?; ante la creciente disminución de financiación pública, ¿qué papel juega la financiación privada?, ¿qué peso tiene el financiador/patrocinador sobre el diseño último de los programas?; el desequilibrio en tamaño y poder de los agentes implicados en un mismo proyecto cultural, ¿afecta al trabajo en red?…), me pareció especialmente interesante el debate que se abrió paso sobre autogestión y sustentabilidad de los proyectos culturales.

Al hilo de una reflexión por parte de Centros MEC, “cuando hay un tejido sólido de instituciones, hay mejores procesos en el territorio”, me vino a la cabeza un artículo de Eduard Miralles que ya desde el título es una declaración de intenciones: “Hermanos, ¿cuándo fue que se comenzó a joder aquello de entender la cultura como servicio público en España?”

Desde mi propio trabajo en cultura y territorio a veces constato que trabajamos por proyectos temporales y en estructuras laborales desprotegidas o apenas sustentables, no tanto por elección, sino por la falta de implantación institucional de políticas culturales con visión a medio y largo plazo, que nos permitan de alguna manera, y como sector profesional, salir de las intervenciones puntuales o de programaciones aisladas que no terminan de garantizar con la suficiente fuerza el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía.

Me consta que es un leitmotiv personal, pero considero que si colectivamente hemos logrado el reconocimiento de los derechos culturales como derechos humanos es nuestra obligación alentar, presionar, incidir, inspirar…para que este paradigma sea el que rija las políticas culturales de cada uno de nuestros países. Desde mi punto de vista, como profesionales de la cultura, no sólo deberíamos conformarnos con una visión post-política y aséptica de la gestión cultural, papel que le resulta tan cómodo y que puede reforzar tanto a nuestro pesar, el actual sistema de desigualdad estructural, sino como tantas veces  repetimos ayer (trabajamos con un horizonte de autonomía en nuestras comunidades, la cultura genera afectos, la cultura es identidad…), sabernos defensores y defensoras de uno de los ejes clave de los derechos humanos, especialmente ahora, cuando la violencia económica, especialmente en su faceta extractiva, está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las formas de relación entre identidades culturales y modos de relación y protección del territorio. Cambiar el paradigma de la gestión falsamente desideologizada (la no ideología es ideología dominante) a favor de la exigencia y el ejercicio de nuestros derechos culturales como ciudadanía. Desde España, sólo puedo mirar con envidia y afán de esponja, los programas de cultura-país que están desarrollando bajo este prisma, aunque desde diferentes perspectivas, países como Bolivia, Chile o Colombia.

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Yo también me pregunto, con Eduard Miralles, en qué momento quedaron “anticuados” Jon Hawkes con su convencimiento de que la cultura es el cuarto pilar del Estado del Bienestar o Amartya Sen que desnudó aquel concepto de desarrollo que no tenía en cuenta a la cultura.

Me pregunto en qué momento el sector cultural de mi país y su sociedad civil (que poco o nada han mostrado en las calles, marea que nos falta, su descontento ante la ferocidad de los recortes culturales y el desmantelamiento de la cultura como servicio público), me pregunto, decía, cuándo el sector cultural y nuestra sociedad civil han dejado de considerar que la falta de integración de la formación artística en nuestro sistema educativo general, la insuficiente red de bibliotecas públicas, los bajos índices de lectura, el vacío legal competencial de la Administración Local en materia de cultura, la privatización de la gestión de los equipamientos culturales públicos, así como la creciente externalización de servicios culturales y proliferación de opacas fundaciones ajenas a todo control público y criterio de transparencia, han dejado de ser demandas importantes de nuestro sector profesional.

Se hace evidente que la atomización del sector y su dura pelea cotidiana por la sustentabilidad económica de los proyectos, nos han influido a la hora de constituirnos como un agente social con más fuerza para negociar de modo colectivo precisamente las condiciones en las que se ejerce nuestro trabajo y que dependen directamente de esas mismas políticas culturales sin visión a medio y largo plazo de las que necesitamos cambiar el paradigma.

 

#GCultural2016: A vueltas con la accesibilidad: innovación social y cultura libre

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A propósito de la experiencia de Gabriela Giurlani en su trabajo con artistas y escritores con discapacidad, y sin duda impulsada por la reflexión de Daniel Daza referente a los procesos de creación de redes libres, abiertas y comunitarias (ambas presentadas al I Congreso de Gestión Cultural Online), se entrelazan dentro de mí algunas cuestiones sobre la accesibilidad cultural.

Junto a otros elementos clave que configuran lo que denominamos accesibilidad cultural y que ponen sobre la mesa factores económicos, geográficos, de distribución del tiempo o de impacto de las barreras subjetivas, me interesa en este momento detenerme sobre la accesibilidad cultural de las personas con diversidad funcional.

En España, más allá de lo que aguante el papel en la «Estrategia integral española de cultura para todos», encontramos muy pocos proyectos de política cultural pública vinculados a este tema. Las (muy necesarias) Jornadas estatales sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas, que como su nombre indica, tienen carácter sectorial y no cubren el resto de las manifestaciones artísticas ni la pluralidad de espacios de creación, así como el programa estatal “Teatro accesible” que, en la actualidad, está siendo desarrollado por la Fundación Vodafone. Si bien la reflexión sobre la accesibilidad física y la eliminación de barreras arquitectónicas de los espacios culturales  ha sido más desarrollada, fuera de las organizaciones y fundaciones especializadas en el sector de la discapacidad, aún existe muy poca información y formación (y muy pocos recursos económicos) relativos a la superación de otro tipo de barreras de acceso.

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Siguiendo la línea reflexiva que se está articulando en el Congreso relacionada con la capacidad de la cultura libre para contribuir a impulsar un nuevo sistema económico, así como con nuestra capacidad como gestores para lograr que se reconozca la accesibilidad de la cultura como valor medible de retorno social, me planteo algunas cuestiones:

  • Algunos espacios post-15M que centraron su acción sobre los derechos de las personas con diversidad funcional ya ensayaron fórmulas en las que, a través del diálogo y el vínculo con la cultura maker y el diseño universal, utilizaron los espacios de innovación ciudadana y los labs que empezaban a crearse al servicio de la creación de herramientas tecnológicas que facilitaban tanto la vida cotidiana como la accesibilidad cultural de las personas con diversidad funcional. ¿Qué pasaría si esta fuese una línea de trabajo a impulsar horizontal e institucionalmente en todos los Labs ya creados?, ¿qué pasaría si las alternativas que definen a la cultura libre se aplicasen de modo sistemático al sector de la innovación social y se impulsasen desde lo público, frente a los riesgos de la cooptación neoliberal que hoy enfrenta? “Ser hecho por uno mismo, el control sobre el acceso al código, a estudiarlo, modificarlo, compartir las mejoras de cualquier creación”.
  • Las fundaciones privadas o subvencionadas que hoy se ocupan del desarrollo de tecnologías de apoyo en el sector cultural, ¿qué criterios siguen en relación con las patentes?, ¿comercializan de forma privada después estos desarrollos?, ¿la política de precios de los mismos los vuelve accesibles a toda la ciudadanía afectada?, ¿nuestros organismos culturales públicos han incorporado ya cláusulas específicas en los pliegos de contratación que puntúen la garantía de accesibilidad en espacios y espectáculos?
  • ¿Por qué la cultura libre no está reivindicando el papel protagonista que le correspondería en el sector de la accesibilidad cultural?, ¿por qué colectivamente estamos realizando esta dejación de funciones a favor de las fundaciones y el sector privado? ¿Qué relación mantenemos sectorialmente con la innovación y el emprendimiento social?
  • Más allá del acceso como espectadores o usuarios, ¿qué políticas culturales estamos desarrollando para garantizar los derechos como creadores de las personas con diversidad funcional? En nuestros circuitos y programaciones, ¿está incorporada esta mirada?

Sin duda, junto al seguimiento y la exigencia de cumplimiento y transparencia relativos a la aplicación de la «Estrategia integral española de cultura para todos» y la deseable mayor apertura, dinamismo y relación con la sociedad del Foro de Cultura Inclusiva, éstas son líneas de desarrollo pendientes para la gestión cultural pública.

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#GCultural2016 : Construyendo democracia cultural

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Ayer, a través de una conversación en directo en la que confluyeron simultáneamente más de 70 profesionales internacionales, se inauguró el I Congreso Online de Gestión Cultural. Desde el 12 de septiembre hasta el 10 de octubre se estará tejiendo un debate libre y horizontal acerca de los principales retos que afronta la profesión así como de su papel clave como agentes de construcción de democracia, en un ejercicio de polifonía y multisoportes, que ha buscado también la complicidad de los blogs culturales como espacios de profundización en el debate y modelo alternativo de cobertura mediática.

Este evento online, organizado por Aforo Gestión Cultural, Ártica Centro Cultural Online, Baixa Cultura, Comandante Tom, Comunicación Abierta y Gestión Cultural UY en el que se dan cita actores de toda América Latina y España ha seleccionado como ejes de diálogo los siguientes temas:

  • Experiencias y proyectos de cultura y activismo digital.
  • Gestión cultural para la producción de cultura libre.
  • Gestión cultural en las bases.
  • Comunicación en red y herramientas TIC para la gestión cultural.
  • Espacios culturales y comunidad en red.
  • Profesionalización en gestión cultural.

Al hilo de la selección de las diferentes ponencias por parte de los organizadores, surgen ante mí algunos debates clave que tendremos tiempo de elaborar hasta el 10 de octubre:

  • Sobre la sustentabilidad de los proyectos culturales:
    • ¿Qué respuestas colectivas se están articulando para visibilizar y frenar la precariedad laboral-vital de los trabajadores del sector?
    • Como sector profesional, ¿estamos articulando bien este discurso?, ¿estamos realizando conjuntamente una reflexión sobre nuestros propios derechos laborales? ¿Cuál es nuestra capacidad de negociación colectiva para mejorar las condiciones de vida socio-laborales de los trabajadores y trabajadoras de la cultura? ¿Existen experiencias de sindicación cultural en los diferentes países?, ¿cuáles son?, ¿son replicables en otros territorios?
    • En el actual paradigma económico neoliberal, ¿qué papel se le da a la cultura?, ¿cómo nos posicionamos frente a la “generación de contenidos”, la lucha por la visibilidad o la cooptación del valor del diseño como elemento distintivo conformador de desigualdad social simbólica?

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  • Sobre nuevas políticas de participación, cultura y ciudad:
    • ¿en qué momento se encuentra la aplicación de la Agenda 21 de la cultura?, ¿qué papel estamos jugando como co-diseñadores de las políticas culturales municipales?
    • ¿estamos reflexionando sobre la utilización que se está haciendo de la cultura para apoyar ciertos procesos de gentrificación?
    • ¿cuál es la capacidad del sector cultural en cada país para marcar la agenda política?, ¿tenemos capacidad para impulsar marcos legislativos que amplíen las vías de participación comunitaria?
    • Frente al paradigma de la cultura espectáculo, ¿deberíamos reflexionar sobre nuestra capacidad de impulsar un nuevo paradigma que ponga en el centro los derechos culturales frente a la pasividad de la cultura mercancía?
  • Sobre la vinculación con territorios y comunidades:
    • Frente a la hegemonía cultural anglosajona, ¿qué papel pueden jugar los “Sures”? ¿Puede la cultura impulsar una reflexión transformadora sobre el papel interesante que puede jugar el Sur de Europa en el nuevo escenario internacional?
    • ¿Cómo puede contribuir la cultura digital a la promoción de la diversidad cultural?
    • En una dinámica global en la que el peso demográfico se va a concentrar en las ciudades, ¿qué papel va a jugar el mundo rural y sus culturas a nivel internacional? ¿Cómo se vive en estos dos mundos la gestión de espacios culturales y el concepto de autogestión?
    • ¿Se está garantizando el acceso a la cultura como servicio público? ¿Son las experiencias de democratización cultural replicables?

Sin duda van a ser días de diálogo profesional interesante, que ampliará nuestros puntos de vista a través del conocimiento de diferentes experiencias y en las que se irán tejiendo redes de preguntas con sus múltiples respuestas.

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Bailar con las manos atadas: Régimen Local y políticas culturales en España

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Principio de subsidiariedad: ningún servicio público que pueda residir en un nivel cercano de la Administración debe quedar en otro más lejano.

 

En vísperas de la primera gran conferencia internacional tras la aprobación de la Agenda 2030, Hábitat 3, que se celebrará durante el mes de octubre y en la que se debatirán las nuevas líneas de actuación mundiales en materia de desarrollo urbano sostenible, llama la atención no sólo el silencio mediático en nuestro país al respecto, sino el silencio aún más sorprendente por parte de gran parte del municipalismo español.

La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales está desarrollando una importante labor de presión frente a la ONU para lograr que se tenga en cuenta como interlocutores tanto a las propias ciudades como a las organizaciones territoriales del nivel local, así como está haciendo suya la defensa de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura como eje clave para el desarrollo urbano sostenible.

Sorprende, como decía, el silencio de gran parte del municipalismo español, como si aún no fuese consciente del desequilibrio que existe entre los diferentes niveles de gobernanza, así como si no se creyese demasiado, más allá de fórmulas huecas o fogonazos mediáticos, el papel fundamental que juega la cultura para la profundización democrática así como el protagonismo clave que tienen los gobiernos locales en la propia defensa de los derechos culturales en España.

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Jordi Font, en su lúcido análisis “Radiografía de la política cultural local” nos alerta sobre el estancamiento competencial, legal y financiero en el que se ha situado al régimen local en materia de cultura sin que se esté dando batalla alguna al respecto.

Mientras que el gasto público en España se sitúa, con pocas variaciones, en porcentajes del 57% para la Administración Central, 30% para el nivel autonómico y 13% para la Administración Local, si llevamos nuestra atención al gasto público en materia de cultura nos encontramos ante el hecho de que la Administración Central dedica un 0,5% de su presupuesto a cultura, un 4% la Administración autonómica y un 8% la Administración Local, siendo esta última la que cuenta con menor definición (y por tanto mayor vaguedad) de competencias. Sin embargo, una mirada rápida a nuestro país nos confronta con la realidad de que es la Administración Local la que se hace cargo de la mayor parte de los servicios culturales en España.

Por tanto ambigüedad competencial, financiación estancada…pero también interlocución de “segunda categoría”. ¿No resulta paradójico que quienes están afrontando el mayor peso de la política cultural en nuestro país, el nivel municipal, no formen parte de la Conferencia Sectorial de Cultura? La Conferencia, nacida como el órgano de cooperación con las comunidades autónomas en materia de cultura, llamada a buscar la coherencia y la colaboración entre los diferentes organismos, así como la búsqueda de una cierta armonización legal, no sólo no reconoce en su reglamento ningún papel orgánico al nivel local, sino que, en el caso de darse algún debate (en las dos reuniones contempladas por año, por cierto) sólo prevé la invitación de alguna de las asociaciones de entidades locales con mayor implantación, sin dejar claro en absoluto si se les reconocería más allá de la voz el voto.

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A todas luces, y no sólo en cultura, es éste un debate permanentemente aplazado y no considerado urgente, dado que traería consigo una reflexión profunda sobre el actual Régimen Local en nuestro país y la necesidad de afrontar un proceso de reequilibrio hacia la Administración Local que en tiempos como los actuales de pura crisis de régimen, no toca.

Me pregunto también si el triunfo del paradigma neoliberal en gestión cultural y la implantación de las lógicas de “marca territorio” y city branding, con las estrategias de diferenciación y posicionamiento asociadas a las mismas, no están impidiendo de alguna manera a nuestros gobiernos locales reconocerse en una problemática común que les permitiese unificar voces y hacer valer su protagonismo como interlocutores clave en materia de política cultural en nuestro país y que les llevase a reivindicar como gobiernos locales la importancia de garantizar el principio de subsidiariedad  en España.